Matías Civale abordó distintos temas de actualidad provincial y local durante una entrevista en la que se refirió a la situación de IOMA, la polémica por el régimen de zona fría y las críticas que recibió el intendente Miguel Lunghi por impulsar una campaña de recolección de firmas para defender ese beneficio.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires señaló que desde la Legislatura continúan insistiendo para que las autoridades de IOMA brinden explicaciones sobre el funcionamiento de la obra social.

Consultado sobre las denuncias que apuntan a una supuesta utilización política del organismo, afirmó que no tiene elementos para sostener esa acusación.

"No me consta", respondió cuando fue consultado acerca de si considera que IOMA funciona como una caja política del Gobierno bonaerense.

Civale también se refirió a su ausencia en una reciente sesión legislativa. Explicó que tenía previsto un viaje familiar con anterioridad y remarcó que su falta no tuvo incidencia en el desarrollo de los acontecimientos ni en el resultado de las votaciones.

Otro de los temas centrales fue el régimen de zona fría. El legislador rechazó las declaraciones del dirigente Gonzalo Santamarina, quien había definido el beneficio como un "subsidio bobo".

"Para mí no es un subsidio bobo", sostuvo Civale, al tiempo que consideró incorrecto incluso hablar de subsidio. Según explicó, se trata de un fondo compensador que busca equilibrar las diferencias entre regiones con distintas condiciones climáticas y diferentes niveles de consumo energético.

En ese marco, defendió la campaña impulsada por el intendente Miguel Lunghi para reunir firmas en defensa de la continuidad del beneficio para Tandil.

Civale cuestionó las críticas de Santamarina, quien había calificado esa iniciativa como una forma de "terrorismo", y sostuvo que el jefe comunal simplemente está cumpliendo con su responsabilidad de defender los intereses de los vecinos.

"Si defender los intereses de los tandilenses es terrorismo, entonces Lunghi va a seguir siendo terrorista", expresó.

Finalmente, Civale ratificó su apoyo al régimen de zona fría y a todas las gestiones destinadas a sostener el beneficio para los usuarios de Tandil. Asimismo, reiteró la necesidad de que las autoridades de IOMA concurran a la Legislatura para responder las inquietudes planteadas por distintos sectores políticos.

La actividad legislativa en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de estancamiento que preocupa a diversos sectores.

Según lo expuesto por el diputado provincial de la UCR, Matías Civale, vicepresidente del cuerpo legislativo, en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la falta de consensos básicos entre las fuerzas políticas ha derivado en la postergación de sesiones clave.

El legislador señaló que, más allá de las convocatorias formales, la ausencia de acuerdos dentro del oficialismo provincial y la falta de diálogo con la oposición han bloqueado el tratamiento de expedientes fundamentales para la gestión municipal.

El eje central de la discusión parlamentaria actual gira en torno al Fondo de los Intendentes, una herramienta financiera votada a fines del año pasado que resulta vital para el funcionamiento de los municipios. 

Sin embargo, el diputado explicó que la falta de dictámenes en las comisiones de presupuesto impide que los proyectos avancen. "La verdad es que para que eso ocurra no solo se necesitan acuerdos dentro del oficialismo provincial, sino fundamentalmente con la oposición y esto no está sucediendo", afirmó el legislador, quien se mostró escéptico respecto a la posibilidad de alcanzar los dos tercios necesarios para sesionar sin dictamen.

Otro de los puntos críticos abordados durante la entrevista fue la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). El diputado destacó que la problemática no se limita a una cuestión administrativa o de intermediarios, sino que responde a una deficiencia estructural en la conducción del organismo. Ante las consultas sobre las dificultades que enfrentan los afiliados, especialmente en ciudades como Tandil, el legislador fue contundente al señalar la responsabilidad directa de las autoridades provinciales.

"Acá lo que hay es una mala gestión"

Civale subrayó que, desde la oposición, “se han presentado múltiples proyectos de ley, incluyendo propuestas para otorgar autarquía al instituto, modificar la composición del directorio y agilizar la gestión de los fondos, evitando que dependan directamente del Ministerio de Economía”. No obstante, denunció que el oficialismo ha hecho uso de sus mayorías para impedir el tratamiento de estas iniciativas en el recinto. "IOMA no puede esperar. Hay muchísimas ciudades donde los afiliados deambulan, los fondos no alcanzan y los médicos salen del sistema", remarcó.

Al ser consultado sobre la viabilidad financiera de la obra social, el diputado reconoció que el sistema es solidario y enfrenta presiones inflacionarias, especialmente en el rubro de medicamentos. Sin embargo, rechazó que la crisis sea un fenómeno reciente o atribuible exclusivamente a factores externos de los últimos dos años. Según su análisis, “el deterioro es el resultado de una acumulación de problemas de gestión que requieren una intervención integral y urgente” por parte del gobierno provincial.

“Acá lo que hay es una mala gestión”, expresó el diputado provincial, al tiempo que agregó que “ese es el nombre que define la crisis del IOMA, ya que el problema no se reduce a los intermediarios ni comenzó recientemente con los cambios económicos nacionales, sino que arrastra años de deficiencias estructurales”.

La responsabilidad de esta situación recae en las autoridades del instituto y el gobierno provincial, “quienes han permitido que los afiliados pierdan prestaciones esenciales y que los médicos abandonen el sistema por falta de pago”.

A pesar de que la oposición ha presentado proyectos para darle autarquía al organismo, cambiar el directorio y agilizar el manejo de los fondos, “el oficialismo provincial utiliza su mayoría para impedir el tratamiento de estas soluciones en las comisiones legislativas”.

Finalmente, el legislador se refirió a su reciente designación como secretario general de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, tras alcanzarse una lista de unidad.

Destacó que el objetivo del espacio “es recuperar la vocación de poder y fortalecer la identidad del partido”, enfocándose en representar a la clase media y en consolidar un proyecto nacional basado en gestiones municipales y provinciales eficientes, “que hoy tienen al radicalismo gobernando cinco provincias y más de 500 municipios en todo el país”, concluyó.

Tras meses de incertidumbre, la oficina local de PAMI ya cuenta con jefa a cargo. Se trata de María José Terreros, quien había sido designada a mediados de mayo pasado. Su asunción se encontraba demorada, a la espera de que IOMA –donde se desempeñaba hasta el momento-, firme su licencia.

Terreros se hizo efectiva en el cargo el miércoles 3 de junio. La oficina de PAMI Tandil cubre así su jefatura, que se encontraba acéfala desde diciembre pasado, cuando Martiniano Corbetta renunció para ocupar su banca como concejal de Acción Tandilense / La Libertad Avanza.

De acuerdo a consultas de El Eco, el lapso de poco más de quince días que transcurrieron desde la designación a la asunción de Terreros se dio porque faltaba que IOMA firme su licencia. La flamante jefa se desempeñó en la obra social bonaerense en diferentes cargos, incluso en la dirección de la delegación local. Antes de asumir, la designada mantuvo reuniones con las autoridades regionales de la obra social, ya que Tandil depende de la regional Mar del Plata.

La cobertura del cargo abre una serie de interrogantes que van más allá de que se ocupe la jefatura de la oficina local: ¿Cómo se va a afrontar la posibilidad de que jubilados no cuenten con médico de cabecera, o en todo caso el aumento de la cápita por cada profesional? ¿Se cubrirá el cargo de médico de cabecera para las localidades rurales de María Ignacia Vela y Gardey?

La asunción de Terreros se confirma en una compleja situación de PAMI Tandil, que no escapa a lo que ocurre en otras partes del país: la renuncia de médicos de cabecera. Se trata de una realidad que se profundiza en la ciudad desde un tiempo a esta parte.

Solo para junio y julio se estima que podrían renunciar cinco médicos, mientras que otra baja se daría por mudanza. Si cada profesional cuenta con una cápita aproximada de 700 afiliados –con variaciones-, el número de jubilados afectados coincidiría con el denunciado por instituciones como Amemt.

Las renuncias se dan por diversos motivos, pero existe uno en particular que preocupa a la comunidad médica: el cambio en la modalidad de pagos que la obra social anunció para los profesionales. Las organizaciones que nuclean médicos plantearon que la medida supone un recorte de casi un 50 por ciento de sus ingresos por atenciones.

Desde la Asociación de Profesionales de la Salud (Appamia), no descartaron que podrían llevar a cabo una medida de fuerza, tal como la que impulsaron en abril pasado.

Entre los médicos de cabecera que renunciaron en Tandil, uno de los casos más resonantes fue el de las localidades rurales de María Ignacia y Gardey. Tal como se informó, la renuncia había sido anunciada con meses de anticipación, sin embargo hasta el momento el cargo no se cubrió, y hay alrededor de 300 jubilados sin profesional.

La senadora bonaerense del monobloque UCR, Nerina Neumann, presentó en la Cámara alta un proyecto para declarar la emergencia en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). La iniciativa busca obtener respuestas concretas del gobierno de la provincia de Buenos Aires ante un escenario crítico marcado por denuncias de deficiencias en las prestaciones, deudas acumuladas y conflictos constantes en la atención de los afiliados.

La legisladora fundamentó su pedido en la profundización de la crisis que afecta a más de 2,1 millones de personas en todo el territorio bonaerense. Al respecto, Neumann expresó: “Lamentablemente debemos decir que hoy IOMA se encuentra en crisis, con deudas millonarias, cortes en la atención y un conflicto que no cede, mientras que su titular, Homero Giles, no da la cara”.

En los fundamentos de los proyectos, se detalla que la obra social atraviesa problemas vinculados a convenios, presupuestos y copagos, lo que impacta negativamente en un sistema basado en principios de solidaridad. Además, la senadora puso el foco en las consecuencias financieras para los municipios, señalando la existencia de reclamos por deudas que el organismo mantiene con las comunas que brindan servicios a través de hospitales locales.

A través de un pedido de informes, Neumann solicitó que el Ejecutivo de Axel Kicillof detalle el plan de contingencia previsto para 2026 y brinde información precisa sobre la situación económica y financiera del organismo. La salud es un derecho fundamental y la gestión gubernamental tiene que dar respuestas claras, positivas e inmediatas, sostuvo la senadora.

En paralelo, diputados de la oposición cerraron filas y presentaron un pedido para que el titular de la Cámara Baja, Alejandro Dichiara, convoque a una sesión especial. La solicitud cuenta con la firma de 47 legisladores, entre ellos Alejandro Rabinovich, Diego Garciarena, Alejandra Lordén, Agustín Romo, Martín Rozas y Andrés de Leo.

Los legisladores advirtieron que, ante la necesidad de los afiliados de recurrir a amparos judiciales para obtener medicamentos o tratamientos, el Poder Legislativo tiene la obligación institucional de intervenir. Entre las medidas solicitadas, se busca que el titular del IOMA brinde explicaciones en el recinto sobre la crisis que atraviesa la obra social.

La compleja situación que atraviesa PAMI, y de la que se hicieron eco medios de todo el país, también afecta a Tandil, en particular en tres aspectos: la jefatura acéfala de la oficina local, la renuncia de médicos de cabecera, y la falta de profesionales para las localidades rurales.

La delegación Tandil se encuentra sin jefe desde diciembre pasado, y si bien la central del organismo nombró María José Terreros, la asunción no se concretó. El motivo es que la designada espera que IOMA –donde se desempeña actualmente-, firme su licencia para poder comenzar a estar al frente de PAMI.

Durante la semana trascendió que la asunción se haría efectiva el lunes 1 de junio. Sin embargo, por lo menos hasta la noche del domingo 31 de mayo esa información estaba en duda. De acuerdo a consultas de El Eco de Tandil, el motivo por el cual no se efectivizó el cargo  es la espera de la licencia de parte de IOMA.

Aunque el trámite podría resolverse el mismo lunes 1 , cabe marcar, la designación de Terreros quedará sin efecto si la misma no se ejecuta en 60 días, contando desde su firma en mayo pasado. En el trasfondo asoma la disputa política entre el sector libertario a cargo de PAMI, y el peronismo provincial al frente de IOMA.

La oficina local de PAMI se encuentra acéfala desde que Martiniano Corbetta renunció para asumir como concejal del bloque Acción Tandilense / La Libertad Avanza. Si bien dicho espacio político elevó una propuesta para suplir el cargo, el mismo no se cubrió hasta el 15 del corriente.

En el medio, un representante de la UGL Mar del Plata (de la que depende Tandil), comenzaría a viajar dos días por semana a la ciudad, aunque dicha iniciativa también demoró en concretarse, y no tuvo mayor desarrollo.

En sintonía con la situación a nivel nacional, los afiliados de PAMI Tandil también enfrentan una compleja problemática: la renuncia de médicos de cabecera.

De acuerdo a información a la que accedió El Eco, entre junio y julio se harían  efectivas cinco renuncias, mientras que un sexto profesional dejaría sus funciones por mudanza. En el caso de que Terreros asuma hoy, podría llegar a recibir a dos de los médicos salientes.

La baja de médicos hace peligrar aún más la posibilidad de cubrir una demanda creciente. Con la cantidad de profesionales que actualmente forman parte de la cartilla de médicos de cabecera de PAMI, los afiliados tienen dificultades para conseguir turnos, por lo que nuevas renuncias generarían más contratiempos para los jubilados.

Organismos sanitarios públicos de la ciudad solicitaron a las autoridades nacionales de la obra social que les aumente la cápita, para poder subir el nivel de atenciones, pero al momento no obtuvieron respuesta favorable al pedido.

En paralelo, PAMI no designó todavía médico de cabecera para María Ignacia Vela y Gardey. Las localidades rurales no cuentan con un profesional en dicho cargo luego de la renuncia de Matías Tringler a fines de febrero pasado. Tringler había avisado con meses de anticipación que no continuaba con la tarea, pero las autoridades de la obra social aun no cubrieron la vacante.

La renuncia de los médicos de cabecera de PAMI se da en el marco del reclamo de asociaciones de profesionales por recortes en el pago de prestaciones. “La problemática que surgió en el último tiempo con respecto al pago sumó a la causa”, transmitió un profesional, en alusión a su renuncia.

Por la situación, la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia) llevó adelante un paro de 72 horas a mediados de abril pasado.

El núcleo del reclamo radicó en el rechazo absoluto a la Resolución 1107/2026. Según denunciaron entonces los médicos, la normativa presentada por las autoridades nacionales como un "ordenamiento" del sistema, supone en realidad un recorte encubierto a sus ingresos. Si bien la resolución anunció un incremento en el valor de la cápita —que pasaría de menos de 1.000 pesos a 2.100 pesos—, el nuevo esquema elimina el pago por consulta presencial y absorbe diversas prácticas dentro de un pago fijo, lo que reduce drásticamente la retribución real por el trabajo realizado en los consultorios.

Profesionales consultados dieron cuenta de que la situación no mejoró desde entonces, y que recién la semana pasada PAMI volvió a convocar a Appamia a un nuevo encuentro. A la espera del resultado de dicha reunión, desde la Asociación no descartaron nuevas medidas de fuerza.

La diputada provincial Priscila Minnaard impulsó la conformación de una comisión bicameral para abordar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en medio de una creciente preocupación por el funcionamiento de la obra social en la provincia de Buenos Aires.

Según planteó la legisladora, el objetivo de esta herramienta legislativa es fortalecer los mecanismos de control y seguimiento sobre el organismo, en un contexto marcado por reclamos de afiliados, profesionales de la salud y entidades médicas.

El planteo se da en paralelo a una serie de cuestionamientos que se vienen acumulando en torno al IOMA, vinculados a demoras en pagos, dificultades en la cobertura de prestaciones y problemas en la continuidad de tratamientos. En ese sentido, desde distintos sectores se advirtió que la situación impacta directamente en la calidad del servicio y en la atención de los usuarios.

Minnaard remarcó que la crisis del sistema no es reciente y que requiere una respuesta estructural. En esa línea, sostuvo que resulta necesario avanzar en medidas que garanticen transparencia en la gestión y previsibilidad tanto para los afiliados como para los prestadores.

Además, cuestionó la respuesta del Ejecutivo bonaerense frente al conflicto y advirtió que, lejos de resolverse, los problemas se profundizan. La legisladora ya había señalado que el escenario actual se traduce en “afiliados desamparados, atrasos en los pagos y coberturas sin garantizar”, en el marco de una situación que calificó como crítica.

La iniciativa de crear una comisión bicameral se enmarca en una serie de acciones impulsadas desde la oposición en la Legislatura provincial, que buscan poner el foco en el funcionamiento del IOMA y exigir soluciones de fondo.

Mientras tanto, el conflicto continúa generando preocupación en distintos puntos de la provincia, con manifestaciones de afiliados y medidas de fuerza de profesionales que reclaman regularización de pagos y mejoras en las condiciones de trabajo.

El concejal del bloque de la UCR, Juan Salceda, analizó  en el Desayuno de Tandil Despierta (Eco TV y Tandil FM 104.1) los ejes centrales de la agenda pública local: la situación financiera del Sistema Integrado de Salud y el conflicto con la Cámara de Transporte.  Respaldó la decisión del Ejecutivo de transparentar las deudas de las prestadoras y advirtió sobre el impacto de la crisis económica en los servicios esenciales.

Sobre la deuda de 3.600 millones de pesos que mantienen diversos organismos con el municipio,  calificó la difusión de estos datos como "interesante y pertinente". Según explicó, esta medida permite que la ciudadanía dimensione la complejidad de administrar el sistema sanitario ante trámites administrativos cada vez más trabados.

El representante destacó que el hospital cuenta con un equipo de once profesionales , entre contadores, administrativos y abogados, cuya misión es proteger los recursos de los tandilenses. Gracias a esta estructura, la facturación creció exponencialmente, logrando incluso procesos judicializados con sentencia favorable, un hecho poco frecuente en la gestión pública.

Respecto a la magnitud de la deuda, el referente aclaró un punto clave:

"La cifra de 3.600 millones es una 'foto del día' y no un estado estático. Existe un flujo constante de pagos, pero este equipo trabaja para que la deuda no quede congelada a precios históricos y se licúe por la inflación".

Uno de los momentos más críticos de la entrevista fue la denuncia por la disparidad en los pagos de las obras sociales estatales. Salceda fue tajante al comparar los valores: "Lo que en el hospital se paga 200.000 pesos por un parto, en la clínica privada se paga dos millones y medio".

En ese sentido, sentenció que la obra social bonaerense desfinancia al sistema público, mientras este último absorbe a los afiliados que el sector privado deja de atender. Asimismo, desestimó las críticas de la oposición sobre la deuda de PAMI, señalando que el organismo realizó un pago parcial el mismo día de la publicación oficial para intentar "amañar" la realidad de los números.

La decisión de la Cámara de Transporte de recortar frecuencias. Expresó su malestar por haberse enterado de la medida por los medios, aunque reconoció que la situación de las empresas es delicada debido al aumento del 25% en combustibles y la quita de subsidios nacionales.

Él  cuestionó la "liviandad" con la que ciertos sectores piden sanciones inmediatas:

Finalmente, el referente radical insistió en que la solución no llegará a través de una multa aislada, sino de un diálogo serio liderado por el intendente Miguel Lungui para repensar un sistema que, de lo contrario, dejará de ser sostenible para los sectores más vulnerables.

La situación prestacional de las obras sociales en la ciudad ha alcanzado un punto de extrema complejidad. Desde la Municipalidad de Tandil, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, manifestaron su profunda preocupación por el progresivo recorte en los servicios destinados a las personas mayores y personas con discapacidad. La directora del área, Lucia González, trazó un panorama sombrío sobre el presente de Pami e Ioma, señalando que el incumplimiento de estas entidades está derivando en una sobrecarga directa sobre el sistema público local.

Según detalló la funcionaria en diálogo con El Eco, la crisis de Pami se ha vuelto más visible en el último tiempo, aunque responde a un recorrido previo de quita de beneficios. Este escenario afecta de manera directa a cerca de 25 mil afiliados en el distrito, quienes sufren el recorte en prestaciones básicas y la pérdida de la cobertura total en medicamentos esenciales. Este "corrimiento del Estado nacional", como lo definió la directora, genera un impacto inmediato tanto en el Sistema Integrado de Salud Pública como en las arcas de la administración municipal.

Ante la falta de respuestas por parte de los organismos nacionales y provinciales, el gobierno local ha decidido avanzar en una estrategia de judicialización y asistencia técnica. Lucia González confirmó que se encuentran manteniendo reuniones con equipos de abogados y que han pautado un encuentro clave con la Defensoría del Pueblo. El objetivo primordial es generar estrategias conjuntas que permitan acompañar a cada afiliado en sus demandas individuales y colectivas.

“Estamos trabajando para que la Defensoría del Pueblo acompañe a los vecinos en sus reclamos, buscando llegar a respuestas concretas a través de recursos de amparo”, explicó la funcionaria. En paralelo, el Municipio ha iniciado procesos de gestión formal ante Pami para que regularice la atención de los adultos mayores. La premisa es clara: las obras sociales deben cumplir con las leyes y obligaciones vigentes para con sus beneficiarios.

La funcionaria remarcó que esta desatención obliga a la Secretaría de Desarrollo Humano a realizar grandes esfuerzos presupuestarios. y aclaró que la prioridad son las atenciones a los más vulnerables, "a sabiendas del impacto que esto genera, afectando incluso otras partidas presupuestarias para poder estar presentes donde el Estado nacional se retira”, subrayó, destacando que la prioridad actual es garantizar cuidados específicos en hogares y asistencia básica.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el acceso a la medicación. La directora de Discapacidad y Adultos Mayores, visiblemente conmocionada, describió situaciones cotidianas angustiantes, donde los jubilados se encuentran con sorpresas económicas insalvables al llegar al mostrador de la farmacia. “Son decisiones arbitrarias de las que uno se entera por el diario o cuando el adulto mayor va a la farmacia y le dicen que tiene que pagar un diferencial de 40 mil, 50 mil o hasta 120 mil pesos”, relató.

Este desfasaje económico empuja a los afiliados a volcarse masivamente hacia los centros comunitarios de los barrios y a las oficinas de la secretaría en busca de auxilio. El contexto se agrava por la situación económica general, donde las jubilaciones mínimas resultan insuficientes para cubrir la canasta básica. “Hoy las personas mayores deben elegir entre comprar el alimento, pagar los medicamentos o abonar los servicios de luz y gas”, lamentó Lucia González.

La funcionaria calificó como "alarmante" el número de personas que llegan diariamente solicitando ayuda. Incluso mencionó que la crisis ha llevado a que muchos adultos mayores deban realizar "changas" para subsistir, una realidad que calificó como sumamente angustiante para este sector de la población que debería contar con la protección del Estado.

La problemática no se agota en la tercera edad, sino que se extiende hacia las personas con discapacidad. Muchos de ellos dependen de Pami a través del antiguo sistema de pensiones o por ser familiares a cargo de adultos mayores. La falta de pago y cumplimiento de las obras sociales pone en riesgo la continuidad de servicios fundamentales en la ciudad.

“Tenemos madres angustiadas no solo por el diferencial de la medicación, sino porque es posible que un centro de día cierre en nuestra ciudad debido a que prestadores como Pami o Ioma no están cumpliendo con sus obligaciones financieras”, advirtió la directora. Esta situación de incertidumbre afecta la estructura de cuidados de Tandil, dejando a cientos de familias sin los espacios de contención y rehabilitación necesarios para el desarrollo de una vida digna.

Finalmente, desde la comuna esperan que las acciones conjuntas con otros organismos del Estado municipal permitan torcer el rumbo de estas políticas de ajuste y que los afiliados comiencen a recibir las prestaciones que por ley les corresponden.

Familiares de Luciano Biondi, un joven de 31 años oriundo de Rauch, reclamaron que IOMA cumpla con una medida de amparo dictada por la Justicia que ordena la cobertura total de un procesador para su implante coclear, un dispositivo clave para su audición.

Según denunciaron en las redes sociales, pese a la resolución judicial, la obra social aún no ha dado respuesta, lo que derivó en que el paciente no escuche “absolutamente nada” desde hace aproximadamente un mes.

Sandra Biondi, madre de Luciano, explicó a El Eco de Tandil que su hijo nació con hipoacusia profunda bilateral neurosensorial y que en 2004 fue intervenido quirúrgicamente para la colocación de un implante coclear.

“Lo que yo estoy reclamando es un procesador, que va por fuera de la oreja. Cada siete u ocho años hay que cambiarlo porque deja de funcionar”, señaló.

En ese sentido, detalló que el dispositivo que utilizaba su hijo tenía más de una década de uso. “Él tiene un procesador desde hace trece años. Hace un mes dejó de funcionar y ya no escucha nada. Necesita uno nuevo con urgencia”, insistió y remarcó que la falta de este dispositivo impacta directamente en su calidad de vida.

El pedido de recambio fue iniciado en marzo de 2023, pero ante la falta de respuesta de la obra social, la familia decidió avanzar con un recurso de amparo, que presentó en 2024.

“Generalmente, tras un pedido formal, IOMA tarda aproximadamente un año en otorgar el procesador. Pero esta vez tuve que hacer un amparo porque no me daban respuesta”, explicó Biondi.

La medida judicial, tramitada en el Juzgado en lo Civil y Comercial 3 de Azul y fechada el 20 de diciembre de 2024, ordenó a IOMA “que en el término de 72 horas de notificada adopte las medidas necesarias tendientes a brindar íntegra y total cobertura y suministro al afiliado Biondi Luciano, un procesador del habla de implante coclear Nucleus 8 CP 1110”.

Según la familia del joven, la resolución no fue cumplida. “El amparo dijo que la obra social lo tiene que cubrir al cien por ciento y que le daba 72 horas para que lo abonara. Ha pasado más de un año y IOMA no lo ha abonado”, afirmó su madre.

El pedido angustiado de su hermana

Frente a esta situación, y ante la urgencia, la familia decidió visibilizar el caso en redes sociales.

Magdalena Biondi, hermana de Luciano que está radicada en Tandil desde hace varios años, difundió un mensaje en el que describió el cuadro y apeló a la solidaridad de la comunidad para amplificar el reclamo.

“Hoy, Luciano no está escuchando en lo absoluto, lo que afecta gravemente su vida diaria, su comunicación y su autonomía”, expresó la mujer.

En la publicación también se detalló que el costo del nuevo procesador ronda los 30 mil dólares, un monto inaccesible para la familia. “Por eso recurrimos a la solidaridad de todos, necesitamos que este mensaje se comparta para que se haga justicia y se cumpla con lo que corresponde”, indicó.

Al mismo tiempo, Sandra Biondi señaló que realizó reiterados reclamos en la delegación de IOMA en Rauch, que depende de Olavarría, aunque sin resultados concretos.

“Cada vez que iba a hacer el pedido, los empleados me decían que ellos también elevaban el reclamo, pero yo necesito que llegue el insumo”, sostuvo.

Por último, agradeció la difusión que tuvo el caso en los últimos días. “Agradezco a toda la gente que ha compartido la publicación de mi hija”, expresó.

El senador de Hechos – UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un pedido de informes para que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires brinde explicaciones detalladas por el hackeo que sufrió la semana pasada el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

El pasado 31 de marzo, el organismo confirmó que fue víctima de un ataque cibernético que derivó en el acceso no autorizado a padrones de afiliación. Si bien se aclaró que no se vieron comprometidos datos financieros, la filtración incluyó nombres, números de documentos y la condición de los usuarios dentro de la mutual provincial.

En este sentido, Leguizamón exigió que el Ejecutivo informe la fecha y el horario en el que ocurrió el incidente, la modalidad del ataque y los sistemas afectados. El legislador solicitó precisiones sobre la cantidad estimada de afiliados alcanzados y si los datos corresponden a bases actualizadas o registros antiguos.

“Si bien desde el organismo se intentó llevar tranquilidad señalando que los datos no serían ‘sensibles´ o que corresponderían a padrones antiguos, lo cierto es que cualquier acceso indebido a información personal constituye una vulneración grave a la seguridad de los sistemas estatales”, alegó el senador.

Asimismo, el referente de la oposición advirtió sobre la posibilidad de que los afiliados sean víctimas de estafas, fraudes o suplantación de identidad. Por este motivo, reclamó conocer los protocolos de seguridad informática del IOMA, la existencia de auditorías previas y las medidas de mitigación adoptadas tras el hecho.

Desde el IOMA se vinculó el incidente al grupo Chronus Team, una firma con antecedentes de filtraciones en diversos países de América Latina. Ante esta situación, la obra social inició las denuncias penales correspondientes y alertó sobre la presencia de falsos gestores que podrían contactar a los usuarios con excusas como la renovación de credenciales.

Finalmente, el senador sentenció que el control legislativo es una herramienta esencial para garantizar la transparencia y el adecuado funcionamiento de la administración pública, buscando con este pedido fortalecer los estándares de protección de datos en las instituciones bonaerenses.

En el marco del Día Mundial de la Salud, Raúl Escudero, titular de la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil (Amemt), estuvo en el Desayuno de  Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1. El dirigente realizó un balance del crecimiento de la institución, que hoy cuenta con una estructura de 65 empleados directos y cerca de cien profesionales de la salud, consolidándose como un actor central en la prestación de servicios sanitarios en la ciudad.

Destacó que el trabajo de la mutual es el resultado de un esfuerzo colectivo. "Nadie puede hacer nada absolutamente solo. Todos y cada uno de los que trabajan en Amemt cumplen con su granito de arena, desde el personal de maestranza hasta los profesionales de distintas especialidades", señaló. Como ejemplo de la intensidad prestacional, mencionó que en una sola jornada se llegaron a realizar 16 cirugías oftalmológicas, además de intervenciones vinculadas a accidentes deportivos y otras patologías.

Sin embargo, el foco de la preocupación del dirigente estuvo puesto en la situación de los jubilados de María Ignacia Vela. Escudero reportó que, desde el primero de marzo, más de 300 adultos mayores de la localidad rural se encuentran sin médico de cabecera asignado por PAMI. "Es una situación de abandono. El médico de cabecera es quien los atiende y les prescribe las recetas; hace un mes y siete días que no tienen esa cobertura básica", sentenció.

Ante la falta de respuestas oficiales, Amemt decidió intervenir enviando especialistas de  la localidad para garantizar la atención de urgencias y la prescripción de medicamentos. No obstante, esta acción solidaria se topó con obstáculos burocráticos. Relató que recibieron un llamado del Colegio Médico advirtiendo que la profesional enviada no contaba con un consultorio habilitado en el lugar.

"Esto es patético", calificó el referente. "Es como si en un accidente de ruta un médico se detiene a ayudar y le cuestionan que no tiene el consultorio habilitado. Estamos hablando de una emergencia de 300 jubilados". Raúl Escudero apuntó directamente contra la cadena de responsabilidades, mencionando tanto a la obra social nacional como al gobierno local.

“Si PAMI no da una solución, el Estado municipal tiene la obligación de manera transitoria de buscar una alternativa. María Ignacia Vela pertenece al partido de Tandil y la Municipalidad tendría que haberse preocupado por esos abuelos”

Explicó que, aunque existen profesionales dispuestos a radicarse o viajar a Vela, el alta como médicos de cabecera depende de una gestión de PAMI que se encuentra demorada desde octubre del año pasado. Además, criticó la acefalía en la agencia local de la obra social: "Se nota que no hay jefe en Tandil. Los empleados le ponen la mejor voluntad, pero la falta de una referencia política y administrativa complica todo para los afiliados".

Más allá de las denuncias, se mostró entusiasmado por los avances en la infraestructura de AMEM. La mutual se encuentra en la etapa final de obra de su nuevo edificio en la calle 4 de Abril, un espacio de 3000 metros cuadrados destinados íntegramente a la salud. El proyecto incluye un moderno centro de recuperación fisiátrica que promete ser referente en la región.

Detalló que el primer piso albergará un gimnasio de amplias dimensiones, boxes de kinesiología y espacios específicos para diversas especialidades. "Nos está empezando a agarrar ansiedad porque cada día nos entusiasma más cómo está quedando el edificio. Esta semana colocaremos el piso en el gimnasio y ya se están instalando las camillas", adelantó. Según Escudero, el objetivo es ofrecer una calidad de servicio integral donde el paciente pueda realizar consultas, análisis y estudios de diagnóstico en un mismo lugar, optimizando los tiempos de los adultos mayores.

Consultado sobre sus aspiraciones políticas de cara al futuro, la máxima autoridad confirmó su intención de encabezar una propuesta electoral bajo una plataforma vecinalista. El directivo marcó una clara distancia de las estructuras partidarias tradicionales y de la actual conducción del peronismo local. "Queremos ser una opción para los tandilenses. Nos ponemos de acuerdo en las cosas que podemos modificar desde Tandil, sin que nos influyan las peleas a nivel nacional", explicó.

Raúl Escudero fue crítico con la dirigencia que "vive del sueldo del Estado" sin experiencia previa en el sector privado. “Hay una gran diferencia entre los que gestionamos, asumimos responsabilidades y podemos mostrar qué cosas hemos hecho, y aquellos que hace años cobran del Estado pero no tienen capacidad para mostrar gestiones concretas”. En ese sentido, subrayó que su grupo está integrado por personas que no necesitan de cargos públicos para subsistir, sino que buscan aportar su experiencia a la ciudad.

Finalmente, el titular de AMEM se refirió a la crisis que atraviesan las obras sociales y cómo esto impacta en el sistema público de salud. Advirtió que la salud pública está explotada debido a que miles de cápitas de obras sociales que no funcionan terminan derivando en el Hospital Municipal Ramón Santamarina. "Es imposible que el hospital funcione con 18.000 nuevas cápitas incorporadas por el mal funcionamiento de las prestadoras", analizó.

Respecto a IOMA,  lamentó la falta de novedades sobre las deudas que la obra social bonaerense mantiene con la mutual. "Pensamos que la visita del gobernador nos traería el pago de las deudas de principios del año pasado, pero no fue así. Hay una desconexión entre lo que se dice y la realidad que vivimos los prestadores en Tandil", concluyó, reafirmando su compromiso de seguir reclamando por los derechos de los trabajadores y jubilados de la ciudad.

La ciudad de Tandil dio inicio esta semana a una de las instancias más esperadas del calendario sanitario anual: la vacunación antigripal para los afiliados de la obra social de los jubilados y pensionados. Tras el lanzamiento oficial de la campaña por parte de PAMI, las dosis comenzaron a desembarcar en el partido, permitiendo que los grupos de riesgo inicien su proceso de inmunización antes de que las bajas temperaturas se instalen de forma definitiva en la región.

Silvina Calvi, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tandil, brindó detalles sobre el estado de situación en las farmacias locales y explicó que, si bien la campaña estaba prevista para arrancar el lunes 30, la logística de distribución presentó algunas particularidades debido al reciente fin de semana largo y la complejidad del transporte de estos insumos biológicos. 

Las vacunas llegaron finalmente el lunes por la tarde, aunque la disponibilidad en los mostradores depende directamente de los tiempos de entrega de las droguerías oficiales.

Al respecto, Calvi señaló que la llegada de las dosis será gradual y escalonada. Según explicó la farmacéutica, “hay droguerías que ya las distribuyeron y otras que no. Llegó una tanda muy pequeña de vacunas porque todavía no se han liberado todos los lotes de vacunas, entonces mandan una pequeña tanda como para que todas las farmacias tengan unidades y empiecen a vacunar, entonces se empieza llegar a toda la población”. 

Uno de los puntos críticos en la distribución de la vacuna antigripal es el mantenimiento estricto de la temperatura. Calvi detalló que la demora experimentada en algunas farmacias se debió a la necesidad de garantizar que las unidades no perdieran efectividad durante el traslado. Al tratarse de productos que requieren refrigeración constante, el feriado previo representó un desafío logístico para los transportistas y las droguerías.

“Lo que pasó es que las vacunas son refrigeradas, entonces tienen que ir con cadena de frío y justo estuvo el fin de semana de por medio, y no pueden largar las vacunas y que queden en un transporte, entonces las vacunas salen a la mañana bien refrigeradas y llegan a la tarde, o de un día al otro, pero justo estaba el feriado y las vacunas llegaron el viernes a la droguería”, precisó la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Tandil. Por este motivo, se optó por realizar los envíos el lunes para asegurar que llegaran a destino en correcto estado de conservación.

Se espera que a medida que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) vaya autorizando nuevos lotes de producción, las droguerías refuercen los envíos diarios a las farmacias de Tandil. Esta dinámica permitirá que el flujo de vacunas sea constante y se pueda dar respuesta a la alta demanda que suele registrarse en las primeras semanas de la campaña.

Para esta etapa inicial, el acceso a la inmunización está simplificado para los mayores de 65 años. Los afiliados de PAMI comprendidos en este rango etario solo deben acercarse a su farmacia de confianza portando su DNI y la credencial de la obra social. No es necesario presentar una receta médica, lo que agiliza notablemente el trámite y fomenta una mayor concurrencia de los beneficiarios.

En cuanto a la modalidad de atención, Calvi advirtió que cada establecimiento tiene su propia organización interna. Mientras que algunas farmacias han optado por el sistema de turnos para evitar aglomeraciones y esperas prolongadas, otras vacunan de forma espontánea durante todo su horario de apertura. Por ello, la recomendación primordial es que los interesados consulten previamente en su farmacia habitual para conocer la disponibilidad de dosis y la modalidad de aplicación.

Por otro lado, la situación para los afiliados de IOMA presenta un cronograma diferenciado. Según indicó la referente farmacéutica, la vacunación para este sector está prevista para comenzar el uno de abril. Aunque las dosis aún no han arribado a las farmacias, existe plena confianza en que el suministro se regularizará en el transcurso de los próximos días.

Para los beneficiarios de la obra social provincial, el esquema de acceso será similar al de PAMI para los mayores de 65 años, quienes podrán vacunarse sin receta. Sin embargo, para los menores de esa edad que pertenezcan a grupos de riesgo por patologías crónicas, será obligatorio presentar la receta debidamente autorizada por IOMA. Este control es fundamental para priorizar a quienes poseen condiciones de salud que podrían agravarse ante un cuadro gripal.

Desde el ámbito sanitario se hace especial hincapié en que la inmunización no es inmediata. El organismo requiere de un tiempo prudencial para desarrollar los anticuerpos necesarios tras la aplicación de la dosis. Por este motivo, los profesionales de la salud insisten en que los vecinos no demoren su visita a la farmacia una vez que las dosis estén disponibles.

“Siempre recordamos que cuanto antes nos vacunemos es mejor porque la vacuna demora unos días en generar inmunidad, entonces cuanto antes nos vacunemos llegamos mejor al invierno”, enfatizó Calvi. La ventana de oportunidad que ofrece el otoño es clave para que, al momento de la mayor circulación viral, la población de riesgo ya cuente con las defensas optimizadas.

La campaña antigripal en Tandil se presenta como una herramienta esencial de prevención primaria. Al reducir las posibilidades de complicaciones graves y hospitalizaciones, la vacunación masiva no solo protege al individuo, sino que también contribuye a no saturar el sistema de salud pública durante los meses más críticos del año. Con el compromiso de las farmacias y la responsabilidad de los ciudadanos, se busca alcanzar niveles de cobertura que garanticen un invierno más seguro para toda la comunidad.

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informó que detectó un ataque cibernético que involucra los padrones de afiliación de la obra social. Según indicaron desde el organismo, el incidente no implicó la vulneración de datos personales sensibles ni afectó el normal funcionamiento de los sistemas del Instituto.

Ante esta situación, también se emitió una advertencia dirigida a jubilados y pensionados vinculados al Instituto de Previsión Social (IPS), con el objetivo de prevenir posibles intentos de fraude a partir de información obtenida en el marco del ataque.

Desde ambos organismos recordaron que nunca solicitan información personal, claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos sensibles a través de llamados telefónicos, WhatsApp, redes sociales o mensajes enviados desde canales no oficiales.

En ese sentido, desde la página oficial de IOMA advirtieron sobre la posible aparición de falsos gestores que podrían contactar a afiliados con excusas como “actualizar el padrón”, “renovar credenciales” o “confirmar datos”. Según señalaron, estas maniobras pueden tener como objetivo concretar traspasos fraudulentos o vaciar cuentas bancarias.

Frente a cualquier contacto sospechoso, recomendaron no responder mensajes ni hacer clic en enlaces enviados por remitentes desconocidos, bloquear el número o perfil que realiza el contacto y realizar la denuncia a través de los canales oficiales habilitados por IOMA o el IPS.

Asimismo, insistieron en que bajo ninguna circunstancia se deben compartir claves, contraseñas, códigos de verificación ni datos vinculados a la Clave Fiscal o a cuentas bancarias.

La lucha de Lucía Yancovich para que su hija, Cataleya, reciba el tratamiento necesario para evitar un mayor deterioro a un estado de salud delicado, sigue en pie ante la falta de respuestas óptimas por parte de IOMA. La nena, de cinco años, padece una discapacidad que requiere de variados cuidados y en los últimos meses se sumó la complicación de la rotura del botón gástrico, el cual cumple un rol fundamental a la hora de la alimentación.

“Todavía estoy en veremos”, actualizó Yancovich sobre la situación que tomó estado público en los últimos días del mes de febrero. A través de estas páginas se supo que Cataleya sufrió la rotura del botón gástrico sobre el cierre del año pasado y desde entonces no ha recibido el insumo para reemplazarlo. Los pedidos se hicieron a su debido tiempo e incluso se presentó un amparo pero aun así no hubo respuesta satisfactoria.

Vale recordar que en 2024 atravesaron el mismo inconveniente. En ese entonces, la nena tenía tres años, acababa de salir de una operación y su médico reclamaba a la obra social provincial la entrega de esa sonda que había solicitado hace cinco meses de manera “urgente”. Al recordar la situación, Yancovich indicó que la demora para recibir el insumo fue de casi siete meses y además se entregó un botón gástrico que no tenía la medida solicitada, lo que generó una demora extra.

En la actualidad se reiteró la situación de la entrega de un insumo erróneo. “Le llegó uno que no es el que le pidió el médico, uno que nada que ver. El médico se lo colocó pero no puede usar la bomba con el botón, por la vía, porque pierde”, comentó Yancovich a este diario respecto al nuevo problema que se le presenta en esta continuidad de desatención por parte de IOMA.

Según informó, el médico de cabecera de la nena realizará nuevamente la orden con el pedido del botón necesario para evitar que continúe el deterioro en la salud de Cataleya. Hasta solucionar este inconveniente, la menor se alimenta con nutrientes pasados por una jeringa.

Cataleya presenta problemas neurológicos y sufrió un ACV que le impiden alimentarse por sus propios medios, por lo que es sumamente necesaria una atención especial brindada por distintos profesionales para su desarrollo. Su madre había detallado que tenía internación domiciliaria desde hace cinco años, pero que desde diciembre de 2025 no le pagaban a los médicos que la atendían. “No cobran desde noviembre y, sin embargo, seguían viniendo por la nena”, había asegurado.

Respecto a esto, la mamá de Cataleya informó que los profesionales todavía no cobraron por sus prestaciones y que no se sabe si IOMA transfirió la plata a la empresa encargada de brindar el servicio o no. “Me están manipulando porque no sé a quién creerle. La abandonaron a Cata tanto IOMA como la empresa que ni siquiera vinieron a retirar el tubo de internación. Están en falta y lo saben muy bien”, indicó. 

Durante el último mes, la empresa Interdom, especializada en internaciones domiciliarias, pasó un presupuesto a IOMA y según contó Yancovich, “están esperando el OK, lo mismo de siempre”. Desesperada por la espera, la madre se puso en contacto con trabajadores de la oficina local de la obra social quienes les aseguraron que en las próximas horas podría tener novedades positivas al respecto porque está el amparo y la empresa fue dada de alta.

“Me dijeron que hoy seguramente voy a tener noticias de algo. Ni yo sé dónde estoy parada porque me tienen a las vueltas. IOMA más que nada, tiene que decir sí y ya está. IOMA no da el ok directamente, la toma pero todavía no aprieta el botón para que Cataleya tenga todo lo que tiene que tener, les cuesta”, reflexionó sobre la situación.

Al igual que hace un mes, cuando con desesperación reclamó la atención que merece y requiere su hija, Yancovich sigue manteniendo el pedido para que la nena “tenga sus terapias como se debe”. Cataleya no camina, no habla por lo que la internación domiciliaria es necesaria. Además el botón gástrico es vital para la nutrición de la niña. “Se viene el feriado y va a quedar todo en la nada, la nena necesita aunque sea que le den el OK de IOMA pero no se está moviendo nada”, concluyó.

El titular de la mutual Amemt, Raúl Escudero, y el exfiscal Fabio Molinero participaron del desayuno de Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, donde brindaron detalles de una iniciativa conjunta que busca saldar una deuda histórica en la ciudad: la creación de un centro terapéutico para el consumo problemático

La propuesta surge como respuesta a un diagnóstico preocupante sobre el crecimiento del consumo de sustancias y la falta de recursos estatales suficientes para atender la demanda de las familias tandilenses.

Fabio Molinero realizó un análisis retrospectivo sobre la evolución del narcotráfico y el consumo en la región. Según el ex fiscal, el punto de inflexión se produjo entre los años 2014 y 2015, cuando comenzó a registrarse el ingreso de sustancias con un poder de daño superior, como el crack y la pasta base. "Hoy estamos en un contexto donde lo que decíamos hace 12 años es una realidad", advirtió quien señaló que el deterioro físico y social que producen estas drogas genera un impacto devastador en los jóvenes y sus entornos familiares.

Fue categórico al señalar que las políticas públicas no se enfocaron adecuadamente en la prevención y la asistencia. En ese sentido, explicó que el proyecto actual se centra en la demanda, es decir, en las personas que ya padecen el consumo problemático. "Faltan dispositivos de internación y una comunidad terapéutica que logre atender situaciones de inmediatez", afirmó, destacando que muchas familias vulnerables quedan al margen de los tratamientos privados, cuyos costos pueden oscilar entre los dos y tres millones de pesos mensuales.

El proyecto cuenta con el respaldo institucional de Amemt, que se comprometió a proveer el recurso humano necesario para el funcionamiento del centro. Raúl Escudero informó que el viernes pasado mantuvieron una reunión formal con la secretaria y el subsecretario de Bienestar Social de la Municipalidad de Tandil para presentar la idea y buscar puntos de colaboración. En dicho encuentro participaron también referentes con experiencia en el área, como Fito Medina, Gastón Canales y Mario Raimondi.

"No todo es dinero, es cuestión de convicción", enfatizó , quien relató que su motivación personal y profesional se vio impulsada por casos trágicos recientes en la ciudad. El dirigente remarcó la necesidad de coordinar la infraestructura vigente, incluyendo al CPA (dependiente de la provincia de Buenos Aires) y los recursos municipales, para ponerlos al servicio de un tratamiento integral. La solicitud concreta al Ejecutivo local incluye la cesión de un espacio físico, ya sea una casa o un terreno, preferentemente ubicado fuera del casco urbano.

Uno de los puntos más debatidos durante la charla fue la aplicación de la Ley de Salud Mental. Molinero calificó como una "barbaridad" las dificultades que enfrentan los padres para lograr la internación de sus hijos cuando la voluntad del paciente está viciada por el consumo. "Hay cantidad de madres dando vuelta con temor de que sus hijos cometan un delito o se agredan ellos mismos", describió el ex fiscal, instando a ordenar los organismos existentes para realizar un seguimiento progresivo de los casos.

Asimismo, se planteó una fuerte crítica hacia la Justicia Federal y la falta de investigaciones de fuste contra el narcotráfico a gran escala en la región. Molinero recordó las carencias logísticas que enfrentan las fuerzas de seguridad dedicadas a las drogas ilícitas, mencionando que en muchas ocasiones carecen de vehículos o recursos básicos para llevar adelante los operativos. "Si el tema fuera prioridad, tendrían los recursos que deben tener", sentenció.

Hacia el cierre de la entrevista, Raúl Escudero aprovechó la presencia del gobernador en la ciudad para reiterar un reclamo que afecta directamente al sector de la salud local. Con un tono irónico pero firme, solicitó que se regularicen los pagos adeudados a las farmacias. "Si nos traen el cheque de la deuda de IOMA de enero y febrero del año 2024, pueden pasar por cualquiera de las farmacias y dejarlos", expresó, subrayando que la salud debe ser una prioridad real en la agenda de la justicia social.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó una medida cautelar que obliga al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a cubrir los costos de una cirugía y tratamiento médico de urgencia realizados en Tandil.

Según publicó el medio En Línea Noticias, el caso fue iniciado por una mujer en representación de su esposo, afiliado obligatorio a la obra social provincial por su condición de agente del Ministerio de Trabajo bonaerense. En primera instancia, el Juzgado en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial Azul ordenó a IOMA pagar en un plazo máximo de 24 horas más de 43 millones de pesos correspondientes a los gastos médicos ya devengados, además de asumir los costos de la internación y el tratamiento posterior hasta la recuperación del paciente.

La obra social apeló la decisión, pero la Cámara rechazó el recurso al considerar que el planteo presentado carecía de fundamentos suficientes para cuestionar el fallo. En su voto, el juez Marcelo Mora destacó que el cuadro clínico del paciente evidenciaba una situación de extrema gravedad. Según surgió de la documentación médica, el afiliado padecía una “obstrucción aguda de ilíaca derecha”, una condición que requería atención inmediata.

El tribunal recordó que, en materia sanitaria, las demoras pueden generar consecuencias irreparables. En ese sentido, el fallo subrayó: “La irreparabilidad del daño se convierte en el eje vertebral sobre el cual pivota la decisión de alterar el estado de cosas vigente antes del dictado de la sentencia de fondo”.

La Cámara también valoró que los informes médicos indicaban que el cuadro del paciente “no permitía dilaciones indebidas en su traslado a un centro médico de alta complejidad”, lo que evidenciaba la urgencia del tratamiento. En ese contexto, los magistrados remarcaron que la obligación de la obra social de garantizar la atención médica no constituye una simple carga administrativa.

Según el fallo, “la obligación legal del IOMA de brindar las prestaciones sin demoras injustificadas no es una mera carga administrativa, sino un mandato derivado de la protección superior del derecho a la salud”. Asimismo, el tribunal resaltó que el derecho a la salud y a la vida del paciente se encuentran protegidos por la Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos.

Por otro lado, la Cámara consideró que el recurso presentado por IOMA no logró refutar los fundamentos de la decisión de primera instancia. Sostuvo que los argumentos de la obra social “se desentienden de lo probado y resuelto, constituyendo meras opiniones discrepantes sin demostrar la existencia del error atribuido al juzgador”. La resolución fue firmada por los jueces Marcelo Mora y Marcelo Ucín.

La nueva composición de la Cámara de Diputados bonaerense comenzó el 2026 con un reclamo directo hacia el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por la aplicación de prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El diputado de La Libertad Avanza, Pablo Morillo, presentó un pedido de informes para que el organismo que lidera Homero Giles detalle por qué todavía no puso en marcha el Nomenclador Nacional anunciado en octubre de 2025.

“Presenté un pedido de informes para que IOMA detalle su incumplimiento en la implementación del Nomenclador Nacional de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, anunciado en octubre de 2025”, expresó el referente libertario, quien hizo hincapié en que el anuncio oficial había fijado una fecha concreta para su aplicación.

En ese contexto, el dirigente provincial recordó que la entrada en vigencia del nomenclador se había fijado para el 1° de enero de este año. No obstante, el proyecto señala que el organismo bonaerense aún no puso en marcha el esquema anunciado por el Ejecutivo que encabeza Axel Kicillof.

Vale precisar que el Nomenclador Nacional, creado en la década de los noventa, funciona como referencia para la definición de códigos y valores de prestaciones en centros de día, hogares, transporte y educación especial. Durante más de tres décadas, el esquema sirvió como parámetro para ordenar la contratación y la facturación dentro del sistema de atención a personas con discapacidad.

En octubre de 2025, las autoridades del IOMA anunciaron la adhesión a este sistema y confirmaron que adoptarían el modelo nacional como base para su propio esquema de nomenclatura. En ese contexto, la conducción del organismo presentó la decisión como un paso hacia la jerarquización interna y como una herramienta para regularizar las modalidades de contratación que hasta entonces convivían bajo distintos mecanismos administrativos.

No obstante, el pedido de informes de La Libertad Avanza solicita que la administración provincial detalle las razones por las cuales no se puso en marcha la nueva herramienta y exige que el gobierno de Kicillof precise los plazos previstos para la efectiva aplicación del nomenclador.

La iniciativa también requiere que la mutual provincial informe qué acciones concretas impulsó desde el anuncio oficial para garantizar la implementación del nuevo esquema. Además, los legisladores opositores firmantes solicitan que el Ejecutivo detalle si efectuó alguna evaluación sobre las consecuencias que implica la demora en la cobertura de servicios.

De esta manera, Morillo, quien asumió su banca en diciembre pasado tras el recambio legislativo, formalizó una de las primeras iniciativas de control parlamentario del año, un movimiento que anticipa el perfil de su agenda opositora. De hecho, en los fundamentos del proyecto, el representante de la Segunda sección sostuvo que el Nomenclador Nacional para Personas con Discapacidad resulta clave para asegurar un acceso efectivo, equitativo y continuo a los beneficios.

Bajo esa premisa, el proyecto repara en las facturas adeudadas a prestadores médicos, terapéuticos y asistenciales, lo que, según el bloque libertario, compromete la previsibilidad y la sostenibilidad del sistema de atención. Al mismo tiempo, la presentación puntualiza que el tiempo transcurrido entre el anuncio y la fecha prevista para su entrada en vigencia resultó suficiente para que IOMA realizara las adaptaciones necesarias.

En su primera intervención pública tras asumir como subsecretario de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Tandil, Alejo Alguacil participó en el desayuno de Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1. Durante la entrevista, el funcionario, que recientemente dejó su cargo en la Vicejefatura de Gabinete, compartió su visión sobre los desafíos de una gestión que hoy debe dar respuestas inmediatas en un contexto de fuerte desfinanciamiento por parte de los estratos superiores del Estado.

Explicó que su desembarco en el área tuvo como objetivo principal aportar una mirada integral para coordinar un engranaje institucional que ya se encontraba en funcionamiento bajo la conducción del intendente Miguel Lunghi y la secretaria Juliana Esquivel. Según sus palabras, el trabajo en los barrios no se limitó únicamente a la asistencia directa, sino que se articuló de forma constante con las áreas de Salud, Cultura y Obras Públicas, entendiendo que el concepto de hábitat trasciende lo habitacional para enfocarse en la calidad de vida de los vecinos.

Sin embargo, la preocupación cuando se abordó la relación con la administración nacional. Alguacil fue categórico al señalar que la Municipalidad de Tandil comenzó a experimentar una sensación de soledad frente a la retirada de programas y recursos fundamentales. "La inversión en prevención de adicciones en Tandil por parte del Estado nacional es hoy cero", sentenció con crudeza, al tiempo que advirtió que el gobierno local debió redoblar esfuerzos para sostener convenios con espacios territoriales y evitar que se desmorone una política integral que impacta directamente en la cohesión social.

Alguacil detalló la situación de la Asociación Civil Manos Abiertas. Tras mantener reuniones con sus autoridades, el subsecretario confirmó que la institución arrastraba deudas de tres meses por parte de IOMA y PAMI. Esta última obra social, además, dejó de cubrir el servicio de transporte, una decisión que puso en jaque la continuidad operativa del centro de día y generó una profunda incertidumbre entre los concurrentes y sus familiares.

Ante la consulta de una oyente preocupada por el posible cierre de la entidad,  Alejo Alguacil buscó transmitir tranquilidad, aunque no ocultó la complejidad del panorama. Aseguró que, cuando desaparece una parte del Estado, es la gestión local la que debe pensar alternativas para garantizar la continuidad de los servicios. "No podemos sustituir la responsabilidad nacional o provincial, pero la urgencia es de cercanía y hay que usar la creatividad para que estos espacios no cierren", afirmó, remarcando que el municipio no permitiría el desamparo de las familias.

En este sentido, el subsecretario vinculó la problemática social con la agenda de seguridad. Para Alguacil, el debate sobre el consumo de sustancias y la marginalidad suele aparecer en la opinión pública solo cuando se relaciona con el delito, lo cual consideró un error de enfoque. Sostuvo que el abordaje debe ser multicausal y que el municipio nunca estuvo ausente en la prevención, pero reconoció que resulta imposible obtener resultados sostenibles si desaparece el financiamiento para los programas de contención y salud mental.

Finalmente, el funcionario recalcó que la gestión local requiere del acompañamiento activo de la Justicia y de las áreas de Niñez y Salud de la Provincia. Explicó que, si bien el municipio es la primera ventanilla de reclamo para el ciudadano, su capacidad presupuestaria tiene límites frente a la magnitud de la crisis. Para Alguacil, el sostenimiento de la red social de Tandil depende hoy de una ingeniería administrativa constante que intenta suplir los baches que dejó la gestión nacional en el territorio.

Más allá de su rol ejecutivo, dedicó una parte de la entrevista a reflexionar sobre el presente de la Unión Cívica Radical (UCR). Como cuadro político del partido, abogó por una reconstrucción que recupere los principios históricos de la fuerza, tales como la defensa de la educación pública y el fomento de la movilidad social ascendente. En su análisis, el radicalismo debe evitar caer en la "lógica tramposa" de las alianzas electorales que terminan desdibujando su propia identidad ideológica frente a la sociedad.

Se mostró autocrítico respecto al funcionamiento interno del partido y señaló que faltó una actitud crítica para marcar diferencias cuando las políticas de turno se alejaron de los preceptos radicales. "La política muchas veces se amolda al discurso que consigue votos en lugar de liderar con una planificación", analizó Alguacil. Para el subsecretario, el desafío actual radica en fortalecer los debates internos para ofrecer una alternativa clara que se diferencie de las propuestas que solo plantean escenarios de polos opuestos y confrontación.

En su visión, el proceso de reconstrucción partidaria es indispensable para enfrentar los desafíos que vienen. Consideró necesario que los militantes y dirigentes se reúnan para definir con precisión quiénes son y qué representan en el mapa político actual. Esta definición de identidad es, según sus palabras, el único camino para que el radicalismo vuelva a ser una guía para la gestión pública, basada en una planificación seria y en el respeto por las instituciones que históricamente defendió el partido de Alem e Yrigoyen.

Alguacil reiteró su compromiso con la gestión de Miguel Lunghi, destacando que el modelo de Tandil sigue siendo un ejemplo de resistencia ante la falta de apoyo externo. No obstante, dejó en claro que la política requiere de consensos y de un Estado presente en todos sus niveles para garantizar que los derechos básicos de la población no queden sujetos exclusivamente a la capacidad de maniobra de un presupuesto municipal cada vez más exigido.