El concejal mandato cumplido por la UCR-Cambiemos, José Luis Labaroní, conversó con el ciclo radial “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM) acerca de la crisis que ahoga al segmento comercial. El exlegislador es, además, propietario de una tintorería, y la apremiante situación lo toca de cerca.

“La situación para el rubro de servicios en general es complicada, lo primero que la gente corta son los servicios suntuosos como es llevar a limpiar un saco. Es complicado a futuro”, evaluó.

“El shock de oferta repercutió en la demanda, la gente al no poder cobrar, cobrar menos o no saber si va a hacerlo, empezó a guardar y no consume. Esto resiente la cadena de pagos de gastos fijos y cargas impositivas”, explicó.

El “shock” en los ingresos hizo que se pare la rueda económica y se trabe todo el entramado comercial, lo que redundó en un desesperado pedido de ayuda del sector al intendente Miguel Lunghi.

Acompañamiento a los comerciantes 

La mayor dificultad la tienen aquellos negocios y emprendimientos que aún no han podido abrir, pero quienes han podido hacerlo desde el comienzo por cubrir la demanda de servicios esenciales, también están en aprietos debido a la caída estrepitosa del consumo.

Al respecto, Labaroní sostuvo que “está claro que la Municipalidad por sí sola no puede salir a bancar a todos los comercios, pero como hombre de este gobierno, lo que sí me parece es que se tiene que poner al frente de los reclamos de los comerciantes, que son los que  generan parte del PBI de la ciudad”.

Así, destacó la necesidad de que haya un gesto -al menos simbólico- por parte de Lunghi con respecto a los comerciantes, y no vaciló al expresar que “faltaría que el Intendente se pusiera públicamente al frente de estos reclamos”.

“Conociendo a Miguel (Lunghi) como lo conozco, sé que eleva todas las necesidades a donde corresponde, pero tiene que tener un gesto público con sus vecinos. Creo que es lo que puede aportar, porque el Municipio tiene recursos muy exiguos y caídos después de esto”, afirmó.

Maneras de sobrevivir

Si bien su rubro, tintorería y lavandería, estuvo exceptuado del aislamiento obligatorio desde que se decretó, decidió cerrar durante dos semanas  porque era mayor el gasto que la ganancia.

En este tren, fortaleció el sistema de delivery que tenía funcionando previo a la pandemia y después volvió a abrir el local de 9 a 14, de acuerdo a las normativas locales. Estas modificaciones volcaron el mayor porcentaje de ingresos al servicio de retiro y entrega a domicilio, el actual caballito de batalla de los negocios.

También se refirió al tema de los alquileres, un aspecto que entre los dueños, lo inquilinos y las inmobiliarias vienen sobrellevando de la mejor manera posible, en un marco de entendimiento de ambas partes.

“Uno tiene que sincerarse y esto no puede dar lugar a la piolada. Hay que buscar el equilibro de los alquileres, todos los días hay una situación distinta. En mi caso hubo mucha comprensión y veremos cómo se desarrollan las cosas”, puntualizó.

“Sobre llovido, mojado”

En la entrevista, el exfuncionario legislativo fue crítico del gobierno macrista del cual formó parte y achacó la escasa “espalda” del sector comercial para enfrentar la pandemia a la política económica de la gestión anterior.

“Venimos de dos años de crisis que pulverizó el capital de trabajo. Me habrán escuchado, cuando era concejal oficialista, hacer declaraciones contra la política económica que llevaba adelante el gobierno al cual yo representaba”, justificó.

“Sobre llovido mojado”, apuntó y aventuró que los anuncios del actual presidente no se traducen en acciones concretas ni llegan a  la totalidad de la población que tiene problemas.

En este sentido, ejemplificó que no pudo acceder, por su condición fiscal, a los créditos a tasa cero de 150 mil pesos que comenzó a otorgar el Ejecutivo nacional.

“No entro porque no soy autónomo ni monotributista, soy responsable inscripto”, detalló y calificó la segmentación como “injusta”.

“El Gobierno discrimina y no llega a todos, espero que sea mas equitativo, a ver si nos permiten seguir viviendo. Veo un futuro negro a corto plazo; cerrar, quedar con un tendal de deudas y despidiendo empleados con los que vas a tener que lidiar en el Ministerio de Trabajo por no pagar la indemnización correspondiente”, vaticinó.

Los paliativos locales

En torno a los alivios locales ofrecidos por el Estado municipal y la Usina, Labaroní detalló que hizo uso de los beneficios de la compañía distribuidora de energía eléctrica.

“Tengo una tarifa especial por ser gran consumidor, es una tarifa que había contratado  con anterioridad. Ahora se paga solamente  lo consumido y no lo contratado, es un paliativo. Sé que también se financia a quienes están complicados, es un buen gesto de la empresa”, se explayó.

También puso de relieve las facilidades extendidas por la comuna, que suspendió los mínimos y autorizó que la TUAE (Tasa Unificada de Actividad Económica) se abone en base a lo trabajado y no a parámetros previamente determinados, para muchos imposibles de alcanzar en este momento.

“Esto es un alivio muy grande, y también está la prórroga de los vencimientos de las tasas. Mucha más ayuda en términos económicos no puede ofrecer”, consideró.

El concejal mandato cumplido por la UCR-Cambiemos, José Luis Labaroní, conversó con el ciclo radial “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM) acerca de la crisis que ahoga al segmento comercial. El exlegislador es, además, propietario de una tintorería, y la apremiante situación lo toca de cerca.

“La situación para el rubro de servicios en general es complicada, lo primero que la gente corta son los servicios suntuosos como es llevar a limpiar un saco. Es complicado a futuro”, evaluó.

El “shock” en los ingresos hizo que se pare la rueda económica y se trabe todo el entramado comercial, lo que redundó en un desesperado pedido de ayuda del sector al intendente Miguel Lunghi.

Acompañamiento a los comerciantes 

La mayor dificultad la tienen aquellos negocios y emprendimientos que aún no han podido abrir, pero quienes han podido hacerlo desde el comienzo por cubrir la demanda de servicios esenciales, también están en aprietos debido a la caída estrepitosa del consumo.

“El shock de oferta repercutió en la demanda, la gente al no poder cobrar, cobrar menos o no saber si va a hacerlo, empezó a guardar y no consume. Esto resiente la cadena de pagos de gastos fijos y cargas impositivas”, explicó.

Al respecto, Labaroní sostuvo que “está claro que la municipalidad por sí sola no puede salir a bancar a todos los comercios, pero como hombre de este gobierno lo que sí me parece es que se tiene que poner al frente de los reclamos de los comerciantes, que son los que  generan parte del PBI de la ciudad”.

De este modo, expuso la necesidad de que haya un gesto -al menos simbólico- por parte de Lunghi con respecto a los comerciantes, y no vaciló al expresar que “faltaría que el Intendente se pusiera públicamente al frente de estos reclamos”.

“Conociendo a Miguel (Lunghi) como lo conozco, sé que eleva todas las necesidades a donde corresponde, pero tiene que tener un gesto público con sus vecinos. Creo que es lo que puede aportar, porque el Municipio tiene recursos muy exiguos y caídos después de esto”, señaló.

Los paliativos locales

En torno a los alivios locales ofrecidos por el Estado municipal y la Usina, Labaroní detalló que hizo uso de los beneficios de la compañía distribuidora de energía eléctrica.

“Tengo una tarifa especial por ser gran consumidor, es una tarifa que contratamos con anterioridad. Ahora se paga solamente  lo consumido y no lo contratado, es un paliativo. También se financia a quienes están complicados”, se explayó.

También enfatizó las facilidades extendidas por la comuna, que suspendió los mínimos y autorizó a que la TUAE (Tasa Unificada de Actividad Económica) se abone en base a lo trabajado y no a parámetros previamente determinados, para muchos imposibles de alcanzar en este momento.

“Esto es un alivio muy grande, y también está la prórroga de los vencimientos de las tasas. Mucha más ayuda en términos económicos no puede ofrecer”, consideró.

En medio de un debate que se posterga con miras a conocer la nueva política en materia de transporte, el Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un pedido para que se extienda hasta por doce meses la vigencia del contrato de concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros con vencimiento en febrero de 2020.

Mientras se elabora el nuevo pliego de bases y condiciones, oportunidad para reformular las condiciones del servicio, mejorarlo y responder a la expansión de la ciudad, el Gobierno comunal aguarda certezas en cuanto al esquema de subsidios principalmente que aplicarán las autoridades electas.

Entre las razones hizo referencia a la asunción de nuevos cargos ejecutivos y legislativos nacional, provincial y municipal desde el 10 de diciembre y sumó las expectativas por la definición del esquema de subsidios, cuyo aumento o disminución tendrá incidencia en la estructura de costos del servicio.

Así, y dada la importancia y complejidad de la próxima licitación, resulta “indispensable” la elaboración de un nuevo pliego de bases y condiciones que se adecúe a las necesidades presentes y futuras.

Respaldado en uno de los artículos que contempla el pliego de bases y condiciones vigente, solicitó que prorrogue hasta por doce meses la actual concesión para que se pueda avanzar en la elaboración de un nuevo proceso licitatorio “que recepte las nuevas necesidades operativas, económicas, tecnológicas y funcionales que el servicio demanda”.

El expediente podría tomar estado legislativo en la próxima sesión legislativa, prevista para el 5 de diciembre.

La decisión

El concejal de UCR – Cambiemos, José Luis Labaroní, ratificó lo expuesto y agregó que “no hay definiciones políticas del Gobierno provincial, ni nacional sobre la modalidad que tendrán los subsidios”.

En ese sentido, alertó que las eventuales futuras extensiones que demandará la nueva concesión demandarían la implementación de subsidio por kilómetro. “Como Estado está la obligación de llevar el transporte público hacia un sector donde nunca han ido, para que la gente suba hay que garantizar servicio y su temporalidad. Eso tiene un tiempo prudencial para que empiecen a tomar confianza, lo tome como habitual. No se puede subsidiar el Índice de Pasajero por Kilómetro (IPK) porque no existe”, explicó.

En los subsidios “eso no está y obviamente habrá una rediscusión”, estimó el presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, que precisó que la “mancha urbana se extendió un 40 por ciento” y eso generó una demanda cobertura del servicio público concesionado de distintas áreas que deberán considerarse.

Ante la falta de certezas, se decidió “solicitar al Concejo Deliberante una prórroga para poder esperar esa información porque alguna ingeniería financiera habrá que hacer si no se subsidia el kilómetro”.

“Esto lo venía viendo hace rato, que no había una política de subsidios clara y que obviamente, al haber un cambio de gobierno, iba a generar complicaciones. Por eso se acordó el pedido de una prórroga, que tomaría estado legislativo en la sesión del 5 de diciembre”, resaltó el concejal.

Calculó que el plazo será de hasta un año para resolver estos aspectos “pero esperamos definiciones mucho antes”.

Los fondos y usos del Programa de Accesibilidad y Movilidad para Adultos Mayores y Veteranos de Guerra de Malvinas (Pampam) sigue dando tela para cortar.

En esta ocasión, el concejal de la UCR-Cambiemos y presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante José Luis Labaroní visitó el piso del ciclo Tandil despierta (ECO TV  y 104.1 Tandil FM) para hablar del tema. De acuerdo a lo publicado en ediciones anteriores, el programa tiene inscriptos a  1233 jubilados que cobran la mínima, sobre los 10 mil potenciales usuarios que se había previsto. Además, cuenta con 146 titulares de pensiones no contributivas y 23 excombatientes de la Guerra de Malvinas. En poco más de tres meses, el programa insumió 1.357.378,69 pesos del Fondo de Compensación que supera los 22 millones.

El edil justificó la decisión del oficialismo de atender un universo restringido de beneficiarios debido a la imposibilidad de garantizar subsidios para el próximo año en medio de la incertidumbre  electoral y económica, y de que aún no puede establecerse una tasa de uso. En tanto que el resto de los fondos se giraron directamente a las empresas de la Cámara de Transporte para su sostenimiento.

“Desde que salió la ordenanza se habló de un criterio de prudencia. No se podía desde el Ejecutivo abrir el espectro porque no sabemos si lo vamos a tener que cubrir con recursos de libre disponibilidad, se va a ir abriendo de manera gradual y expansiva en el tiempo en la medida que tengamos los recursos para financiarlo”, sostuvo.

Transferencia de recursos 

La legislación vigente en el presupuesto nacional, que habilita la creación el Fondo de Compensación, prevé que dichas partidas  presupuestarias se utilicen para financiar el transporte urbano en los distritos que no cuentan con el SUBE y los beneficios de la tarifa federal.

El Pampam fue creado, entonces, para transferir parte de esos fondos líquidos a las empresas que brindan el servicio de transporte público de pasajeros ofreciendo un alivio a los usuarios, y la objeción del arco opositor se centró  en el grupo reducido de usuarios alcanzados por los beneficios. Fuentes consultadas aseveraron que el monto total ascendió ahora a 28.600.000 de pesos porque siguen ingresando partidas y que algunas estaban reservadas en plazos fijos para generar otros fondos.

“La plata era para las empresas, la normativa  da la facultad de transferirla por medio de implementar tarifas diferenciales sobre alguna de las categorías de la tarifa federal, y en vez de dársela directamente a las compañías, buscar un elemento para generar beneficios a la población”, precisó Labaroni.

Política subsidiaria 

El legislador reconoció que deberían haberse volcado más recursos pero se amparó en la cautela ante la falta de confirmación de las cifras de la macro fiscal y los subsidios. El presupuesto municipal no puede financiar el transporte público y, conforme a lo informado, los recursos de libre disponibilidad son muy acotados y no hay capacidad para absorber en forma permanente los costos del programa. “Hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, se ven las falencias y no las virtudes”, opinó, destacando el avance en materia de boletos diferenciales.

En este sentido, refirió que “probablemente haya un cambio de gobierno en Nación y Provincia” que presente un escenario diferente al reinante y dificulta la definición de una política pública de subsidios.

Según detalló, la intención del Gobierno actual y de la oposición es continuar con los subsidios, pero desde la gestión macrista y de Vidal la idea es que los municipios intervengan cada vez más en el financiamiento del transporte, siguiendo la línea de trasladar más responsabilidades a los distritos. “Quienes creemos en la autonomía de los municipios estamos de acuerdo, pero tienen que implementar medidas que generen resortes para recaudar y poder solventarlo”, distinguió.

La Comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante trató el proyecto impulsado por los bloques de la oposición para ampliar a más beneficiarios el Programa de Accesibilidad, Movilidad y Sustentabilidad del Transporte Público de Pasajeros (Pampam) y crear la categoría de pasajero frecuente, para invertir los 22.287.101,95 pesos del Fondo de Compensación al Transporte Urbano que envió la Nación. Si bien el oficialismo tuvo intenciones de remitir el expediente al Departamento Ejecutivo, primó la postura de los integrantes del Justicialismo e Integrar que reclamaron que funcionarios de la Secretaría de Gobierno brinden información precisa.

Además del presidente de la comisión, el radical José Luis Labaroní, participaron Gabriel Bayerque y Marcela Vairo, y el justicialista Facundo Llano –autor del proyecto- y Nilda Fernández de Integrar.

En ese marco, se generó una discusión debido a que el bloque oficialista buscaba girar el expediente a la Secretaría de Gobierno. Finalmente, se impuso la postura de la oposición, quedó en comisión y encomendaron a Labaroní para que convoque a funcionarios del SUMO a que brinden los datos del Pampam.

La ordenanza que creó el programa para subsidiar el boleto de colectivo a jubilados que cobran la mínima y héroes de Malvinas, que se sancionó el 9 de mayo pasado, estableció que en un plazo de 60 días el Ejecutivo debía elevar un informe con la cantidad de usuarios totales, cantidad de usuarios desagregados por categoría, impacto económico de la categoría creada al efecto y estado presupuestario de ejecución de la partida. El objetivo de poder evaluar la información es analizar si es posible ampliar la población objeto de derecho.

“Que den explicaciones”

Tras el encuentro del miércoles, Nilda Fernández ratificó que tenían el compromiso de su par Labaroní de elevar el informe con los datos del programa, “entonces lo que planteamos fue que vengan y nos den explicaciones”.

Al mismo tiempo, informó que “todo surge porque una persona elevó una nota al Concejo para pedir una excepción para ingresar al sistema, porque cobra la jubilación mínima y una asignación familiar”.

Entonces, los concejales infirieron que con el tratamiento de este caso, iban a surgir muchos más, “porque tiene el mismo derecho que el que cobra una jubilación mínima y una pensión, que fue lo que planteamos desde un primer momento”. Durante el debate legislativo del Pampam, desde la oposición había reclamado incluir a aquellos jubilados que cobran la mínima y una pensión, teniendo en cuenta que también padecen por la situación económica. Desde el oficialismo no accedieron, pero se comprometieron a, en dos meses desde la implementación, evaluar los costos del subsidio para ampliar la población objeto de derecho con los 22 millones de pesos del Fondo de Compensación que envió la Nación.

“No mandaron los datos en 60 días, ni mandaron absolutamente nada”, enfatizó la concejal de Integrar y reiteró que “pedimos que venga el Ejecutivo a la Comisión de Transporte, que traigan los números, porque de otro modo no podemos tratar el proyecto de ordenanza que presentamos”.

En ese sentido, enfatizó que a partir de la implementación del SUMO, el Municipio cuenta con las herramientas tecnológicas para procesar la información sobre el Pampam.

“Expediente que baja al Ejecutivo es expediente que duerme”

La concejal Nilda Fernández expresó que “si el expediente con la ordenanza que nosotros presentamos la mandamos al Ejecutivo, lo duermen y se va a ir esta gestión y no lo vamos a tratar”.

En tanto, adelantó que el presidente de Transporte quedó en dialogar con funcionarios del Ejecutivo para citarlos para la próxima reunión que podría convocarse para el lunes.

“Con los números en la mano, podemos hablar. Labaroní nos dijo que tenía que ir al Ejecutivo porque es el que maneja los números. Fantástico, pero el que maneja los números nos prometió que nos iba a elevar información y nunca lo hizo. Entonces como no la elevaron, que vengan ahora y hablamos con los números en la mano, porque expediente que baja al Departamento Ejecutivo es expediente que duerme. No regresa más”.

Insistió en que Labaroní “manifiesta no tener información fehaciente” en cuanto a la cantidad de inscriptos en el programa y sobre la marcha del gasto del Fondo de Compensación. “Lo único que había eran declaraciones de Luján Britos (directora de Integración y Extensión Comunitaria que depende de la Secretaría de Desarrollo Social), que dijo que era muy poca la gente que estaba incluida o usaba el sistema”, afirmó.

La nueva licitación

Por otra parte, la concejal de Integrar Nilda Fernández señaló que la ampliación del universo de beneficiarios del Pampam no es el único tema importante que tiene la Comisión de Transporte y Tránsito para tratar e hizo referencia al nuevo pliego para la licitación del transporte urbano de pasajeros, ya que se vence la concesión.

“Se va la gente que más sabe de transporte en la comisión, a fin de año, el 10 de diciembre, no quedan concejales. Se va José Luis Labaroní, Gabriel Bayerque, Facundo Llano y Darío Méndez, todos los que realmente estudiaron y lo saben a la perfección”, alertó sobre las dilaciones para avanzar con este tema trascendental para conectar e integrar la ciudad, pero que además repercute en el tránsito.

Y remarcó como “lo más grave” de la demora para comenzar a elaborar el pliego es que “los funcionarios que tienen que estar haciendo análisis, estudios y que ya debieran estar trabajando con este tema, con personas especializadas en movilidad urbana, son del Departamento Ejecutivo”.

La Comisión de Economía y Presupuesto del Concejo Deliberante realizó un primer abordaje del proyecto para implementar un régimen especial de apoyo y fomento al desarrollo productivo local, que impulsaron los concejales de la oposición hace diez días. En principio, el oficialismo aguardará información de la Secretaría de Economía, teniendo en cuenta que la herramienta podría implicar una reducción de los recursos que ingresen en la arcas municipales en los próximos meses.

La iniciativa del peronismo promueve una reducción de diversas tasas para los sectores productivos y establece, como una de sus condiciones para acceder a los beneficios, no efectuar despidos ni suspensiones de trabajadores desde la entrada en vigencia de la normativa.

El último lunes, el oficialismo reunió a los integrantes de Economía y puso en tratamiento el proyecto que tomó estado legislativo en la sesión del jueves 29 de agosto pasado. El presidente de la comisión, el radical José Luis Labaroní, solicitó tiempo para continuar analizando el expediente, al fundamentar que necesitaba información del Departamento Ejecutivo.

En diálogo con El Eco de Tandil, Labaroní mencionó que decidieron dejar el proyecto en comisión “primero, porque hay un proceso de inyección de recursos del presupuesto al gasto municipal en Desarrollo Social, y segundo, porque queremos determinar claramente si va a haber o no disminución de recursos de la Provincia hacia el Municipio por el tema de coparticipación de Ganancias y de IVA”.

“Queremos medir el impacto”

Agregó que a partir de esos datos, deberán “ir midiendo en forma paralela el impacto que tendrían las medidas” impulsadas por la oposición, porque “los muchachos te piden de todo y está bien, yo soy comerciante y entiendo el tema, qué es lo que estamos sufriendo, pero también hay que ser muy responsable en el gasto porque desfinanciamos al Municipio”.

El presidente de Economía analizó que con tanta cantidad de medidas que “van cayendo” de Provincia y de Nación, a través de la coparticipación provincial, sumado el mayor esfuerzo del gasto en Desarrollo Social, “genera un impacto. Queremos medir eso dentro de la estructura municipal para después avanzar con una discusión que sabemos que tiene un costo alto. Lo que pide la oposición no tiene un costo barato, es alto el costo”, advirtió.

La coparticipación

La semana pasada, el intendente Miguel Lunghi expresó, en una reunión con vecinos para atender un pedido de obras de asfalto, su preocupación por la disminución en los niveles de coparticipación. Sin embargo, desde la Secretaría de Economía aún no confirmaron estas versiones ni informaron su posible impacto para la administración local.

“Yo no tengo información certera con respecto a la disminución de la coparticipación. Se tiran muchos números al azar, entonces quiero ver claramente cuál es la disminución de coparticipación, porque estamos en un proceso inflacionario y normalmente ajusta los ingresos”, señaló Labaroní y reconoció que “el contribuyente, por efecto del proceso inflacionario, siempre termina pagando un poco más”.

En simultáneo, analizó que “por un lado, disminuyen el IVA; por otro lado, afectan Ganancias pero, por otro lado, la Nación debería ir recibiendo mayores recursos. Hay que conjugar todo eso y ver cómo cae al Municipio. No es una cuenta sencilla, no es tan directo y lineal”.

Miradas sobre un problema

Al evaluar la presión de las tasas en los sectores productivos locales, Labaroní se puso en su otro rol de comerciante y admitió que “se sufre la enorme presión impositiva en términos generales, que es infernal. De eso se quejan los comerciantes y tienen razón. Hay que ir disminuyendo esa presión”.

Como contrapartida, evaluó que “disminuir la fuente de recursos significa también achicar el gasto y eso es lo más difícil desde el Estado, achicar el gasto, por todas las presiones corporativas de adentro del Estado: el sindicato, los directores que quieren recursos para hacer obras, los secretarios, los intendentes, los legisladores. No es tan fácil decir ‘achicamos el Estado’, y soy consciente de que hay que ir a un proceso de esos. También, en lugar de achicar el Estado, se puede agrandar la masa de recursos. Hay muchas formas de mirar el problema”.

En el ámbito local, consideró que “los comerciantes se quejan de la TUAE (Tasa Unificada a la Actividad Económica) porque es más fácil, porque al Intendente lo tienen adelante” y resaltó que “lo que mayor peso tiene hoy son las cargas sociales, con un peso de más del 46 por ciento del sueldo bruto. Cada dos empleados, tenés uno más”.

El peronismo quiere un municipio

activo en la promoción de la actividad

El proyecto que presentaron los concejales de la oposición para implementar el régimen especial de apoyo y fomento al desarrollo productivo local tiene como objetivo que el Municipio “aliente y acompañe las inversiones privadas en el contexto de recesión que se generó por las políticas económicas nacionales y provinciales”.

Desde una mirada política, frente a la crisis, resaltaron que “resulta necesario promover e incentivar la actividad comercial a los nuevos emprendedores, como así también a los que permanecen en actividad”.

El proyecto de ordenanza, pensado para lo que resta del año, impulsa una reducción de las tasas municipales para contribuyentes de la Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE) y Tasa de Protección Ciudadana Complementaria, sujetos al Régimen General, al Régimen Especial y al de Grandes Contribuyentes; a los de la Tasa de Limpieza e Higiene; de la Tasa Especial de Habilitaciones para Comercios e Industrias; de la Tasa de Servicios Varios (Art. 100 y 100 bis de la Ordenanza Impositiva 16.400); de los Derechos de Publicidad y Propaganda, y de los Derechos de Ocupación y Uso de Espacio Público.

La herramienta establece eximiciones del 20 por ciento para Grandes Contribuyentes, del 50 por ciento para los del Régimen Especial y del 80 por ciento para los del Régimen General, entre agosto y diciembre, para las tasas Unificada de Actividades Económicas, Complementaria de Protección Ciudadana, Limpieza e Higiene, Especial de Habilitaciones para Comercios e Industrias, de Servicios Varios, Derechos de Publicidad y Propaganda y Derechos de Ocupación y Uso de Espacio Público.

Por otra parte, el proyecto contempla que para aquellos que registren deuda, la eximición se reducirá al 50 por ciento de lo estipulado. En tanto que para acceder al beneficio, deberán presentar las declaraciones juradas en tiempo y forma, conforme las regulaciones de la ordenanza fiscal vigente.

Para los emprendimientos nuevos que inicien los trámites de la habilitación municipal, proponen la eximición del ciento por ciento del pago de las tasas por Habilitación de Comercios e Industrias, por Limpieza e Higiene, Derechos de Publicidad y Propaganda y de Ocupación y Uso de Espacios Públicos.

Por último, el artículo séptimo determina que “será condición necesaria para acceder a los beneficios alcanzados por el presente régimen no efectuar despidos ni suspensiones de trabajadores desde la entrada en vigencia de la presente ordenanza”.

El resto del articulado refiere a la modificación de la Ordenanza Fiscal e Impositiva y faculta al Departamento Ejecutivo para realizar las adecuaciones presupuestarias que demande el cumplimiento del programa.

Los cambios de circulación para Larrea, Fugl y las calles trasversales, que tras largos meses de discusión finalmente fueron aprobados por el Honorable Concejo Deliberante el pasado 25 de julio, hicieron que debiera modificarse también el recorrido de la Línea 500 de Transporte Público de Pasajeros.

José Luis Labaroní, presidente de la Comisión de Transporte del HCD, explicó en diálogo con El Eco Multimedios cómo será el nuevo camino que realizará el Amarillo: “Nosotros lo que hicimos fue trabajar con la Línea 500, la amarilla, que en vez de subir por Larrea, como lo hacía antes, lo va a hacer por Fugl”.

Para ello se realizaron algunas modificaciones en los nuevos semáforos que se instalaron sobre la avenida Bolívar y se cambió una parada, la cual ahora estará sobre Fugl. “Cuando el colectivo dobla, frena ahí”, explicó Labaroní.

El resto se mantendrá igual, de modo que no significará una gran modificación en cuanto al recorrido pero sí en cuanto a cuadras.

Luego de seis meses en estudio, en la sesión de hoy del Concejo Deliberante ingresará para su tratamiento y aprobación el proyecto para la provisión, instalación y mantenimiento del mobiliario urbano con explotación de publicidad y propaganda compuesto por los refugios del servicio de transporte público de pasajeros.

El expediente además incorpora el pliego de bases y condiciones para autorizar el llamado a licitación y avanzar con la concesión de las estructuras, en una propuesta de diseño más moderno y con algunas características novedosas a incorporarse.

La premisa de máxima a cumplir será brindar un espacio para que los usuarios estén protegidos de las inclemencias climáticas y disponer de un lugar de referencia para las paradas de las seis líneas de colectivos. Pero además suma cuestiones adicionales como wifi, puerto USB, accesibilidad y pantallas led para publicidad.

La propuesta elevada por la Subsecretaría de Coordinación del Ejecutivo sobre finales del año pasado transitó por las comisiones de Interpretación y Asuntos Legales, Transporte y Tránsito, y Economía y a lo largo del proceso se incorporaron cambios para alcanzar un modelo que se ajuste a las demandas locales.

El lunes la Comisión de Economía retomó el expediente y sus integrantes firmaron un dictamen favorable que habilitó su ingreso al recinto. “Lo bueno es que todos nos acompañaron, por lo que interpreto que hay una voluntad unánime para sacarlo”, expresó el presidente del espacio legislativo, el concejal José Luis Labaroní.

Un proyecto completo

Para el concejal del bloque UCR – Cambiemos el proyecto que será puesto a consideración en la sesión de hoy llega al recinto “bastante completo” y repasó algunos de los aspectos que se consideraron en la discusión y que fueron incorporados.

Entre ellos citó que las estructuras deberán ser móviles para avanzar en un eventual reubicación con miras al próximo vencimiento de la licitación de la concesión del transporte urbano de pasajeros y así evitar la pérdida de la inversión.

En tanto, se incorporó un cambio en la redacción del artículo segundo del documento a instancias de lo sugerido por el justicialista Facundo Llano.

En ese sentido se precisó que lo recaudado por la explotación del espacio público será destinado a un fondo afectado que tendrá por objetivo subsidiar el boleto, marcando una diferencia en lo que se perciba por la tasa de publicidad, que ingresará a las arcas municipales como un tributo normal.

A su vez, el planteo que impulsó la concejal de Integrar Nilda Fernández para dotar de mayor seguridad a los refugios finalmente prosperó, en parte. En efecto, en lugar de instalar cámaras de seguridad en cada una de las bases, tal cual se requería, las empresas ganadoras de la licitación deberán colocar dispositivos sólo en algunas, de acuerdo a lo que determine la Secretaría de Protección Ciudadana.

“No tiene sentido hacerlo en todas porque en algunos lugares hay un domo del sistema de monitoreo frente a la garita”, indicó Labaroní sobre las razones por las cuales se buscó optimizar este recurso.

Divididos por grupos

El último aspecto incorporado derivó en la necesidad de realizar la licitación de las 59 garitas divididas en cuatro bloques en lugar de hacerlo en dos.

La convocatoria para la ocupación del espacio público se llevará adelante de manera agrupada “porque entendíamos que si se dejaba todo abierto, para que se pudiera cotizar todo junto, algunos podrían enfocarse en aquellos lugares mejor posicionados, como por ejemplo, en la zona céntrica”, justificó el presidente de la Comisión de Economía.

Así, se decidió avanzar en bloques para que “todos contengan alguna zona interesante desde el punto de vista económico para que exista un equilibrio en la cobertura”.

En cuanto al interés que podría generar la propuesta, opinó que, por el volumen de inversión y por la prestación, la convocatoria apuntaría a empresas ligadas a la publicidad callejera y en ese sentido aparecerían propuestas de Capital Federal, Rosario o Mendoza.

Características

En términos generales la propuesta contempla la instalación de refugios en las principales paradas diseñados con una estructura metálica modular, de rápido montaje y bajo mantenimiento.

A su vez contará con paneles solares para el autoabastecimiento energético, ya que brindará servicio de wifi, puerto USB y paneles de publicidad con iluminación led.

También cumplirá con los requisitos de accesibilidad para no videntes puesto que incluirá baldosas podotáctiles y placas de braile con la numeración de las seis líneas de colectivos.

En cuanto a la estructura propuesta para las nuevas garitas, se indica que dos de las cuatro caras serán cerradas, una con chapa decorativa y la otra será utilizada para la publicidad mediante un sistema led, que será abastecido mediante los paneles solares que se instalarán en la parte superior.

Consulta a vecinos por los cambios en Larrea

En el marco del estudio del proyecto de circulación que elevó el Ejecutivo para Larrea, Fugl y aledañas, que en principio logró consensos entre los bloques, la oposición sugirió convocar a una reunión con los vecinos antes de avanzar con la aprobación e implementación de las nuevas disposiciones.

Así, en los próximos días citarán a los frentistas de la zona donde se aplicarán los cambios para brindarles explicaciones sobre el plan de movilidad desarrollado con la incorporación de la rotonda de avenida Fleming, en pleno funcionamiento.

Tal cual se reflejó en estas páginas, la propuesta contempla para Larrea un sentido exclusivo desde Brasil hacia Bolívar, donde se encuentra con un sentido contrario (Sandino – Bolívar), por lo que se instaló un semáforo para evitar el avance de los automovilistas en contramano.

En tanto, en el mismo tramo, Fugl tendrá mano en dirección Bolívar – Brasil, y un trayecto doble mano entre Barrufaldi y Tacuarí.

En materia de semáforos, la idea contempla el emplazamiento de dispositivos en Fugl y Bolívar, en Fugl y Brasil (ya se encuentra instalado, y en Fugl y Tacuarí, esquina donde comienza la doble mano hacia Barrufaldi.

Otra de las modificaciones establece la incorporación de otro semáforo con giro a la izquierda en Bolívar y Lobería, hacia Martín Fierro.

La última sesión en el Honorable Concejo Deliberante, donde se creó, por unanimidad, el Programa de Accesibilidad y Movilidad para Adultos Mayores y Veteranos de Guerra de Malvinas (Pampam), que establece la utilización gratuita o subsidiada del transporte público de pasajeros, dejó algunas “chispas” entre ediles de diferentes bancadas.

José Luis Labaroní, concejal de la UCR Cambiemos y presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito -que era la encargada de llevar al recinto el mencionado programa- no ocultó su fastidio por el faltazo a las reuniones previas del concejal del bloque Integrar, Mauricio D´Alessandro.

“¿De qué oposición me están hablando? ¿De la que va a los trabajos de comisión o la que no va? Hay algunos que no van a los trabajos de comisión. Nosotros, hoy por ejemplo, somos 19 concejales no 20. Falta siempre D´Alessandro“, criticó Labaroní en diálogo con El Eco Multimedios.

El edil de la UCR Cambiemos sostuvo que “Mauricio (por D´Alessandro), con el cual yo tengo un enorme respeto porque ha sabido ganarse un espacio por afuera de la política y no es un tema menor, no concurre al trabajo de comisión. Él está en Transporte y Tránsito, no fue a ninguna reunión. El que tiene la firma en el dictamen de comisión es Mauricio D´Alessandro y no ha concurrido a ninguna reunión. En lo que va de los 2 años que está fue a una sola reunión que se le armó en un día aparte del horario de comisión para que pudiera concurrir, en este sentido también la oposición se tiene que hacer cargo de que no concurre a las reuniones de comisión y pretende dilucidar todas sus dudas en la reunión de sesión, pretendiéndose poner en el papel de fiscal del resto de los concejales. No es así”.

El lugar de debate

Para Labaroní, “está perfecto que los datos se debatan sobre tablas. Pero uno llega a la sesión para dar un posicionamiento político, no para debatir si vuelve a comisión o no. No, el tema se trató en comisión y fue firmado por mayoría, y en este caso también acompañó otro bloque. Con esto quiero hacer la salvedad. Yo tengo enorme diferencias con el grupo de Unidad Ciudadana, pero no puedo dejar de decir que los dos concejales que van a las reuniones de comisión de Transporte como de Economía van permanentemente, que son Darío Méndez y Ariel Risso. Además están plenamente metidos en los temas de la comisión, aportan y critican. Méndez es un tipo muy formado y duro para criticar. Ahora, concurre y trabaja en comisión. El resto…”

En otro tramo de la entrevista, Labaroní dijo irónicamente que “lindo sería que cobre, si no va…”, en referencia a la renuncia que hizo en su momento el concejal D´Alessandro de todos sus beneficios como edil. “Eso hay que destacarlo”, prosiguió el radical y añadió: “No tengo dudas de que es un hombre honesto y no tengo duda de que si le dedicara a Tandil el tiempo que debe dedicarle, sería un plus para Tandil. Es un hombre que aportaría mucho si estuviera a disposición. Pero la realidad es que tenemos un concejal menos”.

“Trato de ser un hombre político pero con igualdad de condiciones. Si uno va a la sesión y preguntan cosas que han sido debatidas en la comisión, y los que preguntan no han ido a las reuniones, la verdad te enoja y te saca. La igualdad de condiciones permite una discusión franca. Cuando alguien se trata de convertir en el fiscal de los concejales, siendo también concejal, y no hay un aporte sustantivo, es difícil”, se lamentó Labaroní y por último, mencionó a la compañera de bancada de D´Alessandro en Integrar: “Distinto es lo de Nilda Fernández, que a veces va a las reuniones y otras no. Pero Nilda Ferndández, vos la llamás por teléfono y está en las reuniones”.

La respuesta de D´Alessandro

En tanto, Mauricio D´Alessandro, se limitó a contestar brevemente a la consulta de El Eco de Tandil sobre los dichos de su par radical.

“Yo tengo presentados 109 proyectos y Labaroní menos de 30, es decir, sólo el 30 por ciento de los proyectos que yo presenté”, dijo el edil retrucando sobre la labor parlamentaria.

Además, el concejal del bloque Integrar dijo que “no voy a las reuniones de comisión porque son reuniones de la Cámara de Transporte no de la comisión, lo único que se hace es aumentar el boleto ahí adentro”.

Mauricio D´Alessandro, se limitó a contestar brevemente a la consulta de El Eco de Tandil sobre los dichos de su par radical, José Luis Labaroní.

“En el Concejo somos 19 concejales porque siempre falta D´Alessandro”, dijo Labaroní

“Yo tengo presentados 109 proyectos y Labaroní menos de 30, es decir, solo el 30 por ciento de los proyectos que yo presenté”, dijo el edil retrucando sobre la labor parlamentaria.

Además, el concejal del bloque Integrar, dijo: “No voy a las reuniones de comisión porque son reuniones de la Cámara de Transporte no de la comisión, lo único que se hace es aumentar el boleto ahí adentro“.

La última sesión en el Honorable Concejo Deliberante, donde se creó, por unanimidad, el Programa de Accesibilidad y Movilidad para Adultos Mayores y Veteranos de Guerra de Malvinas (Pampam), que establece la utilización gratuita o subsidiada del transporte público de pasajeros, dejó algunas “chispas” entre ediles de diferentes bancadas.

José Luis Labaroní, concejal de UCR – Cambiemos y presidente de la Comisión de Transporte y Tránsito -que era la encargada de llevar al recinto el mencionado programa- no ocultó su fastidio por el faltazo a las reuniones previas del concejal del bloque Integrar, Mauricio D´Alessandro.

El Concejo creó el boleto para jubilados tras un intenso cruce político como antesala de la campaña

“¿De qué oposición me están hablando? ¿De la que va a los trabajos de comisión o la que no va? Hay algunos que no van a los trabajos de comisión. Nosotros hoy por ejemplo somos 19 concejales no 20. Falta siempre D´Alessandro“, criticó Labaroní en diálogo con El Eco Multimedios.

El edil de UCR – Cambiemos sostuvo que “Mauricio [por D´Alessandro], con el cual yo tengo un enorme respeto porque ha sabido ganarse un espacio por afuera de la política y no es un tema menor, no concurre al trabajo de comisión. Él está en Transporte y Tránsito, no fue a ninguna reunión. El que tiene la firma en el dictamen de comisión es Mauricio D´Alessandro y no ha concurrido a ninguna reunión. En lo que va de los 2 años que está fue a una sola reunión que se le armó en un día aparte del horario de comisión para que pudiera concurrir, en este sentido también la oposición se tiene que hacer cargo que no concurre a las reuniones de comisión y pretende dilucidar todas sus dudas en la reunión de sesión, pretendiéndose poner en el papel de fiscal del resto de los concejales. No es así”.

El lugar de debate

Para Labaroní, “está perfecto que los datos se debatan sobre tablas. Pero uno llega a la sesión para dar un posicionamiento político, no para debatir si vuelve a comisión o no. No, el tema se trató en comisión y fue firmado por mayoría y en este caso también acompañó otro bloque. Con esto quiero hacer la salvedad. Yo tengo enorme diferencias con el grupo de Unidad Ciudadana, pero no puedo dejar de decir que los dos concejales que van a las reuniones de comisión de Transporte como de Economía van permanentemente, que son Darío Méndez y Ariel Risso. Además están plenamente metidos en los temas de la comisión, aportan y critican. Méndez es un tipo muy formado y duro para criticar. Ahora, concurre y trabaja en comisión. El resto…”

En otro tramo de la entrevista, Labaroní dijo irónicamente que “lindo sería que cobre, si no va…” en referencia a la renuncia que hizo en su momento el concejal D´Alessandro de todos sus beneficios como edil. “Eso hay que destacarlo”, prosiguió el radical y añadió: “No tengo dudas que es un hombre honesto y no tengo duda de que si le dedicara a Tandil el tiempo que debe dedicarle sería un plus para Tandil. Es un hombre que aportaría mucho si estuviera a disposición. Pero la realidad es que tenemos un concejal menos”.

“Trato de ser un hombre político pero con igualdad de condiciones. Si uno va a la sesión y preguntan cosas que han sido debatidas en la comisión, y los que preguntan no han ido a las reuniones , la verdad te enoja y te saca. La igualdad de condiciones permite una discusión franca. Cuando alguien se trata de convertir en el fiscal de los concejales, siendo también concejal, y no hay un aporte sustantivo, es difícil”, se lamentó Labaroní y por último mencionó a la compañera de bancada de D´Alessandro en Integrar: “Distinto es lo de Nilda Fernández, que a veces va a las reuniones y otras no. Pero Nilda Ferndández, vos la llamás por teléfono y está en las reuniones”.

A raíz de las declaraciones que hizo el concejal justicialista Facundo Llano en la edición del diario El Eco de Tandil de ayer, en relación al cambio de luminarias a LED que se está realizando en la ciudad, su par del radicalismo, José Luis Labaroní, salió a aclarar algunos puntos.

Desde la oposición advirtieron irregularidades en el método de adquisición de luces LED y su recambio sin aún estar aprobado el proyecto presentado al Concejo Deliberante, además de hacer referencia a una deuda de 23 millones que la Usina mantenía con el Municipio en cuanto a las obligaciones de obras que le impone la concesión del servicio eléctrico y de alumbrado en el partido de Tandil.

Según el análisis de Llano, este apuro por implementar la reposición lumínica, tiene un claro palpe electoral. “Es cierto que tiene un tinte electoral, porque el concejal lo que está haciendo es confundir a la opinión pública”, aseveró antes de comenzar Labaroní.

A continuación, explicó que al tratarse de la Usina, hay que tener en cuenta principalmente que en lo referente a la Ordenanza 2505, el punto de inicio es el Presupuesto que se votó en 2018 para ser ejecutado este año, en el que el artículo 16 prevé una inversión de hasta 25 millones de pesos para el recambio lumínico.

Ahora bien, una vez que se aprueba en el Presupuesto, al Poder Ejecutivo le corresponde elevar el plan de obra y aseguró que, como aún no se ha votado en el recinto, no es lo que se está ejecutando.

Cabe recordar que de las 2400 luces que se instalarán en calles y avenidas, 1620 se pagarán con recursos municipales y 780 las costeará la Usina como parte de sus obligaciones. Entonces, remarcó que lo que se está poniendo en marcha corresponde a la parte del Acuerdo de Accionistas, que es una inversión que le incumbe al sector privado de la Usina. O sea que el recambio de luminarias en ejecución son las 780 LED que fueron adquiridas solamente por la empresa de economía mixta y no las 1620 que se están debatiendo en el Concejo Deliberante para que sean financiadas con recursos de la Ordenanza 2505.

Irregularidades en la adquisición

Por otro lado, Llano también había advertido que el método de compra de estas lámparas fue realizado de manera irregular, asegurando que se concretó por medio de un concurso de precios en vez de una licitación, siendo esta última una exigencia de la norma especial (Ordenanza 2505) para invertir los recursos públicos. De hecho manifestó que la misma Usina hablaba de ese concurso de precios.

Sin embargo, esto también fue desmentido enfáticamente por el concejal oficialista, ya que informó que existe una licitación nacional, con una carpeta que tienen más de 300 fojas e invitó a su par a acercarse a la empresa para constatar los términos en que se realizó la compra del material. “Acá hay todo un procedimiento contable que arrancó en noviembre y terminó en febrero, entonces lo que están haciendo es minimizar el trabajo que se hace”, explicó.

Llano sostuvo que si bien la proveedora de energía es el ente ejecutor de la obra, le corresponde al Municipio, por licitación, realizar la compra de las LED para invertir los 20 millones de pesos del fondo afectado. Aspecto en el que Labaroní también discrepó, al considerar que justamente la legislación lo que regula es la recaudación y la tarifa que se cobra para pagar el alumbrado público, mientras lo que se está haciendo en esta oportunidad es la adquisición de material.

Aclaró que quien tiene la concesión por la comercialización y distribución es quien se tiene que ocupar de la licitación. Asimismo, supuso que si ambos se pudieran poner de acuerdo, quien tiene el conocimiento para poder acceder mediante las mejores condiciones a esas LED es la Usina, así que determinó que se ha procedido correctamente.

“Que diga lo que quiera”

Como otro argumento, Llano recordó que aún está pendiente el “mal llamado” Acuerdo de Accionistas, cuando se habían comprometido a decir cómo se había cumplido y nunca lo hicieron. Del mismo modo, hizo referencia a la presentación de una planilla con la deuda acumulada desde 2010, de donde surge que la empresa mixta debía 23 millones de pesos hasta 2018, y que comprometió obras por 18 millones, que ya se habrían completado.

En este aspecto, el oficialista sostuvo que se trata de un expediente largo que hace bastante tiempo se viene tratando en el Concejo y que hace muy poco le llegó la resolución donde se determina el cierre del caso. “Es una deuda que se generó en la época en que la Usina tenía pérdidas, por lo que se generó una adenda y se terminó cumpliendo mucho más rápido de los límites establecidos”, aseveró.

Asimismo, el concejal del Bloque Justicialista había consignado que no se pueden poner de acuerdo la parte pública y la privada de la Usina para decirle al Estado municipal, cómo van a cumplir esas obligaciones. “El Estado municipal es el que se las tiene que hacer cumplir a la Usina en su carácter de concesionario”, dijo.

Ante estas reflexiones, Labaroní salió al cruce indicando que la empresa de economía mixta hace lo que corresponde, hay un Acuerdo de Accionistas avalado por una ordenanza que está en plena vigencia y se puede verificar en cualquier momento. “Que diga lo que quiera”, resignó.

En tanto que Facundo Llano también había hecho hincapié en que no debería existir dicho Acuerdo de Accionistas, sino que en todo caso uno de concesionario con concedente, porque tanto la extensión, la transformación y el recambio son parte de esa obligación que tiene la Usina como concesionario. Sin embargo, para Labaroní es lo mismo.

Manifestó que la empresa de energía tiene que proceder con un reglamento jurídico, con una conformación determinada y con normativas de funcionamiento que se están cumpliendo. Mientras que el Municipio, como poder concedente, tiene un porcentaje que fue logrado por un acuerdo cuando había una determinada mayoría. “Si él tiene intenciones de cambiar o reformar esto, que junte los consensos y lo cambie”, incitó.

“Yo creo que Facundo le pone trabas al desarrollo lumínico de las LEDs, en un expediente que es cierto que es grande y de mucho valor. Dice que apoya la medida, pero demora la implementación de las iniciativas”, analizó, sugiriendo que es él quién está realizando de esta manera maniobras electoralistas.