El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita diera impulso a la acción penal. La causa investiga su patrimonio y movimientos financieros.

Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de doce medidas de prueba. El requerimiento del magistrado no tiene una imputación directa, pero demuestra que el fiscal sospecha de la veracidad de las declaraciones públicas del jefe de Gabinete según la cual su crecimiento patrimonial es de origen lícito.

Lijo le corrió vista a Pollicita luego de que la jueza María Servini se inhibió y la mandó otra causa que se había abierto y se pedía investigar el incremento patrimonial del exvocero presidencial.

El objetivo es reconstruir su situación patrimonial y determinar si existen inconsistencias o un eventual incremento no justificado, en el marco de una causa que se encuentra en una etapa inicial. También se incluye el análisis de viajes realizados a Estados Unidos y Punta del Este, así como propiedades que estarían a su nombre y al de su pareja, pero que no habrían sido declaradas.

Entre los requerimientos, se destacan pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la Anses. El objetivo es relevar en detalle los activos del funcionario y contrastarlos con sus ingresos declarados.

También pidió al juez Lijo que se oficie "a la Administración del Country Indio Cuá Golf Club, sito en Ruta 6, km 173, partido de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, para que informe: a nombre de quién figuran registradas las expensas, cuotas".

A su vez, requirió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires a nombre de Adorni y de Bettina Julieta Angeletti (su esposa), incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y cualquier restricción o inhibición vigente.

La batería de medidas se completa con pedidos de datos migratorios, movimientos laborales y documentación vinculada a operaciones financieras o inmobiliarias, además de información sobre los préstamos familiares mencionados en la denuncia.

Asimismo, se solicitó a la Oficina Anticorrupción copia certificada de la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por Manuel Adorni, incluyendo los anexos reservados, correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.

En cuanto a los viajes, Pollicita solicitó “se oficie a la Dirección Nacional de Migraciones para que remita el detalle completo de los ingresos y egresos del país registrados a nombre de Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad, con indicación de fecha, paso fronterizo, medio de transporte, país de destino o procedencia y toda otra constancia disponible”.

Y se pidió al Registro Nacional de Buques y al Registro Nacional de Aeronaves para que informen si Adorni y Angeletti “registran o registraron desde el 1 de enero de 2022 la titularidad, copropiedad, afectación, gravámenes o cualquier derecho inscripto sobre embarcaciones, aeronaves o motores aeronáuticos, remitiendo, en su caso, los informes de dominio y demás constancias registrales pertinentes”.

Un crimen estremecedor sacude a la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, donde una jubilada de 76 años fue hallada asesinada en su vivienda. El principal sospechoso es su nieto, un adolescente de 17 años que quedó en el centro de la investigación tras el análisis de diversas pruebas recolectadas en la escena.

El cuerpo fue encontrado en la casa de la víctima, ubicada en la calle Alem al 400. Personal policial ingresó al domicilio y constató una escena que generó conmoción inmediata en la zona. La causa es investigada por la UFI Nº 1 de Responsabilidad Penal Juvenil de Zárate-Campana, a cargo del fiscal Gustavo Ancurio, quien calificó el hecho como homicidio.

Según los primeros elementos de la pesquisa, no se detectaron signos de ingreso forzado a la vivienda, aunque se constató el faltante de algunos objetos personales, entre ellos dinero en efectivo y una computadora. Sin embargo, la saña del ataque es lo que más impactó a los investigadores.

Los informes forenses fueron contundentes sobre la violencia ejercida. El cadáver presentaba golpes, puñaladas, fracturas en el maxilar inferior y en las muñecas, además de signos de abuso sexual. Como dato revelador, la ropa interior y el pantalón de la mujer fueron hallados en el techo de la propiedad.

En un primer momento, el nieto de la víctima había declarado que se encontraba trabajando cuando ocurrió el crimen, versión que fue inicialmente respaldada por sus compañeros. No obstante, el registro de una cámara de seguridad se convirtió en una pieza fundamental: un video lo muestra saliendo de la casa de su abuela con un morral, lo que lo situó nuevamente bajo sospecha.

Ante estas evidencias, el fiscal ordenó la extracción de ADN al joven para compararlo con los rastros hallados en el lugar del hecho. Entre las pruebas más relevantes, se analizará el material biológico encontrado bajo las uñas de la víctima, lo que podría determinar la autoría de forma definitiva. Asimismo, se realizó un allanamiento en la vivienda del adolescente, donde se secuestraron prendas de vestir y calzado que serán sometidos a peritajes.

La investigación busca ahora reconstruir con precisión lo ocurrido dentro de la casa y establecer si hubo participación de otras personas, mientras la comunidad local permanece impactada por la violencia del suceso y el vínculo familiar que une a la víctima con el único imputado.

La causa que investiga el vuelo privado en el que Manuel Adorni viajó junto a su familia a Punta del Este sumó nuevas medidas judiciales: el juez federal Ariel Lijo ordenó a la Dirección de Asuntos Judiciales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que reúna la totalidad de las cámaras y registros fílmicos del aeropuerto de San Fernando correspondientes, al 12 de febrero.

El pedido incluye imágenes de ingreso, egreso, estacionamiento, pista de aterrizaje, despegue, hangares y también de oficinas o inmuebles cercanos al lugar donde Adorni subió al avión. Según trascendió, el objetivo es reconstruir minuto a minuto el viaje que se encuentra bajo investigación.

La Justicia también reclamó los registros del vuelo que partió desde San Fernando hacia Punta del Este en el avión “Honda Jet” matrícula LVHWA, operado por Alpha Centauri S.A. Además, se solicitó el listado completo de todos los vuelos que despegaron y aterrizaron en ese aeropuerto durante las cuatro horas previas y posteriores al viaje denunciado. En paralelo, se libró una orden de presentación a Alpha Centauri S.A. para que aporte facturas, comprobantes de pago, contratos, registros y cualquier instrumento respaldatorio de la contratación del vuelo. La intención es determinar quién pagó el servicio y bajo qué condiciones se realizó el traslado.

En tanto, el fiscal Gerardo Pollicita pidió otras medidas de prueba que aún no tienen el ok del juez. Entre ellas, solicitó que se convoque a Marcelo Grandio, el periodista que acompañó a Adorni en el vuelo privado, a prestar declaración testimonial. De igual modo requirió a la Dirección General de Aduanas que informe si se efectuó algún control sobre el vuelo. La investigación busca esclarecer si existieron irregularidades en la contratación y el desarrollo del viaje del Jefe de Gabinete y si se cumplieron todos los controles exigidos por la normativa vigente.

La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia y exintegrante de La Libertad Avanza (LLA), denunció penalmente Adorni, a quien le atribuyó la propiedad de una casa en el country Indio Cua Golf Club, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz. Publicó, además, en sus redes sociales la foto de la vivienda que, según ella, es del funcionario de Javier Milei.

Según la presentación de Pagano, las expensas de la propiedad están a nombre de Betina Angeletti, esposa de Adorni, “lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes”.

La diputada radicó la denuncia ya que Adorni no tiene informada una propiedad de esas características en la declaración jurada de bienes presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA). En su última presentación, reportó dos propiedades inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco (a medias con su esposa) y otro de 107 metros cuadrados en La Plata, su ciudad natal (donación familiar). Incluye ahorros por cerca de 50.000 dólares y deudas por alrededor de 90.000 dólares. No obstante, vale aclarar que la declaración jurada de Adorni del 2025 aún puede actualizarse.

En declaraciones radiales, Pagano especuló que “el valor promedio de venta de casas en el Country Indio Cua asciende a aproximadamente US$149.875, con valores que oscilan entre US$ 129.000 y US$249.000 dependiendo de la superficie y ubicación del lote, a lo que debe adicionarse una cuota de ingreso que, según los avisos vigentes, se sitúa en torno a los $5.000.000. Las expensas mensuales incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas”. Así, a su criterio, hizo la denuncia por la “discordancia en la declaración jurada patrimonial”.

La diputada reclamó al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires que informe la titularidad dominial del lote 380 del country y solicitó información a la administración del emprendimiento para saber si Adorni o su mujer están vinculados al inmueble.

El Jefe de Gabinete lleva semanas en el ojo de una tormenta política y mediática desde principio de mes, cuando viajó junto a su mujer a Nueva York en la comitiva de Estado, y dijo que se iba a "deslomar" a Estados Unidos, frase que cayó muy mal en la opinión pública, por la que pidió disculpas.

Con las dos novedades de este jueves, hubo rumores de que podría alejarse del Gobierno, pero una vez más, el presidente, Javier Milei, salió a bancarlo a través de las redes sociales, y desmintió que fuera a pedirle la renuncia.

El propio Adorni se pronunció en X sobre las afirmaciones de una salida de su cargo. Fiel a su estilo, con contundencia y un mensaje más que breve, escribió: "Fake".

España irrumpió en el debate internacional sobre el acceso de menores de edad a redes sociales. El presidente Pedro Sánchez anunció nuevas medidas y la apertura de una investigación judicial a plataformas como X, Meta y TikTok por la difusión de contenidos ilícitos generados con inteligencia artificial.

La iniciativa se suma a una ola regulatoria global que busca proteger a los jóvenes y resguardar la salud mental frente a los riesgos de la tecnología. 

El Gobierno español solicitó a la justicia investigar a estas plataformas ante el auge de pornografía infantil creada con inteligencia artificial, lo que generó alarma entre autoridades y familias. Sánchez anunció la medida el 4 de febrero y la presentó como una respuesta urgente por su “impacto en muchos jóvenes en España”. Además, el mandatario reclamó que los “tecn oligarcas”, propietarios de estas empresas, asuman responsabilidad por los contenidos que circulan en sus redes.

En paralelo, España avanza hacia un mayor control sobre las plataformas digitales. La ley de servicios digitales de la Unión Europea exige la creación de organismos nacionales de supervisión, aunque no todos los países implementaron aún esa regulación.

La Fiscalía Nacional en lo Penal Económico 9, a cargo de Jorge Dahl Rocha, impulsó una ampliación de la investigación por presunto lavado de activos en la causa que tiene como imputados a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, por el origen de los fondos utilizados para la compra de una quinta en Pilar valuada en 17 millones de dólares.

El pedido fue presentado ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, en respuesta a una ampliación de denuncia formulada por los referentes de la Coalición Cívica Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, basada en investigaciones periodísticas. En su dictamen, el fiscal advirtió sobre la posible existencia de una estructura financiera internacional utilizada para desviar y ocultar fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según la denuncia reseñada, entre 2021 y 2025 habría operado una red de intermediarios financieros en el exterior que canalizó más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, con el argumento del cepo cambiario y mediante esquemas “irregularmente onerosos”, con comisiones de hasta el 30%.

De acuerdo con el dictamen, la operatoria involucraría empresas constituidas en Estados Unidos, Europa y paraísos fiscales, muchas de ellas sin actividad real, que recibieron transferencias millonarias sin respaldo económico verificable. Entre las firmas mencionadas figuran Q22 Services Limited (Guernsey), Stratega Consulting USA LLC (Delaware), Odeoma Gestión SL (España) y TourProdEnter LLC, esta última vinculada al empresario teatral y exdiputado provincial Javier Faroni, quien habría actuado como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior desde fines de 2021.

Faroni ya es investigado en otra causa penal a cargo del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien lo citó para el próximo lunes 19 para informarle sobre la existencia de la investigación. También fue convocada su pareja, Erika Gillette, quien figura al frente de la sociedad.

El fiscal señaló que TourProdEnter habría concentrado ingresos por unos 260,5 millones de dólares, aunque, según la denuncia, sólo un 5,4% de esos fondos habría ingresado efectivamente a las cuentas de la AFA, pese a que el contrato establecía un reparto del 70% para la entidad. El resto del dinero habría sido desviado a cuentas en el exterior mediante sociedades “pantalla” como Velpasalt Global LLC, Marmasch LLC, Soagu Services LLC y Velp LLC, registradas en Florida y presuntamente controladas por personas sin capacidad económica.

La investigación también puso la lupa sobre pagos por más de 4 millones de dólares a Dicetel Corp, una firma registrada en Miami sin empleados ni actividad visible, por supuestos “servicios de consultoría intangible” como cursos de “filosofía de gestión”, de los que no existirían evidencias. Además, se detectaron transferencias a otras sociedades extranjeras y locales —Florida Secured Title LLC, Brisa Management LLC, Argen Agro LLC, Alabama Goal Capital LLC y Spring Stalk— que carecerían de operaciones genuinas, lo que para la Fiscalía refuerza la hipótesis de lavado de activos.

En línea con lo ya investigado, el dictamen volvió a destacar la compra de una mansión en Pilar a través de Real Central S.R.L. como una presunta maniobra de blanqueo de fondos. Aguinsky investiga la adquisición del inmueble de Villa Rosa por parte de Pantano —monotributista— y su madre, jubilada, quienes no tendrían ingresos o bienes para justificar la operación ni otras adquisiciones, como una flota de autos de alta gama valuada en casi cuatro millones de dólares hallada en un galpón del lugar.

Ante los nuevos elementos, el Ministerio Público solicitó verificar los domicilios y vínculos reales de las personas físicas incorporadas en la ampliación de denuncia, requerir informes sobre las sociedades nacionales e internacionales mencionadas y ampliar la imputación si los hechos se confirman. En su conclusión, el fiscal advirtió que la causa revela un “complejo entramado societario y económico” vinculado al fútbol profesional, cuya dimensión “excede la investigación original y justifica profundizar las medidas de prueba”.

El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos inició una investigación penal sobre el psicólogo rosarino Javier Pérez, conocido como Doctor Chinaski, luego de una serie de denuncias por presuntos delitos sexuales y abuso de poder en el ámbito universitario.

Según fuentes judiciales, el caso se abrió de oficio tras la divulgación de supuestos hechos de violencia de género y situaciones indebidas vinculadas a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

La investigación judicial avanza en paralelo a la indagación interna que lleva adelante la propia universidad, que emitió un comunicado tras conocerse los hechos. El expediente busca determinar si existieron delitos de índole sexual o actos asociados al abuso de poder por parte de personas relacionadas con la comunidad académica.

La Unidad Fiscal de Género informó que cualquier persona que pueda aportar datos o testimonios puede hacerlo en la Oficina de la Unidad Fiscal de Atención Primaria, ubicada en Santa Fe 290, Paraná, con garantía de confidencialidad.

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) informó que activó el Protocolo de Actuación frente a las Violencias y las Conductas Discriminatorias, vigente desde 2016. El mecanismo busca acompañar, orientar y facilitar derivaciones al sistema judicial cuando corresponde.

En el mismo comunicado, la universidad anunció el inicio de una sumaria información interna para reunir antecedentes y establecer responsabilidades dentro de su ámbito de competencia.

“Desde la FHAyCS, ratificamos el compromiso y la responsabilidad institucional con esta temática”, expresaron desde la facultad a través de sus canales oficiales.

El caso cobró mayor notoriedad luego de la viralización de un fragmento del programa en streaming “La barbería de Choy”, donde el Doctor Chinaski realizó declaraciones que generaron repudio y pusieron en cuestión su ética profesional.

“Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar”, dijo durante la entrevista.

Tras la difusión de estas palabras y la aparición de testimonios en redes sociales, la Red Federal de Psicólogas y Psicoanalistas comunicó que recibió una ola de mensajes con relatos de mujeres que aseguraron haber vivido situaciones incómodas con el profesional.

“Esta ola de testimonios y denuncias empezó con un psi ‘influencer’ y sus aberrantes declaraciones, celebradas por quienes lo convocan a sus programas”, expresaron desde la organización.

Javier Pérez es un psicólogo rosarino conocido en redes sociales bajo el seudónimo Doctor Chinaski. Se presenta como psicoanalista, docente y creador de los podcasts El consultorio del Dr. Chinaski y Bardo en el Aire.

Suele participar en programas radiales y televisivos, y en sus redes comparte entrevistas con figuras como Matías Martín, Mex Urtizberea y “La Negra” Vernaci.

Además, es profesor de psicología, atiende a su propia cartera de pacientes y realiza presentaciones en teatros de todo el país, que promociona a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 300.000 seguidores.

La Justicia Federal avanza en una investigación que sacude al sector farmacéutico nacional. Este jueves se realizó un allanamiento en la sede de HLB Pharma Group S.A., ubicada en Beccar, partido bonaerense de San Isidro. El operativo fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7, en el marco de una causa que investiga la presunta falsificación de documentos oficiales con el objetivo de importar fentanilo y otros precursores químicos.

La intervención contó con la participación de efectivos especializados de la División Precursores Químicos y Drogas Emergentes de la Policía Federal Argentina, en conjunto con agentes del Ministerio de Seguridad. El objetivo fue secuestrar documentación vinculada a la inscripción de la empresa ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), clave para operar con sustancias controladas.

La investigación se inició a partir de una denuncia penal presentada por Walter Federico Klix, director nacional del área de Precursores Químicos, quien acusó a la empresa por intento de falsificación (artículos 44 y 44 bis del Código Penal). El expediente detalla que HLB habría presentado un certificado municipal apócrifo, supuestamente emitido por la Municipalidad de San Isidro en diciembre de 2023, como parte de los requisitos para ingresar al RENPRE.

No obstante, tras consultar con las autoridades locales, se confirmó que el municipio jamás emitió esa constancia. La inscripción de la firma fue formalmente rechazada tras verificarse la falsificación.

Durante el allanamiento, que se extendió por varias horas, se incautaron actas, certificados y material digital que refuerzan la hipótesis de irregularidades graves.

La empresa HLB Pharma Group S.A. ya se encontraba en el centro de otra causa penal por la distribución de fentanilo contaminado, que según cifras oficiales dejó 51 personas fallecidas y más de 90 casos confirmados de infección.

En mayo de este año, la ANMAT prohibió la distribución, comercialización y uso del fármaco “Fentanilo HLB / Citrato de Fentanilo” en todo el país. También se ordenó la inhibición de actividades tanto para HLB como para su elaborador exclusivo, Laboratorios Ramallo S.A.

La causa está a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, quien dirige el Juzgado Penal y Criminal N°3 de La Plata. Allí se investiga cómo el fentanilo de uso clínico fue distribuido en lotes contaminados con las bacterias Klebsiella pneumoniae MBL y Ralstonia pickettii. Según el Instituto Malbrán, el lote 31202 fue el más comprometido y el que recibieron la mayoría de los pacientes.

El caso HLB Pharma pone en evidencia los riesgos de manejos irregulares en torno a sustancias extremadamente sensibles, como el fentanilo, utilizado en contextos clínicos de alto riesgo. La existencia de documentación adulterada para operar en el mercado de precursores químicos, sumada a la distribución de productos contaminados, eleva la preocupación sanitaria y judicial.

Con el avance de ambas investigaciones, la Justicia busca determinar no solo el alcance del daño ya producido, sino también el entramado empresarial y administrativo que permitió estas maniobras. Las responsabilidades podrían alcanzar tanto a directivos de las empresas como a eventuales cómplices o negligencias institucionales.

Ayer, personal de la SubDDI llevó adelante un procedimiento en una vivienda por el delito de grooming y secuestró elementos de interés para la causa que lleva adelante la UFI 22.

En el marco de las diligencias por presunta “producción, comercialización de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales”, infracción al artículo 128, la policía allanó una propiedad ubicada en el pasaje interno 3 del barrio Smata. La medida fue solicita por el agente fiscal interviniente, el doctor Lucas Moyano, y otorgada por el juez de Garantías 1, el doctor José Alberto Moragas.

La investigación judicial se inició por reportes generados en septiembre del año pasado, que emitió automáticamente una denuncia generada por la organización National Center for Missing and Exploited Children, en la que establecía que desde un domicilio de esta ciudad “se manipulaba material de abuso sexual infantil”.

En respuesta, los efectivos policiales coordinados juntamente con la fiscalía interviniente, llevaron adelante diversas tareas investigativas en forma encubierta con el objetivo de identificar a la persona sindicada como la responsable de compartir ese material.

Finalmente ayer, personal del Grupo Operativo de la SubDDI desplegó tareas en la vivienda señalada, que arrojó resultados “altamente positivos”. En detalle, secuestró un teléfono celular del sospechoso y dispositivos informáticos de almacenamiento, que serán sometidos a peritajes.

Para cerrar, desde la dependencia policial de investigaciones destacaron la importancia que los adultos acompañen a los niños, niñas y adolescentes en el uso responsable de los dispositivos electrónicos.

Como lamentablemente ya es costumbre en las inmediaciones de los boliches, el pasado sábado, en el marco de un fin de semana largo en el que la ciudad estuvo repleta de gente en todos sus espacios turísticos, como así también en bares y lugares de esparcimiento, se registraron dos repudiables hechos de violencia con escasa diferencia horaria entre sí. 

El primero de ellos, según el testimonio difundido por la pareja del afectado, que evitó brindar su nombre por temor a represalias de los autores, ocurrió a las 5.30 de la madrugada, en la plaza de enfrente al bailable Sol Disco. Todo comenzó cuando un individuo se acercó a la futura víctima, y le arrebató el celular de sus manos, retirándose entre risas juntos con el grupo que lo acompañaba, pasándose el dispositivo entre ellos, mientras el joven les imploraba que se lo devuelvan. 

De repente, comenzó a recibir golpes en la cara y en las costillas por parte de lo que al parecer eran otros miembros de la patota, agresión que culminó con un botellazo en la cabeza que le produjo varios cortes en su rostro, y una gran pérdida de sangre. 

Acto seguido, el joven cruzó a la estación de servicio Shell, a pedirle a las dos policías que estaban sentadas dentro de un patrullero que llamen a una ambulancia, a lo que su pareja cuenta que le respondieron que ya habían llamado, pero que no les toque la camioneta, porque “se iba a ensuciar, y estaba recién lavada”.

Minutos más tarde, el agredido perdió el conocimiento, recuperándolo cuando ya se encontraba en la camilla de la ambulancia, recibiendo los puntos sutura correspondientes. 

“No la sacó barata, tiene un ojo comprometido y la mitad de la cara vendada. Pero tranquilamente lo podrían haber matado. Hoy tuvimos que asistir a una consulta con un cirujano plástico para que nos indique cómo seguir, su familia tiene miedo y la prioridad es su salud, es por eso que es anónimo por el momento”,  expresó una testigo de la agresión.

“Estos sucesos no pueden seguir ocurriendo, necesitamos que se garantice la seguridad de las personas que eligen salir en Tandil durante la noche a divertirse. No puede ser que la única forma de estar seguros sea quedándonos en nuestras casas”, agregó.

"Lo podrían haber matado"

Respecto al segundo hecho, aun no se conoce la ubicación exacta donde ocurrió la agresión, debido a que producto de los golpes que le provocaron una contusión cerebral, la víctima, de 18 años de edad, no recuerda nada de lo sucedido. 

Su madre, Alejandra Martínez, dialogó con El Eco Multimedios, contando lo que pudo averiguar a partir del testimonio de sus amigos, quienes estuvieron con él hasta minutos antes del acto. 

“El salió a la noche con los amigos, fueron al parque, después a un boliche que se llama ‘El Hípico’, y de ahí ya no recuerda más nada, a mí me llaman 6.40 de la mañana unos chicos, que lo encontraron  a él delirando en la calle solo, perdido, todo golpeado y ensangrentado”, relató.

Instantáneamente Martínez salió a buscarlo y lo encontró en la esquina de Quintana y Dinamarca, en el deplorable estado descripto con anterioridad. Mientras lo llevaba a la guardia del Hospital, llamó a la policía para hacer la denuncia, pero le respondieron que tenía que ser el mismo damnificado quien la radique. 

“En la guardia lo atendieron, él esta con amnesia por que tuvo una contusión cerebral, además tiene signos de ahorcamiento en el cuello, le rompieron abajo del ojo, toda la boca y las manos, por que se ve que se intentó defender, quedó internado en observación hasta la tarde. Por suerte no le hicieron más nada, porque lo podrían haber matado, esta todo marcado, lo desfiguraron”, contó.

Por lo que le contaron sus amigos, luego de salir del boliche céntrico se acercaron hasta la salida de Sol Disco, donde su hijo fue visto por última vez, diciéndoles que se quedaba a esperar a su novia, algo que a Martínez le resultó extraño ya que luego se enteró que la joven se encontraba durmiendo desde temprano. 

“Él le mandó un mensaje a la novia a las 5.52 diciendo que se iba a caminando para mi casa, algo que tampoco entiendo por que él siempre se toma un remis si anda solo, y después le mandaron otro mensaje por Instagram a las 6.20, que lo habían encontrado, pero ella no lo vio porque estaba durmiendo”, explicó la mujer.

Luego de la furiosa paliza, los violentos le robaron las zapatillas, el celular y una mochila con prendas de vestir. Actualmente el damnificado continúa sin recordar nada de esa noche, y la médica que lo atendió aseguró que es probable que no lo vuelva a hacer. “Viene evolucionando bien, está comiendo, los médicos me dijeron que hay que estar atentos por 48 o 72 horas, porque puede evolucionar de otra forma, agarrarle alguna convulsión, o empezar a delirar, y ahí lo tengo que volver a llevar”, expresó su madre.

“Es la primera vez que le pasó algo así”, manifestó Martínez. “Nunca llegó golpeado a mi casa, nunca ha peleado, nada, y no es el primero, porque en el momento que estábamos entrando a la guardia, había otro chico que le había pasado exactamente lo mismo, todo desfigurado, se ve que es la misma patota que andaba dando vueltas por ahí”, finalizó.

La policía se encuentra analizando la imágenes de las cámaras de monitoreo, para intentar identificar a los agresores de ambos casos, y comprobar si las agresiones fueron llevadas a cabo por el mismo grupo. 

Una explosión masiva sacudió el centro de la ciudad de Nashville, en el sur de Estados Unidos, y dejó al menos tres heridos, todos fuera de peligro, y 20 edificios dañados, en un acto que preliminarmente la policía sugirió que pudo “ser intencional” pese a encontrarse en plena investigación.

Incluso, el presidente Donald Trump fue muy cauto en su primera reacción vía Twitter sobre el hecho, en la que se limitó a lamentarlo, a agradecer la “increíble ayuda de todos surgida de inmediato” y a “rezar por todas las víctimas”.

El secretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere, agregó que el mandatario, que pasa sus vacaciones en Florida, seguiría en toda la jornada “muy de cerca los acontecimientos”, según la televisora CNN.

Las autoridades indicaron que la detonación ocurrió aproximadamente a las 6.30 (las 9.30 en la Argentina) y la vincularon con un vehículo que se encontraba en el lugar, aunque sin brindar más detalles.

“Esto parece haber sido un acto intencional”, tuiteó el departamento de policía, y añadió que la parte antigua e histórica de la ciudad, escenario del episodio, permanecía cerrada.

Tres personas fueron hospitalizadas, pero ninguna se encontraba en estado crítico, según el vocero de los bomberos de Nashville, Joseph Pleasant.

El alcalde de la ciudad, John Cooper, se declaró “espantado” por el hecho, pero reconoció que eran “muy afortunados de que haya tan pocos heridos” y destacó que los daños fueron “espectaculares pero limitados”.

Luego precisó que 20 edificios resultaron afectados, aunque sin especificar la magnitud de los daños.

Un testigo, identificado como Buck McCoy, dijo que vio a tres autos que estaban “completamente envueltos” en llamas tras la explosión.

“Había árboles por todas partes, cristales por todas partes; ví algunas personas que no estaban heridas pero que parecían estar en estado de shock”, describió.

El incidente era investigado por varias agencias, tanto locales como federales, incluido el FBI.

Panorama

El suelo de la zona quedó cubierto de cristales, ramas de árboles y ladrillos, y el estallido, que se sintió a varios kilómetros a la redonda, reventó tuberías.

La explosión ocurrió al norte del centro de la ciudad, cerca de la AT&T Tower, un edificio emblemático de la capital de la música country, apodado “Batman Tower” debido a su forma.

El FBI acordonó el barrio y la agencia federal especializada en armas y explosivos participaba en la investigación, reseñó la agencia de noticias AFP.

Una patrulla de la policía, a la que alguien llamó poco antes de la explosión debido a disparos, observó una caravana estacionada que consideró sospechosa, dijo en una conferencia de prensa el vocero de la policía de Nashville, Don Aaron, sin dar más detalles.

Se enviaron expertos en explosivos al lugar mientras la policía evacuaba a los residentes de los edificios circundantes, agregó.

Varios equipos con perros adiestrados inspeccionaron el área “para asegurarse de que no hubiera otras cargas”, refirió Aaron, quien subrayó que “no había indicios” de la presencia de otros artefactos explosivos.

La policía también examinaba los edificios afectados en busca de eventuales víctimas y estaba a la búsqueda de testigos. Varias personas fueron trasladadas a la comisaría para ser interrogadas, dijo el portavoz policial. (Télam).

El cadáver de un hombre fue hallado dentro del baúl de un auto que fue incendiado y abandonado en el barrio Villa Elvira de la ciudad de La Plata, y los pesquisas creen que se pudo haber tratado de un posible ajuste de cuentas, informaron fuentes policiales.

El hallazgo se produjo ayer por la madrugada, cuando vecinos de la zona alertaron a los Bomberos por un auto que había sido prendido fuego en la calle 600 entre 1 y 115, en el mencionado barrio de la capital bonaerense.

Según indicaron los voceros, los bomberos acudieron poco después al lugar junto a móvil de la policía bonaerense, y comenzaron a apagar las llamas del vehículo, marca Renault Logan.

Luego de extinguir el fuego, los agentes revisaron el auto y, dentro del baúl, encontraron el cadáver de un hombre mayor de edad, acostado sobre su espalda y con al menos entre el 70 y el 80 por ciento de su cuerpo calcinado.

Si bien los restos aún no fueron identificados, los investigadores se entrevistaron con una testigo que indicó que se trataría de un amigo suyo, un hombre de nacionalidad boliviana a quien vio por última vez en la noche del sábado, cerca de las 22.

La mujer aseguró que la presunta víctima tenía algunos problemas relacionados al comercio de estupefacientes, por lo que una de las hipótesis que se barajan es que pudo haberse tratado de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5, a cargo de Juan Ignacio Mennucci, quien ordenó la realización de la autopsia de rigor sobre el cuerpo de la víctima para establecer cómo murió y dispuso las demás diligencias correspondientes para avanzar con la causa. (Télam).

Un juez rechazó el pedido de detención para un hombre acusado de haber dejado en coma a su novia, quien hace una semana ingresó golpeada a un hospital de la localidad bonaerense de Azul, tras argumentar que no quedó probado que la lesión haya sido provocada por la patada de una persona.

La decisión de Juan José Suárez, titular del Juzgado de Garantías 3 de Azul, fue dada a conocer en las últimas horas en el marco de la investigación por la presunta “tentativa de femicidio” de Elba Eliana Mendilaharzu (29).

Fuentes judiciales informaron a Télam que la fiscal Karina Gennuso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 de ese Departamento Judicial, había pedido la detención del novio de la joven como sospechoso de haberla atacado.

Sin embargo, el juez Suárez consideró que no quedó “debidamente probado que el golpe sea por patadas de una persona”, por lo que rechazó detenerlo.

Según las fuentes, la fiscal evaluaba la posibilidad de apelar en las próximas horas la decisión del magistrado ante la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal.

“Necesitamos el apoyo de toda la gente para pedir justicia por mi sobrina para que este femicida pague por el daño que provocó, destrozó toda una familia dejando a cuatro hijos menores desamparados de su madre”, publicó un tío de la joven y agregó: “No vamos a parar hasta que se haga Justicia para que este hecho no quede impune”.

El hecho que trascendió se registró el domingo 16 de agosto en una casa ubicada en Camilo Gay al 1000, en Azul. La investigación comenzó cuando la víctima ingresó en grave estado al hospital Municipal Ángel Pintos.

Los médicos constataron que la joven recibió una agresión física en el cráneo que le provocó un hematoma epidural que derivó en un estado de coma. Fue operada dos veces y continúa en terapia intensiva.

La fiscal pidió al Juzgado de Garantías 3 la orden de detención del novio de la joven en una causa que caratuló como “tentativa de femicidio”. Además, la familia de la víctima recibió un botón antipánico y custodia policial por motivos de seguridad.

“Muchas fuerzas mi amor todo va a salir más que bien, sos una gran guerrera una madre con todas las letras y gran compañera de la vida y acá con nuestro hijito te estamos esperando mi vida”, había publicado el martes el sospechoso en su Facebook. Sin embargo, decenas de comentarios de repudio por parte de amigos y conocidos de la joven golpeada fueron escritos en respuesta a su posteo. (Télam).

El fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, escuchó el pasado jueves el testimonio de Zarza, quien contó que fue secuestrado en enero de 1976, poco antes del inicio de la dictadura y luego en noviembre de ese mismo año, informaron a Télam fuentes judiciales.

“Me detuvieron en la fábrica, a poco de entrar a trabajar, y me hicieron un acta con una máquina de escribir que les dio personal de la empresa. Me llevaron a una sala y el que facilitó todo era un capataz que le decíamos “El Sapo” Vicentin, pero no era parte de la familia que era dueña de la firma”, señaló Zarza en declaraciones a Télam.

El trabajador, quien en la actualidad tiene más de 70 años, vive en la ciudad santafesina de Avellaneda y es conocido con el apodo de “Cacho”, relató que lo liberaron en febrero de 1976 y que se reintegró a la empresa.

El 2 de noviembre de ese año volvió a ser secuestrado en horas de la tarde, cuando retornaba de su trabajo en Vicentin a su casa. Según el testimonio que brindó ante la Fiscalía, ese día las fuerzas de seguridad secuestraron a 14 trabajadores que tenían actividad como delegados sindicales en Vicentin.

En su declaración aseguró haber visto a efectivos del II Cuerpo de Ejército, pertenecientes al batallón 621, que llegaron desde Rosario para llevar a cabo este operativo.

Zarza, quien también tenía actividad sindical en la firma, dijo que tras su secuestro fue trasladado a la III Brigada Aérea, donde recibió “golpes y patadas” por parte de sus captores.

Luego fue trasladado a la Guardia de Infantería Reforzada de la ciudad de Santa Fe, una dependencia policial donde funcionó un centro clandestino de detención. Zarza terminó “legalizado” en la cárcel de Coronda, a disposición del Poder Ejecutivo, y desde allí recuperó su libertad en la navidad de 1978.

Estos hechos le permitirán a la Fiscalía iniciar un segundo tramo de la causa 050, en la cual se investigaron delitos de lesa humanidad en la zona Reconquista durante la última dictadura militar.

Ese expediente fue instruido por Salum y terminó con un juicio en el que resultaron sentenciados en 2013 el comodoro Danilo Sambuelli y el mayor Jorge Alberto Benítez, ambos de la Fuerza Aérea, y los policías Carlos Nickisch, Horacio Machuca, Rubén Molina, Arnaldo Neumann y Eduardo Luque.

En ese proceso oral y público se comprobó la existencia de un circuito represivo que comenzaba en la III Brigada de Reconquista, seguía en los centros clandestinos de detención ilegales cercanos a la capital santafesina y si los detenidos eran “blanqueados” concluía en las cárceles de Coronda, Devoto o algún penal del Sur del País.

Información

Ahora, la fiscalía aguarda que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe le aporte información y datos para avanzar en la investigación.

La Federación Aceitera, gremio de trabajadores del sector, adelantó su intención de revisar sus archivos para brindar datos que permitan avanzar con la investigación.

“Creemos que como gremio debemos asistir a nuestros afiliados ante la justicia y vamos a revisar nuestros archivos para analizar actas de asambleas y ver si podemos aportar información para la causa en relación a si se llevaron delegados que hablaron en las asambleas”, señaló a Télam el abogado Juan Combi, representante legal de Aceiteros.

El sindicato pretende presentarse en esta causa como querellante, algo que hizo en 2014 en la investigación sobre los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la planta de Avellaneda (Buenos Aires) de la empresa Molinos.

“La actual intervención de Vicentin por parte del Estado nos genera alguna expectativa en relación a la información que podamos encontrar en los registros de la empresa”, indicó Combi. Además del gremio, también se presentará como querellante la Liga por los Derechos del Hombre para impulsar esta investigación. (Télam).

El secuestro extorsivo del que fueron víctimas Mariano Vizcay y su sobrino en la madrugada del pasado viernes, y por el que se pagó un frondoso rescate, sigue en plena como hermética investigación por parte de la Fiscalía Federal, a cargo del doctor Hernán Castro.

Pese al hermetismo que hay alrededor de este grave hecho de inseguridad acontecido en la ciudad, se pudo conocer que arribó una Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, proveniente del gran Buenos Aires cuyos efectivos cuentan con más de 20 años de experiencia.

En las últimas horas lo que se solicitó fue la grabación de las cámaras de seguridad que están dispersas en distintos sectores de la ciudad y realizaron una inspección ocular en la zona del Parque Independencia donde fue liberado Vizcay.

En cuanto a las filmaciones, vale señalar que a decir de la investigación todo se origina en el estacionamiento del Hipermercado situado en calle Panamá, lugar donde Vizcay y el menor habían concurrido a una función de cine. Al retirarse comenzaron los problemas ya que detectaron que un neumático estaba desinflado, comenzando una verdadera odisea porque al bajarse para repararlo les permitió a los delincuentes, que estaban armados, poder interceptarlos.

A partir de ese instante, el vehículo en el que se movilizaban, un Ford Focus, se dirigió hasta la empresa de Vizcay situada en Colectora Sur 510. Se presume que ese primer trayecto realizado por los captores quedó registrado, por lo que se requirieron las imágenes para determinar porque sectores circuló el vehículo hasta terminar dejando en libertad a los damnificados.

Según se pudo conocer, esta Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos le solicitó al personal de la DDI el relevamiento de las distintas cámaras, las cuales no fueron observadas por otro personal ajeno a la pesquisa. Retiraron la filmación, confeccionan un acta federal y llevaron el material que será analizado por los policías especializados en la delicada caso.

Ccomo se informó, al denunciarse el secuestro extorsivo la policía bonaerense como la fiscalía provincial derivó las primeras actuaciones al fuero federal, interviniendo así la Fiscalía Federal 2 del Departamento Judicial de Azul con asiento en Tandil, ubicada en San Lorenzo 206, desde donde pese a las consultas realizadas no se emitió ninguna información oficial, la que podría llegar a producirse durante el desarrollo de las próximas horas.

El hecho

Lo que este Diario pudo reconstruir sobre lo denunciado, se expuso que tres personas interceptaron a Mariano Vizcay cuando salía del cine junto a su sobrino en las primeras horas del viernes.

Vizcay advirtió que un neumático estaba en llanta, cuando bajó del coche fue abordado por al menos tres secuestradores que, a punta de pistola, lo llevaron a él como a su sobrino en su Ford Focus color blanco. Tío y sobrino quedaron cautivos durante buena parte de la madrugada, mientras se producían las primeras comunicaciones con la familia pidiendo el rescate.

Tras acordar y efectivizar el pago en moneda extranjera , el menor que se encontraba en el interior de una de las casillas que su tío comercializa, fue liberado.

Con la policía y sus cuadrículas alertas en busca de rescatar a Mariano Vizcay, la negociación para su liberación se aceleraron logrando los delincuentes un dinero, también en moneda extranjera, menor al pretendido, lo que determinó que el damnificado sea liberado en la zona del Parque Independencia.

Por lo averiguado por este medio el total de lo desembolsado por la familia para recuperar a sus seres queridos alcanzó una cifra superior a los 100 mil dólares, con un porcentaje mayor exigido por el menor y otro inferior para liberar a Vizcay.

En el camino rural que conduce a El Solcito fue hallado el automóvil Ford Focus, entendiendo los investigadores que se produjo en ese lugar un cambio de vehículos.

Protección Ciudadana

Consultados funcionarios que desempeñan tareas en Protección Ciudadana y teniendo en cuenta lo grave que es el hecho acontecido, donde un mayor y un menor fueron privados de su libertad y por los que se pagó un frondoso rescate, dicen no saber nada sobre la investigación.

Al ser un hecho que está siendo tratado por la órbita federal, desde el Municipio parecen haberse desentendido del tema. “Solo entregamos imágenes que solicita la Unidad especializada que llegó a Tandil para investigar el hecho, pero esas imágenes no la podemos observar. Piden el video, se firma un acta y se la llevan”, contaron las personas consultadas.

Acerca de Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos

La dependencia tiene como objetivo principal asistir a las/os fiscales de todo el país con el fin de optimizar la capacidad de respuesta y elevar los niveles de eficiencia del Ministerio Público Fiscal frente al fenómeno criminal del secuestro extorsivo, lo que involucra tanto la identificación y persecución penal de los partícipes del hecho — con una mirada ascendente en la cadena de responsabilidad—, como también el impulso y fortalecimiento de investigaciones patrimoniales.

A tal fin, la UFESE divide su estructura funcional en dos áreas de trabajo que abarcan las funciones asignadas por la citada resolución y son coordinadas por un/a secretario/a de la Unidad.

1) ASISTENCIA JUDICIAL un equipo de investigadores especializados colabora con los Fiscales Federales de todo el país en la tramitación de causas por secuestros dando apoyo temprano en la investigación criminal y articulando con los enlaces con la fuerzas de seguridad y autoridades nacionales y provinciales, con el propósito de sugerir estrategias de investigación conjuntas y coordinadas.

2) RELACIONES INSTITUCIONALES, ANÁLISIS CRIMINAL Y DESARROLLO DE HERRAMIENTAS

La Unidad Fiscal Especializada relevará, centralizará, sistematizará y analizará la información criminal vinculada con las regularidades delictivas, lugares y personas involucradas en los casos, con el fin de optimizar la intervención en la investigación penal.

Para ello requerirá la colaboración de las Fiscalías para que personal de UFESE puedan obtener la información de las causas tramitadas en cada dependencia.

Para complemento del equipo de asistencia judicial, se trabajará en el desarrollo de vínculos y actividades interinstitucionales que resulten convenientes para optimizar el cumplimiento de sus funciones con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, fuerzas de seguridad y demás instituciones.

Además, la Unidad tendrá a su cargo la formación y capacitación permanente de los empleados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal, así como de los organismos que lo requieran, sobre las problemáticas y estrategias de investigación y litigio de los delitos de su competencia.