La resolución se conoció durante la audiencia final del juicio, que se llevó adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal 24 de Capital Federal, ante los magistrados Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Roberto Alvero.

El colorista de 45 años fue acusado por el asesinato contra su compañero de trabajo, hecho que tuvo lugar el 20 de marzo de 2024 y que lo sentenció por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y amenazas”.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado querellante Juan Manuel Dragani sostuvo: “Tanto la fiscalía como nosotros habíamos pedido prisión perpetua, mientras que el tribunal le dio 20 años”.

“El veredicto va a estar el 14 de mayo y, a partir de ahí, empieza a correr el plazo para la apelación. Por supuesto, vamos a apelar y entiendo que la fiscalía hará lo propio”, añadió el letrado que, además, se refirió a la carátula del hecho y destacó que la fiscal Ana Helena Díaz Cano solicitó que se califique como homicidio “doblemente agravado” por alevosía.

Asimismo, el abogado repasó que la condena otorgada corresponde a la pena máxima de homicidio simple y citó al artículo 79 del Código Penal Argentino que establece que se aplique reclusión o prisión de 8 a 25 años al que mate a otro.

Al inicio de la exposición, la fiscalía sostuvo que Guzmán trabajaba hacía una década en el lugar y que, si bien sus servicios eran muy demandados, desde hacía varios meses venía con roces con sus compañeros de trabajo por la utilización de formol para los tratamientos capilares de las clientas.

“Las quejas de Medina sobre Guzmán se ven reflejadas en el grupo de WhatsApp cuando el jefe incluso le indica que no use más el producto”, rememoró la representante del MPF y explicó que la víctima confrontaba a Guzmán constantemente, lo que generó un importante clima de tensión.

El fatídico día, Guzmán llegó a la peluquería y los testigos mencionaron una serie de “conductas erráticas” y que el hombre estaba “más aislado y callado que nunca”. NA

Luego de un extenso período de suspensión, la justicia decidió reanudar el proceso judicial contra Cristian “Pity” Álvarez. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 fijó para el próximo 10 de agosto el inicio del juicio oral por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La resolución fue adoptada por tres jueces: Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes hicieron lugar al dictamen presentado por el fiscal general Sandro Abraldes. Según los magistrados, las facultades mentales del acusado se encuentran estabilizadas, lo que le permite comprender el alcance y las consecuencias del proceso penal en su contra.

El debate contará con un total de 11 audiencias que se desarrollarán entre los meses de agosto y septiembre. Asimismo, se ratificó que el músico tiene prohibido abandonar el país mientras dure el proceso. La situación judicial de Álvarez cobró relevancia pública recientemente cuando Marcelo Moura, integrante de la banda Virus, mencionó en el escenario del Gran Rex que el cantante no pudo participar de un show previsto debido a sus complicaciones legales.

Cabe recordar que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado de haber terminado con la vida de Díaz tras una discusión en la vía pública. Tras años de incertidumbre sobre su capacidad para enfrentar un juicio, los peritajes actuales determinaron que el trámite de las actuaciones puede continuar de manera efectiva, dado que el estado de salud actual del acusado permite reanudar el trámite.

El gendarme Héctor Jesús Guerrero, responsable de herir gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo durante una marcha de jubilados en marzo de 2005, deberá a ir a juicio oral en función de la resolución elevada por el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 3, Eduardo Taiano.

Para el fiscal, el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero, de 30 años, debe enfrentar el juicio por los delitos de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función” en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado cometido en cinco oportunidades.

En su resolución Taiano sostuvo que el comportamiento de Guerrero “representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico”.

Grillo fue herido con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica raíz del impacto de bala el 12 de marzo de 2025, durante una protesta en defensa de los jubilados donde se generaron disturbios y se desplegó un operativo a cargo de fuerzas de seguridad.

La fiscalía concluyó que “tras una exhaustiva investigación, se verificó que los efectivos policiales habían actuado de manera desproporcionada e irracional”.

“Esa situación comprendió los disparos efectuados de forma antirreglamentaria por el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, que le ocasionaron lesiones al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo”.

Según se estableció a través de peritajes e informes de especialistas, Guerrero disparó seis veces “sin que existiera un contexto de agresión” y “de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) con su pistola lanza gases marca ‘FM’” desde la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís hacia los manifestantes”.

A juicio de Taiano, entre las 17:05 y las 17:25 Guerrero efectuó seis disparos que representaron “un peligro concreto para la vida e integridad física de las personas allí presentes, mientras que aquel realizado a las 17:18 hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Nahuel Grillo, causándole lesiones gravísimas”.

A raíz de esas heridas Grillo estuvo varios meses internado y hoy presenta “un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas”, lo que podría derivar en “secuelas permanentes en su esfera neurológica y en una incapacidad laboral prolongada”. NA

La Justicia confirmó la fecha para el inicio del juicio oral contra el músico Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de un hombre ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. El proceso había permanecido suspendido durante varios años debido a cuestionamientos sobre su estado de salud mental, pero recientes peritajes permitieron destrabar la causa.

El cantante, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, está imputado por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. Tras el hecho, Álvarez se entregó y reconoció su participación, aunque desde entonces su situación judicial estuvo atravesada por evaluaciones psiquiátricas que demoraron el avance del expediente.

En ese contexto, el juicio había sido suspendido en 2021 luego de que la defensa argumentara que el músico no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. Sin embargo, nuevos informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense determinaron que actualmente cuenta con capacidades cognitivas suficientes para comprender las instancias judiciales y participar de su defensa.

A partir de estas conclusiones, la fiscalía impulsó la reanudación del proceso y solicitó la fijación de una fecha concreta para el debate oral. El planteo también se apoyó en la actividad reciente del artista, quien volvió a presentarse en escenarios musicales, lo que para los investigadores evidencia un nivel de funcionamiento incompatible con una incapacidad para ser juzgado.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que deberá evaluar las pruebas reunidas en la causa y determinar la responsabilidad penal del acusado. Además del cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, Álvarez enfrenta otras imputaciones vinculadas al mismo hecho.

Por su parte, la defensa sostiene que persisten dificultades en el estado de salud del músico y ha insistido en la necesidad de nuevas evaluaciones más profundas antes del inicio del juicio. No obstante, la fiscalía considera que no existen impedimentos para avanzar y que el caso debe resolverse tras años de dilaciones.

De este modo, la causa entra en una etapa clave, con la expectativa de que finalmente se realice el juicio oral por un crimen que generó fuerte repercusión pública y que, hasta ahora, no había llegado a instancia de debate.

Las audiencias de testimoniales en el jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por negligencia grave y mal desempeño en el caso por el crimen de Nora Dalmasso en noviembre de 2006, concluyeron y ahora se acerca la etapa de alegatos, para luego saber el futuro de los procuradores.

A la espera del nuevo tramo, la defensa de la familia Macarrón sostuvo que los acusados “desviaron el eje”. Aunque no está confirmado, el veredicto se conocería el jueves 7 de mayo.

Mariángeles Mussolini dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y dio detalles de cómo fueron las audiencias de declaraciones y lo que se viene en las próximas semanas. En ese sentido, destacó que hubo testigos importantes que permitieron dar contexto de la investigación y de cómo la causa llegó al punto de estar prescripta, con el acusado Roberto Bárzola en libertad.

En 2024, después de 18 años, se informó que el ADN hallado en el cinto de la bata de Dalmasso y en la zona íntima pertenece a Bárzola, el parquetista que trabajó en la casa al momento del hecho.

“Hay algo que me parece central y muy grave. Lo que estamos viendo es que estos fiscales, en lugar de defender su actuación en el proceso, están intentando desviar el eje y, en los hechos, terminan defendiendo a Bárzola”, expuso.

Para sostener esa posición, señala que “se han utilizado las peores estrategias”, entre las que se destacan “volver a revictimizar a la familia y a la propia víctima, y tratar de desacreditar a quienes sí hicieron lo que correspondía”.

“Me refiero puntualmente al actual fiscal Pablo Jávega, que avanzó en una línea de investigación que ellos debieron haber seguido hace 20 años, y al fiscal de Cámara, Julio Rivero, que permitió que se reconociera a Nora como víctima de violencia de género”, detalló y sumó: “Eso no solo fue un acto de justicia, sino que también le devolvió a la familia y a la sociedad la posibilidad de acercarse a una verdad que durante años les fue negada”.

Acerca de la declaración del actual fiscal que tiene la causa, comentó que “explicó fundamentalmente cómo llegó al ADN de la persona hoy imputada; el método que llevaron a cabo, centrándose en la prueba genética; y el NN que nunca se había identificado”.

“Esto es delicado, porque justamente se los está juzgando, entre otras cosas, por no haber tomado el ADN de Bárzola. Esa omisión es la que nos tiene hoy en esta situación, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva sobre la prescripción”, manifestó.

Tras el cierre de la rueda de declaraciones, se dictó cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 6 de mayo cuando comiencen los alegatos finales.

Aunque no está confirmado, el jurado daría a conocer el veredicto al día siguiente, el jueves 7 de mayo, para antes del 28 fundamentar la resolución dictada, día en el que se vence el plazo para concluir un jury. (NA).

El expolicía está acusado de ser el principal responsable de la muerte de Milagros Basto de 22 años, quien además fue secuestrada y abusada cuando el hombre ya atravesaba la condena en su domicilio.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado querellante Carlos Nayi se refirió a Grasso como “la rapiña sexual más despiadada”, al tener en cuenta que la perpetración habría sido llevada a cabo en el mismo departamento donde fue encontrada Basso sin vida en el ropero del imputado.

Nayi explicó que la presunta damnificada por abuso no habitaba la vivienda de la calle Buenos Aires 315, donde el acusado atraviesa la pena de 27 años, sino que vivía “en otro lugar, en un barrio diferente y fue seducida”.

El letrado detalló que la mujer “se montó en la mentira de este manipulador extremo, la cooptó a través de la novia de Grasso, quien, en ese momento, tenía una relación sentimental con una abogada reconocida en Córdoba”.

“A través de la letrada llegó a esta familiar, hasta que logró que ella arribe al departamento. Desde marzo se montó y cubrió con un disfraz de ser una buena persona, se victimizó y finalmente en agosto de ese año, la rapiña sexual más despiadada llevó adelante su acto”, cerró Nayi.

Grasso tenía antecedentes penales en 2006, cuando ocurrió el aberrante crimen de Basto, y estaba en libertad condicional, por haber sido involucrado en el homicidio de Facundo Novillo, un nene de seis años que murió en medio de un enfrentamiento de fuego cruzado entre bandas narco.

El señalado quedó detenido en 2007, sin embargo, al aludir problemas de salud, y con 190 alertas sobre violaciones a su detención, adquirió el beneficio de cumplir la condena en su departamento, lugar donde poco tiempo después, Basso fue encontrada sin vida. NA

El exsecretario de Obras Públicas, José López, prestó declaración este jueves ante el Tribunal Oral Federal Nro. siete en el marco del juicio por la denominada Causa Cuadernos. Durante su intervención, el exfuncionario rechazó las acusaciones y afirmó de manera categórica que nunca integró una asociación ilícita.

En su testimonio, José López buscó desvincular de los cargos a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro de Planificación Julio De Vido. Al respecto, el imputado manifestó ante los magistrados:

"No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto".

Asimismo, el exfuncionario fue tajante al referirse a la conducción de la supuesta organización criminal que se investiga en el proceso judicial. "Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido", resaltó José López durante su declaración ante el tribunal.

El exsecretario de Obras Públicas José López deberá declarar este jueves 30 ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7. Con su comparecencia, se dará inicio a la ronda de 43 testimonios planificada para esta nueva etapa del proceso judicial conocido como la causa Cuadernos.

López, quien se desempeñó como funcionario durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, es considerado el acusado que más compromete a la expresidenta Cristina Kirchner. Su relevancia en el expediente radica en su rol como imputado colaborador, figura comúnmente denominada como “arrepentido”. En sus declaraciones previas, confesó haber integrado un sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas y señaló vínculos con altos funcionarios que actuaban como organizadores.

La figura de José López cobró notoriedad pública en el año 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento. Además de su testimonio, el cronograma judicial incluye las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano.

En el caso de Marcuzzi, su defensa solicitó una "reparación integral" para obtener el sobreseimiento, pedido que fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León. Por su parte, Luciano, vinculado al sector de la construcción, figura en el expediente como uno de los arrepentidos tras admitir ante la Justicia el pago periódico a ex funcionarios para mantener contratos de concesiones viales.

La etapa testimonial continuará durante el mes de mayo con la convocatoria de varios periodistas que participaron en la investigación inicial, así como ex funcionarios y allegados a los principales acusados, entre ellos la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga.

Actualmente, el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazó diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados para intentar detener el debate, ratificando así la continuidad del proceso.

El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime negó haber recibido sobornos durante su declaración en el juicio oral por la denominada causa de los cuadernos, uno de los expedientes más relevantes por presunta corrupción en la obra pública en la Argentina.

Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal, el exfuncionario rechazó las imputaciones y sostuvo que no percibió dinero ilegal en el ejercicio de su cargo. Su intervención se dio en el marco de una nueva audiencia del proceso, que analiza un supuesto sistema de recaudación de coimas vinculado a empresarios y funcionarios.

La causa, iniciada en 2018 a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, investiga presuntos pagos ilegales de empresarios a cambio de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas . En el juicio están imputados decenas de exfuncionarios y empresarios.

En las últimas audiencias, varios acusados adoptaron estrategias similares a la de Jaime: algunos negaron los hechos o se retractaron de declaraciones previas, incluso alegando presiones durante la etapa de investigación . Este escenario generó tensiones en el debate oral y cuestionamientos sobre la validez de ciertos testimonios.

El proceso judicial continúa con la declaración de imputados y testigos, en un expediente que busca determinar si existió una asociación ilícita dedicada al cobro sistemático de sobornos en la adjudicación de obras públicas.

El exsecretario de Obras Públicas José López deberá declarar este jueves 30 ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7, marcando el inicio de una ronda de 43 testimonios planificada para esta nueva etapa del proceso judicial. López, quien se desempeñó como funcionario nacional entre 2003 y 2015, es considerado una pieza fundamental en la denominada Causa Cuadernos y el acusado que más compromete a la expresidenta Cristina Kirchner.

El exfuncionario actuó bajo la figura de imputado colaborador, comúnmente llamado "arrepentido", tras confesar su participación en un sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas. En sus declaraciones previas, afirmó haber estado vinculado con altos funcionarios que oficiaban de organizadores de la maniobra. Su figura cobró trascendencia pública masiva en el año 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento.

Además de la comparecencia de López, el cronograma judicial incluye las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano. En el caso de Marcuzzi, la fiscal de juicio Fabiana León rechazó un pedido de "reparación integral" solicitado por su defensa para obtener el sobreseimiento. Por su parte, Luciano, vinculado al sector de la construcción, figura en el expediente como uno de los arrepentidos y admitió ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a exfuncionarios para mantener contratos de concesiones viales.

Esta etapa del debate continuará durante el mes de mayo, período en el cual serán convocados diversos periodistas que participaron en la investigación inicial, así como exfuncionarios y allegados de los principales acusados. Entre los testimonios previstos se encuentra el de Miriam Quiroga, quien fuera secretaria de Néstor Kirchner.

Por el momento, el tribunal integrado por los tres jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli ratificó la continuidad del proceso al rechazar diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los imputados, quienes buscaban detener el avance del debate oral.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°14 dará a conocer mañana los fundamentos de la condena a tres años de prisión que recibió Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022. El pasado lunes 20 de abril, los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle condenaron al artista al considerarlo responsable del delito de incendio culposo seguido de muerte.

La pena impuesta es de ejecución en suspenso e integra una sentencia previa a nueve meses de prisión que se le había fijado en abril de 2024 por un caso de abuso sexual simple. Durante los próximos tres años, el condenado tiene la obligación de fijar un domicilio, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y continuar con su tratamiento de desintoxicación y rehabilitación por el consumo de drogas.

Asimismo, la resolución judicial ordenó que, una vez que el fallo quede firme, se proceda a la extracción del perfil genético del artista para su remisión al Banco de Datos Genéticos, en cumplimiento con la Ley N° 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

La familia de la víctima, representada por la madre del neurólogo, Delia Muzio, manifestó su disconformidad con el veredicto. Los abogados querellantes habían solicitado una pena de 15 años de prisión bajo la figura de estrago doloso seguido de muerte, que prevé escalas penales mucho más elevadas. Jaime Seoane, integrante del equipo legal de la familia, anticipó que apelarán ante la Cámara de Casación.

“Esperaremos los fundamentos, pero claramente no estamos de acuerdo con la calificación legal. Menos aún con el monto de la pena. Vamos a recurrir a Casación”

El letrado también cuestionó la labor del fiscal Fernando Klappenbach durante el proceso. El eje del desacuerdo radica en que la fiscalía sostuvo que no se pudo probar que el incendio en el departamento del barrio de Belgrano fuera provocado de manera deliberada, planteando una conducta culposa, lo que redujo significativamente el marco penal posible.

Tras el proceso judicial, que se desarrolló a lo largo de seis audiencias por la plataforma Zoom, los hermanos del condenado expresaron su postura a través de los medios y redes sociales. Tamara Pettinato señaló que, para el tribunal, el hecho fue un accidente y remarcó la presión mediática que atravesó la familia. Por su parte, Homero Pettinato defendió la inocencia de su hermano.

“Creo cien por ciento en la inocencia de Felipe”

La primera semana del jury contra los fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso estuvo atravesada por fuertes cuestionamientos a su actuación, testimonios claves y revelaciones sobre falencias en la pesquisa, con eje en la falta de pruebas determinantes como el ADN.

El proceso, que se desarrolla en la Legislatura de Córdoba, juzga a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por presunto mal desempeño y negligencia en la investigación del asesinato ocurrido en 2006 en Río Cuarto.

En la jornada inicial, los tres funcionarios rechazaron las acusaciones y defendieron su labor, al sostener que la causa era compleja y que las decisiones tomadas respondieron a los elementos disponibles en cada etapa.

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes fue el testimonio de la familia Macarrón, que denunció haber sido responsabilizada durante años mientras, según afirmaron, se desatendían otras líneas investigativas. En ese marco, apuntaron contra los fiscales por haber orientado la causa hacia el entorno íntimo de la víctima.

Durante las audiencias también surgió una de las revelaciones más relevantes: se reconoció que el parquetista Roberto Bárzola había sido investigado en su momento, pero no se le realizó la prueba de ADN, considerada clave para el esclarecimiento del crimen.

Esa omisión tomó mayor gravedad con el paso del tiempo, ya que el análisis genético realizado años después permitió vincularlo con el hecho, aunque la causa ya se encontraba prescripta. Según se expuso, ese estudio recién se concretó años después y permitió vincularlo con el hecho, aunque para entonces la causa ya se encontraba prescripta.

En esa línea, la querella, representada por la abogada María Ángeles Ramos, cuestionó con dureza que no se haya impulsado esa medida hace 18 años, al considerar que se trató de una falla determinante en la investigación y que derivó en la falta de justicia para la víctima.

En la misma línea, la letrada planteó que “hubo una investigación direccionada” y advirtió que la falta de esa prueba clave impidió avanzar oportunamente sobre otras hipótesis. “Es una deuda con la víctima”, señaló.

Por su parte, el perito forense Daniel Zabala declaró ante el jurado y aportó otro elemento relevante al señalar que la víctima habría mantenido relaciones sexuales consentidas previas al crimen, lo que complejiza la reconstrucción de los hechos y el análisis de las pruebas biológicas.

Según explicó, ese dato “no es menor”, al tiempo en que reveló que no contaban con los elementos necesarios para mantener la escena totalmente estéril, tal es así que explicó que él mismo tomó con las manos el cinturón que sujetaba el cuello de la víctima y lo puso en una bolsa común.

A lo largo de la semana, los testimonios coincidieron en exponer inconsistencias, cambios de hipótesis y decisiones investigativas que hoy están bajo análisis, en un proceso que busca determinar si existió responsabilidad funcional en el manejo de una de las causas más emblemáticas del país.

El jury continuará en los próximos días con nuevas declaraciones, entre ellas exfiscales y funcionarios judiciales, que participarán el próximo lunes 27 de abril. (NA).

 Tras un debate que no demandó más de una jornada en la sala de audiencias del TOC 1, el juez Martín Viceconte dio por finalizado el proceso judicial contra Juan Facundo Alvarez. El magistrado resolvió condenar al imputado a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento por considerarlo autor penalmente responsable de un robo ocurrido en una peluquería céntrica. Sin embargo, en el mismo fallo, Alvarez resultó absuelto de una segunda acusación por un robo agravado por efracción, al considerar que las pruebas presentadas por la fiscalía no lograban superar el estándar de duda razonable.

El primer hecho, que derivó en la condena, ocurrió el cinco de febrero de 2024, alrededor de las 19.30. Según quedó acreditado en el debate, Juan Facundo Alvarez ingresó a una vivienda y local comercial ubicado en la calle Alsina 707. Para lograr su cometido, el delincuente debió escalar un portón de garage de más de dos metros de altura, forzar los postigos de una puerta trasera y romper uno de los vidrios para acceder al interior. Una vez dentro, se apoderó de una notebook marca Lenovo, diversas planchitas de pelo, secadores, herramientas de peluquería y una suma cercana a los 20 mil pesos.

La dueña del local, relató durante el juicio que fue alertada por un vecino que escuchó ruidos extraños. Al llegar al lugar junto a efectivos policiales, la víctima pudo observar a través de las cámaras de seguridad el momento exacto del ingreso. "Pudimos observar a la persona que había ingresado y la filmación del momento. Recuerdo ver en la cámara que la persona mira la cámara y agarra una toalla y la tapa", declaró la damnificada ante el tribunal. La rapidez del accionar policial permitió interceptar al sospechoso apenas diez minutos después del llamado de alerta.

La materialidad del robo en la calle Alsina y la participación de  Alvarez resultaron indiscutibles para el magistrado. El oficial de la Policía, Fernando Damián Aguilera, detalló cómo divisó al sospechoso a unas siete cuadras del lugar del hecho. El imputado caminaba con un bolso blanco y, al notar la presencia policial, abordó un taxi. Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado en la esquina de la avenida Colón y calle Montevideo.

Dentro del taxi, los efectivos hallaron la totalidad de los elementos sustraídos de la peluquería. El chofer del vehículo  aportó un dato revelador durante la instrucción: el pasajero se encontraba visiblemente transpirado y, al ser consultado, afirmó ser "peluquero a domicilio", justificando su viaje en taxi por una supuesta rotura de su motocicleta. 

Para el juez Viceconte, este escenario de cuasi flagrancia, sumado a las imágenes de las cámaras de seguridad donde el imputado fue reconocido por su fisonomía y vestimenta, constituyó una prueba de cargo irrefutable.

"La reconstrucción del hecho ha sido cabal a partir de la filmación del evento y la intervención de los agentes que produjeron la identificación al momento que trataba de abordar un taxi", sostuvo el magistrado.

Un escenario completamente distinto se planteó respecto a la segunda causa acumulada, caratulada como robo agravado por efracción  ocurrido entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de febrero de 2024 en una vivienda de la calle Ameghino 757. De allí se sustrajeron un televisor plasma de 32 pulgadas, una motocicleta Motomel 250 y 200 mil pesos en efectivo. 

Si bien la materialidad del robo quedó probada por los testimonios de las hijas de la víctima, la autoría de Juan Facundo Alvarez fue puesta en duda.

La acusación se basó primordialmente en la visualización de cámaras de seguridad privadas y públicas, y en el testimonio de los oficiales Cristian Hernán Maugere y Víctor González. Los efectivos afirmaron reconocer a Alvarez en las filmaciones por su contextura física y, fundamentalmente, por una característica renguera en una de sus piernas. Sin embargo, el juez Viceconte consideró que estas apreciaciones resultaron insuficientes y carentes de objetividad científica para fundar una condena.

El magistrado analizó minuciosamente los videos y detectó contradicciones insalvables. En la filmación que registra el momento en que los delincuentes se llevan la motocicleta a la rastra, el sujeto señalado como Alvarez vestía prendas diferentes a las captadas en fragmentos anteriores. Además, al llevar el vehículo a pie, no era posible advertir el modo característico de caminar que los policías pretendían usar como prueba de identidad. "Por encontrarse llevando una motocicleta a la rastra no permite que se exhiba ningún modo característico de caminar (renguera)", explicó el juez.

Asimismo, el fallo advierte sobre la subjetividad de los testimonios policiales basados en "conocimientos previos" de los sospechosos. El juez señaló que, si bien los oficiales conocen a Alvarez por intervenciones anteriores en el barrio de Villa Italia, sus afirmaciones en este caso resultaron conjeturales. La ausencia de pericias biométricas, estudios antropométricos o análisis morfológicos comparativos sobre los videos impidió alcanzar la certeza necesaria. Ante este panorama, el tribunal aplicó el principio de in dubio pro reo y dictó la absolución por este hecho.

Otro elemento que la fiscalía intentó utilizar fue un registro de llamadas telefónicas del coimputado López, donde figuraba un contacto agendado como "Facu" con comunicaciones en horarios cercanos al robo. No obstante, el juez desestimó este indicio por considerarlo "incompleto e inconexo". No se pudo corroborar que esa línea perteneciera efectivamente a Juan Facundo Alvarez, ni se conoció el contenido de los mensajes. Además, en los allanamientos realizados en el domicilio del imputado no se halló ninguno de los elementos robados a la familia Carballido.

La defensa, ejercida por el abogado Diego Araujo, hizo hincapié en que la identificación por parte de los policías fue "por descarte" y no por una observación nítida de los rasgos faciales, ya que en los videos el autor aparecía con una capucha o cuello levantado. El magistrado coincidió con este planteo, señalando que la mera apreciación policial, sin el respaldo de una trazabilidad rigurosa de los archivos informáticos o peritajes especializados, no puede ser el único sustento de una sentencia condenatoria en un estado de derecho.

Al momento de fijar la pena por el robo en la peluquería, el juez Viceconte consideró como atenuante la inmediata recuperación de la totalidad de los bienes, lo que minimizó el perjuicio económico para la víctima. Por el contrario, como agravante, se computó la existencia de sentencias condenatorias previas que figuran en el Registro Nacional de Reincidencia. El magistrado rechazó el pedido de la fiscalía de elevar la pena por la supuesta "desprotección" del local un día lunes, argumentando que el aviso inmediato de un vecino demostró que el bien no estaba desamparado.

Durante el debate, el propio Juan Facundo Alvarez prestó declaración, aunque no sobre los hechos, sino sobre su historia personal. Relató haber pasado 16 años de su vida en prisión, describiendo situaciones de extrema violencia y hacinamiento en el sistema carcelario bonaerense. "Pasé situaciones extremas donde estuvo mi vida en juego", manifestó el imputado, mencionando incidentes con armas blancas y las duras condiciones de vida en los pabellones.

El sentado en el banquillo de los acusados, Juan Facundo Alvarez, no es la primera vez que estaba en esa condición, de hecho como el mismo relató de sus 43 años, 16 estuvo detrás de las rejas por distintos hechos endilgados.

A la hora de concederle la palabra en el juicio, anticipó que no declararía sobre los hechos acusados, empero sí sobre ciertas cuestiones personales atinentes al tiempo que pasó privado de libertad como consecuencia de condenas previas

"...Tengo 43 años, y pasé 16 años detenido, pasé situaciones extremas, donde también estuvo mi vida en juego. Me acuerdo cuando tenía 22 años, que recién ingresaba a la cárcel, estaba en la unidad 35, Magdalena, y no había teléfono celular. Entonces, era un teléfono fijo para todo el pabellón. Me acuerdo que casi pierdo la vida por un llamado de teléfono. Éramos ponele, 25 personas en el pabellón. Entonces yo era chico, tenía 22 años, recién venía a la cárcel, y me tocaba a mí el teléfono y otra persona que llevaba mucho más años que yo, me agarró el teléfono como así, de Cheto, y se puso hablar por teléfono. Entonces, cuando terminó de hablar, yo le dije, ¿por qué me había hecho eso que me tocaba a mí? Bueno, me arrancó una faca y me empezó a tirar muchas puñaladas y me dio en el brazo y en la pierna, y justo se metió otro chico ahí que estaba viendo y me dio una faca y lamentablemente, murió el otro, podía haber sido yo, pero murió el otro”, relató con crudeza el reo.

Agregó sobre las cosas que pasan a cárcel, “que por ahí no justifico, pero fue algo que me quedó porque me dio mucho miedo. En esa causa fui sobreseído por legítima defensa”.

Siguió relatando ante el juez que “muchas cosas pasan, frío, hambre. Sí sufrí violencia física en la cárcel, más antes en la otra época era a diario, cotidiano. Por ejemplo dormí desnudo en un buzón adentro de un de un colchón. Tenés que abrir el colchón y meterte adentro desnudo porque si no te morís de frío”. “En la cárcel –continuó-, por ahí discutir con uno, con otro, con la policía, no digo que toda la policía sea mala, ni toda la policía sea buena, ni todo el preso sea malo, ni todo sea bueno, hay de todo, pero, bueno, ahí adentro se viven muchas cosas. Está todo superpoblado. Ahí en la sede donde estoy ahora somos como 12 y es para 8, ponele, hay 8 camas y somos 12. Yo durmiendo en el piso, ponele. Ahora tengo un colchón. Muchas veces estuve sin colchón...".

Alvarez se detuvo en sus días en prisión y la complejidad de convivir con el sistema penitenciario. Más allá de la atendible consideración sobre su sensible estadía, poco aportó a lo que estaba en debate en la sala, por lo que nada influyó a la hora de ser condenado como absuelto en las causas en su contra.

El juez determinó que la pena de tres años de prisión debe ser de cumplimiento efectivo. El magistrado fundamentó esta decisión en que Alvarez ya ha transitado procesos de institucionalización previos por delitos contra la propiedad y, aun así, volvió a delinquir. "Este nuevo evento transgresor implica una reedición de conductas lesivas hacia terceros", sentenció Viceconte, descartando la posibilidad de una ejecución condicional. El imputado continuará alojado en la Unidad Penitenciaria  7 de Azul, mientras que las víctimas fueron notificadas de su derecho a ser informadas sobre los avances en la ejecución de la pena.

El neurocirujano Leopoldo Luque, de 45 años, declaró este jueves por la tarde por cuarta vez en el segundo juicio que se lleva a cabo por la muerte de Diego Armando Maradona, quien falleció a los 60 años. Durante su exposición, el médico dio su versión sobre una serie de audios y respondió a los cuestionamientos de Gianinna Maradona, al tiempo que insistió en que él no era el médico de cabecera del astro del fútbol mundial.

Leopoldo Luque se presentó puntualmente a las 16 30 horas ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro. El imputado asistió preparado con una serie de documentos y audios de distintas conversaciones con los que buscó explicar su rol hacia el entorno del exjugador. "No soy el dueño de la salud de Diego", afirmó frente a los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en un testimonio que se extendió por poco menos de 50 minutos y en el que, nuevamente, no aceptó responder preguntas de las partes.

La primera aclaración que realizó el imputado fue en referencia a la declaración de la última audiencia de Gianinna Maradona, quien aseguró haberse sentido "manipulada" por el equipo médico tratante. Según la hija del Diez, dicho grupo estaba conformado por el propio neurocirujano, la psiquiatra Agustina Cosachov (41) y el psicólogo Carlos Díaz (34).

Ante estas declaraciones, Leopoldo Luque pidió disculpas a la familia por el uso de lenguaje peyorativo en audios privados que fueron reproducidos en el debate. El médico aclaró que sus expresiones se dieron en un "contexto de frustración y tensión" derivado de la compleja dinámica familiar. "En cuanto a la supuesta manipulación que realicé, hay una realidad que es objetiva. Nosotros estábamos con el paciente y la familia dentro de una internación en un nosocomio privado que es la Clínica Olivos", sostuvo el profesional.

El neurocirujano argumentó que, al momento del alta en la Clínica Olivos, el paciente se encontraba lúcido, lo que descartaba la posibilidad de una internación geriátrica o psiquiátrica contra su voluntad. "Se descartaba la posibilidad de judicializarlo y la posibilidad de ir a un tercer nivel, como llaman, que es a un neuropsiquiátrico porque el paciente nunca lo aceptó", afirmó el imputado.

En otro tramo de su defensa, el médico exhibió chats y audios para demostrar que las decisiones no eran unilaterales. Sin embargo, la jornada también contó con los testimonios de dos policías y el médico que firmó el acta de defunción, quienes aportaron detalles alarmantes sobre las condiciones en la casa del barrio San Andrés de Benavídez. Según estos testigos, en el lugar "no había desfibrilador, respirador, oxígeno, no había nada" para atender una emergencia médica.

La Justicia de Córdoba inició ayer en la Legislatura el juicio político a los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, que llevaron adelante la investigación del asesinato de Nora Dalmasso durante trece años.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los tres están acusados por presunta negligencia y mal desempeño en la investigación del crimen que impactó a la localidad cordobesa de Río Cuarto en 2006.

El proceso estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales que depende del Poder Legislativo y tendrá como acusadora la representante del Ministerio Público, la fiscal general adjunta Bettina Croppi.

El fiscal Miralles, que estuvo al frente del caso entre 2016 y 2017, declaró y aseguró que “este fiscal de instrucción jamás obró de manera negligente ni con mal desempeño, ni en esta causa ni en otras; muy por el contrario, en esta investigación siempre fui diligente, le di curso a la causa, nunca me manifesté despreocupado, nunca tuve indiferencia ninguna respecto de la causa. Mi actuación fue correcta, razonable, lógica”.

“Esta causa era compleja cuando asumí y tenía diez años de investigación de otro fiscal. Cuando ocurre un homicidio, por lo general los fiscales vamos a la escena y tomamos las medidas. Acá esto no se pudo hacer porque Di Santo tuvo la causa diez años. Tenía que hacer una lectura de todo lo que investigó esos diez años. Nos abocamos totalmente, incluso fines de semana, a ver todo lo que habían investigado en la causa” agregó el fiscal.

Además, Miralles afirmó que “teníamos que investigar la presencia de ADN de Macarrón en gran parte de la habitación. Principalmente había una en una zona crítica vulvo-vaginal y debía investigarse cómo había llegado ahí. Primero se sospechó que era semen, después se demostró que no era. Y después estudios demostraron que eso pertenecía a Marcelo Macarrón. Esa era la prueba madre que tomé”.

“Además, el único que no estaba en una foto jugando al golf era Marcelo Macarrón. Por las pericias, que decían que el posible asesino era del círculo íntimo (por entradas no forzadas y demás). Yo me pregunto si con todo esto no había que investigar a Marcelo Macarrón: claro que sí. Lo que pasa es que la prensa se pensó que la causa estaba resuelta. Como ahora tal vez piensan que está resuelta con lo de Bárzola, que ni siquiera empezó. Macarrón era una línea investigativa a abordar de manera ineludible. Y en esa línea puse todo mi empeño por un año y medio” añadió.

Por su parte, el fiscal Javier Di Santo rechazó en primer término las acusaciones: “Voy a rechazar todas las acusaciones que se hacen en mi contra. No hubo mal desempeño porque va en contramano de todo lo que se ha evaluado en el expediente. Hay tres premisas fundamentales, es de total falsedad sostener que no se investigó a Bárzola”.

“La investigación en contra de Bárzola fue seria, profunda y acabada. Quiero dejar explicada esta línea porque parece que fue un fiscal con desinterés y les aseguro que fue todo lo contrario. Quieren hacer parecer como obvio circunstancias que no son obvias. Quieren hacer parecer como obvio lo que no lo era, no solo para mí, tampoco para ninguno de los otros fiscales que intervinieron en la causa, para la división de investigaciones, para análisis criminal de la sección judicial, para el juez de control ni los camaristas que intervinieron. Tampoco fue obvio para la fiscalía general, que era el órgano que supervisaba toda nuestra actividad”, concluyó. (NA).

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 14 declaró penalmente responsable al hijo del saxofonista y conductor Roberto Pettinato por el delito de “incendio culposo seguido de muerte” y el veredicto incluye la sentencia a nueve meses de prisión por abuso sexual simple en perjuicio de la hija de su expareja, impuesta en abril de 2024.

Los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle consignaron que el imitador de Michael Jackson deberá fijar un domicilio, continuar con su tratamiento de rehabilitación y desintoxicación de drogas y recibir cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Una vez que la resolución quede firme, las autoridades le extraerán sangre a Pettinato para que su perfil genético con la finalidad de derivarlo al Banco Nacional de Datos Genéticos, conforme a la Ley 26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

Durante los alegatos, la fiscalía pidió cuatro años y siete meses de prisión y la querella 15 años, mientras que la defensa reclamó su absolución.

El humorista se encontraba por “estrago doloso seguido de muerte”, cuya pena oscila entre los ocho y 20 años de cárcel.

El 16 de mayo de 2022, Rodrigo se acercó hasta el departamento de Pettinato, que era su paciente y amigo, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23.00 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal” así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”. NA

El Tribunal Oral en lo Criminal 1 dará a conocer hoy lunes el veredicto contra Juan Ignacio Buzali, el exmarido de la directora del Banco Nación, Carolina Píparo, acusado por la tentativa de homicidio de dos motociclistas a quienes atropelló al confundirlos con delincuentes.

Conforme a la información aportada por fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el dictamen de los jueces se conocerá hoy a partir de las 11 en el tribunal ubicado en la ciudad de La Plata.

El abogado Martín Miguel De Vargas, representante de uno de los particulares damnificados, dialogó NA y consignó que pidió ocho años de prisión, mientras que la Fiscalía solicitó seis años de cárcel. Acerca de la defensa, reclamó su absolución.

Caso

El hecho por el que el exmarido de Píparo llegó a juicio ocurrió el 1ro. de enero de 2021 a la madrugada cuando la actual directora del Banco Nación denunció haber sido víctima de un robo en la calle 47 entre 15 y 16, cuando descendían del vehículo para dejar a su padre en su domicilio. En su testimonio, destacó que con Buzali fueron abordados por varias motos con ocupantes armados que le sustrajeron la cartera.

Después del robo, y en el momento en el que se dirigían a realizar la denuncia, la pareja creyó reconocer a los presuntos ladrones y los siguieron a bordo de un auto Fiat 500L negro con techo blanco.

“En la intersección de 21 y 40, Buzali embistió desde atrás a una moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años, quienes resultaron heridos tras caer al pavimento”, señala la acusación.

Tras la investigación se comprobó que los dos ocupantes de la moto, uno de ellos menor, no tenían relación con el hecho delictivo. Tras el atropello, Buzali fue detenido y estuvo en prisión durante dos años, hasta que su abogado Marcelo Peña logró su excarcelación. (NA).

En una nueva jornada del juicio oral por la denominada causa Cuadernos, el empresario Daniel Pitón brindó un testimonio clave al asegurar que se vio obligado a mentir durante la etapa de instrucción para evitar ser detenido. El integrante de la firma José Eleuterio Pitón S.A., de 60 años, está acusado como coautor de cohecho activo en el proceso que tiene como principal imputada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 acusados.

Daniel Pitón habló ante el Tribunal de manera breve y sin aceptar preguntas, con el objetivo de desmentir sus declaraciones previas ante el fallecido juez federal Claudio Bonadio. Según relató, el día de su indagatoria concurrió junto a su hermano, quien presidía la empresa, y presentaron un escrito que no contenía falsedades. Sin embargo, su abogado les advirtió que dicha presentación no sería suficiente para evitar la prisión preventiva.

“Lo que no queríamos era quedar presos. Lo que dije fue para no quedarme ahí preso”, afirmó el empresario.

En su exposición, el imputado se refirió al financista Ernesto Clarens, quien en la etapa de investigación entregó un listado de empresarios que supuestamente pagaban retornos. Daniel Pitón recordó que se contactó con él buscando cobrar pagos atrasados de certificados de obra. Según su relato, Ernesto Clarens le ofreció servicios de una financiera, seguros de caución y el alquiler de equipos de una empresa del sur, pero el empresario rechazó las propuestas.

“A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie”, remarcó de forma tajante ante los jueces, desvinculándose de cualquier esquema de sobornos relacionado con la obra pública.

La audiencia de este jueves resultó breve debido a que la mayoría de los convocados optó por no declarar. Entre ellos se encuentran Roberto Juan Orazi, presidente de Hidraco S.A., y Julio José Paolini, titular de Paolini Hnos. S.A., quien se limitó a manifestar su inocencia pese a estar señalado como autor y coautor de ocho hechos de pago de sobornos. También se negaron a prestar testimonio Carlos Román, Carlos Arroyo y Francisco Valenti.

Esta situación generó malestar en las defensas, como la del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que hizo reserva de acudir a la Cámara Federal de Casación. Los abogados sostienen que se vulnera el derecho de defensa al no poder confrontar los dichos de los imputados colaboradores o arrepentidos.

Por otro lado, la defensa de José María Olazagasti, ex secretario privado de Julio De Vido, solicitó que se lo releve del deber de guardar secreto. Se comprobó que, al momento de los hechos investigados, el acusado se desempeñaba como agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, organismo que aún no ha respondido a la petición judicial.

El debate oral y público se reanudará el próximo martes 21 de abril, a partir de las nueve de la mañana, para continuar con la etapa de indagatorias en este complejo proceso judicial.

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudó este martes en los tribunales de San Isidro, luego de casi un año de interrupción a raíz de la polémica generada por el documental de la exjueza Julieta Makintach. La primera audiencia estuvo marcada por fuertes cruces entre las partes, acusaciones contundentes y una notable presencia de familiares y seguidores del ídolo.

En el inicio del debate, los siete imputados —entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz— se presentaron ante el tribunal integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Todos están acusados de presunto homicidio simple con dolo eventual, delito que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

También estuvieron presentes las hijas del exfutbolista, Dalma, Gianinna y Jana, junto a Verónica Ojeda y las hermanas de Maradona, acompañadas por sus respectivos abogados querellantes, entre ellos Fernando Burlando.

En la puerta de los tribunales, un grupo de fanáticos se congregó para exigir justicia. “Fue una muerte injusta, lo dejaron morir”, expresó uno de los presentes, quien incluso viajó en bicicleta desde la Ciudad de Buenos Aires para asistir.

Durante los lineamientos de apertura, el fiscal Patricio Ferrari fue contundente al calificar al equipo médico como un “grupo de improvisados” y sostuvo que hubo múltiples señales de alerta que fueron ignoradas.

“No hicieron nada para evitar que Maradona muriera. Empezó a morir 12 horas antes”, afirmó, al tiempo que denunció una “indiferencia criminal” frente al deterioro del paciente.

En la misma línea, Burlando aseguró que el exjugador fue “asesinado” y que se encontraba en un entorno sin controles médicos adecuados. “Jamás se escuchó el corazón de Diego entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020”, remarcó, al describir un cuadro de salud que, según su visión, evidenciaba abandono.

Otros querellantes coincidieron en que el deterioro del exfutbolista era reversible y calificaron el desenlace como “la crónica de una muerte anunciada”.

Del otro lado, los abogados defensores negaron cualquier tipo de responsabilidad penal. El letrado Francisco Oneto incluso solicitó que el juicio fuera transmitido en vivo, planteo que fue rechazado por el tribunal.

En tanto, desde la defensa de Luque aseguraron que Maradona murió de un infarto, mientras que otros abogados sostuvieron que no existen pruebas que acrediten conductas delictivas.

Una de las frases más polémicas de la jornada fue pronunciada por el abogado Roberto Rallín, quien afirmó que “si Diego estuviera vivo pediría que Luque no fuera condenado”, lo que generó malestar inmediato en la familia.

Por su parte, el defensor de Cosachov indicó que el propio Maradona era responsable de su salud, mientras que otros representantes legales remarcaron que algunos de los imputados tuvieron una participación mínima o nula en el tratamiento.

Tras los alegatos iniciales, el tribunal dispuso que las partes informen con al menos 24 horas de anticipación qué testigos declararán en cada jornada. Además, se confirmó que solo algunas audiencias —como la apertura, los alegatos finales y el veredicto— serán transmitidas oficialmente.

La primera audiencia concluyó pasado el mediodía y se dispuso un cuarto intermedio. El juicio continuará el próximo jueves con el inicio de las declaraciones testimoniales, en un proceso que promete extenderse durante varios meses y que mantiene en vilo a la opinión pública.

Mientras tanto, el reclamo de justicia por la muerte de Maradona sigue vigente, tanto dentro como fuera de los tribunales.