La precarización del empleo municipal en la provincia de Buenos Aires le genera al Ioma un agujero superior a los 90 mil millones de pesos anuales.

Hay actualmente, en todo el territorio bonaerense, alrededor de 300 mil trabajadores municipales, pero sólo el sesenta por ciento tiene estabilidad laboral, el cuarenta restante se enmarca en figuras de contratación precarias, como monotributistas y cooperativistas.

Además de la pérdida de derechos, significa un problema financiero severo para las instituciones de la seguridad social y la salud provincial, concretamente IPS y Ioma.

Un estudio realizado por el sector indica que esos trabajadores dejan de aportar el 4,8 por ciento de sus salarios cada mes y otro tanto sus empleadores. Tomando un sueldo promedio para el sector, de 700 mil pesos, ese porcentaje da 33.600 pesos.

Como el municipio debería aportar otro tanto, la pérdida es de 67.200 pesos por cabeza por mes, más de 800 mil anuales. Con un cálculo muy conservador, si hubiera cien mil monotributistas trabajando en los municipios bonaerenses, lo que se deja de recaudar son al menos 90 mil millones anuales, aproximadamente entre 5 y 7 puntos de la masa total de recursos.

Este es uno de los debates pendientes, que el sector reclama discutir en el Consejo de Empleo Municipal, una figura creada a través de la Ley 14.656 de 2014, que ni Daniel Scioli ni María Eugenia Vidal concretaron.

El gobernador actual se comprometió públicamente a hacerlo en más de una oportunidad, pero la convocatoria fue suspendida por el ministro de Trabajo, Walter Correa. Ahora la anuncia para marzo de 2027.

Esa ley, que regula todos los aspectos del empleo municipal, lleva la firma del entonces diputado por la tercera sección Hernán Doval, que hoy es secretario general de la Fesimubo. El propio Doval anunció recientemente que se preparan “para un conflicto prolongado”.

La semana pasada cortaron durante tres horas la colectora de Panamericana a la altura de la ruta 197. La medida es la continuidad de otras similares que ya se dieron recientemente en Bahía Blanca, Cañuelas, Tigre e Ituzaingó. Además, preparan un corte sorpresivo en el Puente Pueyrredón, cuya fecha y hora guardan con celo.

El Consejo es un espacio institucional, tripartito y vinculante, en el que deberían discutirse cuestiones como los pases a planta y el tope al uso de figuras precarias, como los mencionados que desfinancian al Ioma y al IPS en un contexto extremadamente complejo.

El motivo de la demora en su conformación, sostienen desde el sector municipal, tiene que ver con la presión de otros gremios que no alcanzan el piso de representación exigido por la norma, pero igual quieren integrarlo.

Frente a esta situación, la federación mayoritaria ofreció “salir por arriba”, esto es, que se sumen como oyentes. Pero, a juzgar por las demoras, no parece satisfactoria. Sin embargo, si el plan de lucha municipal sigue escalando, es probable que sus bases reclamen a otros sindicatos de empleados públicos una conducta similar. NA

Luján Fiego asumió recientemente su banca como senadora provincial, luego de desempeñarse como concejal de La Libertad Avanza en Tandil. La legisladora participó de La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, donde repasó sus primeras impresiones en la Legislatura bonaerense y planteó los principales temas que buscará abordar.

Fiego explicó que llegó al Senado para ocupar la banca que quedó vacante tras la asunción de Guillermo Montenegro como intendente de Mar del Plata y señaló que su agenda estará vinculada especialmente con áreas bajo responsabilidad provincial.

“En mi caso, mi interés particular y que tiene que ver con mi trayectoria es todo lo educativo y lo que sucede con IOMA, temas que son responsabilidad directa de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

En ese marco, cuestionó al gobernador Axel Kicillof por sus críticas al Gobierno nacional y rechazó que los problemas de infraestructura escolar sean atribuidos exclusivamente a la Nación. “Las escuelas son de la provincia. El fondo educativo sigue llegando. Cuando escucho al gobernador decir que la culpa es de Milei, me parece que es no tener vergüenza”, afirmó.

Sobre las posibilidades de impulsar cambios desde la Legislatura, Fiego reconoció que el escenario es complejo por la falta de mayorías, aunque consideró que el rol parlamentario también implica visibilizar los problemas de los bonaerenses. “Si el Senado es el lugar para proponer cambios, quejarse y señalar, hay que hacerlo. Después, al que hay que decirle las cosas es al bonaerense que tiene que ir a votar”, expresó.

Luján Fiego recordó además un proyecto que presentó en Tandil junto a Federico Sánchez Chopa para que los empleados municipales pudieran optar por otra obra social ante las dificultades con IOMA. Según explicó, la iniciativa no logró avanzar en las comisiones por falta de acompañamiento de otros bloques. “Es una ineficiencia de un estado elefantiásico. Lo comprobé al llegar al Senado”, cuestionó.

La senadora también ubicó a la seguridad como uno de los principales problemas de la Provincia y sostuvo que los municipios terminan afrontando gastos que deberían corresponder a la administración bonaerense.

Fiego mencionó, entre otros puntos, el mantenimiento de dependencias policiales y el combustible, y planteó que los vecinos terminan afrontando distintos costos para acceder a seguridad. “El vecino paga tres veces por lo mismo: a través de sus impuestos, mediante tasas municipales y luego contratando seguridad privada por su cuenta”, señaló.

Antes de asumir su banca provincial, Fiego presidió la Comisión de Tránsito del Concejo Deliberante de Tandil, donde participó del debate sobre la regulación de las aplicaciones de transporte.

En ese sentido, destacó el consenso alcanzado para avanzar con un marco que contemple seguridad, seguros y registros, al tiempo que permita desarrollar la actividad laboral. “Fue una alegría ver que se logró un acuerdo. Es un tema que requiere cuidado, seguros y registros, pero que también permite que la gente pueda trabajar”, sostuvo.

Finalmente, Luján Fiego se refirió al escenario político provincial y manifestó su preocupación por una eventual paralización de la gestión producto de las disputas internas dentro del oficialismo.

“Me preocupa que el Estado provincial se detenga en pos de una pelea interna entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro. Mientras tanto, los bonaerenses siguen esperando soluciones”, concluyó.

Este martes quedó oficialmente inaugurado el Servicio de Oncología de la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil (Amemt), que estará especialmente destinado a los afiliados a PAMI.

El acto inaugural se realizó a las 12 en el Edificio de Salud ubicado en 4 de Abril 1075 y contó con la presencia de las autoridades de la Mutual, de PAMI y de los médicos que estarán a cargo del servicio.

Durante la puesta en marcha, el presidente de Amemt, Raúl Escudero, destacó el trabajo realizado junto a PAMI para concretar la prestación, que tendrá como destinatarios principales a los afiliados de la obra social de jubilados y pensionados en Tandil.

“Este servicio está apuntado especialmente a los afiliados del PAMI”, señaló.

En ese sentido, explicó que “ha sido PAMI quien ha tenido la decisión y la confianza de otorgarnos 2.300 cápitas para atender abuelos y abuelas de Tandil que estaban sin médicos de cabecera”.

El jefe de la Unidad de Gestión Local (UGL) XI de PAMI con sede central en Mar del Plata, Javier Vallejos, destacó también la importancia de incorporar el servicio a la oferta disponible para los afiliados.

“Teníamos que venir (a Tandil) por un par de cuestiones. Una, es el servicio que están inaugurando hoy, que para nosotros es muy importante porque lo ponés al servicio de nuestros afiliados; es un servicio muy sensible, muy delicado”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que “nuestros afiliados se merecen una prestación de calidad” y valoró la decisión de Amemt de invertir y desarrollar el espacio.

“El mérito es tuyo, el mérito es de tu equipo", dijo Vallejos a Escudero. 

Y siguió: "Son ustedes los que decidieron invertir, los que decidieron trabajar, los que decidieron apostar, los que decidieron ofrecer los servicios”.

La articulación entre Amemt y PAMI fue uno de los aspectos destacados durante el acto. Escudero puso el acento en que el proyecto pudo avanzar pese a las diferencias políticas entre quienes participaron de las distintas etapas.

“Hemos desarrollado una gestión en conjunto, como si fuéramos unos vecinos que nos juntamos para llevar adelante un proyecto”, afirmó.

Y agregó: “Acá no hay ideología, no hay nada; hay necesidades y responsabilidades de otros. Y terminamos en esto”.

En ese marco, celebró especialmente la presencia de Vallejos y de los tandilenses Martiniano Corbetta y Facundo Llano, ambos vinculados a la conducción de PAMI local en diferentes gestiones. Corbetta estuvo al frente de la oficina durante parte del Gobierno de Javier Milei y Llano durante la Presidencia de Alberto Fernández.

“Fíjense, cuando se trata de buenas personas y hay buena voluntad, se puede trabajar en un proyecto común”, valoró Escudero.

También recordó el vínculo que mantuvo con Corbetta durante su gestión. “Cuando Martiniano se hizo cargo de PAMI, tuvimos un vínculo personal y afrontamos un montón de situaciones complejas”, indicó.

Vallejos, por su parte, señaló que desde el organismo acompañaron las gestiones para que el servicio pudiera concretarse.

“Nosotros peleamos para que esto salga lo más rápido posible, encontramos un montón de dificultades a veces y las vamos sorteando”, explicó.

Y destacó la relación que pudo establecer con Escudero y su equipo: “Encontré una calidad de persona humana realmente increíble. Después conocí a tu equipo que me dio la misma sensación”, le transmitió.

El médico oncólogo Gonzalo Mandiola estará a cargo del nuevo servicio. Durante el acto agradeció a Escudero por la posibilidad, para él y el doctor Félix Urtasun, de incorporarse al proyecto, al que definió como una iniciativa de carácter “más vocacional y social, que empresarial”.

También remarcó el papel que tendrá el conjunto de trabajadores que formará parte de la prestación.

“Desde mi interpretación y desde mi entendimiento, el éxito y la calidad percibida de un tratamiento oncológico no depende tanto del médico sino del equipo”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el rol de las secretarias, enfermeras y del personal de Maestranza, al considerar que todos forman parte de la atención que reciben los pacientes.

También agradeció a sus colegas y “maestros de Buenos Aires, La Plata y Tandil”, además de dedicar un reconocimiento especial “a los pacientes, que son los verdaderos héroes en todo este lío”.

Escudero, en tanto, valoró la incorporación del profesional. “A mi izquierda está el Messi de la oncología argentina, aunque no lo quiera reconocer porque es muy humilde”, expresó.

Y agregó que representa “una doble satisfacción que Gonzalo Mandiola, uno de los mejores oncólogos de la Argentina, esté prestigiando nuestra institución”.

El presidente de Amemt explicó que la decisión también responde a la necesidad de acompañar a las familias frente a un diagnóstico oncológico.

“Cuando se produce el diagnóstico del cáncer, el shock que causa en una familia es tremendo; no lo cubre la obra social, no hay turno en el hospital y demás”, enumeró.

En ese contexto, señaló que la incorporación del especialista busca brindar una primera asistencia y acompañamiento.

“Como somos una institución que pensamos en la familia, que pensamos en la salud -y Gonzalo tiene mucho que ver con ese pensamiento- lo incorporamos a Gonzalo para que tengan su primera asistencia con él”, explicó.

En la inauguración también estuvieron presentes el director médico de Amemt, Martín Cecchetto; la jefa de la oficina local de PAMI, María José Terreros; y el médico oncólogo Félix Urtasun.

Raúl Escudero también inscribió la inauguración del Servicio de Oncología dentro del crecimiento de la infraestructura sanitaria de Amemt.

“En estos 37 años, pasamos de repartir pan a estar hoy compartiendo este tipo de servicios en un edificio que tiene 400 metros cuadrados destinados a la salud”, señaló.

Además, adelantó que la institución tiene todo preparado para poner en funcionamiento el Centro de Recuperación Fisiátrica una vez que se complete la documentación correspondiente en la Provincia.

En ese marco, volvió a destacar el compromiso asumido a partir de las 2.300 cápitas otorgadas por PAMI.

“PAMI tomó la responsabilidad de darnos 2.300 cápitas y nosotros asumimos un compromiso, porque hay que hacerse cargo de esa situación”, afirmó. Según indicó, la atención de esas cápitas comenzó en agosto.

Finalmente, Escudero lamentó que Amemt no pueda extender actualmente sus servicios a los afiliados de IOMA.

“Esta inversión se hizo con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pensando fundamentalmente en que íbamos a poder brindar el servicio a nuestros asociados, a los afiliados de IOMA, a los empleados municipales”, sostuvo.

Sin embargo, cuestionó que la Mutual no pueda prestar actualmente servicios a los afiliados de la obra social provincial y vinculó esa situación con deudas pendientes.

“Algunos que se dicen que son representantes de la justicia social metieron la cola, y no solo que no nos pagaron las prestaciones de enero y febrero del año pasado, sino que tampoco le podemos brindar servicios a los de IOMA”, afirmó.

De todos modos, aseguró que espera que la situación pueda modificarse. “Nada es para siempre. Algún día las cosas van a cambiar y toda esta infraestructura de servicios se la vamos a poder brindar a los afiliados de IOMA”, manifestó.

“Nos da mucha tristeza porque no es que no brindamos servicios nosotros y lo tienen por otros lados, no. Es totalmente negativo”, concluyó.

El Instituto de Previsión Social (IPS) y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) emitieron una advertencia dirigida a las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires ante la detección de una nueva modalidad de estafa.

A partir de las denuncias recibidas, se pudo establecer que delincuentes se comunican telefónicamente haciéndose pasar por empleados de ambos organismos. El engaño consiste en informar a las víctimas que han sido beneficiarias de un supuesto premio o regalo por su condición de jubilados, con el objetivo de generar confianza.

Una vez establecido el contacto, los estafadores intentan obtener datos personales, información bancaria o códigos de seguridad que posteriormente son utilizados para concretar el ilícito. Ante esta situación, las autoridades recordaron que ni el IPS ni el IOMA realizan llamados telefónicos para otorgar premios ni regalos.

Asimismo, se enfatizó que todos los trámites oficiales de ambos organismos son gratuitos. Por este motivo, se recomienda a la población no brindar información personal, claves, códigos de seguridad, ni realizar transferencias o pagos ante llamadas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o interacciones en redes sociales que resulten dudosas.

Los psicólogos bonaerenses de Berisso, Brandsen, Castelli, Chascomús, Ensenada, General Belgrano, General Paz, La Plata, Magdalena, Monte, Pila y Punta Indio llevarán adelante este viernes 2 de octubre un paro de 24 horas en la atención a afiliados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). La medida responde al reclamo por la falta de pago de los honorarios correspondientes a junio, julio y agosto, consolidándose como la tercera acción de fuerza del sector en lo que va de 2026.

Desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Buenos Aires (COLPSIBA) del distrito XI, señalaron que los prestadores aún no han percibido la totalidad de los montos por los servicios brindados durante el trimestre mencionado. Ante este escenario, los profesionales de la salud mental decidieron interrumpir las prestaciones por una jornada.

“Constituye una vulneración de los derechos laborales de los prestadores quienes, a pesar de ello, siguen garantizando la atención de la población pese a la ausencia de respuestas concretas por parte de la obra social”, manifestaron desde el Colegio.

La entidad advirtió que las consecuencias del conflicto trascienden el reclamo económico y afectan directamente el funcionamiento del sistema. Al respecto, los representantes del sector enfatizaron el impacto negativo sobre los pacientes: “El reiterado incumplimiento no afecta solo a quienes brindan las prestaciones: también compromete a los afiliados quienes corren el riesgo de ver interrumpidos tratamientos psicológicos continuos y de calidad”.

Este conflicto ha tenido diversos capítulos durante el año. En marzo, el distrito XI ya había suspendido la atención ante la falta de un cronograma de pagos. En aquel entonces, el titular de COLPSIBA, Pablo Della Savia, había intentado mediar en el conflicto, enmarcando la situación en una crisis más amplia de los sistemas de salud. Sin embargo, ante la acumulación de nuevas deudas, la institución lanzó una dura crítica contra la gestión del gobernador Axel Kicillof.

“No es posible sostener un sistema de atención adecuado cuando quienes lo hacen posible deben afrontar reiterados incumplimientos en el cobro de sus honorarios”, indicó Della Savia.

La problemática también alcanzó la esfera política, donde se cuestionó la falta de respuestas por parte de la obra social que conduce Homero Giles. A pesar de los intentos de algunos sectores opositores en la Legislatura bonaerense por tratar la situación, las iniciativas no prosperaron, manteniendo la incertidumbre sobre la regularización de los pagos y la estabilidad de los tratamientos psicológicos en la provincia.

En el marco de una entrevista realizada en La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, el intendente de Rauch y presidente del Foro de Intendentes Radicales, Maximiliano Suescun, brindó detalles de la reciente reunión que mantuvo junto a otros jefes comunales con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

El encuentro se extendió durante más de dos horas y permitió a los intendentes exponer la compleja situación financiera que atraviesan sus distritos ante la falta de actualización de fondos provinciales.

Aclaró que el objetivo de la reunión no fue realizar un “reclamo” en términos confrontativos, sino abordar distintas problemáticas de gestión que requieren coordinación entre la Provincia y los municipios. Según explicó, uno de los principales ejes estuvo puesto en las dificultades de financiamiento que se profundizaron en áreas críticas como la salud pública y la seguridad.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el funcionamiento del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). El intendente de Rauch señaló que existe una importante diferencia entre los valores que la obra social abona por las prestaciones realizadas en hospitales municipales y los costos reales que deben afrontar los distritos.

“Hoy estamos en una relación de uno a nueve con un prestador privado”, graficó Suescun, al comparar los valores que percibe el sector público con los del ámbito privado.

El jefe comunal advirtió que los valores de las prestaciones permanecen congelados desde septiembre y octubre de 2024, situación que generó una deuda acumulada con los municipios que, en algunos casos, alcanza hasta un año de retraso.

“A nosotros no nos sirve decirle al vecino que esto es culpa de Javier Milei; el vecino precisa el medicamento y la atención”, enfatizó, al plantear la necesidad de una recomposición para sostener el funcionamiento del sistema sanitario.

En materia de seguridad, Suescun sostuvo que el panorama también presenta dificultades. Explicó que, en los municipios que cuentan con Policía Comunal, una parte importante del sostenimiento operativo recae sobre las arcas municipales.

“Desde abril de 2025 a la fecha, el combustible varió un 83 por ciento, mientras que en lo que va del año el incremento fue del 38 por ciento”, detalló.

Según precisó, los municipios están cubriendo cerca del 60 por ciento de los gastos operativos de las fuerzas de seguridad.

Durante la reunión con el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, los intendentes plantearon la necesidad de implementar mecanismos más eficientes y austeros para evitar que la situación repercuta en la prestación del servicio.

“El ministro se comprometió a hacernos una propuesta de recomposición y a trabajar en medidas para optimizar los recursos sin afectar la prevención del delito”, sostuvo Maximiliano Suescun.

Consultado sobre la posibilidad de que el lanzamiento político del gobernador Axel Kicillof derive en un descuido de la gestión provincial, el intendente prefirió mantener la cautela, aunque reconoció la complejidad del escenario económico.

“Los recursos tributarios, fundamentalmente los que están atados a la recaudación como el IVA e ingresos brutos, no evolucionan y han perdido en términos reales frente a la inflación”, analizó.

Finalmente, Suescun cuestionó la asignación de recursos provinciales y citó como ejemplo el desarrollo de los Juegos Bonaerenses.

“Nosotros planteamos hacer algo más austero, pero nos encontramos con que no se toman las decisiones. Los intendentes estamos dispuestos a compartir el costo político para que el dinero alcance para lo esencial, pero a veces no encontramos esa racionalidad en la asignación de recursos”, concluyó.

Durante una entrevista en el programa La Mañana, Raúl Moyano abordó la situación financiera del Municipio de Tandil en relación con los fondos adeudados por la Provincia de Buenos Aires y el Estado nacional. El funcionario explicó que, recientemente, el Gobierno bonaerense saldó parte de los compromisos vinculados a las canteras situadas en la zona de paisaje protegido, una deuda acumulada entre abril y octubre de 2025. Según detalló, el desembolso ascendió a cerca de 226 millones de pesos, aunque aclaró que se realizó a valor histórico, sin actualización por inflación, lo que representa un perjuicio para las arcas municipales.

En cuanto a la infraestructura educativa, Moyano señaló que persisten saldos pendientes. En la Escuela Técnica 3, un proyecto de gran envergadura con un contrato de 2.000 millones de pesos, la Provincia abonó el anticipo financiero, pero aún restan cancelar cuatro certificados mensuales de obra, por unos 220 millones de pesos. A esto se suman otros 150 millones pendientes por la Escuela 7. En total, entre ambos proyectos y el remanente correspondiente a las canteras, el Municipio aguarda el ingreso de aproximadamente 700 millones de pesos.

El secretario de Economía y Administración también hizo referencia a la compleja situación con IOMA. Al respecto, indicó que el problema es doble: por un lado, existe un atraso en los pagos y, por otro, los valores que la obra social reconoce al hospital público por las prestaciones son irrisorios. “El sistema público de salud casi está financiando las prestaciones de IOMA”, afirmó, señalando que los montos abonados por estudios o prácticas médicas se encuentran muy por debajo de los costos reales de mercado.

En el plano local, el secretario de Economía analizó la evolución de la recaudación propia. Tras una caída en la cobrabilidad durante el segundo semestre del año pasado, cuando se registraron niveles inferiores al 60 por ciento en las tasas comunes, durante 2026 se observó una leve recuperación de entre tres y cuatro puntos. Moyano atribuyó este comportamiento a la voluntad de pago de los vecinos, pese al contexto inflacionario y la difícil situación económica que atraviesan los pequeños y medianos comercios.

Raúl Moyano destacó que, entre los grandes contribuyentes, el cumplimiento es prácticamente total y alcanza el 100 por ciento. Sin embargo, reconoció que el sector de pequeños y medianos contribuyentes es el más afectado, con una cobrabilidad cercana al 50 por ciento. “Ahí es donde se nota el impacto de la caída de la rentabilidad, el incremento de costos, alquileres y servicios”, explicó.

Finalmente, Moyano recordó los beneficios vigentes para quienes cumplen con sus obligaciones, como los descuentos por pago mediante débito automático y la adhesión a la factura digital. Asimismo, adelantó que en los próximos días el Municipio podría anunciar nuevos incentivos para premiar a quienes mantienen sus compromisos al día, con el objetivo de aliviar la carga impositiva en un escenario de ajuste operativo para el Estado municipal.

En las últimas horas, el gobernador bonaerense Axel Kicillof oficializó la renovación de los representantes de los afiliados estatales y docentes en el directorio del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). La medida, que cuenta con la firma del mandatario y del titular del organismo, Homero Giles, establece mandatos de cuatro años para los nuevos integrantes.

Las designaciones recayeron en Silvina Claudia Di Yorio y Raúl Horacio Antonetti por el sector del personal administrativo, mientras que José Luis Nogueira y Karina Carbonetti fueron nombrados en representación del personal docente. Estos nombramientos se realizaron bajo el mecanismo normativo que permite a las organizaciones sindicales participar en la definición de sus representantes.

En el caso del personal administrativo, la UPCN Seccional provincia de Buenos Aires quedó al frente de la representación. El Ejecutivo provincial consideró que los candidatos propuestos reunían las condiciones legales y aptitudes necesarias. Di Yorio fue designada directora titular, mientras que Antonetti ocupará el cargo de suplente, cubriendo la vacancia generada tras la renuncia de la primera en 2023 y el vencimiento del mandato anterior.

Por otro lado, la renovación docente contó con la participación de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). Tras analizar los antecedentes y la cantidad de afiliados, el Ejecutivo determinó que SUTEBA poseía mayor representatividad. Como dato particular, Nogueira solicitó que su incorporación al directorio tuviera carácter “ad honorem”, condición que quedó establecida en el decreto firmado también por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Esta reconfiguración se produce en un contexto de debate político sobre el funcionamiento y el uso de los recursos de la obra social. Asimismo, la administración bonaerense enfrenta cuestionamientos sobre otros organismos, como Loterías y Casinos, cuya conducción está a cargo de Gonzalo Atanasof. En relación a la ludopatía infantil y el juego online, un dirigente bonaerense cuestionó la falta de implementación de medidas de seguridad: “Es muy simple, es un convenio con el RENAPER, todavía no lo hicieron”.

El concejal Marcos Nicolini dialogó con el programa La Mañana, emisión de El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, para brindar detalles sobre la iniciativa legislativa que busca formalizar el reclamo por los fondos que la provincia de Buenos Aires adeuda a la ciudad. Según explicó el edil, la base de este pedido surge de los datos oficiales difundidos por el propio Departamento Ejecutivo municipal, que en una solicitada publicada el 4 de agosto detalló los recursos pendientes de reintegro.

El proyecto, que ya cuenta con dictamen favorable para ser tratado en la próxima sesión, busca que el cuerpo deliberativo respalde la exigencia de pago ante el gobernador bonaerense y las distintas áreas provinciales involucradas. Nicolini precisó que, tras un análisis técnico de las cifras, la demanda se centra en un monto de 3504 millones de pesos, una vez descontados los pagos parciales realizados recientemente por la administración bonaerense.

El concejal del bloque Hechos - Alternativa Tandil detalló cómo se conforma este pasivo que, en la práctica, implica que la comuna ha debido financiar con recursos locales responsabilidades que le competen a la provincia. Entre los puntos más críticos se encuentran 500 millones de pesos que el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) adeuda al Sistema Integrado de Salud Pública por prestaciones brindadas a sus afiliados.

Otro componente significativo son los 394 millones de pesos correspondientes a los sueldos de los exempleados de canteras, en el marco de la Ley de Paisaje Protegido. Asimismo, el texto incluye 2048 millones de pesos por anticipos jubilatorios que la comuna abonó a trabajadores municipales y que aún no han sido devueltos a las arcas locales.

El reclamo también abarca fondos destinados a obras de infraestructura escolar y edilicia que fueron financiadas originalmente por el municipio. Según el informe, se solicitan 155,4 millones de pesos por la construcción del nuevo edificio del IPAT, 273,4 millones por la Escuela Secundaria Nº 3 y 133,6 millones por la Escuela Primaria Nº 7.

"El Municipio está financiando a la provincia de Buenos Aires. Si ese dinero se destinara a obras, por ejemplo, todo lo que es de escuelas, supongo que sí, porque es infraestructura", señaló Marcos Nicolini.

Respecto a la recepción de la medida por parte de otros bloques, el concejal destacó la importancia de que la solicitud sea unánime. "Hay que reconocer que el bloque de Fuerza Patria, cuando son cuestiones de deuda, ha acompañado, porque son fondos de todos los tandilenses", afirmó.

El objetivo de la propuesta es que el Concejo Deliberante, como representante de la voluntad de la ciudad, refuerce las gestiones del Ejecutivo local. Marcos Nicolini enfatizó que, aunque el impacto de estos trabajos es positivo para la comunidad, la responsabilidad presupuestaria de mantenimiento y nuevas obras en el sistema educativo y sanitario recae sobre la administración provincial.

Finalmente,  subrayó la necesidad de revisar el Coeficiente Único de Distribución (CUD), ya que Tandil es una de las localidades con mayor crecimiento demográfico y de servicios, lo que vuelve contradictorio el actual recorte en la coparticipación para el desarrollo local.

La incertidumbre se instaló entre los prestadores que desempeñan tareas fundamentales para la salud de los afiliados de IOMA en la ciudad. A pesar de sostener sus labores con compromiso, el corte en la cadena de pagos generó un escenario de extrema precariedad laboral. El reclamo central radica en la falta de liquidación de los haberes correspondientes a los servicios brindados durante gran parte del año, lo que puso en jaque la continuidad de las prestaciones.

El malestar entre los trabajadores creció de manera exponencial al cumplirse cuatro meses sin percibir sus honorarios. Según relataron los protagonistas, la última remuneración que percibieron correspondió a marzo. "No estamos pidiendo que nos regalen nada, estamos pidiendo que nos paguen porque para eso trabajamos muchas horas", expresaron. Esta realidad afecta directamente la economía de los profesionales, quienes señalaron que es el único empleo que conocen donde los pagos no se efectúan en tiempo y forma.

La problemática trasciende lo estrictamente económico y alcanza una dimensión humana compleja. Los prestadores explicaron que, a pesar de los consejos para abandonar el trabajo y buscar otras fuentes de ingreso, la relación con los pacientes y sus familias hace que sea imposible dejar los acompañamientos de un día para otro. Detrás de cada incumplimiento administrativo hay personas que dependen de estas prestaciones y profesionales que ponen "el cuerpo, el tiempo y el amor" cada día para sostener el sistema.

Ante la falta de soluciones, los trabajadores hicieron un llamado a la unidad entre los prestadores. Sostuvieron que el vínculo generado tras meses de asistencia regular impide que la interrupción del servicio sea una opción viable, a pesar de la injusticia que representa trabajar sin cobrar. En este sentido, remarcaron que los pacientes no tienen responsabilidad sobre el conflicto y que son los más perjudicados ante la inacción de la obra social.

La desesperación de los prestadores se profundiza al considerar que transcurrió julio y se encuentran a las puertas de agosto sin novedades concretas. Muchos de ellos dependen exclusivamente de estos ingresos para subsistir, lo que convierte a la mora de IOMA en un problema de subsistencia básica. La sensación de injusticia es compartida por un sector que ve cómo sus reclamos se diluyen en trámites burocráticos sin resolución a la vista.

Al intentar obtener una explicación oficial sobre los motivos de la demora o una fecha estimada de cobro, los prestadores se toparon con un muro administrativo. Según pudo saber El Eco de Tandil, la respuesta que recibieron los afectados fue un mensaje estandarizado, enviado de forma masiva, que no brindó soluciones reales al conflicto. El texto, distribuido por el área de Finanzas de IOMA, indicaba que habían tomado nota del reclamo para elevarlo al sector correspondiente a fin de ser "subsanado".

La comunicación oficial también advertía que los cambios en el sistema de facturación podrían demorar varios días en verse reflejados. Para los trabajadores de la salud local, este mensaje representó una falta de respeto a su labor profesional, ya que no contempló la urgencia de la deuda acumulada desde marzo. La falta de comunicación y la ausencia de información clara sobre el destino de los fondos destinados a las prestaciones mantienen en alerta a toda la comunidad médica y asistencial de la ciudad.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, salió este lunes a defender el funcionamiento del IOMA ante los diversos reclamos de la oposición y de afiliados que aseguran que la prestadora no cubre sus necesidades. El funcionario pidió tratar el tema con seriedad y dejar hablar a quienes conocen el funcionamiento del organismo.

Durante la conferencia de prensa semanal en La Plata, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a Nicolás Kreplak, sostuvo que la crisis nacional afecta directamente al sistema de salud de la provincia de Buenos Aires. Según el titular de la cartera sanitaria, el deterioro de otras obras sociales y la pérdida de empleos formales han desfinanciado al sistema, encareciendo el acceso a medicamentos.

El ministro detalló que el IOMA subsidia a los municipios, ya que los aportes son menores a los gastos generados, lo que implica un costo estatal de 10.000 millones de pesos mensuales. A esto se suman otros 10.000 millones por la llegada de nuevos afiliados tras la asunción de Javier Milei y 2.000 millones por la regulación de precios, totalizando unos 23.000 millones de pesos mensuales de financiamiento necesario.}

“Pido seriedad a políticos y medios de comunicación: la salud es prioritaria y debe estar por encima de los intereses económicos. Seguimos garantizando atención, medicamentos y vacunas, y necesitamos apoyo y responsabilidad para seguir mejorando. Insto nuevamente a tomarse con seriedad la salud de la población, que es un tema complejo y difícil, que no están habilitados todos a hablar del asunto, que hablen las personas que saben, y vuelvo a pedir seriedad y responsabilidad a la diligencia para abordar este tema, que es muy serio”, dijo.

Nicolás Kreplak destacó que el IOMA sigue siendo eficiente y que las consultas y prácticas médicas crecieron un 37 por ciento sin incremento de recursos. Asimismo, subrayó la reducción del tiempo de autorización para medicamentos de 35 días a seis y la implementación de la app digital, que alcanza al 87 por ciento de la población.

La controversia surge tras el bloqueo en la Legislatura de una sesión especial solicitada por la oposición, que incluía firmas de legisladores como Alejandro Rabinovich, Diego Garciarena, Alejandra Lordén, Juan Osaba, Martín Rozas y Andrés de Leo. Entre los proyectos pendientes se encuentran la creación de una comisión bicameral de seguimiento, impulsada por Priscila Minnaard, y la búsqueda de la autarquía financiera para la obra social.

Matías Civale abordó distintos temas de actualidad provincial y local durante una entrevista en la que se refirió a la situación de IOMA, la polémica por el régimen de zona fría y las críticas que recibió el intendente Miguel Lunghi por impulsar una campaña de recolección de firmas para defender ese beneficio.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires señaló que desde la Legislatura continúan insistiendo para que las autoridades de IOMA brinden explicaciones sobre el funcionamiento de la obra social.

Consultado sobre las denuncias que apuntan a una supuesta utilización política del organismo, afirmó que no tiene elementos para sostener esa acusación.

"No me consta", respondió cuando fue consultado acerca de si considera que IOMA funciona como una caja política del Gobierno bonaerense.

Civale también se refirió a su ausencia en una reciente sesión legislativa. Explicó que tenía previsto un viaje familiar con anterioridad y remarcó que su falta no tuvo incidencia en el desarrollo de los acontecimientos ni en el resultado de las votaciones.

Otro de los temas centrales fue el régimen de zona fría. El legislador rechazó las declaraciones del dirigente Gonzalo Santamarina, quien había definido el beneficio como un "subsidio bobo".

"Para mí no es un subsidio bobo", sostuvo Civale, al tiempo que consideró incorrecto incluso hablar de subsidio. Según explicó, se trata de un fondo compensador que busca equilibrar las diferencias entre regiones con distintas condiciones climáticas y diferentes niveles de consumo energético.

En ese marco, defendió la campaña impulsada por el intendente Miguel Lunghi para reunir firmas en defensa de la continuidad del beneficio para Tandil.

Civale cuestionó las críticas de Santamarina, quien había calificado esa iniciativa como una forma de "terrorismo", y sostuvo que el jefe comunal simplemente está cumpliendo con su responsabilidad de defender los intereses de los vecinos.

"Si defender los intereses de los tandilenses es terrorismo, entonces Lunghi va a seguir siendo terrorista", expresó.

Finalmente, Civale ratificó su apoyo al régimen de zona fría y a todas las gestiones destinadas a sostener el beneficio para los usuarios de Tandil. Asimismo, reiteró la necesidad de que las autoridades de IOMA concurran a la Legislatura para responder las inquietudes planteadas por distintos sectores políticos.

La actividad legislativa en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de estancamiento que preocupa a diversos sectores.

Según lo expuesto por el diputado provincial de la UCR, Matías Civale, vicepresidente del cuerpo legislativo, en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la falta de consensos básicos entre las fuerzas políticas ha derivado en la postergación de sesiones clave.

El legislador señaló que, más allá de las convocatorias formales, la ausencia de acuerdos dentro del oficialismo provincial y la falta de diálogo con la oposición han bloqueado el tratamiento de expedientes fundamentales para la gestión municipal.

El eje central de la discusión parlamentaria actual gira en torno al Fondo de los Intendentes, una herramienta financiera votada a fines del año pasado que resulta vital para el funcionamiento de los municipios. 

Sin embargo, el diputado explicó que la falta de dictámenes en las comisiones de presupuesto impide que los proyectos avancen. "La verdad es que para que eso ocurra no solo se necesitan acuerdos dentro del oficialismo provincial, sino fundamentalmente con la oposición y esto no está sucediendo", afirmó el legislador, quien se mostró escéptico respecto a la posibilidad de alcanzar los dos tercios necesarios para sesionar sin dictamen.

Otro de los puntos críticos abordados durante la entrevista fue la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). El diputado destacó que la problemática no se limita a una cuestión administrativa o de intermediarios, sino que responde a una deficiencia estructural en la conducción del organismo. Ante las consultas sobre las dificultades que enfrentan los afiliados, especialmente en ciudades como Tandil, el legislador fue contundente al señalar la responsabilidad directa de las autoridades provinciales.

"Acá lo que hay es una mala gestión"

Civale subrayó que, desde la oposición, “se han presentado múltiples proyectos de ley, incluyendo propuestas para otorgar autarquía al instituto, modificar la composición del directorio y agilizar la gestión de los fondos, evitando que dependan directamente del Ministerio de Economía”. No obstante, denunció que el oficialismo ha hecho uso de sus mayorías para impedir el tratamiento de estas iniciativas en el recinto. "IOMA no puede esperar. Hay muchísimas ciudades donde los afiliados deambulan, los fondos no alcanzan y los médicos salen del sistema", remarcó.

Al ser consultado sobre la viabilidad financiera de la obra social, el diputado reconoció que el sistema es solidario y enfrenta presiones inflacionarias, especialmente en el rubro de medicamentos. Sin embargo, rechazó que la crisis sea un fenómeno reciente o atribuible exclusivamente a factores externos de los últimos dos años. Según su análisis, “el deterioro es el resultado de una acumulación de problemas de gestión que requieren una intervención integral y urgente” por parte del gobierno provincial.

“Acá lo que hay es una mala gestión”, expresó el diputado provincial, al tiempo que agregó que “ese es el nombre que define la crisis del IOMA, ya que el problema no se reduce a los intermediarios ni comenzó recientemente con los cambios económicos nacionales, sino que arrastra años de deficiencias estructurales”.

La responsabilidad de esta situación recae en las autoridades del instituto y el gobierno provincial, “quienes han permitido que los afiliados pierdan prestaciones esenciales y que los médicos abandonen el sistema por falta de pago”.

A pesar de que la oposición ha presentado proyectos para darle autarquía al organismo, cambiar el directorio y agilizar el manejo de los fondos, “el oficialismo provincial utiliza su mayoría para impedir el tratamiento de estas soluciones en las comisiones legislativas”.

Finalmente, el legislador se refirió a su reciente designación como secretario general de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, tras alcanzarse una lista de unidad.

Destacó que el objetivo del espacio “es recuperar la vocación de poder y fortalecer la identidad del partido”, enfocándose en representar a la clase media y en consolidar un proyecto nacional basado en gestiones municipales y provinciales eficientes, “que hoy tienen al radicalismo gobernando cinco provincias y más de 500 municipios en todo el país”, concluyó.

Tras meses de incertidumbre, la oficina local de PAMI ya cuenta con jefa a cargo. Se trata de María José Terreros, quien había sido designada a mediados de mayo pasado. Su asunción se encontraba demorada, a la espera de que IOMA –donde se desempeñaba hasta el momento-, firme su licencia.

Terreros se hizo efectiva en el cargo el miércoles 3 de junio. La oficina de PAMI Tandil cubre así su jefatura, que se encontraba acéfala desde diciembre pasado, cuando Martiniano Corbetta renunció para ocupar su banca como concejal de Acción Tandilense / La Libertad Avanza.

De acuerdo a consultas de El Eco, el lapso de poco más de quince días que transcurrieron desde la designación a la asunción de Terreros se dio porque faltaba que IOMA firme su licencia. La flamante jefa se desempeñó en la obra social bonaerense en diferentes cargos, incluso en la dirección de la delegación local. Antes de asumir, la designada mantuvo reuniones con las autoridades regionales de la obra social, ya que Tandil depende de la regional Mar del Plata.

La cobertura del cargo abre una serie de interrogantes que van más allá de que se ocupe la jefatura de la oficina local: ¿Cómo se va a afrontar la posibilidad de que jubilados no cuenten con médico de cabecera, o en todo caso el aumento de la cápita por cada profesional? ¿Se cubrirá el cargo de médico de cabecera para las localidades rurales de María Ignacia Vela y Gardey?

La asunción de Terreros se confirma en una compleja situación de PAMI Tandil, que no escapa a lo que ocurre en otras partes del país: la renuncia de médicos de cabecera. Se trata de una realidad que se profundiza en la ciudad desde un tiempo a esta parte.

Solo para junio y julio se estima que podrían renunciar cinco médicos, mientras que otra baja se daría por mudanza. Si cada profesional cuenta con una cápita aproximada de 700 afiliados –con variaciones-, el número de jubilados afectados coincidiría con el denunciado por instituciones como Amemt.

Las renuncias se dan por diversos motivos, pero existe uno en particular que preocupa a la comunidad médica: el cambio en la modalidad de pagos que la obra social anunció para los profesionales. Las organizaciones que nuclean médicos plantearon que la medida supone un recorte de casi un 50 por ciento de sus ingresos por atenciones.

Desde la Asociación de Profesionales de la Salud (Appamia), no descartaron que podrían llevar a cabo una medida de fuerza, tal como la que impulsaron en abril pasado.

Entre los médicos de cabecera que renunciaron en Tandil, uno de los casos más resonantes fue el de las localidades rurales de María Ignacia y Gardey. Tal como se informó, la renuncia había sido anunciada con meses de anticipación, sin embargo hasta el momento el cargo no se cubrió, y hay alrededor de 300 jubilados sin profesional.

La senadora bonaerense del monobloque UCR, Nerina Neumann, presentó en la Cámara alta un proyecto para declarar la emergencia en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). La iniciativa busca obtener respuestas concretas del gobierno de la provincia de Buenos Aires ante un escenario crítico marcado por denuncias de deficiencias en las prestaciones, deudas acumuladas y conflictos constantes en la atención de los afiliados.

La legisladora fundamentó su pedido en la profundización de la crisis que afecta a más de 2,1 millones de personas en todo el territorio bonaerense. Al respecto, Neumann expresó: “Lamentablemente debemos decir que hoy IOMA se encuentra en crisis, con deudas millonarias, cortes en la atención y un conflicto que no cede, mientras que su titular, Homero Giles, no da la cara”.

En los fundamentos de los proyectos, se detalla que la obra social atraviesa problemas vinculados a convenios, presupuestos y copagos, lo que impacta negativamente en un sistema basado en principios de solidaridad. Además, la senadora puso el foco en las consecuencias financieras para los municipios, señalando la existencia de reclamos por deudas que el organismo mantiene con las comunas que brindan servicios a través de hospitales locales.

A través de un pedido de informes, Neumann solicitó que el Ejecutivo de Axel Kicillof detalle el plan de contingencia previsto para 2026 y brinde información precisa sobre la situación económica y financiera del organismo. La salud es un derecho fundamental y la gestión gubernamental tiene que dar respuestas claras, positivas e inmediatas, sostuvo la senadora.

En paralelo, diputados de la oposición cerraron filas y presentaron un pedido para que el titular de la Cámara Baja, Alejandro Dichiara, convoque a una sesión especial. La solicitud cuenta con la firma de 47 legisladores, entre ellos Alejandro Rabinovich, Diego Garciarena, Alejandra Lordén, Agustín Romo, Martín Rozas y Andrés de Leo.

Los legisladores advirtieron que, ante la necesidad de los afiliados de recurrir a amparos judiciales para obtener medicamentos o tratamientos, el Poder Legislativo tiene la obligación institucional de intervenir. Entre las medidas solicitadas, se busca que el titular del IOMA brinde explicaciones en el recinto sobre la crisis que atraviesa la obra social.

La compleja situación que atraviesa PAMI, y de la que se hicieron eco medios de todo el país, también afecta a Tandil, en particular en tres aspectos: la jefatura acéfala de la oficina local, la renuncia de médicos de cabecera, y la falta de profesionales para las localidades rurales.

La delegación Tandil se encuentra sin jefe desde diciembre pasado, y si bien la central del organismo nombró María José Terreros, la asunción no se concretó. El motivo es que la designada espera que IOMA –donde se desempeña actualmente-, firme su licencia para poder comenzar a estar al frente de PAMI.

Durante la semana trascendió que la asunción se haría efectiva el lunes 1 de junio. Sin embargo, por lo menos hasta la noche del domingo 31 de mayo esa información estaba en duda. De acuerdo a consultas de El Eco de Tandil, el motivo por el cual no se efectivizó el cargo  es la espera de la licencia de parte de IOMA.

Aunque el trámite podría resolverse el mismo lunes 1 , cabe marcar, la designación de Terreros quedará sin efecto si la misma no se ejecuta en 60 días, contando desde su firma en mayo pasado. En el trasfondo asoma la disputa política entre el sector libertario a cargo de PAMI, y el peronismo provincial al frente de IOMA.

La oficina local de PAMI se encuentra acéfala desde que Martiniano Corbetta renunció para asumir como concejal del bloque Acción Tandilense / La Libertad Avanza. Si bien dicho espacio político elevó una propuesta para suplir el cargo, el mismo no se cubrió hasta el 15 del corriente.

En el medio, un representante de la UGL Mar del Plata (de la que depende Tandil), comenzaría a viajar dos días por semana a la ciudad, aunque dicha iniciativa también demoró en concretarse, y no tuvo mayor desarrollo.

En sintonía con la situación a nivel nacional, los afiliados de PAMI Tandil también enfrentan una compleja problemática: la renuncia de médicos de cabecera.

De acuerdo a información a la que accedió El Eco, entre junio y julio se harían  efectivas cinco renuncias, mientras que un sexto profesional dejaría sus funciones por mudanza. En el caso de que Terreros asuma hoy, podría llegar a recibir a dos de los médicos salientes.

La baja de médicos hace peligrar aún más la posibilidad de cubrir una demanda creciente. Con la cantidad de profesionales que actualmente forman parte de la cartilla de médicos de cabecera de PAMI, los afiliados tienen dificultades para conseguir turnos, por lo que nuevas renuncias generarían más contratiempos para los jubilados.

Organismos sanitarios públicos de la ciudad solicitaron a las autoridades nacionales de la obra social que les aumente la cápita, para poder subir el nivel de atenciones, pero al momento no obtuvieron respuesta favorable al pedido.

En paralelo, PAMI no designó todavía médico de cabecera para María Ignacia Vela y Gardey. Las localidades rurales no cuentan con un profesional en dicho cargo luego de la renuncia de Matías Tringler a fines de febrero pasado. Tringler había avisado con meses de anticipación que no continuaba con la tarea, pero las autoridades de la obra social aun no cubrieron la vacante.

La renuncia de los médicos de cabecera de PAMI se da en el marco del reclamo de asociaciones de profesionales por recortes en el pago de prestaciones. “La problemática que surgió en el último tiempo con respecto al pago sumó a la causa”, transmitió un profesional, en alusión a su renuncia.

Por la situación, la Asociación de Profesionales de Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia) llevó adelante un paro de 72 horas a mediados de abril pasado.

El núcleo del reclamo radicó en el rechazo absoluto a la Resolución 1107/2026. Según denunciaron entonces los médicos, la normativa presentada por las autoridades nacionales como un "ordenamiento" del sistema, supone en realidad un recorte encubierto a sus ingresos. Si bien la resolución anunció un incremento en el valor de la cápita —que pasaría de menos de 1.000 pesos a 2.100 pesos—, el nuevo esquema elimina el pago por consulta presencial y absorbe diversas prácticas dentro de un pago fijo, lo que reduce drásticamente la retribución real por el trabajo realizado en los consultorios.

Profesionales consultados dieron cuenta de que la situación no mejoró desde entonces, y que recién la semana pasada PAMI volvió a convocar a Appamia a un nuevo encuentro. A la espera del resultado de dicha reunión, desde la Asociación no descartaron nuevas medidas de fuerza.

La diputada provincial Priscila Minnaard impulsó la conformación de una comisión bicameral para abordar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), en medio de una creciente preocupación por el funcionamiento de la obra social en la provincia de Buenos Aires.

Según planteó la legisladora, el objetivo de esta herramienta legislativa es fortalecer los mecanismos de control y seguimiento sobre el organismo, en un contexto marcado por reclamos de afiliados, profesionales de la salud y entidades médicas.

El planteo se da en paralelo a una serie de cuestionamientos que se vienen acumulando en torno al IOMA, vinculados a demoras en pagos, dificultades en la cobertura de prestaciones y problemas en la continuidad de tratamientos. En ese sentido, desde distintos sectores se advirtió que la situación impacta directamente en la calidad del servicio y en la atención de los usuarios.

Minnaard remarcó que la crisis del sistema no es reciente y que requiere una respuesta estructural. En esa línea, sostuvo que resulta necesario avanzar en medidas que garanticen transparencia en la gestión y previsibilidad tanto para los afiliados como para los prestadores.

Además, cuestionó la respuesta del Ejecutivo bonaerense frente al conflicto y advirtió que, lejos de resolverse, los problemas se profundizan. La legisladora ya había señalado que el escenario actual se traduce en “afiliados desamparados, atrasos en los pagos y coberturas sin garantizar”, en el marco de una situación que calificó como crítica.

La iniciativa de crear una comisión bicameral se enmarca en una serie de acciones impulsadas desde la oposición en la Legislatura provincial, que buscan poner el foco en el funcionamiento del IOMA y exigir soluciones de fondo.

Mientras tanto, el conflicto continúa generando preocupación en distintos puntos de la provincia, con manifestaciones de afiliados y medidas de fuerza de profesionales que reclaman regularización de pagos y mejoras en las condiciones de trabajo.

El concejal del bloque de la UCR, Juan Salceda, analizó  en el Desayuno de Tandil Despierta (Eco TV y Tandil FM 104.1) los ejes centrales de la agenda pública local: la situación financiera del Sistema Integrado de Salud y el conflicto con la Cámara de Transporte.  Respaldó la decisión del Ejecutivo de transparentar las deudas de las prestadoras y advirtió sobre el impacto de la crisis económica en los servicios esenciales.

Sobre la deuda de 3.600 millones de pesos que mantienen diversos organismos con el municipio,  calificó la difusión de estos datos como "interesante y pertinente". Según explicó, esta medida permite que la ciudadanía dimensione la complejidad de administrar el sistema sanitario ante trámites administrativos cada vez más trabados.

El representante destacó que el hospital cuenta con un equipo de once profesionales , entre contadores, administrativos y abogados, cuya misión es proteger los recursos de los tandilenses. Gracias a esta estructura, la facturación creció exponencialmente, logrando incluso procesos judicializados con sentencia favorable, un hecho poco frecuente en la gestión pública.

Respecto a la magnitud de la deuda, el referente aclaró un punto clave:

"La cifra de 3.600 millones es una 'foto del día' y no un estado estático. Existe un flujo constante de pagos, pero este equipo trabaja para que la deuda no quede congelada a precios históricos y se licúe por la inflación".

Uno de los momentos más críticos de la entrevista fue la denuncia por la disparidad en los pagos de las obras sociales estatales. Salceda fue tajante al comparar los valores: "Lo que en el hospital se paga 200.000 pesos por un parto, en la clínica privada se paga dos millones y medio".

En ese sentido, sentenció que la obra social bonaerense desfinancia al sistema público, mientras este último absorbe a los afiliados que el sector privado deja de atender. Asimismo, desestimó las críticas de la oposición sobre la deuda de PAMI, señalando que el organismo realizó un pago parcial el mismo día de la publicación oficial para intentar "amañar" la realidad de los números.

La decisión de la Cámara de Transporte de recortar frecuencias. Expresó su malestar por haberse enterado de la medida por los medios, aunque reconoció que la situación de las empresas es delicada debido al aumento del 25% en combustibles y la quita de subsidios nacionales.

Él  cuestionó la "liviandad" con la que ciertos sectores piden sanciones inmediatas:

Finalmente, el referente radical insistió en que la solución no llegará a través de una multa aislada, sino de un diálogo serio liderado por el intendente Miguel Lungui para repensar un sistema que, de lo contrario, dejará de ser sostenible para los sectores más vulnerables.

La situación prestacional de las obras sociales en la ciudad ha alcanzado un punto de extrema complejidad. Desde la Municipalidad de Tandil, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, manifestaron su profunda preocupación por el progresivo recorte en los servicios destinados a las personas mayores y personas con discapacidad. La directora del área, Lucia González, trazó un panorama sombrío sobre el presente de Pami e Ioma, señalando que el incumplimiento de estas entidades está derivando en una sobrecarga directa sobre el sistema público local.

Según detalló la funcionaria en diálogo con El Eco, la crisis de Pami se ha vuelto más visible en el último tiempo, aunque responde a un recorrido previo de quita de beneficios. Este escenario afecta de manera directa a cerca de 25 mil afiliados en el distrito, quienes sufren el recorte en prestaciones básicas y la pérdida de la cobertura total en medicamentos esenciales. Este "corrimiento del Estado nacional", como lo definió la directora, genera un impacto inmediato tanto en el Sistema Integrado de Salud Pública como en las arcas de la administración municipal.

Ante la falta de respuestas por parte de los organismos nacionales y provinciales, el gobierno local ha decidido avanzar en una estrategia de judicialización y asistencia técnica. Lucia González confirmó que se encuentran manteniendo reuniones con equipos de abogados y que han pautado un encuentro clave con la Defensoría del Pueblo. El objetivo primordial es generar estrategias conjuntas que permitan acompañar a cada afiliado en sus demandas individuales y colectivas.

“Estamos trabajando para que la Defensoría del Pueblo acompañe a los vecinos en sus reclamos, buscando llegar a respuestas concretas a través de recursos de amparo”, explicó la funcionaria. En paralelo, el Municipio ha iniciado procesos de gestión formal ante Pami para que regularice la atención de los adultos mayores. La premisa es clara: las obras sociales deben cumplir con las leyes y obligaciones vigentes para con sus beneficiarios.

La funcionaria remarcó que esta desatención obliga a la Secretaría de Desarrollo Humano a realizar grandes esfuerzos presupuestarios. y aclaró que la prioridad son las atenciones a los más vulnerables, "a sabiendas del impacto que esto genera, afectando incluso otras partidas presupuestarias para poder estar presentes donde el Estado nacional se retira”, subrayó, destacando que la prioridad actual es garantizar cuidados específicos en hogares y asistencia básica.

Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en el acceso a la medicación. La directora de Discapacidad y Adultos Mayores, visiblemente conmocionada, describió situaciones cotidianas angustiantes, donde los jubilados se encuentran con sorpresas económicas insalvables al llegar al mostrador de la farmacia. “Son decisiones arbitrarias de las que uno se entera por el diario o cuando el adulto mayor va a la farmacia y le dicen que tiene que pagar un diferencial de 40 mil, 50 mil o hasta 120 mil pesos”, relató.

Este desfasaje económico empuja a los afiliados a volcarse masivamente hacia los centros comunitarios de los barrios y a las oficinas de la secretaría en busca de auxilio. El contexto se agrava por la situación económica general, donde las jubilaciones mínimas resultan insuficientes para cubrir la canasta básica. “Hoy las personas mayores deben elegir entre comprar el alimento, pagar los medicamentos o abonar los servicios de luz y gas”, lamentó Lucia González.

La funcionaria calificó como "alarmante" el número de personas que llegan diariamente solicitando ayuda. Incluso mencionó que la crisis ha llevado a que muchos adultos mayores deban realizar "changas" para subsistir, una realidad que calificó como sumamente angustiante para este sector de la población que debería contar con la protección del Estado.

La problemática no se agota en la tercera edad, sino que se extiende hacia las personas con discapacidad. Muchos de ellos dependen de Pami a través del antiguo sistema de pensiones o por ser familiares a cargo de adultos mayores. La falta de pago y cumplimiento de las obras sociales pone en riesgo la continuidad de servicios fundamentales en la ciudad.

“Tenemos madres angustiadas no solo por el diferencial de la medicación, sino porque es posible que un centro de día cierre en nuestra ciudad debido a que prestadores como Pami o Ioma no están cumpliendo con sus obligaciones financieras”, advirtió la directora. Esta situación de incertidumbre afecta la estructura de cuidados de Tandil, dejando a cientos de familias sin los espacios de contención y rehabilitación necesarios para el desarrollo de una vida digna.

Finalmente, desde la comuna esperan que las acciones conjuntas con otros organismos del Estado municipal permitan torcer el rumbo de estas políticas de ajuste y que los afiliados comiencen a recibir las prestaciones que por ley les corresponden.

Familiares de Luciano Biondi, un joven de 31 años oriundo de Rauch, reclamaron que IOMA cumpla con una medida de amparo dictada por la Justicia que ordena la cobertura total de un procesador para su implante coclear, un dispositivo clave para su audición.

Según denunciaron en las redes sociales, pese a la resolución judicial, la obra social aún no ha dado respuesta, lo que derivó en que el paciente no escuche “absolutamente nada” desde hace aproximadamente un mes.

Sandra Biondi, madre de Luciano, explicó a El Eco de Tandil que su hijo nació con hipoacusia profunda bilateral neurosensorial y que en 2004 fue intervenido quirúrgicamente para la colocación de un implante coclear.

“Lo que yo estoy reclamando es un procesador, que va por fuera de la oreja. Cada siete u ocho años hay que cambiarlo porque deja de funcionar”, señaló.

En ese sentido, detalló que el dispositivo que utilizaba su hijo tenía más de una década de uso. “Él tiene un procesador desde hace trece años. Hace un mes dejó de funcionar y ya no escucha nada. Necesita uno nuevo con urgencia”, insistió y remarcó que la falta de este dispositivo impacta directamente en su calidad de vida.

El pedido de recambio fue iniciado en marzo de 2023, pero ante la falta de respuesta de la obra social, la familia decidió avanzar con un recurso de amparo, que presentó en 2024.

“Generalmente, tras un pedido formal, IOMA tarda aproximadamente un año en otorgar el procesador. Pero esta vez tuve que hacer un amparo porque no me daban respuesta”, explicó Biondi.

La medida judicial, tramitada en el Juzgado en lo Civil y Comercial 3 de Azul y fechada el 20 de diciembre de 2024, ordenó a IOMA “que en el término de 72 horas de notificada adopte las medidas necesarias tendientes a brindar íntegra y total cobertura y suministro al afiliado Biondi Luciano, un procesador del habla de implante coclear Nucleus 8 CP 1110”.

Según la familia del joven, la resolución no fue cumplida. “El amparo dijo que la obra social lo tiene que cubrir al cien por ciento y que le daba 72 horas para que lo abonara. Ha pasado más de un año y IOMA no lo ha abonado”, afirmó su madre.

El pedido angustiado de su hermana

Frente a esta situación, y ante la urgencia, la familia decidió visibilizar el caso en redes sociales.

Magdalena Biondi, hermana de Luciano que está radicada en Tandil desde hace varios años, difundió un mensaje en el que describió el cuadro y apeló a la solidaridad de la comunidad para amplificar el reclamo.

“Hoy, Luciano no está escuchando en lo absoluto, lo que afecta gravemente su vida diaria, su comunicación y su autonomía”, expresó la mujer.

En la publicación también se detalló que el costo del nuevo procesador ronda los 30 mil dólares, un monto inaccesible para la familia. “Por eso recurrimos a la solidaridad de todos, necesitamos que este mensaje se comparta para que se haga justicia y se cumpla con lo que corresponde”, indicó.

Al mismo tiempo, Sandra Biondi señaló que realizó reiterados reclamos en la delegación de IOMA en Rauch, que depende de Olavarría, aunque sin resultados concretos.

“Cada vez que iba a hacer el pedido, los empleados me decían que ellos también elevaban el reclamo, pero yo necesito que llegue el insumo”, sostuvo.

Por último, agradeció la difusión que tuvo el caso en los últimos días. “Agradezco a toda la gente que ha compartido la publicación de mi hija”, expresó.