Según estadísticas de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el Sistema de Riesgos del Trabajo registró en el primer cuatrimestre del año 38.406 nuevos juicios por accidentes laborales. Esto marca un récord histórico y proyecta un total de más de 132.000 demandas laborales para todo 2025, lo que genera una fuerte preocupación en el sector privado por su impacto sobre la competitividad.

De acuerdo con los datos obtenidos, solo en abril se notificaron 12.593 nuevos litigios, lo que representa un incremento significativo en comparación con el mismo mes de 2024. Esta es una cifra que sitúa al sistema en una situación crítica, pese a brindar cobertura a más de 10 millones de trabajadores en todo el país. La suba afecta en el ámbito empresarial y suma presión sobre los costos laborales en Argentina.

La presidenta de la UART, Mara Bettiol, manifestó que “la litigiosidad crece sin una justificación lógica”. En relación a esto subrayó que, mientras los accidentes y fallecimientos laborales descienden, los juicios prácticamente se duplicarán en comparación con 2019, cuando se registraron menos de 68.000. “Es un desfasaje sin lógica. Mientras mejoran los indicadores del sistema, crecen los juicios sin control. Esto afecta la competitividad, el crecimiento y el empleo formal”, sostuvo.

Bettiol remarcó que entre 2019 y 2025 la actividad económica habrá crecido un 6% y el empleo un 5%, pero los juicios se dispararán un 94%. Además, alertó sobre la desconexión con estándares internacionales. “Argentina registra 15 veces más juicios que Chile y 21 veces más que España, pese a tener índices de accidentabilidad similares y mayor cobertura”, afirmó.

La Provincia de Buenos Aires es el territorio del país que concentra la mayor cantidad de juicios por accidentes laborales, con un 40% del total. En segundo lugar se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 19%, seguida de Santa Fe con un 14%. Completan los primeros cinco lugares las provincias de Córdoba y Mendoza. Chubut, en tanto, mostró el mayor crecimiento relativo.

Desde la UART sostuvieron que no es necesaria una nueva ley, sino una correcta aplicación de la ya existente por parte del Poder Judicial. Expusieron que “con los derechos garantizados que ofrece el sistema, menos juicios significan más certidumbre, competitividad, crecimiento y empleo de calidad”.

Finalmente, de cumplirse las proyecciones estimadas, en 2025 se superará el récord de 130.700 litigios alcanzado en 2017. Este último derivó en una reforma legal con mayor cobertura, procedimientos administrativos reforzados y la inclusión de los Cuerpos Médicos Forenses para ordenar la intervención pericial en la justicia. 

A pesar de que 19 legislaturas provinciales aprobaron la adhesión a la reforma de la ley, los poderes judiciales no crearon aún los Cuerpos Médicos Forenses, lo que volvió a multiplicar el número de juicios ya que la mecánica de procedimiento ante demandas por accidentes laborales sigue siendo la misma que llevó al colapso de 2017. "Es imperioso que las provincias, a través de sus poderes judiciales, cumplan con la creación de los Cuerpos Médicos Forenses (que las propias legislaturas aprobaron) y que se fijen mecanismos de actualización razonables. Las consecuencias de la inacción serían catastróficas en la estructura productiva argentina", finalizó Bettiol.

En estos primeros diez meses se registra un aumento del 7,6 por ciento, por sobre un 2023 que ya había crecido 25 por ciento.

“La situación es alarmante: de enero a octubre los casos ascendieron a 105.960 y se estima que en los dos meses que faltan ingresen otros 22 mil, cerrando 2024 con 128 mil nuevos juicios”, advirtió la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).

La entidad consideró que esta tendencia en la judicialidad “se ha convertido en uno de los lastres que ahoga la generación de empleo de calidad en el país”.

Las ART cubren a 10.148.061 personas (trabajadores asalariados en blanco) y a 1,06 millón de empleadores. Pero esa población de trabajadores podría duplicarse si se considera a los independientes (registrados y no registrados) y a los asalariados informales.

Desde 2017, la Ley 27.348 incorporó como obligación, la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) por parte de la Justicia.

Esa obligación aún sigue pendiente en todas las provincias adheridas con excepción de Mendoza (que avanzó con una primera conformación).

En el caso de CABA, al no tener fuero laboral propio, dicha obligación recae en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La implementación de esa figura es clave para desactivar esta “bomba de tiempo” judicial.

Provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe encabezan el ranking de provincias con mayor cantidad de demandas: 42.550, 19.206 y 13.968 casos en el año, respectivamente.

A modo de referencia, para 2023 Argentina tuvo 114,2 juicios por cada diez mil trabajadores cubiertos, mientras que países como España y Chile registran apenas 9,5 y 5,8. NA

En los últimos dos años, las jubilaciones no se han actualizado y se ha producido una desvalorización de los montos que cobran los ciudadanos. Los jubilados y pensionados del país han atravesado una situación desastrosa a lo largo de estos meses, sufriendo grandes pérdidas en su poder adquisitivo. La Doctora María Victoria Guerrero estuvo presente en “Tandil Despierta” (Eco TV y 104.1 Tandil FM de El Eco) y dialogó acerca de los juicios que los jubilados están habilitados a realizar para reclamar un aumento económico.

Si bien desde abril del 2024 se empezaron a recomponer las jubilaciones, esto no se ve reflejado en la cotidianeidad. Según la abogada, detrás de esto existe un motivo y es que “hay todo un periodo, que va desde marzo del 2021 hasta abril de este año, en donde las jubilaciones se fueron a pique”. Esto no comprendió todos los aumentos que existieron en el índice de precios al consumidor, en los salarios ni en la inflación. “Estamos atrasados y hay una diferencia enorme para reclamar”, aseguró Guerrero.

Esta problemática ya se comenzó a plantear judicialmente y se están dando algunos fallos favorables. “Estamos en presencia, creo, de una nueva ola de juicios”, expresó María Victoria mostrándose preocupada por el devenir de la situación. El desfasaje inquieta a la población, y las consecuencias que deja a nivel socioeconómico son realmente graves. 

Las diferencias existentes son muy significativas. Tal como expresó la abogada en cifras durante el programa (basándose en el IPC y en las estadísticas del Indec), desde el 1/1/2022 hasta el 31/03/2024 el costo de vida creció un 813% mientras que los aumentos legales crecieron solamente un 418%. Un haber reajustado sin movilizar al 31 de mayo del corriente año era de $251.000, mientras que movilizado representaba un total de $477.000. “Hay una diferencia abismal, y es a partir de esto donde uno se da cuenta que no alcanza solo con los nuevos aumentos”, sostuvo. 

“Esto ya lo vivimos con Badaro, e incluso con una diferencia mucho más chica”, dijo Guerrero haciendo alusión al recordado e icónico fallo de la Corte Suprema que solventó el período del 2002 al 2006. Luego agregó que “con Badaro hablabas de un 77% de diferencia mientras que hoy hablamos de un 400% en algunos casos”. Además, recordó también el fallo Elliff que abordaba la liquidación y el computo del haber inicial sin actualizar las remuneraciones por lo que quedaban jubilaciones depreciadas calculadas a valores históricos.

Dadas las circunstancias se cree que muchos jubilados, sobre todo aquellos que cobran un poco más que la mínima, optaran por hacer juicio dado que están posibilitados a hacerlo. Desde el Estudio Jurídico Guerrero aconsejan realizar los trámites necesarios con tiempo, dado que los juicios relacionados con temas previsionales suelen ser de larga duración. Se evaluará lo que dictamine la Justicia, pero en muchos casos los afectados podrán reclamar favorablemente dado que los valores de sus jubilaciones o pensiones no se corresponden con los movimientos económicos que sucedieron en el país. 

El próximo lunes 26 de agosto era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio contra la militante social y política Griselda Altamirano y otros cuatro dirigentes, luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el pasado 6 de diciembre en las puertas y el interior del Palacio Municipal, donde el grupo presidido por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial. 

El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público”  iba a realizarse el lunes y miércoles próximos, pero fue suspendido este viernes por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los cinco imputados. 

Según el oficio del magistrado al que pudo acceder este medio, la decisión de la suspensión fue tomada “a fines de salvaguardar el derecho de defensa en juicio” de los mismos, quienes solicitaron la intervención del defensor oficial. A su vez resta resolver la apelación de dos de los encartados, de apellido Rodriguez y Soria, que fue presentada el pasado 15 de agosto. 

Por el momento las audiencias no fueron reprogramadas, y resta saber si los movimientos sociales que responden a Altamirano realizarán igualmente la manifestación que tenían planeada para el inicio del juicio y a la cual venían convocando desde las redes sociales.

Ayer se conoció que, tras años de irregularidades en la materia, la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) decidió actualizar de forma inmediata los haberes de los jubilados que obtengan una sentencia firme en los juicios por reajuste salarial, aunque el retroactivo generado no se pagaría tan rápidamente.

El abogado especializado en temas previsionales, Diego Blundo, celebró la noticia pero contó que “tengo mis serias dudas de que se pueda liquidar en forma inmediata”.

En diálogo con El Eco Multimedios, el letrado de Tandil contó además que “un juicio de estos tarda, normalmente, entre 7 y 10 años”; calculó que “los que litigan son menos del 10%” de quienes se encuentran en condiciones de hacerlo y consideró que, afortunadamente, “Tandil es una ciudad muy litigiosa”. 

“Hay gente muy informada, que concurre y hace un reclamo por sus haberes”, señaló.

En la actualidad “hay cientos de miles de juicios por reajuste previsional de jubilados contra el Estado. Esto sucede desde hace décadas”, comenzó diciendo Blundo ante el micrófono de “La Mañana de El Eco”, por ECO TV y la 104.1 FM.

“Más o menos, hay siempre la misma cantidad de juicios; en general se van pagando unos y se inician otros”, indicó.

El abogado mencionó también que “habría que saludar la medida de Anses porque estamos hablando de personas de, en general, 80 años o más”, aunque sostuvo que “tengo mis serias dudas de que se pueda liquidar en forma inmediata”, tal como manifestaron desde el organismo nacional en un comunicado.

“La inmediatez en términos estatales es mucho tiempo de la vida común nuestra”, aseveró Blundo y consideró pertinente cambiar “el término ‘inmediato’ que dijo el Gobierno por ‘un plazo razonable’” para referirse al inicio de la liquidación de los haberes actuales. 

“El retroactivo va a tener que seguir esperando”, comentó.

Menos del 10% inicia el juicio

Por otra parte, el abogado indicó que, de las personas que se encuentran en condiciones de realizar un juicio contra el Estado, “menos del 10%” lo inicia.

“Y también se tiene que diferenciar por zonas del país”, agregó Blundo. “Tandil es una ciudad muy litigiosa: hay gente muy informada, que hace un reclamo por sus haberes”, precisó.

Además, el letrado hizo hincapié en otra arista no menor que surge de la dilación de los pagos. “De los que litigan para reclamar sus haberes, lamentablemente, hay personas que en ese interin fallecen”. 

De todas maneras -indicó-, “siempre hay alguien que lo cobra: la viuda y, si tampoco está, lo pueden cobrar los hijos”.

Blundo dijo asimismo que, en su experiencia, se ha encontrado con que, generalmente, los jubilados en litigio por reajuste previsional le aseguran: “si no lo puedo cobrar yo, que lo cobre mi señora o, si no, mis hijos; pero no lo voy a regalar”.

Y señaló que, en el litigio más rápido de sus 25 años de carrera, el jubilado cobró lo que le correspondía a los 3 años de iniciado el proceso.

“Ese fue la excepción”, resaltó, ya que los juicios tardan, “normalmente, entre 7 y 10 años” en resolverse.

“Esos son los tiempos; es una locura pero es así”, comentó.

El detalle de la medida

Para contextualizar sobre la reciente medida de Anses, Blundo explicó que los juicios de reajuste se inician “porque muchas veces a los jubilados se les ha pagado mal o menos de lo que tendrían que cobrar; entonces tiene que iniciar un juicio de reajuste previsional contra el Estado”.

“Esos juicios tardan generalmente muchos años y, una vez que termina la parte judicial, que ya no hay más instancias judiciales, a eso se le dice sentencia firme. Cuando está esa sentencia firme, pasa al Anses para que le terminen de actualizar los haberes y le terminen de pagar al jubilado el retroactivo que ha generado todos esos períodos de años de juicio”, continuó el abogado. 

En ese marco, sostuvo que “esto que yo tardé 40 segundos en contar, son años de la vida” de una persona.

Cabe recordar que ayer Anses anunció que “a partir de ahora, los jubilados y pensionados que obtengan una sentencia firme por reajuste comenzarán a cobrar el monto mensual actualizado en el plazo que estipula la ley”.

Al respecto, el director ejecutivo del organismo, Mariano de los Heros, expresó que “desde hace décadas, jubilados y pensionados reclamaron sin respuesta que Anses ajuste sus haberes según lo determinado en su sentencia firme y que no es, ni más ni menos, que lo que les corresponde luego de toda una vida de trabajo. Para terminar con esta situación injusta, tomamos la firme decisión de que todo jubilado que obtenga una sentencia firme tenga actualizado su haber previsional de forma inmediata”.

“El nuevo plan para el pago de las sentencias judiciales optimiza el proceso de actualización de los haberes evitando demoras innecesarias y reduciendo, significativamente, el tiempo de resolución, que era de 650 días hábiles a un máximo de 120 días”, informó la Anses.

Y añadió que “con respecto a los haberes mensuales de los titulares que, a la fecha de la actual resolución, están a la espera de ser actualizados, se procederá a realizar un proceso extraordinario para su reajuste en el menor tiempo posible”.

“En una segunda etapa se implementará un nuevo orden para el pago de los retroactivos, priorizando la antigüedad de las sentencias, pero sin desatender situaciones especiales como las enfermedades terminales”, se indicó desde el organismo.

Y se señaló que “además de resolver esta grave situación que lleva décadas perjudicando a jubilados y pensionados a los que la Justicia les dio la razón, este cambio supone un ahorro significativo para el Estado, ya que elimina la generación de intereses, costas y gastos adicionales en perjuicio de Anses por la injustificada litigiosidad adicional por la ejecución de la sentencia”.

Un jurado popular juzgará desde mañana a cuatro hombres acusados de matar a balazos al dueño de una agencia de cambio de dinero durante un asalto cometido el año pasado en la ciudad de Neuquén, para el cual uno de ellos, que era conocido, actuó como nexo de otro, que simuló ser un cliente, mientras que los dos restantes se disfrazaron para poder sorprenderlo en su oficina, informaron ayer fuentes judiciales.

El hecho que será debatido en el juicio oral con jurados es el homicidio de Miguel "El Ruso" Auer, un agenciero de 58 años que tenía una oficina donde realizaba operaciones de cambio de dinero en la zona de avenida Argentina y San Martín.

La audiencia comenzará a las 9 luego de que hace una semana fue realizada la selección de jurados (doce titulares y cuatro suplentes, en igualdad de varones y mujeres), en la Ciudad Judicial, con la participación del fiscal jefe Juan Agustín García, junto a la asistente letrada Guadalupe Inaudi.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó a Jorge Falconi, Gabriel Castro, Jorge Sosa y Miguel Livello el delito de "tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con homicidio triplemente calificado, por haber sido cometido criminis causa, con el concurso premeditado de dos o más personas y por uso arma de fuego", que prevé la pena de prisión perpetua.

Los primeros tres acusados son considerados coautores, mientras que el restante, partícipe necesario.

Para que los sospechosos sean declarados culpables, se requieren al menos ocho votos de los doce titulares del jurado popular y, en caso de que sean menos, el veredicto será de no culpabilidad.

Según las fuentes, alrededor de 45 personas fueron convocadas como testigos para responder las preguntas de la fiscalía y de los defensores.

"Una pericia estableció que mi defendido no es la persona que aparece en los videos, es inocente", dijo a Télam el abogado Elio García, quien junto a su colega Maximiliano Gómez representa a Castro, el acusado que para la fiscalía simuló estar interesado en una operación de compra-venta de divisas para poder acceder a la oficina de la víctima.

De acuerdo a la teoría del caso del MPF, el 24 de octubre de 2022, Castro, Falconi y Sosa ingresaron a una oficina de "El Ruso" Auer con fines de robo.

Para eso -siempre de acuerdo a la acusación-, llegaron al lugar en dos camionetas, una de ellas conducida por Livello, quien, si bien se quedó en uno de los rodados, para el fiscal desempeñó un rol fundamental en el desarrollo del plan, ya que tenía una relación de confianza previa con la víctima y fue quien le presentó a Castro. (Télam).

La mayoría de los once consejeros que integraron el cuerpo convocado por el Gobierno Nacional avaló la “implementación por ley del juicio por jurado en el orden federal”, aunque mostró discrepancias sobre aspectos como la obligatoriedad del procedimiento, el tipo de integración y de delitos en que debería ser utilizado.

Según el informe de 1.000 páginas con recomendaciones que será elevado en breve al Poder Ejecutivo, un grupo de los expertos postuló que el sistema debería ser obligatorio, mientras que otro consideró que se trata de un derecho del acusado y por lo tanto se podría renunciar a él.

A su vez, una tercera postura señaló que “el juicio por jurados no es un derecho del acusado, de modo que no es en sí mismo renunciable. Sin embargo, en caso de acuerdo entre el acusado y el fiscal, previo escuchar a la víctima, podrá llevarse a cabo, en lugar del juicio por jurado, un juicio abreviado o un juicio técnico común”.

Otro aspecto que generó distintas alternativas es la conformación del jurado: para algunos debería tener 12 integrantes y asegurarse tanto la paridad de género como la “integración plural”, exigiendo que “al menos la mitad del jurado pertenezca al entorno social y cultural del imputado”.

Los especialistas también recomendaron que la edad de los miembros del jurado debería ser “entre veintiuno (21) y setenta y cinco (75) años” y que “el requisito mínimo para formar parte del jurado debería ser solo la capacidad de leer y escribir y ser legos en derecho”.

Incluso los expertos postularon que se incorporen a los planes de estudio “contenidos básicos sobre juicio por jurados” y que los designados para cumplir esa tarea perciban “una compensación económica”.

Sobre la recusación a miembros del jurado, el informe indica que podría realizarse “de manera ilimitada” cuando existan causas, y hasta en cuatro ocasiones por cada parte, sin necesidad de motivos fundados.

Decreto 635

El Consejo Consultivo también se expidió sobre el quinto y último punto que figuraba en el decreto 635 de convocatoria del organismo, que era la transferencia de competencias en materia penal no federal desde el ámbito nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Al respecto, los consejeros sugirieron la sanción de una ley especial que “establezca un plazo máximo de tres (3) años para dar por finalizado el proceso de transferencia de competencias”.

En ese apartado, se aconsejó que “el régimen de transferencia de competencias y los recursos que la involucra debería acompañar la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio”, puede leerse en el documento al que accedió Télam.

El consejo asesor estuvo conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.

El organismo que concluyó sus tareas el miércoles 18, también recomendó la sanción de una ley orgánica que regule el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, a la vez que le sugirió distintas alternativas sobre tribunales intermedios que podrían generarse para descongestionar de causas al máximo tribunal.

En tanto, propuso ampliar de 13 a 16 los miembros del Consejo de la Magistratura, equilibrar su conformación, que sus integrantes cumplan mandatos de cuatro años sin reelección consecutiva y que sus designaciones sean sometidas a audiencias públicas.

Sobre la designación del procurador nacional, el cuerpo recomendó por mayoría la designación por períodos de cuatro años y con la mayoría absoluta del Senado.

Esta será la tercera jornada de alegatos, se esperan dos jornadas más, a cargo de los fiscales Marcelo García Berro y Gabriela Sosti.

De las 94 víctimas que integran el objeto de este juicio, 70 permanecen aún desaparecidas y 12 fueron asesinadas durante operativos represivos, y la mayoría de las víctimas secuestradas fueron llevadas al centro de detención Campo de Mayo, donde fueron torturadas y mantenidas en absoluta clandestinidad.

En tanto, hoy continuarán las dúplicas en el juicio ESMA IV por delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Escuela de Mecánica de la Armada.

Este lunes también proseguirán, por la vía remota, las audiencias en el juicio a cinco militares retirados por los denominados “vuelos de la muerte” que salieron de Campo de Mayo cargados de militantes que fueron arrojaron desde el aire a las aguas del Río de la Plata y el océano Atlántico.

También hoy, a partir de las 16, proseguirá el juicio por violación, abusos sexuales, manoseos, tocamientos, violencia sexual y abusos psicológicos padecidos por tres mujeres que estuvieron secuestradas en la ESMA.

El martes continuará, a partir de las 10 por la vía remota, al juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 419 víctimas en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.

El miércoles, en Córdoba, continuará el proceso que se le sigue a 19 represores por delitos de lesa humanidad en perjuicio de más de 40 víctimas que integraban las filas del PRT-ERP.

También seguirá en los tribunales de San Martín, y por medios electrónicos, el debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En Rosario proseguirá el juicio por la causa “Klotzman” que investiga la desaparición en esta ciudad de 29 personas, de las cuales sobrevivió sólo una.

El viernes, en tanto, habrá una nueva audiencia virtual del juicio de la causa Vesubio III, proceso en el cual hay diez acusados de homicidio y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 420 víctimas, detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó hasta septiembre de 1978.

También proseguirán los alegatos en el juicio Orletti V por delitos cometidos contra once víctimas en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, en el cual se analizan las responsabilidades penales de Eduardo Ruffo, Honorio Carlos Martínez Ruiz, Eduardo Cabanillas y Miguel Ángel Furci, quienes revistaban como personal civil de inteligencia en hechos por los que hasta ahora no fueron juzgados. (Télam).

El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en la Escuela de Mecánica de la Armada conocido como ESMA IV ingresará hoy en su etapa final con la continuidad de las dúplicas de las partes, instancia previa a las últimas palabras de los imputados y la posteriores sentencias.

En este juicio, que comenzó hace más de dos años y que se realiza por medios electrónicos, se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas perpetrados por los grupos operativos de la Armada.

Hoy también proseguirán, por la vía remota, las audiencias en el juicio a cinco militares retirados por los denominados “vuelos de la muerte” que salieron de Campo de Mayo cargados de militantes que fueron arrojaron desde el aire a las aguas del Río de la Plata y el océano Atlántico.

El martes continuará, por la vía remota, al juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 419 víctimas en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno.

El miércoles proseguirá en los Tribunales Federales de La Plata el juicio por delitos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, con la continuidad de las últimas palabras de los imputados.

Ese día, en Córdoba, continuará el proceso que se le sigue a 19 represores por delitos de lesa humanidad en perjuicio de más de 40 víctimas que integraban las filas del PRT-ERP.

También seguirá en los tribunales de San Martín y por medios electrónicos el debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

En Rosario proseguirá el juicio por la causa “Klotzman” que investiga la desaparición en esta ciudad de 29 personas, de las cuales sobrevivió sólo una.

En San Martín

El jueves seguirán ante el Tribunal Federal 4 de San Martín los alegatos en el juicio a nueve exintegrantes del Servicio de Inteligencia del Ejército por los secuestros, torturas y asesinatos de casi cien personas, en el marco de la causa en la que se investigan los delitos cometidos durante la represión ilegal a la denominada “Contraofensiva montonera”, ocurrida entre 1979 y 1980.

El jueves y el viernes en Bahía Blanca continuará el juicio a cuatro exintegrantes de la organización paraestatal Triple A, acusados por los delitos de homicidio y asociación ilícita, según cada caso, en el marco del terrorismo de Estado instrumentado a partir de 1974 por las fuerzas armadas junto a civiles.

El viernes, en tanto, habrá una nueva audiencia virtual del juicio de la causa Vesubio III, proceso en el cual hay diez acusados de homicidio y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de 420 víctimas, detenidas en el centro clandestino de detención que funcionó hasta septiembre de 1978.

También proseguirán los alegatos en el juicio Orletti V por delitos cometidos contra 11 víctimas en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde se analizan las responsabilidades penales de Eduardo Ruffo, Honorio Carlos Martínez Ruiz, Eduardo Cabanillas y Miguel Ángel Furci, quienes revistaban como personal civil de inteligencia en hechos por los que hasta ahora no fueron juzgados.

Finalmente, el viernes continuará en San Juan el megajuicio en el que se juzga a 34 ex integrantes de las fuerzas de seguridad y al exfiscal federal Juan Carlos Yanello, quien está acusado de ser presunto partícipe de homicidio agravado, privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, robo y violación cuando ejercía el cargo de fiscal de primera instancia en la Justicia Federal. (Télam).

El juicio por 366 violaciones a los derechos humanos en Tucumán, cometidas presuntamente en el inicio del Operativo Independencia, en febrero de 1975, por la última dictadura militar, se reanudará el próximo jueves, tras sortear dificultades de conexión que impidieron la reapertura del proceso la semana pasada.

La audiencia, que se realizará a través de una videoconferencia, se llevará a cabo el 18 de junio a las 9.30, comunicó el secretario del Tribunal, Mariano García Savalía, quien aclaró que el miércoles se realizará “una prueba con la participación de todas las partes para verificar las condiciones de conectividad”.

Los jueces Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y José Quiroga Uriburu juzgarán cinco procesos judiciales acumulados, que tuvieron trámites separados durante la investigación.

Las causas incluyen la segunda parte del juicio “Operativo Independencia”, en el que se debatirán los mismos casos que fueron juzgados en 2016 y 2017, pero con nuevos acusados.

Otro expediente, conocido como “Tártalo”, está referido a hechos ocurridos en la Jefatura de Policía e incluye casos originalmente reunidos en el juicio llamado “Jefatura II”, pero con nuevos imputados.

El debate también contiene tres procesos referidos a los centros clandestinos de detención “Arsenal” y “Reformatorio”, que presentan dos víctimas nuevas: el entonces senador provincial Dardo Molina y el sastre Osvaldo Muñoz, y se juzga la responsabilidad de dos nuevos imputados.

En tanto el martes proseguirán, por medios electrónicos, en los tribunales federales de San Martín los alegatos del juicio “Arsenal Naval de Zárate” y otros centros clandestinos del circuito represivo que funcionó en esa ciudad y que operó también en la vecina localidad de Campana durante la última dictadura cívico militar.

Se trata de la causa caratulada como “Di Nápoli Omar Edgardo”, que está a cargo del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín -integrado por Daniel Antonio Petrone, Daniel Alberto Cisneros y María Marta Dos Santos-, y en la que se juzgan privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones cometidos en el circuito represivo de Escobar, Zárate y Campana entre marzo y abril de 1976.

El miércoles, también en San Martín y por el sistema de videoconferencias, continuará el juicio por los crímenes de lesa humanidad perpetrados entre 1976 y 1978 en Campo de Mayo contra 323 víctimas que fueron secuestradas en la Zona de Defensa IV.

En este juicio están siendo juzgados Santiago Omar Riveros, Eugenio Guañabens Perelló, Miguel Hugo Castagno Monge, Carlos Eduardo José Somoza, Carlos Francisco Villanova y Benito Ángel Rubén Omaecheverría.

Muchas de las víctimas que pasaron por los cuatro centros clandestinos de detención que funcionaron en el complejo militar de Campo de Mayo eran trabajadores y militantes, miembros de comisiones internas de fábricas y empresas.

El viernes, en San Juan, se retomarán las audiencias del juicio de la Megacausa III por un sistema de transmisión a distancia, en función de las restricciones impuestas por el aislamiento dispuesto por la pandemia de coronavirus.

También el viernes continuará, en Mendoza y por medios electrónicos, el denominado juicio acumulado que aborda la responsabilidad penal de veinte imputados, en su mayor parte integrantes del Ejército y la Fuerza Área, por crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 107 víctimas, de las cuales 61 fueron desaparecidas y tres ejecutadas.

El debate es la acumulación de cuatro causas que tramitaron por separado en la etapa de instrucción, siendo que dos de ellas -“Destacamento” y “Fuerza Área”- agrupan a 16 de los veinte acusados. (Télam).

La finalización de juicios orales que atraviesan sus instancias finales a través de herramientas digitales que permitan su continuidad sin generar acumulación de personas en un mismo lugar, se instaló como uno de los temas a resolver por el Poder Judicial para continuar adaptando el sistema a las medidas sanitarias contra la pandemia.

“Después del 26 de abril tenemos que empezar a retomar los juicios orales”, aventuró un juez federal en diálogo con Télam antes de que se conociera que ocurrirá con las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que, al menos hasta ahora, siempre fueron acompañadas desde la justicia a través de acordadas de la Corte Suprema que declararon la feria judicial extraordinaria.

En los últimos días, al menos tres tribunales orales solicitaron al Consejo de la Magistratura que informe cuáles son las “herramientas tecnológicas” disponibles para reanudar audiencias de juicios de manera remota y poder así concluir con los debates orales en curso.

Los pedidos a los que accedió Télam fueron formulados por los tribunales orales federales 3 y 5 de la Capital Federal y uno de La Plata, que consultaron si “utilizando el sistema y/o programa que sea necesario, es posible llevar adelante, o no, las audiencias virtuales que hagan falta hasta la conclusión” de los debates, según se expresó en una de las solicitudes.

En todos los casos, las notas al Consejo de la Magistratura van particularmente dirigidas a la Dirección General de Tecnología del organismo, a la que además le piden que les facilite personal capacitado para poder llevar a cabo las conexiones e instalaciones que sean necesarias.

“Con el devenir de los días y la sucesiva prolongación –por razones de extrema necesidad- de las medidas antes aludidas, resulta oportuno evaluar la posibilidad de continuar con la actividad esencial del Tribunal, esta es, la realización de los debates orales y públicos de los casos que son elevados a esta instancia plenaria”, explicó el juez Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 3, en uno de los escritos revelados por Télam esta semana.

El oficio firmado por Basso se envió en el caso puntual del juicio oral que se sigue al ex intendente de la localidad correntina de Itatí, Natividad Terán, y otros acusados por supuesta asociación ilícita y tráfico de estupefacientes desde Paraguay.

La justicia federal está en feria extraordinaria desde el 20 de marzo pasado, en sintonía con el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige por el Covid-19 y todos los juicios orales quedaron interrumpidos.

Desde el Consejo de la Magistratura indicaron a Télam que en los próximos días se definirá de qué forma se le puede dar continuidad a los juicios ya iniciados y sobre todo a los que están en instancias de finalización y señalaron que se está trabajando si se utilizará para ello la plataforma Zoom o una desarrollada por Arsat.

Los mismos voceros informaron que estos temas ya fueron puestos en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera informal, a la que se le pedirán los fondos necesarios para poder acceder –a través de licitaciones y compras directas- la os equipos tecnológicos para la realización de las audiencias. (Télam).

Días pasados,  autoridades, docentes e investigadores/as del Instituto de Estudios Histórico Sociales “Profesor Juan Carlos Grosso” (IEHS), dependiente de la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen, junto a estudiantes de la carrera de Historia de la misma Facultad y del profesorado de Historia del ISFD 10 “Osvaldo Zarini”, se reunieron con el doctor Hernán Castro, secretario del área de Lesa Humanidad de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Azul.

El encuentro tuvo como finalidad  hacer entrega de fuentes históricas recolectadas para dar apoyatura a la fiscalía involucrada en el proceso judicial por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Tandil, Azul y Olavarría, tal como había sido solicitado por la Justicia Federal vía oficio.

El trabajo se enmarcó dentro del proyecto interdisciplinario de historia y memoria “La Dictadura cívico-militar en la Universidad Nacional del Centro: políticas, represión y transición democrática. 1975-1986” (Res. del Consejo Superior  4292/15 y 4311/15), dirigido por la doctora Olga Echeverría, miembro del Instituto, con el acompañamiento técnico del Archivo Histórico Digital Comunitario (IEHS/Igehcs- Conicet).

Así como en una instancia anterior se hizo entrega del libro “Los trabajadores argentinos y la última dictadura. Oposición, desobediencia y consentimiento” -publicado por la Editorial Unicen en el año 2016-, elaborado por el Dr. Daniel Dicósimo, también investigador del IEHS, que fue incorporado a la documentación preparatoria de los juicios. En esta oportunidad se puso a disposición de la Fiscalía información sistematizada proveniente de distintos repositorios documentales y de prensa que dan cuenta de la acción militar, secuestros, operativos, detenciones y comunicados militares dentro de la jurisdicción que conformó la Subzona 12.

Desde el el IEHS agradecieron  a los estudiantes de la Universidad  y del Instituto  10 por el trabajo realizado de manera voluntaria con responsabilidad profesional y por el compromiso ético y cívico puesto en evidencia. Además, destacaron la confianza de la Fiscalía a los aportes que realizan las ciencias sociales y humanas para la construcción de la memoria colectiva, que no siempre es reconocido.

Cabe subrayar la actividad mancomunada de estudiantes de dos instituciones que, lejos de rivalizar, aúnan esfuerzos para construir una sociedad más justa con memoria, verdad y justicia. Como ha sostenido Luis Villoro: “La historia es también una lucha contra el olvido, forma extrema de la muerte”. Ese es el empeño de la educación pública con la que las instituciones implicadas están consustanciadas.