Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó el jueves a la empresa Meta pagar 567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños ocasionados a los jóvenes a través de sus plataformas digitales. Según consideró el juez, la compañía matriz de Instagram y Facebook creó una molestia pública, por lo que también se le ordenó implementar una serie de medidas de seguridad orientadas a proteger a los usuarios menores de edad.

El fallo se dictó durante la segunda fase de un juicio que la firma perdió en marzo. En la primera instancia, un jurado había ordenado a la empresa pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles, tras determinar que la compañía infringió la ley estatal de protección al consumidor al tergiversar los niveles de seguridad de sus redes sociales para los niños.

Al respecto, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró la resolución judicial:

“La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro”.

Por su parte, desde la empresa anunciaron a última hora del jueves que apelarán la sentencia. Un portavoz de la compañía afirmó en un comunicado: “Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos”.

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continuó este jueves 30 de julio en Corrientes con la duodécima audiencia. En la jornada, prestaron declaración el perito Juan Osvaldo Ronelli, de la División Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina; el comisario mayor Fabio Pirrone, y el ex viceintendente de la localidad de 9 de Julio, Luis Alberto González.

El comisario mayor Fabio Pirrone, quien intervino en el caso desde el 24 de junio de 2024, encabezó el Comando Unificado Corrientes. Durante su testimonio, sostuvo que se agotaron todas las instancias de búsqueda y afirmó que el menor no se extravió.

Se allanaron todos los lugares, la gente, los vecinos colaboraron. No se encontró nada. Se usaron todos los medios posibles que estaban al alcance de las fuerzas para realizar estos rastrillajes, que arrojaron resultado negativo, por lo cual el nene no se perdió.

Fabio Pirrone añadió que se realizaron más de 50 estudios de ADN y que todas las hipótesis recibidas fueron investigadas y descartadas. Asimismo, aclaró que nunca se pudo determinar la existencia de un hecho de trata de personas, desmintiendo versiones previas sobre el contenido de los teléfonos analizados.

Por su parte, el perito Juan Osvaldo Ronelli detalló los análisis realizados sobre la camioneta Ford Ranger de Carlos Pérez y Victoria Caillava. El especialista explicó el uso del reactivo BlueStar, el cual detectó una reacción compatible con sangre en el guardabarros delantero derecho del vehículo, aunque aclaró que se requiere un análisis genético posterior para determinar si es de origen humano o animal.

La audiencia también contó con la presencia de Luis Alberto González, ex viceintendente de 9 de Julio, quien fue consultado sobre su rol en la movilización local y el apoyo logístico brindado durante los primeros días de la búsqueda.

Antes de finalizar la jornada, el imputado Antonio Benítez debió ser retirado de la sala tras sufrir un pico de presión alta. El debate se reanudará el próximo miércoles a las 9:30, donde se espera la declaración de Leticia Risco, Santiago Fabián Maidana, Ángel Fabián Duarte y Guillermo Gustavo Romero.

Fuentes del caso le confirmaron que la audiencia se desarrolló a partir de las 11 en Tribunales, ante los jueces Roberto Boico y Mariano Llorens, en la que Piccirillo asistió de forma presencial junto con su equipo de abogados.

Se supo que el exmarido de Jesica Cirio fue autorizado para ausentarse del cumplimiento de la domiciliaria en la localidad bonaerense de Banfield y trasladarse por sus propios medios hasta la Cámara Federal.

En las próximas se conocerá la resolución, señalaron los voceros de la investigación, al tiempo que el financista aclaró que “siempre se mantuvo a derecho, colaboró para que esto avance” y expresó su “confianza” en la Justicia.

Se informó que este encuentro se llevó a cabo tras un pedido especial realizado por su defensa con el propósito de lograr obtener alguna de las condiciones, las cuales viene solicitando desde hace tiempo. Entre ellas se destacan su liberación o traslado de la domiciliaria a Núñez.

En un escrito, Piccirillo expuso que es el único de los acusados que se encuentra detenido en la causa por la organización de un operativo falso y por plantarle droga y un arma al financista Francisco Hauque, con quien tenía una deuda millonaria, según consta en el expediente.

Días atrás se conoció que solicitó que se le autorice a alquilar uno de sus inmuebles en el Complejo Residencial Yacht Nordelta para solventar gastos económicos.

En el documento al que accedió este medio se explicó que alquilar el domicilio permitirá generar ingresos que serán destinados “a la manutención de mi asistido y de su grupo familiar, entre ellos, una hija menor de edad a su cargo”. NA

Elías Piccirillo se presenta este martes en Comodoro Py para solicitar diversas condiciones respecto a su detención, buscando obtener una posible excarcelación o la derivación de su prisión domiciliaria a la vivienda de su pareja, Florencia Epelbaum, ubicada en el barrio porteño de Núñez.

Fuentes del caso confirmaron que la audiencia se desarrollará a partir de las 11.00, ante los jueces Roberto Boico y Mariano Llorens. El detenido asistirá de forma presencial junto a su equipo de abogados, tras haber sido autorizado para ausentarse del cumplimiento de su arresto domiciliario en la localidad bonaerense de Banfield.

Este encuentro responde a un pedido especial realizado por la defensa, que busca modificar la situación procesal de Piccirillo. En un escrito presentado ante la Justicia, el acusado expuso que es el único de los implicados que permanece detenido en la causa que investiga la organización de un operativo falso, en el cual se le habría plantado droga y un arma al financista Francisco Hauque, con quien mantenía una deuda millonaria.

Por otro lado, días atrás se conoció que el detenido solicitó autorización para alquilar uno de sus inmuebles en el Complejo Residencial Yacht Nordelta con el fin de solventar gastos económicos. En el documento judicial, se explicó que la operación permitiría generar ingresos destinados a la manutención del asistido y de su grupo familiar, entre ellos, una hija menor de edad a su cargo.

Un nutricionista que fue rechazado Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre declarará hoy en el juicio por la muerte del astro argentino.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Luciano Spena, un profesional que acompañó a la Selección argentina en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

El testigo había sido citado hace unas semanas por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, pero no se presentó a comparecer porque se encontraba en el exterior junto al plantel encabezado por el capitán Lionel Messi.

Spena será una de las últimas personas en declarar en el segundo debate oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual del célebre futbolista, ya que luego se realizarán las audiencias correspondientes a la Junta Médica, donde dos grupos de peritos llegaron a conclusiones distintas respecto al deceso de Diego.

El nutricionista concurrió el 18 de noviembre de 2020, junto al médico clínico imputado Pedro Di Spagna, a la residencia del barrio cerrado San Andrés, en la localidad de Benavídez, y el exjugador no quiso recibirlos, tras ser convocado por Swiss Medical.

Además, la jornada se realizará un lunes por segunda vez dado que continúa la feria judicial en la provincia de Buenos Aires.

El neurocirujano y exmédico de confianza del paciente, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Omar Almirón; su jefe, Mariano Perroni; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini, y Di Spagna son los siete acusados por actuar con supuesta negligencia a la hora de cuidar la salud de Maradona.

En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, una vez que termine el proceso principal, pero ese debate permanece demorado por un planteo de recusación presentado contra la jueza María Coelho, cuya resolución depende de un tribunal de alzada.

Un tribunal de Washington le dio la razón a un fondo de inversión extranjero y confirmó que la Argentina deberá pagar más de 390,9 millones de dólares por haber estatizado Aerolíneas Argentinas hace casi dos décadas. La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el recurso con el que el Estado argentino intentaba anular el fallo de primera instancia y dejó firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que hoy reclama ese dinero.

Esta sentencia se ubica entre las más costosas que enfrenta el país fuera de sus fronteras. En los últimos 16 meses, la Argentina no pagó ninguna suma de este laudo, una situación que llevó a Titan Consortium a acelerar su ofensiva judicial. Según reveló el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, el tribunal rechazó la apelación con la que el Estado buscaba revertir la sentencia, ratificando que el fondo puede continuar con las acciones legales para intentar cobrar la indemnización.

La disputa comenzó en 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner nacionalizó Aerolíneas Argentinas y Austral, que por entonces estaban controladas por el grupo español Marsans. La empresa sostuvo que la expropiación fue injusta y recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal arbitral del Banco Mundial.

En 2017, el Ciadi resolvió a favor de Marsans y fijó una compensación de 320 millones de dólares más intereses. La firma española transfirió los derechos del litigio a Burford Capital, fondo que luego los vendió a Titan Consortium, entidad que desde 2021 impulsa la ejecución del laudo en Washington.

Sebastián Maril explicó que los laudos sirven como base para acudir a la justicia ordinaria y pedir que se haga efectiva la condena. La confirmación de este fallo deja al país en una posición más vulnerable frente a posibles intentos de embargo. Cabe recordar que, en mayo, el fondo ya había intentado avanzar sobre los colaterales de los Bonos Brady depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

Al momento de la estatización, ambas compañías acumulaban pasivos cercanos a 890 millones de dólares. Si bien el Tribunal de Tasación de la Nación calculó en aquel entonces un valor negativo superior a los 760 millones de dólares, la resolución judicial actual llega en un contexto donde la empresa cerró el año 2025 con una ganancia operativa.

Una excontadora del abogado y exapoderado de las marcas de Diego Armando Maradona, Matías Morla, fue citada para declarar mañana en el juicio por la muerte del astro argentino.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se trata de Andrea Trimarchi, hermana de Maximiliano Trimarchi, chofer del letrado que fue asistido por el psicólogo acusado Carlos Díaz como consecuencia de sus adicciones al alcohol.

Por segunda vez en lo que va del debate oral y público, la audiencia se realizará un lunes, a raíz de la feria judicial que regirá en la provincia de Buenos Aires.

La jornada comenzará a las 10 en los Tribunales de San Isidro, donde la testigo comparecerá ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, miembros del TOC 7 de ese Departamento Judicial.

Trimarchi ya había sido convocada para declarar, pero no asistió porque se encontraba en el exterior, por lo que su exposición fue postergada hasta nuevo aviso.

Además de Díaz, el neurocirujano y exmédico personal del paciente, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, están sindicados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va desde los ocho a los 25 años de prisión.

En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, pero ese proceso está demorado por un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho. (NA).

La Cámara Nacional de Casación revocó este viernes el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quien se encuentra imputado por presunto abuso sexual. El tribunal ordenó que se realice a la mayor brevedad el juicio oral por la denuncia de Melody Rakauskas, quien fue reinstalada como querellante en la causa.

La decisión fue adoptada por mayoría en la Sala 3 de Casación, con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días. De esta manera, quedó sin efecto la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 16 que, en febrero, había separado a Melody Rakauskas de su rol de querellante y sobreseído a Fernando Espinoza por falta de acción.

En la nueva resolución, el tribunal de alzada calificó como arbitraria la decisión de la instancia inferior de apartar a la denunciante por no contar con asistencia letrada. Al respecto, el camarista Horacio Días señaló: “La inconducta procesal de la víctima en esa época (reticente en términos generales) puede explicarse por su situación de indigencia letrada, que la colocaba en una posición de vulnerabilidad”.

Por su parte, el camarista Alberto Huarte Petite concluyó que la conducta de la querellante revelaba una intención clara de mantener su participación en las actuaciones y de seguir ejerciendo sus derechos. La denunciante había sido apartada del proceso tras la renuncia de su abogado el 17 de diciembre de 2025, siendo intimada a designar uno nuevo en un plazo de 72 horas durante la semana previa a las fiestas de fin de año.

La denuncia contra Fernando Espinoza fue presentada en 2021 por Melody Rakauskas, quien lo acusó de haber abusado de ella en su domicilio. En julio de 2024, la Cámara del Crimen ratificó el procesamiento del intendente por abuso sexual y desobediencia a una orden judicial, imponiéndole un embargo de 1,5 millones de pesos. El cargo de desobediencia se fundamenta en que, pese a la restricción de acercamiento, el funcionario habría contactado telefónicamente a la denunciante para solicitarle que retirara la acusación.

La justicia federal de Lomas de Zamora dictó un fallo adverso para Martín Insaurralde, exfuncionario y mano derecha del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. El juez Luis Armella rechazó el pedido de la defensa para apartar al fiscal Sergio Mola de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según la resolución, el magistrado determinó que no se acreditó ninguna de las causales previstas en la ley para disponer la recusación. El juez sostuvo que los argumentos de los abogados defensores se basan en una valoración subjetiva y no conforman una duda objetiva, seria y razonable sobre la actuación del fiscal.

La defensa de Martín Insaurralde había manifestado su desacuerdo con el impulso de diversas medidas de prueba y coerción, tales como allanamientos, requisas y el pedido de detención del exintendente y de Jésica Cirio. En su presentación, los abogados alegaron una supuesta sobreactuación procesal y ensañamiento en la investigación.

Al respecto, el juez Luis Armella señaló:

“Todo ello configura un intento de condicionar la labor del Ministerio Público Fiscal”.

El magistrado recordó que esta era la tercera vez que se intentaba apartar a Sergio Mola del expediente. Asimismo, el fiscal negó haber filtrado información sobre la causa, calificando de un verdadero dislate las acusaciones en su contra. Por su parte, Luis Armella aclaró que, si bien existieron diferencias de criterio en la conducción del expediente, estas corresponden a las funciones propias de cada parte y no son motivo suficiente para un apartamiento.

El juez concluyó que no se encontraron pruebas de que el fiscal actuara bajo intereses externos y ratificó su continuidad. Actualmente, la fiscalía aguarda la realización de pericias clave para avanzar en la investigación sobre el origen de los fondos vinculados a Martín Insaurralde y Jésica Cirio.

Un custodio que acompañó a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre declarará este martes en el juicio por la muerte del astro argentino. Fuentes del caso informaron que se trata de Julio César Soria, quien visitó al paciente en la residencia del barrio cerrado San Andrés, donde permaneció tras recibir el alta de la intervención quirúrgica por el hematoma subdural en la Clínica Olivos.

Soria rotaba los turnos cada semana junto a Julio César Coria y Marcelo Domínguez en la vivienda de Benavídez. Se espera que el testigo recuerde cómo observó al célebre futbolista, su estado de ánimo, la atención que recibía por parte de los enfermeros y si se comunicaba con el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Coria declaró el jueves pasado en los tribunales de San Isidro ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. En su testimonio, reconoció haberle practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar a Maradona el 25 de noviembre de 2020, cuando falleció, y recordó que el 24 acudió al baño para higienizarse. El exjefe de la seguridad de Diego había sido detenido en el primer juicio, anulado por supuesto falso testimonio, y después recuperó la libertad.

En tanto, allegados a la defensa de Díaz, el especialista en el tratamiento de adicciones, consignaron que el imputado podría volver a comparecer el jueves 15 de julio de 2024. El médico clínico Pedro Di Spagna; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; Luque, Cosachov y Díaz se encuentran acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión. Además, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un debate por jurados populares, proceso que está demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.

El letrado añadió que el representante del ministerio público ensucia de manera asquerosa” a la contraparte, ya que habría denunciado al letrado Enzo Di Tella.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Leiro consignó que al fiscal “se le está desmoronando” toda la teoría del caso.

En este sentido, según reveló, la querella presentó una denuncia contra el titular del Colegio de Magistrados de Corrientes y defensor técnico oficial de Antonio Bernardino Benítez, Enzo Di Tella, por realizar presuntas “gestualidades y expresiones” dirigidas a los fiscales y a la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en medio del juicio.

De acuerdo al comunicado emitido por los particulares damnificados, las “actitudes” de Di Tella “(…) podrían resultar incompatibles con el trato digno, respetuoso y libre de intimidaciones o revictimizaciones que el ordenamiento jurídico nacional e internacional garantiza a las víctimas del delito”.

Los representantes legales de María Noguera y José Peña (padres del menor requirieron al Tribunal Federal de Corrientes la adopción de “las medidas” necesarias, a fin de “asegurar el respeto recíproco, la adecuada protección de las víctimas y el normal desenvolvimiento del debate oral”.

Respecto a la magistrada, se sostiene que fue “agraviada y atacada injustamente durante toda la instrucción de la causa y lo sigue siendo por los imputados y sospechosos” de la sustracción del niño y el entorpecimiento de la investigación.

De tal modo, Leiro expresó su “indignación” por la situación y agregó: “El fiscal está pasando todos los límites. Que busque a Loan”.

“Él dice: ‘Estamos esperando que alguien se quiebre’. ¿Eso es una teoría del caso?”, se preguntó el abogado, quien indicó: “Están moviendo contactos con la jueza Pozzer Penzo porque quieren revivir una causa vieja donde denunciaron al titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera”.

En ese caso, mencionó Leiro, estarían imputados su cliente, Elizabeth Cutaia y Nicolás Gabriel “Americano” Soria (investigados en el expediente paralelo) por asociación ilícita: “Son chanchullos políticos con manotazos de ahogado”.

Sobre la investigación que se unificó con la causa principal, reiteró que “se cae” porque “no existió una privación ilegítima de la libertad”, conforme a los testimonios de Macarena y Camila, dos de las primas de Loan. NA

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó al exjefe de Operaciones Navales Claudio Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional en el marco del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017 en la que murieron sus 44 tripulantes.

La sentencia fue dictada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto, quienes consideraron a Villamide responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.

En cambio, el tribunal resolvió absolver por unanimidad a los otros tres imputados: el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa, al entender que no existían elementos suficientes para dictar una condena en su contra.

El proceso judicial, que comenzó el 3 de marzo, incluyó más de 30 audiencias en las que declararon expertos submarinistas, excomandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada. El objetivo fue determinar si existieron incumplimientos funcionales relacionados con la misión que terminó con la desaparición del submarino.

Según la resolución, Villamide fue considerado responsable por irregularidades en el manejo operativo del ARA San Juan y por las decisiones adoptadas antes y durante la misión. No obstante, la pena impuesta no implica el cumplimiento efectivo de prisión, ya que se trata de una condena condicional.

Los fundamentos del fallo serán dados a conocer en una fecha posterior, dentro del plazo previsto por el Código Procesal. Recién entonces las partes podrán analizar la sentencia y decidir si presentan recursos de apelación.

La Fiscalía paraguaya pidió una pena de dos años y dos meses de cárcel para el exsenador argentino Edgardo Kueider y para su exsecretaria, Iara Guinsel Costa. La solicitud fue presentada por el fiscal Ysrael Villalba ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Asunción.

A ambos imputados se los acusa de tentativa de contrabando, sin embargo, el tiempo de condena se redujo de un máximo de cinco años a dos años y dos meses porque el hecho no llegó a consumarse en su completitud.

Por su parte, los abogados defensores alegan que el transporte de dinero en efectivo no constituye el objeto material del delito de contrabando, de acuerdo a sus interpretaciones técnicas, por lo que solicitaron la absolución; al mismo tiempo, Kueider declaró lo mismo ante el tribunal y reafirmó su inocencia.

Hasta el momento, el ex senador nacional por Entre Ríos, permaneció en prisión domiciliaria en un departamento en Asunción, al igual que Guinsel Costa. El tiempo transcurrido hasta la fecha, se computará a su favor en caso de dictarse, finalmente, la sentencia condenatoria.

Paralelamente, la Justicia paraguaya también los investiga por la compra sospechosa de “seis departamentos y seis cocheras en Asunción”, inmuebles que ya fueron embargados.

El hecho central data de diciembre de 2024 cuando Kueider, junto a su secretaria, fueron interceptados en el Puente Internacional de la Amistad, momento en que intentaban ingresar a Ciudad del Este con 211 mil dólares, 646 mil pesos y 3.9 millones de guaraníes en efectivo ocultos en una mochila y sin realizar la declaración aduanera correspondiente.

En Argentina, el exlegislador peronista es investigado por presunto lavado de dinero por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien ya solicitó su extradición, pedido que fue aceptado por la Fiscalía paraguaya, pero recién se podrá hacer efectivo su traslado una vez que finalicen los procesos penales en Paraguay.

Por último, la Cámara Federal de San Martín le rechazó una eximición de prisión, lo que significa que será detenido inmediatamente al ingresar en territorio argentino. NA

José Peña, el padre de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde hace dos años, declaró en el juicio que se desarrolla en la provincia de Corrientes y pidió que los acusados den respuestas de dónde está su hijo, mientras que su esposa, María Noguera, también exigió el hallazgo con vida del menor y se descompensó.

María Belén Russo Cornara, abogada querellante, conversó con la Agencia Noticias Argentinas, durante el cuarto intermedio y destacó que José reconstruyó el día de la desaparición de su hijo e hizo una solicitud especial para que los implicados digan qué pasó con el menor.

Luego de su testimonial, se dispuso un cuarto intermedio de 10 minutos y luego declaró María Noguera ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco.

La segunda testigo de la jornada estalló en lágrimas y se descompensó, motivo por el que los magistrados debieron pausar el debate. "La atendieron en la sala", indicaron allegados al caso.

Además, el único hermano del pequeño que dio testimonio fue Mariano Peña, mientras que José, Alfredo, César, Cristian y Fernando comparecerán hoy. La abuela Catalina haría lo propio el próximo jueves.

Por su parte, otra fuente cercana a la investigación consignó que el Tribunal Federal de Corrientes "prohibió" determinadas preguntas sobre la reconstrucción que realizó el perito José Mazzei con los primos de Loan.

"Se generó una disputa con el fiscal que no quería que le pregunten. No entendemos por qué se lo protege tanto a Mazzei porque a los imputados por el presunto desvío de la investigación se los acusa por haber hecho una reconstrucción del hecho supuestamente ilegal", agregó el vocero. NA

Sorpresa para propios y extraños. En medio de la incredulidad de los acusados por el sistema judicial al que denunciaron persecución, se encontraron con el veredicto de un juez –al que también minaron de críticas y recusaciones- que finalmente y luego de un extenso derrotero procesal resolvió absolverlos del delito más grave con el que arribaron al debate oral y público en el Juzgado Correccional local.

Allí estaban Griselda Altamirano y Jorge Lezica, circunstancialmente juntos por el presente judicial pero distanciados en lo personal, escuchando en vivo y en directo que aquel mismo juez al que habían apuntado con severas críticas los estaba desligando del delito penal principal que les achacó el Ministerio Público, acerca de la violenta manifestación que terminó con sensibles daños en el patrimonio del edificio municipal, en diciembre del 2021.

Altamirano sí recibió un veredicto condenatorio por los estorbos ocasionados en el edificio judicial de Azul, cuando protestaba por la detención (después mutada en condena) de su hermano, acusado de abuso sexual contra una menor.

El dictado pronunciamiento condenatorio no cuenta con la entidad suficiente penal para poner en duda la libertad con la que arribó al juicio y que, en definitiva, era lo que estaba en juego.

En efecto, a la espera de conocerse los fundamentos que llevaron a la convicción vestida de sentencia, el juez Carlos Pocorena adelantó ayer al mediodía su veredicto para con sendos dirigentes, que habían llegado al juicio precisamente con la posibilidad de recibir una pena que, sumada a la condena firme ya asumida, podía llevarlos a prisión. Empero, nada de eso ocurrió. Más bien todo lo contrario. Para el magistrado no se reunió el caudal probatorio suficiente para achacarles el delito que el fiscal Luis Piotti los llevó a juicio. Consecuentemente, fueron absueltos.

Altamirano salió de la sala y se reencontró con los suyos. Ese puñado de mujeres que la acompañó y custodió a sus hijos en las dos jornadas de debate. Lezica se fue solo por las suyas, respirando aliviados que la denunciada persecución judicial no llegó a lo que ellos mismos sostenían aviva voz  que iba a llegar. Seguirán libres, en sus cosas, con los perfiles que optaron de un tiempo a esta parte. Alejados de las movilizaciones, manifestaciones, cortes ni tomas. Como se formaran también parte del cambio de época que se respira en el país y Tandil también.

El fiscal pidió prisión efectiva para Lezica y Altamirano

Sobre lo que se conoció de la decisión del juez, luego de analizar la totalidad de la probatoria producida en la causa, sea la incorporada por lectura al debate como la recibida en la audiencia de juicio, conforme las reglas de la sana crítica racional, el juez adelantó un pronunciamiento absolutorio respecto del delito de daño agravado cometido por Griselda Itatí Altamirano y Jorge Mario Lezica, en su carácter de coautores penalmente responsables y condenatorio respecto del delito de impedimento  o estorbo de acto funcional, por el que fuera acusada la dirigente.

Asimismo, el magistrado convalidó la petición de sobreseimiento que el propio fiscal había anticipado en el debate sobre el delito de amenazas por la prescripción de la acción penal. Al respecto, se  señaló que conforme la requisitoria fiscal de elevación a juicio surge que el hecho que diera origen a la presente y que se atribuye como cometido por Griselda Itatí Altamirano el 10 de mayo de 2022, que la calificación legal otorgada es la de amenazas, y que el último acto interruptivo ocurriera el 4 de junio de 2024, cuando fuera citada.

Así las cosas, “he de tener en consideración la pena a que se encuentra conminado el delito atribuido, amenazas, conforme el artículo 149bis primera parte del primer párrafo del Código Penal, es la pena de seis meses a dos años de prisión. Conforme lo establece el inciso 2 del art. 62 del Código Penal la acción penal prescribirá "...después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratara de hechos reprimidos con reclusión o prisión...".

Al respecto, Pocorena indicó que corresponde hacer lugar a la prescripción de la acción, por cuanto consideró que tomando en consideración la escala penal prevista para el delito endilgado en relación a la citación a juicio, se advierte que a la fecha se encuentra excedido el plazo de dos años, verificándose que no concurren causales con aptitud para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal, como tampoco el dictado de otras providencias que puedan ser consideradas a los efectos de la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, por lo que así corresponde declararla.

Por último, el juez destacó que la fecha de la comisión de los hechos fue dentro del plazo de los cuatro años estipulado en el artículo 27 del Código Penal, respecto de la primer sentencia dictada en causa del registro del Juzgado Correccional 2 de Azul, el  25 de febrero de 2019, la cual adquirió firmeza el 15 de octubre de 2020.

Sin embargo –siguió el juez-, el planteo realizado por la defensa, es atendible, y ello conforme criterio establecido por este Juzgado en otra causa, la cual refirió a que "...el condenado no cometiere nuevo delito..." y en el caso la concreta determinación que los hechos cometidos en los años 2021 y 2022 ocurre con la sentencia de autos a dictarse, es decir pasados los cuatro años, por lo que adelanto la improcedencia de la unificación peticionada por el Fiscal.

Como oportunamente se detalló, el fiscal alegó la figura de la coautoría funcional. Para Piotti, la conducta de los acusados no se limitó a una protesta verbal, sino que existió una clara tendencia a la acción violenta. En su argumentación, sostuvo que el liderazgo ejercido por Altamirano tuvo el poder de incitar a la multitud a pasar a los hechos, lo que quedó registrado en diversas pruebas fílmicas incorporadas a la causa.

Según la fiscalía, estas imágenes permitieron identificar a los imputados encabezando la columna de manifestantes y arengando a la masa, lo que confirmó su dominio sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Más allá del énfasis con la que apeló el fiscal, no tuvo la misma impresión el juez. Al decir del adelanto de la sentencia ventilada, para Pocorena “no se acreditó con el grado convictivo la coautoría penalmente responsable de los mismos en el hecho imputado”.

Así las cosas,  en su veredicto el juez adelantó un pronunciamiento absolutorio respecto del delito de daño agravado como coautores penalmente responsables el 6 de diciembre de 2021.

En otro orden, un pronunciamiento condenatorio respecto del delito de impedimento o estorbo de acto funcional cometido por Altamirano como autora penalmente responsable del mismo,  entre los días  9 y 17 de mayo de 2022 en Azul.

Asimismo, se declaró extinguida por prescripción la acción penal y sobreseyendo totalmente a Altamirano, del delito de amenazas.

Por último, se rechazó la unificación peticionada por el fiscal respecto de la sentencia dictada en causa del Juzgado Correccional 2 de Azul.

El dictado y lectura de los fundamentos del veredicto y  la sentencia será el 16  de julio del corriente año, a las 12, a partir de cuya lectura comenzarán a correr los plazos previstos por la normativa vigente para la presentación de los recursos que las partes pretendieran interponer.

La segunda semana del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña concluyó temprano y solo declaró la acusada Valeria López, mientras que los otros dos implicados en la causa paralela que estaban en la lista se negaron a hacerlo.

Alan Cañete y Valeria López son los únicos que hasta el momento dieron testimonio frente al Tribunal y, aunque se esperaban las declaraciones de Federico Rossi Colombo y Pablo Núñez, decidieron dar marcha atrás.

López, quien se presenta como técnica superior en psicopedagogía y operadora en violencia de género e infantil, aunque no tiene el título habilitante, decidió no responder preguntas, pero sí contó cómo llegó al caso Loan.

Sin mayores detalles, expuso que fue convocada por Alan Cañete para realizar tareas de apoyo y que viajó el 4 de julio de 2024 a Corrientes con otra compañera.

Sobre su labor, remarcó que el objetivo era contener a los menores en el hotel Despertar del Iberá y que el 9 de julio regresó a su casa.

En las últimas horas se supo que Elisa Carrió, la exlíder de la Coalición Cívica, fue citada para que declare como testigo en el juicio. El pedido de su testimonial fue presentado por Mónica Chirivín, abogada de la acusada Laudelina Peña. NA

La citación, que también incluye a los hermanos y otros familiares directos, marcará el inicio de una extensa ronda que prevé más de 150 testimonios a lo largo del debate oral contra 17 sospechosos acusados de sustracción, ocultamiento y desvío de la investigación.

En la víspera, el imputado Alan Cañete rompió el silencio con una declaración de dos horas. Durante su exposición, Cañete aseguró que sus acciones estuvieron avaladas por la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, con quien afirmó haberse reunido cuatro veces. "Vinimos a buscar a Loan, que era lo que nadie hacía", sostuvo el acusado, justificando su intervención para "mover el avispero" ante hipótesis que sugerían que al niño se lo había comido un animal.

Mientras Cañete aceptó responder preguntas, otros siete imputados presentes en el almuerzo, incluyendo a Laudelina Peña, Carlos Pérez y Victoria Caillava, además del comisario Walter Maciel, prefirieron abstenerse de declarar. Del mismo modo, guardaron silencio Nicolás "El americano" Soria y Elizabeth Cutaia.

Tras un cuarto intermedio, el juicio continuará este jueves con la posibilidad de indagatorias para Verónica Machuca Yunis, Valeria López y Esteban Federico Rossi Colombo, acusados de integrar el grupo que se inmiscuyó en la causa. Las audiencias se retomarán la semana entrante los días martes, miércoles y jueves. NA

Loan Peña.