Luego de que trascendiera la existencia de una medida cautelar emitida por el juez federal Martín Bava para restringir las intervenciones  en el campo conocido como “La Huerta” –donde se proyecta el Polo Logístico municipal y la Chacra Experimental de la Unicen- por tratarse de un sitio de interés judicial para investigar delitos de lesa humanidad, el Municipio salió a dar detalles del tema.

Andrés Curcio, secretario Legal y Técnico, habló con El Eco de Tandil y explicó que desde 2005 existen medidas de protección en el área, pero que no obstante eso las tierras -que son propiedad del Estado nacional- están arrendadas para la explotación agrícola desde hace más de 40 años.

Las autoridades comunales mantienen la idea de preservar el sitio puntual de memoria como elemento de prueba y de reconocimiento a las víctimas del terrorismo de Estado, pero esperan poder utilizar el resto del campo para desarrollar los proyectos pergeñados sin afectar las causas que allí se investigan.

La decisión judicial 

Sin embargo, el subrogante del Juzgado Federal 2 de Azul decidió en diciembre de 2018 ampliar la cautelar a las 390 hectáreas del predio y prorrogarla un año después, luego de una conversación en la que el Ejecutivo -a raíz de otro tema que involucró al Movimiento 1 de Octubre- expuso los alcances de sus planes en el lugar.

“No podemos definir si fue casualidad o causalidad. Cuando se le explica la existencia de este proyecto, a los pocos días se constituye en el predio de La Huerta con el argumento de que no está limitado con exactitud el sector comprendido por la medida cautelar, cosa que no era tan así porque ya había un decreto en el que el Estado nacional había delimitado la parte edilicia a preservar. A los fines de resguardar todo elemento probatorio, el doctor Bava dispone en diciembre de 2018 ampliar la medida cautelar a las 390 hectáreas, entonces se interpuso un recurso de aclaratoria, revocatoria y con apelación en subsidio por parte de la AABE (Agencia de Administración de Bienes del Estado)”, desglosó Curcio.

Y agregó: “Personalmente entiendo que esa audiencia pudo haber sido la disparadora de ampliar la medida, porque la cautelar original era del año 2005 y luego de que explicamos el proyecto, a los muy pocos días se amplía la medida de forma inesperada”.

Las gestiones 

Con este escenario en ciernes, el Intendente solicitó una audiencia con Bava para pedir la desafectación del espacio, restringiendo la zona específica donde funcionó el centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar, o al menos que toda medida probatoria que el juzgado entiende que hay que llevar a cabo en ese lugar, se haga con la mayor premura posible. En esa línea, el letrado destacó el  buen diálogo institucional con el Juzgado Federal y con el magistrado, razón por la cual esperan que pueda celebrarse la audiencia solicitada y avanzar con el proyecto.

“El Municipio no se opone a que se practique todo tipo de medida probatoria a los fines de establecer esas causas. Atento al tiempo transcurrido, si de 2005 a la fecha no se había hecho más nada, cualquier medida que se adopte ahora que afecte a todo el predio se resuelva lo antes posible y se desafecte de la medida cautelar lo que corresponda”, refirió.

Si bien la medida judicial no establece ningún plazo definido y las cautelares tienen un alcance temporal limitado, Curcio afirmó que hay una ley nacional sobre medidas cautelares contra el Estado nacional que fija un límite temporal de 6 meses, que son prorrogables. Pero aclaró que “en causas de lesa humanidad muchos de estos principios generales ceden, o se interpretan de manera más flexible, dado el carácter del interés jurídico protegido”.

Con el Polo a otra parte 

Consultado acerca de la alternativa de desistir de esas tierras y buscar otro sitio para emplazar el oneroso proyecto, el abogado informó que el intendente Lunghi instó a pensar eventualmente en una solución si se cierra la posibilidad del espacio actual.

En ese caso, priorizarían la construcción de una playa de estacionamiento de camiones como cuestión urgente a resolver por seguridad vial y el resto de las funciones quedarían postergadas hasta que aparezca un predio de similares características.

La propuesta global incluye un polo agroquímico, una playa de estacionamiento de camiones y un centro de distribución de cargas, además de la chacra que corresponde a la Facultad de Ciencias Veterinarias.

“Este lugar es casi único por sus características y era útil a todos. Además, como es de la Nación, tendríamos la posibilidad de que sea tasado y vendido a un valor ventajoso. Va ser difícil dar con otro predio con similares características, pero si la restricción judicial se mantienen en el tiempo habrá que buscar otra opción”, señaló el funcionario.

El proyecto 

El Polo Logístico en el que el Ejecutivo local viene trabajando cuenta con una extensión de 80 hectáreas, y la chacra experimental para la Facultad de Ciencias Veterinarias contempla 110 hectáreas para sus necesidades académicas. En total se afectarían casi 200 hectáreas de las 390 que corresponde al campo que se encuentra sobre la Ruta Nacional 226 y el acceso a la VI Brigada Aérea.

A pesar de la firma de la carta de intención que se celebró en junio pasado entre el Gobierno local, la AABE y la Universidad, la anterior gestión de la agencia nacional expresó su negativa a efectuar la tasación del predio con esa cautelar vigente y la comuna aguarda ahora la designación de los nuevos referentes de la dependencia para conocer cuál será su posicionamiento al respecto. La adquisición del predio se haría a un valor menor del precio oficial de mercado, pero implicará un desembolso de dinero para el Municipio, que sopesa la posibilidad de desprenderse de otros activos para comprar esas tierras llegado el momento.

El ambicioso proyecto del Polo Logístico y la Chacra Experimental de Ciencias Veterinarias que el Municipio y la Unicen impulsaron en el marco del Acuerdo del Bicentenario, en el campo conocido como La Huerta, inauguró un nuevo capítulo tras meses de parálisis en esa dirección.

Como adelantó este Diario en la sección Con el Oído Agudo, el juez Martín Bava, titular del Juzgado Federal 2 de Azul, emitió el año pasado una medida cautelar para frenar cualquier tipo de intervención en el área -de interés judicial- al existir causas y expedientes de lesa humanidad que continúan siendo investigados.

Vale reseñar que el 14 junio de 2019, con un gran despliegue orquestado, se llevó a cabo la rúbrica de la carta de intención entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Gobierno comunal y la Universidad Nacional del Centro, que oficializó el compromiso de transferencia (compra) de casi 200 hectáreas propiedad del Estado nacional al Ejecutivo con esos fines. El predio en cuestión se encuentra  sobre la Ruta Nacional 226 y el acceso a la VI Brigada Aérea, en inmediaciones del área conocida como La Huerta, por el centro clandestino de detención (CDD) que funcionó allí durante la última dictadura cívico militar y cuyo epicentro es un espacio de memoria.

El freno legal  

Según pudo averiguar El Eco de Tandil, la medida de la Justicia Federal es anterior al 14 de junio de 2019. Es decir, se asumió un compromiso sin tener certezas absolutas sobre el eventual destino de las tierras.

La resolución del magistrado se prorrogó en diciembre y no restringe la cesión o transferencia de los macizos, pero sí limita la materialización de proyectos y edificaciones en el área. Pese a la firma de la carta de intención, la anterior gestión de la AABE expresó su negativa a efectuar la tasación del predio con esa cautelar vigente y la comuna aguarda ahora la designación de los nuevos referentes de la dependencia para conocer cuál será su posicionamiento al respecto.

Además, fuentes municipales confirmaron que el intendente Lunghi pidió una reunión con el juez Bava para solicitarle que la medida se circunscriba al radio exclusivo del excentro clandestino de detención y el resto de las parcelas se puedan tasar, y así poder avanzar con los proyectos pretendidos.

En ocasión de la ceremonia llevada a cabo para suscribir el acuerdo, las partes involucradas acordaron respetar a rajatabla el sitio de derechos humanos allí establecido e inclusive el jefe comunal deslizó la posibilidad de construir un recordatorio de las víctimas.

El polo soñado

El Polo Logístico en el que el Ejecutivo local viene trabajando cuenta con una extensión de 80 hectáreas, y la chacra experimental para la Facultad de Ciencias Veterinarias contempla 110 hectáreas para sus necesidades académicas.

El mentado proyecto, que implicará una millonaria inversión que por el momento no tiene financiamiento, incluye un polo agroquímico, una playa de estacionamiento de camiones y un centro de distribución de cargas.

El principal objetivo de la iniciativa es concentrar en un único ámbito todo el sistema de movimiento de carga, fletamiento, depósito y estiba de mercancía en general, productos terminados, comodities y otros tipos de mercaderías, que se pretenden retirar gradualmente del área urbana, en razón del estado de densificación actual y la saturación del sistema vial, particularmente del tránsito.

De acuerdo a sus creadores, el proyecto también trasciende la escala regional y ansía abordar la multimodalidad de transporte, para realizar un intensivo de todos los sistemas de transporte más allá del carretero de cargas.

La chacra experimental

Por otra parte, la Unicen pretende desarrollar allí una chacra que replique el modelo institucional de docencia, investigación y extensión de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

La idea concebida por la casa de estudios plantea un módulo principal con un aula para 50 personas y dependencias menores, un galpón depósito destinado al cuidado de animales con ciertas patologías y la casa del cuidador del predio.

Como consignaron oportunamente las autoridades universitarias, esas tierras resultan ideales para alcanzar el objetivo, debido a que un proyecto de esas características necesita de una extensión de campo que se encuentre cerca del casco urbano y sea accesible -para que los alumnos puedan llegar fácilmente con el transporte público-, cuya superficie no sea chica y además, disponga de una buena calidad de tierra y agua.

El juez Federal Martín Bava finalmente decidió dejar sin efecto la causa penal por “Averiguación de delito” y sobreseer a Griselda Altamirano por el corte de la Ruta 226, los bloqueos a dependencias oficiales del Ministerio de Trabajo y Anses, y el piquete frente a la subdelegación local de la Policía Federal.

La referente del Movimiento 1 de Octubre fue denunciada por autoridades nacionales y municipales ante la Justicia Federal tras protagonizar estos eventos, acontecidos entre octubre y noviembre del año pasado.

Luego de la instrucción de la causa que llegó al Juzgado Federal 1 de Azul, el magistrado optó por citar a las partes a audiencias de mediación con el propósito de desactivar las desavenencias entre los involucrados y arribar a una solución pacífica del problema.

Durante diciembre y enero últimos, Bava convocó a Altamirano y a diversos representantes del Estado en todos sus niveles, para dialogar y obtener respuestas acerca de las demandas que llevaron al movimiento social en cuestión a manifestarse públicamente y adoptar medidas de fuerza para hacer oír su reclamo por fuentes de trabajo genuino y otras reivindicaciones de derechos.

En enero, Altamirano declaró ante este medio que “el juez sigue avanzando y llamando a las personas que considera e interiorizándose en lo que puede ofrecer el Estado, agotadas estas mediaciones, recién debería tener lugar la instancia penal. Está lejos de resolverse el problema de la falta de trabajo, el criterio que tiene el juez a la hora de convocar no es el nuestro, pero respetamos su mediación, la representación en su persona de una reserva moral y su intención de solucionar de verdad el conflicto”.

Pero la instancia penal no prosperó y Bava archivó el expediente, no sin previamente instar al Estado nacional, provincial y municipal a cumplir con las solicitudes del Movimiento 1 de Octubre.

Según pudo saber este Diario, además de archivar la causa, en los fundamentos el juez explicó que “con las gestiones encaminadas se pudo llegar a un acuerdo donde las partes no sólo avanzaron en la concreción de sus propuestas, sino que también se comprometieron a seguir trabajando en conjunto a fin de procurar la satisfacción de las necesidades básicas de la agrupación”.

Al cierre de esta edición, Altamirano no había sido notificada oficialmente de la resolución, pero señaló que estaba en conocimiento de que la Fiscalía Federal apeló la medida de sobreseimiento y archivo.

Se realizó la tercera audiencia convocada por el juez federal Martín Bava en el marco del conflicto que involucra al Movimiento 1 de Octubre y los diferentes estamentos del Estado, con el objeto de llegar a una solución pacífica del problema. La etapa de mediación sostenida por el magistrado tendrá un nuevo capítulo el 10 de enero, para continuar con las negociaciones y la paz social instalada desde que se abrió el diálogo.

La convocatoria del magistrado responde a los inconvenientes suscitados durante octubre y noviembre, a través diferentes manifestaciones de la agrupación en la vía pública, cortes de ruta y los bloqueos a dependencias oficiales del Ministerio de Trabajo y Anses. Los referentes de ambos organismos, Gonzalo Santamarina y Mariano Pereyra Iraola, denunciaron penalmente a la dirigente del movimiento, Griselda Altamirano, ante el mismo juzgado y se instruyó una causa por “Averiguación de delito”, que sigue su curso.

De la reunión llevada a cabo, el último jueves, en la sede del Poder Judicial de competencia federal asentado en la vecina localidad de Azul formaron parte Griselda Altamirano, por el movimiento social; Alejandra Marcieri, secretaria de Desarrollo Social del Municipio; Andrés Curcio, titular de la Secretaría Legal y Técnica de la comuna; y el doctor Juan Manuel Erdocia, en representación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Del devenir de la audiencia se desprendieron varias propuestas, entre ellas la invitación de la cartera ministerial para que el Municipio participe de una reunión a realizarse en el transcurso de la primera semana de enero en la Ciudad de Buenos Aires, a fin de poner en conocimiento las diferentes herramientas con las que cuenta el ministerio para utilizar en el marco de los convenios que firma con los municipios. Asimismo, ofreció el enlace necesario para el asesoramiento en la conformación de cooperativas sociales en la órbita del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social). Por su lado, los representantes del Departamento Ejecutivo se comprometieron a acudir a la mesa de diálogo para intercambiar alternativas.

Además, el Movimiento 1 de Octubre entregó un listado de diez personas y dos familias que se sumarán a los proyectos del taller textil y de huerta, respectivamente, ofrecidos por Marcieri en el encuentro anterior.

Por último, Altamirano informó al juez que se hallan gestionando una reunión con el área de Planificación Federal para el mejoramiento de viviendas, uno de los tópicos solicitado por el grupo en numerosas ocasiones.

La integración al Consejo 

En el acta labrada al finalizar la audiencia también quedó consignado que la agrupación debía asistir a la reunión del espacio municipal recientemente conformado para comenzar a formar parte del mismo.

La convocatoria fue el mismo jueves a las 18 en la sede del Gobierno comunal y asistió, además, un veedor del juzgado federal enviado por el juez Bava.

El ente cuenta con la participación de diversos actores sociales e institucionales, entre los que se encuentran las cámaras empresarias, la Sociedad Rural, la Mesa Intersindical, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Mesa Solidaria, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, bloques políticos, Pami, Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, delegación regional de la Secretaría de Trabajo, Anses y muchos más. La insistencia del funcionario judicial obedece a que en el Consejo participan representantes de varios organismos provinciales y nacionales que, de acuerdo a su criterio, tienen competencia para ayudar a resolver los problemas de base planteados por el movimiento.

Sobre esta inclusión, Altamirano aseguró que no habían recibido antes una invitación formal por parte del Ejecutivo municipal para conformar ese espacio y expresó su disconformidad con la naturaleza del mismo, máxime considerando que se aproxima un año electoral en el que según, su análisis, será usado como un frente de proselitismo por los diferentes actores políticos involucrados.

“Es juntar a la víctima y el victimario, fuimos porque el juez lo pidió y  manifestamos lo que expresamos siempre en nuestros reclamos; no nos interesa un espacio donde el oficialismo rinda cuentas de lo que no hace, se hace catarsis, campaña electoral y no funciona como un verdadero espacio de resolución”, dijo en declaraciones a El Eco de Tandil la referente social.

“El juez sigue avanzando y llamando a las personas que considera e interiorizándose en lo que puede ofrecer el Estado, agotadas estas instancias, recién debería tener lugar la instancia penal. Pero está lejos de resolverse el problema de la falta de trabajo, el criterio que tiene el juez a la hora de convocar no es el nuestro, pero respetamos su mediación, la representación en su persona de una reserva moral y su intención de solucionar de verdad el conflicto”, redondeó.

Aunque dejó claro su posicionamiento, Altamirano anticipó que se presentará también en la reunión plenaria del Consejo establecida para el jueves 3 de enero y que el 10 concurrirá una vez más a encontrarse con el magistrado para ajustarse a derecho y seguir con la etapa de mediación, período en el cual garantizaron mantener la paz social y no movilizarse en las calles.

Ayer se desarrolló un nuevo episodio del conflicto que tiene como protagonistas al Movimiento 1 de Octubre y diversos actores estatales. Las mesas de diálogo -la primera fue la semana pasada- convocadas por el  juez Martín Bava en la sede del Juzgado Federal 1 de Azul tienen el propósito de desactivar las desavenencias entre ambas partes, tras los bloqueos a dependencias gubernamentales  y desalojos acontecidos en los últimos meses, sin perjuicio de la prosecución de la causa penal por “Averiguación de delito” existente.

La audiencia se llevó a cabo por separado con cada una de las partes citadas. Participaron de la instancia de mediación el equipo del Juzgado Federal de Bava; Griselda Altamirano, Jorge Lezica y Gustavo Marcelo Luján por el movimiento social; Alejandra Marcieri, secretaria de Desarrollo Social de Tandil; Andrés Curcio,  titular de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio; y Sergio Daniel Sieben, abogado de la Fuerza Aérea Oficial Auditor.

La presencia de Sieben se debía a la solicitud de la agrupación de contar con tierras para la materialización de sus proyectos productivos. En este caso se habló de terrenos en desuso  pertenecientes a las fuerzas armadas, pero el letrado militar aclaró que éstos  se encuentran a cargo de la Agencia Nacional de Bienes del Estado dependiente de Presidencia de la Nación y ponderó necesario convocar en próximas oportunidades a un representante con decisión de dicha entidad, conforme a obtener gestiones al respecto.

En el acta rubricada al final del encuentro se dejó constancia de la necesidad de convocar a una nueva reunión  el próximo juez 27 de diciembre a las 10 en la sede del Poder Judicial de la vecina ciudad.

El apoyo de Desarrollo Social

El magistrado escuchó a cada uno de los concurrentes y fue posible avanzar en pequeñas acciones propuestas por el área de Desarrollo Social municipal. Es preciso consignar que el Movimiento 1 de Octubre reafirmó su postura de no manifestarse en la vía pública mientras dure el periodo de mediación instituido por el juez.

En comunicación con este medio, la referente social Griselda Altamirano desvió el eje del reclamo y las responsabilidades del Ejecutivo local y apuntó a los estratos superiores de Nación.

“Seguimos insistiendo en que nuestro reclamo va para Nación, que es el nivel que más recursos tiene. La presencia del municipio tenía más que ver con que el juez los citó y no porque nosotros precisáramos algún tipo de mediación para reunirnos con el área de Desarrollo Social, tenemos un diálogo fluido con ellos y siempre trabajamos en conjunto”, expresó, revalidando la cordial relación que sostiene la agrupación con la secretaría que comandan Marcieri y Civallieri.

En la audiencia se acordaron ciertas cuestiones concretas que el área mencionada llevó al encuentro. Una de ellas es el ofrecimiento de apoyo municipal para solventar el microemprendimiento del taller de costura que posee la organización y la responsabilidad de  gestionar la venta de los productos allí generados. Además, se puso a disposición del movimiento el acceso a las becas UDIS del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, destinadas a proveer un espacio de cuidado para los hijos de las mujeres trabajadoras. También se pactó la incorporación de dos familias a un proyecto de huerta del que participan otras organizaciones sociales.

La líder del grupo puntualizó que la capacidad de resolución de un Municipio es mínima, por eso los depositarios de sus reclamos son los actores que detentan algún tipo de responsabilidad dentro de la órbita nacional, por contar con mayores recursos y programas para dar respuesta a los pedidos.

“Y son los dueños de la tierra que permitiría vehiculizar nuestra propuesta de un mercado frutihortícola  para que haya más puestos d trabajo y no los pequeños emprendimientos  productivos  que se pueden generar a nivel local en todos los distritos. Al Municipio lo que le pedimos es que sea un canalizador de lo que podamos conseguir a través de Nación y Provincia”, detalló.

Entre las líneas de trabajo acordadas, se concretó la invitación formal por parte del Municipio de Tandil al movimiento 1 de Octubre para que forme parte de las diferentes mesas de diálogo y decisión que existen en el ámbito y la solicitud de que sean parte integrante del Consejo Económico y Social recientemente constituido, moción aceptada por la contraparte.

Pese a los avances y la buena voluntad manifestada por un sector, Altamirano expuso que el problema  crucial es que a las audiencias asisten los actores institucionales con los que ellos ya tienen diálogo y trabajan de manera articulada, y no los que tienen verdadero poder de decisión.

Los niveles de responsabilidad

El centro del conflicto que mantiene la agrupación no reside en la órbita de Desarrollo Social en ninguno de sus tres niveles, sino en las áreas que ellos consideran que tienen la potestad de generar puestos  de trabajo genuino para resolver la cuestión estructural y no seguir recurriendo a los “parches” municipales o a la asistencia, que sólo sirven para paliar de momento la situación.

“Que haya una salida a partir de proyectos productivos más grandes que tengan en cuenta la economía regional  y las familias puedan superar el límite de pobreza”, deseó Altamirano al efectuar un breve resumen de lo que plantean como organización.

En su discurso no se olvidó de volver a cargar las tintas contra  Gonzalo Santamarina (director de Empleo y Trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación para Región Pampeana) -con quien mantienen un áspero enfrentamiento- y el jefe de la regional de Anses, Mariano Pereyra Iraola. Ambos fueron convocados por el juez federal a la audiencia pasada, pero Santamarina se ausentó y envío representantes ministeriales en su lugar. Por su parte, Pereyra Iraola sí fue de la partida y frente a Bava desvinculó a la entidad que regentea del reclamo iniciado por el movimiento, alegando carecer de injerencia para vehiculizar las demandas expuestas. Ambos funcionarios denunciaron penalmente a la mujer por los bloqueos a las dependencias a su cargo en los meses de octubre y noviembre, posteriormente desalojadas por la Policía Federal previa orden judicial. De estos hechos se desprende la anteriormente citada causa penal que envuelve a los miembros de la agrupación.

“Políticamente no lo quieren resolver. Que blanqueen la situación porque  el reclamo va a continuar, no tiene que ver  con una voluntad nuestra de ir en contra sino con una necesidad de resolver nuestros problemas”, señaló, y defendió su postura de que las mejoras económicas tienen que llegar a todos. Atendiendo a sus palabras, el 40 por ciento del PBI se produce en el centro de la Pampa húmeda, “que devuelvan un poco a la región. Si no les gusta nuestra organización que lo hagan a través de los municipios, pero que llegue algo”.

Como estaba previsto, en el día de ayer se llevó a cabo la mesa de diálogo convocada por el  juez Martín Bava en la sede del Juzgado Federal 1 de Azul para intentar desactivar el conflicto latente entre el Movimiento 1 de Octubre y autoridades nacionales y provinciales, tras los bloqueos y desalojos acontecidos en los últimos meses, sin perjuicio de la prosecución de la causa por “Averiguación de delito” existente.

La audiencia se desarrolló por separado con cada una de las partes citadas. Participaron de la instancia de mediación el equipo del Juzgado Federal de Bava; Griselda Altamirano y Jorge Lezica por el movimiento social; el titular de la UDAI Azul, Néstor Álvarez; el titular de la regional de Anses, Mariano Pereyra Iraola; su representante legal, Evaristo Martínez; en representación del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, el director de Atención Inmediata, Ignacio Girado; la directora de Asuntos Jurídicos, María Tusset; y por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, Mora Pérez Diez y Roberto Saiz. En el acta rubricada al final del encuentro se dejó constancia de que el intendente de la ciudad de Tandil no se hizo presente, y realizó –vía conducto de la Secretaría de Desarrollo Social- una presentación escrita. El juez estableció una nueva audiencia para el jueves 20 de diciembre a las 11 en la que reiterará la citación al jefe comunal Miguel Lunghi y exhortará a otros funcionarios nacionales y provinciales para que formen parte de la misma.

Según declaraciones del responsable regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social a este Diario, desde la dependencia comprendieron que el juzgado quería escuchar a cada uno de las denunciantes del conflicto y conocer la problemática que los aqueja, por eso respondieron afirmativamente a la citación pero se desvincularon de las exigencias y reclamos del sector liderado por Altamirano y Lezica. Pereyra Iraola detalló que en la reunión  expusieron el trabajo que llevan a cabo en las oficinas públicas y añadió que de este modo la autoridad judicial competente pudo obtener mayores datos para seguir indagando en otros organismos. Afirmó que continúa la seguridad policial en las dependencias oficiales a pedido del juzgado y que volvieron a invocar la libre circulación para todos aquella ciudadanos que realicen su trámites en Anses

“En este caso puntual Anses ya se expidió formalmente en comunicación de prensa expresando que tiene todos los servicios al día y los programas también, nada del petitorio que elevó el movimiento concierne a programas nuestros”, sostuvo, y añadió que las puertas siempre están abiertas a dar servicio dentro del marco institucional, con todos los programas vigentes de la administración nacional.

Los ausentes con aviso 

El Municipio, por su parte, no envió ningún representante y reafirmó la necesidad de que “las actuaciones continúen por el sendero legal y procesal correspondiente, garantizando la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos”

Las autoridades comunales explicaron que si bien la denuncia que dio inicio a esas actuaciones ante la Justicia Federal no partió desde el Municipio por exceder los hechos denunciados el ámbito de sus competencias, ante la citación mencionada los funcionarios municipales formalizaron una presentación suscripta por la Secretaria de Desarrollo Social, Alejandra Marcieri, donde expresa que las cuestiones que originaron la citación judicial exceden el ámbito de competencias del Municipio de Tandil”.

No obstante ello, detallaron los funcionarios, en la presentación se describieron los mecanismos de asistencia social con que cuenta el Municipio y la metodología de intervención ante situaciones de vulnerabilidad social, mediante los cuales se da respuesta en el marco de sus facultades y sus posibilidades a los diferentes requerimientos de distintas agrupaciones, instituciones y ciudadanos que se acercan por las vías formales preestablecidas a tal fin.

Asimismo, en el escrito presentado por las autoridades se señala que  “sin perjuicio de lo loable de pretender acudir al agotamiento de vías alternativas de resolución de conflictos como mecanismo alterno, sin ataduras a las disposiciones procesales vigentes en materia penal, es necesario poner de manifiesto la preocupación que genera en toda la comunidad, y particularmente a las autoridades públicas, la sensación de que el grave hecho de ser investigado por la eventual comisión de un delito federal, habilita la instancia de diálogo personal con las máximas autoridades de los diferentes Estados (Nacional, Provincial y Municipal), no teniendo la misma posibilidad un ciudadano que se apega estrictamente a la ley aún teniendo las mismas necesidades que reclamar”.

Los representantes del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación acudieron a la citación del Juez Federal Martín Bava en el marco de las causas que tramitan en ese juzgado por las acciones de obstaculización de ingreso de los trabajadores de esa secretaría por parte del Movimiento 1 de octubre los días 18 y 19 de octubre y, nuevamente el 20 y 21 de noviembre. Los representantes de la Dirección Regional Pampeana de la Secretaría de Trabajo explicaron que no tienen ningún expediente en trámite de esa organización y que, en su momento, fueron todos puestos a disposición como lo viene haciendo hacia toda la ciudadanía. Asimismo, dado que lo expuesto en los petitorios por Griselda Altamirano correspondería a otros organismos del Estado, el juez consensuó una nueva audiencia, dejando abierto el canal de diálogo con Empleo y Trabajo.

“Sólo quieren meternos presos”

La dirigente del Movimiento 1 de Octubre le informó a El Eco de Tandil que las contrapartes no van a llegar a ningún acuerdo porque hay una cuestión personal con su figura y su modo de conducción.

Además, aclaró que el motivo por el cual el magistrado decidió incluir a la representación comunal de Tandil  en la mesa de diálogo radica en que el Municipio actúe como canalizador de las acciones y recursos que puedan conseguirse a través de Nación y Provincia.

“Estamos pidiendo tierras  para armar un mercado frutihortícola y mejoras de viviendas, eso responde a otra áreas, pero el Municipio puede articular las soluciones al respecto”, señaló Altamirano.

“Nuestros reclamos van dirigidos a Nación porque entendemos que son  los que mayores recursos poseen en materia de coparticipación, en segundo lugar a la Provincia, los municipios no cuentan con recursos para la generación de fuentes de trabajo, pero sí pueden constituirse  en articuladores, no tenemos un reclamo específico hacia ellos”, profundizó.

En una negociación que la agrupación definió como “forzada”, volvieron insistir en que no hay voluntad política alguna, más allá de los gestos del juez Bava por abordar la problemática desde de otro lugar. Mientras dure la etapa de diálogo desde la organización  desistieron de movilizarse en la vía pública, pero regresarán a las calles si las instancias se agotan y no hay soluciones.

De acuerdo a su relato, desde la vereda contraria esgrimieron que los pedidos son inviables  y que la agrupación no cuenta  con herramientas administrativas para llevar a cabo los proyectos peticionados, pero se defendió argumentando que tienen una cooperativa de trabajo y una  asociación civil, cuestionando que no pueden conocer cabalmente la situación de ellos si nunca se han sentado a hablar y preguntar sobre el tema. “Si faltara alguna herramienta administrativa se podría generar a partir del diálogo y la voluntad de hacer algo”, indicó la referente.

Altamirano persistió en la posición de que no hay de su lado interés alguno en monopolizar ninguna cuestión ni orquestar un manejo clientelar de los recursos, “queremos que  se ponga en discusión lo de trabajo genuino con salario digno, que los puestos de trabajo que se generen sean en función del límite de pobreza y no el de indigencia que ellos ofrecen”.

Los reclamos enarbolados por el movimiento son en función de conseguir materializar proyectos productivos y no dar contraprestación a través de distintos planes de contención social. “Quieren empobrecer a la clase trabajadora, no queremos quedarnos cobrando planes sociales, pero no ofrecen alternativas. El Estado le compra a privados extranjeros en vez de hacerlo a nivel regional, por ejemplo, es una posición ideológica y política. Sólo quieren desalojarnos, judicializarnos y meternos presos”, dijo.

En el contexto del conflicto originado a partir de los reiterados bloqueos y cortes perpetrados en diferentes partes de la ciudad y oficinas gubernamentales  por la agrupación denominada Movimiento 1 de Octubre, el juez competente decidió convocar a las partes a una mediación con el propósito de que los actores involucrados puedan entablar un diálogo y acercar posiciones.

Al encuentro previsto mañana a las 10 en la sede del Juzgado Federal 1 de Azul, fueron citados el intendente Miguel Lunghi; el director regional de Empleo de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Gonzalo Santamarina; el jefe de la Regional de Anses, Mariano Pereyra Iraola; y los referentes del movimiento social, Griselda Altamirano y Jorge Lezica.

La intención del magistrado es arribar a una solución política del problema, que llegó a su punto más álgido el lunes 26 de noviembre, cuando manifestantes del grupo político se apostaron en la puerta de la Subdelegación Tandil de la Policía Federal repudiando la detención y violencia ejercida sobre sus miembros durante las protestas.

Según pudo saber El Eco de Tandil, Gonzalo Santamarina, blanco recurrente del reclamo sostenido por el movimiento –a quien acusan de ser incapaz de generar fuentes de trabajo- no estará presente en la audiencia por temas de agenda con el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación que debe cumplir de modo “inexcusable”, pero desde su entorno confirmaron que concurrirá personal del equipo del funcionario.

Por su parte, fuentes allegadas al Ejecutivo anticiparon que el jefe comunal tampoco será de la partida porque tiene un viaje  programado a la ciudad de La Plata, y si bien no ratificaron la presencia de funcionarios municipales en la mesa de diálogo, no se descartaría la presencia de personal del área de Desarrollo Social, dependencia que habitualmente tiene contacto con integrantes de la agrupación.

Por su parte, Mariano Pereyra Iraola, titular de la regional de Anses, oficina que ha sufrido en sucesivas oportunidades bloqueos -el último de ellos desalojado por efectivos de la fuerza federal- no respondió al respecto y se desconoce si estará en la reunión.

Para Altamirano no hay voluntad de diálogo

Consultada por este Diario, Griselda Altamirano reafirmó que ellos se presentarán a la citación del juez Martín Bava, tal como acordaron.

La referente social expuso que los implicados pueden optar por mandar representantes simbólicos sin capacidad de decisión, lo que no será viable a efectos de avanzar en una resolución que le ponga fin al encono. Recordó que un caso similar se registró en el inconveniente surgido en la fábrica Fanazul tras los despidos, caso en el que intervino el mismo magistrado, y a cuya audiencia el intendente de Azul, Hernán Bertellys, no se presentó y mandó en su lugar a un apoderado. El enviado, a la hora de plantear posibles soluciones, no tenía la potestad de decidir, entonces Bava suspendió la reunión y exigió que acudiera un representante gubernamental con verdadero poder de acción para destrabar el conflicto. En base a este antecedente, para Altamirano podría presumirse cuál es la línea que seguirá el titular del Juzgado Federal 1. “Al juez no le va a gustar nada que no se presenten o manden un perejil a la reunión, pero será una decisión de él cómo proceder”, estimó, e insistió en que no hay voluntad de diálogo alguna en la contraparte.

La líder defendió su postura y señaló que después de todo lo sucedido, si los convocados no se presentan, le darían la razón acerca de que no buscan una solución política, “nosotros estamos dispuestos a discutir puntos que no son abstractos y ellos no se prestan a dialogar”.

Altamirano precisó que si los antes mencionados no responden a la citación judicial no se están ajustando a derecho y  evidenció la contradicción, a su entender, en la que incurren tras pregonar el respeto a las instituciones y al diálogo como método de consenso para no llegar a la protesta en la vía pública. “Deberían ir y sentarse, no están respetando las instituciones que dicen defender, eso es lo grave del hecho de no asistir”, añadió.

El hecho de presentarse a la reunión no implica establecer un acuerdo entre las partes, pero sí cada uno de los actores participantes puede dejar sentada su posición en torno al conflicto en ciernes, lo que vuelve  aún más llamativo para la cara visible de la agrupación que los dirigentes políticos no asistan al encuentro, y alegó que  “los problemas de agenda son excusas”.

“No quieren llegar a una solución política, buscan que la Justicia les lave los trapitos sucios, ¿para qué van a mediar una solución de otra índole si cada vez que quieren tienen los palos y la represión? Eso es lo que el juez no quiere”, remarcó.

Para la entrevistada, de este modo quedaría de manifiesto que el sector al que representa no son  “los malos de la película”; es el Estado el que no quiere sentarse a resolver el problema del trabajo en Tandil.

Luego de numerosas marchas y cortes que agitaron los ánimos de uno y otro lado, desde que se conoció la citación, la agrupación social garantizó una tregua y depuso las medidas de fuerza como un gesto hacia la actitud del juez Bava. Además, fue categórica al expresar que una vez saldada la instancia judicial -si no se puede abordar la conflictividad desde el espacio de acercamiento propuesto- retomarán las jornadas de protesta y movilización para seguir haciendo oír  su voz.

Ayer a la mañana más de 300 integrantes del Movimiento 1 de Octubre se concentraron en una asamblea es su sede de Villa Italia para definir si se movilizaban hacia las dependencias públicas o votaban por aceptar la propuesta que les hizo llegar el Juez Federal Martín Bava, con la intención de lograr una solución política al conflicto.

La intención del magistrado es mediar una reunión entre la líder de la organización, Griselda Altamirano; el director regional de Empleo y Trabajo, Gonzalo Santamarina; el jefe regional de Anses, Mariano Pereyra Iraola; así como integrantes del Ministerio de Trabajo de la Nación y de Provincia, incluso se habló de convocar al intendente Miguel Lunghi. Finalmente, los agrupados decidieron no marchar, con la expectativa puesta en que se logre dar con una salida que sea beneficiosa para todos.

Según se pudo conocer, la convocatoria será efectuada la semana próxima y luego se definirá la fecha de congregación que será en el Juzgado Federal de la ciudad de Azul. Hasta el momento las otras partes no han sido comunicadas.

Como forma de descomprimir la situación, el Juez además solicitó el cese de la lucha territorial relacionadas con las movilizaciones y bloqueos en tanto persista la instancia de diálogo.

Al recibir la notificación, desde el movimiento pensaron que era un llamado a indagatoria, porque no especificaba motivo, más que una caratula llamada “Averiguación de delito”. Sin embargo al tener una entrevista con el defensor oficial, el secretario y prosecretario, estos les comunicaron que la intención del Juez Bava era intervenir de una manera similar a la que realizó con el caso de Fanazul, en el conflicto que dio con el cierre de la fábrica.

Lejos de judicializar, la voluntad es la de mediar un encuentro entre las partes involucradas en los últimos conflictos antes de llegar a una cuestión penal. “La propuesta viene de un Juez Federal que está muy preocupado por la situación de conflicto que se vive, de los enfrentamientos a las que se ha llegado por no tener una solución política entre los trabajadores de la fuerza y los desocupados de la organización”, dijo conforme Griselda Altamirano, lamentando tanto el agravio que sufrieron algunos de los detenidos en las tomas, como el que vivieron los efectivos policiales por parte de los compañeros del movimiento.

Un buen gesto

La referente de la agrupación contó que pudo charlar con el magistrado y notar su sinceridad en la propuesta y preocupación real por la situación, por lo que aceptaron el ofrecimiento tal como vino. Así, calificó a la actitud de esa autoridad federal como “única”, ya que nunca otro Juez se arriesgó a llamar a los que tienen la responsabilidad, intentando destrabar el conflicto.

De todas maneras, también advirtió que puede no resultar la mediación y en ese caso retomarían sus medidas. “Puede que el Estado siga demostrando que no le importan los trabajadores y no lleguemos a una solución, pero bien vale la pena el gesto y que no se sigan reproduciendo hechos como los que hemos vivido en la ciudad”, señaló.

Asimismo, la líder sostuvo que esto es lo que exigieron desde el primero momento y por lo que abogaron. Que haya una mesa de trabajo y diálogo donde se de lugar a una propuesta o contrapropuesta entre los puntos que ellos vienen planteando, que sean totalmente realizables, que tienen que ver con la economía regional y con la generación de trabajo por encima del límite de pobreza. “Si no hay un acuerdo, indefectiblemente va a derivar en una continuidad de la lucha y del conflicto”, remarcó.

“La preocupación de Bava también tiene que ver con que las fuerzas policiales no sufran las consecuencias de lo que el Estado no resuelve y que nosotros no sigamos enfrentándonos con ellos”, aclaró, destacando que los policías también pagan alquileres y son mal pagos al igual que ellos. Incluso recordó la promesa incumplida de la gobernadora María Eugenia Vidal que había asegurado subirles el sueldo.

Denuncia por agresión

De acuerdo a la aclaración de Altamirano, este encuentro que se desarrollará nada tiene que ver con el avance de las investigaciones judiciales de ambos lados, ligadas a los bloqueos, cortes de ruta y lo sucedido frente a la Comisaría de la Federal. “Cada uno acepta las consecuencias de las cosas que hace, desde el punto de vista penal también”, explicó, diferenciando que si bien los trabajadores de la policía no son sus enemigos, igualmente efectivizaron una denuncia contra los que accionaron con excesos y violentamente contra las personas que fueron detenidas en la última manifestación.

En este sentido, pidieron que se investigue para que no se recaiga en una generalidad de que todos los policías o todos los militantes son iguales. Así es que solicitaron que identifiquen a aquellos que realizaron ese accionar desmedido, para lo que presentarán la semana que viene videos.

“El carril judicial es una cosa y el intento del Juez Bava por llegar a una mediación tiene que ver con los conflictos futuros y nos los pasados”, distinguió, asegurando que están poniendo toda su voluntad en que no generar conflicto, al menos en esta etapa de diálogo.

El antecedente del caso Fanazul

En febrero de este año, ante el corte de vías que llevaban adelante los trabajadores de la fábrica de explosivos Fanazul, el juez Federal Martín Bava, convocó a audiencia con funcionarios de los Ministerios de Defensa y de Trabajo de la Nación; al intendente de Azul Hernán Bertellys; y a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con la intención de mediar una solución al conflicto social y económico que estaban atravesando los trabajadores de esa empresa.

Cabe destacar que los miembros del Movimiento 1 de Octubre acompañaron durante los días de lucha a los manifestantes, considerando que la determinación del Juez ha sido muy acertada.

Esta mañana más de 300 integrantes del Movimiento 1 de Octubre se concentraron en una asamblea es su sede de Villa Italia para definir si se movilizaban hacia las dependencias públicas o votaban por aceptar la propuesta que les hizo llegar el Juez Federal Martín Bava, con la intención de lograr una solución política al conflicto.

La intención del Magistrado es mediar una reunión entre la líder de la organización, Griselda Altamirano; el director regional de Empleo y Trabajo, Gonzalo Santamarina; el jefe regional de Anses, Mariano Pereyra Iraola; así como integrantes del Ministerio de Trabajo de la Nación y de Provincia, incluso se habló de convocar al intendente Miguel Lunghi. Finalmente, los agrupados decidieron no marchar, con la expectativa puesta en que finalmente se logre dar con una salida que sea beneficiosa para todos. Sin embargo, hasta el momento las otras partes no han sido comunicadas del posible encuentro a realizarse la semana próxima en el Juzgado Federal de la ciudad de Azul.

Como forma de descomprimir la situación, el Juez además solicitó el cede de la lucha territorial relacionadas con las movilizaciones y bloqueos en tanto persista la instancia de diálogo.

“La propuesta viene de un Juez Federal que está muy preocupado por la situación de conflicto que se vive, de los enfrentamientos a las que se ha llegado por no tener una solución política entre los trabajadores de la fuerza y los desocupados de la organización”, dijo conforme Griselda Altamirano, lamentando tanto el agravio que sufrieron algunos de los detenidos en las tomas, como el que vivieron los efectivos policiales por parte de los compañeros del movimiento.

Asimismo, la líder sostuvo que esto es lo que exigieron desde el primero momento y por lo que abogaron. Que haya una mesa de trabajo y diálogo donde haya una propuesta o contrapropuesta entre los puntos que ellos vienen planteando, que sean totalmente realizables, que tienen que ver con la economía regional y con la generación de trabajo por encima del límite de pobreza.