El neurocirujano y exmédico de cabecera de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, declarará este martes por novena vez en el juicio por la muerte del astro argentino. Fuentes del caso informaron que el acusado prestaría testimonio al principio de la vigesimoprimera audiencia del segundo debate oral y público, con el objetivo de contextualizar diversos audios expuestos durante las últimas jornadas.

Además, los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, citaron a otros testigos. Se trata de Juan Carlos Soto y Sergio Zoppi, dos vigilantes que se encontraban en la garita de la entrada del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde el célebre futbolista cumplía la internación domiciliaria.

El tercer testigo será Maximiliano Trimarchi, un ex asistente y allegado al abogado Matías Morla, quien concurrió el 25 de noviembre de 2020, día del fallecimiento, al barrio privado de Benavídez.

Los otros seis sindicados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini. En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que continúa demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.

La dirigente de la agrupación 1 de Octubre compareció ante el Juzgado Correccional 1. Antes de ingresar a la audiencia, la referente social ratificó su postura crítica hacia el poder político local, cuestionó el accionar del juez Carlos Pocorena y aseguró que el proceso penal es un intento de disciplinamiento hacia los sectores vulnerables que ella representa.

En la antesala de la audiencia, la dirigente insistió en la persecución política y judicial en su contra y vinculó la celeridad de este proceso con su rol activo en las denuncias contra la gestión del intendente Miguel Lunghi.

Altamirano, fiel a su estilo confrontativo, aprovechó el contacto con este Diario para denunciar un trato desigual por parte del Poder Judicial. Según sus palabras, el juicio representa la "culminación de un hecho de persecución política" que busca criminalizar la protesta social en la región.

Durante su alocución previa al ingreso a la sala, la dirigente comparó su situación procesal con causas de mayor gravedad institucional que, según su visión, no recibieron el mismo tratamiento. "Vamos a presenciar un juicio por unos vidrios cuando no tuvimos esta posibilidad de juicio oral y público por el asesinato de Sebastián Simón", expresó Altamirano en referencia al joven atropellado por un exfuncionario municipal.

En ese sentido, cargó contra el magistrado a cargo del debate, al señalar que existe una "connivencia política y judicial" que garantiza la impunidad de ciertos sectores mientras se ensaña con los referentes de los movimientos sociales.

El contraste con el caso Sebastián Simón

La dirigente social fundamentó su postura de persecución política al señalar la figura del juez Pocorena y del fiscal Calonje, a quienes acusó de haber pactado un juicio abreviado para beneficiar a Luciano Jaureguiber en la causa Simón. Para la referente de la Primero de Octubre, el sistema judicial local opera con un doble estándar que prioriza la condena de quienes "osan levantar la voz" por encima de la búsqueda de justicia real. "Está demostrado que cuando ellos quieren condenar, condenan", sentenció ante los micrófonos de la radio del multimedios.

Altamirano vinculó este nuevo proceso con sus denuncias históricas sobre la presunta corrupción en la entrega de tierras y otros manejos de la administración lunghista. Recordó que, años atrás, denunció a todo el gabinete municipal ante la misma fiscalía que hoy la acusa. Bajo esta lógica, el juicio por los daños en la Municipalidad funcionaría como un "escarmiento" público para desalentar su activismo y su presencia en las calles.

La líder social sostuvo que su compromiso con los sectores más vulnerables es lo que genera incomodidad en el poder político, provocando una respuesta punitiva coordinada.

Pese a la posibilidad de que una nueva sentencia derive en una detención efectiva, Altamirano se mostró desafiante y aseguró que su liderazgo no depende de su libertad física. "Yo puedo ir presa hoy, salir y seguir dirigiendo mi organización", afirmó, minimizando el impacto personal de una eventual condena.

Sin embargo, no dejó de señalar que el proceso judicial ha condicionado su accionar en los últimos dos años, lo que explicaría su menor perfil público y su retiro momentáneo de las manifestaciones masivas que solían caracterizar a su agrupación.

Martín Leiro, defensor del abogado Alan Cañete, dialogó consignó que los jueces tomaron esa decisión con tal de que los abogados del acusado “se pongan al día con la causa”.

Además, María Belén Russo Cornara -representante legal de la familia- sostuvo que los padres del menor “comenzarían a declarar el jueves 25” cuando finalicen “las indagatorias” y los planteos de nulidades el miércoles.

Con respecto a la situación procesal de Rossi Colombo, explicó: “Quedó como parte, ya no está más ni rebelde ni apartado. Justamente se volvió a leer la minuta uno de la Fiscalía para que tome conocimiento la defensa oficial. Una vez finalizada la lectura de los primero siete imputados, los otros diez y la lectura de la minuta de la querella se dio por iniciado el juicio y como la defensora oficial no tiene conocimiento, le dieron 72 horas para instruirse sobre el expediente”.

Los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte, y Simón Pedro Bracco volvieron a rechazar un nuevo pedido de arrestos de los acusados que se encuentran en libertad, al señalar que la solicitud es “infundada” por “falta de riesgos procesales”, mientras que ordenaron todos los implicados se presenten una hora antes del inicio de cada jornada.

El fiscal federal Carlos Schaefer pidió la palabra antes de que continúen los lineamientos de apertura y expuso su malestar por lo ocurrido con el acusado Federico Rossi Colombo y la postura del Tribunal: “Ustedes decidieron que las causas se acumulen, entonces todos tienen que leer las acusaciones. Están poniendo en riesgo el debate”. NA

Por Micaela Cendra y Ramiro González Britez.

La primera audiencia inició minutos después de las 10 y seis de los siete imputados del caso principal se presentaron en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, adonde fueron trasladados bajo un fuerte operativo de seguridad encabezado por personal del Servicio Penitenciario Federal.

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el excomisario Walter Maciel; la tía del pequeño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez y Daniel “Fierrito” Ramírez aparecieron en público luego de mucho tiempo, mientras que Mónica Del Carmen Millapi participó de la jornada vía Zoom, a raíz de que cumple prisión domiciliaria en la provincia de Neuquén.

Antes del comienzo, el fiscal Carlos Schaefer conversó con la prensa y consignó que “sabemos quiénes lo llevaron”, aunque admitió: “No sabemos el porqué”.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó el arresto de todos los sindicados que se encuentran en libertad, pero las defensas se opusieron y el Tribunal Federal de Corrientes rechazó el pedido.

Tras el planteo desestimado, la Fiscalía dio a conocer el requerimiento de elevación a juicio contra los implicados, pero la lectura se interrumpió porque el psicólogo forense Federico Rossi Colombo se ausentó de la audiencia.

Se trata de uno de los diez imputados por los delitos de usurpación de títulos, falso testimonio, desvío de la investigación, entre otros.

Ante este escenario, los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco declararon al señalado en estado de rebeldía y ordenaron su arresto.

Sin embargo, luego de un extenso cuarto intermedio, Rossi Colombo apareció de manera virtual acompañado del abogado Simón Delgado. La situación generó sorpresa en las partes y el Tribunal indicó la continuidad del juicio con la presencia del involucrado.

De todas maneras, el letrado afirmó tener este miércoles otra causa, pero los jueces no dieron lugar al reclamo y le preguntaron si aceptaba defender al psicólogo. En ese momento, Martín Leiro, representante legal de Alan Cañete, se ofreció para patrocinarlo y Rossi Colombo accedió.

Schaefer expresó su disconformidad y recriminó las maniobras dilatorias de las defensas, las cuales viajaron a la provincia para “entorpecer el debate”.

Los colegiados levantaron la orden de arresto y la rebeldía contra el acusado, al tiempo que resolvieron que reciba asistencia de la letrada pública Juliana Machado y dictaron un cuarto intermedio hasta mañana a las 9.30.

María Belén Russo Cornara, abogada de la familia, manifestó su bronca por las “demasiadas dilaciones”, con respecto al desempeño de las defensas.

“Estaba previsto que se realicen las lecturas de las minutas del requerimiento de elevación a juicio y que se pueda comenzar con las nulidades, pero por distintos motivos aún queda pendiente la lectura de la minuta del resto de los diez imputados de la causa conexa y la minuta de la querella”, describió.

En tanto, Leiro expuso que “todos los defensores están indignados” por las “trabas dilatorias” de la Fiscalía: “Arrancaron leyendo las minutas que tienen los fiscales en contra de los detenidos. Entonces los abogados planteamos que cada uno sabe lo que se le imputa, pero el fiscal se opuso. Estuvieron toda la jornada con eso, leyendo algo que todos sabemos”.

En este sentido, recriminó que “no corresponde” la situación de Rossi Colombo ya que se paralizó el desarrollo del proceso y explicó que propuso defenderlo por las discusiones entre las partes.

“Me propongo defenderlo gratis, a los efectos de que siga el juicio y no lo posterguen. La fiscalía vuelve a oponerse y fijan cuarto intermedio otra vez para deliberar”, agregó Leiro, quien apuntó contra Schaefer por las demoras. NA

Este jueves, el empresario y abogado Víctor Stinfale y el jefe de enfermeros Mariano Perroni brindarán su testimonio en el juicio que investiga el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona. La audiencia se llevará a cabo desde las 10 ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal número 7 de San Isidro.

Fuentes judiciales confirmaron que la citación fue realizada por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Cabe recordar que Stinfale ya había prestado declaración en un debate anterior, donde sostuvo que el neurocirujano Leopoldo Luque era el médico de confianza del exfutbolista.

En aquel testimonio, el abogado relató un episodio ocurrido durante la noche del 3 de noviembre de 2020, cuando Maradona ingresó al quirófano de la Clínica Olivos por un hematoma subdural detectado en el sanatorio Ipensa, en La Plata. Según Stinfale, al encontrarse con el paciente, Luque le advirtió que le iba a arruinar la carrera, a lo que él respondió:

“No, te voy a tirar por la ventana”.

Pese a que Stinfale intentó convencer a Maradona de ser atendido por otros profesionales, el deportista se negó rotundamente:

“No, a mí me opera Luque”.

El abogado insistió en que el neurocirujano no estaba capacitado para el procedimiento y que su actitud era más cercana a la de un fanático. Asimismo, señaló:

“Lo descuidaron porque trataron una cuestión referida al alcohol y no al corazón, que era lo que correspondía”.

Por su parte, Mariano Perroni, uno de los ocho acusados por la muerte del astro, comparecerá por primera vez y responderá preguntas de las partes. El coordinador de enfermeros de la empresa Medidom integraba el grupo de WhatsApp denominado Tigre, junto a otros profesionales de la salud y administrativos vinculados a la atención del paciente.

En el marco de la Causa Cuadernos, Leonardo Fariña brindó una declaración ante el Tribunal Oral Federal 7 donde vinculó directamente al empresario Lázaro Báez con el expresidente Néstor Kirchner. Según el testimonio, Báez actuaba como un depositario de confianza del exmandatario.

Durante su exposición, Fariña también se refirió a la presunta cartelización en el sector de la construcción. Al respecto, señaló que la Cámara Argentina de la Construcción aglomeraba a las empresas y decidía de manera interna quién resultaba adjudicatario de los proyectos.

“La Cámara Argentina de la Construcción aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién ganaba una obra y quién no; quién tenía la próxima y quién no; y quién entraba y quién no. Lázaro, por ejemplo, era un marginado de eso”.

Por otro lado, el declarante hizo hincapié en las condiciones financieras de Austral Construcciones, la firma propiedad de Lázaro Báez. Según indicó, la compañía gozaba de una notable celeridad en el cobro de certificados de obra.

“Ellos cobraban muy rápido en relación a los tiempos normales del Estado”.

Una falla en el servicio de internet en Comodoro Py obligó a suspender la declaración del exministro de Economía, Roberto Lavagna, en el marco de la Causa Cuadernos. 

Según se informó, el desperfecto técnico impidió el desarrollo normal de la jornada prevista para este 2 de junio de 2026. En caso de que el servicio logre ser restablecido, el cronograma judicial continuará con la declaración del contador Leonardo Fariña.

Para finalizar la jornada, estaba prevista la presentación de la exdiputada nacional Mariana Zuvic, quien también deberá aguardar la resolución de los problemas técnicos para poder brindar su testimonio ante la justicia.

El Tribunal Oral Federal Nro. 7 (TOF7) reanudará mañana martes las declaraciones en el marco de la causa Cuadernos, un proceso judicial que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal y pago de coimas por la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Entre los testimonios previstos para la jornada, se encuentran el exministro de Economía, Roberto Lavagna; el exfinancista Leonardo Fariña; y la exdiputada santacruceña Mariana Zuvic. Estas declaraciones son consideradas de gran relevancia para el avance del proceso, que tiene entre sus principales acusados a la ex presidenta y a ex integrantes de sus gobiernos.

Uno de los testimonios más esperados es el de Roberto Lavagna, quien ya había declarado en el juicio por la causa Vialidad. En aquella oportunidad, el ex funcionario recordó detalles de su paso por el Ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y mencionó investigaciones impulsadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública.

Por su parte, Leonardo Fariña, quien se desempeñó como arrepentido en la denominada Ruta del dinero K, aportó información sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba en representación de intereses del expresidente Néstor Kirchner. La nómina de testigos para la jornada será completada por Mariana Zuvic, dirigente que ha denunciado públicamente diversos casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

El juicio por los Cuadernos comenzó en noviembre del año pasado bajo una modalidad virtual y, desde marzo, se desarrolla de manera semipresencial. En el proceso se analiza un supuesto esquema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado. Además de la ex presidenta, quien enfrenta cargos por asociación ilícita y cohecho, son juzgados ex funcionarios nacionales, empresarios y colaboradores cercanos al poder político de aquel entonces.

Sergio Schoklender amplió de su indagatoria en el juicio oral por la causa Sueños Compartidos, ante el Tribunal Federal 5, y en su declaración apuntó contra al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, a quien acusó de haber “financiado” una red de denuncias contra dirigentes del PRO y en la que también estaba vinculado el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat.

Según Schoklender, el armado de la denominada “usina de denuncias” consistió en varios puntos: el primero incluye a Barcesat, quien habría convencido a la por entonces presidenta de la fundación, Hebe de Bonafini, para coordinar una estrategia judicial contra la oposición, por ese entonces encabezada por el partido de Mauricio Macri.

En segundo lugar, aseguró que Aníbal Fernández otorgaba un subsidio fijo estatal y que el dinero se canalizaba a través de un centro de investigación académica, montado dentro de la Universidad Popular de las Madres; también aseguró que ese aporte iba directamente a Barcesat y que su única función “real” era hacer “nuevas denuncias contra algún funcionario del PRO”.

En la parte de su declaración más centrada en la causa negó haber desviado capitales para enriquecerse: “Jamás se desvió un centavo, no se pagaron retornos ni sobreprecios a proveedores y fue el proyecto más honesto del país”, aseguró.

Schoklender sostuvo que su nivel de vida mermó significativamente, luego de asumir la dirección de la entidad y argumentó que compró “dos aviones comerciales” para “sostener” la estructura logística del plan.

“La cantidad de dinero y de recursos personales que fui poniendo para sostener la estructura era descomunal. Hasta dos aviones puse y los compré con fondos propios. Tuve uno de los estudios jurídicos más importantes y varias empresas. Me dediqué a un montón de emprendimientos tecnológicos y comerciales y casi todo lo puse al servicio de este proyecto porque creía en él”, manifestó en su declaración.

Estas afirmaciones fueron parte del testimonio que brindó durante la declaración que forma parte de la investigación por presunto fraude al Estado y desvío de fondos públicos, destinados a la construcción de viviendas sociales. NA

La abogada querellante Luciana Sánchez relató que “se recordó cómo fueron los primeros pasos del procedimiento, y, sobre todo, la forma en que los uniformados tomaron intervención en el hecho”.

Tal como indicó la letrada, el efectivo Alascore “estaba en un patrullero; lo llamaron del 911 y lo desplazaron hasta ahí”. Mientras que “Retamar era un policía que estaba en la esquina y uno de los vecinos del hotel se acercó a buscarlo”.

“Después llegaron los bomberos y el SAME, evacuaron a las cuatro mujeres que habían sido quemadas, que fueron las únicas personas heridas por las llamas y que tenían la ropa quemada”, añadió la abogada sobre la segunda audiencia realizada en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 5 de la Ciudad de Buenos Aires.

En línea, marcó una diferencia fundamental: “Había otras personas que resultaron afectadas, pero de una forma mucho menor, por inhalación de humo, pero nada que comprometiera su integridad o su salud. Nadie fue internado, sino asistido en el lugar y en el Hospital Argerich, sin problemas graves. Fue como una cuestión más preventiva y del momento”.

“Respecto al imputado, Barrientos, contaron que no estaba herido, sólo con una lastimadura en el cuello que los médicos indicaron que era autoinfligida y superficial, por lo que fue asistido en el Argerich y detenido esa misma noche. El hombre no estaba alcoholizado ni deliraba. Para la percepción de la policía, era una persona que estaba en sus cabales”, cerró Sánchez.

A Barrientos, de 70 años, se le endilga el presunto lanzamiento de una bomba molotov a la habitación que compartían las cuatro damnificadas durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024. NA

Tras la suspensión de la última audiencia, se reanudó el debate oral por la muerte de Diego Maradona. En esta jornada, Jana Maradona prestó declaración ante los jueces y recordó con dolor los momentos previos al fallecimiento de su padre, ocurrido el 25 de noviembre de 2020. Durante su testimonio, la joven también brindó detalles que comprometen la situación del médico Leopoldo Luque y del psicólogo Carlos Díaz.

La hija del astro describió el deterioro físico que observó en su progenitor durante sus últimas visitas. "Lo vi hinchado. No sé cuánto más hinchado que el miércoles anterior, pero seguía la misma línea, muy hinchado. Los párpados, las manos", relató entre lágrimas. Al finalizar su exposición sobre el estado de salud del exfutbolista, sentenció: "Me quedé sin papá. Esas son las consecuencias".

Jana Maradona rememoró el día del fallecimiento y cómo se enteró de la noticia mientras se dirigía a la casa de Tigre para un almuerzo familiar. Según su relato, recibió mensajes de condolencias que inicialmente desestimó, hasta que su primo Johny le confirmó que su padre había entrado en paro. "En la esquina de la casa de mi papá escucho en la radio la noticia de su muerte", explicó ante el tribunal.

Uno de los puntos centrales de la declaración fue la reunión mantenida en la Clínica Olivos tras la operación de cabeza de Diego Maradona. En ese encuentro participaron el director del establecimiento, Dimitroff, los jefes de guardia de terapia intensiva y las hijas del Diez, Dalma y Gianinna, junto a Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov.

Según la testigo, el director Dimitroff propuso dos caminos posibles, recomendando una clínica de rehabilitación motriz de confianza. Sin embargo, Jana Maradona aseguró que Leopoldo Luque rechazó de plano esa opción en una reunión privada con la familia. "Luque nos empieza a contar que era demencial esta opción porque mi papá no iba a querer y que teníamos una sola bala y la teníamos que usar bien; la mejor opción era una internación domiciliaria", detalló.

Finalmente, la joven mencionó la intervención del psicólogo Carlos Díaz, quien habría solicitado a la familia que le dieran espacio al paciente y que solo lo visitaran cuando él lo requiriera. "Yo sentía que lo estábamos abandonando", concluyó la hija del ídolo al referirse a los días previos al fatal desenlace.

La resolución se conoció durante la audiencia final del juicio, que se llevó adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal 24 de Capital Federal, ante los magistrados Javier Esteban de la Fuente, Maximiliano Dialeva Balmaceda y Marcelo Roberto Alvero.

El colorista de 45 años fue acusado por el asesinato contra su compañero de trabajo, hecho que tuvo lugar el 20 de marzo de 2024 y que lo sentenció por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad y amenazas”.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el abogado querellante Juan Manuel Dragani sostuvo: “Tanto la fiscalía como nosotros habíamos pedido prisión perpetua, mientras que el tribunal le dio 20 años”.

“El veredicto va a estar el 14 de mayo y, a partir de ahí, empieza a correr el plazo para la apelación. Por supuesto, vamos a apelar y entiendo que la fiscalía hará lo propio”, añadió el letrado que, además, se refirió a la carátula del hecho y destacó que la fiscal Ana Helena Díaz Cano solicitó que se califique como homicidio “doblemente agravado” por alevosía.

Asimismo, el abogado repasó que la condena otorgada corresponde a la pena máxima de homicidio simple y citó al artículo 79 del Código Penal Argentino que establece que se aplique reclusión o prisión de 8 a 25 años al que mate a otro.

Al inicio de la exposición, la fiscalía sostuvo que Guzmán trabajaba hacía una década en el lugar y que, si bien sus servicios eran muy demandados, desde hacía varios meses venía con roces con sus compañeros de trabajo por la utilización de formol para los tratamientos capilares de las clientas.

“Las quejas de Medina sobre Guzmán se ven reflejadas en el grupo de WhatsApp cuando el jefe incluso le indica que no use más el producto”, rememoró la representante del MPF y explicó que la víctima confrontaba a Guzmán constantemente, lo que generó un importante clima de tensión.

El fatídico día, Guzmán llegó a la peluquería y los testigos mencionaron una serie de “conductas erráticas” y que el hombre estaba “más aislado y callado que nunca”. NA

Luego de un extenso período de suspensión, la justicia decidió reanudar el proceso judicial contra Cristian “Pity” Álvarez. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29 fijó para el próximo 10 de agosto el inicio del juicio oral por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

La resolución fue adoptada por tres jueces: Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes hicieron lugar al dictamen presentado por el fiscal general Sandro Abraldes. Según los magistrados, las facultades mentales del acusado se encuentran estabilizadas, lo que le permite comprender el alcance y las consecuencias del proceso penal en su contra.

El debate contará con un total de 11 audiencias que se desarrollarán entre los meses de agosto y septiembre. Asimismo, se ratificó que el músico tiene prohibido abandonar el país mientras dure el proceso. La situación judicial de Álvarez cobró relevancia pública recientemente cuando Marcelo Moura, integrante de la banda Virus, mencionó en el escenario del Gran Rex que el cantante no pudo participar de un show previsto debido a sus complicaciones legales.

Cabe recordar que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados está acusado de haber terminado con la vida de Díaz tras una discusión en la vía pública. Tras años de incertidumbre sobre su capacidad para enfrentar un juicio, los peritajes actuales determinaron que el trámite de las actuaciones puede continuar de manera efectiva, dado que el estado de salud actual del acusado permite reanudar el trámite.

El gendarme Héctor Jesús Guerrero, responsable de herir gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo durante una marcha de jubilados en marzo de 2005, deberá a ir a juicio oral en función de la resolución elevada por el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 3, Eduardo Taiano.

Para el fiscal, el cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero, de 30 años, debe enfrentar el juicio por los delitos de “lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función” en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado cometido en cinco oportunidades.

En su resolución Taiano sostuvo que el comportamiento de Guerrero “representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes y lesiones gravísimas al reportero gráfico”.

Grillo fue herido con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica raíz del impacto de bala el 12 de marzo de 2025, durante una protesta en defensa de los jubilados donde se generaron disturbios y se desplegó un operativo a cargo de fuerzas de seguridad.

La fiscalía concluyó que “tras una exhaustiva investigación, se verificó que los efectivos policiales habían actuado de manera desproporcionada e irracional”.

“Esa situación comprendió los disparos efectuados de forma antirreglamentaria por el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, que le ocasionaron lesiones al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo”.

Según se estableció a través de peritajes e informes de especialistas, Guerrero disparó seis veces “sin que existiera un contexto de agresión” y “de forma antirreglamentaria (en ángulo horizontal) con su pistola lanza gases marca ‘FM’” desde la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís hacia los manifestantes”.

A juicio de Taiano, entre las 17:05 y las 17:25 Guerrero efectuó seis disparos que representaron “un peligro concreto para la vida e integridad física de las personas allí presentes, mientras que aquel realizado a las 17:18 hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Nahuel Grillo, causándole lesiones gravísimas”.

A raíz de esas heridas Grillo estuvo varios meses internado y hoy presenta “un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas”, lo que podría derivar en “secuelas permanentes en su esfera neurológica y en una incapacidad laboral prolongada”. NA

La Justicia confirmó la fecha para el inicio del juicio oral contra el músico Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de un hombre ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano. El proceso había permanecido suspendido durante varios años debido a cuestionamientos sobre su estado de salud mental, pero recientes peritajes permitieron destrabar la causa.

El cantante, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, está imputado por el asesinato de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018. Tras el hecho, Álvarez se entregó y reconoció su participación, aunque desde entonces su situación judicial estuvo atravesada por evaluaciones psiquiátricas que demoraron el avance del expediente.

En ese contexto, el juicio había sido suspendido en 2021 luego de que la defensa argumentara que el músico no estaba en condiciones de afrontar un proceso penal. Sin embargo, nuevos informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense determinaron que actualmente cuenta con capacidades cognitivas suficientes para comprender las instancias judiciales y participar de su defensa.

A partir de estas conclusiones, la fiscalía impulsó la reanudación del proceso y solicitó la fijación de una fecha concreta para el debate oral. El planteo también se apoyó en la actividad reciente del artista, quien volvió a presentarse en escenarios musicales, lo que para los investigadores evidencia un nivel de funcionamiento incompatible con una incapacidad para ser juzgado.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que deberá evaluar las pruebas reunidas en la causa y determinar la responsabilidad penal del acusado. Además del cargo de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, Álvarez enfrenta otras imputaciones vinculadas al mismo hecho.

Por su parte, la defensa sostiene que persisten dificultades en el estado de salud del músico y ha insistido en la necesidad de nuevas evaluaciones más profundas antes del inicio del juicio. No obstante, la fiscalía considera que no existen impedimentos para avanzar y que el caso debe resolverse tras años de dilaciones.

De este modo, la causa entra en una etapa clave, con la expectativa de que finalmente se realice el juicio oral por un crimen que generó fuerte repercusión pública y que, hasta ahora, no había llegado a instancia de debate.