Sorpresa para propios y extraños. En medio de la incredulidad de los acusados por el sistema judicial al que denunciaron persecución, se encontraron con el veredicto de un juez –al que también minaron de críticas y recusaciones- que finalmente y luego de un extenso derrotero procesal resolvió absolverlos del delito más grave con el que arribaron al debate oral y público en el Juzgado Correccional local.

Allí estaban Griselda Altamirano y Jorge Lezica, circunstancialmente juntos por el presente judicial pero distanciados en lo personal, escuchando en vivo y en directo que aquel mismo juez al que habían apuntado con severas críticas los estaba desligando del delito penal principal que les achacó el Ministerio Público, acerca de la violenta manifestación que terminó con sensibles daños en el patrimonio del edificio municipal, en diciembre del 2021.

Altamirano sí recibió un veredicto condenatorio por los estorbos ocasionados en el edificio judicial de Azul, cuando protestaba por la detención (después mutada en condena) de su hermano, acusado de abuso sexual contra una menor.

El dictado pronunciamiento condenatorio no cuenta con la entidad suficiente penal para poner en duda la libertad con la que arribó al juicio y que, en definitiva, era lo que estaba en juego.

En efecto, a la espera de conocerse los fundamentos que llevaron a la convicción vestida de sentencia, el juez Carlos Pocorena adelantó ayer al mediodía su veredicto para con sendos dirigentes, que habían llegado al juicio precisamente con la posibilidad de recibir una pena que, sumada a la condena firme ya asumida, podía llevarlos a prisión. Empero, nada de eso ocurrió. Más bien todo lo contrario. Para el magistrado no se reunió el caudal probatorio suficiente para achacarles el delito que el fiscal Luis Piotti los llevó a juicio. Consecuentemente, fueron absueltos.

Altamirano salió de la sala y se reencontró con los suyos. Ese puñado de mujeres que la acompañó y custodió a sus hijos en las dos jornadas de debate. Lezica se fue solo por las suyas, respirando aliviados que la denunciada persecución judicial no llegó a lo que ellos mismos sostenían aviva voz  que iba a llegar. Seguirán libres, en sus cosas, con los perfiles que optaron de un tiempo a esta parte. Alejados de las movilizaciones, manifestaciones, cortes ni tomas. Como se formaran también parte del cambio de época que se respira en el país y Tandil también.

El fiscal pidió prisión efectiva para Lezica y Altamirano

Sobre lo que se conoció de la decisión del juez, luego de analizar la totalidad de la probatoria producida en la causa, sea la incorporada por lectura al debate como la recibida en la audiencia de juicio, conforme las reglas de la sana crítica racional, el juez adelantó un pronunciamiento absolutorio respecto del delito de daño agravado cometido por Griselda Itatí Altamirano y Jorge Mario Lezica, en su carácter de coautores penalmente responsables y condenatorio respecto del delito de impedimento  o estorbo de acto funcional, por el que fuera acusada la dirigente.

Asimismo, el magistrado convalidó la petición de sobreseimiento que el propio fiscal había anticipado en el debate sobre el delito de amenazas por la prescripción de la acción penal. Al respecto, se  señaló que conforme la requisitoria fiscal de elevación a juicio surge que el hecho que diera origen a la presente y que se atribuye como cometido por Griselda Itatí Altamirano el 10 de mayo de 2022, que la calificación legal otorgada es la de amenazas, y que el último acto interruptivo ocurriera el 4 de junio de 2024, cuando fuera citada.

Así las cosas, “he de tener en consideración la pena a que se encuentra conminado el delito atribuido, amenazas, conforme el artículo 149bis primera parte del primer párrafo del Código Penal, es la pena de seis meses a dos años de prisión. Conforme lo establece el inciso 2 del art. 62 del Código Penal la acción penal prescribirá "...después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratara de hechos reprimidos con reclusión o prisión...".

Al respecto, Pocorena indicó que corresponde hacer lugar a la prescripción de la acción, por cuanto consideró que tomando en consideración la escala penal prevista para el delito endilgado en relación a la citación a juicio, se advierte que a la fecha se encuentra excedido el plazo de dos años, verificándose que no concurren causales con aptitud para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal, como tampoco el dictado de otras providencias que puedan ser consideradas a los efectos de la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, por lo que así corresponde declararla.

Por último, el juez destacó que la fecha de la comisión de los hechos fue dentro del plazo de los cuatro años estipulado en el artículo 27 del Código Penal, respecto de la primer sentencia dictada en causa del registro del Juzgado Correccional 2 de Azul, el  25 de febrero de 2019, la cual adquirió firmeza el 15 de octubre de 2020.

Sin embargo –siguió el juez-, el planteo realizado por la defensa, es atendible, y ello conforme criterio establecido por este Juzgado en otra causa, la cual refirió a que "...el condenado no cometiere nuevo delito..." y en el caso la concreta determinación que los hechos cometidos en los años 2021 y 2022 ocurre con la sentencia de autos a dictarse, es decir pasados los cuatro años, por lo que adelanto la improcedencia de la unificación peticionada por el Fiscal.

Como oportunamente se detalló, el fiscal alegó la figura de la coautoría funcional. Para Piotti, la conducta de los acusados no se limitó a una protesta verbal, sino que existió una clara tendencia a la acción violenta. En su argumentación, sostuvo que el liderazgo ejercido por Altamirano tuvo el poder de incitar a la multitud a pasar a los hechos, lo que quedó registrado en diversas pruebas fílmicas incorporadas a la causa.

Según la fiscalía, estas imágenes permitieron identificar a los imputados encabezando la columna de manifestantes y arengando a la masa, lo que confirmó su dominio sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Más allá del énfasis con la que apeló el fiscal, no tuvo la misma impresión el juez. Al decir del adelanto de la sentencia ventilada, para Pocorena “no se acreditó con el grado convictivo la coautoría penalmente responsable de los mismos en el hecho imputado”.

Así las cosas,  en su veredicto el juez adelantó un pronunciamiento absolutorio respecto del delito de daño agravado como coautores penalmente responsables el 6 de diciembre de 2021.

En otro orden, un pronunciamiento condenatorio respecto del delito de impedimento o estorbo de acto funcional cometido por Altamirano como autora penalmente responsable del mismo,  entre los días  9 y 17 de mayo de 2022 en Azul.

Asimismo, se declaró extinguida por prescripción la acción penal y sobreseyendo totalmente a Altamirano, del delito de amenazas.

Por último, se rechazó la unificación peticionada por el fiscal respecto de la sentencia dictada en causa del Juzgado Correccional 2 de Azul.

El dictado y lectura de los fundamentos del veredicto y  la sentencia será el 16  de julio del corriente año, a las 12, a partir de cuya lectura comenzarán a correr los plazos previstos por la normativa vigente para la presentación de los recursos que las partes pretendieran interponer.

En una jornada judicial que generó expectativa en el ámbito local, el magistrado a cargo de la causa dictó la sentencia que absuelve a Griselda Altamirano y a Jorge Lezica por los incidentes registrados años atrás, cuando un grupo de manifestantes provocó daños en el edificio del Municipio de Tandil. 

La resolución, comunicada este mediodía, marca un punto final para la acusación principal que pesaba sobre los referentes sociales, aunque el proceso continuará el 16 de julio con la lectura de los fundamentos del fallo.

Tal como informó el periodista Guillermo Liggerini en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la fiscalía, representada por el doctor Luis Piotti, había solicitado una condena bajo la figura de coautoría funcional. Sin embargo, el juez consideró que las pruebas presentadas durante el debate fueron insuficientes para demostrar que los imputados hubieran organizado o instigado de manera directa los actos vandálicos que derivaron en la rotura de vidrios y destrozos en la sede gubernamental.

Si bien Altamirano resultó absuelta por los daños al Municipio, el tribunal sí la condenó por un hecho menor ocurrido un año después en la ciudad de Azul. En aquella oportunidad, la dirigente encabezó una manifestación en las puertas del edificio judicial, donde se realizó un acampe con música y ruidos molestos que, según la justicia, perturbó el normal funcionamiento de la labor judicial. Este episodio, calificado como un delito de menor gravedad, no implica una pena de prisión efectiva para la acusada. 

Uno de los puntos centrales del debate jurídico fue la posibilidad de unificar esta nueva condena con una sentencia previa que Altamirano ya poseía con carácter de firme. No obstante, el juez rechazó este pedido de la fiscalía. 

El magistrado argumentó que, debido al extenso tiempo transcurrido —cuatro años desde los hechos originales—, la unificación de penas no resultaba procedente, lo que descartó cualquier posibilidad de que la dirigente quedara tras las rejas.

Durante la cobertura realizada por el equipo periodístico, se destacó que la investigación nunca logró identificar ni imputar a los autores materiales de los daños al edificio municipal. La estrategia de la fiscalía se había centrado en señalar a Altamirano y a Lezica como los "autores intelectuales" o responsables de haber fagocitado la movilización, una figura que, según el análisis judicial, careció de elementos contundentes durante el desarrollo del juicio.

La prescripción de ciertos aspectos del delito y la demora en llegar a la instancia de debate oral fueron señaladas como factores que debilitaron la pretensión punitiva del Ministerio Público Fiscal. 

El doctor Luis Piotti, tras conocer el veredicto, aguardará la lectura de los fundamentos el próximo 16 de julio para evaluar la posibilidad de presentar una apelación ante las instancias superiores.

La audiencia se desarrolló en un marco de tranquilidad, con una presencia policial que, según los observadores, resultó desproporcionada dado el carácter pacífico de la jornada. 

Un grupo reducido de militantes acompañó a los imputados, quienes se retiraron de los tribunales una vez finalizada la lectura de la sentencia. 

Con este fallo, se cierra un capítulo judicial prolongado, dejando en evidencia la complejidad de probar responsabilidades penales en el marco de manifestaciones sociales cuando no existen pruebas directas de la autoría material de los daños.

La segunda jornada del juicio que se sigue contra Griselda Altamirano y Jorge Lezica por los incidentes ocurridos durante una movilización frente al Palacio Municipal en 2019 estuvo marcada por los alegatos de las partes. Según informó Guillermo Liggerini, periodista de El Eco de Tandil, desde el lugar de los hechos, el fiscal ratificó la acusación y pidió penas de prisión para ambos dirigentes de la agrupación Primero de Octubre.

La causa busca determinar la responsabilidad penal que les cabe por los daños ocasionados durante la protesta realizada en reclamo de justicia por la muerte de Sebastián Simón, atropellado por un vehículo conducido por Luciano Jaureguiber, entonces funcionario municipal de Espacios Verdes Públicos, quien posteriormente fue condenado por homicidio culposo mediante un juicio abreviado.

En diálogo con ECO TV y Tandil FM 104.1, Liggerini explicó que la acusación no sostiene que Altamirano y Lezica hayan arrojado personalmente los proyectiles contra el edificio comunal, sino que se les atribuye una "coautoría funcional" por ser los referentes de la organización que encabezó la manifestación.

Durante la primera audiencia declararon efectivos policiales, el entonces secretario de Legal y Técnica, Andrés Curcio, el exsecretario de Protección Ciudadana Atilio Della Maggiora y empleados municipales que se encontraban trabajando en las oficinas ubicadas sobre calle Belgrano.

Los testimonios dieron cuenta de la violencia de los hechos y de los daños producidos por las baldosas y otros elementos arrojados contra los ventanales del Palacio Municipal, incluidos los del despacho del intendente Miguel Lunghi. Curcio recordó que, ante la intensidad de los ataques, el jefe comunal fue retirado de su oficina y trasladado a la denominada Sala de Cuadros para resguardarlo.

En los alegatos, el fiscal solicitó una pena de dos años y seis meses de prisión para Griselda Altamirano y de dos años para Jorge Lezica. Más allá de la eventual declaración de culpabilidad, uno de los aspectos en discusión es la posibilidad de acumular estas penas con una condena previa que ambos poseen, dictada por la Justicia de Azul.

Si bien las penas solicitadas son inferiores a los tres años y, en principio, podrían ser de cumplimiento condicional, la controversia jurídica gira en torno a si corresponde unificar las condenas y revocar el beneficio otorgado anteriormente, una cuestión sobre la que existen distintas interpretaciones doctrinarias.

El juez Carlos Pocorena anunció que el próximo viernes al mediodía dará a conocer el veredicto. Los fundamentos de la sentencia se difundirán con posterioridad.

La dirigente de la agrupación 1 de Octubre compareció ante el Juzgado Correccional 1. Antes de ingresar a la audiencia, la referente social ratificó su postura crítica hacia el poder político local, cuestionó el accionar del juez Carlos Pocorena y aseguró que el proceso penal es un intento de disciplinamiento hacia los sectores vulnerables que ella representa.

En la antesala de la audiencia, la dirigente insistió en la persecución política y judicial en su contra y vinculó la celeridad de este proceso con su rol activo en las denuncias contra la gestión del intendente Miguel Lunghi.

Altamirano, fiel a su estilo confrontativo, aprovechó el contacto con este Diario para denunciar un trato desigual por parte del Poder Judicial. Según sus palabras, el juicio representa la "culminación de un hecho de persecución política" que busca criminalizar la protesta social en la región.

Durante su alocución previa al ingreso a la sala, la dirigente comparó su situación procesal con causas de mayor gravedad institucional que, según su visión, no recibieron el mismo tratamiento. "Vamos a presenciar un juicio por unos vidrios cuando no tuvimos esta posibilidad de juicio oral y público por el asesinato de Sebastián Simón", expresó Altamirano en referencia al joven atropellado por un exfuncionario municipal.

En ese sentido, cargó contra el magistrado a cargo del debate, al señalar que existe una "connivencia política y judicial" que garantiza la impunidad de ciertos sectores mientras se ensaña con los referentes de los movimientos sociales.

El contraste con el caso Sebastián Simón

La dirigente social fundamentó su postura de persecución política al señalar la figura del juez Pocorena y del fiscal Calonje, a quienes acusó de haber pactado un juicio abreviado para beneficiar a Luciano Jaureguiber en la causa Simón. Para la referente de la Primero de Octubre, el sistema judicial local opera con un doble estándar que prioriza la condena de quienes "osan levantar la voz" por encima de la búsqueda de justicia real. "Está demostrado que cuando ellos quieren condenar, condenan", sentenció ante los micrófonos de la radio del multimedios.

Altamirano vinculó este nuevo proceso con sus denuncias históricas sobre la presunta corrupción en la entrega de tierras y otros manejos de la administración lunghista. Recordó que, años atrás, denunció a todo el gabinete municipal ante la misma fiscalía que hoy la acusa. Bajo esta lógica, el juicio por los daños en la Municipalidad funcionaría como un "escarmiento" público para desalentar su activismo y su presencia en las calles.

La líder social sostuvo que su compromiso con los sectores más vulnerables es lo que genera incomodidad en el poder político, provocando una respuesta punitiva coordinada.

Pese a la posibilidad de que una nueva sentencia derive en una detención efectiva, Altamirano se mostró desafiante y aseguró que su liderazgo no depende de su libertad física. "Yo puedo ir presa hoy, salir y seguir dirigiendo mi organización", afirmó, minimizando el impacto personal de una eventual condena.

Sin embargo, no dejó de señalar que el proceso judicial ha condicionado su accionar en los últimos dos años, lo que explicaría su menor perfil público y su retiro momentáneo de las manifestaciones masivas que solían caracterizar a su agrupación.

Después de un largo proceso marcado por sucesivas suspensiones, este jueves comenzó finalmente el juicio oral contra Griselda Altamirano y Jorge Lezica, en el que se analizan las responsabilidades penales derivadas de los incidentes ocurridos durante una manifestación en Tandil y de los disturbios registrados en la sede del Poder Judicial de Azul.

La primera audiencia se inició durante la mañana con un planteo de nulidad formulado por el abogado defensor de los dirigentes sociales. El pedido fue tratado por el tribunal y finalmente rechazado, por lo que el debate continuó según el cronograma previsto.

En el desarrollo de la etapa testimonial declararon dos efectivos policiales que se encontraban en funciones durante la protesta en la que se produjeron los incidentes que derivaron en la causa. También prestaron declaración Andrés Curcio, quien por entonces se desempeñaba al frente de la Secretaría Legal y Técnica del Municipio; Atilio Della Maggiora, exsecretario de Protección Ciudadana; Julieta Vicente, responsable de la Dirección de Estadísticas que se encontraba en el Palacio Municipal durante aquella jornada, y Andrea Rosetti.

Los testimonios apuntaron a reconstruir las circunstancias en las que se desarrolló la manifestación y los episodios que terminaron con daños y enfrentamientos, hechos por los que Altamirano y Lezica llegaron a juicio.

Tras un cuarto intermedio, las audiencias continuaron mediante la modalidad virtual con la recepción de declaraciones vinculadas a la otra causa por la que también está siendo juzgada la dirigente social. Se trata del expediente relacionado con los disturbios registrados en la sede judicial de Azul, una investigación que fue incorporada al debate actual.

Extensa espera

El inicio del proceso representó el final de una extensa espera. El juicio había sido programado originalmente para agosto de 2024, pero diferentes planteos y resoluciones judiciales provocaron sucesivas postergaciones, que incluso se repitieron durante este año, hasta que finalmente pudo comenzar.

De acuerdo con lo previsto, durante la tarde de este jueves se esperaba la realización de los alegatos finales, instancia que finalmente se postergó para el martes 10 de julio, por pedido de la defensa de los imputados. 

La causa concentra episodios ocurridos en el marco de las protestas protagonizadas por organizaciones encabezadas por Altamirano y constituye uno de los procesos judiciales más prolongados y controvertidos que involucran a la dirigente social, luego de varios años de trámites y reprogramaciones.

En los últimos días se dio a conocer a través de estas páginas la resolución de la Cámara de apelaciones de Azul de dar curso al reclamo del empresario Ricardo Berlari y dejar sin efecto el archivo de la causa contra Griselda Altamirano por los incidentes provocados por la Agrupación 1° de Octubre en la ExpoTan 2022. 

El empresario, organizador del evento dedicado a los empresarios del rurales, dialogó con “Último Bondi” (Tandil FM 104.1, Eco TV y El Eco Streaming) y expresó sus sensaciones tras la decisión tomada por los jueces del tribunal de alzada Carlos Pagliere (h), Damián Cini y Gustavo Echevarría. 

“No hace falta demasiada investigación, sólo remitirse a las pruebas que presenté para poder claramente determinar que hubo delito y no solo uno, sino la suma de varios”, señaló.

Respecto a su impresión días después de conocerse el fallo que le dará continuidad a la investigación, Berlari reconoció sensaciones encontradas porque si bien la decisión de la Cámara le da la razón a su pedido también está presente “la amargura que siempre tuve por la sensación de injusticia, de falta de justicia o por lo menos de una mala administración de la justicia, sigue vigente en mi persona”. 

A partir de la presentación del abogado del empresario, Nicolás Prat, el pasado 21 de mayo tras conocerse la decisión de la fiscal general subrogante, Mariela Viceconte, la resolución de la Cámara señaló que la decisión del pase a archivo fue como mínimo apresurada y obligó a que se siga investigando.

“La realidad es que si yo no me hubiera presentado como particular damnificado en esta causa y hubiera llevado adelante la apelación, que además me cuesta dinero porque Altamirano se defiende gratis y yo no puedo hacerlo gratuitamente. Además me lleva un montón de dinero, así que si yo no hubiera hecho todo eso, la causa ya estaría archivada dando por sentado una ausencia de delito o inocencia de parte de la Agrupación”, indicó Berlari.

Con un enojo marcado por el desarrollo de la investigación en la justicia, el empresario indicó que si bien la decisión “es una bocanada de aire fresco”, la verdadera sensación que le queda es de bronca porque tiene que “hacer estas cosas cuando en realidad es tarea del fiscal”.

Berlari subrayó que la decisión de la Cámara de apelaciones no cambia la opinión que tiene sobre el fiscal y su accionar. “El archivo de la causa estuvo en la mente del fiscal desde el primer minuto”, afirmó y agregó que desde el momento cuando la policía informa el episodio, el fiscal emite una opinión adelantada de que no había delito basándose en el derecho a la protesta de la gente.

“Acá hay detalles que fueron los que exacerbaron mi enojo y que tuvo que ver concretamente con que el fiscal en la redacción de los hechos, incluso en el relato de las propias pruebas que yo presento, tiene suspicacias que van en contra de lo que verdaderamente ocurrió. Las bombas de estruendo, él dice que explotaron fuera del evento y es cierto pero explotaron dentro del estacionamiento que está dentro del predio del evento”, agregó.

Estos detalles que describe Berlari son los que, a la lectura de un tribunal, pueden interpretarse a favor de Altamirano y la Agrupación 1° de octubre. Sin embargo, aseguró, que en cada instancia presentó la documentación que respalda su denuncia, testigos y filmaciones, que instan a continuar con la investigación. Indicó que lo seguirá haciendo ya que este lunes la fiscalía presentó la apelación a lo que indicó la Cámara.  

Por último, respecto a la actuación del fiscal, aseguró que pensó en la recusación del mismo y que lo va a realizar dependiendo del resultado. “Depende de cómo termine toda esta historia, y vaya a saber cuándo ocurra, si lo voy a hacer. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer”, aseveró Berlari.

En octubre del 2022 la Agrupación 1° de Octubre irrumpió en el predio de la Sociedad Rural atravesando dos vallados, detonando bombas de estruendo y atormentando a todas las familias presentes en el patio de comida de la Expotan. El grupo liderado por Griselda Altamirano realizó semejante manifestación en contra de la “oligarquía”. 

“En realidad fue dos veces que ocurrió. El primer año la policía de la Provincia tuvo que mandar 300 efectivos de La Plata porque ellos habían amenazado que iban a entrar a Expotan a romper todo, fue en 2018. Fue la peor Expotan en concurrencia de la historia porque el predio había quedado totalmente bloqueado por la policía, justamente para aportar la seguridad”, contó el organizador.

Sobre la segunda vez en la que la Agrupación irrumpió en el predio de la Sociedad Rural, explicó: “Violentaron dos líneas de vallas y las dos estaban cien metros adentro de un predio que es privado. Ya eso es invasión a la propiedad privada y de la manera que ellos lo hicieron”. 

Por estas razones es que entiende que es su obligación seguir adelante con la causa judicial hasta encontrar una resolución favorable. “No es que lo hago sólo porque estoy enojado, necesito darle respuestas a mi público que es la gente que paga una entrada. La gente que ese día estaba almorzando y se vio invadida en medio de un forcejeo, entonces es mi obligación como organizador ir hasta las últimas consecuencias”.

A su vez, antes de cerrar, señaló que mientras la causa siga abierta no van a tener un nuevo ataque. “Ahí viene la parte de donde yo hablo de cuál es mi responsabilidad y mi obligación como organizador. Necesito que esto no quede impune porque de lo contrario cualquiera que está enojado con la gente del campo o con el organizador del evento va y hace el zafarrancho que hizo esta gente y no hay derecho de que esto ocurra”, concluyó.

Una nueva dilación en el inicio del juicio contra la dirigente social Griselda Altamirano. Ahora, a la espera de la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías, se suspendió la fecha prevista de comienzo del debate sin nuevo cronograma.

En la notificación a los actores intervinientes, se señaló: "Atento encontrarse la presente causa en la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental sin que a la fecha haya resolución al respecto, y habiéndose el Fiscal comunicado con el Juzgado para conocer la decisión por parte del suscripto de realizar el debate a los efectos de la citación o no de los testigos a la audiencia señalada, teniendo en cuenta el escaso margen del tiempo existente al día lunes; DÉJESE SIN EFECTO la primera jornada de audiencia de debate fijada para el día 7 del corriente mes y año, a las 9, dejando pendiente restante, con respecto a los coimputados Griselda Altamirano y Jorge Lezica".

El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público” contra la militante Griselda Altamirano y otros cuatro dirigentes fue prorrogado por segunda vez. 

El lunes 26 de agosto era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio , luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el 6 de diciembre de 2021 en las puertas y el interior del Palacio Municipal, donde el grupo encabezado por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial. 

Finalmente esa fecha había sido suspendida por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los imputados, y las nuevas fechas establecidas por el Poder Judicial se pactaron para el lunes 30 de septiembre y el miércoles 2 de octubre.

Finalmente, a cuatro días del inicio del debate, según lo confirmaron a El Eco de Tandil fuentes implicadas en la causa, la acusada recusó a sus defensores oficiales, Diego Araujo y Leonel Calles. De esta manera, el juzgado elevó el pedido al defensor general para que designe a un nuevo letrado. Por lo pronto, y de no surgir un nuevo inconveniente, las audiencias se trasladaron al 7 y 14 de octubre. 

El próximo lunes 26 de agosto era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio contra la militante social y política Griselda Altamirano y otros cuatro dirigentes, luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el pasado 6 de diciembre en las puertas y el interior del Palacio Municipal, donde el grupo presidido por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial. 

El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público”  iba a realizarse el lunes y miércoles próximos, pero fue suspendido este viernes por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los cinco imputados. 

Según el oficio del magistrado al que pudo acceder este medio, la decisión de la suspensión fue tomada “a fines de salvaguardar el derecho de defensa en juicio” de los mismos, quienes solicitaron la intervención del defensor oficial. A su vez resta resolver la apelación de dos de los encartados, de apellido Rodriguez y Soria, que fue presentada el pasado 15 de agosto. 

Por el momento las audiencias no fueron reprogramadas, y resta saber si los movimientos sociales que responden a Altamirano realizarán igualmente la manifestación que tenían planeada para el inicio del juicio y a la cual venían convocando desde las redes sociales.

Por unanimidad, un jurado declaró "culpable" de varios hechos de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad a un hombre que había comenzado a ser juzgado este lunes en Azul.

Se trata de Matías Altamirano (38), hermano de la dirigente política y social Griselda Altamirano, referente de la agrupación Primero de Octubre, quien supo manifestarse en la vecina localidad en defensa del ahora condenado, alegando que se formaba parte de una persecución judicial hacia su figura (aún aguarda por el juicio en su contra por los violentos sucesos ocurridos en la ciudad, a propósito de los que se conoció como el caso Jaureguiber).

No bien su hermano resultara detenido en Azul en abril de 2022, la dirigente inició un acampe sobre el veredón del Palacio de Justicia local para reclamar por su libertad, ya que lo consideraba "inocente" de esos episodios de abuso sexual por los que ahora resultó condenado.

Ese acampe se extendió durante varias semanas, hasta que fue intimada desde la Justicia para que lo levantara, lo cual sucedió en junio de 2022, días antes a que la Cámara Penal confirmara la prisión preventiva que en una primera instancia le había sido dictada a su hermano como el probable autor de estos hechos por los que ayer por la tarde un tribunal de civiles lo declaró "culpable".

Según consignó el diario El Tiempo, el veredicto de los ciudadanos se conoció en horas de la tarde de ayer en el recinto convertido en escenario de este debate: la sala que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal posee en el tercer piso del Palacio de Justicia local.

Luego de deliberar por algo menos de una hora, la tercera de las audiencias vinculadas con este proceso se tradujo en el anuncio del referido veredicto de culpabilidad para el imputado.

Por esos abusos por los que doce civiles lo declararon "culpable" en este juicio había resultado detenido en Azul en abril de 2022.

Tras conocerse lo decidido por el jurado, ya sin la presencia de los seis varones y de las seis mujeres que participaron en este proceso, el debate continuará desarrollándose el lunes de la semana entrante, en lo que las partes resolverán la audiencia de cesura, en la que se definirá la pena a imponer, de acuerdo a la calificación penal que votó el jurado popular. 

La calificación penal otorgada por los miembros del jurado a los hechos por los que el ahora condenado será sentenciado a una pena de prisión en los próximos días fue la misma que sostenía la imputación desde el inicio de esta Investigación Penal Preparatoria.

Para los miembros del jurado se dio por demostrado -con el voto unánime de sus doce integrantes- que en reiteradas ocasiones el encausado sometió sexualmente a la víctima, que de acuerdo con lo que pudo probarse era menor de edad y convivía con su agresor para la época en que estos hechos comenzaron a suceder.

Teniendo en cuenta dicha investigación penal y lo surgido del juicio, esos episodios se remontan a cuando la víctima -actualmente ya mayor de edad- tenía doce años. Y según sostenía el fiscal Peiretti y el jurado dio por probado, Altamirano la sometió sexualmente en varias ocasiones aprovechando que convivía con ella.

Esos hechos, a partir del año 2012 y también durante 2021, han sido situados como ocurridos en una vivienda ubicada en la ciudad de San Bernardo y en otra situada en Azul.

Ese último inmueble referido había sido el lugar donde el encausado resultó detenido el 18 de abril de 2022, la fecha desde la cual permanece privado de la libertad.

Actualmente el hombre continúa alojado en una de las cárceles del complejo penitenciario que está en la localidad olavarriense de Sierra Chica.

Los delitos por los cuales el trabajador de la construcción fue declarado "culpable" en este proceso contemplan penas de prisión que van desde los diez a los veinte años. Y en una audiencia posterior a la de cesura prevista para el lunes que viene, será el juez Martín Céspedes -uno de los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 1 que intervino en este debate- quien dará a conocer qué sanción le impone al encausado.

El derrotero procesal contra la dirigente Griselda Altamirano ha ganado otro capítulo, con el final de dos instrucciones penales en su contra por los incidentes ocurridos en medio de las manifestaciones en reclamo de justicia en lo que se bautizó mediáticamente el caso Simón, aquel joven muerto tras ser embestido por el exfuncionario comunal Luciano Jaureguiber, hoy bajo arresto domiciliario.

El fiscal que inició dos causas al unísono, una por amenazas y la otra tras los serios incidentes ocurridos en el Palacio Municipal, el cual resultó seriamente dañado por los manifestantes, dio por cerras sendas instrucciones y elevó las mismas a juicio.

Dicha investigación avanzó con allanamientos de por medio en torno a identificar a los acusados de los daños provocados, como así también se confirmó que Altamirano había quedado imputada por el delito de “Amenazas” contra el Intendente, colaboradores y el exfuncionario acusado y su familia. 

“Van a vivir con miedo” (…), “esto recién empieza, que se agarre Luciano, que se agarre la mujer, que se agarre Lunghi y todo el gabinete, porque nos vamos a meter en la casa de todo el mundo, en la Municipalidad” (…). “Cuando el pueblo se levanta y los pobres decimos basta no les van a alcanzar los policías (…)”. Fueron parte de las exclamaciones de la dirigente el 7 de diciembre cuando encabezó una movilización a la casa de Jaureguiber, dichos que fueron tomados por la Justicia a la hora de resolver la apertura de una nueva causa.

Como se detalló, la Justicia avanzó por los graves episodios ocurridos en el edificio comunal, por los cuales, se cree, quedaría procesalmente seriamente comprometida la dirigente de la agrupación Primero de Octubre, Griselda Altamirano, quien ya carga sobre sus espaldas una condena en suspenso por delitos similares.

Como se dijo, Altamirano ya fue protagonista de crónicas judiciales que derivaron en un juicio que concluyó con una condena en su contra, pena de 2 años de prisión en suspenso que con el devenir de las actuaciones el fallo quedó firme. Consecuentemente, al quedar implicada en nuevos delitos y ante una eventual nueva sentencia condenatoria su sanción deberá ser de cumplimiento efectivo. 

Un expediente

Con respecto a los hechos ocurridos en las puertas del Municipio, quedaron imputados Griselda Itati, alias “Tati” Altamirano (39). Jorge Mario “Mono” Lezica (60), Paulo “Ruso” Rodríguez (45), Yesica Esmeralda Yancovic (33) y Stella Maris Soria (50)

Sobre el hecho punible endilgado, se dio por probado que pasadas las10.30 del 6 de diciembre de 2021, un grupo conformado por alrededor de ochenta personas se constituyó en el Palacio Municipal de Tandil, actuando en un plan común y conducido por la líder de la Agrupación 1 de Octubre, Griselda Altamirano, y al grito de `asesinos´ y todo tipo de insultos, haciéndose de reglas de trabajos de albañilería existentes en la vereda del  lugar y utilizándolas  junto con cañas y otros elementos que habían llevado hasta allí golpearon los ventanales del edificio, a los que también arrojaron piedras, ladrillos y baldosas produciendo la rotura parcial y total de los vidrios y postigos de madera que los componían, esto en diferentes dependencias del edificio, incluido el despacho del Intendente.

La materialidad del hecho descripto se encuentra acreditada con el acta de inicio de actuaciones de los funcionarios policiales presentes, como así también el soporte técnico de imágenes y fotografías del violento suceso, a la vez de los testigos.

A la hora de merituar la eventual condena, el fiscal consideró que la pena a imponerse por los hechos que se acusan debe ser, en el caso de Altamirano, dos años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Para Lezica, dos  años y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento. Respecto a Paulo Rodríguez, un año y seis meses de prisión de ejecución condicional. Lo propio para Yesica Yancovic y Stella Maris Soria.

Las amenazas

Con respecto a la causa por amenazas, la instrucción concluyó en que el 7 de diciembre de 2021, Griselda Altamirano, liderando una manifestación de alrededor de 200 personas, se hizo presente en inmediaciones del domicilio de Luciano Jaureguiber, sito en Pavón 3484, y haciendo uso de la voz cantante hacia la multitud y todo el personal policial y empleados de medios de comunicación que se hallaban en el lugar, amenazó al exfuncionario acusado y su cónyuge, como al intendente Miguel Ángel Lunghi, y  a los integrantes del gabinete municipal, al decir: “de acá a La Movediza hay 20 cuadras y cuando queremos las cruzamos, y cuando queremos vamos a llegar, y no van a tener la policía que les cuida el culo, y cuando queramos vamos a cruzar porque hoy no cruzamos porque no queremos que les quede claro, que se agarre Luciano, que se agarre la mujer, que se agarre Lunghi y todo el gabinete, porque nos vamos a meter en la casa de todo el mundo, nos vamos a meter en la municipalidad, y cuando el pueblo se levanta y los pobres decimos basta, no les van a alcanzar los policías, hoy los duplicamos, no pasamos porque no queremos, no van a estar siempre refugiados, hoy lo vamos a velar y lo vamos a enterrar a Sebastián y el jueves vamos a seguir, y no van a saber si venimos a la casa, si vamos a la municipalidad o si vamos al trabajo, o a donde vamos, van a vivir con miedo, con el mismo miedo que vivimos nosotros”.

Por lo expuesto, el fiscal consideró que la pena a imponerse por estos dichos merece el reproche penal de un año y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo.