La causa judicial que lo tuvo como protagonista a Juan Martín Rosso obtuvo  un nuevo veredicto favorable para el profesor. Rosso había sido acusado de un presunto abuso en una institución educativa en 2019 y, en junio del año pasado, fue absuelto por unanimidad por un tribunal tandilense.

No obstante, el fiscal que instruyó la causa, José Ignacio Calonje, y el abogado del particular damnificado, Juan Carlos O’Brien, apelaron la resolución judicial. En consecuencia, la Cámara de Casación Penal de La Plata se expidió al respecto y ratificó el veredicto absolutorio y la libertad del docente de teatro. 

El fallo firmado por los camaristas Mario Eduardo Kohan y Carlos Ángel Natiello, da lugar a los recursos de Casación interpuestos y los analiza en detalle, rechazándolos pro improcedentes.  

La sentencia original del juez Carlos Alberto Pocorena, en cuya conformidad votaron los magistrados José Moragas y Florencia Giombini, se basó en que en dicha instancia procesal la resolución exige “certeza positiva” en la existencia del hecho respecto de su materialidad delictiva y de que el imputado es su autor responsable. Es decir, consideraron que no había pruebas suficientes para acreditar el hecho. 

Así, el tribunal local se inclinó por la falta de certeza positiva ante la comisión del presunto abuso y por el principio de inocencia en favor de Rosso, y señalaron las contradicciones e inconsistencias en el relato de los menores, valoraron los testimonios de las docentes -que negaron que el acusado hubiese ido solo al baño con los niños- y tuvieron en cuenta el contexto de violencia familiar del menor sindicado como víctima.

El titular de la UFI especializada en Violencia Institucional con asiento en Azul y la querella, elevaron recursos procesales contra el pronunciamiento dictado con fecha 14 de junio de 2022 por el Tribunal en lo Criminal 1 de Tandil, denunciando la “absurda y errónea valoración de la prueba efectuada por el a quo, reclamando se tenga por acreditada la participación del acusado en el hecho enrostrado, afirmando que la sentencia de trato adolece de vicios de fundamentación en su estructura lógica”. 

Fundamentos 

Al respecto, el juez Kohan valoró que, en lo que hace a este caso en particular y a la valoración de los testimonios de niños de tan corta edad, que la labor del Tribunal de Juicio no se limitó en exigir un "estándar" o un determinado grado de precisión en sus relatos, prescindiendo de evaluar tanto su propia condición “como así también la circunstancia de haber sido sometidos a un proceso judicial, con la sobrecarga y estrés que ello implica”, sino que lo que se buscó fue valorar de manera armónica el contenido de sus relatos con el resto de las constancias arrimadas a la pesquisa. 

En el razonamiento, señala que “parte de un relato que de por sí ya genera muchas dudas en cuanto a su verosimilitud -por correspondencia objetiva con los hechos, no por mendacidad del niño-, deben tenerse en cuenta y evaluarse con suma cautela otros indicadores -inespecíficos- que contextualizan dicho relato”. 

En este punto, ponderó que los "indicadores inespecíficos de victimización" referidos por uno de los peritos que tomó declaración a los menores, son consecuencia de la violencia padecida en el seno familiar y no de una situación de victimización sexual. 

En tal sentido, el fallo argumenta que “de la prueba reseñada hasta el momento, no es posible establecer una línea de investigación que, de manera concreta y coincidente, permita sostener con claridad la imputación efectuada por los acusadores en los términos propuestos”. 

Asimismo, los camaristas evaluaron que Rosso no tuvo oportunidad alguna de ingresar y permanecer en el sector de los baños del establecimiento -donde supuestamente había ocurrido el abuso- junto a los menores, y que ello fue descartado por falta de pruebas. Además, en la resolución consideraron que todo el personal de Jardín de Infantes negó categóricamente su presencia en el lugar referido. 

En tanto, el relato de uno de los niños explicó la presencia del inculpado en el baño "porque hizo magia". Frente a ello, el TOC 1 y el doctor Kohan, a su turno, dejaron constancia de que la acusación “no sólo no ha podido establecer el lugar en donde se llevaran a cabo el presunto ataque sexual enrostrado a Rosso sino que además, tampoco pudo esclarecer la mecánica en torno al mismo”. 

Irregularidades de la causa 

En su análisis, el camarista atacó con severidad los planteos de la fiscalía a la hora de instruir la investigación. “Considero que los defectos apuntados obedecieron a las propias limitaciones del  Ministerio Público Fiscal evidenciando una ausencia total de conocimiento en el abordaje de causas vinculadas a la temática tratada, lo cual impide atribuirle a la declaración del menor L.J.L (la víctima) el peso incriminante que ambos recurrentes pretenden”, expuso el letrado y completó que, en sintonía, no existen otros elementos que puedan dar un marco a esa declaración.

“En tanto el resto de los testimonios poseen un peso relativo, por las consideraciones que ya fueron expuestas, y la prueba pericial tampoco permite despejar las dudas, toda vez que los exámenes médicos fueron concluyentes al descartar los puntos neurálgicos en los que se basó la imputación en contra de Rosso, al tiempo que las demás evaluaciones practicadas no han determinado de manera fehaciente la existencia de indicadores específicos de ASI (abuso sexual infantil)”, sostuvo. 

En resumen, del repaso de la prueba rendida durante el contradictorio, el juez actuante refirió: “Debo señalar que no contamos con elementos de prueba que refuercen las manifestaciones vertidas por el menor víctima o sus progenitores, de modo tal que nos encontramos privados de prueba científica y apta, que permita determinar la censura del fallo impugnado, y arribar a una solución distinta a la que lo hicieron los magistrados de mérito. Así las cosas, las deficiencias en la investigación desembocaron en una incompleta colecta probatoria que ni siquiera reviste el grado de indicio suficiente a los fines de sostener una imputación en contra de Rosso”. 

Frente a este escenario, los integrantes de la Cámara de Casación concluyeron que los argumentos vertidos por el representante del Ministerio Público Fiscal, José Ignacio Calonje, y por el particular damnificado, no alcanzan para desvirtuar los fundamentos brindados anteriormente, lo que impide arribar a una solución distinta a la que arribaron los jueces en primera instancia y desecharon la posibilidad de revertir esa decisión. 

Un caso paradigmático 

El profesor de teatro Juan Martín Rosso llegó a juicio acusado de “Abuso sexual gravemente ultrajante”, por un hecho presuntamente ocurrido en julio de 2019 en el Jardín de Infantes 901 de Tandil. 

El anticipo de la sentencia se dio a conocer el 7 de junio de 2022, cuando se declaró al imputado absuelto, con orden de libertad inmediata. Cabe destacar que Rosso estuvo detenido desde octubre de 2019, primero en el penal de Barker y desde 2020 con arresto domiciliario, y en esas condiciones arribó al debate oral que se celebró en mayo de 2022. 

Tras su liberación, tanto el docente como su familia continuaron con el derrotero que iniciaron tras su detención, con la premisa de defender la inocencia de educadores acusados falsamente e incluso la abogada defensora, Patricia Perelló, habló de una "epidemia" de denuncias falsas en el ámbito educativo. 

Poco después de su absolución, en una entrevista que concedió a este medio, Juan Rosso afirmó que “estas denuncias dejan muchas heridas” y sostuvo que estaba reconstruyendo su vida después de un período que fue “muy duro”. 

El Tribunal Oral Criminal 1, conformado por los jueces Carlos Alberto Pocorena, José Alberto Moragas y Virginia Florencia Giombini, expuso el pasado martes los fundamentos de su veredicto absolutorio en favor de Juan Martín Rosso, el profesor de teatro que llegó a juicio acusado de “Abuso sexual gravemente ultrajante”, por un hecho presuntamente ocurrido en julio de 2019 en el Jardín de Infantes 901 de la ciudad.

El anticipo de la sentencia se dio a conocer el 7 de junio, cuando se declaró al imputado absuelto, con orden de libertad inmediata. Cabe recordar que Rosso estuvo detenido desde octubre de 2019, primero en el penal de Barker y desde 2020 con arresto domiciliario, y en esas condiciones arribó al banquillo de los acusados, en el debate oral que se celebró los pasados 24, 26 y 31 de mayo. 

La sentencia 

En un escrito de 91 páginas, los argumentos esgrimidos por el presidente del Tribunal, el juez Carlos Alberto Pocorena, en cuya conformidad votaron Moragas y Giombini, se basaron en que en dicha instancia procesal la resolución exige “certeza positiva” en la existencia del hecho respecto de su materialidad delictiva y de que el imputado es su autor responsable.

Asimismo, el magistrado se valió de la presunción de inocencia proclamada en el art. 18 de la Constitución Nacional. En tal sentido, explicó que se caracteriza porque, por un lado “comprende dos extremos fácticos, que son la existencia real del ilícito penal, y la culpabilidad del acusado entendida ésta como sinónimo de intervención o participación en el hecho”.

Por el otro lado, amplió que se exige para ello que haya prueba que sea real, válida, lícita y suficiente, en el sentido de que, no sólo se hayan utilizado medios de prueba, sino que además de su empleo se obtenga un "resultado" probatorio que resulte suficiente para fundar razonablemente la acusación y la consecuente condena.

En conclusión, Pocorena sindicó que no basta con que exista un principio de actividad probatoria, sino que se necesita un verdadero contenido inculpatorio para condenar. 

Al respecto, sostuvo que “por eso y por todos los fundamentos expuestos, sopesados en forma racional, sostengo que la probatoria reunida no logra precisar la materialidad delictiva del hecho –si hubiere ocurrido–, y menos aún destruir el estado de inocencia del que goza el imputado”. 

En el fallo absolutorio, además, los magistrados decidieron dar intervención al encargado del Servicio Zonal de Promoción y Protección de los Derechos del Niño con sede en la ciudad de Mar del Plata (donde reside ahora el menor protagonista del evento juzgado), “atento a surgir la existencia de violencia doméstica en la familia del menor víctima”. 

Los fundamentos 

Del análisis de las pruebas producidas durante la investigación penal preparatoria, que fueron valoradas oportunamente por el tridente de jueces, se desprende que los menores (el niño señalado como víctima y su hermana melliza), antes de que Juan Rosso ingresara a trabajar en el establecimiento educativo, ya habían mostrado indicios de angustia y malestar. 

En este punto, el fallo detalla que, de interpretar dichas emociones como indicador emocional de alguna vivencia traumática o victimizante, “sería imposible otorgarle valor de evidencia en relación a la comisión de un hecho por parte del imputado quien -a la fecha y hora en que esto se produce- no había aún tomado contacto ni con los niños, ni con los alumnos de sala celeste en general”. 

Asimismo, en los fundamentos, el magistrado desglosó que hubo contradicciones externas con otros testimonios (los niños supuestos testigos, que fueron analizados) y se inclinó por “la duda insuperable sobre la posibilidad fáctica de ocurrencia del hecho”.

Al respecto, señaló de "fundamental relevancia” las declaraciones testimoniales de las docentes presentes en la institución porque todas, sin excepción, afirmaron que “es imposible, de acuerdo a su experiencia y a la dinámica del jardín, que un profesor de materias especiales ingresara al baño con niños o que permaneciera solo a cargo de un grupo”.  

En esta línea, las testigos también afirmaron que “es imposible o altamente improbable debido a esa dinámica y a la disposición física del edificio, que si un profesor ingresara junto a cuatro niños al baño esa circunstancia no fuera advertida por alguien del personal docente” y aseguraron, además, que no vieron al profesor Rosso en alguno de los baños, en ningún momento de esa tarde del 1 de julio de 2019. 

De la prueba analizada surgen entonces diversas cuestiones que, a criterio del Tribunal, debilitan la postura acusadora “porque hay una primera y fuerte sospecha de sugestión que implica algún grado de influencia sobre el posible relato libre del niño que hace dudar de un relato espontáneo en los términos en los que se analiza desde la perspectiva del perito Burgardt”, y los jueces consideraron que “esa primera influencia, entendible por supuesto dado que proviene de sus propios padres con el lógico estado de incertidumbre y angustia que esto genera, es luego retroalimentada por el propio curso y desarrollo de la investigación”.

Declaración de los menores 

En otro apartado, Pocorena ponderó los datos brindados por el Lic. Burgardt, quien fue uno de los peritos que tomó la declaración de los menores en Cámara Gesell. En este sentido, en respuesta al argumento formulado por el fiscal acusador, José Ignacio Calonje, quien adujo que “Burgardt refiere que el relato del niño es sólido” y que cree en el mismo, el juez efectuó algunas consideraciones.

Así, el magistrado explicó que “la evaluación pericial no es un acto de íntima convicción, sino la utilización de determinadas herramientas propias de la ciencia -en este caso de la psicología- en la determinación de circunstancias que -como toda evidencia- luego deben ser valoradas por los jueces junto al resto de la prueba”. 

En este punto, además de tomar en cuenta lo admitido por el propio perito sobre no poder establecer la certeza de ocurrencia de los hechos desde su disciplina, valoró que no debería omitirse el contexto de violencia doméstica del que los niños resultaban testigos en su propio hogar. 

De este modo, siguiendo el razonamiento del Tribunal, la situación de violencia familiar podría constituirse como una explicación racional de muchos de los "síntomas" o "indicios de victimización" de los niños, adjudicados en primera instancia a un estado de conmoción y trauma por el presunto abuso.  

Contradicciones 

Además, Pocorena evaluó que en su declaración en Cámara Gesell, la presunta víctima hizo referencia a otros nenes que estaban con él en el baño de la institución en el momento del supuesto abuso. Al respecto, en el fallo se marcó que los menores “al momento de ser entrevistados en Cámara Gesell no corroboran estos extremos”.

“Esta particularidad es a mi juicio central para dilucidar uno de los fundamentos principales de la argumentación del Ministerio Público Fiscal en su alegato -posición compartida por el Particular Damnificado- cuando refiere que ‘hay tres declaraciones de menores que dicen que el profesor Juan Martín Rosso entró al baño’", dictaminó el presidente del tribunal y enfatizó que no es posible establecer exactamente qué niños estaban en el baño el día del supuesto hecho. 

No obstante, aún dando por cierta esta versión, de que fueron tres los menores que presenciaron el hecho, reparó en que sus declaraciones son “si no opuestas, al menos muy contradictorias entre sí”. 

En tanto, en torno a la afirmación del Particular Damnificado, el abogado Juan Carlos O'Brien, respecto de que es necesario "escuchar" a los niños, el cuerpo de jueces valoró que “carece de sentido en este análisis dado que en primer lugar no se trata de escucharlos de cualquier forma ni de que cualquier cosa que manifiesten pueda ser tenida por cierta sin más, y en segundo, si verdaderamente se escucha lo que estos niños están diciendo, al menos cabe preguntarse a qué se deben sus contradicciones o inconsistencias, y qué están diciendo de verdad (sin interpretaciones)”.

El caso y su consiguiente debate se tomaría como un hito en esta pandemia que padecen los docentes frente a las cotidianas denuncias y judicializaciones, había anticipado la abogada Patricia Perelló en el inicio del juicio contra su pupilo Juan Rosso, recientemente absuelto por la causa que se llevó adelante, acusado y detenido oportunamente por el delito de abuso sexual a un niño en un jardín de infantes. 

Precisamente tras conocerse el adelanto del veredicto y al aguardo de los fundamentos de la absolución que ventiló el TOC 1, la letrada habló con el programa Dos a las Siete (104.1 Tandil FM) sobre lo que deparó el juicio y sus posibles ramificaciones. 

“Acá lo importante eran las pruebas, y más que nada la ausencia de pruebas de cargo, es decir, al comienzo del debate dijimos que lamentablemente había algún tipo de delitos en los cuales se invertía la carga de la prueba y era uno el que debía acreditar la inocencia y no el ministerio público la culpabilidad. Aquí, de alguna manera, fue así porque el fiscal ya tenía una postura tomada y fue el debate a sostenerla independientemente de lo que la prueba dijera, y la prueba fue muy clara: los padres (del menor) mintieron, los docentes dijeron la verdad, la imposibilidad absoluta de lo que denunciaron pasara quedó a las claras, y se llegó a la conclusión que debía llegar, la absolución de Juan Rosso después de tres años”, señaló la letrada a la hora de una primera lectura sobre el debate oral y público en los tribunales locales.

Consultada sobre las críticas que había vertido a lo largo del proceso contra los operadores judiciales y su ratificación en el juicio, Perelló insistió en que no solo yo hice dichos reparos, también gente de Pensamiento Penal, la secretaría de Derecho Humanos de la provincia de Buenos Aires, porque desde un primer momento se vio que la labor pericial no se había llevado correctamente. De alguna forma el licenciado Loreal, un profesional al que conozco hace mucho y tiene muchos años de experiencia, reconoció que las cosas se hicieron como se pudieron, que fue muy trabajoso. En el caso del licenciado Burgart (perito oficial) por su parte intentó defender su trabajo desde una postura muy teórica, diciendo mucho sin concretar nada. Su actuación no fue buena y quedó en evidencia, no solo de una persona avezada si no a los ojos legos. Simplemente viendo como se habían llevado a cabo esas Cámaras Gesell  quedó en claro que no era el procedimiento adecuado”. 

La abogada indicó que “la verdad es que no entiendo cómo se llegó a un debate. Esto nunca debió llegar a esta instancia. Esto nunca debió haber pasado de la denuncia, pero hay tantos prejuicios y tanto desconocimiento por parte de los operadores de justicia que terminan produciendo todo este daño”, agregando que “los funcionarios tienen que estar a la altura de las circunstancias. Tienen que saber sobre las cosas que está actuando. Acá hubo grandes fallas”.

Percepciones y lecturas

-Aceptando sus críticas e impresiones, en nuestro caso no tuvimos la percepción de que los padres mintieron. Tal vez, como dijo usted, se llevaron por una visión sesgada por sus propias historias íntimas, pero no pareció que presentaron una denuncia falaz con la intención de perjudicar a Rosso o a un docente…

El juicio contra el docente de teatro Juan Rosso llegó a su fin: los jueces Carlos Pocorena, José Alberto Moragas y Virginia Giombini, determinaron por unanimidad la absolución del docente con libertad inmediata, al no encontrar pruebas suficientes para acreditar el hecho que se le imputó oportunamente. 

La lectura del veredicto se dió un clima de tensión dentro y fuera de la sala, que se descomprimió con gritos y abrazos tras conocerse la decisión del Tribunal. 

Vale recordar que el profesor de teatro llegó al juicio acusado de “Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización agravado por ser cometido por persona encargada de la educación"  y que permaneció dos años y medio privado de su libertad con prisión preventiva. 

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El juicio contra el docente de teatro Juan Rosso, llegará a su fin el próximo martes.

Actualmente Rosso está detenido bajo arresto domiciliario y su condición se agravará o aliviará cuando este martes los jueces Carlos Pocorena, Alberto Moragas y Virginia Giombini, dicten su veredicto.

Las sinceras convicciones o las dudas razonables que tengan los magistrados le valdrán el destino de la prisión o la libertad al profesor de teatro, acusado de “Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización agravado por ser cometido por persona encargada de la educación".

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En la jornada del martes, en el juicio que se debate la responsabilidad del docente Juan Rosso en la causa por “Abuso sexual gravemente ultrajante”, se escucharon los alegatos de la Fiscalía y del particular damnificado.

El fiscal Ignacio Calonje pidió una pena de 9 años para el docente Rosso tras dar por acreditado los hechos que se denuncian.

El letrado Juan Carlos O' Brien, como particular damnificado, pidió la máxima pena posible que es de 8 a 20 años de prisión.

Luego de un cuarto intermedio, la defensa a cargo de Patricia Perelló, solicitó al Tribunal que su defendido sea absuelto. 

La crónica completa de la audiencia en la edición impresa de El Eco de Tandil

Mientras las partes en pugna aguardan a mañana para explayarse en sus alegatos para “convencer” al Tribunal sobre el fallo a imponer al profesor de teatro Juan Martín Rosso, acusado de abusar sexualmente de un niño de 4 años en el baño del jardín de infantes el 1 de julio de 2019, en la semana pasada se sustanció la segunda audiencia, que se extendió por varias horas.

En dicha jornada, por la mañana se reprodujeron las Cámaras Gesell de los cuatro menores incorporados al expediente judicial (el niño presentado como víctima, su hermana y dos compañeritos de sala), para luego escuchar a los peritos oficiales y de parte. Al finalizar, el propio imputado quiso hacer uso de la palabra y gritó su inocencia. 

Por lo que trascendió del debate, las partes dedicaron mucho tiempo en indagar fundamentalmente a los especialistas, quienes con sus miradas contrapuestas colaborarán en las respectivas hipótesis de las partes, según sus intereses y convicciones. 

Para el acusador,  las conclusiones del perito oficial que oportunamente realizó la Cámara Gesell del menor presuntamente abusado son uno de los pilares de la imputación.

Como oportunamente se informó, el profesional habló de aquella entrevista con el niño, sobre quien definió que presentaba “funciones psíquicas básicas conservadas, curso de pensamiento sin alteraciones, juicio de realidad conservado, percepción del medio circundante, y de relación sin perturbaciones. Sin trastornos en el lenguaje, ni alteraciones sensorioperceptivas que se infiere que el peritado se encuentra en condiciones de distinguir la verdad de la mentira”.

Asimismo, el profesional señaló que el hecho relatado “no contiene elementos de un guión. Resulta coherente e inestructurado…“(sic). 

Se expuso al respecto que “un relato inventado o guionado es probablemente organizado, lineal y rígido, más aún en un menor de tan corta edad, ello se haría sumamente notorio”, supo inferir oportunamente el ministerio público.

Una visión diametralmente opuesta expusieron las peritos ofrecidas por la Defensa, que buscaron poner en crisis el mecanismo de citada entrevista como así también las conclusiones a las que arribó el colega que forma parte de la Asesoría Pericial de Azul.

También una mirada distinta tuvo otro perito oficial que se encargó de entrevistar a los compañeritos presentados como testigos en la causa. Para dicho  profesional en estos relatos sí se pudo inferir cierta influencibilidad de los progenitores a la hora de referir lo que dijeron. 

Cabe consignar que dichos niños fueron sometidos a la diligencia procesal no sin antes haber declarado sus padres que, mucho más cercano a los hechos reprodujeron lo que sus hijos le relataron en su ámbito familiar, versión que luego los niños no fueron tan concretos en la entrevista con el perito. 

Así las cosas, no quedaba prueba por incorporar, por lo que cerrada la etapa el Tribunal concedió la palabra al propio Rosso, quien quiso declarar.

La versión del acusado

Finalmente, el acusado pidió hacer uso de su derecho a declarar, realizando un relato de los hechos acontecidos en el día que consigna la denuncia para, posteriormente, ser interrogado por el fiscal y el particular damnificado.

En su extenso relato el docente dio un pormenorizado detalle de lo que hizo aquel día en el Jardín y descartó enfáticamente que hubiera concurrido al baño como los niños dijeron. Mucho menos, que cometió un abuso. Es que para Rosso, nada de lo que los niños dijeron fue cierto y se valió incluso de lo que supieron declarar las docentes que estaban aquella jornada. 

A propósito de sus dichos, fue el particular damnificado el encargado de marcarle una contradicción a lo que ahora decía y lo que supo declarar en la causa y consta en el expediente.

Como oportunamente la defensora supo achacarle contradicciones a los papás de las víctimas, ahora los acusadores harían lo propio para con el imputado y, al decir de estos, sus dos versiones. 

Es que el abogado le observó que ahora, frente a los jueces, alegaba que los chicos no decían la verdad, y cuando se sustanció el expediente y fue el tiempo de las Cámaras Gesell que él presenció, no puso en duda aquellas respuestas de los menores. 

La otra contradicción subrayada por el fiscal redundó en dónde se ubicó Rosso dentro del inmueble educativo. Según detalló, él nunca estuvo en la zona de los baños y siempre trabajó en el SUM y de allí, en fila india con los niños a las dos salitas de los chicos. Empero, el fiscal le recordó que una testigo lo ubicó parado en el pasillo que efectivamente lleva a los baños. 

Estas observaciones, como las que oportunamente marcó la defensa del acusado, formarán parte seguramente de los alegatos a escuchar mañana, para luego sí llegar al desenlace de esta historia judicial que dividió y conmueve a la opinión pública, cuando los jueces ventilen su veredicto. 

En el marco de la recta final del proceso judicial que atraviesa Juan Rosso, el docente de teatro acusado de cometer un abuso contra un menor de 4 años en un jardín de infantes de la ciudad, su padre, Martín, reveló que están viviendo momentos “muy angustiantes” pero se mostró optimista respecto al veredicto que emitirá el cuerpo de magistrados luego de la última audiencia pública, que tendrá lugar el martes 31 de mayo.

“Tenemos la certeza de que Juan va a salir inocente del juicio, en el jardín no sucedió nada”, cercioró Martín en comunicación con El Eco Multimedios, aunque lamentó que aún les queda un “sabor amargo” porque el imputado ya atravesó más de dos años detenido: un año en el penal de Barker y otro con arresto domiciliario.

“Esperamos que los jueces se iluminen y vean que realmente en el jardín no pasó nada, que fue una construcción, y que lo absuelvan para que Juan pueda volver a su vida normal”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que atraviesan momentos angustiantes pero que, a la vez, están con mucha ansiedad.

“Es como tener un hijo muy enfermo y no poder hacer nada. Lo ves que no puede salir, con angustia… Por suerte tuvimos gran apoyo de la comunidad, pero igualmente te cambia”, reveló.

Finalmente, contó que fue a visitar el jardín y que “es imposible” que haya ocurrido ese hecho “porque todo es muy público, hay mucha circulación”.

Cabe recordar que el pasado martes se inició el debate oral y público para esclarecer lo acontecido, presidido por un Tribunal conformado por los jueces Carlos Pocorena, José Alberto Moragas y Florencia Giombini.

El martes 31 de mayo será la última audiencia y las partes deberán exponer sus alegatos para que, finalmente, el cuerpo de magistrados emita un veredicto.

En la fría tarde de ayer, decenas de personas se convocaron en la Glorieta de la Plaza Independencia para brindar su apoyo a Juan Rosso, el docente de teatro que atraviesa un proceso judicial como presunto responsable de cometer un abuso contra un menor de 4 años en un jardín de infantes de la ciudad.  

La jornada cultural contó con la presencia de familiares, docentes y allegados al joven de 31 años, que está bajo arresto domiciliario y privado de su libertad desde octubre de 2019. 

En este contexto, diferentes artistas prestaron su tiempo y arte para amenizar el feriado con acrobacias en telas, y la presentación de una murga que aportó su ritmo y música a la gélida tarde. Antes de que cayera el día, marcharon por las calles céntricas con cánticos y palmas. 

Asimismo, tanto en el espacio púbico como en las manos de los concurrentes, se multiplicaron las banderas, carteles y pancartas con leyendas como “Juan es inocente. Verdad, justicia y respeto”; “Con los chicos no, con los docentes tampoco”; y “Libertad a Juan”; entre otras consignas.

El juicio 

Cabe destacar que el martes se inició el debate oral y público para esclarecer el hecho, presidido por un Tribunal conformado por los jueves Carlos Pocorena, José Alberto Moragas y Florencia Giombini.  

En la primera audiencia, el fiscal José Ignacio Calonje formuló la acusación por “Abuso sexual gravemente ultrajante” y en la misma dirección actuó el particular damnificado, en la figura del abogado Juan Carlos O’Brien.

Por su parte, la defensora de Rosso, la doctora Patricia Perelló, expuso que va a demostrar que los hechos nunca sucedieron y alegó por la inocencia de su cliente, además de cuestionar el accionar los operadores de Justicia en torno a la investigación penal. 

De esta manera, en esta instancia inicial declararon los padres del menor implicado, quienes efectuaron la denuncia en julio de 2019, y también subieron al estrado las docentes, auxiliares y administrativas de la institución educativa.

El derrotero legal continuará hoy con la exhibición de las declaraciones en Cámara Gesell de los niños y el testimonio de los peritos psicológicos que intervinieron. El martes 31 de mayo será la última audiencia y las partes deberán exponer sus alegatos para que, finalmente, el cuerpo de magistrados emita un veredicto. 

Una Justicia “justa” 

En diálogo con este medio, Martín Rosso, padre del docente acusado, se mostró conmovido por el apoyo recibido a lo largo de estos casi tres años y habló de su expectativa en torno al desenlace de la causa. También evidenció su conformidad con el desenvolvimiento y la contundencia de la letrada a cargo de la defensa de su hijo.  

“Es una realidad que proliferan estas denuncias falsas a docentes a lo largo y ancho del país, y para nosotros es muy importante que la comunidad acompañe y esté.  En estos momentos que empezó el juicio es importante que Juan sienta el apoyo y que estamos todos con él. Siempre me llaman para preguntarme por Juan, van a visitarlo, están todos muy presentes y se sienten parte de este calvario que estamos viviendo”, expresó el también docente universitario, de larga trayectoria en la Unicen. 

Asimismo, Rosso padre sostuvo que “a toda la comunidad le hace bien venir y sentir que estamos todos por una causa justa, que es defender a un docente injustamente denunciado”.

“Esperamos que la Justicia sea justa y vea las incongruencias y falacias cometidas durante todo  el proceso. Ahora lo que queda es esperar estos dos últimos días y que el Tribunal realmente se exprese favorablemente a Juan, porque no hay elementos para decir que el hecho haya ocurrido”, cerró. 

Hoy dará comienzo al juicio oral contra el profesor de teatro Juan Martín Rosso, imputado por abuso a partir de un hecho presuntamente ocurrido en julio de 2019 en el Jardín de Infantes 901 de Tandil. Las instancias de debate judicial para exponer el caso se prolongarán durante el jueves 26 y el martes 31 de mayo. 

El acusado de 31 años se encuentra privado de su libertad desde octubre de 2019 y permaneció detenido un año en la Unidad Penal de Barker. En octubre de 2020 le fue concedida la morigeración de prisión y desde entonces cumple con el arresto domiciliario.

Ahora, deberá enfrentar a un tribunal integrado por los jueces Carlos Pocorena, José Alberto Moragas y Florencia Virginia Giombini, quienes se encargarán de valorar las evidencias y testimonios aportados por las partes para establecer un veredicto. 

Esta conformación especial del Tribunal es algo inédito en las páginas judiciales locales y se debe a que el titular del TOC 1 de Tandil, el doctor Guillermo Arecha, se excusó de juzgar la causa. 

Particularidades del debate

Por la gran expectativa social que generó el caso, el Tribunal  que presidirá las tres jornadas orales y públicas decidió establecer algunas pautas para la cobertura del juicio.

De este modo, el cuerpo de magistrados indicó que  el registro de imágenes podrá realizarse al inicio de cada jornada, a los fines de no perturbar el normal desarrollo de las audiencias.

Además, se informó que las audiencias darán comienzo a las 10, en la sala del TOC (Uriburu Sur 750) y tendrán un carácter público aunque el número admitido estará sujeto al aforo asignado, de acuerdo con las dimensiones de la sala y la cantidad de personas que participen del debate.

Asimismo, remarcaron que “es prioridad para este Tribunal respetar y hacer respetar, además de la defensa en juicio,  los Derechos del Niño consagrados por la Constitución Nacional y por la Convención sobre los Derechos del Niño . En ese sentido, se promoverá la publicidad del debate, siempre que no se afecten o puedan afectarse esos derechos, lo que se decidirá por resolución fundada”. 

Inexistencia de delito 

Rosso llega a esta instancia imputado como responsable del delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias de realización agravado por ser cometido por persona encargada de la educación en los términos del artículos 119 párrafos segundo y cuarto inciso b) del Código Penal”, según la acusación formulada por el fiscal José Ignacio Calonje, titular de la Fiscalía de Delitos Especiales del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la investigación. 

La tipificación por la que optó el fiscal Ignacio Calonje prevé una pena de ocho  a veinte  años de reclusión o prisión por haber sido cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda. En tanto, la defensa del acusado, ejercida por las abogadas Patricia Perelló y Mariana Fardín, se enfocará en demostrar la inexistencia del delito y la imposibilidad de que los hechos endilgados al profesor de teatro tuvieran lugar. 

“Los jueces van a valorar las pruebas y para nosotros es clarísimo que los hechos nunca sucedieron; eso va a quedar demostrado en el debate, aún cuando la inversión de la carga de la prueba no existe porque es el fiscal el que  tiene que probar que los hechos  ocurrieron y que Juan (Rosso) los cometió. Nosotros decimos que eso nunca pasó y  que Juan no cometió ningún delito, es lo que sostuvimos siempre”, explicó Perelló. 

La causa

De este modo, casi tres años después, en el debate oral se expondrán los eventos presuntamente ocurridos en el Jardín de Infantes 901 de Tandil el 2 de julio de 2019. En ese entonces, los padres de un menor de 4 años que asistía al establecimiento, radicaron una  denuncia penal en la Comisaría de la Mujer y la Familia contra Rosso por supuestamente abusar del niño en el baño de la institución educativa.

El caso generó un gran revuelo social y mediático, hubo retrasos  en la recolección de pruebas y en la realización de las cámaras Gesell a los menores involucrados, y un largo derrotero judicial, además de diferentes marchas y manifestaciones de las partes.

En tanto, en octubre de 2021, mediante una resolución dictada por  la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, con los votos de los jueces Carlos Paulino Pagliere (h) y Damián Pedro Cini, se resolvió rechazar por improcedente la recusación del fiscal Ignacio Calonje, se desestimó el  planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio, y se rechazó la solicitud de sobreseimiento de Juan Martín Rosso peticionado por sus defensoras Patricia Perelló y Mariana Fardín, confirmando por tanto la elevación a juicio de la causa.

Movilización en apoyo 

En este marco, sus familiares y allegados organizaron una manifestación en apoyo al docente, que se desarrollará mañana -día feriado en el que no habrá audiencia- para reiterar su clamor de inocencia en medio de las horas decisivas del caso. 

En la convocatoria abierta, los organizadores indicaron  que el juicio “develará la verdad y finalmente Juan podrá volver a caminar en libertad”. Asimismo, invitaron a la comunidad a la mencionada jornada cultural en apoyo a Rosso, que se realizará este miércoles 25 de Mayo a partir de las 15 en la Glorieta de la Plaza Independencia "con carteles y guardapolvos para que ningún  docente más pase por una injusticia tan aberrante como esta”.

Innocence Project es una organización internacional que presta apoyo jurídico en los casos donde, por error judicial o por causa armada, personas inocentes han sido condenadas injustamente a penas privativas de la libertad.  A partir de esos casos, Innocence Project Argentina contribuye a visibilizar los defectos o problemas estructurales del sistema penal y promueve reformas con el fin de mejorarlo y evitar futuras condenas erradas.

Ahora, la entidad manifestó su apoyo a Juan Martín Rosso, el docente de teatro imputado desde 2019 por un presunto abuso sexual en el Jardín de Infantes 901, cuya investigación despertó variadas controversias.

De hecho, la defensa del profesor interpuso un recurso para pedir la nulidad de la elevación a juicio del caso solicitada por la jueza de Garantías Stella Maris Aracil, pedido sobre el que aún debe expedirse la Cámara de Apelaciones de Azul. En tanto, el imputado, tras pasar casi un año cautivo en el penal de Barker, goza del beneficio del arresto domiciliario hasta que su situación procesal se resuelva.

La abogada patrocinante de Rosso ponderó que  “la acusación es nula porque el fiscal no tuvo en cuenta las pruebas de la defensa. Consideramos que una acusación tiene que tomar todo en cuenta y acá hay que ver por qué elige ciertas pruebas por sobre otras”.

El respaldo externo

Además, la letrada hizo hincapié en la importancia del respaldo de Innocence Project al caso, como antes lo hizo la  Asociación Pensamiento Penal.

“La entidad se ocupa de las causas donde hay personas inocentes inculpados y solicitamos su intervención. La organización decide de acuerdo a las constancias de las causas si se presenta o no, no apoya cualquier causa; apoya casos luego de analizar el expediente y ver que hay serias irregularidades como en el caso de Juan Rosso”, detalló.

Asimismo, Perelló destacó que esto se trata de garantizar un proceso legal justo en el que “se juzgue por las pruebas y no por los prejuicios”.

“Las organizaciones como Innocence Project tratan de garantizar a los imputados un juicio como es debido”, cerró.

Innocence Project en Argentina

La ONG  nace en el país a partir de las repercusiones del film documental “El Rati Horror Show”, producido y dirigido por Enrique Piñeyro en 2013.

La investigación de la causa conocida como la “masacre de Pompeya”  seguida contra Fernando Carrera, puso en evidencia la discrecionalidad de la policía para el uso ilegítimo de la fuerza letal, el fraguado de causas y la anuencia judicial para incorporar esas pruebas como válidas, teniendo como consecuencia condenas injustas a personas inocentes en una estructura judicial deficiente. Carrera pasó más de 11 años en la cárcel por un crimen que no cometió, lo que develó un entrampado del sistema policial y judicial.

En 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo absolvió por la comisión de los hechos de robo, homicidio y lesiones culposas y portación de arma por los que había sido condenado.

A partir de las 16.30 la Plaza Moreno, situada en Chacabuco y Constitución, fue el epicentro que congregó a un grupo de personas que en sus vehículos fueron arribando para luego realizar una caravana por las calles céntricas, reclamando la libertad de Juan Rosso, el profesor de teatro acusado de abusar sexualmente de un niño en el Jardín 901.

La caravana comenzó en la Plaza Moreno a las 17 desde donde se dirigieron a la sede judicial, a la Jefatura Distrital de Educación, y finalmente al Municipio, donde permanecieron durante algunos minutos haciendo visible la protesta. En cada uno de eso lugares dejaron carteles y pegatinas exigieron “Libertad ya” para Juan Rosso.

“Ni un día más preso”, “Libertad a Rosso”, podía leerse en algunos de los vehículos que participaban de la marcha.

Mediante una movilización virtual que empezó a darse desde el fin de semana en las distintas redes sociales, más de 300 personas manifestaron su apoyo al docente de teatro detenido por la causa del jardín 901 para que le sea otorgada la domiciliaria y exclamaron por Justicia. El mensaje que se leyó en los carteles: “Ni un día más preso. Libertad a Juan Rosso ya”.

Según contó Martín Miguel Rosso, padre de Juan, la campaña surgió a raíz de la tardanza de la Cámara de Apelaciones para responder al fiscal que solicitó la prisión domiciliaria. “Es un trámite que debería haber sido muy rápido, porque se inició en junio y todavía no hay respuesta”, indicó.

Cabe recordar que el 25 de junio pasado, Casación le había otorgado el beneficio al profesor de teatro, quien estaba al aguardo de la instalación del sistema de monitoreo en la vivienda donde cumpliría el arresto y de que le llegara la pulsera electrónica.

Sin embargo, el 1 de julio la jueza de Garantías Stella Maris Aracil emitió un oficio en el que indicó impugnar lo resuelto por la Alzada Departamental y dispuso suspender la instalación del sistema de monitoreo electrónico donde Rosso iba a ser trasladado, así como el otorgamiento de la pulsera.

En este sentido, la intención de la manifestación masiva y virtual más allá de sostener la lucha en el tiempo y que no se pierda, ya que van nueve meses de arresto, la idea es dar un sostén social. Una de las causas mencionadas ante la negativa de la domiciliaria fue que podría escaparse, pero el padre consideró que quizás este apoyo donde se puede advertir un gran entorno que lo respalde, podría sumar positivamente para que se descarte la hipótesis del escape.

“No podemos hacer mucho por el coronavirus, pero esta marcha virtual es importante porque son más de 300 personas las que se tomaron una foto y están dando la cara, poniéndose al frente para clamar justicia y demostrar que creen en él”, sostuvo, admitiendo que la acción incluso le da mucho sustento y fortaleza a la familia para seguir luchando.

El juicio, visto con optimismo

Ayer, en este Diario se dio a conocer que el fiscal José Calonje que instruyó la causa dio por culminada la investigación, ratificando su convicción de que el docente abusó sexualmente del niño de 4 años en el baño del jardín de infantes el 1 de julio de 2019. Asimismo, elevó la instrucción para que se realice el juicio.

Para Martín Rosso esto fue “sorprendente” y “está bien”. Consideró que lo que hace es dejar en claro que todo el tiempo que llevó cerrar la causa “no sirvió para que pudiera sumar elementos que hagan culpable a Juan”, sino que los argumentos continúan siendo los mismos.

“Nosotros tenemos pruebas claras y suficientes para refutar los elementos por los que lo acusa”, aseguró y determinó que hay muchas contradicciones, a la vez que existen cuestiones que no han sido tenidas en cuenta.

El padre del profesor enfatizó que justamente lo que quieren es que se llegue a un juicio y que se sepa la verdad, porque en ese proceso se podrá investigar a la familia del menor, que es donde ellos creen que está el “elemento fundamental para que se esclarezca” la realidad de los hechos.

“Nos parece bien que el Fiscal haya cerrado la causa y esperamos que el juicio se haga lo más pronto posible”, sostuvo expectante, aunque no hay una fecha estimada ya que los juzgados están trabajando con menos cantidad de gente y “se complica poder apurar los trámites”. Siempre la intención del entorno es que pueda esperar ese juicio en su casa.

“Está teniendo mucha resiliencia”

Como ya lo había dicho en otra oportunidad, Rosso aseguró que es su hijo quien los está sosteniendo a ellos anímicamente. Reveló que está dando clases de teatro en otro pabellón, a la vez que se ha lanzado a escribir su propia historia para volcar en un libro y también se embarcó en una maestría de especialización profesional.

Además, contó que le ofrecieron ser ayudante en la cocina, así que en las noches y mediodías tiene esa diligencia que lo saca del pabellón y lo pone activo.

De todas formas admitió que  también experimenta mucha ansiedad, sobre cuándo la Cámara de Apelaciones se expedirá con la domiciliaria. “Él nos da mucha fuerza, está teniendo mucha resiliencia”, aseveró el padre, lamentando que los tiempos de la justicia sean tan largos, que estando detenido se hacen “eternos”.

Por otro lado, aunque las visitas están suspendidas por la pandemia, contó que ahora está con celular a disponibilidad lo que les permite permanecer en contacto todo el día.

Martín Rosso, padre del docente de teatro acusado y detenido, Juan Rosso.

“Con Juan nos conocimos en la Asamblea por la preservación de las Sierras de Tandil, nos encontrábamos en las marchas. Empecé a conocer su arte, su gracia, su compromiso. Además, yo fui docente de la Escuela Ernesto Sábato, donde él fue estudiante y aunque no fue mi alumno hemos transitado espacios similares y cercanos. Siempre fue una persona muy despierta, inquieta y atenta al entorno y al bienestar de los demás. En esos espacios que tenían que ver con el cuidado de lo común y con la defensa de las injusticias nos íbamos encontrando, es un gran compañero de camino. Viví su tránsito como estudiante de teatro, pulirse en esa dimensión. Lo vi crecer y ser lo que es hoy. Fui público. Nos encontrábamos en la búsqueda de Justicia, en los barrios haciendo merenderos y cultivando el compromiso social. Hoy nos toca estar reivindicando su libertad y defendiendo su persona frente a lo que es una gran injusticia. Toda esta situación que está viviendo va a sacar lo mejor de él, porque tiene esa capacidad de convertir lo más difícil en gracia. Sabe ver la belleza de la vida. Esta situación que deja ver lo patas para arriba que está este mundo. Es una persona que yo valoro y quiero mucho y le deseo lo mejor. Juan es un alma libre y siempre lo será, ese lugar no lo condiciona, pero se merece estar rodeado de quienes lo quieren y espero que sea pronto“. Virginia Toledo López.

¨Soy responsable de un espacio de circo, donde Juan trabajó mucho tiempo. Es un excelente profesional y compañero. Su trato hacia todos y todas siempre fue bueno y respetuoso. Sus alumnos y alumnas esperaban felices tener clases con el. Jamás tuvimos un inconveniente. Además de dar clases trabajamos en varios proyectos juntos. Lo conocemos, sabemos quien es y creemos en el. Juan es inocente, que la justicia escuche e investigue¨. Paz Bircher.

¨A Juan lo conozco porque tuve el placer de poder compartir varios proyectos de circo con el, lo conozco desde hace muchos años, es una excelente persona. Muy buen compañero y amiguero. Un gran artista, querido por toda la gente. Por eso creemos en el y sabemos que es inocente. Está injustamente detenido y queremos que la justicia investigue¨. Eliana Gárate.

“La injusticia con Juan Rosso comenzó con un linchamiento mediático por parte de la familia del niño, más ocupada y apurada en los medios que en la protección del menor, que ha sido también expuesto. Juan solo dio dos clases en ese Jardín. Me parece una canallada no haber investigado, aquí hay testimonios de docentes que no se tuvieron en cuenta. Parece que había que buscar un culpable de manera rápida. Me asusta esta especie de ansias justicieras, este mal proceder desde la justicia, tan rápidamente, sabiendo que en esta ciudad no solo se condenan a inocentes sino que también muchos culpables de denuncias abusivas están sueltos. Me parece que aquí hay un problema familiar, de abuso, de vidas maltratadas que buscan un chivo expiatorio y no sería este el primer caso”. Mariana Dátola.

“A Juan lo conozco desde siempre. Antes que a él conocí a su padre en la murga La Tandilera. Luego su prima fue mejor amiga de mi hermana. Una familia de ideas y sentimientos nobles, que busca siempre pensar en cambiar con la acción definida y constante, las injusticias de este mundo. Juan es poeta, bueno, compañero, enérgico, que siempre va a hacerte sentir como en casa en su casa, que en toda conversación tiene una opinión bien fundada y reflexionada desde lo más hondo de su entendimiento y corazón social. Fue mi compañero de la murga “La Peluda a Calzón Quitado”. Es un chico que siempre mostró respeto por todes. Sin ninguna variación de su carácter e ideas en diferentes momentos vividos. Lo quiero y valoro mucho. Es un gran artista y tiene mucha belleza que seguir emanando, con su sola existencia, a este mundo. Exijo libertad para alguien que la merece, que fue juzgado injustamente y que tiene la mirada firme, hecha para ver lo incorrecto y embellecerlo“. Indiana Toledo López.

Días atrás, la causa que se sigue contra el profesor de teatro Juan Rosso, imputado por un presunto abuso en el Jardín de Infantes 901, incorporó nuevas fojas al conocerse que la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Azul  había concedido la morigeración de prisión al imputado, detenido desde el 21 de octubre del año pasado.

El fallo de los jueces Damián Pedro Cini y Carlos Paulino Pagliere (h) había revocado la resolución de la jueza Stella Maris Aracil, impugnada por las abogadas defensoras Patricia Perelló y Mariana Fardín, y dispuso la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Inmediatamente, el fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, decidió interponer un recurso ante el Tribunal de Casación de La Plata, contra el beneficio concedido al detenido. Entonces, la morigeración no quedó firme y el Juzgado de Garantías 2 suspendió por el momento  la prisión domiciliaria.

La defensora Patricia Perelló, en comunicación con El Eco de Tandil, explicó que “el fiscal hizo una reserva de recurrir en casación, pero de acuerdo a lo que dice la jurisprudencia y a lo que marca la ley, esto no corresponde. Estimo que en el momento oportuno el Tribunal de Casación se lo va a denegar. Según la jueza, el beneficio se suspende momentáneamente hasta tanto el tribunal resuelva si le concede o no el pedido al fiscal Sobrino”.

“El recurso no tiene efecto suspensivo, deberían conceder la domiciliaria y después resolver el recurso presentado”, aclaró. El fiscal tiene ahora  20 días -desde que fue notificado el jueves de la semana pasada- para interponer los fundamentos de la impugnación y el Tribunal deberá  resolver si es procedente.

“La realidad es que no procede. La actitud denota intencionalidad en contra de Juan, lo cierto es que si el fiscal se dedicara a estudiar los recursos, sabría que este no corresponde en esta oportunidad”, expresó Perelló.

“Atropello a la libertad” 

El abogado Mariano Dufau, colaborador de la familia del docente imputado, desglosó que “las fiscalías tiene un error de concepto, porque tienden a perseguir y no a investigar, entonces  se generan estas situaciones de que se sienten obligados a peticionar medidas coercitivas o elevar a juicio causas que no tienen sentido, porque entienden que ellos están para eso”.

De acuerdo a su interpretación del expediente, no hay ningún elemento probatorio que justifique que Juan Rosso esté detenido y aseveró que “eventualmente” debería ser investigado “porque toda denuncia debe ser escuchada y el Estado tiene el deber de investigar”. No obstante, remarcó que es “terrible” declarar un culpable sin elementos y “hacerle pagar una pena sobre algo que no hizo”.

Sobre los argumentos de los camarista Cini y Pagliere para otorgar el arresto domiciliario, indicó que “la resolución de la Cámara demuestra algunas cosas muy importantes, que no lo advirtieron al dictar la prisión preventiva”. En este sentido, enfatizó en las circunstancias personales del detenido, el buen concepto del que goza en sus ámbitos de desempeño y la injerencia de la Asociación Pensamiento Penal, y de  otras instituciones como grupos de derechos humanos, Hugo González del gremio docente Suteba y Mario Valiente, decano de la Facultad de Arte de la Unicen.

“Lo que está pasando es un atropello a la libertad muy preocupante. Estoy convencido de que no hay ningún elemento que justifique la detención. Se lo trata como culpable sin acreditarlo, no hay elementos para enjuiciarlo y mucho menos para detenerlo. En Tandil hoy la libertad pende de un hilo por una denuncia malinterpretada y mal investigada”, afirmó.

El expediente y sus versiones 

El profesional analizó el expediente, que conforme pasa el tiempo engrosa su tenor, y destacó que “el menor denunciante presunta víctima las declaraciones da cinco versiones diferentes sobre la situación, acerca del número e identidad de personas que estaba con él en el baño al momento del supuesto abuso”.

En tanto, consignó que en la investigación constan tres versiones diferentes sobre si le había contado a su maestra que había sido abusado. “En una se lo cuenta  la docente y esta le grita a él al oído. En otra le cuenta ala docente y ella le habla al oído a Juan y luego le dice que se vaya. Por último, cuando declara tanto en pericia como en Cámara Gesell, afirma no haberle contado a nadie sobre el supuesto abuso”, se explayó el letrado.

“Cuando digo que está preso únicamente por el errático y contradictorio relato del menor supuestamente abusado, lo digo porque todas las pruebas restantes desincriminan a Juan Rosso. Ninguno de los testigos menores lo colocan en el lugar de los hechos. El único que habla de abuso incrimina a otro profesor. Todos los presentes en el SUM del jardín deslindan a Juan”, especificó.

En el expediente, la preceptora (quien era la persona que estaba en el SUM junto al imputado y el menor presuntamente víctima), brinda testimonio a fojas 246 y afirma que ni Juan ni ninguno de los niños fueron al baño, y menos en grupo.

Siguiendo el análisis de Dufau, en la investigación llevada a cabo, la docente a cargo de la sala a la que concurría el niño y testigo directo de la clase de Rosso, declara a fojas 80/81 y afirma que ni el profesor de teatro ni los pequeños se fueron del salón. A estas declaraciones se sumaron las de otras maestras que coinciden en el relato.

“Todos los informes médicos prueban que el menor no tiene, ni tuvo, lesión alguna compatible con abuso. En el informe precario del Hospital de Niños Dr. Blanco Villegas, de fecha 4 de julio de 2019, obrante a fojas 20, consta que el niño no posee lesión alguna en sus genitales y ano. Además, el informe de la médica pediatra María Inés Luna, perito médica del cuerpo auxiliar del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, obrante a fojas 27, consta que no se observan lesiones de reciente ni de larga data ni en genitales ni en región anal”, refirió el abogado.

El caso del docente de teatro Juan Martín Rosso, detenido desde octubre pasado en el penal de Barker, sigue sumando repercusiones. El joven acusado de un presunto abuso en el Jardín de Infantes 901 permanece aún alojado en el centro penitenciario, luego de que la Justicia denegara los pedidos de excarcelación y prisión domiciliaria.

Ahora, la  Asociación Pensamiento Penal se presentó como “Amigos del Tribunal” en la causa que se sigue en contra de Rosso. Esta figura denominada amicus curiae se trata un informe escrito que puede ser presentado por una persona natural o jurídica que, a pesar de no tener un interés directo en el caso, interviene en él para defender un interés de trascendencia general, como cuando está en juego la defensa de los derechos fundamentales.

La entidad en cuestión esta formada por jueces, fiscales, defensores, abogados del ámbito penal y busca resguardar los derechos humanos al visibilizar “malas y buenas prácticas de la administración de justicia”.

Errores en la instrucción 

La psicóloga forense María Eugenia Covacich, coordinadora del área pericial del observatorio de prácticas del sistema penal perteneciente a la Asociación, dialogó con el programa radial “Haciendo Lío”, que se emite por la FM 102.9 de Rauch y explicó que “somos como un tercero objetivo, imparcial. Alejado de las partes. Solamente venimos a observar determinadas cuestiones y se las hacemos saber a quienes tienen que tomar las decisiones sobre lo que estamos observando”.

La profesional detalló que la presentación surge “porque se detectaron dos ejes de análisis en relación a las pericias que se tomaron a los niños en las declaraciones testimoniales”. La perito forense expuso que, por un lado observaron que “el instrumento para recibir la declaración testimonial de los niños no es el adecuado, no es el validado por la comunidad científica” y por otro lado “cuando ese material fue valorado y analizado no se hizo con la técnica indicada, que es el análisis de contenidos basado en criterio”.

Ademas, argumentó que “la declaración testimonial debe ser libre de los hechos y acá fue direccionada con una técnica que tiene mucho de inductiva, de sugerir la respuesta en la misma pregunta”. Además remarca que “no hubo validación de todo el material obtenido. Hubo muchos errores y falencias metodológicas que terminan conduciendo a nuestro entender en errores de valoración e interpretación de las pruebas”.

“Caza de brujas”

Desde la Asociación Pensamiento Penal destacaron que se presentaron en esta causa porque también lo han hecho en otras similares y han notado las mismas “malas prácticas”. Incluso, habló de una especie de “caza de brujas” sobre docentes especiales de niños muy pequeños. “Esto ya es un fenómeno que estamos detectando que se repite”, remarcó.

En ese sentido, Covacich aclaró que “es un tema muy polémico y no es fácil hablar porque se tiende a pensar que uno pone en duda lo que los niños dicen y eso no es así, sino lo que sí se hace es aplicar el conocimiento científico que existe para hacer justicia. Al niño se le cree siempre y se lo protege siempre, pero una manera de protegerlo es trabajar responsablemente con ese relato y con todas pruebas”

En el caso de Rosso, desde la entidad expresaron que hay otros testigos presenciales que “no han sido tenidos en cuenta. Es inexplicable como los peritos a la hora de valorar las declaraciones testimoniales de los niños no han contrastados esas declaraciones con los testimonios de los docentes, por ejemplo” y agrega que la técnica que se debiera haber utilizado “hace mucho hincapié en el comienzo. Si el niño lo dice o es una sospecha de un adulto”.

“Hay protocolos, psicología de testimonio, mucho entrenamiento en utilizar la técnica que corresponde. En este caso hay mal uso de técnicas indicadas para este tipo de investigaciones. Se ha confundido la realidad psíquica con la fáctica. Lo psíquico es lo subjetivo de la persona que no siempre se corresponde con la realidad objetiva y se ha conducido a errores que los hemos señalado”, desglosó Covacich.

La psicóloga forense enfatizó que estas “malas prácticas” en operadores de la justicia son cometidas por “errores involuntarios” y detalla que los motivos que encuentran en las condenas erróneas en las que trabajan son por “malas prácticas periciales con algún sesgo, que se investiga parcialmente porque se está buscando un resultado único, que no se exploran hipótesis alternativas o el juez omite algunas pruebas porque no le resultan íntimamente creíbles o confiables”. Estos errores involuntarios, que muchas veces llegan a condenas, son “terribles y tienen un altísimo impacto en las vidas” de quienes padecen esas equivocaciones.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul rechazó el pedido de excarcelación extraordinaria que había presentado la defensa del profesor de teatro Juan Martín Rosso, imputado por abuso sexual a un alumno en el Jardín de Infantes 901. De este modo, la doctora Patricia Perelló tuvo otro revés ante el tribunal de alzada, que ratificó la decisión de que siga detenido, de acuerdo con la medida dispuesta por la jueza de Garantías Stella Maris Aracil.

La abogada marplatense había solicitado que el docente aguardara el juicio en la casa de Martín Rosso, con su padre y el decano de la Facultad de Arte de la Unicen, Mario Valiente, como garantes de ese beneficio.

La Cámara de Apelaciones, integrada por los doctores Carlos Paulino Pagliere (h) y Damián Pedro Cini, deliberó el 19 de marzo pasado y el último jueves notificó a las partes sobre su decisión de confirmar la resolución adoptada en primera instancia y de denegar la excarcelación extraordinaria a Juan Martín Rosso.

El profesor de teatro fue informado a través del director de la Unidad Penal 37 de Barker, quien por instrucción del doctor José A. Moragas, juez subrogante a cargo del Juzgado de Garantías 2 (la magistrada Aracil acató el aislamiento por la pandemia), debió notificarlo sobre la negativa al pedido.

En principio, la jueza titular del Juzgado de Garantías 2 de Tandil, Stella Maris Aracil, había resuelto no hacer lugar a la excarcelación extraordinaria solicitada a favor del profesor de teatro. Ante ese pronunciamiento, las defensoras del imputado, Patricia Perelló y Mariana Fardín, interpusieron un recurso de apelación que fue concedido por la magistrada.

De ese modo, la impugnación llegó a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul, que analizó su pronunciamiento con la fundamentación del juez Damián Pedro Cini y el aval de su par Carlos Pagliere (h).

La tesis defensista

En principio, el doctor Cini repasó que la defensa pretendía la anulación de la resolución de primera instancia por arbitraria y por no tener debida fundamentación. Y reparó en que las abogadas indicaron que de modo alguno pueden la gravedad del hecho y la pena en expectativa ser los únicos fundamentos para denegar la excarcelación.

Las letradas habían expresado que la jueza Aracil no ha valorado ninguna otra circunstancia al momento de fundar el peligro procesal que exige el artículo 146 inciso 2 del Código Procesal Penal, por lo que sus argumentos no resultan suficientes para el dictado de la medida de coerción.

También alegaron que tampoco analizó los argumentos esbozados respecto a la neutralización de posibles riesgos, al tiempo que marcaron que no puede desconocerse el gran apoyo que ha recibido el docente Rosso por parte de toda la comunidad educativa de Tandil, la gran cobertura mediática y las públicas manifestaciones que ha realizado el imputado pidiendo que la Justicia avance para demostrar su inocencia. Por lo tanto, la defensa entiende que esas condiciones no son las de alguien que pretende fugarse y que sostenerlo es ilógico e injustificado.

En tanto, las doctoras Perelló y Fardín sostuvieron que ninguna de las circunstancias objetivas de excepción, así como tampoco los garantes ofrecidos –el padre del imputado Martín Rosso y el decano de Arte Mario Valiente-, fueron valorados en la resolución de la jueza Aracil.

Sumado a eso, señalaron que la afirmación respecto a que no existen “circunstancias de relevancia y especialidad” es totalmente falsa y que carece de sustento jurídico, y recordaron que el juzgador bajo ninguna razón puede abstenerse de explicar y fundamentar cómo determinada hipótesis conlleva la verificación de los peligros procesales, pues esta constatación importa el único argumento merced el cual se puede excepcionar la norma rectora de la libertad.

Uso “desmesurado” de la preventiva

En otro párrafo, las defensoras advirtieron sobre el uso desmesurado de la prisión preventiva y la situación deplorable a la que se somete a los internos que cumplen la misma y que han llevado incluso a la declaración del estado de emergencia carcelaria, situaciones que exigen que se deban extremar las medidas para privar de libertad a las personas en estas condiciones infrahumanas, sólo como medida de ultima ratio cuando no exista otra menos rigurosa para asegurar los fines del proceso.

Para finalizar el repaso de los argumentos, el juez Cini consignó la referencia a que la proporcionalidad no tiene que ver con el tiempo de detención y la pena que le podría corresponder como eventual condena, sino que debe considerarse la severidad de la medida frente al riesgo que se pretende evitar.

Por último, el magistrado de la Cámara repasó que la defensa hizo reserva de caso federal, es decir, de la posibilidad de apelar ante una negativa a la excarcelación extraordinaria requerida.

Los fundamentos

Al evaluar el recurso defensista, el magistrado sostuvo que “este tribunal he de adelantar que el recurso intentado no puede prosperar” y como primer argumento explicó que “encuentro oportuno recordar que en autos se le imputa a Juan Martín Rosso el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser el encargado de la educación en los términos del artículo 119 párrafo segundo y cuarto inciso b) del Código Penal”.

Además, repasó que al imputado se le dictó la prisión preventiva, resolución que fue revisada y confirmada por este Tribunal con fecha 27 de diciembre de 2019, oportunidad en la que se merituó existencia de peligros procesales” y señaló que esa disposición está firme.

En ese sentido, expuso que “la excarcelación pretendida se enmarca en lo dispuesto por el artículo 170 del Código Procesal Penal, resulta necesario que la parte invoque y acredite la existencia de circunstancias excepcionales que permitan inferir que los peligros procesales que justificaron la medida de coerción han desaparecido”.

La jurisprudencia

Ante lo cual, el doctor Cini citó lo resulto en la causa “Labrin Ariel David s/ Excarcelación Extraordinaria”, donde se argumentó que “cuando se imputa un delito que supera el límite impuesto en el artículo 169, inciso 1 del Código Procesal Penal, la inexcarcelabilidad del mismo, se sustenta en esa presunción de la ley, que obviamente pesa sobre el imputado”.

Y esa jurisprudencia analizó que “esta presunción adversa está dirigida a todos los habitantes en general sin discriminar en absoluto acerca de ciudadanos con o sin familia, con mayor o menor contracción al trabajo, con buen o mal concepto vecinal o laboral, con mayor o menor grado de instrucción, etc. Pues la sociedad se compone de individuos que ofrecen parcial o totalmente todo ese abanico de características, las que conviene destacar, en su parte positiva resultan condiciones ordinarias, comunes, no superlativas y propias de la mayoría de los habitantes”.

“De aquí se sigue que aunque una persona reúna alguna o todas las particularidades enumeradas en sus aspectos positivos, y a la misma se le atribuya un delito conminado con una pena mayor a ocho años de prisión, ha de pesar sobre ella la presunción adversa e impeditiva de la excarcelación ordinaria establecida por el legislador, pues como ya se dijo, la misma ha sido fijada erga omnes, y sin distinciones”, remató.

En ese sentido, la resolución mencionada avaló que para otorgar la excarcelación extraordinaria “las condiciones personales del imputado, y cualquier otra circunstancia que se considere relevante, tienen que ser distintas, con claros signos de excepcionalidad y cualitativamente superiores a las comunes, generales y ordinarios que no resultan en sí un obstáculo para el imperio de la presunción legal de eludir la acción de la Justicia, nacida de la magnitud de la pena amenazada”.

Luego los antecedentes, el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal concluyó que “las circunstancias invocadas por el recurrente –comportamiento, arraigo, familia comprometida, acompañamiento de sus compañeros de trabajo y de parte de la comunidad de Tandil- no tienen individualmente ni en su valoración conjunta entidad para socavar los peligros procesales que justificaron la medida de coerción dictada”.

En la misma línea, marcó que “tampoco los garantes personales ofrecidos tienen aptitud para asegurar la sujeción del causante al proceso, toda vez que, teniendo en cuenta los peligros procesales analizados y dado que en autos se analiza la procedencia de una excarcelación extraordinaria a fin de que Rosso transite el proceso en libertad, dichas personas no tendrían un control continuo y permanente de los movimientos del encausado a diferencia de lo que eventualmente podría ocurrir en el instituto de la morigeración”.

Tras su exposición, afirmó que “la medida de coerción dispuesta se observa necesaria para resguardar los fines del proceso”, pero también reparó en que Rosso fue detenido el 21 de octubre de 2019, por lo cual “la restricción de la libertad impuesta aún resulta proporcional a la luz de la escala penal aplicable”.

Sobre la mediatizada causa por abuso, Martín Rosso, padre del profesor de teatro recluido desde hace varios meses en Barker, se acercó días pasados al Juzgado de Garantías 2 de la ciudad para solicitar que se expida acerca del otorgamiento de la prisión domiciliaria en beneficio de su hijo, pedida el pasado 15 de enero por la defensa a cargo de la abogada Patricia Perelló.

Según se pudo saber, en el lugar, el secretario confirmó que para expedirse sobre el tema esperaban la resolución de la Cámara de Apelaciones de Azul en relación al pedido de excarcelación, resolución que ahora se conoció (ver página 6) y así evitar superposiciones entre las diferentes instancias judiciales.

Sin embargo, la abogada de Rosso afirmó que “son dos figuras totalmente diferentes. El arresto domiciliario se computa como prisión para cualquier medida, en cambio la excarcelación es libertad”. “Son dos cosas que no tiene nada que ver una con la otra”, profundizó Perelló.

Según se confió , la defensa del imputado presentará una denuncia ante el órgano de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense por “mal desempeño funcional y dilación injustificada de términos procesales ante un pedido de libertad, por parte de la jueza Dra. Stella Maris Aracil”.

Resguardo de la integridad física 

Los progenitores de Rosso expresaron su preocupación por la ausencia de definiciones sobre la suerte que corre su hijo, quien está encarcelado de manera preventiva desde hace cinco meses. En el contexto actual, de una eventual propagación masiva del virus que tiene en vilo al mundo y al país en aislamiento preventivo, los padres del detenido mostraron su consternación por las condiciones sanitarias de los penales y el hacinamiento registrado en las unidades carcelarias, caldo de cultivo para el contagio.

En este sentido, Martín Rosso manifestó la “profunda preocupación” que tienen por la “salud e integridad física de Juan, porque hoy depende de la insensibilidad de la jueza Aracil, que no responde este pedido hace más de un mes”.

Natalia Gargiulo, madre del joven detenido, dijo que “si a Juan le pasa algo, la hago directamente y públicamente responsable a la jueza Stella Maris Aracil” .