El juez penal económico Diego Amarante procesó este lunes a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025.

Según la resolución judicial, se considera que existió una omisión deliberada de ingresar en término los tributos retenidos para generar una mayor disponibilidad de fondos para la entidad. El magistrado advirtió que se encuentra verificada la intervención material y culpable de los imputados, quienes contaban con facultades decisorias y de administración.

"Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales", señaló el fallo.

La medida alcanza también a Cristian Ariel Malaspina, actual secretario general, y a los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. Todos son considerados responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

El juez Amarante dispuso un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de la AFA, al considerarla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravada en 34 oportunidades, en concurso real con la apropiación de recursos de la seguridad social en 17 oportunidades. El mismo monto de embargo fue impuesto de manera individual a Tapia y Toviggino.

Si bien los procesamientos se dictaron sin prisión preventiva, los dirigentes deberán cumplir con estrictas pautas de conducta. Entre las restricciones impuestas, se mantuvo la prohibición de salida del país y la obligación de no ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización previa. Asimismo, deberán comunicar al juzgado cualquier cambio de residencia y presentarse ante cada citación judicial.

Sobre el rol del titular de la entidad, el magistrado afirmó que el presidente de la AFA detenta la representación legal y posee una posición central en la estructura de toma de decisiones. Para el juez, esta jerarquía magnifica su responsabilidad, ya que Tapia conocía la falta de pago y autorizó la gran mayoría de los giros relativos a los volantes electrónicos.

En cuanto al tesorero Toviggino, la investigación determinó que su firma aparecía en la totalidad de los cheques de la institución y estaba autorizado para realizar operaciones de transferencia. Por este motivo, se lo considera en una posición determinante respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la entidad.

La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico y, en caso de quedar confirmada, podría iniciar el camino hacia un juicio oral.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada desde mañana como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho junto a otros 86 acusados, entre ellos ex ministros de su gobierno, el remisero autor de los "cuadernos" Oscar Centeno y medio centenar de empresarios.

La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde el jueves próximo, advirtió que se trata de la investigación "de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina".

Cuadernos es "solo comparable a unas pocas a nivel mundial", agregó en un informe que presentó su fiscalía con un detalle del juicio que se iniciará mañana.

Desde las 9.30 y con trasmisión por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero darán inicio al debate que se prevé durará al menos tres años y que durante el primer mes transcurrirá cada jueves con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el caso central y los conexos que llegan al debate.

La ex presidenta deberá conectarse desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111 donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta en la “Causa Vialidad” y que la Corte Suprema dejó firme este año.

Además serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita.

Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.

La investigación se centro en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso.

El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años.

En el caso Vialidad por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor del también condenado empresario Lázaro Báez, el Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio descartó la figura de asociación ilícita y condenó por defraudación, algo que quedó firme en la Corte Suprema.

Desde marzo de 2026 se sumará un día de audiencias en Cuadernos mientras que las declaraciones indagatorias de los acusados comenzarían entre fin de año y de manera posterior a la feria judicial de enero.

El Tribunal aún tiene que decidir si también serán virtuales o para esta instancia se habilitará la presencialidad.

El presidente, Javier Milei, presentó un escrito en la Justicia, en el marco de la causa iniciada tras la denuncia de Ian Moche, el niño autista que lo denunció tras haberse sentido descalificado y agraviado por el mandatario a través de un posteo en redes sociales.

El Presidente insistió en que el tuit fue una “acción privada” que contenía una “expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido”, en alusión a Paulino Rodríguez, y no un ataque al niño. Además, intentó desacreditar la denuncia, afirmando que no tuvo que ver con una cuestión legal sino ideológica.

En tanto, Milei se negó a borrar su publicación en X, aludiendo que está amparada en la libertad de expresión y en el hecho de que en las redes sociales se manifiesta en forma personal y no como Presidente. Cabe señalar que este mismo argumento ya había sido esgrimido por Milei en la causa por la presunta estafa impulsada por la criptomoneda $LIBRA, en la que se vio involucrado por una recomendación realizada en la red social X.

En el caso del agravio contra Ian Moche, los abogados de Milei calificaron la demanda impulsada por la familia y el niño como “carente de sustento jurídico” y plantearon una lista de puntos en la que negaron la implicancia del mandatario. En esa línea, señalaron que la cuenta @JMilei en X no es una cuenta oficial del Poder Ejecutivo Nacional. Aseguraron que los posteos no constituyeron una “agresión al honor, reputación o integridad” del niño y que un reposteo no es una “ratificación o legitimación de agravios”.

Asimismo, los letrados negaron que la publicación haya generado un “daño irreparable, grave, inminente”, y que en términos de derecho el “interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política”.

La denuncia comenzó luego de que el Presidente reposteara un mensaje de un usuario anónimo denominado “Hombre gris” que agraviaba al periodista de LN+, Paulino Rodríguez, y al niño con autismo de 12 años, conocido por su tarea como activista por la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, al que Milei acusó de proceder de “una familia ultrakirchnerista”.

Ian Moche es un niño de 12 años de La Plata que a través de sus redes sociales y en medios de comunicación habla de autismo y de la necesidad de visibilizar esta condición para lograr construir una sociedad más amigable.

Como activista, ha realizado gran cantidad de entrevistas desde muy chico, y se ha reunido con políticos de todos los partidos, con ánimo de poner en agenda las necesidades de las personas que se encuentran dentro del especto autista como condición de vida.

El pasado 23 de junio, la familia de Ian inició una acción judicial para que el presidente, Javier Milei, borre una publicación compartida en la red social X 1º de junio, agraviante en su contra. De acuerdo a la demanda, “el posteo de Milei viola de forma manifiesta el principio del interés superior del niño y, en esa línea, pidió al mandatario que se abstenga de realizar publicaciones similares en las redes sociales”.

En la presentación judicial, Ian explicó su diagnóstico, su proyecto de vida y destacó que desde el año 2022 realiza “un activo trabajo de difusión y concientización social sobre el autismo”. Asimismo, narró: “En marzo de 2024, me reuní junto a mi madre con el Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Señor Diego Spagnuolo. En dicha reunión, el funcionario le manifestó a mi madre y a mí que si había tenido un hijo con discapacidad era un problema familiar pero no del Estado”.

Luego explicó que Spagnuolo concurrió al canal de cable La Nación + (LN+) y en el programa del periodista Esteban Trebucq, negó haber hecho tal afirmación. “El 30 de mayo de 2025, concurrí junto mi madre al canal de cable LN+ por la tarde al programa del periodista Paulino Rodríguez a efectos de ejercer mi derecho a réplica y ratificar mi versión de los hechos”, agregó el niño en la demanda.

Tras estos contrapuntos entre un funcionario y un niño de 12 años, un usuario de la red social X hizo un posteo señalando que el niño proviene de una familia “ultrakirchnerista”, donde compartió fotos de las reuniones que tuvo Ian en los últimos años con Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa – obviando las imágenes que se sacó con políticos de otros partidos políticos – y una de su participación en el programa de Paulino Rodríguez. El presidente Javier Milei resposteó esa publicación dando su aval y sumando un comentario.

Mientras Jorge Lanata sigue internado en la clínica Santa Catalina, la jueza Lucila Córdoba dispuso un bozal legal y prohibió a los medios nombrar al periodista y a su actual esposa, la abogada Elba Marcovecchio. La prohibición, que provocó el repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), rige para medios gráficos, audiovisuales y digitales.

La jueza Córdoba tomó la resolución por solicitud de Marcovecchio, que se encuentra en medio de un escándalo de denuncias cruzadas con las hijas del periodista, Bárbara y Lola, quienes la acusaron ante la Justicia “por hurtar elementos de gran valor” y dinero en efectivo, así como afectar la salud del reconocido periodista.

“Se ordena la prohibición de la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación (televisión, grafico, radial, medios digitales y/o publicación en páginas WEB), de toda información que involucre al Sr. Jorge Ernesto Lanata su imagen, intimidad, situación familiar e información relativa al trámite de la presente causa”, establece el oficio que libró este viernes el Juzgado Civil N°8 de Buenos Aires, secretaría N° 15.

La jueza, además, dispuso una medida similar para que tampoco se pueda mencionar a la actual esposa de Lanata, según establece el oficio electrónico que el Juzgado Civil N° 8 envió al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que notifique esa decisión a los medios audiovisuales.

En su presentación ante la Justicia, las abogadas de Marcovecchio pusieron en conocimiento “la gran angustia por lo que está pasando su cónyuge y su delicado estado de salud; así como manifiesta encontrarse ella en estado de vulnerabilidad no sólo por la condición médica del Sr. Lanata, sino también por el hecho de que todos los medios de comunicación están difundiendo la presentación efectuada por las hijas respecto de éste, exponiendo parte de su contenido y haciendo alusión a las cuestiones relativas al patrimonio de su cónyuge y lo denunciado respecto de su persona”.

El hecho provocó el inmediato rechazo de Adepa, que expresó en un comunicado que “se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa. El artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado”.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que cualquier medida preventiva que impida el ejercicio de la libertad de expresión, incluyendo las decisiones judiciales, constituye censura previa”, se afirmó.

“La censura judicial, en tanto puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público”, sentenciaron desde Adepa.

En las últimas horas, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) que conduce Hugo Russo le solicitó al Gobierno de Axel Kicillof que intervenga ante la “crítica situación” que atraviesan gran parte de los 73 Tribunales del Trabajo que están repartidos en la provincia de Buenos Aires.

“No es novedoso que este fuero se encuentre colapsado en varios departamentos judiciales, situación que empeoró en los últimos años por falta de nombramiento de personal y la designación de magistrados”, señaló el gremio de los judiciales bonaerenses.

En rigor, la AJB presentó una nota para que el Ministerio de Trabajo que dirige Walter Correa interceda ante el aumento de la cantidad de causas que ingresaron en los tribunales del fuero laboral, motivado por la delicada situación económica, política y social.

Por caso, la asociación le solicitó al Gobierno de Kicillof que se involucre para “acelerar las postulaciones de magistrados sin dilaciones” y que llame a la conformación de la comisión permanente de mapa judicial y de la mesa técnica integrada por el Ministerio de Trabajo, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA) y el gremio de los judiciales bonaerenses.

De este modo, el sindicato le solicitó a Correa trabajar en dos nuevos Tribunales de Trabajo, uno en San Isidro y otro en Moreno-General Rodríguez y dar solución a los problemas que atraviesa el fuero en la mesa técnica tripartita.

Los judiciales bonaerenses también le presentaron al Ministro un trabajo que realizó el Centro de Investigación y Formación (CIyF) con información propia y con las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA).

En detalle, del informe se desprende que en 2022 el fuero de Trabajo fue el que mayor cantidad de causas recibió en la provincia de Buenos Aires, en tanto que tuvo un crecimiento del 14% en el último año, un 46% respecto de 2018 y un 54% en relación a 2013. “Esto indica que la cantidad de ingresos viene creciendo y es bastante alta”, explicaron desde la asociación.

Asimismo, el gremio de los judiciales bonaerenses informó que el aumento de las causas (204% desde 2003) fue superior al número de trabajadores destinado a darle resolución a los casos (que aumentó 17%). Asimismo, la AJB detalló que se crearon 10 nuevos tribunales de trabajo, pero en muchos casos se mantuvo la misma dotación o disminuyó porque no se cubrieron las vacantes.

En esta línea, la asociación precisó que los distritos en los que ingresaron una mayor cantidad de causas fueron en los departamentos de Pilar y de Moreno-General Rodríguez y detallaron que en los últimos dos años la brecha con el promedio bonaerense se amplió “notablemente”.

Por otra parte, el gremio de los judiciales bonaerenses informó que la mayoría de las causas que ingresan en los tribunales del trabajo se resuelven por conciliación y menos de 2 casos de cada 10 se resolvieron con sentencia. En tanto que, el promedio de duración de un juicio con homologación es de 273 días y de 677 en aquellos que son con sentencia.

Cabe recordar que, para finales de 2023, en diálogo con este medio Hugo Russo salió a marcar posición sobre el impacto negativo que generan las casi 800 vacantes que arrastra la Justicia de la provincia de Buenos Aires y reclamó una silla para el gremio de los judiciales bonaerenses en el Consejo de la Magistratura, órgano a cargo de seleccionar a los postulantes a magistrados.

“Son unas 800 las vacantes que tenemos en la provincia de Buenos Aires, es un retraso que nunca hubo en el tema de nombramientos. Faltan tres miembros de la Corte Suprema de Justicia, jueces de primera instancia, de segunda instancia, faltan fiscales y también defensores oficiales. Eso redunda en un deficiente servicio de justicia y además una recarga laboral para los trabajadores”, explicó Russo en una entrevista con Diputados Bonaerenses.

De todos modos, en los últimos meses se generaron más vacantes en la Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires debido a jubilaciones y renuncias que debió firmar el Gobierno bonaerense.

En una reunión de Mesa Técnica con los representantes gremiales de los trabajadores judiciales, el Gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 9,5% al 1º de abril, mismo porcentaje que ya aceptaron los estatales y evalúan los docentes. De esta manera, se alcanzaría un aumento acumulado del 51,7% sobre una inflación del 51,6% en lo que va del 2024.

Según indicaron desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) en un comunicado, el incremento será extensivo a jubilados/as y pensionados/as que, de ser aceptado, se liquidará con los haberes de mayo con el correspondiente retroactivo a abril.

A su vez, desde el Ejecutivo informaron un incremento en igual porcentaje en las asignaciones familiares. Los topes máximos de ingreso para la percepción de las mismas quedarán en $883.120 de manera individual y $1.766.240 para el grupo familiar.

Desde el gremio convocaron a realizar asambleas presenciales en las 20 departamentales el jueves 18 de abril para analizar la propuesta. De acuerdo a cada sueldo por categoría y antigüedad, el aumento impactaría de forma diferente y se puede calcular en la calculadora de salarios del gremio: http://ajb.org.ar/calculadora-de-sueldos/.

Tal como se consensuó en febrero, el Gobierno se comprometió a continuar con las reuniones mensuales, y se retomará la paritaria a través de la convocatoria a una Mesa de Monitoreo y Revisión durante el mes de mayo.

Desde la AJB se plantearon además diversas cuestiones, vinculadas a la agenda de problemáticas del sector. “Pedimos que el beneficio de las subcategorías del Acuerdo 4093 se haga extensivo a jubilados/as y pensionados/as, que haya una recategorización de los cargos más bajos del escalafón, la necesidad de dar solución a la tercerización en el sector de limpieza y reiteramos nuestra preocupación por la situación que atraviesa el IOMA, y sostenemos nuestra pelea por la Ley marco de paritarias”, indicaron.

El Gobierno bonaerense reprogramó las tres reuniones paritarias que se iban a realizar este lunes y finalmente recibirá a los gremios de estatales, docentes y judiciales entre el martes y el miércoles.

El Ejecutivo suspendió primero el encuentro que iba a tener durante la mañana del lunes con los estatales de la ley 10.430 y luego avanzó con las reprogramaciones de los cónclaves con docentes y judiciales que estaban pautados para la tarde.

Según le informaron fuentes oficiales a la agencia DIB, la reunión con estatales se realizará mañana martes a las 10 horas, mientras que el miércoles será el de los docentes a las 10 horas y el de los judiciales a las 13.

El Ejecutivo llamó a negociar nuevamente a los distintos sectores tras pedidos de reapertura realizados la semana pasada por ATE, UPCN, el FUDB (Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET) y la AJB.

La Provincia ya otorgó tres aumentos en lo que va del año a los distintos sectores de estatales: un 25% en enero (de los cuales 15 puntos correspondieron al cierre del periodo 2023), 20% en febrero y un 13,5% en marzo.

Gremios de estatales, docentes y judiciales bonaerenses realizaron esta semana pedidos de reaperturas de paritarias al ministro de Trabajo, Walter Correa, y ahora esperan por un llamado por parte del Gobierno provincial.

Por el lado de los estatales, enviaron notas a la cartera laboral tanto ATE como UPCN. El primero de los sindicatos lo hizo el martes y advirtió sobre la “imperiosa necesidad de continuar haciendo los mayores esfuerzos para sostener el salario de los y las trabajadores del estado provincial, en un contexto de ajuste brutal impuesto por el gobierno Nacional de Javier Milei”.

Asimismo, en los últimos días, también elevó una solicitud de convocatoria el Frente de Unidad Docente Bonaerense (que integran Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET).

Los maestros señalaron que “la reapertura se hace necesaria de manera urgente dada la situación de ajuste brutal” por parte del gobierno de Javier Milei y pidieron fijar pautas salariales “que impidan la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de nuestros compañeros y compañeras”.

Este viernes sumaron su pedido los trabajadores judiciales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). “Ante la creciente inflación y la escalada de precios que deterioran los ingresos, necesitamos una urgente recomposición de salarios de las y los trabajadores judiciales”, indicaron desde este sindicato.

Fuentes de distintos gremios aseguraron que todavía no recibieron convocatorias por parte de la gestión provincial. Desde una de las organizaciones, especularon con que el llamado se podría dar para el lunes.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) pidió ayer que el Gobierno de Axel Kicillof los convoque a la mesa de negociación salarial para darle continuidad a la paritaria inconclusa de 2023.

En un comunicado, indicó que el secretario general del gremio, Hugo Russo, solicitó al Ejecutivo provincial que se los cite "de forma urgente porque en la última paritaria de noviembre tenía la cláusula de convocatoria en diciembre".

El gremialista destacó que saben "de las dificultades del Gobierno" y subrayó que "se había pedido una prórroga para el primer mes del nuevo año, pero estamos terminando la primera semana de enero y no hemos sido convocados".

"La devaluación, el aumento de precios y de los combustibles ha erosionado el bolsillo de los compañeros y necesitamos rediscutir salarios porque no hemos cerrado la paritaria 2023 y (hay que) empezar a diagramar la de este año", completó Russo.

En noviembre pasado las asambleas de trabajadores y trabajadoras judiciales de las 19 departamentales de la AJB aceptaron la oferta salarial del 25 por ciento que se pagó con los sueldos de noviembre y que fue extensiva a jubilados y pensionados.

En aquel encuentro, además, se acordó reabrir la negociación en diciembre para discutir el último tramo del año.

Con aquella aceptación, la pauta de la paritaria salarial se acumuló durante 2023 un incremento de 120 por ciento (20 en marzo, 20 en mayo, 30 en julio, 25 en septiembre y 25 por ciento en noviembre) (Télam).

El exconductor de radio y TV Marcelo "Teto" Medina fue procesado, aunque sin prisión preventiva, por "abuso sexual reiterado" y "amenazas" a una expareja por una serie de hechos ocurridos en 2019 y terminó embargado en más de 20 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.La resolución - a la que accedió Télam- fue dictada por el juez nacional en lo Criminal y Correccional 28, Martín Del Viso, en el marco de una causa que se inició a partir de las denuncias de Mónica Fernández, expareja de Medina.Del Viso consideró a Medina autor de los delitos de "abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres oportunidades" (tiene penas de 6 a 15 años de cárcel) y "amenazas coactivas con la utilización de armas" (de 3 a 6 años de prisión o) todos en concurso real entre sí, esa decir que, ante una eventual condena, se suman las penas.En el inicio de su resolución el juez hizo una síntesis de las dificultades y vaivenes judiciales que tuvo la causa por cuestiones de dificultad probatoria o de competencia, hasta recaer en su juzgado.A Medina se le imputan cuatro hechos, todos ocurridos en 2019: dos de ellos en hoteles alojamientos porteños, otro en la localidad bonaerense de José Mármol y otro, donde exhibió armas, dentro de un automóvil.Los detalles de todos estos eventos serán resguardados para preservar la intimidad de la denunciante, aunque en uno de los párrafos de la resolución el juez Del Viso resaltó que la propia víctima expresó que "Medina tenía muchas actitudes retorcidas durante la práctica sexual".Además de procesarlo, Del Viso dispuso dictar contra Medina una perimetral a partir de la cual el conductor televisivo no puede acercarse a menos de 500 metros de Fernández y de su entorno familiar por el tiempo que dure el proceso, medida argumentada en el marco de la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer.El magistrado aclara que esa prohibición de contacto también incluye "teléfonos fijos y/o celulares, el envío de mensajes de texto, WhatsApp, y/o correo electrónico, Facebook, Tik Tok y/u otras redes sociales, o por intermedio de terceras personas".También dispuso trabar un embargo por 20.258.430 pesos, sobre los bienes del acusado, en función una eventual indemnización civil y otros gastos del proceso."El comportamiento denunciado asume una clara modalidad de violencia física, psicológica y principalmente sexual", resaltó el magistrado al referirse a los hechos denunciados.Del Viso explicó que "son ciertas las complejidades que presentan los delitos de la especie, pues en su mayoría ocurren en ámbitos de la intimidad desprovistos a priori de otras pruebas que no fuera la denuncia de la agraviada".Pero remarcó que "la versión de la querellante se mostró, aún con sus vaivenes, siempre orientada en dar a conocer su padecer y si bien pudo incurrir en ciertas inconsistencias no debe olvidarse que debió referirse en más de una ocasión a situaciones que fueran disruptivas para su psiquismo, pues así lo dio a entender su propio terapeuta".Y resaltó que "brindó un detallado cuadro de los ataques que padeciera a instancias del imputado y pudo ubicarlos en tiempo y espacio".En sus declaraciones indagatorias, "Teto" siempre se defendió argumentando que las denuncias eran falsas "por despecho" y que todas las prácticas sexuales que mantuvo con Fernández contaban con su consentimiento, pero el juez lo descartó por el simple hecho de creer en la palabra de la víctima y en la "secuelas que padeciera"."Si bien no existieron testigos directos de los hechos, propio a la naturaleza de los casos en los que se victimiza sexualmente a una mujer, debe decirse que no se advierten señales que habiliten a dudar sobre la versión de la víctima. Por el contrario, se acumularon suficientes indicios serios, graves y concordantes que convencen sobre la positiva ocurrencia de los sucesos", concluyó el juez.En septiembre del año pasado, "Teto" Medina pasó seis días detenido hasta que fue excarcelado, en el marco de una causa tramitada por la Justicia de Quilmes en la que se lo acusa de explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir", donde vivían jóvenes con consumos problemáticos de drogas.

La Justicia Federal de Córdoba ordenó a la Asociación Mutual Sancor Salud cubrir en un ciento por ciento el tratamiento de fertilidad de alta complejidad a un matrimonio constituido por dos mujeres asociadas a esa entidad prestadora de salud, al resolver una instancia de apelación, informaron fuentes judiciales.El fallo, que fue dictado por la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba, decidió “confirmar” la resolución que el 18 de noviembre de 2022 había dictado el Juzgado Federal 3 a favor de ese pedido formulado mediante recurso de amparo por el matrimonio, que fue apelado por Sancor con el argumento de que el tratamiento podría realizarse con método de 'baja complejidad'.La Cámara ordenó a la prestadora de servicios de salud dar la “cobertura integral a favor de las Sras. V.M.Del C. y G.A.M. con el 100% a su cargo, de la cobertura médico asistencial e integral, del Tratamiento de Fertilidad de Alta Complejidad”, según el fallo.También indicó que el tratamiento a realizarse en el Centro de Fertilidad Nascentis, ubicado en la ciudad de Córdoba, debe realizarse mediante “donación de semen bajo el método ROPA (Recepción de Ovocitos de la Pareja), conservación de embriones, medicación y toda aquella prescripción médica que sea indicada".El tribunal, constituido por los jueces Abel Sánchez Torres y Liliana Navarro, avaló además que el tratamiento sea mediante el método ROPA, que trata de fecundación in vitro (FIV) con baja estimulación, y al respecto señaló que de esa manera las parejas formadas por mujeres pueden implicarse por igual en la maternidad a partir de la extracción de ovocitos de una de ellas, la fecundación in vitro, y la posterior implantación en la que será la persona gestante.“Las expresiones transcriptas son suficientemente elocuentes acerca del amplio alcance que el legislador ha querido otorgar a la cobertura de las prestaciones que aseguren el pleno ejercicio del derecho a la salud reproductiva”, sostuvo como fundamento el tribunal al citar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).Sancor había apelado la resolución de primera instancia al sostener que se podría obtener el mismo resultado mediante un método de fertilización de baja complejidad, sin necesidad de recurrir al método ROPA como habían sugerido los profesionales de las demandantes.“No debe perderse de vista que estamos en presencia de un matrimonio igualitario con deseos de constituir una familia y la única alternativa viable para poder procrear participando activamente es el método prescripto por su medica tratante (método ROPA)”, debido a la edad de las mujeres (40 y 41 años), resaltó el fallo.En ese contexto remarcó que por la edad “las chances de embarazo son muchos menores con técnicas de baja complejidad” porque el paso del tiempo reduce aún más las posibilidades de lograr el embarazo ya que disminuye la reserva ovárica y la calidad de los ovocitos.

La madre de Lucio Dupuy y su pareja fueron declaradas culpables este mediodía en la ciudad pampeana de Santa Rosa por un tribunal que consideró que asesinaron a golpes al niño de 5 años en noviembre del 2021, por lo que recibirán una pena de prisión perpetua.

La sentencia fue dictada pasadas las 12 por el Tribunal de Audiencias de La Pampa, que declaró a la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti, autora material del "homicidio triplemente calificado por el ensañamiento, por la alevosía y por el vínculo", pero fue absuelta por el abuso sexual, mientras que los jueces entendieron que su pareja Abigail Páez fue autora material del "homicidio calificado por ensañamiento y alevosía y por abuso sexual gravemente ultrajante" de Lucio.

Si bien el tribunal no dio a conocer el monto de la pena que recibirán las condenadas, el delito que le imputaron a ambas estipula como única opción la pena de "prisión perpetua".

Las acusadas Espósito Valenti y Páez no estuvieron presentes en la sala de audiencias del Centro Judicial de Santa Rosa y escucharon la lectura del veredicto de manera virtual en su lugar de alojamiento, en el Centro de Detención de la provincia de San Luis.

Apenas finalizada la audiencia, el abogado querellante José Mario Aguerrido se manifestó ante los periodistas "sorprendido" por la absolución de Espósito Valenti del delito de "abuso sexual" y expresó que aguardará la lectura de los fundamentos de la sentencia para analizar y, luego, apelar.

La lectura comenzó cerca de las 12 en una sala colmada y en la que estuvieron presentes el padre de Lucio, Christian Dupuy, y el abuelo Ramón, quienes escucharon la lectura en silencio y con lágrimas en los ojos, y debieron ser asistidos por médicos tras sufrir una descompensación.

Justo a ellos se hallaban representantes de distintas organizaciones de defensa de los derechos del Niño y Adolescentes, entre ellas representantes de las Madres del Dolor y la religiosa Martha Pelloni, quienes se abrazaron con los familiares apenas culminó la audiencia.

En los alegatos, el equipo de fiscales integrado por Walter Martos, Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Máximo Paulucci, había acusado a la madre de Lucio por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la ascendiente (progenitora), con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".

Respecto a Páez, habían pedido que sea condenada por el "abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por la guardadora, con el concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de 18 años, todo como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por ensañamiento y alevosía".

El abogado querellante Aguerrido había pedido que las mujeres sean condenadas por los mismos delitos, pero que también se les impute el "odio de género", algo que los jueces tampoco hicieron lugar.

Lucio (5) fue asesinado a golpes el 26 de noviembre de 2021 en la vivienda de la calle Allan Kardec al 2300 de la ciudad de Santa Rosa, donde residía con su madre y la pareja de ella.

Hugo Tomei, abogado de los ocho acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, pidió ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores que sus defendidos sean condenados por el delito de "homicidio en riña", que prevé una pena máxima de seis años de prisión, o que, en su defecto, se los declare culpables por "homicidio simple con dolo eventual" y "se distribuyan las participaciones que el tribunal entienda" de cada uno, o por el delito de "homicidio preterintencional"."No hay dolo, no se pudo comprobar el plan para matar en esos siete minutos, no hubo estado de indefensión, sí hubo una agresión", aseguró Tomei, quien además solicitó la nulidad del secuestro de los teléfonos celulares y las prendas de vestir de los imputados al momento de ser detenidos ya que "no se los comunicó los derechos que los asistían".

Los fiscales que intervienen en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad de Villa Gesell, pidieron hoy que los ocho acusados de matarlo a golpes sean condenados a prisión perpetua como coautores del delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones", por la golpiza los amigos de la víctima.Tras un alegato de más de tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de la ciudad de Dolores, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García consideraron acreditado que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) fueron responsables del asesinato del estudiante de abogacía y reclamaron para todos ellos la pena más alta prevista en el Código Penal: prisión perpetua.En su alegato, Dávila aseguró que los ocho imputados son "coautores" del homicidio porque tuvieron "el co-dominio del hecho, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del delito".De esta manera, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) ratificó la acusación que postuló al comenzar el juicio el 2 de este mes, al afirmar que todos los imputados tuvieron una participación activa en el crimen del joven estudiante de abogacía.Antes de concluir la exposición ante el TOC1, el fiscal pidió además que se inicie una causa por falso testimonio para Juan Pedro Guarino -imputado en el inicio de la causa y sobreseído en abril de 2021- y Tomás Colazo -quien nunca estuvo acusado en la causa pero fue mencionado por el particular damnificado como "el sospechoso número 11"- al considerar que evidenciaron contradicciones al declarar en el debate.La jornada de alegatos se inició cerca de las 10 con la exposición del fiscal Gustavo García, otro de los integrantes del MPF, quien manifestó que los imputados atacaron "por sorpresa, a traición, sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse" a la víctima, y sostuvo que "no hubo pelea" entre ambos grupos, por lo que encuadró el delito en la figura de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones".En las casi dos horas que duró su alegato, García repasó con la exposición de unas filminas la prueba presentada a partir de los testimonios de cuatro amigos de Fernando y tres empleados del boliche "Le Brique" de Villa Gesell, para referirse al incidente en el interior del lugar, que consideró "el móvil" que generó que lo mataran afuera.La fiscalía exhibió las imágenes captadas adentro del boliche y analizadas por la Policía Federal Argentina, donde, según dijo García, "se observa a Máximo Thomsen señalando a alguien"."Estamos convencidos de que era a Fernando y luego hace un gesto amenazante", expuso el fiscal.Luego se reprodujeron en la sala de audiencias los videos sincronizados del momento en que son expulsados del boliche tanto el grupo de acusados como el de Fernando.García dijo que tras la expulsión de "Le Brique", los acusados permanecieron "alrededor de siete minutos cerca de Fernando y sus amigos, acordando durante ese período de tiempo matar a Fernando Báez Sosa esperando el momento adecuado para hacerlo".El abogado defensor Hugo Tomei cuestionó técnicamente la reproducción del video analizado por García porque entendió que "se asemeja más a una prueba que a un alegato" y que se trataba de "un montaje" y "una prueba nueva" no adecuada para esta instancia, planteo que fue rechazado por la presidenta del Tribunal, María Claudia Castro, quien dijo que el apoyo fílmico del alegato "es una metodología aprobada" y permitió que el Ministerio Público siguiera adelante.García continuó con su alegato e hizo referencia a que "la alevosía agrava la menor posibilidad de defensa de la víctima" por una "situación de indefensión" y que "esta indefensión puede provenir por la inadvertencia de la víctima y también ser provocada por el agente".En cuanto al concurso premeditado de dos o más personas, señaló que puede "ser instantáneo", "no requiere mucha deliberación" y que en este caso los imputados "siete minutos antes de iniciar el ataque se encontraron en la misma vereda a pocos metros de Fernando"."De alguna manera en este hecho hubo una estrategia o una planificación de cómo iniciar el ataque", dijo.El fiscal indicó que entre los ocho acusados "no hubo roles, todos hicieron todo, todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon"."No hubo pelea, obviamente que no hubo pelea", afirmó García, quien se refirió además la patada que dejó una impronta en el rostro de la víctima, y que de acuerdo a las pericias realizadas fue hecha con la zapatilla Cyclone que pertenecía a Thomsen: "Los toreros se llevan la oreja del toro, eso fue dejarle el sello a Fernando".Luego reiteró que "hubo concurso premeditado de dos o más personas que se pusieron de acuerdo para matarlo y eligieron esa manera, con múltiples golpes de puño y patadas, sobre todo a la cabeza", por lo que aseguró que "no hay posibilidad" de encuadrarlo como "riña o agresión", tal como se presume que intentará demostrar la defensa.Al igual que en las audiencias anteriores, los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, están presentes.También están presentes como todos los días los ocho imputados: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).Esta mañana, a diferencia de las anteriores audiencias. Los padres de los acusados ingresaron al estacionamiento de la sede judicial a bordo de una combi.El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Báez Sosa y en breve iniciará su alegato ante el Tribunal, adelantó esta mañana a la prensa que presentará un video con las imágenes ya incorporadas a la causa para sostener las acusaciones y dijo que pedirá que se investigue por falso testimonio a al menos cuatro personas que declararon en el debate.Al término de la exposición del particular damnificado, el TOC pasará a un receso hasta mañana, cuando será el turno de alegar de la defensa técnica, a cargo de Tomei, cuya estrategia esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de un "homicidio en riña o agresión", que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 a 6 años.También para mañana se espera que los ocho imputados utilicen su derecho a las últimas palabras frente a los jueces Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, al igual que los padres de Fernando, tras como prevé la Ley de Víctimas.Una vez que finalicen los alegatos, el TOC 1 dará a conocer la fecha de la sentencia, que se prevé que será el 30 o 31 de enero. 

Graciela Sosa, la mamá de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes a la salida de un boliche de Villa Gesell en 2020, dijo hoy que, aunque los acusados pidan perdón, no le van a devolver a su hijo, y contó que en el momento en el que declaró el acusado Ciro Pertossi debió retirarse de la sala porque se descompuso."En ningún momento los imputados nos dijeron nada. Preferimos estar bien lejos de ellos. Que nos pidan perdón no nos devuelve a nuestro hijo", dijo la mujer al finalizar la decimosegunda audiencia del juicio que se lleva adelante en los Tribunales de Dolores, al tiempo que su esposo, Silvino Báez, agregó: "Le digo a la sociedad que Fernando es la única víctima, le rompieron la cabeza".Sobre las declaraciones de los imputados Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, los padres de Fernando indicaron que no tenían palabras al respecto."Sin palabras. Para la Justicia no sé qué será, pero a mí no me causó nada", opinó Silvino.Por su parte, Graciela aseguró que, al momento de la declaración de Pertossi, tuvo que retirarse de la sala porque se descompuso."Solamente se me presenta el momento de todas las cosas vividas desde el día que recibí la peor noticia. Quiero decirle al país que la única víctima se llama Fernando José Báez Sosa. Que decidió ir de viaje a pasar sus vacaciones y me lo devolvieron en un cajón bien cerrado. Le rompieron todos sus órganos de tanta patada que le dieron", expresó la mujer con la voz entrecortada.En ese sentido, Silvino continuó: "Él se anotó para donar sus órganos antes de terminar la secundaria. Por los golpes y las patadas que le dieron no pudo ni donar sus órganos".Por otro lado, la madre de Fernando evitó hacer comentarios sobre el testimonio de ayer de Máximo Thomsen y negó haber recibido una carta de Juan Ignacio Guarino, uno de los rugbiers sobreseídos en la causa.Finalmente, Graciela hizo referencia al encuentro interreligioso previsto para mañana por el tercer aniversario de la muerte de su hijo."Esperemos que mañana sea tranquilo, con fuerzas. Va a ser un día muy doloroso para nosotros. Mañana es un día de mucho dolor para nosotros. Queremos convertir ese dolor en ayuda", concluyó.