En los últimos días se dio a conocer a través de estas páginas la resolución de la Cámara de apelaciones de Azul de dar curso al reclamo del empresario Ricardo Berlari y dejar sin efecto el archivo de la causa contra Griselda Altamirano por los incidentes provocados por la Agrupación 1° de Octubre en la ExpoTan 2022. 

El empresario, organizador del evento dedicado a los empresarios del rurales, dialogó con “Último Bondi” (Tandil FM 104.1, Eco TV y El Eco Streaming) y expresó sus sensaciones tras la decisión tomada por los jueces del tribunal de alzada Carlos Pagliere (h), Damián Cini y Gustavo Echevarría. 

“No hace falta demasiada investigación, sólo remitirse a las pruebas que presenté para poder claramente determinar que hubo delito y no solo uno, sino la suma de varios”, señaló.

Respecto a su impresión días después de conocerse el fallo que le dará continuidad a la investigación, Berlari reconoció sensaciones encontradas porque si bien la decisión de la Cámara le da la razón a su pedido también está presente “la amargura que siempre tuve por la sensación de injusticia, de falta de justicia o por lo menos de una mala administración de la justicia, sigue vigente en mi persona”. 

A partir de la presentación del abogado del empresario, Nicolás Prat, el pasado 21 de mayo tras conocerse la decisión de la fiscal general subrogante, Mariela Viceconte, la resolución de la Cámara señaló que la decisión del pase a archivo fue como mínimo apresurada y obligó a que se siga investigando.

“La realidad es que si yo no me hubiera presentado como particular damnificado en esta causa y hubiera llevado adelante la apelación, que además me cuesta dinero porque Altamirano se defiende gratis y yo no puedo hacerlo gratuitamente. Además me lleva un montón de dinero, así que si yo no hubiera hecho todo eso, la causa ya estaría archivada dando por sentado una ausencia de delito o inocencia de parte de la Agrupación”, indicó Berlari.

Con un enojo marcado por el desarrollo de la investigación en la justicia, el empresario indicó que si bien la decisión “es una bocanada de aire fresco”, la verdadera sensación que le queda es de bronca porque tiene que “hacer estas cosas cuando en realidad es tarea del fiscal”.

Berlari subrayó que la decisión de la Cámara de apelaciones no cambia la opinión que tiene sobre el fiscal y su accionar. “El archivo de la causa estuvo en la mente del fiscal desde el primer minuto”, afirmó y agregó que desde el momento cuando la policía informa el episodio, el fiscal emite una opinión adelantada de que no había delito basándose en el derecho a la protesta de la gente.

“Acá hay detalles que fueron los que exacerbaron mi enojo y que tuvo que ver concretamente con que el fiscal en la redacción de los hechos, incluso en el relato de las propias pruebas que yo presento, tiene suspicacias que van en contra de lo que verdaderamente ocurrió. Las bombas de estruendo, él dice que explotaron fuera del evento y es cierto pero explotaron dentro del estacionamiento que está dentro del predio del evento”, agregó.

Estos detalles que describe Berlari son los que, a la lectura de un tribunal, pueden interpretarse a favor de Altamirano y la Agrupación 1° de octubre. Sin embargo, aseguró, que en cada instancia presentó la documentación que respalda su denuncia, testigos y filmaciones, que instan a continuar con la investigación. Indicó que lo seguirá haciendo ya que este lunes la fiscalía presentó la apelación a lo que indicó la Cámara.  

Por último, respecto a la actuación del fiscal, aseguró que pensó en la recusación del mismo y que lo va a realizar dependiendo del resultado. “Depende de cómo termine toda esta historia, y vaya a saber cuándo ocurra, si lo voy a hacer. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer”, aseveró Berlari.

En octubre del 2022 la Agrupación 1° de Octubre irrumpió en el predio de la Sociedad Rural atravesando dos vallados, detonando bombas de estruendo y atormentando a todas las familias presentes en el patio de comida de la Expotan. El grupo liderado por Griselda Altamirano realizó semejante manifestación en contra de la “oligarquía”. 

“En realidad fue dos veces que ocurrió. El primer año la policía de la Provincia tuvo que mandar 300 efectivos de La Plata porque ellos habían amenazado que iban a entrar a Expotan a romper todo, fue en 2018. Fue la peor Expotan en concurrencia de la historia porque el predio había quedado totalmente bloqueado por la policía, justamente para aportar la seguridad”, contó el organizador.

Sobre la segunda vez en la que la Agrupación irrumpió en el predio de la Sociedad Rural, explicó: “Violentaron dos líneas de vallas y las dos estaban cien metros adentro de un predio que es privado. Ya eso es invasión a la propiedad privada y de la manera que ellos lo hicieron”. 

Por estas razones es que entiende que es su obligación seguir adelante con la causa judicial hasta encontrar una resolución favorable. “No es que lo hago sólo porque estoy enojado, necesito darle respuestas a mi público que es la gente que paga una entrada. La gente que ese día estaba almorzando y se vio invadida en medio de un forcejeo, entonces es mi obligación como organizador ir hasta las últimas consecuencias”.

A su vez, antes de cerrar, señaló que mientras la causa siga abierta no van a tener un nuevo ataque. “Ahí viene la parte de donde yo hablo de cuál es mi responsabilidad y mi obligación como organizador. Necesito que esto no quede impune porque de lo contrario cualquiera que está enojado con la gente del campo o con el organizador del evento va y hace el zafarrancho que hizo esta gente y no hay derecho de que esto ocurra”, concluyó.

Una nueva dilación en el inicio del juicio contra la dirigente social Griselda Altamirano. Ahora, a la espera de la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías, se suspendió la fecha prevista de comienzo del debate sin nuevo cronograma.

En la notificación a los actores intervinientes, se señaló: "Atento encontrarse la presente causa en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental sin que a la fecha haya resolución al respecto, y habiéndose el Fiscal comunicado con el Juzgado para conocer la decisión por parte del suscripto de realizar el debate a los efectos de la citación o no de los testigos a la audiencia señalada, teniendo en cuenta el escaso margen del tiempo existente al día lunes; DÉJESE SIN EFECTO la primera jornada de audiencia de debate fijada para el día 7 del corriente mes y año, a las 9, dejando pendiente restante, con respecto a los coimputados Griselda Altamirano y Jorge Lezica".

El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público” contra la militante Griselda Altamirano y otros cuatro dirigentes fue prorrogado por segunda vez. 

El lunes 26 de agosto era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio , luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el 6 de diciembre de 2021 en las puertas y el interior del Palacio Municipal, donde el grupo encabezado por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial. 

Finalmente esa fecha había sido suspendida por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los imputados, y las nuevas fechas establecidas por el Poder Judicial se pactaron para el lunes 30 de septiembre y el miércoles 2 de octubre.

Finalmente, a cuatro días del inicio del debate, según lo confirmaron a El Eco de Tandil fuentes implicadas en la causa, la acusada recusó a sus defensores oficiales, Diego Araujo y Leonel Calles. De esta manera, el juzgado elevó el pedido al defensor general para que designe a un nuevo letrado. Por lo pronto, y de no surgir un nuevo inconveniente, las audiencias se trasladaron al 7 y 14 de octubre. 

El próximo lunes 26 de agosto era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio contra la militante social y política Griselda Altamirano y otros cuatro dirigentes, luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el pasado 6 de diciembre en las puertas y el interior del Palacio Municipal, donde el grupo presidido por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial. 

El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público”  iba a realizarse el lunes y miércoles próximos, pero fue suspendido este viernes por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los cinco imputados. 

Según el oficio del magistrado al que pudo acceder este medio, la decisión de la suspensión fue tomada “a fines de salvaguardar el derecho de defensa en juicio” de los mismos, quienes solicitaron la intervención del defensor oficial. A su vez resta resolver la apelación de dos de los encartados, de apellido Rodriguez y Soria, que fue presentada el pasado 15 de agosto. 

Por el momento las audiencias no fueron reprogramadas, y resta saber si los movimientos sociales que responden a Altamirano realizarán igualmente la manifestación que tenían planeada para el inicio del juicio y a la cual venían convocando desde las redes sociales.

Por unanimidad, un jurado declaró "culpable" de varios hechos de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad a un hombre que había comenzado a ser juzgado este lunes en Azul.

Se trata de Matías Altamirano (38), hermano de la dirigente política y social Griselda Altamirano, referente de la agrupación Primero de Octubre, quien supo manifestarse en la vecina localidad en defensa del ahora condenado, alegando que se formaba parte de una persecución judicial hacia su figura (aún aguarda por el juicio en su contra por los violentos sucesos ocurridos en la ciudad, a propósito de los que se conoció como el caso Jaureguiber).

No bien su hermano resultara detenido en Azul en abril de 2022, la dirigente inició un acampe sobre el veredón del Palacio de Justicia local para reclamar por su libertad, ya que lo consideraba "inocente" de esos episodios de abuso sexual por los que ahora resultó condenado.

Ese acampe se extendió durante varias semanas, hasta que fue intimada desde la Justicia para que lo levantara, lo cual sucedió en junio de 2022, días antes a que la Cámara Penal confirmara la prisión preventiva que en una primera instancia le había sido dictada a su hermano como el probable autor de estos hechos por los que ayer por la tarde un tribunal de civiles lo declaró "culpable".

Según consignó el diario El Tiempo, el veredicto de los ciudadanos se conoció en horas de la tarde de ayer en el recinto convertido en escenario de este debate: la sala que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal posee en el tercer piso del Palacio de Justicia local.

Luego de deliberar por algo menos de una hora, la tercera de las audiencias vinculadas con este proceso se tradujo en el anuncio del referido veredicto de culpabilidad para el imputado.

Por esos abusos por los que doce civiles lo declararon "culpable" en este juicio había resultado detenido en Azul en abril de 2022.

Tras conocerse lo decidido por el jurado, ya sin la presencia de los seis varones y de las seis mujeres que participaron en este proceso, el debate continuará desarrollándose el lunes de la semana entrante, en lo que las partes resolverán la audiencia de cesura, en la que se definirá la pena a imponer, de acuerdo a la calificación penal que votó el jurado popular. 

La calificación penal otorgada por los miembros del jurado a los hechos por los que el ahora condenado será sentenciado a una pena de prisión en los próximos días fue la misma que sostenía la imputación desde el inicio de esta Investigación Penal Preparatoria.

Para los miembros del jurado se dio por demostrado -con el voto unánime de sus doce integrantes- que en reiteradas ocasiones el encausado sometió sexualmente a la víctima, que de acuerdo con lo que pudo probarse era menor de edad y convivía con su agresor para la época en que estos hechos comenzaron a suceder.

Teniendo en cuenta dicha investigación penal y lo surgido del juicio, esos episodios se remontan a cuando la víctima -actualmente ya mayor de edad- tenía doce años. Y según sostenía el fiscal Peiretti y el jurado dio por probado, Altamirano la sometió sexualmente en varias ocasiones aprovechando que convivía con ella.

Esos hechos, a partir del año 2012 y también durante 2021, han sido situados como ocurridos en una vivienda ubicada en la ciudad de San Bernardo y en otra situada en Azul.

Ese último inmueble referido había sido el lugar donde el encausado resultó detenido el 18 de abril de 2022, la fecha desde la cual permanece privado de la libertad.

Actualmente el hombre continúa alojado en una de las cárceles del complejo penitenciario que está en la localidad olavarriense de Sierra Chica.

Los delitos por los cuales el trabajador de la construcción fue declarado "culpable" en este proceso contemplan penas de prisión que van desde los diez a los veinte años. Y en una audiencia posterior a la de cesura prevista para el lunes que viene, será el juez Martín Céspedes -uno de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1 que intervino en este debate- quien dará a conocer qué sanción le impone al encausado.

El derrotero procesal contra la dirigente Griselda Altamirano ha ganado otro capítulo, con el final de dos instrucciones penales en su contra por los incidentes ocurridos en medio de las manifestaciones en reclamo de justicia en lo que se bautizó mediáticamente el caso Simón, aquel joven muerto tras ser embestido por el exfuncionario comunal Luciano Jaureguiber, hoy bajo arresto domiciliario.

El fiscal que inició dos causas al unísono, una por amenazas y la otra tras los serios incidentes ocurridos en el Palacio Municipal, el cual resultó seriamente dañado por los manifestantes, dio por cerras sendas instrucciones y elevó las mismas a juicio.

Dicha investigación avanzó con allanamientos de por medio en torno a identificar a los acusados de los daños provocados, como así también se confirmó que Altamirano había quedado imputada por el delito de “Amenazas” contra el Intendente, colaboradores y el exfuncionario acusado y su familia. 

“Van a vivir con miedo” (…), “esto recién empieza, que se agarre Luciano, que se agarre la mujer, que se agarre Lunghi y todo el gabinete, porque nos vamos a meter en la casa de todo el mundo, en la Municipalidad” (…). “Cuando el pueblo se levanta y los pobres decimos basta no les van a alcanzar los policías (…)”. Fueron parte de las exclamaciones de la dirigente el 7 de diciembre cuando encabezó una movilización a la casa de Jaureguiber, dichos que fueron tomados por la Justicia a la hora de resolver la apertura de una nueva causa.

Como se detalló, la Justicia avanzó por los graves episodios ocurridos en el edificio comunal, por los cuales, se cree, quedaría procesalmente seriamente comprometida la dirigente de la agrupación Primero de Octubre, Griselda Altamirano, quien ya carga sobre sus espaldas una condena en suspenso por delitos similares.

Como se dijo, Altamirano ya fue protagonista de crónicas judiciales que derivaron en un juicio que concluyó con una condena en su contra, pena de 2 años de prisión en suspenso que con el devenir de las actuaciones el fallo quedó firme. Consecuentemente, al quedar implicada en nuevos delitos y ante una eventual nueva sentencia condenatoria su sanción deberá ser de cumplimiento efectivo. 

Un expediente

Con respecto a los hechos ocurridos en las puertas del Municipio, quedaron imputados Griselda Itati, alias “Tati” Altamirano (39). Jorge Mario “Mono” Lezica (60), Paulo “Ruso” Rodríguez (45), Yesica Esmeralda Yancovic (33) y Stella Maris Soria (50)

Sobre el hecho punible endilgado, se dio por probado que pasadas las10.30 del 6 de diciembre de 2021, un grupo conformado por alrededor de ochenta personas se constituyó en el Palacio Municipal de Tandil, actuando en un plan común y conducido por la líder de la Agrupación 1 de Octubre, Griselda Altamirano, y al grito de `asesinos´ y todo tipo de insultos, haciéndose de reglas de trabajos de albañilería existentes en la vereda del  lugar y utilizándolas  junto con cañas y otros elementos que habían llevado hasta allí golpearon los ventanales del edificio, a los que también arrojaron piedras, ladrillos y baldosas produciendo la rotura parcial y total de los vidrios y postigos de madera que los componían, esto en diferentes dependencias del edificio, incluido el despacho del Intendente.

La materialidad del hecho descripto se encuentra acreditada con el acta de inicio de actuaciones de los funcionarios policiales presentes, como así también el soporte técnico de imágenes y fotografías del violento suceso, a la vez de los testigos.

A la hora de merituar la eventual condena, el fiscal consideró que la pena a imponerse por los hechos que se acusan debe ser, en el caso de Altamirano, dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Para Lezica, dos  años y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento. Respecto a Paulo Rodríguez, un año y seis meses de prisión de ejecución condicional. Lo propio para Yesica Yancovic y Stella Maris Soria.

Las amenazas

Con respecto a la causa por amenazas, la instrucción concluyó en que el 7 de diciembre de 2021, Griselda Altamirano, liderando una manifestación de alrededor de 200 personas, se hizo presente en inmediaciones del domicilio de Luciano Jaureguiber, sito en Pavón 3484, y haciendo uso de la voz cantante hacia la multitud y todo el personal policial y empleados de medios de comunicación que se hallaban en el lugar, amenazó al exfuncionario acusado y su cónyuge, como al intendente Miguel Ángel Lunghi, y  a los integrantes del gabinete municipal, al decir: “de acá a La Movediza hay 20 cuadras y cuando queremos las cruzamos, y cuando queremos vamos a llegar, y no van a tener la policía que les cuida el culo, y cuando queramos vamos a cruzar porque hoy no cruzamos porque no queremos que les quede claro, que se agarre Luciano, que se agarre la mujer, que se agarre Lunghi y todo el gabinete, porque nos vamos a meter en la casa de todo el mundo, nos vamos a meter en la municipalidad, y cuando el pueblo se levanta y los pobres decimos basta, no les van a alcanzar los policías, hoy los duplicamos, no pasamos porque no queremos, no van a estar siempre refugiados, hoy lo vamos a velar y lo vamos a enterrar a Sebastián y el jueves vamos a seguir, y no van a saber si venimos a la casa, si vamos a la municipalidad o si vamos al trabajo, o a donde vamos, van a vivir con miedo, con el mismo miedo que vivimos nosotros”.

Por lo expuesto, el fiscal consideró que la pena a imponerse por estos dichos merece el reproche penal de un año y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Finalmente ayer a media mañana se conoció el veredicto del juez Correccional Héctor Torrens, acerca de la responsabilidad penal de los dos líderes del Movimieno Primero de Octubre por los virulentos sucesos ocurridos en Azul y Tandil.

Según señaló el juez en su veredicto al que tuvo acceso este Diario, “no se desconoce el derecho de asociarse con fines útiles -la formación de un movimiento social que persigue el reconocimiento estatal de carencias básicas en colectivos con necesidades postergadas y desatenciones recurrentes y persistentes en el tiempo, claramente lo es- como punto de partida para peticionar mancomunadamente a las autoridades las soluciones a esa problemática. La particularidad de este caso radica en que, más allá de no acreditarse los pormenores del pedido formulado por el movimiento Primero de Octubre a las autoridades locales -las partes no lo han aportado documentalmente-, todo indica que no se trataba, en principio, de alguna cuestión de naturaleza estrictamente urgente o de atención inmediata por riesgo evidente, ni tampoco de planteos que estuviesen direccionados para su resolución en el ámbito local; por el contrario, los reclamos apuntaban a las autoridades de Nación y estaban formulados de modo genérico -trabajo genuino o entrega de tierras-, además de otros requerimientos sobre derogaciones de normas y protocolos de actuación en materia represiva. Pero lo llamativo es que, si simultáneamente se cumplía una jornada similar en la Delegación Tandil del Ministerio de Trabajo de la Nación, siendo este el principal destinatario de los reclamos que involucraban a esa área ejecutiva, se había entregado en ese ámbito, incluso antes, un petitorio de igual tenor recibido por un funcionario de ese organismo, no resulta clara la pretensión de obtener en Azul una respuesta que no estaba al alcance municipal y materializar en este ámbito la afectación total de la actividad administrativa de modo temporalmente indefinido, privando a toda la comunidad de tales servicios y dejando afuera de su propio ámbito de actuación al Intendente, a los funcionarios de las diversas áreas y a todos los trabajadores que tienen su asiento en el edificio central de la Comuna”.

Bajo esa mirada, el juez reseñó el artículo 32.2 CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos) que obra como norma armonizadora o criterio interpretativo frente a situaciones como las descriptas: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”.

Dentro de esos parámetros, el magistrado se dijo convencido de que si bien  “debió haber sido en su momento el poder administrador el que hiciera los máximos esfuerzos para alcanzar una solución dialogada y de justa canalización del conflicto hacia una salida alternativa”, el accionar de los acusados “no quedó alcanzado por criterios de proporcionalidad y razonabilidad, todo lo cual deriva en la imposibilidad de considerar legítimo, en este caso puntual, el ejercicio del derecho invocado”.

En similar sentido, se evaluó la participación de los procesados en causa por la toma masiva de lotes en Villa Cordobita.

“Entiendo que, sin haber agotado el tránsito por instancias previas y sobre la base de sostener una calificación de vacancia o acefalia o de tierra fiscal que, en el ámbito de los registros públicos y en el trámite de expedientes judiciales en pleno curso cuyo contenido era conocido para los integrantes de la agrupación Primero de Octubre, se seleccionó una vía de hecho de alcance masivo en circunstancias en que era factible entender que se desatarían conflictos entre particulares allí ubicados, más allá de la legitimidad o no de los títulos invocados, aspecto que, por imperio del principio de legalidad penal frente a situaciones de hecho preexistentes, podía entenderse como irrelevante y habilitar la vía de persecución penal como finalmente ocurrió”.

Atenuantes

Como atenuantes a la hora de imponer la pena, el juez  valoró varios aspectos.

-La ausencia de antecedentes penales

-Los inmuebles ocupados en la ciudad de Tandil eran terrenos sin edificación.

-La lucha social de las familias que representan, gestionando satisfactoriamente respuestas estatales frente a necesidades urgentes que de otro modo no tendrían similar nivel de atención.

Agravantes

Asimismo, se tuvo como circunstancias agravantes, para ambos encausados:

El número de lotes ocupados y la cantidad de personas involucradas en el accionar de usurpación

-La afectación al servicio público ocasionada por lo ocupación del edificio central de la Municipalidad de Azul y el tiempo que los empleados debieron  destinar al reacondicionamiento de las instalaciones para retomar el funcionamiento normal en función del desorden y los daños verificados.

-La presencia de niños como una constante en ambos casos

El Fallo

Técnicamente, el fallo condenó a Griselda Itatí Altamirano, como coautora del delito de “usurpación de inmueble en concurso real con resistencia a la autoridad, lesiones leves agravadas por la condición policial de la víctima y amenazas -estos tres últimos como autora y en concurso ideal entre sí-“, cometidos entre el 22 y el 23 de mayo de 2017 el primero y el 23 de mayo de 2017 los restantes, en Azul, y como coautora del delito de “usurpación de inmueble” cometido en Tandil entre el 11 de septiembre y el 1 de diciembre de 2015, a la pena de dos años y diez meses de prisión de cumplimiento condicional.

Para Jorge Mario Lezica, en tanto, se lo sentenció como coautor del delito de usurpación de inmueble  (Azul) y como coautor del delito de usurpación de inmueble (Tandil), a la pena de dos años de prisión de cumplimiento condicional.

A la vez, Altamirano fue absuelta de la imputación de instigación a cometer delitos y de las lesiones leves en agresión con un vecino

Sobre la toma lotes en Villa Cordobita

Ahondando en el caso tandilense, acerca de la usurpación masiva de lotes, el magistrado indicó en su sentencia que tanto Altamirano como Lezica actuaron como referentes con poder de decisión y capacidad de organización en el hecho sometido a juzgamiento.

Se tuvo en cuenta para dar por configurado el ilícito “el acceso al barrio por la única entrada habilitada para el paso de vehículos se ha concretado con el uso de numerosos automóviles, camionetas y vehículos de carga, en los que se movilizaban un gran número de personas, estimativamente 120 o 130, que transportaban además materiales para levantar construcciones precarias en los diferentes lotes que tenían planificado ocupar. Ese ingreso fue subrepticio y sorpresivo, por la dimensión de la caravana y la cantidad de gente, en una zona relativamente poco edificada y con escaso movimiento vehicular, conformando esas circunstancias un modo efectivo de desalentar cualquier posible rechazo u oposición por parte de cualquier persona con intenciones de hacerlo.

A la vez, se tuvo en cuenta que “algunos de los integrantes de ese grupo que actuó de forma coordinada y con repartos funcionales preestablecidos con la planificación de los referentes del movimiento Primero de Octubre y la coordinación ejercida por estos sobre la misma zona de la toma, efectuaron cortes de alambres perimetrales o alambres eléctricos que encontraron colocados en varias parcelas a las que luego ingresaron, incluso algunas donde había animales equinos y vacunos”.

Torrens acotó que “más allá del gran esfuerzo argumentativo desarrollado por la Defensa Particular, en línea con las circunstancias explicadas por Altamirano, lo cierto es que la prueba colectada en la causa descarta que se hubiese estado en presencia, a la fecha del hecho, de bienes inmuebles vacantes, acéfalos o sin titulares dominiales”.

A media mañana de hoy, el juez del Correccional Héctor Torrens, dará a conocer su veredicto en torno al debate oral y público celebrado semanas atrás en Azul, donde un importante marco de militantes del Movimiento 1 de Octubre acompañó en las puertas del palacio judicial los alcances del singular juicio contra sus líderes, Griselda Altamirano y Jorge Lezica.

Como se informó detalladamente en ediciones pasadas, cerrada la etapa de prueba se sucedieron los alegatos de las partes, por las cuales la acusación mantuvo sus imputaciones y la defensa alegó las respectivas absoluciones, a sabiendas que ya un par de imputaciones (la agresión al exfuncionario municipal José Denisio (f) y las amenazas denunciados por asistentes sociales en Azul) habían sido descartadas desde la primera hora de iniciado el juicio al declararse la prescripión de los mismos.

Entonces, quedó en discusión la toma masiva de lotes en Villa Cordobita más un incidente entre vecinos, por Tandil, más la ocupación del Municipio azuleño que mereció el desalojo compulsivo con las delicadas consecuencias posteriores.

El dato distintivo del pedido de condena de los fiscales versó sobre exigir la prisión de cumplimiento efectivo, severidad que a priori resultaría poco probable al decir de los expertos judiciales ante la envergadura de ilícitos que están en pugna.

Como se informó, resolución nada fácil para el magistrado a cargo de dictar sentencia. A nadie escapa que además de la discusión jurídica sobre los delitos ventilados, está la política y sus dirigentes detrás, siguiendo atentamente el desenlace judicial. Una absolución podría representar en mensaje “peligroso” para muchos de los que siguieron atentos el devenir del accionar de este como otros movimientos sociales con sus protestas detrás. Una condena “ejemplificadora” podría contar con otros tantos detractores que hacen al criterio de valorar un derecho sobre otros.

Las posturas

En lo estrictamente penal, para la acusación quedó probada la responsabilidad de sendos imputados y, en conjunto, los fiscales Luis Piotti y Laura Margaretic pidieron tres y dos años de prisión para Altamirano y Lezica, respectivamente, de cumplimiento efectivo. La moción contaría con la adhesión del particular damnificado.

La defensa, en tanto, apelaría al amparo irrestricto de la protesta social como derecho supremo y, ante ello, la exigencia de la absolución.

Como trasfondo del debate por demás interesante de las partes y que mereció el pedido de réplica de uno y otro, quedó flotando en el pesado aire tribunalicio aquello de las necesidades básicas insatisfechas y del derecho a reclamar en tanto y en cuanto no se traspasen límites que, al decir de los fiscales, los díscolos dirigentes políticos rebasaron.

Llevándolo al llano, la discusión se adentró en dónde empiezan los derechos de uno y cuándo afectan a los demás y se zambulló en discusiones que se replican a diario en Capital Federal ante cada protesta callejera y los famosos piquetes (el derecho a la protesta versus el derecho a circular), y que de tanto en tanto, aunque cada vez con mayor frecuencia, empieza a replicarse por estos lares.

Por lo pronto, en el aquí y ahora, el juez deberá resolver si la pareja de señalados montó y perpetró el delito de la usurpación masiva en Villa Cordobita, independientemente de la fragilidad de la titularidad de los lotes en disputa. También, discernir sobre la ocupación, daños, resistencia a la autoridad e instigación al delito en el Municipio vecino, más allá del reclamo social con el que se había propiciado la movilización.

Seguramente hoy a la mañana la escena de aquellos bombos y bombas de estruendo que mantuvieron inquieta a la fuerza policial de custodia como a los actores judiciales durante días, se replicará, incluso con mayor vehemencia. Lo que se ventile desde el estrado judicial, servirá para alimentar aquel descontento manifestado por los activistas de un sistema al que dicen combatir y que están dispuestos a someterse al devenir judicial, más allá de también de poner en duda su credibilidad.

Bom…bom…bom, bombombom… Allí estaba otra vez ese monótono y persistente compás de percusión como sonó a lo largo de los cinco días de la semana. Y también estaban ellos. Más de un centenar de almas (hombres, más mujeres y niños), al rayo de sol, en las puertas del palacio judicial azuleño. Las mismas pancartas que rezaban por la liberación de sus líderes y exigiendo que no se criminalice la protesta social formaban parte de la repetida escena que ayer tuvo su despedida, con promesa de volverse a ver y escuchar el lunes 25 venidero, cuando los que estaban dentro del edificio ventilen cuál será la suerte procesal de los enjuiciados.

Ya habían pasado las 15.30 cuando Griselda Altamirano y Jorge Lezica, con el bebé en brazos, salieron al encuentro de sus militantes enrolados en el Movimiento 1 de Octubre. Habían escuchado a los acusadores con la condena propuesta como así también a su abogado defensor sobre el pedido de absolución. Ellos –mejor dicho ella- también habían dicho lo suyo antes de cerrar el debate con un mensaje tan contundente como lapidario: esos bombos que se habían escuchado durante cinco días sin cesar y que tanta molestia generan a “la oligarquía” seguirán tronando una y otra vez ante la injusticia social y para defender los derechos vulnerados de la clase obrera.

Así de simple. Así de complejo. Ninguna respuesta judicial penal los amedrentará, si ese es el propósito. “Seguiremos a pesar de las represalias. Estamos orgullosos de ser condenados si es por defender los derechos de los más vulnerables. Y si quieren prenderme fuego como a una bruja, háganlo… pero los bombos seguirán sonando y cada vez más frente a este Estado deficiente e injusto”. Palabras más, palabras menos, Altamirano daba su propia sentencia, independientemente de lo que resolverá el juez Héctor Torrens, quien más allá de la nueva extensa exposición de la acusada, deberá atender los postulados de la fiscalía y la defensa en pos de sentar un fallo. Nada sencillo para el juez. A nadie escapa que además de la discusión jurídica sobre los delitos ventilados en pugna, están la política y sus dirigentes detrás, siguiendo atentamente el desenlace judicial. Una absolución podría representar en mensaje “peligroso” para muchos de los que siguieron atentos el devenir del accionar de este como otros movimientos sociales con sus protestas detrás. Una condena “ejemplificadora” podría contar con otros tantos detractores que hacen al criterio de valorar un derecho sobre otros.

Para colmo de males, lo que se llama justicia –la posible en un estado de derecho- tiene sus debilidades a cuestas. La interpretación de la prueba y la valoración de la misma quedará a criterio del magistrado. A la vuelta de la esquina nomás, un juez Federal ante tomas y protestas similares con los mismos actores, promovió una mesa de negociación más allá de las denuncias propiciadas por los funcionarios de turno y hasta aquí evitó el procesamiento. Cuestiones de criterio, dirán los legos del derecho.

En lo estrictamente penal, para la acusación quedó probada la responsabilidad de sendos imputados y, en conjunto, los fiscales pidieron tres y dos años de prisión para Altamirano y Lezica, respectivamente, de cumplimiento efectivo. La moción contaría con la adhesión del particular damnificado. La defensa, en tanto, apelaría al amparo irrestricto de la protesta social como derecho supremo y, ante ello, la exigencia de la absolución.

Como trasfondo del debate por demás interesante de las partes y que mereció el pedido de réplica de uno y otro, quedó flotando en el pesado aire tribunalicio aquello de las necesidades básicas insatisfechas y del derecho a reclamar en tanto y en cuanto no se traspasen límites que, al decir de los fiscales, los díscolos dirigentes políticos rebasaron.

Llevándolo al llano, la discusión se adentró en dónde empiezan los derechos de uno y cuándo afectan a los demás y se zambulló en discusiones que se replican a diario en Capital Federal ante cada protesta callejera y los famosos piquetes (el derecho a la protesta versus el derecho a circular), y que de tanto en tanto, aunque cada vez con mayor frecuencia, empieza a replicarse por estos lares.

Por lo pronto, en el aquí y ahora, el juez deberá resolver si la pareja de señalados montó y perpetró el delito de la usurpación masiva en Villa Cordobita, independientemente de la fragilidad de la titularidad de los lotes en disputa. También, discernir sobre la ocupación, daños, resistencia a la autoridad e instigación al delito en el Municipio vecino, más allá del reclamo social con el que se había propiciado la movilización.

La acusación

Fue el fiscal Luis Piotti el encargado de iniciar el alegato del Ministerio Público que luego tendría su correlato con su par, la fiscal Laura Margaretic, quienes tras detallar sobre los sucesos que oportunamente instruyeron en los respectos sucesos ventilados, coincidirían en la petición de condena para los acusados, con penas de tres y dos años de prisión de cumplimiento efectivo.

Para el fiscal tandilense quedó suficientemente acreditado el delito de usurpación en Villa Cordobita, principalmente por el caudal probatorio incorporado al debate, tanto la prueba material como asimismo los distintos testigos que desfilaron por la sala que se dijeron titulares de los lotes ocupados.

Para el acusador, Altamirano y Lezica diseñaron, organizaron y ejecutaron la ocupación de lotes, atacando la tenencia de los vecinos denunciantes.

Para constatar el delito endilgado, detalló sobre la circunstancia de que el ingreso ocurrió en las primeras horas del día, masivamente,  cortando cercos a su paso y violentando el orden público.

Piotti no eludió referirse a las razones sociales esgrimidas por los acusados y su defensa, aceptando el principio de legitimidad por la necesidad de vivienda. Ahora bien, consideró que esa sensibilidad y susceptibilidad sobre aquel derecho debe ser “equilibrado” con otros, por caso el derecho de la propiedad.

Ya criticando la postura de la dirigente social imputada, enfatizó que Altamirano desvirtuó la defensa de los derechos de los más necesitados en pos de hacerse de cosas –lotes- que les eran ajenas. Además de acusar de dichos mendaces sobre determinadas relaciones del poder político y judicial, insistió en que no “fue genuina” a la hora de empujar a tomar lotes a pesar de todas y cada una de las advertencias que se hicieron en pos de que cesaran con una accionar delictivo.

A propósito de la figura de la vacancia, se subrayó que los terrenos no estaban abandonados, los tenedores habían hecho ocupación de los mismos, cercándolos, abriendo calles y demás trabajos.

Allí, reseñó lo que vivieron los vecinos damnificados, que dieron cuenta del temor por el accionar intimidante de la agrupación a la cabeza de Altamirano, quienes disponían y determinaban quién entraba y quién no en el lugar.

Entonces, echó por tierra aquella postura “pacífica” que dijeron los ocupas a la hora de tomar los terrenos. “Los vecinos lo vivieron como un asalto”, recordó, ya que irrumpieron en masa, encapuchados, con palos con clavos, bombas molotov, cubiertas y con “los chicos de escudo”.

Piotti puso especial hincapié en el violento liderazgo de la acusada para con aquellos que aceptaron tomar un lote ante su necesidad, acusándola de impedir el diálogo de las trabajadoras sociales para que los ocupas supiesen de las consecuencias de lo que estaban cometiendo. “Piden información para el pueblo sobre los lotes pero no informan a ese pueblo que dicen representar sobre las consecuencias del accionar que los llevan a realizar”, espetó.

Causa Azul

La fiscal Margaretic, a su turno, mantendría el tono crítico para con el rol de Altamirano a la hora de centrar la acusación por los hechos ocurridos en la municipalidad de Azul, incluso evidenció más enconos para con aquella “intransigencia” de la dirigente que perturbó y tensionó la vida social y política de la vecina localidad.

La acusadora puso en el tapete la usurpación por despojo y arremetió contra las “excusas” de Altamirano y a la propia “personalidad” de la militante a la hora de estar a derecho.

Subrayó que se resistió a los golpes de aquel desalojo, instigando al resto a violentarse contra el orden público. “Resistan compañeros. Hay que matar a estos milicos”, rescataría como cita textual de lo que fue aquella madrugada violenta en el municipio azuleño.

Para la fiscal, en verdad el objetivo de la agrupación era llegar a que se produjera el desalojo en pos de un costo político con consecuencias poco claras, ya que evidenciaba una intransigencia absoluta a la hora de arribar a un acuerdo con los varios interlocutores –incluso, la propia fiscal- para que desista de la toma.

Señaló que la petición que esbozaba la protesta estaba fuera del alcance de las herramientas que puede contar un municipio y de hecho, se les dio comunicación telefónica con funcionarios nacionales. Pero nada les alcanzó.

Agregó que ni siquiera el reclamo estaba claro. Mientras Altamirano pedía por trabajo, otros manifestantes no sabían ni por qué estaban allí. También aludió al despojo ya que se afectó un servicio público.

Un niño pidiendo un arma para matar

A tono con las reflexiones de Piotti, Margaretic no obvió mencionar  que todos tenían conciencia de la realidad social y que debe haber atenuantes frente a las manifestaciones y reclamos, “pero eso no excluye la responsabilidad penal”, sentenció.

No escatimó en ahondar sobre los agravantes de los imputados, principalmente al recurrir a la “utilización de niños” en la protesta, poniéndolos en riesgo ante un eventual desalojo y ante el escenario de violencia que se vivía.

La fiscal allí recordó los dichos de una testigo que dijo ver y escuchar a un niño de 10 años que ante la detención violenta de Altamirano, le pidió un arma a su mamá para matar a un policía. Insistiendo, así, en lo perjudicial que es para el desarrollo y crecimiento de un menor de edad.

Reiteró, sobre el modus operandi de la líder de la agrupación, la agresividad, el autoritarismo y la intransigencia, no sin señalar que, como dirigentes sociales irresponsables evidenciaron un desprecio total por las instituciones.

En representación del particular damnificado, Eduardo Carbonetti se sumó a las críticas y los tópicos de la acusación, reseñando tajante que la agrupación “bajo el ropaje de la defensa de los derechos de los más necesitados, comete delitos”.

Tras un par de horas cerraba así el alegato acusatorio. Como cortina musical, seguía apostada en la planta baja la muchedumbre con sus pecheras, pancartas y ese recurrente bom… bom. Bombombom… Ahora era tiempo de la defensa y también de las réplicas.

El derecho supremo a rebelarse

El abogado Ariel Pellegrino, a la hora de alegar, expuso una mirada distinta a lo escuchado y oído en el ámbito judicial, argumentos que merecerían incluso el destaque del propio fiscal Piotti por la singular postulación, desafiando incluso lo que representa el estado de derecho, al entender de los fiscales, por lo cual merecería al final la réplica.

El defensor consideró que las causas en discusión estaba enmarcadas en el derecho a la protesta social, “derecho supremo del ser humano” frente a la indefensión del Estado ante las demandas plasmadas.

Consideró que ante un Estado imperfecto, lo que merece es la resistencia social, citando allí el artículo 34, en su inciso 4.

“Altamirano está orgullosa de lo que hizo. Se trata de la forma de protestar de los que están fuera del sistema, lo que se considera extra poder”, dijo.

También respondió a las críticas sobre los modos y formas de conducción de la pupila, considerando que forma parte de la organización sobre la cual nadie está obligado a pertenecer si no es por su propia voluntad.

Foco en el delito, no en la necesidad

A la hora de responder sobre la afectación de otros derechos en el marco de una protesta, no dejó de señalar que “las afectaciones están permitidas en el estado de derecho, definiendo que las presiones violentas se dan en el marco de un Estado incapaz de dar respuestas”.  Y así ejemplificó que ahora mismo, cuando estaban alegando, afuera había una manifestación que estaba afectando otros derechos, como el de circular por la avenida, e incluso se habría dañado el pasto del jardín de entrada del edificio por las pisadas de los manifestantes.

Entonces,  Pellegrino arremetería con que lo que se desnudaba en el debate era un tema político, no judicial, no dejando de mencionar cómo el juez Federal Bava sobreseyó de los delitos denunciados en organismos nacionales (en Tandil) y convocó a una mesa de diálogo con los funcionarios, por causas similares a la ocurrida en Azul.

El abogado alegó que se pone el foco en el delito, pero no en la necesidad que está detrás de todo reclamo. “Ustedes les están diciendo: pueden quejarse, pero sin molestar. Quieren disciplinar y que se adentren en un sistema que los excluyó por falencias del Estado”, espetó.

Luego de responder puntualmente por los daños acusados, tanto en la usurpación de Villa Cordobita como en el municipio azuleño, afirmó que emitir una condena por estos hechos sería “cercenar la protesta social”.

Tampoco obvió responder sobre la “utilización de los niños” en las tomas como en las manifestaciones y protestas y lo que eso representaba para el crecimiento de un menor, a lo cual el letrado retrucó diciendo que esas madres le estaban dando el mejor ejemplo: el de luchar por sus derechos que avasallan gobiernos corruptos e ineficaces.

Claro que Pellergino iba a peticionar la absolución de sus pupilos y, de ser considerados culpables, que la pena sea la mínima que establece el Código Penal, subrayando que sea de cumplimiento condicional ya que el cumplimiento efectivo requerido por la acusación era sólo un propósito de amedrentamiento.

Réplicas

En un recurso poco usual en los juicios, ambos fiscales pidieron derecho a réplica tras la exposición del defensor.

Tras destacar la labor del abogado por los argumentos novedosos traídos al debate, aunque no coincidiendo en sus postulados, Piotti aclaró que la toma en Villa Cordobita no fue “un daño colateral” de una protesta. Versó sobre un delito puntual ya que se quedaron con lotes que no eran suyos.

También Margaretic dijo lo suyo y dirigiéndose al letrado, le endilgó que parecía haberse “olvidado” que estaban en un estado de derecho. Y que el Estado debe marcar límites para vivir en sociedad.

“Acá se excedieron los límites” afirmó, sin dejar de reconocer que todo el asunto hacía a una cuestión política, pero que merecía el reproche penal. “No existe colisión de derechos. Ningún derecho es absoluto”, añadió, para sumarle que lo ocurrido en Azul “pasó el marco de la razonabilidad”.

Por último, no dejó de aclarar que no coincidía con el juez Bava y su rol de mediador. “No somos un ente político”, retrucó.

Griselda Altamirano, una cuestión de convicciones

Como era de esperar, la imputada Altamirano hizo uso del derecho a tomar por última vez la palabra en el final del debate. Una vez más, se iba a extender con una larga exposición ideológica de la cual se dijo orgullosa.

A propósito del desprecio a las instituciones, la acusada aclaró que siempre estuvo a derecho y no cometió ningún delito. Asimismo, enfatizó que “salimos a protestar, no a cometer ilícitos”, pero las manifestaciones devienen de un Estado que nunca escucha si no es con medidas extremas.

Reiteraría allí los postulados de luchas de clase, dando cuenta que cuando un pobre corta la ruta es sometido a un proceso judicial, pero cuando lo hace la oligarquía no se actúa con la misma diligencia, ni siquiera de oficio.

Replicó sobre la necesidad que tienen de darle información, conocimiento al pueblo para no ser avasallados en sus derechos, de lo contrario unos pocos privilegiados, entre ellos escribanos, inmobiliarias y otros privados, se quedaban con la tierra, como el caso de Villa Cordobita.

También ahondó en la nula respuesta política sobre sus demandas, que de existir un Estado presente y eficiente no surgirían los movimientos que ellos representan.

Altamirano siguió con sus consignas, prometiendo no ceder un ápice en sus modales ni accionar. Aquellos bombos que se escuchaban desde abajo e inquietaban a varios, seguirían sonando, a pesar de las represalias por venir, sea con condena o no.

Los últimos testigos

Antes de iniciar los alegatos, el juez Héctor Torrens dio lugar a los últimos testigos citados por las partes. Uno de ellos fue el presidente del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik, quien fue indagado por la defensa acerca de la relación del Municipio como las gestiones conjuntas realizadas con la agrupación, como así también respondió sobre su situación particular acerca de cómo se hizo de un lote lindero a su propiedad. Asuntos ampliamente difundidos oportunamente y que no merecieron reproche penal alguno con una causa que fue archivada por un fiscal olavarriense.

También pasó frente al juez Silvia Peralta, quien reconoció que oportunamente formó parte del grupo que tomó un lote de los que la agrupación había resuelto ocupar, ya que ella como otros tantos vecinos estaba necesitada de un techo.

Brindó detalles de cómo fue la convocatoria, de las asambleas y lo que tenían que llevar a la hora de hacer la toma masiva, hasta que se peleó con la propia Altamirano cuando se ordenaron distintas directivas sobre las guardias a la hora de custodiar la toma. A la vez, dijo que empezó a tener diferencias por los mecanismos violentos que se habían impuesto, por caso, sobre la posibilidad de tirar piedras y utilizar palos ante una eventual resistencia por un desalojo. También confió que Altamirano pedía que fueran a la toma con los chicos menores porque por protocolo la policía y la Justicia no los podían sacar.

En la última jornada del juicio oral y público que se celebra este viernes en la ciudad de Azul contra los dirigentes del Movimiento 1 de Octubre, el Ministerio Público Fiscal pidió en conjunto tres años de prisión para Griselda Altamirano y  2 años para Lezica por los causas originadas en Tandil y la vecina localidad. Las penas solicitadas son de cumplimiento efectivo.  Los fiscales María Laura Margaretic, de Azul, y Luis Piotti, de Tandil, coincidieron en el monto de la pena solicitada para ambos acusados, y el abogado Eduardo Carbonetti, en representación del particular damnificado querellante Mario Cerviño, coincidió en la imputación requerida por los funcionarios judiciales.

Tras cuatro días de debate intenso, esta tarde se desarrollaron los alegatos finales que dieron cierre al juicio oral. El titular del Juzgado Correccional 2, Héctor Torrens, emitirá su fallo el 25 de febrero. 

La defensa de los imputados, a cargo del doctor Ariel Pellegrino, se basó en el principio del derecho a la protesta para solicitar la absolución de sus patrocinados. Según expuso minuciosamente el letrado, los delitos endilgados no representan delito alguno, porque el derecho a la protesta es supremo y los trasciende. Pero, de existir una condena, solicitó que sea mínima y de ejecución condicional, es decir, que no vayan a prisión. 

Sobre el final, Griselda Altamirano hizo uso de la palabra durante un extenso periodo de tiempo y manifestó su orgullo por las acciones llevadas a cabo, “más allá de que la Justicia quiera condenar y criminalizar la protesta”. La referente social, fiel a sus principios, expresó que volvería a hacerlo a pesar de las consecuencias.

Altamirano y Lezica afrontaron el primer día de juicio con las denuncias y consignas de siempre y quedaron comprometidos por el delito de usurpación en Villa Cordobita

Las causas juzgadas de manera conjunta por hechos ocurridos entre 2015 y 2017, obedecen al pedido de los imputados por los delitos de usurpación, daños calificados, resistencia la autoridad, perturbación del acto legítimo e instigación a cometer delitos, de tener un juicio único que determine una sola pena.

Ayer se celebró la segunda audiencia en los tribunales de Azul, en torno a las acusaciones que pesan sobre los dirigentes Griselda Altamirano y Jorge Lezica, una vez más afrontando una imputación, en este caso,  por un pelea con vecinos que derivó en una denuncia por “lesiones leves en riña”.

El violento suceso ventilado y sumado al expediente como una instrucción penal apoya a la hipótesis fiscal a la hora de tratar de imponer el perfil y los métodos violentos con que se manejaron los acusados no sólo en lo que respecta al caso puntual, si no a la hora de conducir la organización política y social que encabezan y a la hora de desplegar su accionar.

A propósito de los militantes, una vez más apostados en la puerta del palacio judicial, una muchedumbre algo menor a la del primer día siguieron al ritmo monótono de los bombos cual cortina rítmica la escena que ocurría en la segunda planta del edificio, donde el juez Héctor Torrens conducía una audiencia que por momentos se volvió tensa, a partir de algunos cruces precisamente entre testigos y acusados, por una enemistad manifiesta que incluso deviene de diferencias políticas y metodológicas a la hora de lo que fue la distribución y ocupación de lotes en Villa Cordobita.

Una de cal, una de arena

Primeramente, el testigo Ardiles, citado por la fiscalía,  se sentó frente al magistrado para ratificar sobre la posesión de lotes de la zona en litigio, quien para sumar más complicaciones a la situación procesal de los acusados, confirmó que sus terrenos estaban cercados con alambre y que fueron violentados cuando se perpetró la toma masiva.

A favor de la hipótesis que quiere imponer la defensa de Altamirano y Lezica, también el testigo confió de cómo se hizo de dichos lotes, dejando en evidencia ciertas irregularidades de antaño que fueron aprovechadas por determinados vecinos.

También el testigo citó el nombre de Placer Moreno, quien se presentaba como apoderado de la firma quebrada La Tandilia, y quien le cedió –al decir del declarante- los derechos posesorios, por lo que queda la sospecha flotando en el aire de la compra que aseveró haber hecho Mario Cerviño en su declaración.

Vecinos en riña

Respecto al vecino Bufante,  quien denunció la agresión sufrida por Lezica y compañía (suceso ocurrido el 31 de marzo de 2016), detalló cómo se desencadenó la pelea, aunque admitió sus diferencias con los dirigentes de tiempo atrás, divergencias incluso políticas ya que el testigo reconoció pertenecer a la agrupación Patria Grande.

Recordó que iba en su moto cuando se le cruzó un perro de Lezica lo que generó que casi se cayera. La situación motivó que fuera a reclamarle al dueño del can un cuidado mayor frente al peligro que revestía la actitud del animal. Allí, al decir del denunciante, fue agredido a golpes de puños por Lezica y otros tres cómplices.

Lezica y los señalados oportunamente desmintieron la versión del testigo y aludieron que el violento había sido él. Asunto que quedará a criterio del juez a la hora de contar con su sincera convicción sobre la versión más creíble.

Más allá de la escena puntual sobre la pelea, quedó al desnudo que el testigo –también militante político de otra agrupación- mantenía diferencias con los dirigentes acusados por razones de tinte político que también derivaba en una disputa territorial.

En efecto, el testigo aludió a los métodos violentos y autoritarios de Altamirano y Lezica a la hora de liderar su agrupación como así también la discrecionalidad con que ellos solos resolvían quién tomaba un lote y quién no, por lo cual él y los suyos también mantenían sus diferencias porque querían ocupar otros lotes.

Así las cosas, la segunda jornada del debate judicial fue cerrando casi llegando al mediodía sin más voces por escuchar, y con la sensación que se respiró desde aquella usurpación masiva con sus ribetes penales. Hubo asuntos sociales, intereses políticos y desidia al por mayor que generó que aquellas “famosas” tierras de Villa Cordobita que no eran de nadie de un día para el otro comenzaron a hacer de unos cuantos y ante la anarquía posesoria terminó en una disputa entre vecinos con las derivaciones ya conocidas.

Políticos citados

Como se adelantó, para los sucesos ocurridos en Tandil en debate, la defensa pidió el comparendo como testigos del intendente Miguel Lunghi, el presidente del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik, el por entonces jefe de Gabinete y actual concejal Marcos Nicolini y el otrora edil Claudio Ersinger.

Por lo que trascendió, el jefe comunal no acudirá a la cita, excusándose con que ha iniciado sus vacaciones y no estará en condiciones de acudir.  Sí lo harán Nicolini y Ersinger el jueves, en tanto que Frolik hará lo propio el viernes.

Poco se ha dejado escapar sobre las motivaciones que llevan a la defensa a contar con dichas presencias políticas y que por caso, poco aportarían al debate concreto por el delito penal que se discute, acerca de la usurpación.

En lo que respecta a la jornada de hoy y el jueves, se desplegará todo lo que concierne a los sucesos violentos ocurridos en la toma del municipio azuleño, por el cual pesan las imputaciones más gravosas a la hora de una eventual sentencia condenatoria.

Parapapá… parapapá. Bom. Bom, bom… bom… bom. Paaff, paaff.  Aquellos redoblantes histéricos, perezosos bombos y bombas de estruendo que ayer nomás sonaron en dependencias oficiales y calles de Tandil se trasladaron a 99 kilómetros, donde con las banderas rojas e insignias negras como estandartes unos dos centenares de militantes desfilaron con rigurosidad castrense por la avenida de la cervantina ciudad de Azul rumbo al solemne edificio judicial, donde se desarrollaría  el juicio oral y público contra los referentes de esa organización llamada Movimiento 1 de Octubre.

Se los acusa de delitos cometidos allá y acá también. De la ocupación violenta, con daños y resistencia a la autoridad en el municipio vecino, a la toma masiva en Villa Cordobita que “la oligarquía” rebautizó como Cerro el Granito –diría la dirigente combativa imputada-.

En el medio, otras acusaciones, las agresiones perpetradas contra el exfuncionario comunal fallecido José Denisio y aquella escena bizarra encadenándose en la escalinata de la comuna vestida de “burguesa”, sendas imputaciones que iban a diluirse apenas iniciado el juicio, por resolución del juez.

La cita era a las 9. Y religiosamente el credo combativo se apostó ruidoso en las puertas del imponente edificio para acompañar a sus referentes Griselda Altamirano y Jorge Lezica, quienes se presentaron ante la fuerte presencia policial emplazada en el lugar y subieron las escalinatas rumbo a la sala de debate del Juzgado Correccional 2, donde el magistrado Héctor Torrens los esperaba para dar rienda al rigor judicial. También ya estaban los fiscales Luis Piotti y María Laura Margaretic, el abogado Eduardo Carbonetti en representación del particular damnificado Mario Cerviño, quien junto a otra docena de testigos (entre ellos vecinos de Villa Cordobita que se sintieron afectados por aquella toma masiva, además de los funcionarios policiales que intervinieron en el caso desatado el 11 de septiembre de 2015 y que tras tres tensos meses de negociaciones y mediaciones frustradas, se ordenó un desalojo con un espectacular despliegue policial que se concretó pacíficamente porque Altamirano, Lezica y compañía decidieron no resistir y dejar los palos, gomas incendiadas y bombas molotov en distintos puntos de más de medio centenar de lotes que habían ocupado por asalto.

Prescripción de delito

Pasadas las 10.20 finalmente daría formal inicio el debate en una sala que apenas alcanzaba para que la ocupen las partes y no más de nueve personas como público, integrado por esas mujeres que ponen el cuerpo y mente al servicio de la causa liderada por Altamirano, quien junto a su pequeño hijo de siete meses seguiría atentamente los alcances de los dichos de uno y cada uno de los que desfilarían delante del juez, incluso compartiendo inquietudes y opiniones con su abogado, y pidiendo declarar para dar su versión de lo que se estaba diciendo/acusando.

Entre el amamantamiento del bebé y la toma de notas de lo que se decía, Altamirano no dejaría escapar nada de lo que se exponía y arremetería con sus argumentos con un discurso que irrita a muchos, enfurece a otros más e incomoda a tantos más, para lo cual se tomaría su tiempo para exponerlo con prisa pero sin pausa frente al juez.

El primer asunto que mereció la atención de las partes y ningún reparo fue el anuncio del juez sobre dos de los delitos en pugna. Para Torrens, la causa por lesiones leves de las que resultara víctima el exfuncionario José Denisio (f) había prescripto, ya que oportunamente el juez del Correccional local, Carlos Pocorena, la elevó a juicio el 1 de diciembre de 2016 y al pasar más de dos años, debía desestimarse.

Lo propio ocurriría con el otro suceso ocurrido en abril de 2016, cuando Altamirano –vestida de burguesa- junto a dos compañeras, ingresó por sorpresa en el edificio municipal sorteando la custodia y se encadenaron en la escalinata que lleva al recinto deliberativo. Hasta que luego de horas fueron persuadidas de que desistan y quedaron demoradas. Por este hecho se fijó fecha para debate el 1 de enero de 2017. También pasaron dos años y la causa prescribió.

Así, Lezica y Altamirano recibirían la primera buena noticia del juicio. Ya dos causas menos pesaban sobre sus espaldas. Empero, lo más denso estaba por venir. Ayer era el turno de ventilar todo lo ocurrido sobre los terrenos usurpados en Villa Cordobita. Más luego (se prevé para el miércoles y jueves) será el turno de los sucesos violentos desatados en la comuna de Azul, por el cual la acusación no sólo apunta a los daños, resistencia a la autoridad y lesiones, sino que va por la figura de instigación al delito, con pena en expectativa de prisión. Una salvedad: Altamirano es madre de un bebé de siete meses. Difícilmente –imposible dirán los especialistas- de ser señalada como culpable que la priven de la libertad, al menos durante los primeros cinco años.

Policías testigos

Como estaba previsto para la primera jornada, prestaron su testimonio los policías que intervinieron en la mencionada toma. Si bien había varios efectivos citados para la ocasión, finalmente el fiscal se conformó con la palabra del por entonces responsable de la comisaría Primera (intervino por jurisdicción) Walter Omar Cos, y el subjefe de misma dependencia Carlos Yañes.

Ambos policías coincidieron sobre el modus operandi de los ocupas, que los tomaron por sorpresa aquella madrugada de septiembre y que luego comenzaron con las tareas de persuasión, primero para que desistan, hasta que judicialmente se ordenó el desalojo compulsivo, para lo cual organizaron durante diez días cómo se iba a desplegar el operativo que, finalmente y más allá de aquella espectacularidad diseminando fuerzas a lo largo y lo ancho del cerro tomado, no mereció mayor acción porque los propios usurpadores decidieron la retirada pacífica.

No obstante, para los fiscales fueron importantes los testimonios de los policías para tomar como prueba sus dichos en torno al delito en cuestión. Acerca de cómo se hizo la ocupación, los elementos que encontraron y las denuncias de vecinos que habían recibido al respecto.

Es que más allá del lacrimógeno discurso que emitiría Altamirano sobre las razones que llevaron a aquella toma, sus denuncias explosivas acerca de connivencia política, judicial con el negocio inmobiliario y sus convicciones políticas a cuestas, nada hacían al proceso judicial en cuestión. Para el Ministerio Público lo que importa es probar el delito y, con los dichos de los policías, de los vecinos damnificados que denunciaron la usurpación y hasta los propios dichos de la dirigente (admitiendo cómo organizó la toma y haciendo responsable de los hechos cuestionados), alcanzaría –al entender de los acusadores- para probar el ilícito.

“¿Había ocupación en los lotes?”. “¿Había alambrado que dividía los terrenos?”, eran las preguntas puntuales y las respuestas fueron todas afirmativas. Cómo aquellos que se presentaron como propietarios de los lotes y denunciaron la usurpación se hicieron de dicha propiedad fue materia de otra pesquisa que mereció su conclusión fiscal (ver aparte) en su momento, mal que le pese a Altamirano y compañía.

También desfilaron frente al magistrado la perito judicial, asistente social Emilse Martínez, quien ofició oportunamente de mediadora en el conflicto pero sin suerte. La profesional contó que acudió al lugar a pedido del fiscal con una nota en pos de tomar contacto con las familias ocupas y, a partir de allí lograr un canal de diálogo en pos de procurar que desistan de la comisión del delito que estaban sumergidos, llamarlos a la reflexión para que serían sujetos a un eventual desalojo compulsivo, con consecuencias inesperadas.

Pero la funcionaria judicial se toparía con Altamirano y Lezica en el camino y no la dejarían acercarse al resto de los ocupantes. Dijo que fue tratada despectivamente por ambos militantes y no pudo cumplir con el cometido.

Una vez escuchados los testimonios citados, sería Altamirano la encargada de pedir la palabra otra vez para dar su versión de los hechos, ante lo cual el juez se mostró primeramente reticente para no variar el dinamismo de la audiencia, aunque finalmente le permitió su descargo, no sin antes aclararle a la acusada que trate de no verter otra larga alocución a cada dicho que se expusiera en la sala.

Finalmente, otra testigo, la agrimensora Paula Molina, fue quien pasó por el estrado, dando cuenta que en representación de Catastro municipal acudió al predio junto a colegas privados,  quienes lograron divisar los lotes ocupados y trazar un plano sobre la usurpación denunciada.

LOS DICHOS DE ALTAMIRANO

La connivencia, corrupción y las razones de una toma

Griselda Altamirano sorprendió a los presentes con su deseo de prestar declaración y someterse al interrogatorio de las partes. Intención que tendría a lo largo del debate por uno y cada uno de los delitos endilgados.

Se tomó casi dos horas para referirse al origen de la toma, sobre la cual se hizo responsable de la organización política y social que encabeza. Detalló sobre las asambleas previas que realizaron en pos de informar a las familias necesitadas de un terreno y un techo de las condiciones en que estaban dichos lotes que –como lo sostuvo a lo largo de estos años- fueron adquiridos por Cerviño y demás, de manera irregular.

No titubeó en considerar aquella situación como “la estafa del siglo”, para lo cual no dudó en señalar al intendente Lunghi, al concejal Frolik y funcionarios judiciales “cómplices”, incluidos los fiscales que tienen todos los años una cena con el jefe comunal. El “detalle” inquisidor de la declarante motivó que el propio fiscal Piotti ahondara en sus dichos, pidiendo precisiones sobre esos encuentros denunciados. A lo cual Altamirano terminó admitiendo que se trataba de una presunción, pero que para ella era suficiente para fundar su convicción.

A preguntas de cómo obtuvo información sobre la presunta acefalía de los terrenos ocupados, dijo que la extrajo del propio expediente judicial civil donde constaban los juicios de apremios del Municipio. Por eso insistió –insiste- en que dichos lotes no eran de privados, ergo, no había delito.

También dijo que el delito no existió porque se ocuparon los lotes precisamente que no tenían dueños, considerando que Cerviño no era legítimo dueño de dichas tierras.

Arremetería con consideraciones ideológicas que hacen a la persecución política y judicial que padecen por representar a la clase obrera y a los más vulnerables, y son blanco de los prejuicios de la clase dominante.

“Como los corruptos estudian bien cómo hacer sus actos delictivos, nosotros nos asesoramos muy bien para organizarnos para no cometer delito a la hora de ocupar los lotes”, afirmó.

La dirigente insistió en que estaban sentados en el banquillo de los acusados por la presión política, ya que no habían cometido delito sino que habían desnudado la corrupción entre el Municipio, el sector inmobiliario y el “narcotraficante” de Cerviño, que fue “de petisero a terrateniente”.

Esta como otras tantas lapidarias afirmaciones más formarían parte de la conocida atronadora alocución de Altamirano, sabedora de hilvanar un discurso atractivo como fulminante, aunque a la hora de escarbar sobre sus fundamentos poca prueba hay a su favor. Más bien, un cúmulo concatenado de elucubraciones con cierto atractivo.

La palabra de Cerviño

Otra de las voces esperadas en la jornada judicial tenía que ver con el testimonio de quien se presentó como principal damnificado en la causa, Mario Cerviño, quien efectivamente confió cómo había tomado posesión de dichos lotes (a través de la compra de quien entonces se presentaba como apoderado de la otrora firma Tandilia).

Reseñó que desde el 99 adquirió los terrenos y a principios de abril de 2001 ingresó a la comuna la petición para el loteo y apertura de calles.

No dejó de aclarar que no lo une relación alguna con Lunghi, Frolik y demás funcionarios, para lo cual recordó que dicho procedimiento burocrático municipal lo hizo cuando Indalecio Oroquieta era intendente y Guillermo Parmigiani estaba al frente de Obras Públicas.

“No conozco al intendente ni a Frolik. Ni tengo testaferros. Tampoco soy narcotraficante como esta gente me señala”, lanzó con furia el hombre que quedó expuesto ante la opinión pública frente a los dichos y denuncias de los ahora acusados.

También aclaró sobre su situación procesal cuando quedó detenido por figurar como propietario de un camión con cargamento de droga. Sobre lo cual detalló que le habían falsificado la documentación y figuraba como titular, cuando en verdad nada tenía que ver con eso. Incluso se animó a inferir que lo había “metido” en dicho delicado suceso delictivo su propio yerno, quien está preso por dicha causa.

Tras su declaración, hicieron lo propio Alewaerts, Baffini y un par de vecinos más que se presentaron como propietarios  de los lotes que habían sido usurpados por la agrupación. Todos coincidieron en cómo se hicieron de dichos terrenos y que, en todo caso, habían sido estafados en su buena fe.

La causa Cerviño

A propósito de la denuncia que hizo Altamirano sobre el delito cometido por Cerviño a la hora de hacerse de los lotes y la disparidad de criterio fiscal al llevarlos a juicio a ellos y no avanzar en dicha instrucción, vale destacar que efectivamente el propio fiscal Piotti archivó la causa, considerando que no se pudo constatar delito alguno.

Si bien pueden instalarse sospechas y/o dudas de cómo Cerviño se hizo de dichos lotes, por lo pronto quien resultaría responsable penal de la presunta maniobra habría sido Placer Moreno, quien se presentaba como apoderado de aquella firma en quiebra y “le vendió” dichas tierras a Cerviño, operación realizada a través de una escribanía marplatense, lo que no deja de llamar la atención y suspicacias de propios y extraños. Empero, la investigación no pudo llegar a más, siendo que Placer Moreno falleció. Sí se iniciaron actuaciones sobre el escribano marplatense por una cuestión que hace a la ética profesional, asunto que fue transmitido al Colegio respectivo.

Griselda Altamirano, referente del Movimiento 1 de Octubre, declaró en la sala del Juzgado Correccional 2 de Azul, a cargo del juez Héctor Torrens, y ante los fiscales María Laura Margaretic, de Azul, y Luis Piotti, de Tandil, por la toma masiva del predio de Villa Cordobita, ocurrido en septiembre de 2015, y aseguró que no se trató de un delito de usurpación.

Según Altamirano, esos terrenos eran acéfalos, no poseían dueño, ya que Mario Cerviño, el damnificado, los había conseguido de manera corrupta. De esta forma, ante la necesidad habitacional, tenían derecho a ocuparlos y así lo hicieron. Tras dos horas de declaración,  se responsabilizó por la ocupación y acusó al intendente, Miguel Lunghi, al Municipio y a Juan Pablo Frolik, presidente del Concejo, por hacer caso omiso y no brindar la atención necesaria.

Subieron también al estrado Cerviño, quien desmintió las acusaciones de corrupción, los policías que intervinieron en el desalojo, Omar Cos (comisario de la Comisaría Primera) y Carlos Yañez (subcomisario) y Emilse Martínez, asistente social perito oficial del Departamento Judicial de Azul.

Lo ocurrido

En septiembre de 2015 tuvo lugar la ocupación másiva de los terrenos de Villa Cordobita. Las 130 familias que se encontraban tomando el predio fueron desalojadas por las fuerzas de seguridad.

Los ocupantes habían denunciado la especulación que se hacía de los terrenos a partir del usucapión (adquisición de un derecho mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto en la ley) con contactos del Estado.

Este lunes comienza el juicio a Griselda Altamirano, Jorge Lezica y otros 9 integrantes del Movimiento 1 de Octubre por una acumulación de causas penales en la justicia ordinaria, instrucciones iniciadas desde 2015 hasta 2017. Dentro del panorama judicial que afrontan los dirigentes, la causa más complicada por sus eventuales consecuencias penales es la que afrontará Altamirano en torno a los sucesos ocurridos en la ciudad vecina, donde la fiscal Margaretic le endilga el delito de inctigación al delito. Es preciso aclarar que los expedientes iniciados el año pasado por “Averiguación de delito” por el corte de la  Ruta 226, el bloqueo a la sede regional de Anses y el piquete frente a la subdelegación de la Policía Federal, corren por el carril de la justicia federal.

La acumulación de causas obedece al pedido solicitado por los imputados de usurpación, daños calificados, resistencia la autoridad, perturbación del acto legítimo e instigación a cometer delitos, de tener un juicio único que determine una sola pena.

La semana que se avecina se iniciará la instancia de juicio oral que tendrá lugar durante cinco días corridos, previéndose que el viernes será el tiempo de alegatos de las partes.

Precisamente serán los fiscales de juicio María Laura Margaretic, de Azul, y Luis Piotti, de Tandil, y el defensor de los militantes será el abogado Ariel Pellegrino. Las audiencias se celebrarán en la sala del Juzgado Correccional 2, a cargo del juez Héctor Torrens.

Los hechos

Sobre los hechos investigados, la reseña indica que en agosto de 2015, la agrupación 1 de Octubre, encabezada por Griselda Altamirano y Jorge “Mono” Lezica, se movilizó en tres oportunidades  hasta el Concejo Deliberante local para reclamar que se trate sobre tablas la adhesión a la Ley de Hábitat.

Ante la rotunda insistencia de los manifestantes, en cada una de las ocasiones los bloques resolvieron suspender la sesión.

En septiembre del mismo año tuvo lugar la toma de los terrenos de Villa Cordobita. Las 130 familias que se encontraban tomando el predio fueron desalojadas por las fuerzas de seguridad.

Los ocupantes habían denunciado la especulación que se hacía de los terrenos a partir del usucapión (adquisición de un derecho mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto en la ley) con contactos del Estado.

La comuna impulsó acciones por delitos contra el orden público contra los responsables de la toma y el Intendente expresó su “rechazo y repudio total” contra la ocupación de tierras en esa zona, considerando que “no se puede permitir que se transgreda la ley y todas las normas de convivencia” y aseguró que “somos respetuosos del trabajo de la Justicia y esperamos las determinaciones que se tomen”.

En noviembre, el entonces subsecretario de Protección Ciudadana José Denisio, ya fallecido, formalizó una denuncia por “daños y agresión” en la fiscalía contra uno de los referentes de la agrupación 1 de Octubre, Jorge Lezica, quien -en el marco de una manifestación en el Municipio- le arrojó materia fecal y orina que tenía en una botella. Además, se labró una denuncia por impedir el acceso a la sede del Departamento Ejecutivo.

El 27 de abril de 2016, Griselda y dos compañeras “se disfrazaron de burguesas” y burlaron el control policial de acceso al Palacio Municipal. Una vez en el interior, se encadenaron en las escalinatas del Municipio y permanecieron  allí iniciando a su vez una huelga de hambre, en protesta por alimentos frescos para los comedores de la agrupación. Así fue que desde las 13.20, hora en que lograron ingresar, permanecieron hasta las 23, cuando fueron desalojadas por la fuerza por los efectivos policiales ante la negativa a retirarse por su voluntad.

La imputación más densa y gravosa versa sobre la toma al edificio de la municipalidad de Azul. El hecho se remonta al 22 de mayo de 2017, cuando un grupo de manifestantes del movimiento tomaron la dependencia municipal de la vecina localidad y pasaron allí la noche.

Una importante cantidad de efectivos policiales hizo cumplir la orden de desalojo que había solicitado la fiscal Laura Margaretic, a instancias de la denuncia penal que realizó el intendente de dicha ciudad, Hernán Bertellys.

La policía ingresó al municipio alrededor de las 8 y, en medio del procedimiento, detuvo a Griselda Altamirano y a otros tres manifestantes por resistencia a la autoridad.

La referente permaneció detenida en aquella oportunidad durante 6 días por orden de la jueza de Garantías Magdalena Forbes, a pedido de la fiscal Laura Margaretic, por estar acusada de ser coautora del delito de usurpación y autora de “Resistencia a la autoridad, Amenazas reiteradas, Lesiones Leves Calificadas Reiteradas e Instigación al Delito”.

Según Altamirano, en este caso hay falsos testimonios de los policías  que le endilgan la autoría de lesiones y agresiones.  “Supuestamente le rompí los meñiques a dos comisarios y le pegué a una mujer policía en el primer piso, donde nunca estuve. Hay seis delitos en concurso real”, explicó en diálogo con El Eco de Tandil.

El juicio

Altamirano contó a este medio que además de pedir la acumulación de causas, presentaron un pedido de suspensión “porque hay una causa que quedó colgada y entró en Correccional esta semana, queremos que entren las seis juntas “. Si bien informó que son 11 los acusados que irán al banquillo, las mayores responsabilidades se ciernen sobre su persona. Sobre el incidente presentado por la defensa de los acusados, el magistrado ya los rechazó por lo que se desprende que no hay margen a más demoras a la hora de iniciar el debate.

“Entre los delitos endilgados hay varios que no son excarcelables, por ejemplo, los de la toma de la municipalidad de Azul. La defensa aún no organizó qué día se celebra cada juicio para organizar los testigos, va medio desprolijo. Es un juicio político. Amontonan gente que va a decir que soy mala, violenta y no respeto la ley. Lo que buscan es una condena”, expuso la combativa referente social.

“Tocar bombos en el Concejo Deliberante es de cumplimiento efectivo, es una Perturbación del acto legítimo. Qué voy a tener miedo de ir presa si yo sé lo que significa pelear contra este sistema, este Estado burgués,  yo quiero que las reglas del juego sean claras, me ajusto a derecho y lo acepto, pero que sea legalmente correcto”, señaló y enfatizó que en su afán de encarcelarla, van a tratar de torcer los rumbos del litigio.

“Me dejan una causa afuera, no me dejan notificar testigos en tiempo y forma, tratan de que no vaya el Intendente, nosotros citamos a Lunghi, a Frolik, a Nicolini. Quieren tapar el negocio  inmobiliario que siempre hubo en Tandil. De ahí en adelante discutamos el déficit habitacional y discutamos la toma de tierras”, añadió.

“Ir presos es consecuencia de enfrentar a la oligarquía y a la burguesía”

Altamirano denunció lo que considera una “persecución” a  su organización  y remarcó que “por tocar el bombo yo voy a juicio, y hay un sindicato que tiró pirotecnia dentro de la Municipalidad y no les pasa nada”.

Desde su óptica, la líder del Movimiento 1 de Octubre analizó que una democracia con tanta formalidad termina siendo una dictadura en los hechos concretos. “Está el que hace y el que deja hacer. La complicidad de las organizaciones políticas y sociales que dejan que esto sucede porque esperan obtener un puesto en las elecciones”, ponderó.

Consultada sobre cuál sería el peor escenario posible para ella, Griselda aseguró que  son los de la oligarquía que va a la justicia burguesa

“Hay atenuantes y agravantes, yo sólo tengo agravante y entonces van a pedir la pena máxima. Si la condena  es de seis meses a dos años, a mí me piden dos años, porque yo hago eso porque quiero, a conciencia y por voluntad. Como sé lo que hago y mi cuestión es ideológica me piden el máximo de la pena en todas las causas. Ellos podrían imponer una pena total de 15 años por todos los delitos y  arreglamos en cinco, ellos buscan una condena que no sea excarcelable”, ejemplificó. Para que una pena sea de cumplimiento efectivo, la punición contemplada en el Código Penal tiene que ser superior a los tres años.

“Insistimos en que el sistema  se rompe solamente con la lucha popular, vamos a acompañar el juicio con nuestros compañeros movilizados. Ir presos es consecuencia de enfrentar a la oligarquía y a la burguesía. La única organización peligrosa para sus intereses somos nosotros, los intereses del pueblo son contrarios a los de las clases dominantes”, defendió.