El juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, continuó este martes en los tribunales de La Plata con la declaración de un perito que ubicó entre 82 y 85 kilómetros por hora la velocidad del vehículo al momento de atropellar al motociclista Rubén Walter Armand, quien murió como consecuencia de las heridas.

Durante la audiencia comparecieron el ingeniero mecánico Andrés Raggio, integrante de la Asesoría Pericial de La Plata, dos policías y una médica. El testimonio del especialista estuvo centrado en la reconstrucción del choque ocurrido durante la madrugada del 12 de abril de 2024.

Raggio explicó que utilizó tres técnicas fisicomatemáticas diferentes e independientes, cuyos resultados fueron coincidentes. A partir de esos cálculos, estableció que el Volkswagen Gol Trend conducido por la acusada circulaba a una velocidad aproximada de 82 kilómetros por hora, dentro de un rango que llegaba hasta los 85.

La declaración incorporó al debate oral las conclusiones técnicas sobre uno de los aspectos centrales de la acusación: la velocidad a la que se desplazaba Alvite antes del impacto y las condiciones en las que condujo durante el recorrido previo.

La joven está acusada de homicidio simple con dolo eventual. La Fiscalía sostiene que su conducta al volante implicó asumir la posibilidad de provocar una muerte.

El hecho ocurrió en la intersección de la avenida 13 y la calle 532, donde el automóvil embistió la moto en la que circulaba Walter Armand, de 36 años. La víctima fue trasladada a un hospital y murió horas después.

De acuerdo con la reconstrucción del fiscal Fernando Padován, Alvite había salido con amigas a un bar del centro de La Plata y, al finalizar el encuentro, quedó al volante de un vehículo que pertenecía a uno de los jóvenes del grupo.

La defensa sostuvo que era la única que no había consumido alcohol y que, por ese motivo, le habían pedido que manejara. También argumentó que no conocía bien las calles de la ciudad y que seguía a un Peugeot 208 negro para orientarse durante el regreso hacia Gonnet.

Por su parte, la investigación incorporó registros de las cámaras de seguridad municipales y pericias sobre el desplazamiento de ambos vehículos. Según esa reconstrucción, la acusada recorrió alrededor de tres kilómetros en dos minutos y diez segundos, con una velocidad promedio de 83 kilómetros por hora en un sector donde el máximo permitido era de 60.

La acusación también señala que durante el trayecto cruzó seis semáforos en rojo y sostiene que participaba de una presunta picada, una interpretación cuestionada por su defensa.

El debate comenzó el lunes ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata. Según el cronograma informado, las audiencias se extenderán hasta el viernes y está prevista la declaración de alrededor de un centenar de testigos.

Durante la primera jornada, Alvite decidió declarar y pidió disculpas a la familia de Armand. Sin embargo, al comenzar a relatar lo sucedido se quebró emocionalmente y su defensa solicitó postergar la exposición.

En ese breve descargo, expresó: “Sería incapaz de hacerle daño a alguien. Se instalaron muchas cosas sobre mi imagen en redes y soy todo lo contrario a eso”.

Las próximas audiencias permitirán continuar con la incorporación de testimonios y pruebas para determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad penal de la acusada.

Ante el Tribunal Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires, relató situaciones de violencia e inseguridad en el barrio donde vivía, habló de su consumo de drogas y describió una serie de circunstancias que, según su versión, formaron parte del contexto anterior al homicidio, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

Al comenzar su declaración, Álvarez explicó que necesitaba contar algunos episodios anteriores para poder situar su relato: “Para declarar el hecho me tengo que repetir, no mucho antes, pero un tiempito antes, cositas que tienen que ver con la declaración que voy a hacer”.

Luego contó que había tenido un conflicto con una vecina a quien identificó como una mujer que vendía drogas y que, según dijo, le había arrojado fuego debajo de la puerta de su casa después de que se negara a darle sustancias.

El músico también relató que, tras ese episodio, un hombre al que identificó como otro vecino lo atacó con una cuchilla y le provocó heridas en una vena y una arteria. Según contó, se negó inicialmente a recibir asistencia médica, hasta que se desmayó por la pérdida de sangre y fue trasladado a una clínica. “Me estaba desangrando, me desmayé por esto”, recordó durante la audiencia.

Desmentida

Luego, aclaró: “Nunca le dije que le iba a pegar un tiro, como se dice por ahí”. También sostuvo que lo que más le preocupaba era recuperar las llaves de su casa, que estaban dentro de la mochila, y explicó que parte del dinero que llevaba había desaparecido.

En su exposición, el músico describió las condiciones de seguridad del barrio de Villa Lugano donde vivía y señaló que conocía a varios de los jóvenes que se reunían en las inmediaciones de su edificio.

También se refirió a los robos que, según dijo, sufrían los vecinos de la zona y de los problemas que generaban los grupos de jóvenes que se reunían en determinados sectores. Afirmó que solía pedirles que no llevaran personas de otros barrios ni provocaran situaciones que pudieran terminar perjudicándolo: “No muevan ahí, porque en el lugar no… después bajo yo, ponen un torrito y me van a llevar por culpa tuya”, recordó que les decía.

En un tramo de su declaración, también habló de su consumo de pasta base, morfina y pastillas. Dijo que en ese momento fumaba pasta base y que el acostumbramiento a la sustancia hacía que no siempre sintiera sus efectos de la misma manera.

“Si me faltaba, parecía que estaba drogado”, explicó, al describir cómo había incorporado el consumo a su vida cotidiana.

Otro de los episodios que relató fue un asalto que, según sostuvo, sufrió cuando intentaba poner en marcha su automóvil. Contó que dos jóvenes de unos 16 o 17 años lo ayudaron a empujarlo y que, después de agradecerles con dinero, uno de ellos le reclamó más.

Cuando lo miró, recibió un culatazo en la cabeza con un arma de fuego: “Se le escapa un tiro cuando me pega el culatazo”, afirmó, y agregó que el agresor se llevó su mochila.

Álvarez, quien se descompensó antes de brindar su testimonio, sostuvo que terminó con la cara cubierta de sangre y que se dirigió a la casa de un amigo de la adolescencia, quien lo ayudó a limpiarse las heridas. Luego habló con su madre sobre lo ocurrido y recordó que ella le propuso realizar la denuncia policial, aunque él inicialmente no quería hacerlo. NA

En un fallo dictado por el juez del Tribunal en lo Criminal 1,  Martín O. Viceconte resolvió mediante un juicio abreviado la situación procesal de Juan Sebastián Kalil Alía y Nicolás Benjamín Rodríguez. Ambos jóvenes fueron hallados culpables de una extensa lista de delitos contra la propiedad cometidos en la ciudad, los cuales incluyeron robos agravados, hurtos y violaciones de domicilio.

El caso principal permitió desentrañar el modus operandi de los imputados. La investigación cobró un impulso decisivo cuando las víctimas comenzaron a identificar sus pertenencias en perfiles de redes sociales. En particular, el hecho ocurrido el 5 de enero de 2023 en una vivienda de la calle Vicente López al 353, donde sustrajeron una motocicleta, notebooks y bebidas alcohólicas, fue esclarecido luego de que la damnificada recibiera capturas de pantalla de Facebook donde un usuario ofrecía el televisor robado.

La evidencia recolectada por el Ministerio Público Fiscal fue contundente. En el caso de Alía, el peritaje de rastros dactilares hallados en el lugar del hecho y el seguimiento de cámaras de seguridad privada permitieron situarlo en la escena. Asimismo, en otros episodios, como el hurto de un teléfono celular en diciembre de 2023, el imputado fue interceptado por personal policial tras ser señalado por testigos que presenciaron el momento exacto en que sustraía el dispositivo de un vehículo estacionado.

Por su parte, Nicolás Benjamín Rodríguez fue vinculado a diversos robos, incluyendo un hecho en el Parque Industrial de Tandil, donde fue sorprendido junto a otros sujetos intentando cortar cables del tendido eléctrico. La intervención del personal de seguridad privada y el posterior monitoreo de las cámaras del Municipio de Tandil fueron fundamentales para su aprehensión. En otro suceso, ocurrido en un lavadero de la avenida Buzón, Rodríguez fue captado por las cámaras de seguridad mientras escalaba un paredón y violentaba la puerta de una oficina para llevarse una billetera.

El magistrado destacó en su veredicto la gravedad de los hechos y la reincidencia de los acusados. Alía, quien ya contaba con una condena previa dictada por el mismo tribunal en 2023, recibió una pena de cuatro años y ocho meses de prisión. En tanto, Rodríguez, con antecedentes en el Juzgado Correccional 1 de Tandil, fue sentenciado a tres años y diez meses de prisión. El juez Viceconte consideró que la pluralidad de hechos —nueve atribuidos a Alía y siete a Rodríguez— demostraba una clara insistencia volitiva contraria al respeto por los bienes ajenos.

Un aspecto central del proceso fue la utilización de las redes sociales como herramienta de prueba. En varios de los hechos, los imputados no solo fueron identificados por testigos presenciales, sino que su propia actividad en plataformas como Facebook o WhatsApp facilitó la labor de los investigadores. En el caso de un robo en el Club Ferrocarril Sud, las comunicaciones telefónicas entre familiares de Rodríguez, donde discutían la venta de los elementos sustraídos y la preocupación por las cámaras de seguridad, terminaron de cerrar el círculo probatorio.

El fallo también ordenó la unificación de las penas con condenas anteriores, conforme a lo establecido por el Código Penal. Los condenados, que ya se encontraban privados de su libertad, deberán cumplir el tiempo restante de sus penas en las unidades penitenciarias correspondientes. La sentencia pone fin a una serie de investigaciones que mantuvieron en vilo a diversos vecinos y comerciantes de Tandil, quienes sufrieron el accionar de los jóvenes en distintos puntos de la ciudad.

El juez Viceconte concluyó que no existían eximentes ni atenuantes que permitieran morigerar la responsabilidad de los acusados, subrayando que la conducta precedente de ambos sujetos fue un factor determinante para ajustar la dosificación de la pena. Con este veredicto, el sistema judicial local cierra una etapa procesal compleja, reafirmando la importancia de la prueba digital y el testimonio de los damnificados en la resolución de delitos contra la propiedad.

El juicio oral contra Aníbal Lotocki, en esta ocasión por las lesiones graves a pacientes, continúa este miércoles con la declaración de otra de las denunciantes y existe la posibilidad de que también preste testimonial el acusado.

En el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 17 de la Ciudad de Buenos Aires se llevará a cabo una nueva audiencia donde, hasta el momento, solo se aguarda la exposición de Yésica Forti, quien denunció a Lotocki por los daños “de carácter permanente y potencialmente incurables” ocasionados en su cuerpo por las intervenciones quirúrgicas que le realizó en 2016, 2019 y 2021.

A su vez, de acuerdo a la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, se podría concretar la declaración de Lotocki. Si hay tiempo, se trataría de la tercera vez que presta testimonial, la primera por el homicidio del paciente Cristian Zárate y la anterior en el inicio del desarrollo del debate por lesiones gravísimas.

Se remarcó que, si no se logra escuchar mañana al acusado, lo hará la próxima audiencia, estipulada para el miércoles 4 de noviembre.

Acerca del desarrollo del juicio, aun restan las declaraciones de peritos del Cuerpo Médico forense y otros testigos. NA

Los alegatos del juicio por la masacre de Barracas, donde el 5 de mayo de 2024 tres mujeres fueron asesinadas y otra resultó gravemente herida, comenzarán hoy en el Tribunal en lo Criminal y Correccional 5 de la Ciudad de Buenos Aires.

Fuentes cercanas a la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas que las querellas expondrán sus acusaciones contra Justo Fernando Barrientos, el único imputado, de 69 años.

Se trata de Luciana Sánchez, abogada de Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del hecho, y dos familiares de Pamela Cobbas y Roxana Amarante representados por el Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos del Ministerio Público de la Defensa.

El miércoles, en tanto, será el turno de la querella asesorada por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), al tiempo que luego hará lo propio el fiscal federal Juan Fernández Buzzi.

“Después falta que los jueces dispongan una fecha para los alegatos de la defensa que sería a principios de noviembre y se van a tomar unos días para dar conocer el veredicto”, precisaron ante la consulta de NA.

A Barrientos se le atribuye el delito de homicidio agravado por odio a la orientación sexual de las víctimas, al mediar violencia de género, alevosía y por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, consumado respecto de Pamela, Roxana y Andrea, y en grado de tentativa respecto de Sofía, cuya única pena en expectativa es prisión perpetua.

Los lesbicidios

A Barrientos se lo acusa por haber quemado vivas a las cuatro damnificadas durante la noche del 5 al 6 de mayo de 2024.

Inmediatamente, las víctimas comenzaron a sufrir quemaduras graves y el atacante golpeó a una de ellas; luego acudieron al sector de las duchas para mitigar las lesiones, pero Barrientos las prendió fuego una vez más y agredió a Andrea Amarante.

Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea fallecieron con el paso de los días, a la vez que Sofía, de 49 años en ese momento, recibió el alta el 3 de junio en el Instituto del Quemado.

Según las partes y distintos testimonios, el supuesto autor de los crímenes hostigaba de forma sistemática a las mujeres y las calificaba de “tortas”. (NA).

El Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro confirmó que el próximo 22 de diciembre dará a conocer el veredicto del juicio que busca determinar las responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. 

Este proceso judicial, el segundo en torno al caso, comenzó el 17 de marzo y tiene como objetivo establecer si existieron negligencias profesionales en el deceso del ídolo, provocado por un edema agudo de pulmón secundario que derivó en una insuficiencia cardíaca mientras se encontraba en una casa del barrio privado San Andrés, en Tigre.

Los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón dieron por finalizado el debate oral e informaron que el 22 de diciembre de 2026 a las 12, darán el veredicto definitivo sobre los profesionales de la salud imputados. En la última jornada, la principal novedad fue el pedido de la fiscalía para la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que ninguna acción u omisión de su parte incrementó el riesgo para el paciente, quedando así desligado antes de la sentencia final.

La hipótesis fiscal sostiene que el equipo médico conocía el riesgo de muerte que corría Maradona durante su internación domiciliaria y no actuó para evitarlo. Los seis acusados restantes son: Leopoldo Luque (neurocirujano y médico de cabecera), Agustina Cosachov (psiquiatra), Carlos Díaz (psicólogo), Nancy Forlini (coordinadora médica de Swiss Medical), Mariano Perroni (coordinador de enfermeros) y Ricardo Almirón (enfermero).

Antes de la deliberación del tribunal, los dos principales acusados hicieron uso del derecho a pronunciar sus últimas palabras: “Lamento profundamente la muerte de Diego. Me dolió, me va a doler siempre. Yo soy inocente, defendí mi inocencia durante todas las jornadas”, expresó Leopoldo Luque. “Lamento enormemente el fallecimiento de Diego Maradona. Yo hice todo lo que pude para ayudarlo”, manifestó por su parte Agustina Cosachov.

Asimismo, Ricardo Almirón y Mariano Perroni expresaron sus condolencias a la familia y manifestaron el impacto personal y profesional que representó el proceso, mientras que Carlos Díaz y Nancy Forlini prefirieron no realizar declaraciones antes del fallo.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de defensas en la causa Cuadernos y dejó firme la continuidad del debate oral ante el Tribunal Oral Federal 7.

La decisión fue adoptada por la Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, frente a impugnaciones contra resoluciones del TOF 7 que rechazaron planteos de nulidad y pedidos de reparación integral del perjuicio.

Los recursos fueron presentados y acompañados por defensas de imputados entre los que figuran Cristóbal López, Carlos De Sousa, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Rovella, Héctor Sánchez Caballero, Juan Manuel Abal Medina, Roberto Orazi, Miguel Marconi y Juan José Luciano, entre otros empresarios y exfuncionarios.

En la instancia de juicio, el TOF 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que pretendían extinguir la acción penal mediante ofrecimientos de reparación integral del perjuicio, previstos en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal.

Esos planteos se basaban en la actualización de embargos cautelares por sumas que iban de 300 mil pesos a más de 1.800 millones, y fueron rechazados con la oposición de la fiscal general Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera.

En su voto, Petrone sostuvo que las decisiones impugnadas no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella por sus efectos, y que tampoco encuadran entre los autos previstos por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la instancia de casación.

El magistrado recordó además la doctrina de la Corte Suprema según la cual los pronunciamientos que obligan al imputado a seguir sometido a proceso no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Respecto del rechazo de la reparación integral, Petrone remarcó que la complejidad de la causa, con multiplicidad de hechos e imputados, requiere el avance del debate oral para determinar con mayor precisión los extremos fácticos de la imputación y las responsabilidades de cada interviniente.

Barroetaveña adhirió en lo sustancial al voto de su colega, mientras que Slokar consideró que correspondía oír a las partes, aunque aclaró que esa postura no implicaba adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión. NA

Leonardo Cositorto, el fundador de Generación Zoe condenado por estafa, fue sometido este jueves a una intervención quirúrgica por una necrosis en la zona genital y se encuentra estable.

Por la mañana fue trasladado desde la unidad penitenciaria hasta el Hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes, donde quedó internado en el sector de Quirúrgica 1, bajo custodia penitenciaria.

“El procedimiento previsto contempla la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y limpiar la zona comprometida para eliminar el tejido muerto”, detallaron.

“Le sacaron el tumor, está en observación y no tenía buena circulación por la diabetes”, consignaron ante la consulta de NA.

En este sentido, precisaron que la enfermedad del paciente “nunca fue tratada en la cárcel, al margen de que se le realizaban análisis de sangre”, y afirmaron que “le repercute en la presión alta”, por lo que “tienen que estabilizarlo farmacológicamente”.

“La atención médica que él necesitaba” en el penal de Salta “es paupérrima”, precisaron los allegados a Cositorto.

El operativo de seguridad incluye custodia dentro y fuera de la institución médica, debido a la situación judicial de Cositorto, quien permanece detenido.

Fuentes cercanas al condenado confirmaron que “tendrá varios días de post operatorio en el hospital”.

El líder de Generación Zoe fue condenado en febrero de 2025 a doce años de prisión por los delitos de asociación ilícita y estafa en la provincia de Corrientes.

Meses después de recibir la primera condena, en julio del año pasado también fue sentenciado a 11 años de cárcel en Salta. En aquella provincia también se lo acusó de estafas reiteradas y asociación ilícita.

Actualmente se encuentra preso en Corrientes donde, de manera reiterada, expresa su enojo ante la situación crítica que atraviesa dentro de la cárcel. NA

 Según informaron fuentes vinculadas al expediente, el hombre compareció vía Zoom desde una sede judicial en La Pampa ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte.

El testigo sostuvo que no conoce a Laudelina Peña, Leonardo Rubio, Pablo Noguera, Pablo Núñez y Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, mientras que entabló contacto con los abogados Alan Cañete y Elizabeth Cutaia, dos de los imputados por el supuesto entorpecimiento de la investigación, en el partido bonaerense de General Rodríguez.

En este sentido, negó que los implicados en el caso paralelo integren la asociación creada tras el crimen de su nieto, ocurrido el 26 de noviembre de 2021 y por el que fueron condenadas a prisión perpetua Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez.

“La Fundación no tiene nada que ver” con el extravío de Loan, señaló Dupuy durante su exposición que duró alrededor de dos horas en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Además, reveló que evalúa el cierre de la Fundación Dupuy por la “difamación pública” que sufrió por parte de Juan Pablo Gallego, exabogado de la familia de Loan.

Además, el abogado Rodolfo Baqué y el fiscal federal Carlos Schaefer volvieron a protagonizar un cruce durante la audiencia, lo que motivó la intervención del presidente del Tribunal Federal de Corrientes.

“¿Será que hay que corregirlos como a dos criaturas a ustedes? Son dos profesionales que están ante un tribunal y en un caso emblemático para la sociedad”, advirtió Ceroleni. NA

El conductor que trasladó a Laudelina Peña desde la localidad correntina de 9 de Julio hasta la fiscalía de la ciudad de Corrientes fue detenido por falso testimonio, luego de declarar en el marco de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Según indicó la abogada María Belén Russo Cornara, representante de la familia del menor, Agustín Ybarra viajaba en el vehículo junto a Laudelina, su hija Macarena, el diputado Diego Pellegrini y el abogado José Codazzi durante el traslado en el que la tía del niño declaró la versión de un supuesto accidente.

Russo Cornara señaló que Ybarra no pudo responder de manera consistente las preguntas que le hicieron durante su declaración y sostuvo que, según su versión, durante las cinco horas que permanecieron dentro del vehículo no hubo ninguna conversación.

La abogada explicó que Gendarmería retuvo al conductor y que, de acuerdo con lo informado en la resolución del tribunal, la fiscalía de turno será la encargada de llevar adelante su detención.

Las audiencias fueron retomadas el martes con la declaración de seis personas, al tiempo que el jueves será el turno de Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, el nene asesinado por su madre y la pareja de ella.

Dupuy brindará testimonio mediante videoconferencia acerca de las diez personas procesadas en paralelo que dijeron haber sido parte de la Fundación Dupuy y que, al llegar a esa provincia, lo hicieron por su propia cuenta sin tener el aval de la ONG.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que esta será la última vez que haya tres audiencias por semana, ya que después se acortará a dos jornadas, al menos hasta el próximo 1 de diciembre. NA

El hecho sucedió durante un experimento que ambas adolescentes realizaban y el cual se denominaba “la serpiente del faraón”, debido a que implicaba la manipulación de elementos inflamables para crear una estructura carbonosa negra que crece en forma de serpiente.

Durante el desarrollo de la actividad, una compañera de curso agregó alcohol a una mezcla y se produjo una deflagración y una expansión ígnea que alcanzó de manera directa a la damnificada provocándole quemaduras de extrema gravedad en diferentes partes del cuerpo.

La alumna lesionada, de 17 años, permaneció internada en terapia intensiva durante 70 días, tuvo que someterse a decenas de intervenciones quirúrgicas (limpiezas, ablaciones y autoinjertos de piel) como así también a un prolongado proceso de rehabilitación. A su vez, como consecuencia del episodio, la estudiante quedó con una incapacidad psicofísica permanente y definitiva.

El juez Gustavo Massano consideró la relación entre el establecimiento educativo y los alumnos o sus padres, cuando aquellos son personas menores de edad, como un “verdadero contrato de consumo”, amén de encuadrar el caso en el régimen de responsabilidad objetiva del artículo 1767, del Código Civil y Comercial de la Nación.

En la resolución, sostuvo que la institución educativa asume el rol de proveedora, en su condición de empresa que organiza y pone a disposición de la comunidad su actividad de enseñanza. En tanto, la alumna adquiere el carácter de consumidora, al ser usuaria y destinataria final, en beneficio propio, del servicio prestado por el colegio, destaca el portal Justicia de Córdoba.

La institución demandada pidió que se la eximiera de responsabilidades al argumentar que el evento dañoso obedeció, de forma directa, a la conducta impropia de otra estudiante. Por su parte, la compañía de seguros (citada en garantía) adujo que dicha inconducta configuró un caso fortuito, por resultar imprevisible o, en su caso, inevitable. Sin embargo, ambas defensas fueron desestimadas por el magistrado.

En este sentido, el juez precisó que los alumnos no son “terceros extraños” respecto del colegio; sino que están amparados por el deber de custodia e indemnidad del establecimiento. Por esta razón, su accionar no puede constituir una eximente de responsabilidad.

Asimismo, destacó que la manipulación de fuego y alcohol constituye una actividad riesgosa y que la conducta irreflexiva de un estudiante adolescente forma parte de las contingencias previsibles que la autoridad escolar debe contemplar. NA

 Los representantes legales de Álvarez consideraban que el estudio habría sido elaborado previamente.

Fuentes vinculadas a la investigación informaron a la Agencia Noticias Argentinas confirmaron que los magistrados rechazaron el planteo de los letrados Javier Baños y Sebastián Queijeiro y, el juicio, donde se lo juzga por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, continuará el próximo viernes 16 de octubre, a partir de las 11.30.

En el planteo solicitaban la invalidez e “ineficacia” del análisis porque “se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones”.

La misma defensa había requerido la recusación de los peritos oficiales firmantes del dictamen a raíz de haber “documentado” una conclusión con anticipación a la pericia realizada en el CMF, al tiempo que peticionaron un nuevo examen al ex líder de Viejas Locas e Intoxicados.

Por tanto y de manera subsidiaria, los abogados habían pedido que se cite a declarar a los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia, “junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación” del artista.

Si bien el informe “no advierte una alteración de las facultades psíquicas”, ambos peritos firmaron en disconformidad y señalaron que “el peritado no se encontraba lúcido”, al momento de realizar el análisis.

“Hasta tanto estas cuestiones sean resueltas, solicitamos que se suspenda la audiencia convocada para este viernes a las 11:30 (…)”, se lee en el escrito de 22 páginas al que accedió esta agencia, mientras que reclamarán nuevamente la nulidad del debate debido a que transcurrieron más de 16 días de la última audiencia.

“También subsidiariamente se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense”, agrega el documento. NA

La defensa del cantante Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, solicitó este viernes la nulidad de la pericia interdisciplinaria llevada a cabo en el Cuerpo Médico Forense (CMF) al considerar que el documento habría sido elaborado previamente. Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro pidieron la invalidez e "ineficacia" del análisis.

Los letrados sostuvieron que el informe se encontraba sustancialmente confeccionado antes de realizarse el intercambio y la deliberación técnica que debía preceder a sus conclusiones. Por este motivo, requirieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires la recusación de los peritos oficiales firmantes del dictamen, al tiempo que peticionaron un nuevo examen para el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados.

De manera subsidiaria, la defensa solicitó la citación a declarar de los peritos Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego, quienes firmaron en disidencia. Si bien el informe no advierte una alteración de las facultades psíquicas, ambos profesionales señalaron que el peritado no se encontraba lúcido al momento de realizar el análisis.

El escrito presentado, de 22 páginas, también reclama la suspensión de la audiencia convocada para este viernes a las 11:30 y solicita la nulidad del debate debido a que transcurrieron más de 16 días desde la última audiencia. Asimismo, los abogados pidieron que se convoque a los profesionales de la Clínica Dharma, el Hospital Tornú y otros equipos asistenciales para esclarecer las contradicciones existentes.

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Tras el hecho, el imputado se dio a la fuga y concurrió al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. El intérprete, de 54 años, enfrenta una imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con una pena prevista de ocho a 25 años de prisión.

Jorge Luciano Bertón, hijo de María Caillava, negó haber manejado los vehículos de su madre, en los cuales se habían encontrado rastros de Loan Peña, durante una nueva audiencia del juicio que se desarrolla en esta capital por la desaparición del menor, a mediados de 2024.

El hombre no pudo dar mayores sobre lo ocurrido el día que desapareció Loan, tras un almuerzo en la casa de su abuela -Catalina Peña-, en la localidad de 9 de Julio.

Bertón, quien se presentó ante el tribunal como agricultor, confió que su esposa le informó sobre lo ocurrido con el menor, y que posteriormente su madre lo llamó para preguntarle si sabía lo que había sucedido.

Asimismo, indicó que horas después se sumó a la búsqueda del menor: “llegamos al anochecer. Creo haber visto la camioneta de mi mamá y (Carlos) Pérez en lo de Catalina. Nosotros estacionamos sobre el callejón porque ya había muchos vehículos y gente buscando”.

Bertón confió que ese día no vio a su madre en el lugar y tampoco a los demás imputados, pese a que se estuvo recorriendo la zona hasta la noche. “Había una persona que nos guiaba. Como había mucha gente rastrillando, (Humberto) Suárez y las otras personas me pidieron para ir hacia la zona de la Ruta Nacional 12 y hacer el recorrido en sentido inverso”, agregó.

El hombre dijo que los dejó sobre la ruta 123 y él retornó a su domicilio, en 9 de Julio a bordo de la camioneta Volkswagen Amarok que unos meses después vendería. Y relató que al día siguiente fue hasta la localidad de Lavalle, y que por la tarde volvió a El Algarrobal para sumarse nuevamente a los rastrillajes.

Bertón, quien en algún momento estuvo en la mira de la justicia, aseguró que nunca manejó la Ford Ranger ni el Ford Ka, vehículos en los que los perros de la policía hallaron rastros de Loan seis días después de su desaparición. NA

Aníbal Lotocki declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 17 de la Ciudad de Buenos Aires por las supuestas lesiones graves denunciadas por cinco mujeres y afirmó que “el metacrilato era la vedette del momento”.

Durante su exposición, el acusado brindó explicaciones sobre los productos utilizados en procedimientos estéticos y sostuvo que durante la década de 1990 se produjo un cambio en el acceso a ese tipo de tratamientos.

“El ser humano siempre se preocupó por las arrugas y el pelo”, sostuvo Lotocki al referirse a la evolución de las prácticas estéticas y agregó que en los 90 “la clase media quería acceder a la estética y empezó a buscar a estos productos, prótesis e inyectables para sustraer arrugas”.

En ese contexto, afirmó: “El metacrilato era la vedette del momento”.

La declaración se produjo después del testimonio de Paola Auzmendi, que fue la primera denunciante en comparecer ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.

El excirujano también se encuentra imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que falleció el 15 de abril de 2021 luego de una cirugía estética realizada en el Centro Médico Conde (Cemeco), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Por ese hecho son juzgados además el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos, están señalados junto a la contadora y directora del centro médico, Andrea Isabel Torelli, por la muerte de Zárate.

Florencia Krzeczek, en tanto, está acusada por presuntamente haber ocultado el teléfono de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

Se trata de un proceso distinto al juicio por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, causa en la que Lotocki fue condenado a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.

El imputado ya había declarado en septiembre ante el mismo tribunal por la causa relacionada con la muerte de Zárate y en aquella oportunidad sostuvo: “Nunca estuvo solo ni librado al azar, siempre estuvo muy bien cuidado”.

Durante la misma instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 28 ordenó la detención de Lotocki en esa causa, luego de un pedido del fiscal general Sandro Abraldes. NA

Caillava resaltó que el 12 de junio de 2024 recibió una invitación de parte de Laudelina para participar del almuerzo realizado en la casa de la abuela Catalina, donde al día siguiente llegó a las 12:10.

María Belén Russo, abogada de la familia de Loan, sostuvo que Caillava no rompió el pacto de silencio, sino que la señalada “dice que no entiende cómo esa prueba odorífica dio positivo, que ella entregó voluntariamente los vehículos y que le tendieron una trampa porque era informante de la Policía Federal”.

La sindicada afirmó que el 13 se encontraban la abuela, Laudelina, su hija Macarena, M. Benítez, Camila Núñez con su hija, José con Loan, quien vestía una “remera negra que decía ‘Messi’ en rosado, un pantaloncito y una gorrita celeste con una tirita roja”.

Tras explicar la dinámica del mediodía dijo que se trató de un “almuerzo normal y tranquilo” porque “todos conversaban con el que tenían al lado”, a la vez que finalizaron a las 13:40 cuando “las señoras se levantaron a lavar los platos” y “los chicos andaban por ahí”, quienes “fueron con Benítez para el fondo” hasta que “en un momento desaparecieron todos”.

Respecto al tramo posterior a la desaparición del menor, Caillava apuntó: “Ese día jugaba River Plate, y con mi esposo somos socios y fanáticos, y a las 14.15 aproximadamente me dice ‘Mari vamos antes que comience el partido’, y le dije que me espere que quería llevarme unas mandarinas”.

En ese sentido, relató: “Catalina le dice a Laudelina y Camila Núñez que agarren una bolsa para bajarme unas mandarinas. Las plantas de mandarinas están al lado de donde almorzamos, a siete pasos. Bajamos las mandarinas y escucho que suena el celular de Laudelina Peña. Ella se retiró al lado de la planta de mandarinas para atender, atrás de la capillita de Catalina. Y ahí dijo: ‘Era Antonio, preguntando si Loan llegó’”.

Sobre ese momento, sostuvo: “Yo le dije ‘bueno, nosotros nos vamos’. Lo dije con naturalidad porque desconocíamos que ellos se habían ido con los niños a buscar una planta de naranjas que estaba a 600 metros de donde estaba la casa”.

Luego, al referirse al trayecto que realizó junto a su marido, afirmó: “No paramos en ningún momento hasta llegar a la Ruta Nacional 123”, y explicó que Pérez conducía a menos de 20 kilómetros por hora porque el camino era “intransitable”.

“Siento un aprecio muy especial por la abuela Catalina”, manifestó durante su exposición ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte.

“Quiero que me conozcan a mí como persona. Siento que este es el lugar ya que se han dicho muchas cosas y ensuciado mi apellido. Nací en Gobernador Martínez, me crie en un paraje rural llamado Bonete, en una casa muy humilde, sin luz eléctrica y con muchas necesidades. Crecí con una familia humilde, agricultora, dedicada al tabaco”, expresó la acusada. NA

El juez federal Julián Ercolini procesó al exfuncionario Roberto Baratta en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La medida fue confirmada este 7 de octubre de 2026 por fuentes judiciales.

El magistrado, quien se desempeña como subrogante del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 12, consideró en su fallo que el exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal de la Nación habría incrementado su patrimonio de manera apreciable e injustificada durante el período comprendido entre 2003 y 2017.

Según el escrito judicial, este aumento carecería de sustento al contrastarlo con sus ingresos legítimos. El juez detalló que las aplicaciones de fondos verificadas arrojaron saldos negativos en los ejercicios 2005, 2008, 2010 y desde 2012 hasta 2017. Dichos montos, acumulados a lo largo del lapso imputado, ascienden a la suma de 4.678.496,90 pesos.

“Este incremento patrimonial se habría materializado a través de la adquisición de diversos bienes inmuebles y vehículos, registrados tanto a nombre del imputado como de personas interpuestas de su entorno familiar directo, al igual que mediante la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo en moneda extranjera”.

Uno de los puntos centrales de la acusación se refiere a un lote en el Mapuche Country Club de Pilar, adquirido por 70.000 dólares en efectivo, sobre el cual se construyó una mansión valuada en 3.700.000 pesos. La investigación sostiene que la incorporación de este bien fue disimulada mediante la actuación de su madre, Marta Rosa Girola, quien figuró como titular registral.

En su última declaración indagatoria, Roberto Baratta rechazó los cargos, aseguró que sus bienes fueron adquiridos de forma legítima y sostuvo que la mansión formaba parte de un proyecto familiar. Finalmente, el juez Julián Ercolini ordenó el embargo de los bienes del imputado por una suma de 1.500 millones de pesos.

En el marco del juicio donde se le imputa el asesinato a Cristian Maximiliano Díaz, de cuatro disparos, el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano, se llevó adelante el estudio sobre el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados por lo que debió ser trasladado desde el hospital psiquiátrico Solar Colonial de Castelar, hasta el Cuerpo Médico Forense (CMF).

El resultado del estudio indicó: “Desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico forense, y sobre la base de la totalidad de los elementos examinados (longitudinal y transversalmente), se considera que las funciones psíquicas relevantes para la comprensión y participación en el proceso se encontraron compensadas”.

Además, las pericias señalaron que “no se advierten, al momento de la presente valoración, indicadores objetivos y suficientes que permitan establecer la existencia de una alteración de las facultades psíquicas de entidad tal que determine una incapacidad para comprender el sentido y alcance del proceso y ejercer adecuadamente las facultades que le corresponden en el mismo desde el punto de vista pericial-forense”.

No obstante, informaron: “Cabe señalar, que durante la entrevista actual, se observó una participación, por momentos, limitada y fluctuante por parte del entrevistado. Tal circunstancia constituye un elemento que debe ser considerado dentro de la evaluación, pero no consideramos, por sí misma, equivalente a un impedimento procesal, ni que permita establecerlo de manera aislada”.

Además de dar crédito a la pericia llevada adelante en febrero pasado, en el que concluyeron que “Pity” estaba apto para afrontar el proceso, los profesionales consideraron “que el examinado presentó aptitud para afrontar el proceso, no encontrándose elementos suficientes que permitan establecer una alteración mental sobreviniente de entidad tal que impida su prosecución”.

Sin embargo, el cierre del comunicado destacó que “la capacidad procesal debe determinarse a partir de las aptitudes funcionales relevantes y de su comportamiento en un contexto procesal, valorados también longitudinalmente”.

La defensa de Álvarez había señalado con anterioridad que se presentarían con peritos de parte. Al final del escrito, se puede leer en manuscrita, la descarga de uno de los profesionales intervinientes: “Se firma en disconformidad total porque al momento del examen el peritado se encontraba vigil y no lúcido tal como lo informan los peritos oficiales, por lo cual no es concordante con un juicio normal”.

Además, el perito de la defensa consideró que se “constatan funciones neurocognitivas deficitarias” y “se mantiene la indicación de internación involuntaria por presentar un riesgo para sí y para terceros, al momento presente”. NA