El denunciante en la causa que investiga irregularidades en la explotación del Hipódromo de Tandil, Jorge Cuenca, confirmó que hará una presentación ante el Tribunal de Cuentas a raíz de la decisión del intendente Miguel Lunghi de ofrecer al Municipio de Tandil como aval del concesionario Vistas Serranas SA ante el Instituto Provincial de Loterías y Casinos. Desde su óptica, ese acto administrativo puso el riesgo el patrimonio de la comunidad y, en paralelo, dejó a la vista que el Ejecutivo debía controlar el cumplimiento del contrato por parte del privado y el destino de los millonarios subsidios. 

En los 18 cuerpos obrantes en la causa por irregularidades en el Hipódromo de Tandil cobró relevancia actual una nota firmada por el intendente Miguel Ángel Lunghi, el 6 de febrero de 2006, justo un mes antes de la reinauguración del circo de carreras. El objetivo de ese acto administrativo fue que la concesionaria Vistas Serranas SA pudiera cobrar el subsidio extendido por Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires, conforme establece la Ley del Turf.

Esa declaración de 2006 enviada al ingeniero Francisco Laporta -por entonces interventor del Instituto Provincial de Loterías y Casinos- expresa: “Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el propósito de ampliar los términos de la nota de fecha 3 de febrero del año en curso, a través de la cual este Municipio le hace saber que llevará adelante la explotación del Hipódromo de su ciudad”. 

Y en el segundo párrafo del documento se le informaba al responsable de Loterías que “atento a ello y en función de la administración y explotación que efectuará la empresa Vistas Serranas SA vengo por la presente a manifestar que el Municipio de Tandil asume la total responsabilidad por la explotación del citado hipódromo, estando a su exclusivo cargo afrontar cualquier consecuencia por el mismo, por lo que cualquier disposición en contrario que rija o pueda regir con la empresa referida, no será oponible a este Instituto”. 

La revelación

La nota fue un hallazgo del fiscal Marcos Eguzquiza, ya que era desconocida tanto por el denunciante como por los concejales de aquel entonces que llegaron a concretar una interpelación al secretario de Desarrollo Local Oscar Maggiori por presuntas irregularidades en la concesión y falta de controles municipales. Incluso, no pasó por el Legislativo, por lo que se estima que fue incorporada después del contrato con Vistas Serranas. 

“Nos enteramos en el juicio de esa nota. Yo pude tomar vistas de la causa recién hace tres meses, porque la causa iba y venía. Recién ahí pude buscarla en 18 cuerpos y sacarle una foto”, explicó el denunciante Jorge Cuenca que ahora recurrirá al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. 

“Lo grave de esto es que el señor Intendente se tomó atributos que no le corresponden. Se habla de un aval y entran tres partes: él pone de garantía nuestro patrimonio en favor de un tercero que es Vistas Serranas. Es distinto a una garantía donde intervienen dos partes”, dijo Cuenca al poner en crisis el acto administrativo que formó parte del expediente municipal incorporado a la causa penal a pedido del fiscal.

“En la investigación del fiscal Marcos Eguzquiza, más allá de que yo marque mis diferencias, es un punto de inflexión porque es un detalle no menor”, expuso y repasó que en el juicio oral, el fiscal “les hace reconocer la nota a Lunghi y después a ‘Piedrita’ Rodríguez (expresidente de Loterías), pero se quedó ahí; no fue más allá y había que ir más allá porque no es una nota menor. Es una nota grave, gravísima”. 

Cuenca anticipó que “voy a ir al Tribunal de Cuentas que en definitiva obliga a denunciar a todo ciudadano que ve algún perjuicio económico, y acá quedó acreditado el perjuicio económico a través del juicio oral y público, lo cual le da una renovada validez a esta nota”. 

Y argumentó que “quedó acreditado que no se pagaban las multas, las infracciones tipificadas en el punto 2 inciso 10 del pliego de bases y condiciones; quedó acreditado que no se cobraron los cánones locativos en tiempo y forma; quedó acreditado que no se hicieron las obras; quedó acreditado que hay un funcionario que no cumplió con sus funciones. Entonces, ya está acreditado que hay un perjuicio contra el erario y que el señor Intendente puso como garantía nuestro patrimonio”. 

Incluso, sostuvo que le sumará el caso del veedor contratado por la comuna que en el juicio, más allá de ratificar las irregularidades que constató en su momento, declaró ante el Tribunal que después de su renuncia siguió cobrando su sueldo durante dos años, a pesar de presentarse dos veces ante el Municipio para regularizar la situación. 

La competencia

En paralelo, Cuenca indicó que esta nota cambia los deberes y responsabilidades en relación a los controles sobre la rendición de los millonarios subsidios provinciales que debían destinarse a obras de infraestructura y premios. 

“Por supuesto que voy a presentar la nota ante la jueza Marcela Inés Garmendia (Juzgado de Garantías 5 de La Plata). Lamento no haber podido presentarla antes de que fuera a Casación y lamento que el Tribunal Oral Criminal de Tandil no le haya prestado la atención que merece esta nota”, dijo.

Nobleza obliga, reconoció “la atención que recibí las dos últimas veces que fui al Juzgado de Garantías 1, fue única, indescriptible” y resaltó la disposición del magistrado José Alberto Moragas, quien le proporcionó la información sobre el juzgado platense al que fue derivada la causa. 

Tras el juicio oral y público, el TOC 1 consideró la existencia de una posible comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano y Carolina Blanco (sucesores de Vistas Serranas SA), Roberto Berti (exgerente de la concesionaria), Oscar Maggiori (exsecretario de Desarrollo Local del Municipio), Jorge Rodríguez (expresidente de Loterías y Casinos), y los miembros de la Comisión de Seguimiento de la Ley del Turf que tenía responsabilidades en la supervisión del Hipódromo de Tandil. Tras los vaivenes del expediente, el Juzgado de Garantías local resolvió la competencia del Juzgado de Garantías 5 de La Plata, por lo que las actuaciones fueron giradas a la capital provincial. 

Diecisiete meses después del juicio oral y público por irregularidades en el Hipódromo de Tandil, la causa sigue sumando controversias. Los elementos surgidos del debate derivaron en una orden para ampliar la investigación a los fines de determinar si hubo fraude por parte de la concesión a cargo de la firma Vistas Serranas SA y la posible connivencia de funcionarios provinciales y del Municipio que compartían responsabilidades en materia de controles. Sin embargo, el Juzgado de Garantías 1 demora una resolución de un planteo de competencia, trámite que impide cualquier avance de la nueva Instrucción Penal Preparatoria. Ayer, el denunciante Jorge Cuenca se presentó ante el fiscal Marcos Eguzquiza, para conocer detalles de la ampliación de la pesquisa. Para su sorpresa, se encontró con que, a más de un año, el magistrado José Alberto Moragas aún no se expide sobre una presentación que realizó el defensor de la familia Blanco, doctor Manuel Marañón, donde objeta la competencia de la Justicia local frente a una denuncia que involucra a funcionarios del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, con sede en La Plata.

El acta

Según quedó asentado en un acta, ayer a las 12.50, Cuenca se presentó ante el fiscal Marcos Eguzquiza, para requerir información sobre la IPP que se formara con las copias certificadas remitidas por el Tribunal Criminal local, “a los fines de investigar las conductas cometidas por integrantes de Lotería y Casinos, los hijos de Blanco, (exgerente de Vistas Serranas, Roberto) Berti, (exsecretario de Desarrollo Local de la comuna, Oscar) Maggiori y otros funcionarios”. Desde el organismo judicial indicaron que “se le hace saber que las actuaciones se encuentran en el Juzgado de Garantías 1 local, a los fines de resolver un pedido de competencia formulado por el doctor Marañón, solicitando el señor Cuenca, dado el tiempo transcurrido de dicho planteo, se requiera al Juzgado de Garantías a la brevedad resuelva lo que estime corresponda”. Por último, el escrito expresó que “se le hace saber al señor Cuenca que la presente acta será elevada al Juzgado de Garantías número 1 local, para su conocimiento”.

Las derivaciones

Durante las jornadas de debate del juicio oral y público, que culminó con la sentencia a medidos de abril del año pasado, se ventilaron detalles sobre el circuito de los millonarios subsidios que el Estado provincial destinó al Hipódromo de Tandil durante la administración de Daniel Blanco, titular de la firma Vistas Serranas. Esos montos debían asignarse a premios y obras de infraestructura, pero en la documentación que obra en la causa original saltó a la vista que no se cumplió con la normativa, hecho que fue reforzado por algunos de los testigos que desfilaron ante el TOC 1. Así, en la instancia de su alegato, el fiscal Eguzquiza propuso investigar el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano Blanco y Carolina Blanco, ambos hijos de Daniel Blanco (fallecido), y quienes conforme surgió en el juicio, tenían una intervención en la concesión muy activa. A su vez, planteó investigar la posible participación necesaria en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública que pudo ser cometido por el exsecretario de Desarrollo Local del Municipio Oscar Maggiori (oportunamente absuelto por prescripción), el expresidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Jorge Norberto “Piedrita” Rodríguez y los miembros de la Comisión de Seguimiento creada por la Ley del Turf, a cargo de controlar las rendiciones de los subsidios trimestrales que la Provincia entregaba al concesionario.En consonancia con la petición fiscal, el Tribunal ordenó en el fallo remitir a la Unidad Funcional de Instrucción en turno la copia certificada de las partes pertinentes (acta de debate y de la sentencia), atento a la posible comisión de delito de acción pública, a los fines de investigar por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano y Carolina Blanco -hijos de Blanco- y de Roberto Berti; y por la participación necesaria en ese delito respecto de Oscar Maggiori, Jorge Norberto Rodríguez, los miembros de la Comisión de Seguimiento y/o cualquier otro funcionario con responsabilidades en la supervisión del Hipódromo de Tandil de la Dirección Provincial de Lotería y Casinos.

En medio del humor social impregnado por el coronavirus y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la opinión pública se detuvo en la semana que pasó en una noticia judicial para una causa que deparó años de atención, porque no sólo estaba en juego la responsabilidad penal de dos funcionarios comunales por las irregularidades en la primera concesión del Hipódromo de Villa Aguirre, también tocaba sensiblemente la transparencia de los actos de un Gobierno, en este caso el comunal, frente a la falta de controles para una administración del circo de carreras que recibió suculentos subsidios provinciales de los que buena parte debía volcarlos a un predio por el cual el Municipio apostó -y fuerte- políticamente para su recuperación.

En efecto, tras un extenso juicio cuya dimensión no conoció antecedentes en todo el departamento judicial, finalmente el Tribunal Oral Criminal 1 local, integrado por los jueces Agustín Echevarría, Guillermo Arecha y Carlos Pocorena, resolvió condenar a una nimia pena al exsecretario de Desarrollo Local, Pedro Espondaburu, y absolver al director de Vialidad Guillermo Allasia.

Claramente el lunghismo tomó el fallo como un “triunfo” a sus convicciones frente a la defensa de aquella iniciativa que, vale aclararlo, nadie puso en discusión, pero que sí cuestionaba –incluso con un reproche penal- la poca o nula voluntad de hacer cumplir el contrato que ellos mismos habían firmado con el concesionario.

La buena noticia judicial celebrada por el oficialismo contó con un artífice, el defensor particular Jorge Dames, quien al igual que el fiscal tuvo una tarea ciclópea a la hora de defender su hipótesis, en este caso reconociendo que efectivamente hubo irregularidades, pero que en todo caso eran asuntos administrativos, no penales.

Claro que el fiscal no lo entendió así y, en uno de los casos, en la imputación contra Espondaburu, el Tribunal tampoco coincidió, pero igualmente para Dames y quienes resultaron sus pupilos, se cerró una etapa favorable a sus intereses.

Las miradas de un fallo

“Hay varias perspectivas para mirar el fallo. Por un lado, lo que pareciera una desmesura, unas casi 600 fojas para una sentencia que, igualmente, está en relación directa con la magnitud de toda la documental producida. Más de 50 cuerpos, casi 10 mil fojas, realmente ha sido una de las causas más grandes que ha tenido el departamento judicial”, señaló el doctor Jorge Dames en diálogo con el programa radial “Dos a las siete” de la 104.1 Tandil FM de El Eco Multimedios.

“Esta causa –siguió- se dilató enormemente porque en el 2011 hubo una sentencia y ahora culmina en esta primera instancia con este fallo”.

-¿En su caso hay margen de apelación o se dan por conformes con lo resuelto por el TOC1?

-Veremos puntualmente la condena de Pedro Espondaburu, aunque la pena es sensiblemente inferior a lo que pretendía la fiscalía.

-Usted reconoció en los lineamientos que abrieron el juicio que claramente hubo irregularidades en la concesión del Hipódromo, pero que de eso a un delito penal había un abismo. ¿Considera que eso quedó plasmado en el debate y con este fallo?

-Sí. Creo que quedó en evidencia y con este fallo parcialmente en evidencia porque sinceramente sigo creyendo que hay un error en la interpretación sobre el rol de Espondaburu, porque él no era una autoridad de aplicación genuina. Si bien contractualmente así figuraba, fue un error enorme del contrato porque todo lo atinente al juego y la actividad en el Hipódromo era competencia exclusiva de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Así lo establece la ley, la reglamentación.

Era la Provincia quien debía controlar. Los  subsidios hay una comisión integrada, entre otros, por diputados que es la que controla, y Lotería es la que da los subsidios y controla su aplicación, como así también el estado de la pista y demás. Lógicamente la Municipalidad se metió en camisa de once varas tratando, y en definitiva logrando, el objetivo político de recuperar el Hipódromo, ya que si no hubiese terminado loteado.

Eso conllevó a que se metiera a cumplir una función que es muy especial, muy difícil, que es involucrarse en la actividad hípica, que es muy particular.

También hubo errores de Lotería y Casinos, porque tenían que haber licitado ellos directamente pero por otro lado, la Municipalidad no quería perder el control del predio porque estaba pagando el alquiler por 10 años.

En definitiva, hubo una serie de errores iniciales que finalmente terminaron en esto que, repito, a mi criterio, Espondaburu no tenía una facultad especial de control.

También me pareció inoportuno fraccionar la investigación y no tomarlo como una película, porque la concesión duró ocho años y el último tramo más largo se consideró que estaba todo bien. En el primer tramo se lo acusó a Maggiori, quien fue absuelto por prescripción de la acción y, paradojalmente, esa prescripción no fue apelada por el fiscal, con lo cual el Ministerio Público consintió esa absolución.

Lo importante aquí es que ha quedado demostrada la inocencia de Guillermo Allasia, que es una bellísima persona, igual que Espondaburu, que por la magnitud de la pena pone en crisis la justificación de semejante juicio.

-Sobre la absolución de Allasia, ¿responde a que la prestación del servicio de los camiones regadores no configura un delito y que en todo caso el funcionario obedeció órdenes de los superiores?

-Las dos cosas. Porque en la prestación no se cambió nunca el destino funcional que era el de regar y siempre estuvieron bajo el mando y la dirección de los que normalmente lo tienen, que son los choferes. Y el objeto no era otro distinto al que se tuvo y se tiene con otras instituciones como el Auto Club o cualquier otro evento público.

-¿Sostiene que no deberá prosperar una nueva investigación para con Maggiori, los hijos del empresario fallecido Blanco y los funcionarios provinciales?

-Siempre que el fiscal solicita el desglose de piezas para iniciar otra investigación, el Tribunal se lo concede. Yo no le veo futuro. Sobre los hijos de Blanco acá no existe derecho penal consanguíneo. Tampoco advertí durante todo el juicio que tuvieran algo que ver.

Respecto a Maggiori, opino que no van a poder pasar la valla de la cosa juzgada. Maggiori ya fue juzgado y absuelto, y el estado de derecho impide volver a juzgar bajo alguna otra fórmula porque los hechos siguen siendo los mismos. En cuanto a los funcionarios provinciales, tampoco me parecería.

Igualmente si esta causa tuvo tanta cantidad de años, pasará otra década hasta que estas posibles causas lleguen a juicio.

La mora de un expediente

-Esta causa también puso al desnudo que se está fallando al sentido común, a la hora de tomarse tantos años para un resultado cuya eventual pena termina siendo nimia. ¿Debiera reverse la persecución de los delitos administrativos o sus eventuales condenas?

-Sí, en este caso es que hubo una gran demora en la etapa de la instrucción. En la etapa de juicio, desde que se elevó la causa, se trabajó con celeridad. Incluso, se culminó en plena cuarentena, para lo cual se puso toda la mejor voluntad de todas las partes.

-La demora también se dio en la etapa intermedia…

-Si no le fue en zaga… Sucede que hubo un planteo de competencia de parte de la defensa de Blanco en su momento, que determinó que el expediente se elevara a La Plata. Planteo que no era descabellado, en absoluto, porque en definitiva si había un delito de defraudación contra el Estado, se había cometido contra el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia. Pero cuando en La Plata vieron semejante causa, no aceptaron la competencia, decidieron que se quede acá en Tandil y bueno, eso demoró mucho.

Nuevas herramientas para un juicio

-Para salvar este juicio se apeló a herramientas tecnológicas porque por la pandemia no se podía hacer el debate presencial. ¿Cómo fue en lo personal la experiencia? ¿Cree que podrá repetirse en futuras audiencias?

-Creo que sí, que van a tener que reglamentarlo. Igualmente ya en este juicio y en otros que se hicieron, se cambiaron muchas cosas. Las videoconferencias con peritos de otras ciudades, por ejemplo, ya son una realidad. El hecho que se grabe todo el juicio, con lo cual van cambiando las modalidades, evidentemente son herramientas que se utilizarán con mayor frecuencia. Fundamentalmente por los desplazamientos de testigos de otras ciudades, con los costos que también eso implica.

Tal se había anticipado tras ventilarse los alegatos de las partes, ayer finalmente el TOC 1 dio a conocer su veredicto en torno a la responsabilidad penal de los dos funcionarios comunales acusados por las irregularidades en la primera concesión del Hipódromo de Villa Aguirre.

En una voluminosa sentencia, el juez Gustavo Agustín Echeverría, acompañado por sus pares Guillermo Arecha y Carlos Pocorena, dieron por probado el delito endilgado el exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu. En tanto que se desestimó la acusación contra el director de Vialidad Guillermo Allasia, quien fue absuelto.

Para el exsecretario condenado, se lo sentenció a la pena de una multa de ocho mil pesos e inhabilitación especial para ejercer cargo público de cuatro meses, como autor penalmente responsable del delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”

En consonancia con la petición fiscal, el Tribunal ordenó remitir a la Unidad Funcional de Instrucción en turno copia certificada de las partes pertinentes (acta de debate y de la presente sentencia), atento la posible comisión de delito de acción pública, a los fines de investigar por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano y Carolina Blanco -hijos de Blanco- y de Roberto Berti; y por la participación necesaria en ese delito respecto de Oscar Maggiori, Jorge Norberto Rodríguez, los miembros de la Comisión de Seguimiento y/o cualquier otro funcionario con responsabilidades en la supervisión del hipódromo de Tandil de la Dirección Provincial de Lotería y Casinos.

“No puede ignorarse, como lo han manifestado el propio Espondaburu y muchos testigos en el juicio –entre otros el intendente Miguel Ángel Lunghi y Juan Pablo Frolik- que el poder administrador-político debía dar margen y elasticidad para que el proceso y el proyecto de desarrollo del Hipódromo no fracasaran, como ocurre en general con todas las concesiones. Pero, dicho margen no podía extenderse más allá de unos meses, nunca durante varios años en los que la falta de obra, de premios y la desaparición de dinero se volvía casi obscena”, rezó uno de los destacados párrafos del veredicto que da por acreditado las irregularidades oportunamente denunciadas como investigadas.

En ese tono, los jueces no dejaron de señalar que “nadie podría discutir que el Municipio no tenía que ahogar el resurgimiento del Hipódromo con exigencias o controles estrictos que terminaran haciéndolo fracasar. Pero, tampoco podía ignorar que luego de los primeros meses se estaba ante una evidente administración fraudulenta en la que los fondos públicos y de la Dirección de Loterías y Casinos no llegaban al destino para el cual eran otorgados y que muy probablemente eran derivados en provecho propio de la empresa Vistas Serranas”.

Así también, no olvidaron subrayar que “el funcionario encargado de velar y supervisar la utilización por terceros –concesionados- de dinero proveniente de órbitas estatales, no solo responde ante la propia administración pública de la cual es funcionario, sino también ante los propios ciudadanos, quienes con el pago de sus impuestos sostienen todo el aparato estatal”.

Acreditado

En efecto, Echeverría y compañía dieron por acreditado que Pedro Horacio Espondaburu,  como responsable de la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de Tandil, se hallaba a cargo del control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario del Hipódromo de Tandil, entre ellas asegurar la calidad de los servicios, la continuidad de la prestación, el control, fiscalización y verificación de las normas en vigencia y el cumplimiento del contrato de concesión, conforme lo estipula la cláusula séptima del referido contrato de concesión.

En dicho contexto funcional, el imputado ahora sentenciado, omitió efectuar los controles a los que se hallaba obligado, entre ellos, omitió efectuar inspecciones para verificar la falta de inversión en infraestructura –en el 40% del subsidio al cual la concesionaria estaba obligada-, y corroborar de esta manera el incumplimiento de la ejecución de las obras y su conservación, exigir al concesionario efectuara en tiempo y forma la reconstrucción y mantenimiento de la pista de carrera, de la empalizada, y del cerco perimetral, que colocara el sistema de riego en la pista, hiciera realidad el servicio médico de primeros auxilios durante la práctica o entrenamiento de jockeys y vareadores, como asimismo asegurara un servicio médico veterinario de primeros auxilios durante las horas de práctica o entrenamiento de los caballos de carrera, y el mantenimiento de un servicio de vigilancia permanente en el predio, no exigió en tiempo y forma el pago de los cánones, tasas y porcentajes comprometidos de las apuestas simulcasting (que debían ser donadas estas últimas al Hospital de Niños local), no controló y exigió se regularizaran laboralmente a los trabajadores que se desempeñaban en relación de dependencia para la firma en el Hipódromo.

Tampoco controló –dice la sentencia- las declaraciones juradas, documentación respaldatoria, la contabilidad y el destino dado a los subsidios pagados trimestralmente por el Instituto de Lotería y Casino Provincia. No aplicó sanciones ante los incumplimientos cometidos por el concesionario; no dio inmediato aviso a los responsables de Lotería y Casinos provincial de los incumplimientos o irregularidades constatadas. Y no instó, una vez verificadas las irregularidades, la caducidad de la concesión o la aplicación de sanciones, no impulsó la correspondiente investigación, ni los avisos y alertas a autoridades competentes tendientes a esclarecer los faltantes dinerarios repetidos, que resultaban evidentes, y/o implementar los mecanismos necesarios para impedir que se desviaran los montos dinerarios provenientes del subsidio por parte de la concesionaria.

La responsabilidad

A la hora de analizar la Espondaburu, el Tribunal afirmó que por vía indirecta, la acusación logró reconstruir la secuencia de las omisiones y eventuales retardos, además de la autoría y responsabilidad de Pedro Horacio Espondaburu en las mismas.

Al respecto, se añadió que a lo largo de toda su gestión como Secretario de Desarrollo Local (2007 al 2010) tuvo en sus manos los resortes para llevar a cabo los controles legales que le correspondían, pese a lo cual o bien no los realizó o si lo hizo se limitó a un plano nominal, sin ir al fondo de las irregularidades en curso, y no disparó los mecanismos pertinentes para impedir la defraudación en marcha por parte de Vistas Serranas.

Por otra parte, señaló el fallo que  quedó probado en el juicio que Espondaburu no ejerció una vigilancia activa, constituyéndose en el hipódromo, controlando eventuales obras, verificando la evolución de la concesión, o al menos entrevistándose con personas vinculadas a la actividad que pudieran trazarle un panorama de lo que estaba aconteciendo.

La absolución de Allasia

Ya abocados a la acusación contra el directo de Vialidad Guillermo Allasia respecto al uso de los camiones regadores en la pista de carreras, lo que valió la imputación del delito “Peculado”, para los jueces la probatoria reunida en el debate oral determinó que dicha utilización “no implicó una sustracción del bien –en este caso del camión regador- de la esfera de la administración pública, requisito indispensable para el encuadramiento de la conducta en la figura básica del primer párrafo de la norma imputada (Art. 261 del C.P.)”.

A la vez, se detalló que “no importó el apartamiento de la prestación de la esfera pública a la que se hallaba afectado”, como tampoco “fue en el caso un servicio pagado por la administración pública; elementos éstos necesarios para la figura específica del peculado de servicios.

En el caso en juzgamiento, se entendió  que el servicio de riego prestado con el camión perteneciente a la Dirección de Vialidad en el predio del Hipódromo no significó un apartamiento de la función pública para el que se encuentra asignado, en los términos previstos por la norma.

En primer término, porque no ha surgido la existencia de una normativa municipal específica que prohíba el uso de los bienes municipales en espacios concesionados, o –menos aún- en concesiones que cobren además un subsidio provincial.

Asimismo, se mencionó que siguió la orden de un superior jerárquico según la estructura municipal, por cuanto era instruido por el Secretario de Obras Públicas, de donde depende la Dirección de Vialidad, para proveer los pedidos que le giraban, cuestión fue confirmada a su turno por el Intendente y por el Sr. Secretario de Obras Públicas Mario Civalleri en sus declaraciones en debate.

Para los jueces, la actividad desplegada por Allasia no importó una disposición ilegítima, por cuanto no resultó un apartamiento de la prestación de la esfera pública, ni de la función pública a la que se encuentran asignados los enseres que tiene confiados en razón de su cargo.

“En efecto, cada reunión de carreras importa un evento deportivo, cultural y hasta turístico que recibe gran cantidad de público, tanto Tandilense como de ciudades vecinas y, siendo una actividad fomentada por el mismo estado municipal, resulta lógica la evaluación de su concreción como de interés público Municipal y la consecuente colaboración en su realización”, se argumentó en el fallo.

Diferencias de gestiones

En un apartado del extenso fallo, el TOC supo distinguir los diferentes planos de acontecimientos que tuvieron incidencia en los hechos traídos a juzgamiento, que si bien se interrelacionan con los mismos, deben ser diferenciados a la hora de tomar una decisión en esta controversia.

Al respecto, se refirió que si bien la concesión otorgada por el Municipio a Vistas Serranas duró ocho años -del 20 de febrero de 2006 hasta el 30 de julio de 2014-, la misma tuvo dos etapas que el juicio diferenció netamente: una primer etapa, desde el inicio del contrato hasta abril de 2010, controlada por Maggiori y Espondaburu, y una segunda etapa, desde abril de, controlada por Frolik y Berestain-.

Al respecto, se acotó que el primer tramo se caracterizó por una notable laxitud en los controles sobre la concesión por parte del Municipio, mientras que en la segunda, se empezaron a verificar controles con mayor intensidad y frecuencia, con los que a la larga y ya llegando al final de la concesión se logró que muchas de las obras se fueran concretando, aunque sin llegar nunca a una total satisfacción de los convenido en el pliego de condiciones y el contrato de concesión.

El fin político y las obligaciones legales

Los jueces no dejaron de mencionar la coincidencia de forma unánime de todos los participantes de la audiencia de juicio –testigos, y partes-, en cuanto a que la decisión de la gestión del intendente Miguel Lunghi, de rescatar el Hipódromo de la ciudad de Tandil, restaurarlo y ponerlo en funcionamiento, fue ampliamente apoyada, elogiada y acompañada por la ciudadanía y las fuerzas políticas tandilenses e incluso por las personas vinculadas al turf.

En tal sentido, se escuchó a testigos aludir a un gran logro del gobierno, que benefició no solo al Hipódromo propiamente dicho, sino también a todo el barrio y zonas adyacentes, constituyendo un polo de desarrollo y pujanza para ese sector de la ciudad.

“Es por ello que debe quedar en claro desde un principio de este análisis, que no está aquí en cuestionamiento ni en discusión, la decisión de `recuperar para la ciudad el hipódromo´ y sostenerlo en funcionamiento. Pero este fin, loable por cierto, no justifica que en el primer tramo de la concesión –período traído a juicio-, los medios de control que debió ejercer el Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Local, no fueran los que el propio contrato y el pliego de condiciones le exigían a los funcionarios destinados a ese fin”, se expuso en la sentencia.

En tal sentido, los jueces dijeron comprender perfectamente el criterio y temperamento de gestión que reflejaron el Intendente y Juan Pablo Frolik –exJefe de Gabinete- en sus declaraciones en juicio, en cuanto a que “al concesionario hay que acompañarlo”, dándole “oxígeno administrativo” para que pueda continuar y no fracase el proyecto. Y que en todas las concesiones que el Municipio otorga, existe una cierta contemplación o flexibilidad en los controles, con el propósito que los objetivos fijados se cumplan.

“Pero ocurre que el juicio reveló con absoluta claridad, que los incumplimientos reiterados de Blanco fundamentalmente en dicho período -2006/2010- eran notorios, y lo que es peor, resultaban absolutamente injustificados.

Porque como contracara de dichos incumplimientos, Vistas Serranas percibía una elevada subvención, que no solo le permitía afrontar holgadamente sus obligaciones –por ejemplo el pago del canon mensual al Municipio-, sino también que era esperable un mejoramiento sustancial del Hipódromo de Tandil”.

Las competencias

Abordando el grado de competencias que había sobre el circo de carreras, el TOC sintetizó en que la obligación de control que el funcionario traído a juzgamiento tenía sobre la empresa concesionaria Vistas Serranas S.A. se sustentó en el hecho de ser el Municipio el locatario del predio, y de ser también el titular de la licencia para la realización de la actividad hípica; circunstancias que podían derivar en diversas responsabilidades civiles y administrativas.

Al decir del fallo, quedó claro que, en todo lo atinente a lo deportivo, carreras, controles antidoping y premios, habilitaciones para correr, etc. existía una responsabilidad primaria por parte de la Dirección Provincial de Loterías y Casinos. En todo lo demás, según puso de manifiesto el juicio, y en virtud del contrato de concesión, la responsabilidad de contralor en infraestructura, recuperación de pista de carreras, instalaciones aledañas, Tattersall, baños, tribunas, studs, empalizada, sistema de riego, sistema de desagüe, seguridad, vigilancia, asistencia médica e inversiones comprometidas en el pliego de licitación y en el contrato de concesión, resultaban de competencia conjunta del Municipio y de Lotería y Casinos a través de sus respectivas autoridades de aplicación.

“Amén de ello, si en razón de lo expuesto, el Municipio recibía denuncias, reclamos y avisos de que se estaban cometiendo irregularidades y en algunos casos delitos –falsedad ideológica de documentos como lo son las declaraciones juradas ante Loterías y Casinos y ante el propio Municipio-, en cuestiones relativas a premios, no podía permanecer impasible frente a tales eventos. Máxime cuando, dichas defraudaciones en materia de declaraciones juradas y premios, de manera indirecta repercutían en un menor porcentaje de inversiones por parte del concesionario sobre el predio del hipódromo, conforme se había exigido en el pliego de condiciones del llamado a licitación”.

De más está decir que, tratándose de funcionarios públicos, custodios de bienes y dineros comunitarios, no podían sustraerse a controles más exhaustivos, amparándose en cuestiones de competencia.

En horas del mediodía, el TOC 1 ventiló su veredicto en torno al juicio que se llevó adelante contra dos funcionarios lunghistas imputados por las irregularidades en la primera concesión del Hipódromo.

Por unanimidad, los jueces Gustavo Agustín Echeverría, Guillermo Arecha y Carlos Pocorena, emitieron un fallo “salomónico” de acuerdo al interés de las partes en pugna.

Por un lado, dio por acreditado los hechos irregulares oportunamente denunciados y que dieron forma a la causa que terminó imputando al exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu, quien finalmente fue sentenciado con una multa dineraria y cuatro meses de inhibición para ejercer cargos públicos, por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario”.

Con respecto al director de Vialidad Guillermo Alassia, para el Tribunal la prueba no alcanzó para endilgarle el delito de Peculado, además de considerar que el funcionario apenas cumplió directivas de funcionarios superiores respecto a la utilización de camiones regadores en el circo de carreras. Consecuentemente, fue absuelto de culpa y cargo.

Dando cabida a la solicitud del fiscal, los jueces remitieron las actuaciones para que se investigue la comisión de delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano Blanco y Carolina Blanco, hijos ambos de Daniel Blanco (fallecido), y quienes conforme surgió en el juicio, tenían una intervención en la concesión muy activa.

A su vez, que vuelva a investigarse al exsecretario de Desarrollo Local Oscar Maggiori (oportunamente absuelto por prescripción de la causa), y al exresponsable de Lotería y Casinos Jorge Norberto “Piedrita” Rodríguez, además de los miembros de la comisión de seguimiento, quienes tenían estos últimos a su cargo controlar las rendiciones de los subsidios trimestrales que la Provincia entregaba al concesionario.

AMPLIAREMOS

Si algo le faltaba a la dilatada instrucción penal que llevó adelante la investigación por el presunto delito cometido por funcionarios lunghistas frente a lo que fue la controvertida concesión del Hipódromo,  era que estuviera atravesada por una mismísima pandemia, emergencia sanitaria que, como en prácticamente todos los rubros, incluso los judiciales, trastocó la programación prevista.

En el caso del juicio en cuestión,  cuya densidad probatoria y horas-hombre utilizados no recuerda semejante tiempo demandado en la historia judicial local, los actores debieron apelar a las herramientas tecnológicas para no echar a perder todo lo trabajado desplegado, incluso con el riesgo de que, de no encontrar un epílogo procesal, todo volviera a fojas cero.

En ese tren, el Tribunal, Ministerio Público y Defensoría, con la anuencia de los dos funcionarios imputados (Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia), acordaron avanzar con audiencias virtuales lo concerniente a dar por cerrada la etapa de prueba y conceder los respectivos alegatos.

Cabe consignar que en medio de la incertidumbre epidemiológica, se analizó realizar sendas audiencias de alegatos presencialmente, pero fue desaconsejado ya que dentro de los protagonistas de esta historia litigada había personas consideradas dentro del grupo de riesgo por la edad.

Fue así, que vía whatsapp, primero, y a través del registro fílmico después, fiscal y defensor protagonizaron sus respectivos alegatos, soporte técnico que quedó en manos de los jueces del TOC 1, quien en las próximas horas ventilarán su veredicto frente al debate oportunamente detallado en estas páginas.

Como se informó, tras las varias y extensas audiencias del juicio, quedó en claro que las irregularidades ventiladas en el recinto dejaron ser materia de discusión entre las partes. Lo que quedaba por resolver es si dichas anomalías merecen un reproche penal para los aquí acusados y, eventualmente, algún funcionario más, a partir de lo que el juicio evidenció en materia de responsabilidades políticas frente a la concesión cuestionada.

Efectivamente, por ese hilo argumentativo surcaron los alegatos del fiscal Marcos Eguzquiza y el defensor Jorge Dames, quienes en un alegato virtual que demandó unas cuatro horas cada uno, aproximadamente, ratificaron sus tesis frente a las responsabilidades penales de los llevados a juicio, como así también para otros actores que no estuvieron presentes físicamente en el debate, pero que fueron insistentemente nombrados en este histórico juicio que llegó a su fin, al aguardo de la opinión y sentencia de los jueces y eventuales apelaciones de las partes.

Los alegatos

Al turno del alegato fiscal, Eguzquiza ratificó el delito cometido por Espondaburu, cuando estuvo a cargo de la secretaría desde diciembre de 2007 a abril de 2010.

Para el acusador, como responsable de la Secretaría de Desarrollo Local se hallaba a cargo del control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario del Hipódromo de Tandil, entre ellas asegurar la calidad de los servicios, la continuidad de la prestación, el control, fiscalización y verificación de las normas en vigencia y el cumplimiento del contrato de concesión, conforme lo estipulaba la cláusula de la concesión.

En ese escenario, el exfuncionario omitió y retardo efectuar los controles a los que se hallaba obligado.

Respecto a Guillermo Alassia, para el fiscal quedó demostrado que los camiones regadores que estaban a su cargo fueron dispuestos en forma “ilegítima” en provecho de la empresa Vista Serrana, siendo solventadas las reparaciones como los gastos del camión por el erario público, utilizando a su vez empleados municipales en forma irregular, a quienes se les pagaban horas en negro.

Concluyendo, el fiscal calificó el delito endilgado a Espondaburu como “Incumplimiento de los Deberes de funcionario público”, peticionando consecuentemente la pena de 12 mil pesos de multa e inhabilitación especial de un año para el ejercicio de cargos públicos. A su vez, solicitó que  se le imponga la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de ocho años por entender que existió en el accionar del imputado una clara incompetencia en su ejercicio, entiendo se demostró su falta de aptitud y destreza para las funciones que le fueron delegadas.

Para Alassia, en tanto, ratificó el delito de “Peculado”, por lo que solicitó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

La defensa

Respecto a los argumentos del defensor Dames, redundó en lo que se vino explayando desde el inicio del juicio, incluso con el comparendo del propio intendente Miguel Lunghi y buena parte de los integrantes de la primera línea de gabinete por esos días, acerca de que se trató de una decisión política en pos de recuperar un predio histórico abandonado por décadas y en peligro de extinción. Decisión que permitió no solo poner en valor el citado circo de carreras si no revitalizar la populosa barriada de Villa Aguirre, muchas veces postergada por esa barrera imaginaria que traza la Ruta 226.

Asimismo, y puntualmente sobre los acusados, el defensor insistió en que Pedro Espondaburu no tuvo mayor injerencia sobre una temática que a todas luces “heredó” del anterior secretario de Desarrollo Local, Oscar Maggiori, y que, en todo caso, quien llevaba las riendas de la concesión era el por entonces jefe de Gabinete Carlos Fernández.

Para con el director de Vialidad, Guillermo Alassia, se subrayó que sólo acató órdenes de sus superiores, respecto al servicio del camión regador.

Así, en resumidas cuentas, para la defensa no hubo responsabilidades penales y, por obvia consecuencia debían ser absueltos de culpa y cargo.

Nuevas causas para más responsables

Un dato no menor surgió del alegato del acusador, detalle que se respiraba en el aire tribunalicio tras el curso de las audiencias informadas. Para el fiscal, cabía la posibilidad de más responsables de los que finalmente arribaron al juicio, por lo que peticionó abrir nuevas causas para investigar a otros actores.

A saber, de lo que trascendió del alegato, Eguzquiza propuso investigar el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano Blanco y Carolina Blanco, hijos ambos de Daniel Blanco (fallecido), y quienes conforme surgió en el juicio, tenían una intervención en la concesión muy activa.

A su vez, planteó investigar la posible participación necesaria en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública que pudo ser cometido por el Oscar Maggiori (oportunamente absuelto por prescripción), Jorge Norberto “Piedrita” Rodríguez y los miembros de la comisión de seguimiento, quienes tenían estos últimos a su cargo controlar las rendiciones de los subsidios trimestrales que la Provincia entregaba al concesionario.

Tal se había programado, ayer se celebró una nueva audiencia en el TOC 1, en lo que resultó el camino al epílogo de un dilatado debate que insumió varias jornadas a lo largo del mes y cientos de horas en las que se escucharon a decenas de voces involucradas en el expediente que dio forma a la causa penal en torno a la controvertida concesión del Hipódromo de Villa Aguirre, por la cual dos funcionarios lunghistas están sometidos a un proceso que tendrá su corolario con el veredicto del Tribunal.

Por lo pronto, las irregularidades ventiladas en el recinto judicial ya dejaron ser materia de discusión entre las partes. Lo que queda por resolver es si dichas anomalías merecen un reproche penal para los aquí acusados y, eventualmente, algún funcionario más, a partir de lo que el juicio evidenció en materia de responsabilidades políticas frente a la concesión cuestionada.

Cerrando la etapa de prueba, ayer el fiscal Marcos Eguzquiza le había quedado pendiente escuchar a tres testigos, relacionados a la actividad turfística por un lado, y el control de Rentas del Municipio a la hora de cobrar el canon del concesionario.

Efectivamente,  los citados para la ocasión comparecieron frente a los jueces. Más luego, a pedido de la defensa encarnada por el doctor Jorge Dames, se procedió a la lectura de las declaraciones de los imputados Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia. Testimonios que oportunamente habían sido volcados al voluminoso expediente una vez notificados de la acusación que les endilgara el Ministerio Público.

Sobre la singular decisión de dar lectura de sus dichos y no comparecer oralmente en la sala, sin dudas se debió a la estrategia defensista y amparándose en el derecho que le asiste a sus pupilos. Sin dejar de señalar que al no prestar su declaración en vivo y en directo no permitió que el fiscal o los mismísimos jueces pudieran interrogarlos sobre alguna cuestión que consideraran para merituar según su saber y entender.

De todas formas, sus respectivas declaraciones escritas, no hicieron más que replicar el espíritu que supo imponer el Gobierno frente a la acusación. Se trató de una decisión política en pos de recuperar un predio histórico abandonado por décadas y en peligro de extinción. Decisión que permitió no solo poner en valor el citado circo de carreras si no revitalizar la populosa barriada de Villa Aguirre, muchas veces postergada por esa barrera imaginaria que traza la Ruta 226. Asimismo, ambos funcionarios apelaron a la poca injerencia que ellos protagonizaron a la hora de la toma de decisiones y que solo su atuvieron a responder a aquella determinación política encabezada por el intendente Miguel Lunghi.

Los testigos

En el inicio de la jornada, entonces, ingresó a la sala el testigo Juan Marcelo Farías, quien por esos años junto a su hermano y padre se dedicaba a la actividad hípica. Más precisamente él era variador y palafrenero en los días de carrera en tiempos de concesión de Vistas Serranas.

El vecino dio cuenta que su trabajo era contratado por jornada, el cobro era informal y no tenía ningún seguro. De hecho, reseñó sobre una lesión sufrida arriba de un caballo (se fracturó un dedo) y no tuvo cobertura médica alguna. Se dirigió solo al Hospital y desde allí lo atendieron como así también le dieron la medicación para su tratamiento.

A preguntas del fiscal, contestó que no había servicio médico en los días de vareo y, en aquella oportunidad de la carrera cuando se lesionó no fue socorrido por ningún servicio ambulatorio por lo que se manejó por sus propios medios.

También compareció el cuidador de caballos Duré, quien gran parte de su vida la dedicó a la cría de caballos pura sangre y actualmente lo sigue haciendo. De modos campechanos, el testigo no le dio mayor trascendencia a la frágil seguridad en el predio hípico, señalando que él incluso variaba en la calle, por lo que su aporte no sirvió mucho para el interés fiscal, sí tal vez a la defensa a la hora de relativizar la formalidad pretendida por el acusador a la hora de encuadrar la actividad turfística.

Declara el funcionario comunal

Finalmente, fue el turno del director de Rentas y Finanzas del Municipio Luis Jensen, funcionario de planta de más de 30 años en el área, quien fue interrogado sobre las herramientas comunales a la hora de controlar el pago del canon que el concesionario tenía como compromiso tributario para con la comuna.

El testigo aclaró que desde su área no había mayores requisitos a la hora de controlar los compromisos tributarios más allá de lo que se hacía con otras concesiones y contribuyentes, tomando el informe de carreras que presentaba la firma Vistas Serranas como declaración jurada sobre lo que efectivamente sucedía con la realización de las carreras, por las cuales el concesionario tenía el compromiso de pagar un porcentaje en carácter de canon fijo.

El funcionario reconoció la deuda registrada por el empresario durante un extenso período hasta que fue regularizando su situación.

En medio del interrogatorio fiscal, el defensor aprovechó para aclarar sobre los famosos registros de carreras donde figuraban en las planillas como que en algunas carreras no se habían realizado o nadie había apostado, lo que, a criterio del fiscal, iba en detrimento del Municipio a la hora de cobrar por el canon.

Al decir de la interpretación de la defensa, constataron que ese registro tenía que ver con las carreras de simulcasting, las cuales no se registraban como las otras oficiales. Igualmente, dichas lecturas contrapuestas serán sin dudas materia de alegatos de las partes.

A propósito de alegatos, ya finalizada la etapa de prueba propiciada ayer, el Tribunal anunció que el tiempo de los alegatos deberá aguardar para la semana próxima. A más datos, el jueves 19 por la tarde se procederá a escuchar al fiscal Marcos Eguzquiza, y a la mañana del día siguiente será el turno del defensor Jorge Dames.

Una vez cumplimentado el capítulo de rigor, el Tribunal,  integrado por los jueces Gustavo Echeverría, Guillermo Arecha y Carlos Pocorena, darán cuenta de cuándo ventilarán su veredicto frente a un juicio que cobró especial trascendencia no solo por las implicancias judiciales si no también por su sensibilidad política, ya que está en juego no solo el futuro procesal de dos funcionarios, también la “salud” de un Gobierno que sin dudas tuvo en el recupero del Hipódromo uno de sus bastiones en aquellos primeros años de gestión. Política que defendieron a capa y espada a pesar de los achaques de la oposición (interpelación mediante) como del reproche penal que mereció una exhaustiva investigación que ahora se ventiló en toda su dimensión en el debate oral y público.

LA VERSIÓN DE ALASSIA

Respondía a las órdenes de la Secretaría de Obras Públicas

La secretaria del Tribunal, entonces, procedió a la lectura de las declaraciones volcadas al expediente de los aquí sentados en el banquillo de los acusados, quienes primero dieron cuenta de sus trayectorias y sus roles en la estructura comunal para luego responder sobre la responsabilidad que les cabía acerca de la concesión del Hipódromo y su funcionamiento.

Al turno del director de Vialidad, Guillermo Alassia, hizo una reseña sobre su cirruculum como funcionario que trascendió la gestión radical, siendo que ingresó a la comuna en tiempos del Gobierno de Julio José Zanatelli, en el 2001,  continuando en el cargo en el 2003 con Miguel Lunghi por recomendación de quienes fueron sus superiores en aquellos años, Guillermo Parmigiani, primero, Indalecio Oroquieta después.

El ingeniero no quiso dejar pasar por alto sobre el organigrama del Municipio, acerca de las máximas autoridades, desde el Intendente para abajo, subrayando que en la secretaría de Obras Públicas estaba a cargo de Mario Civalleri, de quien dependían nueve direcciones, entre las que estaba su dependencia Vialidad.

Asimismo, Alassia sentenció que nunca militó en un partido político y que se considera un técnico ejecutor de tareas, en relación directa con las obras y el personal a su cargo.

Detalló que bajo su órbita tenía a cargo 85 personas, desde choferes, maquinistas, técnicos, cuadrilleros y demás, para luego ahondar sobre el trabajo que se desplegaba desde el área.

Camiones regadores

Respecto a los camiones regadores, por aquellos años Alassia reseñó que se contaba con cinco camiones, que tenían un horario de trabajo de 6 a 13.30, y de tarde solo se realizan trabajos como horas extras.

Puntualmente sobre el uso de regadores, aclaró que tienen solicitudes constantes por parte de diferentes instituciones privadas y públicas de colaboración para el pasado de un camión regador para poderse ejecutar las distintas actividades, de las cuales llegan a la Secretaria de Obras Públicas.

Alassia remarcó que “analizado el interés público por la Secretaría de Obras Públicas”, se le ordenaba a él a proceder con la colaboración, para así citar como ejemplos el servicio prestado al Moto Club de Tandil, Tandil Auto Club, Hipódromo, Club Independiente, Osde Cruce Tandilía, Club Los Cincuenta, Centro Náutico del Fuerte, Tandil Cirques Club, Expotan, Fiesta de La Pastora, entre otras actividades.

Asimismo, el funcionario añadió que la colaboración de determinado evento incluso se hizo antes de que él ingresara a la función pública, asumido como uso y costumbre de las respectivas administraciones, que obraban siempre de la misma forma, con el pago de horas extras a los choferes, como así también la reposición del combustible.

En su declaración, Alassia insistió en que dicha política llevada adelante fueron ordenadas a él por parte de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.

Ya sobre el trabajo desarrollado en el circo de carreras, detalló que el camión regador iba sólo previa solicitud cuando había carreras. Que la concurrencia del regador no fue a diario, solo se hizo previo a la inauguración con mayor intensidad, cuando se estaba llevando a cabo la reapertura, antes de la concesión, y luego el camión regador fue mandado con mayor intermitencia y a solicitud de la Secretaría de Obras Públicas al cual él respondía.

Alassia también dejó aclarado que no participó del pliego licitatorio, del contrato de concesión, ni de las cláusulas del contrato, ni de la autoridad de aplicación, desconociendo incluso la ley por la cual se rige.

LA DECLARACIÓN DE ESPONDABURU

“Decisiones políticas y administrativas que no son susceptibles de revisión judicial”

Al tiempo de dar lectura a la declaración de Pedro Espondaburu, éste reseñó que como se trató de una concesión anterior a su puesta en funciones al frente de la Secretaría de Desarrollo Local, no participó en la redacción del contrato de concesión ni del pliego de bases y condiciones, para luego dar rienda suelta a sus múltiples funciones que tenía al frente del área que “heredó” de Oscar Maggiori.

Sobre la reactivación del Hipódromo, señaló en su testimonio que se propuso revivir una actividad sentida por una extendida porción de la comunidad, lo que traería aparejado generación de empleo y un nuevo espacio de esparcimiento y entretenimiento social para toda la comunidad.

Espondaburu fue insistente en remarcar que a su entender existía una exclusiva competencia provincial en el control de la actividad hípica, según la Ley Provincial 13253, el cual se encargó de subrayar que establece que el único órgano de aplicación de la actividad es el que designa el poder Ejecutivo provincial, y en este caso es el Instituto Provincia de Lotería y Casinos.

A criterio de Espondaburu, existió una errónea asunción de ciertas funciones de contralor municipal, sobre lo cual dejó entrever la inconstitucionalidad, ya que se arrogaron facultades que son privativas de la provincia.

Intervenciones

Más allá de su criterio sobre la potestad de contralor sobre la actividad turfística, el funcionario reseñó sobre “múltiples actividades” de seguimiento del contrato de concesión.

Puntualmente indicó que en el período en el que estuvo el tema bajo su control se realizaron diez intervenciones directas vinculadas con actividades de seguimiento, pero además no menos de otras veinte impulsadas por otras áreas.

Respecto a la presunta omisión de exigir al concesionario que efectuara en tiempo y forma la reconstrucción y mantenimiento de la pista de carrera y la reconstrucción y mantenimiento de la empalizada y cerco perimetral, Espondaburu dijo que pliego de concesión hablaba de reconstruir la pista, pero no menciona en ningún momento el tema del mantenimiento.

Al mismo tiempo, recordó que la primera reunión hípica debía realizarse con la reconstrucción de la pista y la empalizada, cosa que a su entender ocurrió porque incluso estuvieron presentes autoridades provinciales y de la Dirección de Hipódromos, actores que no realizaron observación alguna sobre irregularidades.

Sobre la omisión de exigir el sistema de riego para la pista, el imputado consideró que dicha obligación no estaba estipulada en el contrato.

Lo propio respondió sobre el servicio médico de primeros auxilios en días de actividad como el servicio veterinario, ya que cada propietario de caballo contaba con un profesional particular.

Bajo ese mismo espíritu respondió sobre el servicio de vigilancia permanente en el predio.

Ya respondiendo sobre el control del destino de los subsidios de Lotería y Casinos, subrayó que formaba parte de las facultades exclusivas de las autoridades provinciales.

En cuanto a no aplicar sanción alguna ante los incumplimientos del concesionario, Espondaburu manifestó que de acuerdo al contrato de concesión se expuso “podrá”, por lo que estimó que ese tipo de decisiones son “más políticas y administrativas, que no son susceptibles de revisión judicial”.

Con ese criterio, respondió en el mismo sentido que lo hiciera el testigo Juan Pablo Frolik, quien aludió al derecho administrativo, el cual se maneja el criterio de la discrecionalidad.

Por caso, sobre la caducidad de la concesión, podría haber significado una situación “altamente disvaliosa en punto a cesar una actividad que se había puesto en marcha luego de 22 años con múltiples esfuerzos públicos y privados y generando muchos empleos y mejorando las condiciones generales del sector donde se encuentra el predio”.

El funcionario, también apeló sobre lo que hubiera conllevado judicializar en el fuero Contencioso Administrativo dicha controversia contractual, incluso con un final desfavorable al interés comunal.

No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, dice el refrán. Y algo de eso volvió a exponerse en la antepenúltima audiencia del juicio en el que se ventila las irregularidades en el Hipódromo de Villa Aguirre en tiempos de la concesión de Vistas Serranas, por lo cual los funcionarios lunghistas Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia aguardan un veredicto.

Ya lo habían dejado en claro con sus propios testimonios desde el jefe comunal Miguel Lunghi hasta sus principales colaboradores. La defensa de sostener el circo de carreras abierto y en condiciones de ser entregado a sus dueños (el Club Hípico) a pesar de las falencias detectadas. En todo caso, las irregularidades debían ser atendidas por la Provincia.

No importaba cobrar el canon pautado por contrato. Y, al parecer, también relativizaron el riesgo que corrían aquellos trabajadores de la hípica en el predio frente a las obras de infraestructura no realizadas.

Por eso, poco importaba también lo que el veedor que ellos mismos contrataron  y al que se pagó religiosamente un sueldo hasta que se le exigió la renuncia por razones poco claras. Otras de las tantas rarezas y singularidades de una convivencia entre el Municipio y un concesionario que derivó en la convicción del Ministerio Público de que se cometieron delitos y por eso las respectivas imputaciones.

Sería ese “veedor que vio” las falencias lo que no interesaba ver quien acapararía la nueva jornada judicial en el Tribunal, quien por un par de horas debió ratificar aquellos lapidarios informes que eran entregados mensualmente al jefe de Gabinete –hoy diputado- Carlos Fernández, primero, y Juan Pablo Frolik después.

Su comparendo no era uno más. Resultó clave para el interés del acusador Marcos Eguzquiza que, una vez más, con meticulosidad, dejaría el desnudo que el Municipio no solo no controló el cumplimiento de las obras asumidas por el empresario en el circo de carreras, tampoco  se preocupó por cobrar lo que le correspondía por contrato en materia de canon.

A más precisiones, entre otras rigurosas observaciones del veedor municipal,  daba cuenta mensualmente sobre la cantidad de carreras que se realizaban en el Hipódromo, mientras que a la hora de rendir cuentas Vistas Serranas informaba un número menor de competencias por las cuales, claro está, cobraba el subsidio para los consiguientes premios a las apuestas. Ergo, el Municipio cobraba menos de lo que correspondía, según  el contrato firmado por ellos mismos.

También quedó contundentemente en claro el anodino rol del aquí acusado exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu, sobre quien ningún actor de la actividad turfística conoció ni el mismísimo veedor dijo saber de él. Aseveró que él fue contratado por Carlos Fernández y a él se dirigía con los informes.

Como el propio funcionario hoy diputado nacional atestiguó en la anterior audiencia, Espondaburu “heredó” la concesión al quedar al frente de la secretaría que había dejado el mentor de dicha iniciativa, Oscar Maggiori, por lo que los reportes de lo que pasaba o dejaba de pasar le serpenteaban sin más.

Por eso no resulta extraño, entonces, el recurrente interrogante de porqué solamente terminaron Espondaburu y Alassia en el banquillo de los acusados (Maggiori fue absuelto por prescripción), cuando a todas luces había más responsables, con mayor jerarquía al comando de una política de dejar hacer –o no hacer-  hasta cumplir con la concesión y a favor de mantener en pie un patrimonio rescatado. Postulación que servirá a la defensa de Jorge Dames a la hora de “salvar” a sus pupilos procesales.

La historia del veedor

A las 10 del lunes ingresó a la sala de debate Horacio Rodríguez, médico veterinario de profesión, dedicado desde siempre a la parte equina y, desde el 17 de julio de 2008 notificado de su designación como personal contratado por el Municipio para ser veedor de lo que acontecía en el Hipódromo de Villa Aguirre.

Recordó el testigo que su contratación devino de un llamado del exdirector de Bromatología Omar Olivera, quien le comentó sobre la necesidad de ocupar ese cargo y lo contactó directamente con el jefe de Gabinete de aquellos años, Carlos Fernández.

Con el funcionario arreglaría las condiciones laborales y le reportaría los informes que fuera confeccionando a partir de sus inspecciones en el circo de carreras.

Según relató, el propio Fernández le puso como condición que realizara informes concisos, objetivos, sin opinar. Que no se dejara sobornar. Exigencia que cumplió religiosamente desde su primer reporte oficial, en agosto de 2008.

Previamente, acudió al Hipódromo de La Plata para tener una acabada idea de las exigencias y controles para con la actividad y así poder llevarlo al plano local. Allí observó sobre la exigencia de la libreta sanitaria, el pasaporte para los equinos y demás menesteres que hacen a la participación de un pura sangre en una competencia. También tomó nota sobre el estado del circo de carreras, de la hotelería y todo aquello que conforma la infraestructura de predio de esta naturaleza. Con esa vara arribó a Villa Aguirre, donde desde un inicio, se topó con la resistencia de los responsables de la concesión, quienes no lo dejaban ingresar, primero, y perturbaban su estadía con hostiles tratos después.

Igualmente Rodríguez se mantuvo en su rol y a pesar de las rispideces vividas con los administradores y responsables del predio, siguió estoicamente con su labor y plasmó en papel lapidarios informes sobre las irregularidades detectadas.

“A la pista siempre la faltaba mantenimiento”. “La empalizada estaba en malas condiciones”. “los stud, el tatterssal, eran muy precarios”, serían algunas de las apreciaciones de un hombre que precisamente habían contratado para que viera lo que ellos no querían ver o no les interesaba saber, al decir de lo que expusieron Lunghi, Fernández y compañía.

El cambio de rumbo

Hasta que arribó a la jefatura de Gabinete Juan Pablo Frolik, quien lo convocó al tomar vistas de uno de sus informes en los que daba cuenta que el camión regador municipal seguía prestando el servicio en la pista de carreras. El hoy concejal en persona, tomó el teléfono delante de él –relató- y llamó a alguien para cortar con dicha colaboración.

Su relación contractual con sus respectivos informes siguió hasta diciembre de 2011, cuando Helena Berestain y Gabriel Bayerque, por entonces a cargo del seguimiento de la concesión designados por Frolik, le pidieron la renuncia por razones también poco claras.

A más rareza y llamativas situaciones, Rodríguez presentó su renuncia pero igualmente siguió cobrando el sueldo por un año y medio más,  hasta que finalmente en marzo de 2013 fue notificado por la Dirección de Personal sobre su dimisión.

Al turno del interrogatorio defensista, Dames dejó entrever con sus preguntas algún interés particular o que tuvo Rodríguez  para con algunos actores de la actividad turfística que lo llevaron a redactar semejantes informes negativos para con el Hipódromo.

Ya yendo al grano, el abogado le preguntaría sobre su relación con el denunciante Cuenca y con el veterinario y dirigente político Marcelo Valle.

Sobre el primero aludió a una relación laboral. Cuenca era y es su cliente y atendió sus caballos tanto en el hipódromo como en su vivienda particular. Respecto a Valle, compañeros de facultad recibidos en la misma promoción y amigos hasta la actualidad.

Respecto a ambas relaciones, aseveró que evitó con ambos referirse al Hipódromo cuando ocupó el rol de veedor, en pos de no “mezclar” las cosas.

Ya sin mucho más por aportar y sin testigos a la vista, el Tribunal dio por culminada la audiencia, fijando para el próximo martes lo que será la última jornada para presentar prueba de ambas partes, para la cual se prevé el comparendo del contador municipal, a cargo de finanzas Luis Jensen y, factiblemente se de lectura a pedido de la defensa las declaraciones que oportunamente realizaron en la causa los dos funcionarios hoy acusados.

Ya sin testimonios por escuchar, quedará a confirmar el día en que se dará el capítulo exclusivo de las partes, cuando fiscal y defensa aleguen sus respectivas hipótesis con el respectivo pedido de condena o absolución, según sus respectivos criterios. Más luego, se aguardará por el veredicto de los jueces que, en definitiva, resolverán si las irregularidades ventiladas sobre la concesión del Hipódromo constituyeron un delito y, consecuentemente, merecen un reproche penal.

Una nueva audiencia se desplegó ayer en el Tribunal Criminal 1, en torno a la imputación que pesa sobre dos funcionarios lunghistas por le controvertida concesión del Hipódromo de Villa Aguirre, decisión política de recupero del mítico predio que valió para el Gobierno fuertes cruces políticos y denuncias varias por las irregularidades desnudadas y falta de control, hasta llegar a la instrucción penal preparatoria que ahora se ventila en el debate.

Precisamente este nuevo capítulo judicial iba a tener mucho de espesor político más que jurídico, a partir del comparendo de funcionarios clave de la gestión desde iniciado el lunghismo en el poder.

El ahora diputado nacional Carlos Fernández (ayer jefe de Gabinete), y los concejales Mario Civalleri y Juan Pablo Frolik, otrora secretario de Obras Públicas y de Legales, respectivamente, serían las palabras relevantes de una jornada que nuevamente se prolongó hasta media tarde con algunos escuetos intervalos de cuartos intermedios.

A sus modos y sus formas, la primera línea del Gabinete radical replicaría el guión y pensamiento que el jefe comunal expuso en el mismo banquillo de los testigos frente a los jueces. Aquello del objetivo cumplido, del interés público superior por sobre posibles “irregularidades” que, en todo caso, venían de una actividad que les resultaba ajena y estaba regida por una ley provincial – la ley del turf-, a pesar de los compromisos sellados (con puño y letra del Intendente) de hacerse totalmente responsable de la actividad en el predio de Villa Aguirre.

Las sólidas argumentaciones políticas de los lunghistas no solo buscaron poner en contexto político la empresa del recupero del circo de carreras, también pretendieron descomprimir las responsabilidades de los únicos aquí sentados como imputados, Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia, insistiendo sobre el interés general y supremo que hubo en aquellos años.

Igualmente fueron sometidos a un impertérrito fiscal que aplicó un severo interrogatorio,  sorteando la retórica de los testigos e insistió sobre lo que a su entender resultan francas anomalías de incumplimiento de parte de la comuna para lo que fue la concesión para con un empresario –ya fallecido- que se llevó suculentas sumas de dinero vía subsidios provinciales.

A tal punto llegó la férrea defensa de los soldados lunghistas que dejaron en claro en la sala que el fin de la concesión no era hacer un negocio, que no importaba cobrar el canon. Lo que trascendía era la iniciativa de recuperar el predio y ponerlo en valor tal se había comprometido Lunghi en días de campaña electoral.

Por eso, consecuentemente, no hubo multas ni sanciones para con los incumplimientos del empresario Daniel Blanco. Lo que prevalecía era que la concesión no se cayera. Que continuara a pesar de los pesares, considerando que buena parte de la “embestida” sobre las citadas anomalías venían de la mano de una oposición política que quería obstruir los primeros pasos de un gobierno radical que, como nunca, se metía en asuntos populares a favor de barrios postergados.

Un círculo virtuoso

Quien primero ingresó a la sala a atestiguar fue el exjefe de Gabinete Carlos Fernández, actualmente ocupando una banca en diputados. El radical había sido citado por la propia defensa como uno de los artífices de la cuestionada concesión junto a Oscar Maggiori. De hecho, no pocos en radio pasillo se preguntan por qué Fernández no está sentado unos metros más al costado,  junto a Espondaburu y Alassia, ya que en definitiva junto al exsecretario de Desarrollo Local fueron clave en acercar al concesionario con la Provincia en pos de primero lograr la habilitación para el circo de carreras y después propender a que se realice la licitación para el único oferente a la vista (Blanco),  y luego arbitrar para que se paguen los subsidios provinciales.

Con la locuacidad conocida, el diputado se encargaría de reseñar a pedido del defensor sobre cómo se gestó aquella iniciativa que, a su entender, terminó aparentándose a un recupero casi épico de un sitio que cobijaba un patrimonio cultural y arquitectónico único y estaba en días de extinción,   a partir de la decisión del Club Hípico de tener que lotear el predio para afrontar juicios laborales.

Fernández aludió a la ingeniería jurídica pergeñada, atípica por estos lares, para lograr un círculo virtuoso que, en definitiva, era a favor del bien general de la población. La integración de una populosa barriada postergada como Villa Aguirre, separada por el cruce de la Ruta nacional 226.

Así detalló sobre lo acordado con el Club Hípico primero y con la Provincia después, sobre quien reconoció tener una relación anterior con Jorge Piedrita Rodríguez, cuando la ciudad pugnaba por la instalación del Casino por fuera de las “cuatro avenidas”. Piedrita, como Fernández, ya eran funcionarios (uno en Lotería provincial y otro como concejal) por esos años y de allí sus conocimientos mutuos.

El exfuncionario comunal también se encargaría de subrayar que dicho contrato celebrado para la concesión resultaba inédito, incluso más allá de las fronteras serranas.

El aludido circulo virtuoso (salvar al club Hípico, tomar posesión del mítico predio, licitarlo y recuperar el citado patrimonio), fue “ensuciado” por intereses políticos de la aquella entonces oposición, al decir del legislador.

Así, el diputado arremetería sobre el clima político que se respiraba por esos días, según su lectura. Acerca de que el lunghismo estaba rompiendo estereotipos, haciéndose cargo de una política popular como era dicha actividad en Villa Aguirre.

Relativizando posibles equívocos en el proceso de concesión, Fernández (así lo había hecho Lunghi y lo replicarían los restos de los funcionarios cual guión pergeñado para la ocasión) subrayaría sobre la trascendencia política, social y cultural de la iniciativa motorizada, concluyendo con contundencia que en un par de años habían recuperado lo invertido cuando fue la puesta en valor.

A preguntas del fiscal Eguzquiza sobre lo acordado y firmado sobre el poder de contralor, Fernández apeló a la relación asimétrica de un municipio para con la Provincia, y la necesidad de llevarse lo mejor posible en pos de la gestión. Así respondería sobre lo firmado en torno a hacerse cargo como comuna de la actividad y lo que la concesión hiciera en el predio, aun considerando que por encima de cualquier contrato, convenio, había una ley de turf que estaba por encima. Ergo, la autoridad de aplicación del control de la actividad turfística era de Lotería y Casinos.

Trazando un parangón, Fernández recordó la problemática de las canteras, por la cual si bien toda la demanda social recaída sobre ellos, poca injerencia tenían a la hora del poder de contralor, y por eso la necesidad de que interviniera la Provincia como órgano vector.

La foto y la película

El exfuncionario comunal aceptaría que hubo denuncias varias, algunas fundadas y otras no tanto, siempre inscriptas en aquel contexto político adverso que marcaba la oposición y que los medios de prensa azuzaban.

Fernández eligió la figura de árbitro, de enlace, entre el concesionario y la Provincia a la hora de definir el rol del Municipio, aceptando incluso que se trató de una licitación atípica,  sui generis, pero que la comuna no tenía conocimiento ni competencia en la actividad hípica.

Bajo el mismo criterio, definió el compromiso de levantar un jardín maternal como un “descuelgue” del propio concesionario y que ellos se encargaron de establecer una cláusula que les permitía cambiar el destino de dicha inversión. Cosa que se hizo, muchos años más tarde, cuando la concesión había pasado a la órbita de la jefatura, por esos años ya en manos de Juan Pablo Frolik.

Ya con poca paciencia frente al insistente interrogatorio fiscal acerca, por caso, de la falta del pago del canon, Fernández afirmó que no les importaba cobrar el canon, les importaba recuperar el histórico predio, como lo hicieron y ahora luce.

En tren de sinceridades, sobre el no cumplimiento del canon y las ofertas de Blanco, era todo “hojarasca”, aseveró, insistiendo en que el objetivo versaba sobre recuperar el predio.

Ante la insistencia del acusador, Fernández apeló a la argumentación que también usan los judiciales: “mejor  un mal arreglo que ir a un juicio”, para refrendar aquello de sostener la concesión hasta el vencimiento de los plazos establecidos.

Para Fernández la iniciativa con el Hipódromo fue una política de fomento como se hizo con otras tantas instituciones, incluso de gestiones anteriores a la del radicalismo.

Y así, arremetería, no sin ironía, con ejemplos bajo ese espíritu, acerca de que también las empresas del Parque Industrial se benefician con las inversiones que hace la comuna en el predio en pos de sus radicaciones. O también el dueño del bar vende sus productos en una velada de Tango por los Bares, como organiza la comuna.

Volviendo sobre lo que firmaron, el diputado con cierto fastidio respondería que sí, efectivamente, firmaron documentos a sabiendas que había una ley superior, respecto a las presuntas competencias de contralor de la actividad en el Hipódromo.

Fernández retomaría aquella idea del círculo virtuoso que versó toda la iniciativa descripta, a lo cual ya sin tampoco mucha paciencia el fiscal le respondió que dentro del citado círculo virtuoso Blanco recibía 60 mil dólares mensuales sin que nadie rindiera demasiadas cuentas.

-“¿Se controló bien la concesión?, preguntó tajante el fiscal con gestos de fastidio ante la retórica del legislador que respondía lo que quería.

-“El resultado fue bueno”, sentenció Fernández. Para luego reflexionar que “seguramente hubo errores, pero si cada funcionario público se detiene a pensar en el código penal se paraliza la función pública”.

-“¿A sabiendas de que había incumplimientos legales?”, arremetería el fiscal.

Fernández ahora, como nunca antes, prefirió llamarse a silencio y dejar puntos suspensivos.

Cerrando, Fernández concluiría con que si se detenían en una foto se podrían advertir irregularidades, pero la película les permitía ver con contundencia que hicieron lo mejor y salió bien.

Videoconferencia de peritos

Además de los testimonios de los políticos citados (ver aparte) la extensa jornada contó con el aporte de peritos de la Asesoría judicial que oportunamente intervinieron en el expediente. A más datos, ingenieros mecánicos e hidráulicos de La Plata que recorrieron in situ el circo de carreras local y elaboraron un informe con el relevamiento protagonizado a mediados de agosto de 2012.

Asimismo, declaró Alberto Romero, quien por casi tres décadas vivió en una de las viviendas del Hipódromo sobre calle Chapaleoufú, de hecho sus padres residían en tiempos que el Club Hípico estaba a cargo y a quien le pagaban un alquiler por el lugar donde también cuidaban caballos pura sangre.

El avezado cuidador de caballos relataría la experiencia de otros hombres vinculados a la actividad turfística en tiempos preliminares y durante la concesión de Vistas Serranas, aludiendo a la falta de la guardia médica tal lo estipulaba el contrato, como falta de seguro para aquellos que practicaban la actividad sobre la pista. Tampoco tuvo respuestas sobre la promesa de dotarles de una propiedad para salir del predio, como Blanco había comprometido y por lo cual tampoco el Municipio tuvo demasiado interés en corroborar si lo cumplió.

El defensor particular Jorge Dames recurriría a indagar al testigo sobre el modo de vida antes de la concesión, dejando en evidencia que la precariedad laboral era lo habitual, independientemente de quién estaba a cargo del circo de carreras. De hecho, incluso, habitaban en el predio de manera informal, sin contrato de locación.

Respecto a los ingenieros peritos que atestiguaron mediante videoconferencia desde La Plata, aludieron al estado de la pista en su recorrida y corroboraron el sistema de desagüe, como el riego y la empalizada, poniendo el acento en la precariedad de dichas instalaciones.

Facilitador de actividades y la piedra kriptonita

Otro de los funcionarios que fue sometido al interrogatorio como testigo fue el concejal Mario Civalleri, quien en tiempos de la polémica concesión era secretario de Obras Públicas, jefe directo del director de Vialidad, hoy imputado Guillermo Alassia.

Tras repasar su rol como funcionario de primera línea de mando debajo del jefe comunal, el ingeniero repetiría la partitura que los integrantes del Gabinete tenían aceitados sobre el acecho de la dilatada causa penal, no sin antes pasar por el tamiz político de los pedidos de informes deliberativos y la mismísima interpelación, cuando aún Oscar Maggiori era compañero –correligionario- del equipo que cimentó el liderazgo de Miguel Lunghi al frente de la comuna.

Principalmente los interrogantes para con Civalleri apuntaron al “famoso” camión regador y los servicios prestados al concesionario, sin mayor contralor a la hora de la petición formal y gastos que ello acarreaba.

El hoy concejal repetiría sobre un uso y costumbre más allá de la gestión lunghista, que incluso él, cuando fuera directivo del Club Uncas, también solicitaba de dichos servicios para las instalaciones deportivas.

El radical apelaría a la figura del “servicio público” que prestaban y se utilizaba la modalidad de compensación. A más precisiones, a pedido del concesionario iba el chofer con el camión y cumplía horas extras, las cuales eran abonadas de informalmente por el empresario. Lo propio sucedía con el combustible.

Ya cuando el fiscal arremetería sobre las irregularidades, Civalleri apelaría a acciones de una gestión que van más allá de lo que establece la letra fría de un contrato, y por concatenación citaría ejemplos de proveedores, de constructoras que una vez asumida determinada concesión a veces era el propio Municipio el que “tapaba” alguna fragilidad en pos del bien común.

Sobre la comparación del servicio de riego prestado a otras instituciones, el fiscal insistió en los pedidos formales que se hacían y figuran en el expediente administrativo, lo que no sucedía con la empresa Vistas Serranas. A la cual Civalleri ensayó como respuesta el trato fluido que había y el bien superior que perseguía la iniciativa de mantener el predio activo.

Al son de los ejemplos, el funcionario recordaría cual anécdota el proceso de la instalación de la réplica de la Piedra Movediza, la cual a su saber y entender el contratado no había logrado el color símil piedra que se exigía, incluso por contrato. De hecho Lunghi renegaba con que le habían vendido la piedra kriptonita ante el color verdoso que presentaba la escultura.

Fue así -recordó el testigo- que convocó a estudiantes de Escuela Arte, quienes sobre la hora del emplazamiento de la réplica lograron el tono pretendido.

Eguzquiza, volviendo a su implacable tesitura, le recordaría que aquello era una iniciativa comunal, que aquí –en el juicio- se aludía a una concesión que recibía subsidios importantes.

A preguntas de la defensa, Civalleri no dejó de señalar el buen concepto que tenía para con los funcionarios acusados, reseñando incluso que Alassia venía de gestiones anteriores y se conocieron en el Gobierno, de quien consideró un gran profesional y mejor persona.

El objetivo era que no se caiga la concesión

Otro testigo cuyo comparendo resultaba atrayente para las partes venía de la mano del presidente del HCD Juan Pablo Frolik, otrora secretario de Legal y Técnica, quien supo darle una impronta a dicha dependencia que jamás antes se había concebido en la comuna.

De hecho, el hombre de mayor confianza del jefe comunal que lo viene acompañando desde el recupero de la Clínica Chacabuco, fue clave en asuntos delicados del inicio de la gestión que surcaban asuntos legales pendientes. Por caso la concesión del Castillo Morisco (en conflicto con la anterior gestión en tiempos de Oroquieta), la casa ocupada por la familia Bravo al pie del cerro La Movediza para proyectar el frustrado Parque Lítico y, el recupero del Hipódromo, por lo cual tuvo una injerencia suprema a la hora de negociar con los acreedores del Club Hípico que se presentaba próximo a la extinción.

Tras repasar su rol frente a dicho complejo entramado con cruces de intereses mediante, el abogado devenido en funcionario debió también someterse a un intenso interrogatorio que, por pasajes, se transformó en vehemente entre testigo y fiscal, no sin recurrir a la diplomacia para no salirse de los carriles tensos de un cuestionario sin concesiones.

A tal punto llegó la tensión, que el propio fiscal se encargó de aclararle que estaba sentado como testigo precisamente porque reconocía su rol una vez asumido en la jefatura de Gobierno, ya que con su intervención y Helena Berestain al frente del seguimiento de las concesiones, Blanco terminó invirtiendo, a cuentas gotas, lo que otros funcionarios antecesores a él no habían siquiera mostrado interés en revertir.

Igualmente Frolik también hizo una férrea defensa de la decisión política asumida para recuperar el predio de Villa Aguirre, independientemente de las ambigüedades que representaba el contrato de concesión y hasta la admitida flexibilidad que se tuvo para con los incumplimientos del empresario, siendo que el objetivo de máxima era que la concesión no se cayera hasta lograr lo que finalmente se logró, un predio en condiciones y ahora manejado por el Hípico.

Sobre los cuestionamientos de hacer caso omiso al veedor municipal que ellos mismos habían contratado, el concejal explicó que se topaban con la contradicción de los lapidarios informes de dicho funcionario contratado y los informes que “bajaban” los inspectores de Provincia y, ante el entendimiento de que había una potestad de Provincia como autoridad de aplicación,  se quedaban con dicha opinión.

Respecto a las responsabilidades del control municipal y el seguimiento de la concesión,  aludió a que se trató de un tema transversal a todas las dependencias comunales, aunque fue Oscar Maggiori quien se puso la iniciativa al hombro al tener un conocimiento más acabado de la actividad turfística que el resto de los secretarios.

Ya arremetiendo por el objeto social de la firma Vistas Serranas, también dijo atenerse a la declaración jurada que había presentado el empresario, mientras que sobre la falta de aplicaciones de sanciones por los conocidos incumplimientos, Frolik respondió sobre lo que significaba someterse al derecho administrativo, que indefectiblemente terminaría en un juicio en el Contencioso Administrativo y el riesgo de perder el litigio.

El letrado insistió que, con muñeca política, finalmente se logró que Blanco cumpliera con lo establecido por contrato y el Hipódromo “quedó impecable” para poder dárselo al Club Hípico. El objetivo se cumplió con creces, aseveró.

Ya en tono de chicanas y retruques,  Frolik y Eguzquiza protagonizarían un cruce irónico:

-“¿Adjudicamos mal? Probablemente…”, dijo el funcionario.

-“Probablemente”,  replicaría el fiscal.

-“¿Cometimos errores? Probablemente…”, insistió Frolik.

-“Probablemente”, repetiría el fiscal.

-“¿Gobernamos mal? Probablemente…”, indicaría el testigo.

-“Yo no diría eso…”, respondió el fiscal sin pisar el palito.

Ayer se reanudó el debate oral y público en el TOC 1, en que se ventila las responsabilidades penales de los funcionarios lunghistas ante la controvertida concesión del Hipódromo de Villa Aguirre, cuando el empresario Daniel Blanco (fallecido) se hizo cargo del circo de carreras.

La jornada programada se presumía nuevamente extensa y esta vez tediosa, fundamentalmente porque lo que se iba a exponer tenía que ver con informes, peritajes contables acerca de las tramitaciones para recibir los suculentos subsidios provinciales para volcarlos a premios de las carreras (60 por ciento) y en obras de mejoras en el predio (40 por ciento), tal rezaba el contrato de concesión acordado entre el empresario de Vista Serrana y el Municipio.

Sin embargo, y una vez disipados los interrogantes que hacían a los estudios contables para dejar en claro la defraudación realizada por el concesionario a la hora de volcar los recursos recibidos, más las presuntas responsabilidades de los funcionarios comunales por omitir controles y eventuales sanciones, arribó a la sala de debate en carácter de testigo Jorge “Piedrita” Rodríguez, responsable hasta ayer de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, recientemente excarcelado por una causa que se le sigue en su contra y otros funcionarios bonaerenses por un defalco de magnitudes, sindicado incluso como parte de una asociación ilícita  (ver aparte).

“El personaje” dejó su huella en lo que resultó el escandalosa concesión, habida cuenta que uno de los ejes por el que se transita el debate entre las partes versa sobre quién tenía el poder de contralor sobre la actividad que se desarrollaba en el circo de carreras. Hasta dónde el Municipio podía o debía controlar y dónde comenzaba a intervenir la Provincia, en este caso a través de Lotería y Casinos a cargo de Rodríguez, organismo que en definitiva derramaba los subsidios para que, en este caso el concesionario, afrontara los costos de la administración del Hipódromo como las inversiones acordadas.

Con la cintura ganada a través de sus más de treinta años en la función pública en una dependencia oficial donde se manejan muchos intereses y recursos, “Piedrita” pareció conformar a las dos partes. Dejando relativamente argumentos a las hipótesis de la fiscalía como de la defensa.

A más datos, a favor del fiscal, no dudó en calificar al Municipio como socialmente responsable de lo que hizo o dejó de hacer el concesionario (NdR. El empresario Daniel Blanco estaba imputado de defraudación al erario público). Para endulzar los oídos de la Defensa, el mismo exfuncionario hoy jubilado consideró que Loterías y Casinos de la Provincia tenía el poder indelegable de controlar la actividad turfística.

Fiscal y defensor,  entonces, tomaron provecho de la declaración para alimentar lo que será en el epílogo del juicio el tiempo de los alegatos que, a la fecha, aún no cuenta con certezas sobre el día a protagonizar el acto de rigor, siendo que restan desfilar frente el Tribunal testigos varios para una instrucción voluminosa como compleja, más allá de las sensibles imputaciones que pesan para con los acusados Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia.

A esta altura,  cabe consignar que, independientemente a que la acusación llegue a buen puerto en cuanto a sus convicciones y pretensiones, se trató de una pesquisa seria, con un fiscal que trabajó minuciosamente y con rigor para protagonizar una implacable tesis, contrarrestada por la sapiencia de un defensor que supo y sabe lidiar con delicados asuntos penales con pupilos igual o más comprometidos que los de hoy.

Números y más números

La tercera audiencia comenzó con una fallida videoconferencia con los peritos que oportunamente intervinieron y dieron forma a peritajes acerca del estado del circo de carreras en tiempos de denuncias. Los profesionales citados para la ocasión dijeron desde La Plata no estar al tanto del caso por el que habían sido citados, acusando falta de notificación oficial al respecto.

No sin fastidio, desde la secretaría del Tribunal y las partes resolvieron postergar los esperados testimonios para próximas audiencias y, tras un cuarto intermedio, continuar con el comparendo de otros testigos traídos a la sede judicial.

Ingresó a la sala, consecuentemente, Virginia Gallo, exconcubina del denunciante Jorge Cuenca, quien respondió sobre las motivaciones que llevaron al cuidador a, primero, involucrarse en la recuperación del predio, y después protagonizar las desavenencias con el empresario Blanco y funcionarios comunales, hasta derivar en la denuncia penal.

La testigo, supo referirse a esos años de confrontación y exposición en pos de generar conciencia en la población sobre lo que estaba ocurriendo en el Hipódromo, acerca de las irregularidades en materia de inversiones para el predio como así también con las carreras oficiales y no oficiales que allí se montaban.

No dejó de mencionar, como vareadora que supo transitar la pista del circo de carreras de Villa Aguirre, que el estado de la misma estaba en malas condiciones y era un riesgo para los que allí practicaban y luego corrían. Lo propio diría sobre la empalizada y la precariedad de las edificaciones donde habitaban los protagonistas del turf.

Dijo haber sido testigo presencial de un encuentro casual callejero entre Cuenca y el exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu, a quien su expareja le daba cuenta sobre las irregularidades. A consulta del defensor, la mujer no supo reconocer al funcionario nombrado, que estaba a escasos metros, sentado en el banquillo de los acusados.

Más luego devino en una ahora sí concretada videoconferencia con un instructor judicial con asiento en Azul. Se trató del contador Roberto Terille, quien oportunamente propiciara un par de informes que obran en el expediente acerca de los recursos que recibía la concesión en carácter de subsidios.

No fue casual que allí el fiscal Eguzquiza se detuviera en que el contador realizara un pormenorizado repaso de dichos informes acerca de los subsidios trimestrales recibidos y haciendo el cálculo con la cotización del dólar de esos años, buscando así darle dimensión de los montos que están en discusión. Cientos de miles de dólares fueron a parar a manos del concesionario sin mayores controles a la hora de corroborar el destino de los mismos en pago de premios por carreras (oficiales, no oficiales, cuadreras, simulcasting) e inversiones en un plan de obras que, a todas luces no lució nunca.

Dicho testimonio con su respectivo informe echaría por tierra lo que el intendente Miguel Lunghi expuso en su declaración en la pasada audiencia, cuando aludió a los retrasos en los pagos que la Provincia protagonizaba y que factiblemente los padecía el concesionario a la hora de poderlos volcar a lo que se había comprometido, incluso con el pago del canon.

Por lo dicho por el instructor, con respuestas oficiales de Lotería y Casinos en mano, Vistas Serranas cobraba en tiempo y forma suculentas sumas de dinero que no se volcaban  al menos al predio, como se había acordado, vía contrato de concesión con el Municipio.

Por caso, Blanco se había comprometido a donar un porcentaje de las carreras de simulcasting cuando superaba los 7 mil pesos de recaudación de apuestas. Al decir de los informes oficiales y el cálculo realizado por los contadores, claramente se superaba dicho monto pero nunca hubo donación alguna.

Respecto al incumplimiento del pago del canon, constan en el expediente cuando el Municipio, a través de la Secretaría a cargo de Espondaburu notificaba sobre la deuda con intimaciones y cartas documento (en tiempo que el Concejo exigía información), pero que no se avanzaba más allá.

De hecho, el fiscal apeló a un dato sugestivo.  A horas de protagonizarse la interpelación del Concejo Deliberante, de buenas a primeras el empresario pagó en concepto de canon lo que debía de meses.

Una contadora incómoda

A su término, fue el turno de la contadora municipal Marcela Espino, quien debió afrontar un severo interrogatorio del Ministerio Público que por momentos incomodó a la funcionaria. De hecho, tras dar por culminado su testimonio, la contadora dejó la sala  sollozando, tal vez por la delicada situación de tener que afrontar preguntas en un ámbito desconocido como el penal.

De todas maneras, la mujer poco pudo aportar a las pretensiones de las partes.   La testigo apenas había participado de la apertura de la licitación de la polémica y no mucho más. Sin poder dar mayores precisiones sobre cómo el Municipio corroboraba si el concesionario cumplía con los pagos asumidos por contrato.

Sí Espino aceptó que de acuerdo a los minuciosos informes que exponía el fiscal evidentemente existían deudas del empresario para con el erario público, incluso con el no pago de los tributos municipales en el período de 2007 a 2010.

Obras precarias

También compareció ayer un albañil que oportunamente fue convocado por Blanco para realizar distintas obras de mejoras que se había comprometido en lo que concierne a los boxes como la hotelería del predio donde se ubicaban los jockey y cuidadores.

Al decir del propio testigo, las obras resultaron menores como precarias, con materiales usados y en lo que debía ser la hotelería en verdad parecía una matera. Por caso, se encargó de instalar un termotanque porque oportunamente no había agua caliente en el sector. El hombre instaló un aparato usado de 60 litros, para la gran cantidad de personas que utilizaban las instalaciones.

“Pedrita” Rodríguez, de imputado

en La Plata a testigo en Tandil

Cuando ya se transitaban horas vespertinas, llegó el turno de uno de los testimonios más esperados en el recinto. Se hacía presente Jorge “Piedrita” Rodríguez, quien estuvo al frente de Lotería y Casinos cuando se gestó la concesión del Hipódromo tandilense.

Tras repasar su rol en el organigrama provincial y sus más de 30 años como funcionario público, conocedor como pocos de la actividad hípica, repasó cómo se inició el proceso que generó la reapertura del histórico predio en Villa Aguirre.

Con claridad, el ahora exfuncionario procesado por una causa platense, afirmó que la autorización para la apertura del Hipódromo la realizó el Municipio, como así también gestionó los subsidios correspondientes que, primeramente se hacían por mes y luego pasó a ser en forma trimestral.

Aclaró que quien se encargaba de controlar que dichos subsidios cobrados en tiempo y forma fueran a parar al destino prefijado era la comisión de seguimiento dentro del organismo provincial. Una vez pasada la rendición de cuentas por dicha dependencia se aprobaba el pago del subsidio siguiente.

Sin pausa, afirmó tajantemente sobre la “solidaridad responsable” del Municipio con Vistas Serranas quien, en definitiva, logró la concesión por decisión de la comuna. De hecho, sumó que en principio hubo un aval del Municipio para que la empresa cobrara el dinero en cuestión.

Una vez más allí, el fiscal expondría el documento en el que el intendente Miguel Lunghi firmaba hacerse totalmente responsable del Hipódromo, foja que fue entregada a la Provincia.

Asimismo, respondió afirmativamente sobre la exigencia que hizo la Provincia para que el Municipio tuviera un veedor para controlar el cumplimiento de las obras exigidas por contrato. Por lo que la comuna tenía obligación de controlar.

No supo responder por qué entonces no se hizo caso a los informes lapidarios de dicho veedor que de buenas a primeras fue despedido.

También aludió a las inspecciones que la propia Provincia realizó a partir de las denuncias que Cuenca realizaba y allí empezó a relativizar las falencias citadas, ya sea de la pista de carreras o la empalizada que, a su entender, tenía las mismas precariedades que otros hipódromos.

“Había problemas subsanables”, supo decir ante preguntas del defensor que luego lograría sacarle la definición más preciada: quien tenía el poder de contralor de la actividad hípica era la Provincia, en lo concerniente a las carreras oficiales y no oficiales, el respetivo pago y el estado de los caballos, por citar ejemplos. No así las obras asumidas en el predio.

En resumidas cuentas, Rodríguez indicó que la autoridad de aplicación era un poder “indelegable” de la Provincia en materia de actividad turfística, pero el Municipio era “socialmente responsable” por haber dado la concesión.

El controvertido testigo

Cabe consignar sobre el funcionario devenido en testigo, que fiscal, defensa como los jueces, primeramente debieron resolver sobre la situación procesal del citado, siendo que “por los medios” sabían sobre una imputación en su contra por una defraudación precisamente en Lotería y Casinos en tiempo de Scioli como gobernador.

La duda radicaba en si dicho procesamiento y causa respectiva tenía vinculación con la de aquí y ahora ventilada. El propio Rodríguez se encargó de aclarar que no. Que efectivamente estaba imputad y recientemente excarcelado por una causa independiente a lo que en Tandil se estaba investigando.

A más precisiones, el expresidente del Instituto de Lotería y Casinos bonaerense, a principios de enero se entregó a la justicia y quedó procesado por malversación de caudales públicos, al igual que el ex tesorero de la entidad, Jorge Maggi.

“Presentamos los informes de ausencia de antecedentes y peligrosidad procesal. Ellos no entorpecerán la investigación. Además, el delito que se les imputa es excarcelable porque tiene penas que van de 2 a 10 años de prisión”, explicó el letrado defensor de “Piedrita”.

Tanto Rodríguez como Maggi, más los empleados Marcelo Bordenave y Alejandro Selva, están acusados de haber malversado fondos públicos al haber emitido órdenes de publicidad apócrifas por más de 18 millones de pesos.

Según la investigación, entre abril de 2013 y 2015, se iniciaron expedientes para generar órdenes de publicidad apócrifas en favor de personas con las que los acusados estarían en connivencia.

La denuncia había sido radicada en 2016 por el entonces director de Lotería de la provincia de Buenos Aires, Eugenio López Melitón, tras una auditoría que realizó en el organismo cuando asumió el cargo.

La presentación judicial recayó en la fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Jorge Paolini, aunque una vez disuelta esa fiscalía pasó a la de Hugo Tesón.

En la causa también están involucradas al menos otras ocho personas, proveedores y empresarios, aunque la jueza no dio lugar a su detención debido a que consideró que tuvieron una participación “secundaria” en la maniobra delictiva.

Al decir de la información recabada, luego de pagar una fianza de 3.500.000 de pesos fue liberado “Piedrita” Rodríguez.

Si el testimonio vehemente del criador de caballos Jorge Cuenca frente al Tribunal resultó tan explosivo como contundente frente a la desidia que representó la concesión del Hipódromo, no menos esclarecedoras fueron las exposiciones de los testigos citados ayer, para desarrollar la segunda audiencia del juicio contra los funcionarios lunghistas, quienes a priori quedaron seriamente comprometidos frente a la probatoria acusatoria y los reveladores relatos.

Sólo la sagacidad defensiva a la hora de hacer prevalecer su hipótesis sobre el poder de contralor podría torcer lo que hasta aquí se evidencia descarnadamente, con un concesionario que hizo –o dejó de hacer- lo que quiso, cobrando suculentos subsidios mensuales ante la anodina mirada del Estado a la hora de hacer cumplir lo firmado.

Camiones regadores de la planta automotor de Vialidad conducidos por choferes municipales trabajando horas extras, presuntamente pagadas en negro por el privado pero utilizando el patrimonio comunal; empleados informales en el circo de carreras; un listado de agentes de seguridad privada que nunca cumplieron funciones en el predio y sin embargo, fue presentado por el concesionario como personal contratado (llamativamente dicha lista estaba en el Municipio), además de las ratificadas falencias de infraestructura (empalizada, pista, sistema de riego), formaron parte del combo de anomalías ventiladas ayer por testigos directos del escandaloso desmanejo.

Choferes municipales, cuidadores de caballos, personal de seguridad, desfilaron frente al TOC 1 y respondieron con claridad a los requerimientos del fiscal Marcos Eguzquiza, a la hora de dejar sentadas aquellas irregularidades denunciadas y, por consecuencia, el incumplimiento de los deberes de funcionario público a la hora de controlar, tal reza la imputación contra Pedro Espondaburu.

Así también quedó en claro que los choferes de los camiones respondían al director de Vialidad comunal, Guillermo Alassia, quien impartía las ordenes a los trabajadores para que acudan al predio turfístico para regar la pista en contraturno. Léase, por la mañana regaban las calles de la ciudad, por la tarde, a requerimiento del concesionario, acudían al Hipódromo con los mismos camiones a hacer horas extras que, al decir de los propios choferes municipales, eran abonadas informalmente por el responsable del predio, incluso cargando un promedio de combustible.

Quienes ayer atestiguaron no resultaron ajenos a lo que ocurría respecto a lo que se hacía o no, pero claramente ignoraban los alcances del contrato de concesión. Lo que tenía que realizar el concesionario y lo que el Municipio, por contrato, debía exigir y/o sancionar.

Párrafo aparte merece reseñar que por fuera del clima judicial, cuando el cuidador de caballos Jorge Cuenca realizó la denuncia (nueve años atrás) y empezó a instruirse la causa penal, de buenas a primeras por una decisión política del lunghismo, se determinó que el control de la controvertida concesión pasara a manos de la jefatura de Gobierno, por ese entonces a cargo de Juan Pablo Frolik. Los funcionarios Helena Berestain y Gabriel Bayerque se encargaron de impregnar otra rigurosidad al monitoreo del circo de carreras y su administración. Hasta que el fallecido empresario Blanco amenazó públicamente por los medios con “abrir el ventilador” sobre presuntas relaciones poco claras con el Gabinete. Después de allí, todo volvió a fojas cero, léase controles cero, hasta la caducidad del polémico contrato.

El camión regador

Promediando la media mañana dio inicio la segunda jornada del juicio con el comparendo de Gastón Camio, empleado municipal de la Dirección de Vialidad, más precisamente chofer de uno de los camiones regadores en tiempos de la concesión del Hipódromo.

El trabajador confió que efectivamente por orden de Alassia –su jefe directo- acudió con el camión municipal en varias oportunidades al circo de carreras a regar la pista, antes de la reinaguración.

Asimismo, detalló que dichas tareas eran tomadas como horas extras y la labor se hacía en horario vespertino, quedando a su criterio y a las órdenes del encargado del predio, por ese entonces Jorge Cuenca, quien incluso fue el que le entregó el dinero –informalmente- para que complete un tanque de gasoil a modo de la contraprestación, más otro dinero por las labores del chofer, en la previa de la reinauguración.

A preguntas del fiscal, el chofer dijo desconocer si esas horas extras eran luego blanqueadas a la administración comunal, como así también si tenía algún seguro o ART, por si le ocurría algún accidente o se rompía el camión en medio de esas tareas extraordinarias.

No por casualidad el fiscal le preguntó al testigo si conocía quién era por ese entonces el secretario de Obras Públicas. Si conocía a Mario Civalleri y  si lo había visto alguna vez por el predio, como así también si había recibido alguna orden de él respecto al riego de la pista.

El chofer respondió por la negativa. Que él respondía a su jefe directo, Guillermo Alassia.

Desprolijidades al por mayor

Tampoco se obvió indagar sobre por qué se iba a recargar el tanque al depósito municipal de Muñiz y Aeronáutica Argentina cuando el predio contaba con un tanque de agua, a lo cual no supo responder.

Cabe consignar que efectivamente el tanque de agua era patrimonio del club Hípico, incluso de tiempo antes a la concesión (como las gateras), pero por abandono quedó inutilizado. Según especialistas y no tanto, con la compra de una bomba de presión el tanque funcionaba (como de hecho luego lo hicieron funcionar), pero Blanco nunca quiso repararlo “total el Municipio me manda los camiones”, supo decir uno de los testigos al respecto.

A más aclaraciones: el contrato exigía el sistema de riego entre las inversiones del concesionario.

Otra perlita del paso del empresario y su relación con el Municipio. Una vez desatada la polémica a partir de la denuncia, finalmente el concesionario adquirió un camión para realizar el riego, pero lo puso a nombre de su stud y por eso se lo llevó cuando la concesión caducó, cuando el contrato también establecía que toda inversión y adquisición que se hiciera con la actividad en el predio quedaba como patrimonio del Hipódromo.

Otra desprolijidad relatada por uno de los cuidadores testigos ayer fue que Blanco también intentó llevarse las gateras (originales del tiempo del nacimiento del mítico predio), cuando el propio cuidador lo detuvo alertando que eran propiedad del club Hípico.

Volviendo al camión regador, el defensor Jorge Dames le preguntó al testigo si también había realizado el mismo servicio en otras instituciones, como en el circuito de La Cascada (propiedad del Tandil Autoclub) o en Expotán, por citar un par de ejemplos.

El empleado municipal respondió afirmativamente y que la tarea se realizaba con la misma modalidad, incluso con el pago informal utilizando los camiones del patrimonio comunal.

Claramente la intención de la defensa apunta a quitarle gravedad al asunto y hacer entender que era uso y costumbre “colaborar” con las instituciones, incluso aquellas con fines de lucro en pos de un bien superior como podía ser un espectáculo deportivo o recreativo.

Una salvedad, los casos citados como ejemplos no cobraban un millonario subsidio provincial, ni tampoco firmaron un contrato de concesión en el cual se exigía un sistema de riego, entuerto que seguramente será materia de alegatos de las partes.

La precariedad y el riesgo de vida

También prestaron testimonio cuidadores y personas relacionadas a la actividad turfística, que no hicieron más que ratificar las graves falencias que presentaba el circo de carreras. Desde la peligrosa empalizada “mixta” improvisada con pilotes de cemento y caños de PVC, lo que se presentaba como un verdadero riesgo de vida tanto para el animal como para el jockey, a la mal mantenida pista.

El entrenador de caballos presentado como testigo, Juan Carlos Milan, graficó con claridad dichas irregularidades inseguras, las cuales supo advertir al propio Blanco, pero dijo que el empresario nunca les daba trascendencia.

También reseñó sobre las cuadreras (carreras no oficiales) realizadas sin ningún contralor. Por caso, a la hora del dopaje a los equinos y su riesgo sanitario. Por lo cual, obviamente, había un rédito económico para el que organizaba dichas actividades sin rendir cuentas a nadie.

Asimismo, detalló sobre el cobro en negro que recibía como cuidador de caballos en el circo de carreras, lo que no hizo más que completar el escenario informal con que se trabajaba en el predio concesionado por el propio Municipio.

Con declaraciones del mismo tenor, se cerraría la segunda audiencia de un debate que hasta aquí no hizo más que replicar lo que periodísticamente se difundió durante años y la instrucción penal supo avanzar, pero que en este ámbito judicial,  escuchando en vivo y en directo a los actores, no deja de causar alarma frente a una desidia por la cual surcaron millones de pesos en provecho al menos de una persona. Serán los judiciales los encargados de esclarecer si se trató de un delito penal y hay responsables que deben afrontar semejante despropósito que estuvo frente a todos pero que sólo unos pocos se detuvieron a mirar, principalmente el denunciante, Jorge Cuenca.

Un listado sugestivo

El comparendo del militar retirado Daniel Alberto Rodríguez resultó toda una revelación del affaire que poco había trascendido en los medios de la voluminosa instrucción penal.

El testigo recordó que en tiempo de milicia, y frente a los escasos sueldos que percibían, junto a un grupo de compañeros emprendieron una especie de pyme dedicada a brindar el servicio de seguridad privada en distintas actividades culturales o deportivas. Dicho grupo se conformó en 1994 hasta el 2004, cuando el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohibía que personal militar realizara trabajos privados de seguridad.

Así fue que el grupo se diluyó, aunque igualmente Rodríguez  -como otros por su lado- una vez retirado de la fuerza, realizaba “changas” como personal de seguridad contratado, por caso en el mismísimo Hipódromo.

Rodríguez recordó que se trataba de él y no más de tres personas que fueron circunstancialmente contratadas cuando se realizaban las carreras, cumpliendo la función de seguridad en puntos estratégicos donde se manejaba dinero. En las boleterías, administración y donde se cambiaban los jockey. También con ellos el pago de sus tareas era informal.

Lo curioso fue cuando el fiscal le expuso un listado de personal de seguridad en el que figuraba su nombre, ante lo cual el testigo se vio sorprendido porque muchos de los que lo acompañaban en dicha lista nunca habían trabajado con él en el predio.

En efecto, se trataba de la lista que allá por el 94 Rodríguez había presentado en el Municipio para oficializar el grupo de personas que se dedicaban a la seguridad privada hasta que se votó la citada ordenanza que les prohibió seguir con la actividad.

Por causas que quedan para el imaginario colectivo y en suspicacias, ese listado que estaba en la órbita comunal pasó a manos de Daniel Blanco que, a requerimiento de la Provincia cuando se le solicitó información sobre el personal de seguridad contratado (tal rezaba como exigencia la actividad), presentó dicho listado.

“No sé cómo tenía esa lista Blanco. Eso es viejo y había quedado inactivo. Es del tiempo cuando lo presenté en el Municipio”, contestó el testigo que no hizo más que ahondar en las anomalías con las que transitó el cuestionado concesionario bajo -como mínimo- la omisión del Municipio.