Diputados de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley para derogar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada a fines del 2020, y recibieron críticas de dirigentes de diversos espacios opositores.El proyecto de ley fue presentado el 5 de febrero por la diputada Rocio Belen Bonacci para pedir la derogación de la "Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.En el caso del artículo 85, esta propuesta volvería a penalizar "con reclusión o prisión de uno a cuatro años" a quien causare el aborto en cualquier etapa de gestación y en el artículo 86 reinstalaría la "inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena" a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que "abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo".Actualmente, de acuerdo con la ley 27.610 que se encuentra vigente, ambos artículos indican que no se incurre en delito en caso de que el aborto sea realizado dentro de las primeras 14 semanas de gestación y "con consentimiento de la persona gestante".En tanto la propuesta libertaria pide volver a modificar el artículo 85 del Código Penal y penalizaría "con reclusión o prisión de uno a cuatro años" si se practicara un aborto con consentimiento "de la mujer".Además, se eliminaría el artículo 85 bis, que reprime "con prisión de tres (3) meses a un (1) año e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena" a quien "dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare" a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.Asimismo, se modificaría el artículo 88 del Código Penal: "Será reprimida con prisión de uno (1) a tres (3) años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare".En la legislación actual, este artículo aplica tan solo de tres meses a un año a la persona gestante que, "luego de la semana catorce (14) de gestación causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare".El proyecto presentado por LLA plantea además que "la tentativa de la mujer no es punible. El juez podrá disponer que se exceptúe de la pena a la mujer en atención a los motivos que la impulsaron a cometer el delito, su actitud posterior, y la naturaleza del hecho".El documento presentado en Diputados el lunes fue acompañado por los diputados Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago.Al conocerse la noticia, la diputada de Unión por la Patria (UxP) y expresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, escribió en su cuenta de X: "Los derechos conquistados no van a ser arrebatados" y sumó un corazón de color verde, que simbolizó la lucha por la promulgación de la ley IVE.En el mismo sentido la diputada del Partido Gen, Margarita Stolbizer, aseguró que "vamos a defender la vigencia e implementación de la Ley 27.610 porque protege el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, evita la muerte de muchas mujeres, sobre todo las más pobres frente a un estado que todavía se pretende hacer más ausente"."Más reaccionarios no se consiguen. La Libertad Avanza frente a la derrota legislativa de ayer, hoy presentan un proyecto para derogar la ley de IVE. No los dejaremos avanzar sobre nuestra libertad!", aseguró la ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.También el diputado socialista de Santa Fe, Esteban Paulon, aseguró "no vamos a permitir ni un paso atrás en materia de derechos humanos! #AbortoLegal se defiende!".En tanto -consultado en el canal de noticias IP- el diputado por La Libertad Avanza, Carlos D'Alessandro, esgrimió que no estaba al tanto de esa propuesta legislativa y opinó: "No creo que sea necesario ahora, el contexto no da para esto".

Hoy se conmemora en toda Latinoamérica el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fecha que suscitará una serie de manifestaciones a nivel nacional para reclamar “la efectiva implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que sea ley en todos los países de la región”.

En la ciudad, desde antes de que la legislación se aprobara por mayoría en el Senado, a fines del año pasado, ya se implementaba el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, una alternativa que permitía el aborto por causales. Además, desde hace cinco años funciona la Consejería para la Reducción de Riesgos y Daños por Embarazos No Planificados que sigue prestando servicios en el Hospital Santamarina, un dispositivo que fue creado en el marco del Concejo Deliberante y encuadrado en normativas provinciales. 

En tanto, tras la legalización de la interrupción voluntaria de la gestación el pasado 30 de diciembre, se eliminaron las causales y se agilizó el acceso al proceso. En aras de dar curso al marco legal y garantizar el derecho, además del trabajo que lleva adelante la Consejería, desde el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) contrataron a un profesional extra para que se encargue de aplicar la IVE y evitar complicaciones llegado el caso, debido a que todo el Servio de Tocoginecología del Hospital Santamarina es objetor de conciencia. 

Esto se hizo para asegurar que en el segundo nivel de atención -la Consejería funciona en el primero- haya un ginecólogo no objetor que garantice algunas cuestiones que no se pueden resolver en el nivel de atención primaria. 

De hecho, según pudo saber este Diario, los 38 médicos ginecólogos de Tandil son objetores y se amparan en esta figura para no recetar el misoprostol o realizar las prácticas que sean necesarias de acuerdo al requerimiento de la paciente. 

Acceso desigual 

Por el momento, la implementación de la ley no presenta mayores problemas en la localidad, pero no es igual en todas las ciudades y provincias. En algunos distritos se han registrado algunos retrocesos en torno a la aplicación de la IVE y por eso la jornada de hoy servirá  para reimpulsar las demandas que todavía persisten alrededor de esta problemática.

"Salimos por la efectiva implementación de la Ley de IVE 27.610 en todo el territorio nacional, por educación sexual integral en todas las escuelas, por acceso a métodos anticonceptivos en todo el país", explicaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. También se movilizarán para "exigir la libertad de todas las presas por abortar y que no haya ninguna niña más obligada a gestar, parir y criar".Por último, esta acción también fue pensada en "sonoridad con todas las compañeras de América Latina y el Caribe que salen a las calles para conquistar este derecho". 

Casi 5 meses después de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el Congreso nacional, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un protocolo para el acceso a esta práctica, como así también para llevar adelante los procedimientos de interrupción legal del embarazo (ILE). La guía fue aprobada por la Resolución 1535/2021 publicada la semana pasada en Boletín Oficial.

“El protocolo es una herramienta de la política pública sanitaria que permite fijar estándares de acceso y calidad en la atención de las personas en situación de interrupción del embarazo y postaborto como así también de apoyo y respaldo a las instituciones que vienen garantizando este derecho”, explicó Valeria Isla, directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva de la cartera sanitaria, en una presentación que se realizó de manera virtual.

De acuerdo con la guía, la atención integral en la interrupción del embarazo implica: brindar un trato digno a la persona que solicita la práctica, asegurar su privacidad y la confidencialidad, promover y respetar su autonomía, intercambiar información amplia y completa, garantizar la atención de calidad, ofrecer consejería en anticoncepción y cuidados posteriores al procedimiento.

El protocolo, basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, incluye un paso a paso de las medidas a tomar por los establecimientos de salud desde la llegada de una persona embarazada, que comienza con el otorgamiento de información y consejería; y también incorpora detalles sobre las particularidades de la práctica según la edad de la paciente y el nivel de avance de la gestación, entre otros aspectos.

Cabe recordar que de acuerdo a la Ley N° 27.610, las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la IVE hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Además, tienen derecho a acceder a la ILE si el embarazo fuere resultado de una violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante

Después de la sanción de la ley habían quedado pendientes algunas precisiones sobre el ejercicio de la práctica en el día a día, aunque la norma ya estaba vigente. Una de esas deudas era conocer la aplicación de la objeción de conciencia.

Según la guía, los profesionales de salud tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia y no realizar abortos, aunque no deben obstaculizar la práctica. Además, tienen que mantener su posición en todos los ámbitos en los que ejerzan su profesión, ya sea en el sector público, de la seguridad social o privado; y previamente deben notificar su decisión a las autoridades de esos servicios.

Ante la llegada de una paciente que solicite la interrupción del embarazo el profesional de salud objetor deberá derivarla sin dilaciones para que sea atendida por otro profesional. Sin embargo, la objeción de conciencia no le permite negar información sobre el derecho a acceder al aborto, ni negarse a realizar la interrupción del embarazo en el caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata.

La objeción de conciencia es siempre individual, no institucional. Los efectores de salud privados y de la seguridad social – pero no del sector público – en que todos los profesionales de la salud sean objetores de conciencia, deberán derivarlo a otro efector. Para eso deben diseñar anticipadamente los mecanismos de derivación, para asegurarse de cumplir los plazos de 10 días corridos desde la solicitud.

Los costos asociados a la derivación y el traslado de la persona gestante quedarán a cargo del establecimiento que haga la derivación y deben facturarse a favor del efector que realice la práctica.

Por último, el protocolo contiene modelos de documentos como el consentimiento informado, declaración jurada para el acceso de la IVE por causal violación, con el objetivo de unificar el estándar de la práctica en todo el país.

La Ley

La ley sancionada establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive, del proceso gestacional.

Fuera de ese plazo, solo se permite si el embarazo fue resultado de una violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.

Las mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de 10 días corridos desde su requerimiento. Previo a la realización del aborto, se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.

Además, obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita del aborto. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantías de Calidad de Atención Médica y en el Programa Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total.

Asimismo se establece que el Estado tiene la responsabilidad de implementar la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), estableciendo políticas activas para la promoción y establecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población

El Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe fabricará el misoprostol, medicamento que se utiliza para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), para abastecer al sistema nacional de salud, informó la cartera sanitaria provincial.

El anuncio tuvo lugar luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizara ayer al LIF a producir y comercializar el misoprostol, lo que dejó al establecimiento estatal “en condiciones de proveer al resto del país un producto confiable y accesible”, de acuerdo al comunicado del Ministerio de Salud de Santa Fe.

“El misoprostol se utiliza para la interrupción legal del embarazo hasta la semana 13 de gestación”, indicó el texto oficial, que detalló que “previamente se contaba con un misoprostol fabricado en modalidad de producción asociada; pero desde el inicio de la gestión de (el gobernador) Omar Perotti, se decidió comenzar a producirlo 100 por ciento dentro del LIF”.

El ministerio de Salud detalló que “desde el mes de julio del año pasado se desarrollaron 300.000 pastillas y próximamente se sumará un cuarto lote con otras 100.000 unidades”.

“De esta manera, el LIF es el único laboratorio de la esfera pública que lo fabrica, mientras que el resto de los productores en el país son privados”, añadió el texto.

La subsecretaria de Medicamentos del ministerio de Salud, Sonia Tarragona, afirmó ayer a Télam que “esta medida es otro paso para cristalizar en un proyecto concreto la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se acaba de aprobar en el Congreso y la soberanía en la producción que se va a realizar en un laboratorio público para un medicamento que ahora va a poder tener tránsito federal y cualquier jurisdicción va a poder comprar”.

La funcionaria apuntó que “hasta ahora no había en la Argentina un medicamento de este tipo elaborado en un laboratorio público que contara con habilitación de Anmat” y detalló que “el misoprostol hoy cuesta 6.500 pesos en las farmacias y el Estado Nacional lo compra a 2.800 pesos la dosis, nosotros esperamos que este laboratorio público pueda producirlo a un costo de entre un tercio y la mitad de esos valores”.

“Hasta ahora había un único laboratorio privado autorizado para comercializar Misoprostol en Argentina, y nosotros esperamos que con el ingreso de un nuevo proveedor al mercado el precio de este medicamento baje en toda la cadena de comercialización”, añadió.

La Superintendencia de Servicios de Salud habilitó hoy un formulario de reclamo en caso de que obras sociales y prepagas nieguen o restrinjan el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Todos tus datos son confidenciales. Una persona de nuestro equipo se contactará con vos a la mayor brevedad”, sostiene el encabezado de la publicación.

Además de los datos personales y de la obra social o prepaga donde se presente la dificultad, el formulario ofrece opciones: Me negaron la práctica; Me obstaculizaron la práctica; Falta de cobertura de prestaciones incluidas en la ley, y Otros.

También tiene un recuadro que posibilita explicar la situación.

El último domingo entro en vigencia la ley 27.610 de acceso a la IVE.

Ese día, el Gobierno recordó que la norma establece que “los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y provinciales, las entidades y empresas de medicina prepaga” deben incorporar “la cobertura integral y gratuita de esta práctica”.

El formulario de la Superintendencia puede verse en https://www.argentina.gob.ar/sssalud/reclamos-interrupcion-voluntaria-embarazo

El Gobierno bonaerense presentó ayer la guía de acción para orientar en la aplicación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a los profesionales de la salud del distrito, en el marco de la promulgación de la Ley 27.610 y la firma de la resolución que aprueba su aplicación en la provincia de Buenos Aires.

“Todas las mujeres que a partir de hoy tengan la necesidad o sienten que tienen el derecho de tener un aborto dentro de los marcos que fija la ley de interrupción voluntaria del embarazo, lo van a poder hacer”, dijo el ministro de Salud provincial, Daniel Gollan, durante el acto de presentación de la guía, realizado en la Casa de Gobierno, en la ciudad de La Plata.

Precisó que “el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires va a dar respuesta a todas las mujeres que quieran realizar, dentro del marco que establece la ley, una interrupción voluntaria del embarazo”.

“Sin la lucha en las calles, esto no hubiese sido posible, si no hubiese existido esa marea verde, quizás algunas legisladoras y legisladores no hubiesen cambiado su manera de pensar”, reflexionó el ministro.

Orientación

La Guía está dirigida a todo el personal de salud, como así también a funcionarios públicos, con el objetivo de “orientar las prácticas del equipo de salud en la atención y cuidado de las personas en situación de interrupción del embarazo y postaborto”.

“El objetivo es garantizar estas prácticas, contribuyendo a la disminución de la morbimortalidad prevenible y promoviendo el ejercicio pleno de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas”, se planteó.

La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, celebró la elaboración de la guía y dijo que “hoy es un día de alegría, emociones, y de derechos conquistados”

Precisó que la guía es un documento de más de 30 páginas preparado especialmente para los efectores de salud de la provincia de Buenos Aires, que viene a ser un documento segmentario del protocolo de implementación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Recordó asimismo que estaba vigente en el Código Penal desde 1921 la Interrupción Legal del Embarazo con protocolos del Ministerio de Salud de la Nación al que adhirieron como Provincia al inicio de la gestión de Axel Kicillof.

Agregó que ahora se suma el protocolo para la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación, que es lo que incorpora la Ley 27.610 que el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la semana pasada, que incluye la atención de la mujer postaborto, y que entrará en vigencia a partir del próximo 24 de enero.

La ministra adelantó que la Interrupción Voluntaria del Embarazo estará accesible “en todo el sistema de salud, público, privado, con obras sociales incluidas”.

La atención

“En la práctica -precisó- la mujer se realiza la atención ginecológica en los consultorios de planificación familiar y a partir de ahí, hay diez días, según lo que establece la ley, como máximo para que se dé la respuesta para que se acceda a la práctica”.

Agregó que la práctica se realiza durante el primer trimestre, con un medicamento, que es el misoprostol, que se elabora en la provincia de Santa Fe y que la provincia ya utilizaba para la Interrupción Legal del Embarazo que existía hasta ahora.

“El sistema público de salud las va a tener para dar, también el programa de salud reproductiva compró, porque así como entrega los insumos de métodos anticonceptivos, también ha incorporado el misoprostrol que lo entrega para que llegue a todo el país”, dijo Díaz.

Por su parte, la directora provincial de Equidad de Género del ministerio de Salud bonaerense, Sabrina Balaña, explicó que esta guía ayudará a garantizar la aplicación de la ley y que los equipos de salud acompañen a las mujeres en su decisión.

En un acto realizado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, a 14 días de su sanción en el Senado, el presidente Alberto Fernández promulgó la ley 27.610 que legaliza la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en el país y la ley de los Mil Días, cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia. Las mismas fueron publicadas este viernes en el Boletín Oficial.

Luego de que hablaran la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra el Presidente firmó los decretos que promulgan las leyes.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Tandil, señalaron que esto es producto de la lucha colectiva sostenida por varios años por mujeres y disidencias sexuales de todo el país.

“Una lucha que hemos dado de forma transversal y federal, interpelando a diversos sectores de la política para generar una respuesta integral y respetuosa de los derechos humanos a la realidad de los embarazos no deseados y para erradicar la violencia de la criminalización y la negación del derecho a la salud de quienes deciden abortar”, asentaron.

Este ha sido un día ansiado, esperado y por el cual han militado incesantemente. “En Argentina será legal interrumpir una gestación por la sola decisión de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive”, recordaron, en tanto que fuera de ese plazo continúan vigentes los abortos legales en casos de peligro para la salud o en casos de violencia sexual previstos por el Código Penal desde 1921.

La ley promulgada el jueves debe ser cumplida por los profesionales de la salud, por los operadores de la Justicia y por otros agentes del Estado en todas las jurisdicciones del país. No es necesaria su reglamentación ni se requieren adhesiones provinciales desde la puesta en vigencia para ejercer el derecho.

La ley 27.610 reconoce el derecho a la autonomía, al trato digno, a la información, a la confidencialidad, a la privacidad y a la atención de calidad de quienes solicitan un aborto o atención post aborto, tanto en el ámbito público como privado.

“La lucha que comenzamos hace años, con nuestros pañuelos verdes y la militancia sostenida en cada lugar donde hubo que dar el debate, continuará con el seguimiento del cumplimiento de esta ley y con la promoción de este derecho que los feminismos supimos conquistar”, aseveraron.

La educación sexual integral, la provisión de anticonceptivos y la garantía del derecho al aborto legal seguro y gratuito, advirtieron que será la bandera que seguirán levantando en cada rincón del país para que el derecho reconocido a través de la ley sea “una realidad para todas las mujeres, niñas, lesbianas, bisexuales, trans y no binaries que habiten el suelo argentino”.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito se convocaron como cada lunes del mes, este 16 de noviembre en la plaza Independencia para seguir exigiendo que el Aborto sea Ley en el transcurso de este año.

La Campaña es un espacio de articulación política de organizaciones de los movimientos feministas, que brega por la despenalización y la legalización del aborto en Argentina. En Tandil propusieron acciones que sigan poniendo en agenda la demanda por el derecho al aborto legal, tanto a través de acciones en las redes sociales como con intervenciones callejeras.

Así, plantearon los “lunes verdes” para todo el mes de noviembre con la consigna de ocupar el espacio público, siempre acorde a las medidas sanitarias, con la intención de que el proyecto que fue presentado por octava vez en 2019, continúe teniendo estado parlamentario.

Desde la organización recordaron que en 2018 el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) logró la media sanción luego de un extenso debate en la Cámara de Diputados y una gran Marea Verde que empujó para que en Argentina se “despenalice socialmente” el aborto. “Como sabemos no alcanzó con la media sanción y el Senado en agosto de 2018 rechazó la Ley”, manifestó Rocio Liébana, militante de la Campaña.

“Queremos que sea tratada y aprobada”

Desde 1921 y fuertemente a partir del Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012, en Argentina se reconoce como derecho la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por causales, pero sin embargo Liébana fijó que existen fuertes barreras para el acceso. “Por nombrar algunos, el uso de la objeción de conciencia institucional y el rol que juegan sectores conservadores, desalientan a buscar respuestas en el Estado, a la vez que promueven el aborto inseguro y clandestino”, dijo.

“Este 2020 se cumplieron 15 años que la Campaña viene entregando cada dos años el proyecto, existe una presentación aún en estado parlamentario, que queremos que sea tratada y aprobada”, aseveró.

En este sentido, señaló que la campaña lucha por una salud pública de calidad, lo implica avanzar en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, ya que legalizar y despenalizar la interrupción voluntaria en Argentina significa “disminuir los peligros y las consecuencias de la clandestinidad y los abortos inseguros”.

Asimismo, la militante de la campaña sostuvo que “seguir ‘prohibiendo´ los abortos no resulta eficaz para detener su práctica ni tampoco las consecuencias de una práctica insegura; la clandestinidad es el mayor problema del aborto”.

“Se sabe que un proceso de interrupción voluntaria ambulatoria y con acompañamiento, no sólo evita riesgos para la salud de las personas con capacidad de gestar, sino también es más económica para la inversión pública”, explicó.

Finalmente, informó que están convocando a una caravana por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito para hoy, miércoles, a las 17. La concentración será en Pinto y Chacabuco y quien quiera puede sumarse en bicicleta o auto, siempre manteniendo las medidas de cuidado de distanciamiento y uso de barbijo.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito se convocaron como cada lunes del mes, este 16 de noviembre en la plaza Independencia para seguir exigiendo que el Aborto sea Ley en el transcurso de este año.

La Campaña es un espacio de articulación política de organizaciones de los movimientos feministas, que brega por la despenalización y la legalización del aborto en Argentina. En Tandil propusieron acciones que sigan poniendo en agenda la demanda por el derecho al aborto legal, tanto a través de acciones en las redes sociales como con intervenciones callejeras.

Así, plantearon los “lunes verdes” para todo el mes de noviembre con la consigna de ocupar el espacio público, siempre acorde a las medidas sanitarias, con la intención de que el proyecto que fue presentado por octava vez en 2019, continúe teniendo estado parlamentario.

Desde la organización recordaron que en 2018 el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) logró la media sanción luego de un extenso debate en la Cámara de Diputados y una gran Marea Verde que empujó para que en Argentina se “despenalice socialmente” el aborto. “Como sabemos no alcanzó con la media sanción y el Senado en agosto de 2018 rechazó la Ley”, manifestó Rocio Liébana, militante de la Campaña.

“Queremos que sea tratada y aprobada”

Desde 1921 y fuertemente a partir del Fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2012, en Argentina se reconoce como derecho la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por causales, pero sin embargo Liébana fijó que existen fuertes barreras para el acceso. “Por nombrar algunos, el uso de la objeción de conciencia institucional y el rol que juegan sectores conservadores, desalientan a buscar respuestas en el Estado, a la vez que promueven el aborto inseguro y clandestino”, dijo.

“Este 2020 se cumplieron 15 años que la Campaña viene entregando cada dos años el proyecto, existe una presentación aún en estado parlamentario, que queremos que sea tratada y aprobada”, aseveró.

En este sentido, señaló que la campaña lucha por una salud pública de calidad, lo implica avanzar en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, ya que legalizar y despenalizar la interrupción voluntaria en Argentina significa “disminuir los peligros y las consecuencias de la clandestinidad y los abortos inseguros”.

Asimismo, la militante de la campaña sostuvo que “seguir ‘prohibiendo´ los abortos no resulta eficaz para detener su práctica ni tampoco las consecuencias de una práctica insegura; la clandestinidad es el mayor problema del aborto”.

“Se sabe que un proceso de interrupción voluntaria ambulatoria y con acompañamiento, no sólo evita riesgos para la salud de las personas con capacidad de gestar, sino también es más económica para la inversión pública”, explicó.

Finalmente, informó que están convocando a una caravana por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito para este miércoles a las 17. La concentración será en Pinto y Chacabuco y quien quiera puede sumarse en bicicleta o auto, siempre manteniendo las medidas de cuidado de distanciamiento y uso de barbijo.

Ayer al mediodía, en la explanada del Municipio, quienes adhieren en Tandil a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito dispusieron una silla por cada uno de los 15 años que llevan representando la lucha histórica del movimiento feminista de mujeres, tejiendo redes para lograr la urgencia de la promulgación de una ley que contemple su derecho a decidir sobre su cuerpo.

En esta oportunidad buscaron la manera de ser creativas con la manifestación y adaptarse a los requerimientos que la pandemia impone, sin dejar de acoplarse al reclamo nacional en exigencia del tratamiento y aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) en 2020. Con este motivo, desde las 12 y hasta las 15 de ayer realizaron la intervención a los pies de las escalinatas del palacio Municipal.

Tal como reveló Rocío Liébana, en voz de la Campaña a nivel local, empezaron este año con una expectativa tanto social como política de que el reclamo se convierta en un derecho efectivo, sin embargo empezando noviembre y con cuenta regresiva se vuelve cada vez más urgente el tratamiento del proyecto de ley.

“Sabemos que hay un consenso social y que está la posibilidad de que realmente salga, pero creemos que falta un poco de voluntad política para concretarlo en el transcurso de este mes”, sostuvo.

Aquí, cabe recordar que el proyecto fue presentado en ocho oportunidades y que en las últimas semanas suspendieron dos reuniones de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito con la Cámara de Diputados. Además, dentro de pocos días vence el plazo para que las comisiones de esa cámara puedan dictaminar, y la reunión fue reprogramada para este jueves 5 de Noviembre al mediodía.

La deuda de la democracia

No es una moda, ni surgió de un día para el otro. Las sillas invitaron a dimensionar esos 15 años de lucha iniciados en 2006 con los encuentros nacionales de mujeres, que dio surgimiento a la Campaña.

“Se ha gestado de forma lenta pero masiva y, que de un día para otro, en la convocatoria al debate en la Cámara de Senadores y Diputados, claramente pudo demostrarse el nivel de consenso y adhesión”, reseñó.

Acompañando a las butacas con sus respectivos pañuelos verdes, la escena estuvo acompañada por carteles donde informaron que en 37 años de democracia, “son 3200 las mujeres que murieron producto de abortos inseguros”, por lo que consideraron que la falta de tratamiento y aprobación de la Ley IVE es una deuda de la democracia para con todas las personas con capacidad de gestar y abortar.

La expectativa, personal y política, para Liébana siempre está puesta en lograrlo este año, ya que a su parecer el 2021 podría ser aún más complejo en estos términos.

El punto de inflexión

“Desde la campaña lo que trabajamos es que cualquier persona que quiera iniciar la interrupción de un embarazo, tenga la posibilidad de tener los controles previos y posteriores, con la garantía de que frente a cualquier eventualidad pueda acudir a un sistema de salud pública”, explicó, buscando de esta forma que no haya mayor incremento en las muertes por aborto.

Por otro lado, sabiendo que son prácticas que se realizan principalmente de forma ambulatoria, desmitificó el hecho de que vaya a significar un colapso del sistema sanitario. Igualmente, enfatizó que el Estado debe estar garantizando todo lo que refiere a controles y cuidados.

“Estamos en un país donde hoy la interrupción legal es un derecho”, indicó, sin embargo saben que en todos los lugares de forma igualitaria por lo que tienen muchas luchas por delante en distintos planos. En este sentido, consideró que avanzar sobre la Ley de IVE amplía aún más ese espectro de derechos.

En cuanto a la pandemia, razonó que fue un punto de inflexión para que todo aquello que está escondido o solapado en la sociedad se esclarezca; lo que a su vez refuerza los motivos de urgencia y esencialidad de una ley para el aborto.

“Coincido en que el debate es necesario”, dijo Morando

Al momento en que realizaban la intervención en reclamo de tratamiento y aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE), desde la Intendencia emergían los directivos del Sistema Integrado de Salud Público (SISP) y el presidente, Gastón Morando no dudó en brindar su perspectiva.

“Está claro que el debate en torno a la legalización del aborto tiene que ver con la salud pública, más allá de las consideraciones que se puedan hacer en términos religiosos, filosóficos y demás”, señaló.

Asimismo, indicó que buena parte de la mortalidad materna está asociado a esta causa y que se ha demostrado que en buena parte de los países donde se ha implementado, “que son mayormente los desarrollados”, se ha reducido notablemente este factor.

Además, consideró importante que pronto se vuelva a dar lugar en el Congreso Nacional porque es un problema que existe día a día y es necesario “atacarlo”, destacando la importancia de que tomen nota de las experiencias internacionales.

“Si no se debate la ley, las muertes van a seguir ocurriendo y las mujeres que quieran abortar lo van a seguir haciendo”, determinó.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Tandil continúan exigiendo el tratamiento y aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) en 2020. Con este motivo, desde las 12 y hasta las 15 de este lunes mantendrán visible este reclamo con una intervención en las escalinatas del Municipio. 

“No podemos esperar más”, enfatizaron al recordar que en las últimas semanas suspendieron dos reuniones de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito con la Cámara de Diputados. Dentro de pocos días vence el plazo para que las comisiones de esa cámara puedan dictaminar y la reunión fue reprogramada para el jueves 5 de Noviembre a las 12 del mediodía.

Destacando que están abiertos al diálogo “como desde hace 15 años”, intensifican sus acciones en todo el territorio argentino y realizan esta intervención callejera donde explicaron que cada una de las 15 sillas dispuestas en la explanada simboliza los 15 años que llevan como Campaña exigiendo la legalización y despenalización del aborto en Argentina.

“Nuestro proyecto de Ley -que fue presentado en ocho oportunidades- es justicia social, es un derecho humano y atañe a la salud pública. En 37 años de democracia, son 3200 las mujeres que murieron producto de abortos inseguros. La falta de tratamiento y aprobación de la Ley IVE es una deuda de la democracia para con todas las personas con capacidad de gestar y abortar”, aseveraron.