La Justicia confirmó la fecha para el inicio del juicio oral contra el músico Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de un hombre ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. El proceso había permanecido suspendido durante varios años debido a cuestionamientos sobre su estado de salud mental, pero recientes peritajes permitieron destrabar la causa.

El cantante, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, está imputado por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. Tras el hecho, Álvarez se entregó y reconoció su participación, aunque desde entonces su situación judicial estuvo atravesada por evaluaciones psiquiátricas que demoraron el avance del expediente.

En ese contexto, el juicio había sido suspendido en 2021 luego de que la defensa argumentara que el músico no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. Sin embargo, nuevos informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense determinaron que actualmente cuenta con capacidades cognitivas suficientes para comprender las instancias judiciales y participar de su defensa.

A partir de estas conclusiones, la fiscalía impulsó la reanudación del proceso y solicitó la fijación de una fecha concreta para el debate oral. El planteo también se apoyó en la actividad reciente del artista, quien volvió a presentarse en escenarios musicales, lo que para los investigadores evidencia un nivel de funcionamiento incompatible con una incapacidad para ser juzgado.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que deberá evaluar las pruebas reunidas en la causa y determinar la responsabilidad penal del acusado. Además del cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, Álvarez enfrenta otras imputaciones vinculadas al mismo hecho.

Por su parte, la defensa sostiene que persisten dificultades en el estado de salud del músico y ha insistido en la necesidad de nuevas evaluaciones más profundas antes del inicio del juicio. No obstante, la fiscalía considera que no existen impedimentos para avanzar y que el caso debe resolverse tras años de dilaciones.

De este modo, la causa entra en una etapa clave, con la expectativa de que finalmente se realice el juicio oral por un crimen que generó fuerte repercusión pública y que, hasta ahora, no había llegado a instancia de debate.

Un rotundo cambio hubo en el caso en el que se investiga el crimen de Paula Lastiris, la mujer asesinada por el dueño de un cotillón en La Plata, luego de que las autoridades a cargo de la pesquisa hayan confirmado que, tras diversos análisis, no había deudas en el alquiler del local.

Fuentes del caso le confirmaron que este giro clave generó un reordenamiento en el eje del caso, debido a que ahora el homicidio no está vinculado por una deuda económica.

De acuerdo a lo que surge del expediente, la víctima y su pareja mantenían al día el alquiler del local de 37, entre 9 y 10, incluso, el acusado -identificado por sus iniciales como Leopoldo Olegario Araoz de 49 años- no se presentó a cobrar el último pago correspondiente al 10 de abril.

Ese dato, sumado a otros elementos, llevó a los investigadores a descartar que el trasfondo del hecho haya sido un conflicto de dinero, por lo que ahora crecen las dudas para saber qué pasó.

Con ese escenario, la causa a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo quedó abierta a distintas líneas de análisis, por lo que se profundizan las tareas para intentar determinar qué motivó el ataque.

Araoz fue detenido a pocas cuadras del lugar y en las últimas horas se llevó a cabo la audiencia indagatoria, donde se negó a declarar. El hombre fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso con portación ilegal.

Se espera que al acusado se le hagan pericias psicológicas y psiquiátricas, mientras que la fiscal aguarda al resultado de la autopsia. NA

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, quien se encuentra actualmente procesado, se negó a declarar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, de acuerdo con lo que habían solicitado los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, en el marco de la causa por presuntos pagos de coimas en el organismo.

Durante la mañana, trascendió que el exdirector del organismo no realizará ningún tipo de declaraciones hasta que no se lleve a cabo la pericia de los audios que impulsaron su salida de la Agencia. Tanto Spagnuolo como los otros implicados, que pidieron la nulidad de la causa, aseguran que la presunta “falsedad de los audios” podría comprometer la investigación.

También llamaron a indagatoria a otras 29 personas investigadas, entre las que se encuentran Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

De acuerdo a lo expuesto por el juez Ariel Lijo, y en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal, la organización “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero” para sus integrantes “de manera ilegal” y “en detrimento del erario público”.

“Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”, sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura en las que también, estaría vinculada la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa ANDIS por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de 75 mil millones de pesos provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial. NA

En la misma línea, también desmintió las acusaciones de los empresarios arrepentidos que figuran en el expediente, como el caso del ingeniero Aldo Roggio, y sostuvo que fueron “extorsionados” para declarar en su contra, bajo la amenaza de ir presos si no lo hacían.

Paralelamente, criticó las supuestas pruebas y se refirió despectivamente a las anotaciones que realizó el chofer Oscar Centeno en su cuaderno: las calificó como “fotocopias” y les otorgó una menor validez legal.

En el final de su testimonio, describió su delicado estado de salud, producto del carcinoma que padece, y pidió ser trasladado a una cárcel en Córdoba para estar cerca de su familia. Asimismo, se negó a responder preguntas y aclaró que no contestaría interrogantes de los magistrados.

Juan Pablo Schiavi, el sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte (2009–2012), también negó haber recibido coimas en su declaración de hoy ante el mismo tribunal; señaló las anotaciones de Centeno como “fotocopias inválidas” y cuestionó la cadena de vigilancia de la evidencia original.

En su defensa, contradijo los testimonios de los empresarios arrepentidos Roggio y Benjamín Romero, quienes lo acusaron de ser el recaudador del cinco por ciento de los subsidios estatales. Al mismo tiempo, sugirió que esas acusaciones fueron emitidas “bajo presión” con el fin de evitar ir presos.

Schiavi tomó relevancia mediática luego el accidente ferroviario en Once, situación que impulsó su renuncia al cargo, a pesar de que alegó motivos de salud.

En 2015, fue condenado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo y, aunque inicialmente recibió una pena de ocho años, la Cámara de Casación la redujo a cinco años y medio, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En noviembre de 2021, luego de cumplir dos tercios de su condena en el penal de Ezeiza y participar en diversos cursos de formación, la Justicia le concedió la libertad condicional. NA

En la misma línea, también desmintió las acusaciones de los empresarios arrepentidos que figuran en el expediente, como el caso del ingeniero Aldo Roggio, y sostuvo que fueron “extorsionados” para declarar en su contra, bajo la amenaza de ir presos si no lo hacían.

Paralelamente, criticó las supuestas pruebas y se refirió despectivamente a las anotaciones que realizó el chofer Oscar Centeno en su cuaderno: las calificó como “fotocopias” y les otorgó una menor validez legal.

En el final de su testimonio, describió su delicado estado de salud, producto del carcinoma que padece, y pidió ser trasladado a una cárcel en Córdoba para estar cerca de su familia. Asimismo, se negó a responder preguntas y aclaró que no contestaría interrogantes de los magistrados.

Juan Pablo Schiavi, el sucesor de Jaime en la Secretaría de Transporte (2009–2012), también negó haber recibido coimas en su declaración de hoy ante el mismo tribunal; señaló las anotaciones de Centeno como “fotocopias inválidas” y cuestionó la cadena de vigilancia de la evidencia original.

En su defensa, contradijo los testimonios de los empresarios arrepentidos Roggio y Benjamín Romero, quienes lo acusaron de ser el recaudador del cinco por ciento de los subsidios estatales. Al mismo tiempo, sugirió que esas acusaciones fueron emitidas “bajo presión” con el fin de evitar ir presos.

Schiavi tomó relevancia mediática luego el accidente ferroviario en Once, situación que impulsó su renuncia al cargo, a pesar de que alegó motivos de salud.

En 2015, fue condenado por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo y, aunque inicialmente recibió una pena de ocho años, la Cámara de Casación la redujo a cinco años y medio, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En noviembre de 2021, luego de cumplir dos tercios de su condena en el penal de Ezeiza y participar en diversos cursos de formación, la Justicia le concedió la libertad condicional. NA

El Banco Central de la República Argentina decidió sancionar con dureza a la casa de cambios ARS Cambios, vinculada a la firma Sur Finanzas, retirándole la autorización para operar en el mercado y aplicando una multa que asciende a los 18.000 millones de pesos. La medida surge tras una investigación por maniobras con el dólar oficial realizadas durante el 2023, en plena vigencia del cepo cambiario.

La sanción, aprobada por el directorio de la autoridad monetaria el jueves pasado, alcanza también de forma personal a los responsables de la entidad. El financista Ariel Vallejo recibió una multa de 5.400 millones de pesos, mientras que su madre y accionista de la firma, Graciela Vallejo, deberá abonar 7.200 millones de pesos. Ambos quedaron inhabilitados para desempeñarse en el sistema financiero por un período de cinco y seis años, respectivamente.

La investigación llevada adelante por la Superintendencia de Entidades Financieras determinó que la financiera, señalada por sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, operó de manera sospechosa unos 25 millones de dólares entre enero y diciembre del año pasado. Según la hipótesis oficial, estos fondos fueron utilizados para abastecer el mercado ilegal y aprovechar la brecha cambiaria, que en ese momento promediaba el 102 por ciento.

El sumario del Banco Central de la República Argentina reveló que el 99,1 por ciento de las operaciones de ARS Cambios tuvo como destino otras casas de cambio, lo que configuró un mecanismo de "pase de manos" sin justificación económica real. Esta operatoria, denominada internamente como "la escalerita", permitía adquirir divisas al valor oficial para luego canalizarlas hacia el circuito paralelo a través de diversas entidades intermediarias.

Desde el Gobierno nacional estiman que este tipo de maniobras ilegales con dólares oficiales podrían haber alcanzado un volumen total de 1.500 millones de dólares durante el período analizado. Con esta resolución, los sancionados no podrán ocupar cargos de relevancia ni ser accionistas en bancos, billeteras virtuales o empresas del sector fintech, ya que la inhabilitación rige para entidades financieras y no financieras de crédito.

 La querella cuestionó la falta de explicaciones sobre por qué no se ordenó en su momento la toma de ADN al parquetista Roberto Bárzola, quien, con la causa prescripta, es señalado como el autor del crimen.

Según indicaron fuentes de la causa, durante el encuentro del viernes declaró Miguel Rohrer, también mencionado como “Michel” y apodado “el francés”, a quien Marcelo Macarrón había señalado como una figura de interés por su vínculo personal con Nora Dalmasso, pero el empresario negó públicamente cualquier participación en el crimen.

Por su parte, la defensa propuso como nuevo testigo al exfiscal general Gustavo Vidal Lascano, quien declarará el lunes, al igual que su par Darío Vezzaro y Pablo Jávega, el fiscal que tuvo a su cargo la causa en su última etapa.

Además, presentarán testimonio Julio Rivero, el fiscal de Cámara que absolvió a Marcelo Macarrón y pidió que nombren a Nora Dalmasso como víctima de violencia de género y que solicitó la continuidad de la investigación. En la misma audiencia también expondrá la fiscal de Cámara de Río Cuarto, Rosario Fernández López.

Por su parte, la abogada defensora de Macarrón, Mariángeles Mussolini, que en esta instancia se presenta como querella, consideró en diálogo con este medio: “Veo como que siguen sin responder. Durante el inicio de la primera audiencia pregunté por qué no tomaron el positivo”.

En este sentido, se refirió al momento en que los señalados investigaron a Roberto Bárzola, pero que no tomaron la prueba de ADN que, 18 años después, con la causa prescripta, permitió determinar que fue el parquetista quien la mató.

Según la letrada, los cuestionados “tomaron actitudes evasivas, discutieron y removieron cosas que no tienen nada que ver con este proceso, pero que sí se vincula con su defensa”, por tanto, insistió: “Ninguno de los tres lo habrá respondido porque no lo solicitaron en tiempo y forma que es lo que hace que estemos luchando por la no prescripción de la causa”. NA

 La querella cuestionó la falta de explicaciones sobre por qué no se ordenó en su momento la toma de ADN al parquetista Roberto Bárzola, quien, con la causa prescripta, es señalado como el autor del crimen.

Según indicaron fuentes de la causa, durante el encuentro del viernes declaró Miguel Rohrer, también mencionado como “Michel” y apodado “el francés”, a quien Marcelo Macarrón había señalado como una figura de interés por su vínculo personal con Nora Dalmasso, pero el empresario negó públicamente cualquier participación en el crimen.

Por su parte, la defensa propuso como nuevo testigo al exfiscal general Gustavo Vidal Lascano, quien declarará el lunes, al igual que su par Darío Vezzaro y Pablo Jávega, el fiscal que tuvo a su cargo la causa en su última etapa.

Además, presentarán testimonio Julio Rivero, el fiscal de Cámara que absolvió a Marcelo Macarrón y pidió que nombren a Nora Dalmasso como víctima de violencia de género y que solicitó la continuidad de la investigación. En la misma audiencia también expondrá la fiscal de Cámara de Río Cuarto, Rosario Fernández López.

Por su parte, la abogada defensora de Macarrón, Mariángeles Mussolini, que en esta instancia se presenta como querella, consideró en diálogo con este medio: “Veo como que siguen sin responder. Durante el inicio de la primera audiencia pregunté por qué no tomaron el positivo”.

En este sentido, se refirió al momento en que los señalados investigaron a Roberto Bárzola, pero que no tomaron la prueba de ADN que, 18 años después, con la causa prescripta, permitió determinar que fue el parquetista quien la mató.

Según la letrada, los cuestionados “tomaron actitudes evasivas, discutieron y removieron cosas que no tienen nada que ver con este proceso, pero que sí se vincula con su defensa”, por tanto, insistió: “Ninguno de los tres lo habrá respondido porque no lo solicitaron en tiempo y forma que es lo que hace que estemos luchando por la no prescripción de la causa”. NA

La Oficina Anticorrupción resolvió extender el plazo para que los funcionarios de la administración pública nacional presenten sus declaraciones juradas patrimoniales. La medida se conoció en un contexto de fuertes cuestionamientos hacia el jefe de gabinete, Manuel Adorni, por la adquisición de propiedades, y tras la revelación de bienes no declarados en el exterior por parte de Carlos Frugoni, titular del área de Infraestructura y Transporte del Ministerio de Economía.

A través de la Resolución 3/2026, el organismo que conduce desde hace un mes Gabriela Zangaro prorrogó el vencimiento hasta el 31 de julio para las presentaciones correspondientes al ejercicio 2025. Originalmente, el límite estaba fijado para el 30 de mayo. Según los argumentos oficiales, la postergación responde a la necesidad de contar con información de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuyos vencimientos fiscales por Ganancias y Bienes Personales operarán recién durante la primera quincena de junio.

La prórroga genera una expectativa adicional debido al escándalo que envuelve al jefe de gabinete. Según trascendió, Manuel Adorni omitió consignar en su declaración jurada del año pasado la compra de una casa en el country Indio Cua, adquirida por su esposa, Bettina Angeletti, el 15 de noviembre de 2024.

Fuentes oficiales indicaron que el funcionario no presentó oportunamente el apéndice reservado que debe incluir el detalle de los bienes inmuebles de su cónyuge. Recién este mes, con una causa por enriquecimiento ilícito en marcha, Manuel Adorni dio cuenta de la propiedad ante la Oficina Anticorrupción, luego de que la Justicia solicitara la totalidad de su documentación patrimonial. El organismo remitió hace dos semanas los nuevos datos al juzgado de Ariel Lijo y a la fiscalía de Gerardo Pollicita.

Por otro lado, la situación de Carlos Frugoni también sumó presión sobre el organismo. Se conoció que el funcionario del Ministerio de Economía no habría declarado ante las autoridades argentinas ocho propiedades ubicadas en Estados Unidos. Estos inmuebles estarían vinculados a dos sociedades de responsabilidad limitada, Genova LLC y Waki LLC, constituidas en el estado de Delaware.

Los departamentos, cuyos valores oscilan entre los 140.000 y 310.000 dólares, se encuentran en Florida. Esta revelación, sumada a la situación del jefe de gabinete del presidente Javier Milei, pone el foco sobre el control de la integridad patrimonial de los altos mandos del Gobierno nacional.

La Justicia federal resolvió este viernes archivar una de las causas que investigaban al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos vinculada al traslado de su esposa en un vuelo oficial a Estados Unidos. La decisión fue adoptada por el juez Daniel Rafecas, en línea con el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, quien había solicitado el cierre del expediente al no advertir la existencia de delito.

La causa se había originado tras una denuncia por el viaje de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, durante una misión oficial en el marco del evento “Argentina Week”. El planteo apuntaba a un supuesto uso indebido de recursos públicos, pero tanto la fiscalía como el magistrado coincidieron en que no se configuró ninguna irregularidad.

En su resolución, Rafecas sostuvo que el traslado no implicó un gasto adicional para el Estado, ya que la aeronave contaba con asientos disponibles y la presencia de la acompañante no modificó los costos operativos. En ese sentido, se consideró que la decisión se encuadró dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo.

El análisis también contempló informes oficiales sobre la capacidad del avión —un Boeing 757-200 con 39 plazas— y la integración de la comitiva, concluyendo que existían más de diez asientos libres en los tramos realizados entre el 6 y el 11 de marzo, lo que descartó un perjuicio económico.

Tras conocerse el fallo, Adorni reaccionó en redes sociales con un mensaje que generó repercusiones: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”.

El presidente Javier Milei también se hizo eco de la resolución judicial y expresó su respaldo al funcionario al afirmar en la red social X que “esto se empieza a poner lindo”.

El Gobierno nacional celebró la decisión judicial, interpretándola como un respaldo a la legalidad del accionar oficial y una desestimación de las acusaciones que habían motivado la investigación.

En un fallo histórico, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez. Por mayoría, el tribunal ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó un criterio clave: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.

La decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal dos, que había ordenado el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos. La medida alcanza a los activos de la ex presidenta y de Lázaro Báez, así como bienes de empresas consideradas instrumentos fundamentales de la maniobra, como Austral Construcciones y otras firmas vinculadas.

El presidente de la Sala IV, el juez Gustavo Hornos, sostuvo que el decomiso no puede quedar en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito. Al respecto, señaló que “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”.

El voto de Gustavo Hornos, al que adhirió el juez Diego Barroetaveña, enfatizó que la recuperación de activos expresa que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar las ventajas económicas obtenidas. Sobre el reclamo de los hijos de la ex mandataria para conservar los bienes heredados, el magistrado afirmó que el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando estos hubieran recibido activos a título gratuito.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial. El magistrado cuestionó la extensión del decomiso sobre los bienes que no tengan acreditada una vinculación directa con el delito y propuso excluir los activos heredados por Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, al considerarlos ajenos al reproche penal.

Finalmente, el fallo recordó que los graves delitos dolosos contra el Estado que conllevan enriquecimiento constituyen, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, un atentado contra el sistema democrático. Los recursos habían sido planteados por las defensas de los condenados, incluyendo a Nelson Periotti y Raúl Pavesi, quienes se oponían a las subastas de los bienes involucrados.

Personal policial del Grupo Operativo de la Sub DDI Tandil llevó adelante este martes un allanamiento en una vivienda de calle Dhers, en el marco de una causa por captación de menor con fines sexuales (grooming), que arrojó resultados considerados positivos por los investigadores.

El procedimiento se realizó con intervención de la U.F.I. 22 de Azul, a cargo interinamente del Dr. Norberto Peretti, y del Juzgado de Garantías 2 de Tandil, encabezado interinamente por el Dr. Juan José Suárez. Durante la diligencia, los efectivos concretaron el secuestro de elementos de interés para la causa, los cuales serán peritados.

La investigación se originó a partir de una denuncia en la que la madre de una adolescente de 13 años advirtió que su hija mantenía conversaciones mediante la aplicación Whatsapp con un hombre mayor de edad. Según se indicó, el sujeto le solicitaba imágenes personales y le proponía prácticas de índole sexual, además de intentar coordinar un encuentro presencial.

A partir de estos hechos, efectivos de la Sub DDI Tandil, en conjunto con la fiscalía interviniente, desarrollaron tareas investigativas encubiertas que permitieron establecer la identidad del sospechoso. Con esa información, se avanzó en la solicitud de las medidas judiciales correspondientes.

La investigación judicial que involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al dirigente Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que se descartara —al menos por el momento— la posibilidad de detenciones en Santiago del Estero.

El expediente, impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, incluía un pedido de detención e indagatoria para ambos dirigentes en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas al manejo de fondos dentro de la AFA.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que no se avanzará con los arrestos solicitados, lo que mantiene en libertad a los involucrados mientras continúa el proceso judicial. La decisión introduce un cambio significativo en el rumbo de la causa y eleva la tensión en el ámbito judicial.

En su resolución, el magistrado interviniente se declaró incompetente y resolvió remitir el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Según trascendió, al momento de firmar el fallo aún no había sido notificado formalmente de una recusación en su contra.

El planteo del fiscal incluía acusaciones por presuntas maniobras de lavado de activos, vinculadas a defraudación en la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares. No obstante, el juez cuestionó la consistencia de la acusación y consideró que el requerimiento no cumplía con los estándares mínimos para impulsar una investigación penal.

En una resolución de 39 páginas, el juzgado advirtió la “ausencia de un hecho concreto y específico” y calificó la hipótesis fiscal como “genérica y abierta”. Además, remarcó la falta de precisión respecto del delito precedente, un elemento clave para acreditar el origen ilícito de los fondos.

Con este escenario, la causa seguirá su curso en otra jurisdicción, mientras se profundiza el debate judicial en torno a la solidez de las pruebas y el encuadre de la investigación.

Los dueños de Rucci Propiedades, la inmobiliaria que tuvo en venta el departamento de Caballito en el que hoy vive Manuel Adorni junto a su familia, declararon este miércoles en Comodoro Py. La comparecencia se dio en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que es investigado el jefe de gabinete.

Los testigos, Natalia Rucci y su marido Marcelo Trimarchi, confirmaron que quien estuvo detrás de la operación fue Pablo Martín Feijoo. Según indicaron ante la Justicia, el inmueble fue refaccionado a nuevo y su valor de venta podría haber alcanzado los 345.000 dólares. Feijoo, amigo del funcionario, fue quien pagó la seña para comprar la propiedad al exfutbolista Hugo Morales, una primera operación en la que intervino la inmobiliaria mencionada.

Previamente, Pablo Martín Feijoo negoció el precio de la propiedad, que inicialmente se ofrecía a 340.000 dólares, tras visitarla con una arquitecta. El día de la escritura, se presentó junto a su madre, Beatriz Viegas, y Claudia Sbabo, madre de su socio Leandro Miano. El departamento se escrituró en partes iguales a nombre de las dos mujeres, ambas jubiladas de la mínima, quienes afirmaron ante el fiscal federal Gerardo Pollicita haber utilizado ahorros para adquirirlo por 200.000 dólares.

El ocho de abril, por orden del juez Ariel Lijo, la Policía Federal Argentina se presentó en la sede de Rucci Propiedades para solicitar toda la documentación referida a la venta. Con esos papeles comenzó a quedar claro el rol protagónico de Feijoo, quien visitó a Manuel Adorni en la Casa Rosada el 22 de octubre pasado, un mes antes de la compraventa final del inmueble.

Natalia Rucci había señalado anteriormente que Feijoo y Miano “dijeron que se dedicaban a esto, a comprar, reciclar y vender, lo que hoy se llama flipping”. Bajo juramento, la martillera reconoció que tras cerrar la venta en mayo de 2025, la inmobiliaria mantuvo conversaciones informales con Feijoo y recibió fotos de las refacciones integrales que se habrían realizado bajo sus órdenes.

La investigación judicial no apunta a determinar si el jefe de gabinete adquirió la propiedad por encima o por debajo del precio de mercado, sino a establecer si sus gastos desde 2023 son compatibles con sus ingresos y patrimonio declarado. Además del departamento en Caballito, la Justicia corroboró que compró una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, sin desprenderse de sus inmuebles en Parque Chacabuco y La Plata.

En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita está reconstruyendo los viajes por el mundo realizados por Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Entre ellos, se confirmaron vacaciones familiares en Aruba para celebrar el Año Nuevo de 2024, con pasajes de avión que sumaron 5.800 dólares, además de gastos en hospedaje.

Investigadores del UF Health Cancer Institute de la Universidad de Florida, en Estados Unidos, realizaron un descubrimiento que vincula la falta de descanso con la salud oncológica. Según el estudio, la privación crónica del sueño altera la microbiota intestinal y provoca cambios en el sistema inmunitario que favorecen la progresión del cáncer y disminuyen la eficacia de la quimioterapia.

El trabajo fue presentado durante la Reunión Anual de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer de 2026, en San Diego. La investigadora María Hernández, integrante del equipo coliderado por Christian Jobin, explicó que "la privación del sueño es muy común entre los pacientes con cáncer, pero a menudo se pasa por alto en la atención al paciente, y faltaban pruebas moleculares que la vincularan con los resultados de la enfermedad".

Para la investigación se utilizaron modelos de ratón que simularon los efectos de la falta de sueño prolongada. Los científicos recolectaron muestras de heces de ratones privados de descanso y las trasplantaron a ejemplares sanos cuya microbiota había sido eliminada. Los resultados demostraron que estos últimos no solo presentaban una peor evolución del tumor, sino que el fármaco 5-FU, la quimioterapia más común para el cáncer colorrectal, era menos eficaz.

Además, se observó una reducción en la cantidad de células inmunitarias encargadas de combatir el tumor y una alteración en los genes que regulan el ritmo circadiano. Al respecto, María Hernández destacó: "Nuestro hallazgo es trascendental porque enfatiza la necesidad de evaluar al paciente de forma integral e identificar cómo podemos brindar un mejor apoyo a estos sistemas para mejorar los resultados clínicos".

Por su parte, Christian Jobin afirmó que el estudio subraya la importancia de recopilar datos sobre el sueño en grandes grupos de pacientes humanos para comparar los cambios en la microbiota a lo largo del tiempo. Los científicos destacaron que la microbiota es "plástica", lo que implica que puede modificarse mediante cambios en el estilo de vida, como un buen descanso y una alimentación sana.

Un equipo de científicos del Conicet confirmó el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio en la provincia de Chubut, a partir de fósiles hallados en la formación Cañadón Calcáreo. El ejemplar fue denominado Bicharracosaurus dionidei y habitó la región durante el período Jurásico Superior, hace más de 150 millones de años.

El estudio fue publicado en la revista científica PeerJ, donde se detallan las características anatómicas y el contexto evolutivo del hallazgo. De acuerdo con la investigación, el espécimen pertenece al grupo de los eusaurópodos, dinosaurios herbívoros de gran tamaño y cuello largo.

Los restos encontrados —principalmente vértebras dorsales, sacras y caudales— presentan características únicas que permitieron identificarlo como una nueva especie. Entre ellas, se destacan particularidades en la estructura de las vértebras, con cavidades internas complejas que indican adaptaciones evolutivas específicas dentro de su linaje.

El trabajo científico señala que este dinosaurio ocupa una posición intermedia en el árbol evolutivo de los saurópodos. Esto lo convierte en una pieza fundamental para comprender la transición entre formas más primitivas y los gigantes más avanzados que dominaron el período Cretácico. En particular, aporta información sobre la diversificación temprana de estos animales en el hemisferio sur.

La ubicación del hallazgo es una unidad geológica de gran relevancia en la Patagonia argentina. Este sitio ya había aportado otros restos importantes, pero el descubrimiento permite ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas jurásicos de la región, que en aquel entonces presentaba un ambiente con abundante vegetación.

La publicación destaca que las características anatómicas muestran una combinación de rasgos primitivos y derivados, lo que sugiere que los saurópodos de la Patagonia experimentaron procesos evolutivos propios. Además, el nombre de la especie rinde homenaje a Dionide Mesa, quien colaboró en la identificación inicial de los restos.

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino.

La medida fue impulsada por el fiscal Pedro Simón, quien también requirió la indagatoria de otras personas vinculadas al entorno de los dirigentes. La investigación se inició en diciembre pasado y, según fuentes judiciales, ya alcanza a más de 24 implicados.

El expediente apunta a una presunta estructura de “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, con ramificaciones tanto en Argentina como en el exterior. En ese contexto, se investiga a una empresa contratada por la AFA para la recaudación de fondos fuera del país, que habría desviado dinero hacia sociedades radicadas en Estados Unidos, las cuales no registrarían actividad comercial ni empleados.

Entre los nombres que aparecen en la causa figuran el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, además de propietarios de una quinta ubicada en la provincia de Buenos Aires que también es objeto de análisis judicial.

Uno de los focos principales del expediente está puesto en bienes radicados en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino. De acuerdo a la investigación, existirían al menos 35 propiedades registradas a nombre de sociedades vinculadas al dirigente y a su círculo cercano.

El fiscal solicitó además allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de Tapia y Toviggino, mientras que la resolución de algunos planteos de la causa quedó en manos del juez Guillermo Díaz.

La causa continúa en etapa de investigación y se espera que en los próximos días haya definiciones judiciales sobre los pedidos formulados por la fiscalía.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Mendoza informaron que tres adolescentes menores de 16 años, no imputables, brindaron declaraciones informativas y un menor punible de 16 años fue imputado por intimidación pública y amenazas en las afueras de una escuela en Mendoza, a la vez que otro joven de 17 años llevó una réplica de arma de fuego al colegio.

En tanto, el fiscal Gustavo Farmache, de la Fiscalía Penal Juvenil, tomó declaración informativa a los tres adolescentes que quedaron sujetos a investigación por intimidación pública, y a un menor de 15 años que había llevado una réplica de un arma de fuego este viernes por la mañana, ya que aún no está en vigencia la nueva ley de baja de imputabilidad de menores.

Por su parte, otro implicado, de 16 años, fue imputado en igual carátula, ya que había difundido una fotografía de una réplica de arma de fuego con un mensaje intimidante; misma medida que se tomó con un adolescente de 17 años que llevó una réplica de arma de fuego a la institución.

Tres alumnos de 17, 18 y 19 años fueron detenidos acusados de escribir grafitis con mensajes intimidatorios en el baño de varones del Colegio Walter Adet, en la provincia de Salta.

El fiscal penal 3 del Distrito Centro, Horacio Córdoba Mazuranic, investigó el primer hecho y constató que se hallaron pintadas en esa escuela, donde se señaló que habría un tiroteo el próximo lunes.

Personal del colegio observó que los tres estudiantes ingresaron al sector en el que se halló la inscripción y expresaron que se trataba de un “reto”, conforme a la información del Ministerio Público Fiscal (MPF) local.

La Fiscalía Penal Juvenil del Turno 4° de Córdoba formuló cargos contra ocho alumnos por el delito de “amenaza agravada por anonimato” en un caso que investiga más de 100 hechos en la capital provincial, en tanto que se tramitan diligencias en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María. NA

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó este viernes la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino. La medida se da en el marco de una causa penal que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero con bienes adquiridos en dicha provincia.

El fiscal federal Pedro Simón imputó a ambos dirigentes por asociación ilícita agravada y lavado de activos. La investigación se centra en propiedades y activos en Santiago del Estero, de donde es oriundo Pablo Toviggino. Además del pedido de detención, el representante del Ministerio Público Fiscal reclamó allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes para los dos involucrados.

La resolución sobre estos pedidos recae ahora sobre el juez de Tucumán, Guillermo Díaz. Según trascendió de fuentes judiciales, la pesquisa detectó al menos 35 propiedades a nombre de sociedades vinculadas al tesorero y sus allegados. La acusación incluye estancias, casas, lotes y vehículos, además de inversiones financieras como plazos fijos y operaciones con dólar MEP.

El fiscal Pedro Simón fundamentó el pedido de detención al sostener que existe riesgo de fuga debido a la estructura montada para cometer los delitos. Según la imputación, Claudio Tapia habría facilitado el desvío de fondos de la institución hacia empresas relacionadas con Pablo Toviggino, como Real Central SRL, vinculada a Luciano Pantano y propietaria de una quinta valuada en 17 millones de dólares.

Este expediente se suma a otra investigación que tramita en Campana, bajo la órbita del juez federal Adrián González Charvay. En ese proceso también se analiza la participación de la firma TourProdEnter, del empresario Javier Faroni. La causa en Santiago del Estero se inició el ocho de diciembre de 2025 tras una denuncia recibida por correo electrónico.