Bidones en la plaza contaminando las infancias. Así se titula la publicación en la que la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil denunció que en la plaza de Fulton utilizan envases de agroquímicos como cestos de basura. El texto, acompañado de una serie de fotografías, generó repercusión y hasta el reclamo a las dependencias municipales correspondientes.

De parte de las autoridades de la Escuela Primaria 44 afirmaron que retirarán los envases, que se encuentran trabajando en la forestación del lugar, y que el agua de la zona resulta apta a partir de análisis anuales que realizan.

Por su parte vecinos del paraje transmitieron que los envases se encuentran allí desde el año 2019. “Es todo un tema con los herbicidas, nos están fumigando. Fumigan a la noche cuando no anda mucha gente. Es más, ahora hay unos árboles frutales que pusieron este año y ya se están secando. Fumigan al lado del pueblo, de la escuela, del jardín, y nadie hace nada”, lamentó una vecina en diálogo con El Eco de Tandil.

“Decenas de bidones de agrotóxicos son empleados como tarros de basura en la plaza de Fulton, frente al jardín de infantes N.º 914. Los envases fueron cortados y sujetados con alambre a postes cercanos a las hamacas, pasamanos y otros juegos infantiles. Incluyendo algunos debajo de parrillas”, transmitieron desde el perfil de Instagram de la Junta Vecinal.

En las imágenes publicadas por la organización ciudadana puede observarse cómo fueron dispuestos los bidones, cortados sobre uno de sus extremos para que estos funcionen a modo de tapa. Los mismos se encuentras atados sobre postes o colocados bajo zonas donde puede encenderse fuego para cocinar. 

En los cestos se lee claramente la inscripción “No reutilizar este envase”. En ese sentido, desde la Junta Vecinal señalaron que “debido a su potencial contaminante, los envases de agrotóxicos son categorizados como residuos peligrosos, y su reutilización está prohibida por legislaciones nacionales, provinciales y locales”.

Ante tal situación, consideraron desde la entidad, “es inaceptable que sean empleados en el único espacio recreativo, donde niños y niñas pasan la tarde jugando”. Además, brindaron un marco general sobre los residuos de agroquímicos a nivel nacional, al transmitir que “en Argentina se desechan 20 millones de bidones al año -15 toneladas- y solo un 10% recibe el tratamiento adecuado que ´minimiza´ su impacto -triple lavado, perforación y traslado a un centro de acopio-“. Por lo tanto, remarcaron, “de ninguna manera debemos permitir la utilización de estos residuos peligrosos como meros envases plásticos. Y, mucho menos en espacios públicos”.

La publicación generó repercusión y un grupo de usuarios manifestó su preocupación por el tema. “El problema no es sola la contaminación de los espacios en donde se colocan, sino que las personas que manipulan esos recipientes también se ponen en riesgo”, planteó una usuaria. “Buen día, soy docente y en la escuela de San Antonio –cerca de Fulton- usaban los bidones como tachos de basura. El desconocimiento sobre el tema es grave”, sostuvo otro. 

“Exigimos al Estado local que se haga responsable y actúe aplicando las normativas correspondientes, por las infancias y por un ambiente saludable ¡Paren de fumigar!”, concluyó el posteo.

La Escuela Primaria trabaja en el retiro de los bidones

La Escuela Primaria 44 conforma junto a la Escuela Secundaria Técnica 6 Anexo 3061 y el Jardín 914 la concentración de las instituciones educativas del paraje. Consultadas por El Eco de Tandil, las autoridades transmitieron que trabajan en el retiro de los bidones, así como en la forestación del lugar.

“Los vamos a sacar, obviamente, porque el proyecto de la escuela es el cuidado del medio ambiente y estamos trabajando en eso”, expresó la directora del establecimiento primario

La directiva sumó además que luego de poner la plaza en condiciones, se encuentran forestando y llevando a cabo acciones en torno a la separación y tratamiento de residuos. A la fecha, afirmó, ya establecieron contacto con una persona que retirará los envases para desecharlos en un lugar adecuado.

A su vez, la directora se refirió a otro apartado de la publicación de la Junta Vecinal, en la que se hacía mención a un estudio realizado por la Unicen en el año 2020 en el que se determinó la presencia de restos de agroquímicos en el agua y el suelo de parte del paraje.

“Hablan de algunas cosas como el agua, pero nosotros desde la escuela hacemos el análisis con Bromatología y nos da apto, lo hacemos todos los años, es obligación que lo hagamos”, concluyó.

Días atrás,  la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable hizo públicos los resultados de un estudio encargado a la Universidad Nacional de La Plata, a partir del cual se detectó la presencia de al menos ocho agroquímicos en el agua de Tandil. Por tal motivo fue consultado por El Eco Multimedios Luciano Lafosse, quien afirmó que “el agua es absolutamente potable, absolutamente segura de acuerdo a todos los estudios que nosotros tenemos”.

El secretario de Planeamiento y Obras Públicas transmitió que tuvo acceso al estudio en cuestión, del cual brindó una breve síntesis, y con el que señaló diferencias de criterios. “Como Municipio y encargados de hacer la prestación de un servicio como es el agua, planteamos que los parámetros que nosotros manejamos son los que plantea el Código Alimentario Argentino”, sostuvo en relación a la perspectiva utilizada para estudiar y certificar el agua en Tandil. En relación al estudio encargado por la Junta Vecinal, precisó que desconoce el criterio de análisis.

Agregó también, que además de lo estipulado por el Código Alimentario Argentino, desde el Municipio monitorean pesticidas organoclorados, pesticidas organofosforados, glifosato y AMPA, éste último un producto de la degradación del herbicida glifosato.

Sin estar contemplados por la legislación vigente, el análisis de estos elementos, precisó, se realizan en función "del conocimiento, y tratando de buscar distintas alternativas de mejorar la gestión, con otras búsquedas de las que nos plantea la normativa".

En este sentido consideró que “aun así, dentro de estos cuatro parámetros hay una enorme cantidad de componentes. Y aun así, no han sido detectados, o han estado por debajo del límite de la capacidad de los equipos del método que se utilizaba para la detección de estos elementos”.

En este punto insistió en “evitar la alerta que se está generando por esta cuestión, en función de la documentación que nosotros manejamos, y a su vez también del propio estudio, porque de 64 parámetros que se evaluaron hay 360 resultados, y de esos hay 4 que arrojan algún valor, todo lo demás está por debajo de los niveles de detección”.

El funcionario consideró que “hay parámetros sobre los que  uno debería basarse” y planteó que “el Código Alimentario se basa en criterios epidemiológicos o de patologías de enfermedades que pueden llegar a ser prevalentes en la presencia de determinados elementos”. 

A su vez, transmitió que en Vela, donde se dio el mayor número de detecciones, fue “por una normativa que no es la de aplicación en nuestro país”. Concluyó afirmando que  “lo que nosotros tenemos es que no hay presencia de estos componentes”.

La Junta Vecinal por un Ambiente Saludable presentó ayer los resultados del estudio de agua de red local encargado a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que arrojó desfavorables resultados.

A través de una campaña denominada “¿Qué agua tomamos en Tandil?”, el espacio comenzó hace unas semanas a sensibilizar a la población y a instalar la inquietud a partir de carteles pegados en el centro de la ciudad, y también de una intervención en la Municipalidad. 

Con la interpelación puesta en la esfera pública, la incógnita se develó ayer en una conferencia de prensa trasmitida virtualmente de la que participaron Gabriela Soler, Petra Marzocca y Juan Tomás Midey, quienes compartieron los datos relevados por el examen bioquímico.

El análisis fue realizado de manera autogestiva por la organización ciudadana y procesado en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, con la colaboración del doctor Damián Marino, del Centro de Investigaciones del Medioambiente, de la UNLP-Conicet.

Recolección de muestras 

Según informaron, la recolección de muestras se llevó a cabo el 12 de junio pasado de acuerdo al protocolo establecido por la casa de estudios superiores para garantizar la seguridad y transparencia del proceso. 

Actuó como testigo Petra Marzocca, referente de la entidad Memoria por la Vida en Democracia y emblema de los derechos humanos en la ciudad. Asimismo, recalcaron que las muestras se recolectaron durante un período de sequía y con un muy bajo porcentaje de aplicación de agroquímicos según el calendario agrícola.

De esta manera, personal técnico capacitado recogió muestras en cinco lugares diferentes, que respondían a los criterios previstos en el protocolo y que abarcaron tanto la zona urbana como el ámbito rural.

En este marco, se tomaron muestras de agua en el centro de la ciudad, de una canilla ubicada en el exterior de la Municipalidad; de un vivero agroecológico ubicado en la zona de la Sociedad Rural; de la canilla de uso común de la Escuela de De la Canal; de una vivienda de la localidad de María Ignacia; y del centro cultural La Vieja Escuela de Gardey. Al día siguiente, es decir, el 13 de junio, las muestras fueron remitidas al laboratorio platense para su examinación. 

Resultados que preocupan 

El estudio confirmó la presencia de al menos ocho agroquímicos en el agua  de la localidad, tanto herbicidas, insecticidas y fungicidas. En el caso de De la Canal, las pruebas detectaron cuatro formulados activos y en la muestra extraída en María Ignacia, la concentración de dichas sustancias supera el máximo establecido por la Unión Europea y no debería considerarse agua apta para consumo humano.

El análisis refrendó la existencia de Atrazina, Hidroxyatrazina, Azoxistrobin, Cipermetrina, Imidacloprid, Metolacloro, Piperonil butóxido y Tebucozanol.

El doctor Marino aclaró que hubo problemas con una muestra por la concentración de Cipermetrina  y señaló que “hay en todas detección por debajo de los límites permitidos, pero concentración al fin”.

Asimismo, los integrantes de la Junta Vecinal, que el año pasado lucharon contra la sanción de la actual ordenanza que regula la aplicación de agroquímicos en el partido de Tandil al ponderarla como “muy permisiva”, sostuvieron que “lo que hoy está permitido en Argentina es circunstancial y para que esto cambie debemos alzar la voz de manera clara y contundente, por nuestro derecho a contar con un agua libre de plaguicidas”.

Además, cuestionaron que si no cambia la reglamentación del uso de estas sustancias, inexorablemente con el correr del tiempo todas las muestras estarán comprometidas con altos niveles de toxicidad.

Los resultados pondrían de relieve que existe contaminación en los pozos profundos de agua y en las napas, con consecuencias para toda la ciudadanía. En este sentido, los ambientalistas recordaron que estos datos se suman al estudio realizado en 2018 por la Unicen, que comprobó la presencia de 16 sustancias “agrotóxicas” en el suelo de 15 escuelas rurales.

Por último, desde el espacio vecinal afirmaron que la discusión sobre el marco normativo vigente se encuentra abierta y exigieron medidas para que se resguarde las salud de la población y, sobre todo, de las infancias, ante este nuevo escenario que aporta la evidencia científica y que enciende las alarmas al respecto. 

Los grupos vecinales que se oponen a la nueva normativa sobre uso de agroquímicos perseveran con su lucha pese a que la ordenanza entrará en vigencia. De esta manera, anticiparon que utilizarán todas las herramientas legales y administrativas que estén a su alcance, entre ellas, denuncias penales de diferente tenor, que les permitan poner un límite a lo que entienden como un avasallamiento a la salud de la población.

En una conferencia de prensa, integrantes de diferentes organizaciones; Silvia Sciancaglini, Virginia López Toledo, Pablo Orcajo y Claudio Lowy, expusieron que este martes  se cumplieron los 10 días hábiles desde que el Concejo Deliberante aprobó el proyecto en cuestión y se venció el plazo para que el intendente Miguel Lunghi lo vetara. Así, el mismo se convirtió legalmente en ordenanza.

“Este hecho será recordado históricamente por la población de Tandil, sentenciada por sus funcionarios de gobierno a una ordenanza que destruye el ambiente, empobrece y, por sobre todo, causará daños irreversibles en la salud”, expresaron. 

Según detallaron, la legislación, que se sancionó en medio de una fuerte polémica y con custodia policial en el Municipio, es “ilegítima” e “inconstitucional”, porque no se dio lugar a la participación ciudadana y porque no plantea planes de reducción del uso de los agrotóxicos. 

Asimismo, señalaron que es inviable que un organismo de control, compuesto por una sola persona, monitoree las 483.653 hectáreas del Partido para verificar que se resguarden las zonas de exclusión y demás, establecidas dentro de los 60 metros de lugares habitados y de 150 metros en los casos de escuelas rurales, centros de salud y establecimientos alimenticios. 

Inclusive recordaron que la ordenanza avala el uso de las llamadas “líneas de jardín”  en toda la planta urbana y en cualquier sitio, como si fuera un producto de menor impacto. 

“La línea jardín tiene principios activos como el glifosato  y otros insecticidas peligrosos. La ordenanza dice que se puede aplicar en cualquier lugar, es la foto que veíamos en la pileta de Gardey hace un par de años. Tiene un altísimo riesgo a la salud”, explicó el ingeniero Lowy. 

Denuncia en la Justicia Federal 

En tanto, el profesional, miembro de la ONG Bios Nodo Tandil, que presentó en 2019 un proyecto de regulación a través de la Banca 21, informó que hace un año y medio desde la entidad motorizaron una denuncia en la Justicia Federal por la contaminación de los pozos de agua de 15 escuelas rurales, investigación realizada por la docente e investigadora de la Unicen Graciela Canziani. 

La Fiscalía Federal dio curso a la denuncia y ordenó la recolección de pruebas. Además de escuchar los testimonios, hace dos días agentes de la Policía Federal tomaron muestras biológicas, y de suelo y agua para analizar, en el marco de una causa instruida en base a la Ley Nacional 24.051 de tratamiento y saneamiento de residuos peligrosos.

Las muestras fueron tomadas en escuelas, espacios públicos y también hubo un allanamiento en un establecimiento  agropecuario privado, la estancia “Don Juan” de Gardey.

Al respecto, Lowy indicó que “los tiempos de la justicia no los manejamos nosotros pero tenemos mucha expectativa en esto, porque no tiene que haber plaguicidas en el agua. También tenemos expectativas en poner en vigencia la cautelar del juez Blanc, que impide hacer aplicaciones a menos de 500 metros. Claramente la ordenanza transgrede el principio de no regresión, y ahora tenemos que un juez dice una cosa y la normativa dice otra”.

Ante la inminente aprobación de la ordenanza por la Aplicación de Agroquímicos en el Partido de Tandil, sin lugar a la solicitud de Participación Ciudadana obligatoria en forma de Audiencia Pública, los ciudadanos agrupados en la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable presentaron un Dictamen de Constitucionalidad, Convencionalidad y Legalidad para fijar los límites claros del Estado de Derecho y la función pública de los representantes de los soberanos. 

El documento fue dirigido el 26 de noviembre al titular del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, con copia al Intendente Miguel Lunghi, los Bloques partidarios, el Ministerio Público Fiscal Departamental, la Asesoría de Menores e Incapaces, la Procuración de la Suprema Corte de Justicia y la Defensoría del Pueblo provincial. 

Allí, a grandes rasgos, con evidencias sin conflicto de intereses y propios reconocimientos del Estado Argentino, es patrocinado legalmente por la Asociación Civil Generaciones Futuras, y exponen el Bloque de Constitucionalidad, orden público ambiental, denuncian sobre el potencial daño genético de niños y personas por nacer por por exposición “a venenos agrícolas” a menos de 1095 metros, efectúan expresa reserva de los derechos humanos fundamentales e intiman a acciones legales, civiles y penales en caso del voto positivo a la ordenanza que se impulsa.

“Lo más importante en todo este proceso emprendido por los ciudadanos, que son los soberanos manifestándose ante la omisión de los representantes del deber de cuidado amplio, es que arbitrariamente se está violando el Estado de Derecho, el orden público”, expresó Lucas Landívar, abogado representante de la Junta Vecinal, integrante de Generaciones Futuras y Consumidores Argentinos, docente de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El derecho a audiencia pública

El letrado explicó que si las leyes que ordenan la vida en sociedad establecen que debe haber audiencias públicas para garantizar la participación ciudadana, así debe ser para que sea juridicamente válida la norma sancionada.

Asimismo, en los puntos detallados informan y advierten a los funcionarios, acreditando la potencial violación de normas constitucionales y legales reglamentarias de derechos humanos fundamentales de jerarquía superior, por parte del Proyecto de Ordenanza a tratarse. “Hay potenciales delitos funcionales que se van a ver configurados si la ordenanza es aprobada, conforme han sido notificados fehacientemente de los riesgos de daños graves, y los daños ya existentes, incluso en el Partido de Tandil” aseveró.

Con respecto al pedido de audiencia pública que viene sosteniendo un sector de la población, más allá de la Junta Vecinal, y que en respuesta recibieron la convocatoria a una reunión de Comisión ampliada que se realizó el pasado lunes en el Teatro del Fuerte, Landívar señaló que “se trató de una instancia sin fuente legal, no existe como tal, al menos no suple la instancia debida de Participación Ciudadana”.

Entendió que dicha propuesta intermedia justamente fue delineada a raíz de la solicitud de la sociedad, por lo tanto aseguró que de otra manera ni hubiera existido. “Legalmente no existe la denominación de reunión ampliada, sí existe la audiencia pública para garantizar la participación ciudadana”, precisó.

Marco preventivo

El letrado recordó que este procedimiento de sanción en contra de las evidencias científicas, la jurisprudencia aplicable y fallos judiciales que acontece en Tandil, tiene antecedentes similares en Ayacucho, Mar Chiquita, Gral. Pueyrredón, Viamonte, Coronel Suárez por mencionar sólo algunos.

Conforme el orden público aplicable, notificado fehacientemente por el Dictamen jurídico, afirmó que los concejales y miembros del poder ejecutivo han sido designados temporalmente representantes del poder soberano que radica en los ciudadanos, “hasta aquí omitiendo sus obligaciones funcionales y el deber de cuidado” porque hay información científica que hace operativo el marco preventivo en sentido amplio, y no restrictivo a una distancia irrisoria y arbitraria como en el caso”.

“Deberían ellos estar aplicando el marco preventivo y precautorio en lugar de, forzosamente por medio del Concejo Deliberante, crear una ordenanza en incumplimiento del orden publico vigente, la jurisprudencia aplicable y la medida cautelar que los obliga dictada por el Juzgado Civil 2 de Tandil”, afirmó.

Se refirió así a los incumplimientos sobre las normas nacionales, provinciales e incluso municipales que no se estarían cumpliendo y recalcó que los representantes del pueblo no tienen un poder ilimitado, sino que deben adecuar su conducta al Estado de Derecho. 

Ahora, si no lo hacen, Landívar advirtió que quedan inmersas dichas conductas u omisiones en el delito de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y cómplices en la potencial contaminación y daños a la salud de la población a la que deberían cuidar. 

En este aspecto, recordó los estudios que acreditan que el agua al menos de las escuelas rurales de Tandil está contaminada, que hay daños genéticos en niños expuestos a pulverizaciones a menos de 1095 metros y que hay un fallo judicial que confirma una medida restrictiva, como la cautelar dictada el año pasado por el Juez Augusto Blanc.

“Si entonces, igualmente insisten en sancionar una ordenanza de 60 metros, estarán desconociendo la vasta información cientifica notificada, recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, jurisprudencia del Poder Judical incluso del Máximo Tribunal de Justicia Provincial, y la orden judicial que pesa sobre ellos, se verán configurados diversos tipos penales normados en el Código Penal y Leyes especiales”, insistió.

Evidencias

En lo extenso del documento presentado se detallan evidencias científicas y casos fehacientes del significado de las pulverizaciones con agroquímicos tanto para la salud de las personas como para el ambiente todo.

En uno de los apartados, considerando las pruebas, advierten como “inocultable, actual e inminente” la peligrosidad y el deber de cuidado que se hace operativo. De hecho, anticiparon graves efectos en el ambiente y la salud de los habitantes del partido de Tandil. Se pregunta ¿Quien será responsable si existen daños a la niñez? Se responde, quienes debieron adoptar medidas de cuidado adecuadas, y no lo hicieron.

En tanto que se induciría a conflictos sociales, en caso de que por legítima defensa los vecinos que sufran la amenaza sobre sus familias al ser fumigados a escasos metros de sus hogares quieran reaccionar ante la desprotección contra derecho de la ordenanza que se pretende sancionar, y del escaso control por parte del ejecutivo local del riesgo existente.

“La Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de Investigaciones del Cáncer declaran que el Glifosato Banda IV, o el 2,4D son probablemente cancerígenos para seres humanos (baja peligrosidad según Resolución inconstitucional de Senasa”, precisaron.

La Defensoría del Pueblo provincial solicitó que se difiera el tratamiento de la ordenanza

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires también se dirigieron al Cuerpo Deliberativo local a fin de recordar que el año pasado el organismo puso en conocimiento del Concejo Deliberante consideraciones y recomendaciones en materia de agroquímicos.

Eso, vale recordar, fue luego de que varios vecinos de la localidad de Gardey denunciaran las pulverizaciones en un campo cercano a la zona urbana sin ningún tipo de precaución, con viento a favor de las casas e incumpliendo la normativa local vigente. 

En aquella oportunidad, la Defensoría del Pueblo bonaerense se dirigió al intendente Miguel Lunghi para solicitarle que  arbitre “las medidas pertinentes para resolver el problema planteado por los vecinos”. 

A tal efecto, sugirieron que el Municipio, ejerciendo las facultades que le son propias, fiscalice la aplicación de agroquímicos en el área de conflicto particularmente en la franja de 300 metros paralela a los límites de las zona urbana de Gardey, a los efectos de que no se apliquen en la misma productos banda Ia, Ib, II y glifosato.

Diferir el tratamiento

En mayo de este año fue extendida la medida cautelar del Juez Blanc, donde, además de limitar la distancia de las aplicaciones a dos mil metros en forma aérea y 500 en terrestre, instó a la conformación de una mesa de diálogo. 

La Defensoría fue integrada a las actuaciones, y en esa condición, en octubre de este año peticionó al Juzgado coordinar la Mesa de Diálogo Intersectorial “que por proveído 19/10/2020, apartado 4, el mismo Juzgado indicara conformar a los efectos de elaborar un documento con pautas de actualización de la Ordenanza 12.316 (que regula la utilización de productos químicos de uso agropecuario)  o de nueva normativa en la materia”.

Tal como advirtieron, el pedido no fue tratado; y estimaron que “seguramente lo será cuando las actuaciones sean devueltas por la Cámara”. 

Al respecto, en la nota al Deliberativo evidenciaron que entre los antecedentes reseñados en los Considerandos del proyecto no es citado el expediente Judicial antes aludido. “Tampoco hay conclusiones provenientes de la Mesa de Diálogo Intersectorial, la cual siquiera es mencionada”, aseveraron y solicitaron que se difiera el tratamiento del mencionado proyecto de Regulación de aplicaciones de agroquímicos en el Partido de Tandil “hasta tanto la Mesa de Diálogo Intersectorial culmine su función”.

Un grupo de vecinos de la ciudad de Tandil firmó un petitorio que acercaron ayer al mediodía al Municipio, dirigido al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, a fin de solicitar convocatoria a una Audiencia Pública como instancia de participación ciudadana, a efectos de emitir públicamente su opinión respecto de la regulación del uso de los agroquímicos, que se trataría este jueves en el recinto para su aprobación. 

La intención de los 30 ciudadanos que rubricaron el documento, es que todas las voces afectadas por esta resolución tenga la oportunidad de ser escuchadas. 

Se sabe que la elaboración de la normativa lleva más de dos años y el proyecto final se ha mantenido a resguardo, con develaciones de pequeños avances, hasta último momento. 

Al conocer el detalle de cada uno de sus 36 artículos, advirtieron que fueron ignorados tanto el anteproyecto presentado por Banca 21, como los aportes realizados en los escasos encuentros individuales convocados por la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente a estas personas.

“No convocar a una audiencia pública para tratar el proyecto de ordenanza en cuestión contradice el Principio de Congruencia establecido en el Artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25.675”, aseveró la investigadora y especialista en estudios sociales agrarios, Virginia Toledo López, en voz de los convocados.

Dicha ley plantea que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

“Afectará de manera negativa”

El trabajo de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable, y otros actores que se han ido sumando, viene siendo sostenido en la ciudad, incluso se intensificó con el pasar del tiempo y ante la falta de respuestas. 

Así fue que ante la inminente aprobación de una ordenanza que aseveraron afectará de manera negativa y altamente significativa al ambiente y las personas, decidieron con urgencia apelar a la Audiencia Pública, instancia que desde un primer momento plantearon como necesaria.

Vale decir que en el documento entregado ayer no solamente indicaron que el plexo normativo internacional, nacional, provincial y local es abundante y consistente con respecto a esta petición, sino que detallaron cada una. 

Así, por ejemplo y entre otras tantas, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información la Participación Pública y el Acceso la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado Acuerdo de Escazú, recientemente aprobado.

En la nota dirigida a Frolik recordaron que múltiples trabajos, publicados en la literatura científica, señalan que la aplicación terrestre y aérea de agroquímicos plaguicidas es una actividad que genera fuertes impactos ambientales, así como riesgos y daños a la salud. 

Entre muchos otros documentos, esto fue confirmado y referenciado en el Anteproyecto de Ordenanza presentado en 2019 en Banca 21 por la Dra. Graciela Canziani para la “Regulación de la Aplicación de los Agroquímicos Plaguicidas en el Partido de Tandil”, en el “Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil”, de la Unicen, y en el Informe de la Sociedad Argentina de Pediatría “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”, publicado en junio del corriente.

Consulta parcial

A lo largo de estos dos años de trabajo,la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, realizó una secuencia de entrevistas y consultas con distintos sectores involucrados, directa o indirectamente, con las aplicaciones, sin embargo los vecinos advirtieron que esto se realizó de manera parcial y fundamentalmente no fueron públicas, quebrantando nuevamente las normas”. 

 “No fueron consultadas todas las personas afectadas”, aseguró Toledo López, refiriéndose particularmente a los inquietas por los efectos de las derivas en aire, agua, suelo y alimentos, ni el personal de salud, que puede dar cuenta de los riesgos y daños que genera la aplicación de los agroquímicos plaguicidas, ni a autores del informe de la Sociedad Argentina de Pediatría o bien a integrantes de la comunidad científica que investiga la contaminación ambiental. 

“No hubo convocatoria a consultas abiertas a las que pudiera presentarse toda persona que se considere afectada en su salud y/o en sus actividades productivas”, lamentó.

Por otro lado, tampoco tuvieron acceso al texto del anteproyecto hasta hace pocos días atrás, cuando fue dado a conocer oficiosamente a través de medios de comunicación local. 

Advirtieron, entonces, que en su contenido fueron ignorados tanto el anteproyecto presentado por Banca 21, como los aportes realizados en los escasos encuentros individuales convocados por la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente a estas personas.

“Si no es ahora, ¿cuándo?”

“No convocar a una audiencia pública para tratar el proyecto de ordenanza en cuestión contradice el Principio de Congruencia establecido en el Artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25.675”, insistieron los firmantes de la nota entregada al HCD.

En este sentido, explicaron que la elaboración, aprobación y reglamentación de esta ordenanza que regulará la aplicación de agroquímicos plaguicidas en el Partido de Tandil es una actividad y un proceso que “afectará de manera negativa y altamente significativa al ambiente”. 

Por este motivo, respaldaron que toda la normativa referenciada es consistente con la necesidad del llamado a audiencia pública para legitimar el proceso de su elaboración.

“Si la elaboración de una ordenanza de tamaña significación para el cuidado de la salud humana y ambiental no es motivo de una Audiencia Pública, ¿cuáles temas lo serían?”, cuestionaron, esperando que la respuesta a la petición sea favorable, y antes del tratamiento en recinto.

Todos los jueves, un grupo de vecinos que forman parte de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable y de la Asamblea por un Tandil sin Trigo Transgénico ni Agrotóxicos se congregan en la plaza Independencia con el objetivo de intercambiar y debatir acerca del  uso indiscriminado de herbicidas en la ciudad.

Asimismo, están a la expectativa del tratamiento que  se hará en el recinto del Concejo Deliberante del proyecto de ordenanza para la aplicación de fitosanitarios, que reemplazará a la caduca legislación sobre el tema. 

Luego de la asamblea, el grupo se acercó a la Municipalidad, donde fueron recibidos en el primer piso por los concejales Maridé Condino, de Juntos por el Cambio y Ariel Risso, del Frente de Todos, y otros ediles, quienes les explicaron que el texto  se va a dar a conocer cuando tome estado legislativo, algo que podría ocurrir  la próxima semana.

En este momento se produjo un tenso intercambio entre las partes y la junta vecinal, antes de retirarse, les reclamó a los legisladores que mantenían una actitud poco democrática al no abrir el diálogo con todos los sectores. 

En contacto con el Eco de Tandil, Gabriela Soler y Virginia Toledo, integrantes de la asamblea, aseguraron desconocer el borrador del proyecto y lamentaron no haber sido convocados a una mesa de trabajo con todos los actores implicados en la problemática. 

Falta de controles 

Huelga recordar también  que el magistrado a cargo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil, Julio Blanc, hace un año dictó una medida cautelar que prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos a menos de dos mil metros de lugares habitados, y a 500 metros de forma terrestre. La medida regía, en principio, por 6 meses y en mayo fue prorrogada sin plazo.

En este sentido, Toledo recordó que “la cautelar insta al Municipio a que se forme una mesa de diálogo con las  partes interesadas y no se convocó a todos. Además prohíbe que se apliquen estos productos a menos de 500 metros de todos los centros poblados y eso no se cumple”. 

Asimismo, las entrevistadas lamentaron la falta de controles por parte del Estado comunal, incluso de fumigaciones en la planta urbana.  “En los pueblos rurales y en la ciudad hay una convivencia constante con las fumigaciones y hay una gran  falta de información sanitaria. Esta ordenanza no lo va a controlar. Vimos algunos borradores desactualizados y  sabemos que lo que proyectan hacer no nos va a proteger; hecha la ley, hecha la trampa”, señaló Soler.

En tanto, también coincidieron en que el principal criterio para ponderar y confeccionar la nueva ordenanza es el  rinde económico, sin sopesar el impacto en la salud y los consiguientes costos sanitarios derivados de ello. 

“En ningún momento se tiene en cuenta el costo de salud. Lo que intentan aprobar establece que, si se identifica la presencia de una plaga que pueda generar un perjuicio  económico, el ingeniero agrónomo a cargo de la evaluación deberá pedir permiso para aplicar los agroquímicos. La distancia no es un límite, creemos que tienen que dejar de usarse tanta cantidad de químicos peligrosos para el ambiente. Prima una visión productiva del asunto y la salud queda en otro plano”, enfatizó Toledo. 

“Estamos en una nube de agrotóxicos” fue la desesperante exclamación con que los integrantes de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable de Tandil pusieron en conocimiento de la situación que observan en el partido. 

Tal como relataron, diversos emprendimientos productivos y huertas de la ciudad han sido afectados por derivas de productos agroquímicos tóxicos y así también se registraron fumigaciones linderas a los pueblos rurales del partido, incluso en horarios nocturnos.

En algunos casos, los daños afectaron tanto al emprendimiento familiar y autogestivo de venta de plantines, como a la misma huerta de autoconsumo que abastece de alimentos a la familia. Desde su concepción, esto no solamente resulta de gravedad sino que deja entrever, “una vez más”, la complejidad que envuelve a la problemática por el uso de pesticidas y “la fragilidad a la que se exponen las víctimas, que quedan en situación de gran vulnerabilidad y desamparo”.

Uno de los eventos más destacables tomó conocimiento público hace unas semanas y sucedió en la Huerta de Elama, en Los Álamos 2224 de esta ciudad. Un emprendimiento familiar donde Marta y Carolina, madre e hija, desde hace nueve años producen semillas y plantines de manera agroecológica, reconocidas también por una trayectoria de servicios educativos y de intercambio de saberes asociados a la agroecología y a la permacultura.

Fue en julio, cuando al comenzar las siembras de las variedades de primavera-verano notaron anormalidades en el crecimiento de los almácigos. Como le contaron y mostraron a El Eco de Tandil, las semillas brotan y crecen, pero se frustran luego del segundo par de hojas, deformándose por completo y deteniendo su crecimiento. 

A la deriva

Marta y Carolina decidieron hacer nuevas pruebas, con otras semillas e incluso con variedades no estacionales. La dinámica se repitió en todos los casos, luego de los cotiledones, los brotes se retuercen y no prosperan. 

Ante la incertidumbre y preocupación, consultaron con el ingeniero agrónomo Cecilio Tuculet, quien les confirmó que se advertían efectos de un herbicida hormonal volátil (24D o similar), advirtiendo que en las gramíneas no surtía efecto, sí en las variedades de hoja ancha, que es para lo que fue diseñado. 

Hasta la fecha perdieron más de 6 mil almácigos y plantines, que eran el sustento familiar para este periodo. 

Las creadoras de Elama hicieron, entonces, una presentación solicitando la intervención de la Dirección de Medioambiente del Municipio de Tandil  y lograron abrir un expediente (21-06309-00), pero les respondieron que no podían tomar denuncias sin un destinatario. 

A las vecinas les resulta imposible averiguar quién es el responsable del uso de dicho herbicida, incluso a pesar de estar vigente la medida cautelar ordenada por el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires (Juzgado en lo Civil y Comercial 2 de Tandil. Expte. 50942) y que la Ordenanza Municipal 12.316 en el artículo 10 establezca la obligatoriedad de presentación de recetas agronómicas para las fumigaciones en la zona complementaria, ya que en el Sistema Digital de Recetas del Ministerio de Desarrollo Agrario consta que “no se ve receta alguna”, en el “Círculo de 500 metros en torno a la ubicación de la huerta” del 1 de enero de 2021 a la fecha (Expte: 21 06309 00). 

“El 12 de octubre visitamos Elama junto con profesionales del INTA y Municipio. Entre las presentes había investigadores de las ciencias exactas, agronómicas y de las ciencias sociales, junto a quienes constatamos los daños y perjuicios sufridos por el emprendimiento ante la deriva de un agroquímico biocida”, señalaron desde la Junta.

En esa oportunidad, recorrieron la huerta y el invernáculo donde producen para la venta, y constataron las “deformaciones típicas de las generadas por herbicidas inhibidores del crecimiento como el 24D”. 

“Las instituciones presentes se comprometieron verbalmente a realizar las pruebas químicas pertinentes para verificarlo, más aún aguardamos la toma de las muestras”, aseveraron. 

Derecho a un ambiente sano

A raíz de lo sucedido se desprendió una serie de interrogantes que los vecinos enumeraron para reflexionar: “¿Cómo llegó el herbicida hasta ahí? ¿Hasta dónde llegarán los daños? ¿Quién es responsable? ¿Cómo salimos de esto?”. 

Entre otros daños verificables distinguieron los de tipo ecológico, los económicos y al proyecto de vida, a los que se suman los potenciales riesgos a la salud. “Consideramos que son graves e irreversibles”, dijeron.

Frente a todo ello, consideraron importante señalar que la pirámide jurídica pone en su fundamento a los derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y en este sentido rescatar el especial resguardo a los derechos de los más vulnerables, en especial niñas, niños, trabajadores y mujeres, y el derecho a un ambiente sano.

Además, subrayaron que la Ley general del Ambiente 25.675 establece algunos principios de la política ambiental para todo el territorio nacional, entre los cuales destacaron el de prevención, que obliga a que los problemas ambientales se atienden en forma prioritaria e integrada. 

Asimismo el principio precautorio, según el cual cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, y los de progresividad y de integración, referidos a que los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones ambientales, tendientes a asegurar el cumplimiento progresivo de los principios enunciados. 

“Recordamos las competencias del Estado municipal y la responsabilidad de garantizar el cuidado del ambiente y la salud”, apuntaron desde el grupo y demandaron la intervención de todos los niveles del Estado para garantizar los derechos fundamentales, especialmente atendiendo a los sectores más vulnerables y a las generaciones futuras y “se establezcan medidas protectoras pertinentes para dar respuestas eficaces frente a esta problemática que aqueja a la comunidad”.

El caso del vivero del MTE

Por otro lado y ante la misma situación, desde la rama rural del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) presentaron una nota frente a las autoridades de la Dirección de Medioambiente, con copia a la Coordinación de Agroecología de la Secretaría de Desarrollo Productivo, denunciando la presencia de un herbicida hormonal que dañó gran parte de la producción del vivero que llevan adelante en Primera Junta 570.“Nos preocupa la presencia de este herbicida, no sólo porque daña nuestra fuente de trabajo e ingresos, sino porque es una amenaza directa a la salud publica de los vecinos”, indicaron.Esta situación se suma a los hechos ocurridos en Elama y a las múltiples denuncias de la Junta Vecinal frente a la contaminación en escuelas rurales.“Necesitamos un Tandil libre de agrotóxicos, con producción agroecológica y sustentable para la ciudad”, enfatizaron desde la organización social, advirtiendo que se seguirán organizando y peleando, para que se esclarezca esta situación.Finalmente, aclararon que la producción afectada fue descartada y actualmente tienen a la venta plantines totalmente sanos, producidos en los espacios que no llegaron a tener la deriva de este herbicida, que son los ubicados en La Movediza, Villa Gaucho y Villa Aguirre..

La Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil le entregó una nota a la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires Verónica Magario, con el petitorio "Paren de fumigarnos en Tandil" avalada por la presentación de las 46 mil firmas que lo acompañan.

“La entrega se realizó durante la vigilia que estamos llevando a cabo en las sesiones del Concejo Deliberante de Tandil, debido a la situación de alerta en que nos encontramos ante las discusiones y decisiones del marco normativo que regule las fumigaciones en nuestro partido”, informaron los integrantes de la agrupación.

En representación de varios vecinos del Partido de Tandil, desde la Junta por un Ambiente Saludable se movilizaron para que el gobernador bonaerense Axe Kicillof se haga eco de su necesidad: “paren de fumigarnos”. 

Sin ánimos de atacar, sino de poder poner en conocimiento de la problemática que aqueja a los tandilenses y buscar una solución al respecto, por medio de una carta buscaron expresar el agobio sienten ante la exposición constante a las fumigaciones con agrotóxicos en sus espacios de vida. 

Según compartieron con El Eco de Tandil, allí explicaron que esto sucede pese a que en este Partido se encuentra vigente una medida cautelar lograda a partir de la demanda iniciada ante la evidencia de la fumigación al límite de la escuela de La Porteña, barrio donde ayer el mandatario presnetó el Plan de Desarrollo Rural para la provincia.

El juez a cargo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil, Francisco Blanc, prorrogó el viernes 28 de mayo el decreto que prohíbe fumigar desde el aire con agroquímicos a una distancia menor a dos mil metros y, en forma terrestre a una distancia menor a 500 metros. En ambos casos de lugares habitados, establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios, campo de bombeo o batería de pozos y cursos de agua.

La medida había sido tomada el 19 de octubre de 2020 por seis meses instando simultáneamente al Municipio de Tandil a que en el plazo de 60 días corridos conforme  una mesa de diálogo intersectorial para el manejo y disposición racional y responsable de agroquímicos, incluyendo su acopio y puntos de venta.

Cabe recordar que en diciembre el Municipio realizó una presentación ante dicha cautelar planteando que “se excede en las atribuciones” y argumentando que la resolución judicial avanza sobre los conceptos de la ordenanza, que rige para todo el partido.

Pedido de protección a la salud

“Dicha mesa no se conformó”, aseveraron desde la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable respecto de la propuesta de diálogo, y denunciaron que tampoco han sido parte del proceso de discusión de la ordenanza para la regulación de aplicaciones que llevaron adelante a través de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente.

“Nuestro pedido de protección a la salud, con base en los principios de prevención y precaución ambiental, continúa sin ser atendido”, lamentaron.

En este sentido, los vecinos además criticaron que el proceso de discusión del borrador de ordenanza para la regulación de los agrotóxicos en Tandil se llevó a cabo a puertas cerradas, “sectorizando la comunicación” y sin construir un proceso participativo que favorezca a un diálogo democrático por parte de los concejales.

Oportunamente, desde la organización vecinal han juntado y presentado 46.000 firmas que acompañan el pedido por distancias de dos mil metros con base en el proyecto de ordenanza presentado en 2019 desde la Banca 21 por Graciela Canziani, de la Unicen.

Por otro lado, haciendo uso de la herramienta de acceso a la información pública ambiental, solicitaron contar con el borrador de ordenanza que presentó el concejal Ariel Risso sobre el cual está trabajando la Comisión, pero no han obtenido respuesta favorable hasta el momento.

Sin plazo

Ante la falta de acatamiento, la Defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, se presentó en el expediente denunciando el incumplimiento del Municipio a la demanda judicial y solicitando al juez lo intime a cumplir con ese mandato.

El juez Blanc ordenó, entonces, al ente municipal a informar el estado de dicho trámite. En la misma resolución el magistrado se declaró incompetente, ordenando la remisión del expediente a la Justicia en lo Contencioso Administrativa de Azul, decisión que desde la Junta apelarán por considerar “errónea”, ya que la demanda promovida es contra quienes arrojan agrotóxicos y no contra el ente municipal.

Como vecinos de Tandil aseguraron que saludan la extensión de una medida cautelar en resguardo de la salud de los niños y de toda la comunidad, e instaron al Municipio a velar por “su más estricto cumplimiento”.

La nueva resolución judicial no le pone plazo a la medida, por lo que podría interpretarse que es por tiempo indefinido o al menos hasta que se dicte una nueva ordenanza que proteja la salud de los habitantes del partido.

“¿Por qué en Tandil no se cumple la medida cautelar que dictaminó el Juez Blanc para protegernos de las constantes fumigaciones? ¿Por qué no se prioriza el cuidado de la salud, de nuestro entorno y la protección de las generaciones futuras?”, cuestionaron en un comunicados los vecinos que velan por un ambiente saludable para la ciudad y sus habitantes.

Por medio de una carta abierta al Honorable Concejo Deliberante de Tandil, dirigida al presidente del mismo, Juan Pablo Frolik, los integrantes del a Junta Vecinal por un Ambiente Saludable presentaron formalmente 46.002 firmas recolectadas como muestra de apoyo popular para que cesen las fumigaciones.

El pedido apunta básicamente a que la nueva normativa que regule el uso de agrotóxicos en el Partido “contemple basamentos constitucionales y legales fundamentales”, protectores de los Derechos Humanos y el ambiente, promueva un plan de registro y reducción de los mismos y otorgue instrumentos de fomento y promoción de alternativas de producción sin agroquímicos.

Al mismo tiempo, manifestaron el acompañamos el anteproyecto de ordenanza presentado por Banca 21, el día 15 de agosto de 2019, elaborado con fundamentación científica suficiente.

“Consideramos urgente un marco legal que, fundado en leyes y tratados actualmente vigentes y con base científica, atienda prioritariamente la salud y el bienestar de los vecinos y del ambiente en general, frente a la amenaza que supone la constante exposición, directa e indirecta, a las fumigaciones con agrotóxicos, teniendo en cuenta el riesgo que estos significan para la población según la evidencia científica existente”, asentaron.

Por otra parte, atendiendo el contexto de pandemia, consideraron “absolutamente legítimas” las herramientas digitales como medio de manifestación ciudadana, siendo por tanto las firmas digitales igualmente válidas a las expresadas de puño y letra. Explicaron, entonces, que las firmas recolectadas en forma presencial y vía digital en la plataforma de Change.org fueron cargadas a una carpeta de Drive en formato PDF, de las cuales el total en papel fue de 851 firmas, mientras que el total de las digitales fue de 45.151, correspondiendo 39.546 a ciudadanas/os argentinos/as representando el 89 por ciento del total de las rubricas digitales.

Desde la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable en Tandil pusieron en valor la responsabilidad normativa que rige en Argentina, que establece que es competencia de los representantes garantizar en el caso de los llamados derechos fundamentales el principio de progresividad y no regresividad. De esta forma, el Estado garantiza que en materia de derechos humanos y ambientales el cumplimiento del derecho se dé en manera gradual y progresiva, siempre ampliando la protección y los derechos, sin generar retrocesos.

Por esto, la organización vecinal exigió a los concejales que están discutiendo la ordenanza de regulación de agrotóxicos, que cumplan con el estado de derecho vigente, y que amplíen la protección de derechos, “especialmente considerando a los niños, atendiendo al riesgo que genera la presencia de agroquímicos en su centro de vida”.

“La presencia de agrotóxicos en Tandil es una constante y ha sido constatada”, aseveraron. Recordaron que las poblaciones rurales de Iraola, María Ignacia (Vela) y Gardey denuncian fumigaciones sistemáticas en sus espacios de vida. Además, fue ratificado por la Justicia para el caso de La Porteña, donde se probó que la fumigación llegó al límite de la escuela, que además dio lugar a la actual cautelar. También ha sido probada por el estudio realizado por la Unicen, que muestra la presencia de más de 16 agroquímicos en 15 escuelas rurales del partido.

“Vemos con especial preocupación la insistente actitud de nuestros ediles de minimizar la importancia y de mostrarse indiferentes ante las investigaciones científicas existentes”, exclamaron. Por un lado, memoraron la publicación del Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil, realizado por Graciela Canziani de la Unicen; y los “más de mil estudios” científicos avalados por las instituciones más prestigiosas del sistema científico nacional e internacional que constatan los daños que sustancias como el glifosato generan en el ambiente y la salud.

Tales investigaciones, que señalaron como realizadas sin conflicto de intereses por profesionales del más alto nivel de formación académica de nuestro país (y del mundo), aseveraron que constatan impactos del creciente uso de agroquímicos en la salud, como disruptores endócrinos, como causantes de daño del material genético, de desórdenes reproductivos tales como abortos espontáneos y malformaciones congénitas, trastornos respiratorios y epidérmicos, alergias, deficits neurológicos y neurocognitivos. A la vez, advirtieron sobre la asociación a altos índices de cáncer; como su presencia y persistencia en suelos, cuencas y cursos de agua y la incontrolabilidad de las derivas.

“Hemos puesto a disposición de nuestros ediles esta información en incontables ocasiones, y lo seguiremos haciendo”, expresaron.

Tal como determinaron, los datos “están, existen y son fruto del incansable esfuerzo de investigadores”, muchos en el contexto de  instituciones como INTA, el Conicet y de universidades nacionales, aunque también por fuera de ellas. Daños que igualmente conocen personalmente, porque aseveraron sufrirlos en forma creciente en sus propios cuerpos.

A sabiendas de los estudios existentes, reafirmaron que no les cabe a las poblaciones afectadas la responsabilidad de constatar los daños al ambiente y la salud. “En materia de derecho ambiental, nuestro estado de derecho establece que la carga de la prueba se invierte y se aplicará la precaución y prevención como principio (Ley General del Ambiente 26.675)”, asentaron.

Así, para ellos, son suficientes las evidencias existentes para dar cuenta del riesgo al que las personas están expuestas diariamente. Por otra parte, también consideraron que es tarea del Estado generar las estadísticas necesarias para tomar decisiones en materia de salud y de protección ambiental.

“Es responsabilidad de nuestros ediles garantizar los derechos humanos, el derecho a la salud, a un ambiente sano y la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (Ley 26.061; Ley 25.675 y Constitución Nacional art. 41 y 75 Inc. 22). Las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos constituyen una violación constante a nuestros derechos y a los de las generaciones futuras”, enfatizaron.

“Queremos un Tandil saludable”, exigieron y solicitaron a los representantes de la población en el Concejo Deliberante que estén “a la altura de garantizarlo”, ampliando la garantía a nuestros derechos. Reafirmaron, por último, la necesidad de buscar soluciones que garanticen el derecho al ambiente sano y la salud sin vulnerar otros derechos como el trabajo digno. Aquí, proclamaron que no hay conflicto de intereses, porque la salud es para bien de toda la comunidad. “Se trata de proteger la vida poniendo límites al uso y la presencia de tóxicos en nuestro entorno, y de estimular las actividades productivas”, respaldaron.

Finalmente, desde la Junta reiteraron su apoyo al Anteproyecto de Ordenanza para la Regulación de Agroquímicos en Tandil presentado el 15 de agosto de 2019 desde la Banca 21. Apuntaron que el desafío es pensar integralmente para el logro de un Tandil próspero y saludable, y asignaron que hay muchas herramientas que han sido puestas a disposición para ello.

“Estamos a disposición y esperamos el mejor desempeño por parte de nuestros representantes, es decir, que la nueva ordenanza que se genere sea un avance en la protección de nuestros derechos fundamentales, aumentando las restricciones al uso de agrotóxicos en el partido”, comprometieron al concluir.

En esta oportunidad, tal como explicó Pablo Orcajo, uno de los referentes del grupo, “ya ni hace falta explicarle a la gente de qué se trata, porque se acercan y dejan su firma”. “La gente es consciente de la problemática de los agrotóxicos y estamos muy contentos con este cambio en la sociedad, que se va humanizando, porque tenemos derecho de vivir en un ambiente saludable”, sostuvo.

Orcajo reveló, además, que hace un tiempo pidió ante la Defensoría del Pueblo de Tandil recetas agronómicas de aplicaciones en la zona de Gardey, a partir de las cuales pudieron advertir que el 70 por ciento de las fumigaciones violan la cautelar vigente. “Es una actitud súper irresponsable”, dijo.

Cabe recordar que en octubre del año pasado el Juez Augusto Blanc resolvió suspender toda actividad de fumigación terrestre con agroquímicos en el partido de Tandil a una distancia menor a 500 metros vía terrestre y 2000 metros vía aérea “de lugares habitados, establecimientos escolares, centros de salud, establecimientos elaboradores de productos alimenticios, campo de bombeo o batería de pozos y cursos de agua.

Por otro lado, lamentó que el Municipio “en vez de ponerse la cautelar al hombro y acompañar a la ciudadanía que está siendo fumigada y enfermada”, apela a la medida judicial. “Es una contradicción porque es quien nos tiene que cuidar”, enfatizó.

Una tendencia en toda la Provincia

Mientras esto sucede en el centro tandilense, en toda la Provincia de Buenos Aires más de veinte asambleas y organizaciones redactaron un documento dirigido al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, donde exigen la derogación de la resolución 246/2018, conocida como “la resolución del veneno”, que autoriza la fumigación de cultivos en todo el territorio bonaerense.

Allí piden, entre otras cosas, instrumentar “la absoluta prohibición de la aplicación de agroquímicos biocidas” en 2000 metros lindantes a zonas pobladas, escuelas, cursos de agua, y zonas de protección o resguardo ambiental.

Las organizaciones, además, cuestionan el retraso en las respuestas por parte de las autoridades: “La demora en vuestro trabajo es inadmisible. Somos nosotras y nosotros los que estamos experimentando en territorios y cuerpos las enfermedades y las afectaciones producto de un modelo dependiente de agroquímicos biocidas”, aseveran en el comunicado.

Subrayan también que durante el período transcurrido desde la introducción del primer transgénico, se calcula la aplicación de más de 500 millones de kilogramos-litros de agrotóxicos en todo el país. Por eso, apuntan a que dilatar la adopción de medidas de protección concreta en la elaboración de políticas públicas “es prolongar la exposición y los daños, dado que mientras esas decisiones se retrasan los productores que utilizan biocidas no cesan jamás de hacerlo, ni aún en pandemia”

En el caso de Tandil, las cientas de firmas recolectadas en las planillas ratifican la solicitud de que la ordenanza que regule el uso de agroquimicos de Tandil se funde en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el Artículo 75 de la Constitución Nacional (Inc. 22), el principio precautorio y el de prevención establecido por Ley General del Ambiente Nro. 25.675, la Ley Nacional de protección integral de niños y niñas 26.061.

Además, pide que se fije el límite de 2.000 metros de distancia para la aplicación con equipos terrestres respecto de los establecimientos educativos, zonas pobladas, cursos de agua y zonas de protección ambiental, y la prohibición del uso de equipos aéreos, conforme la evidencia científica existente y asimismo según el Anteproyecto de ordenanza presentado el 15 de agosto de 2019 al Honorable Concejo Deliberante. “Solicitamos además un Plan de Registro y Reducción del uso de agroquímicos para todo el Partido e instrumentos de fomento y promoción de la producción agrícola sin agrotóxicos”, finaliza el documento.

Los vecinos nucleados en la Junta por un Ambiente Saludable se apostaron ayer en la esquina de 9 de Julio y San Martín desde las 18.30 con la intención de que sumar adeptos a una petición que harán al Municipio sobre la confección de la nueva ordenanza de aplicaciones.

“Basta de Fumigarnos” es el lema que asignaron a la bandera que los identificó y llamó la atención de muchos ciudadanos, que se acercaron a ver de qué se trataba, a informarse y profundizar sobre las aristas que rodean a la temática. La mayoría de ellos dejó su estampa en apoyo a la petición y los organizadores mostraron conformidad con tanto respaldo.

La intención, en un principio, había sido realizar la junta de firmas a través de una página de internet, sin embargo revelaron que la concejal Maridée Condino, titular de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente, les advirtió que no sería tenido en cuenta porque podría rubricar gente de otras ciudades.

Con ese motivo, sin quedarse de brazos cruzados, coordinaron la posta en la peatonal del centro de la ciudad y recolectaron voluntades de puño y letra.

Un límite de dos mil metros

Pablo Orcajo, uno de los voceros de la Junta Vecinal, quien vive en Gardey y ha padecido en varias oportunidades las pulverizaciones a escasos metros de su casa, donde vive también su hijo, destacó que la idea es que el trabajo que están realizando desde el HCD se aproxime más al proyecto de ordenanza que presentaron ante Banca XXI Graciela Canziani y Claudio Lowy.

En dicho documento, los científicos plantearon la necesidad de que las fumigaciones se apliquen a dos mil metros de caseríos, pozos de agua, escuelas, arroyos y otros. “Aunque con que se respeten los 1095 metros que evidencian necesarios todos los expertos y estudios al respecto de cómo influyen los agrotóxicos en la salud, estaría bien”, aseveró.

Sin embargo, los vecinos lamentaron que ni siquiera se esté haciendo cumplir la cautelar que prohíbe las pulverizaciones a menos de 500 metros de forma terrestre y mil metros con aviones.

Quienes firmaron las planillas ratifican la solicitud de que la ordenanza que regule el uso de agroquimicos de Tandil se funde en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el Artículo 75 de la Constitución Nacional (Inc. 22), el principio precautorio y el de prevención establecido por Ley General del Ambiente Nro. 25.675, la Ley Nacional de protección integral de niños y niñas Nro. 26.061.

Además, pide que se fije el límite de 2.000 metros de distancia para la aplicación con equipos terrestres respecto de los establecimientos educativos, zonas pobladas, cursos de agua y zonas de protección ambiental, y la prohibición del uso de equipos aéreos, conforme la evidencia científica existente y asimismo según el Anteproyecto de ordenanza presentado el 15 de agosto de 2019 al Honorable Concejo Deliberante. “Solicitamos además un Plan de Registro y Reducción del uso de agroquímicos para todo el Partido e instrumentos de fomento y promoción de la producción agrícola sin agrotóxicos”, finaliza el documento.

Los vecinos nucleados en la Junta por un Ambiente Saludable se apostaron este sábado en la esquina de 9 de Julio y San Martín desde las 18.30 con la intención de que sumar adeptos a una petición que harán al Municipio sobre la confección de la nueva ordenanza de aplicaciones.

“Basta de Fumigarnos” es el lema que asignaron a la bandera que los identificó y llamó la atención de muchos ciudadanos, que se acercaron a ver de qué se trataba, a informarse y profundizar sobre las aristas que rodean a la temática. La mayoría de ellos dejó su estampa en apoyo a la petición y los organizadores mostraron conformidad con tanto respaldo.

La intención, en un principio, había sido realizar la junta de firmas a través de una página de internet, sin embargo revelaron que la concejal Maridée Condino, titular de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente, les advirtió que no sería tenido en cuenta porque podría rubricar gente de otras ciudades.

Con ese motivo, sin quedarse de brazos cruzados, coordinaron la posta en la peatonal del centro de la ciudad y recolectaron voluntades de puño y letra.

Pablo Orcajo, uno de los voceros de la Junta Vecinal, quien vive en Gardey y ha padecido en varias oportunidades las pulverizaciones a escasos metros de su casa, donde vive también su hijo, destacó que la idea es que el trabajo que están realizando desde el HCD se aproxime más al proyecto de ordenanza que presentaron ante Banca XXI Graciela Canziani y Claudio Lowy.

En dicho documento, los científicos plantearon la necesidad de que las fumigaciones se apliquen a dos mil metros de caseríos, pozos de agua, escuelas, arroyos y otros. “Aunque con que se respeten los 1095 metros que evidencian necesarios todos los expertos y estudios al respecto de cómo influyen los agrotóxicos en la salud, estaría bien”, aseveró.

Sin embargo, los vecinos lamentaron que ni siquiera se esté haciendo cumplir la cautelar que prohíbe las pulverizaciones a menos de 500 metros de forma terrestre y mil metros con aviones.

Desde la Junta Vecinal por una Ambiente Saludable Tandil repudiaron públicamente la Jornada sobre Buenas Prácticas de Aplicación de Productos Fitosanitarios, “promovida por el Municipio”, ya que garantizaron que desvía la mirada e intenta avanzar hacia supuestas soluciones que consideran “ineficaces y fraudulentas”.

La comunidad que logró el dictamen de una medida cautelar para las fumigaciones en el partido de Tandil lamentó que el Gobierno local esté haciendo caso omiso a la aparición de 16 diferentes agroquímicos en 15 escuelas rurales analizadas, “siendo el principal organismo que debería proteger la salud de la comunidad”.

“Tanto organismos oficiales como entidades privadas que promueven el uso de agrotóxicos insisten en que los daños que estos producen son debido a su ‘mala aplicación’, afirmando que siendo bien aplicados, esos daños no existirían”, plantearon, dejando al descubierto que de ser así, en caso de inconvenientes la responsabilidad la tiene el último eslabón de la cadena: el aplicador.

Indicaron que de esta manera, las fábricas de agroquímicos, el Ministerio de Agricultura, el Senasa, el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS), los municipios, los poderes legislativos o judiciales, quedan exentos; “como si no fueran responsables de los daños a la salud de la población y del ambiente, que incluso, cada vez son mayores”.

Las partículas que no se miden

Desde la Junta advirtieron que quienes promueven el uso de los productos de síntesis química para el agro y las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) sólo observan la “deriva primaria”, es decir, en el momento que se está realizando la aplicación. Sin embargo, no consideran la “deriva secundaria”, que correspondería a desde que se va la máquina hasta 24 horas después.

Según señalaron, esta última es la mayor de todas y la que más efectos negativos genera, ya que “hasta el 90 por ciento de las partículas sale del lote rociado luego de que el producto hizo el efecto deseado”.

“Las partículas químicas se volatilizan por acción físico química y factores climáticos, pudiendo alcanzar miles de kilómetros de distancia en tan solo días”, alertaron.

Además, avisaron que tampoco consideran la “deriva terciaria”, que es por revolatilización, en el polvillo de ambiente o bien su dispersión en su fase gaseosa, que la vuelve incontrolable, razón que explica su presencia en el desierto de Sahara o en la Antártida, según ejemplificaron.

De acuerdo a su exposición, infinidad de estudios constatan que estas sustancias se mueven, más allá de la buena voluntad del aplicador. Por ello, catalogaron que las Buenas Prácticas Agrícolas no sólo son insuficientes, “sino que son un fraude”. “Buenas prácticas agrícolas serían sin utilizar agrotóxicos”, aseveraron los vecinos.

Clasificación disimulada

Otra de las principales cuestiones que clasificaron como “mentiras de las BPA”, refirió a la clasificación de los productos con que se realizan las fumigaciones. Consideraron interesante hacer hincapié aquí, porque es a partir de allí que el Senasa los inscribe, autoriza su producción y distribución, y de acuerdo a lo cual las provincias y los municipios regulan las leyes y ordenanzas de “fitosanitarios”.

¿Por qué los clasifican mal? Es la pregunta que surge, y de acuerdo a la explicación que brindaron, la metodología que se usa es la llamada “dosis 50 por ciento aguda o dosis letal media”, que a determinados mamíferos utilizados como muestra se le agrega progresivamente porción del producto que una determinada empresa quiere aprobar, buscando la cantidad que mata al 50 por ciento de forma rápida (24/48 horas).

“Si la dosis es pequeña, se interpreta que el producto es muy tóxico (formulados Clase 1 banda roja). En cambio si la dosis es muy alta, se interpreta que el producto es poco tóxico (Clase 4. banda verde), entre los que figura el glifosato”, enunciaron.

Sin embargo, revelaron que esta clasificación no considera lo que mata pasadas las 48 horas, ni lo que enferma sin matar, ni qué sucede con los “cócteles” que se utilizan de manera habitual, a la vez que tampoco estudia las exposiciones repetitivas y por acumulación. “De esta manera podemos afirmar que el procedimiento de clasificación disimula su real grado de toxicidad, pero habilita su utilización, que se impone al servicio de intereses privados, en mercados altamente concentrados y dominados por multinacionales”, acusaron.

En la lucha por el futuro

“Nuestros cuerpos y territorios se enferman e intoxican para el beneficio de los negocios agrarios, de un modelo agrícola que enferma y mata progresivamente a la personas, y también a la Tierra que habitamos. Porque sin aire sano, agua sana, tierra sana, nadie puede vivir. Y quienes promueven su uso, y quienes los avalan son los responsables”, aseveraron contundentemente.

A raíz de esto, lamentaron que se festeje este fraude y que quienes gobiernan localmente hayan convocado a especialistas en ”cuya trayectoria profesional se destacan los vínculos con las entidades privadas que promueven estos negocios agrícolas y no a quienes han estudiado la problemática de los agroquímicos en vínculo directo con las poblaciones afectadas”.

“Nos preguntarnos por qué desde el Municipio convocan a este tipo de disertantes; y no así, por ejemplo, a médicos como Damián Verzeñazi o Medardo Ávila Vázquez, por sólo nombrar algunos. O bien, por qué no convocan a quienes hacen ciencia digna, como Susana Aparicio, Damián Marino o Delia Aiassa, quienes detectaron glifosato en el agua de lluvia, en la sangre humana, en la leche materna, en la cuenca del Río Paraná. O bien, al ingeniero químico Marcos Tomasoni, para conocer su teoría de las tres derivas, la cual fundamenta más de cien ordenanzas a lo largo y ancho del territorio, y además, la inviabilidad de experimentos científicos con tarjetas hidrosensibles (en una jornada lluviosa) como los que aquí se promueven”, cuestionaron.

Finalmente, aseguraron que los cuerpos son testigos del daño que ocasionan los llamados fitosanitarios, y advirtieron que “jornadas como estas” reafirman que el Poder Ejecutivo local y quienes elaboran y sancionan la nueva ordenanza para el partido “sólo buscan ocultar esa verdad, trayendo engaños a la comunidad, con el único fin de proteger intereses económicos propios y de las empresas agropecuarias”. “Mientras tanto, otros seguimos luchando por el futuro y la salud de nuestros hijos”, concluyeron.

El pasado martes, integrantes de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable y de la Colectiva Feminista Berta Cáceres inauguraron un mural en Las Heras 1258 para plasmar la lucha de los vecinos en pos de una ciudad saludable y libre de agrotóxicos.

Bajo la contundente aseveración “En Tandil nos fumigan”, el grupo dejó grabado, a través de los pinceles y la pintura, su deseo de ser escuchados para exigir que cesen las fumigaciones.

“Otro sistema productivo que valore la vida y la salud es posible: es nuestro deber como sociedad regar la semilla de la conciencia para frenar este ecocidio al que nos han sometido. Exigimos que se cumpla la aplicación de la medida cautelar que prohíbe el uso de agrotóxicos a menos de 500 y 2000 metros terrestres y aéreos de escuelas, casas, pozos y cursos de agua”, señalaron.

Asamblea abierta 

Además, en torno a esta problemática, el 12 de diciembre se llevó a cabo la asamblea abierta a la comunidad “Sobre la problemática de los agroquímicos” y desde la junta vecinal expresaron su agradecimiento hacia quienes dedicaron su tiempo para acompañar, apoyar y sumarse a la causa “que día a día toma mayor incidencia colectiva”.

“Representantes de distintas organizaciones, integrantes de la comunidad científica universitaria, docentes, miembros de la Junta Vecinal y personas del común de la sociedad, democráticamente hicieron uso de la palabra, generando un espacio de reflexión y formación, sobre la actual situación en el partido de Tandil”, detallaron.

En el encuentro abordaron diversos temas como los testimonios de vecinos afectados por intoxicaciones, el desarrollo y resultados del estudio realizado por la Unicen sobre la presencia de agrotóxicos en escuelas rurales, los alcances de la vigente medida cautelar, las acciones llevadas a cabo por la minoría del Consejo Escolar, y también ciertas especificaciones sobre cómo denunciar estas cuestiones.

“Los vecinos, madres y padres nos sentimos cada día más acompañados. El cálido abrazo del pueblo tandilense en defensa de la salud nos hizo saber que contamos con las fuerzas necesarias para seguir adelante por el camino trazado”, marcaron, en tanto anticiparon que seguirán adelante con la lucha por instalar y abordar la temática en la comunidad.

A poco más de un mes del fallo judicial del Juez en lo Civil y Comercial, Fracisco Augusto Blanc, sobre las restricción en las fumigaciones con agroquímicos en el Partido de Tandil y sólo días de haberse notificado al Municipio, uno de los abogados que acompaña y defiende al grupo de Vecinos por un Ambiente Saludable explicó el alcance de la medida.

Según indicó Lucas Landivar, quien, como proceso colectivo la cautelar es de aplicación general, porque intenta evitar daños a la salud y al ambiente.

¨Como se evidenció y se evidencia que hay afectación masiva del recurso hídrico, y el hallazgo en el suelo significa que está en la atmósfera también, existen potenciales riesgos de daños graves e irreversibles sobre todo en niños, personas por nacer y adultos mayores, que tienen el sistema inmunológico polideprmido¨, señaló. Así, ante esos peligros y al ser también masiva la aplicación de ¨veneno¨, aseveró que la cautelar excede a las partes que iniciaron la acción.

Recordó que en marzo el mismo Juez Blanc, hizo aplicable la ordenanza vigente en Tandil. Sin embargo en junio, cuando se dio a conocer públicamente el relevamiento de los investigadores de la Unicen que detectó la presencia de al menos 16 agroquímicos en el agua y suelo de 15 escuelas rurales del Partido de Tandil, la situación dejó de ser una cuestión ¨entre partes¨ sino que pasó a ser de ¨incidencia absolutamente colectiva¨.

La ecuación que cierre para los productores

Claramente el dictamen judicial preventivo trajo aparejada preocupación, indignación y rechazo por parte de los productores rurales y también de las empresas agropecuarias.

Ante la prohibición de pulverizar a menos de 500 metros con maquinaria terrestre y 2000 metros con avión de cualquier asentamiento, pozo de agua, lugar de producción de alimentos, escuelas y otros, advirtieron con números que esto sacaría de producción 107 mil hectáreas del Partido.

Ante esta aseveración, Landivar consideró fundamental aclarar que el campo no quedaría improductivo. ¨No se está quitando la posibilidad de hacer agricultura, sino que se está limitando la aplicación de productos muy peligrosos, muchos de los cuales ya han sido declarados ´probablemente cancerígenos´¨, explicó.

Sin embargo, también dijo ser consciente de las ganancias que tiene el sector agrícola, por lo que reveló que están trabajando con economistas para intentar que dichos ingresos no tengan perjuicios.

¨El tema es que en esa ecuación, hasta que se logre entender la dinámica de transformación a un sistema que garantice los mismos dividendos hay que evitar que en el camino no resulten perjudicados los bienes comunes¨, evaluó, señalando que la calidad de salud es directamente proporcional a la calidad ambiental.

Con absoluto respeto por las personas que trabajan en el campo e invierten en el agro, así como respetan todo lo que construye una sociedad equitativa y con justicia, el abogado se mostró confiado con el camino hacia la transición de sistemas productivos.

Manifestó, entonces, que cuanto antes tomen conciencia los productores y se acerquen a las organizaciones que se dedican a la agricultura orgánica o grupos de investigación que están trabajando en agroecología, menos problemas van a tener.

¨Los productores no quieren hacer mal¨

¨Creo que la transformación no tiene retorno es inevitable, hay un cambio de modelo y de sistema¨, determinó.

Asimismo, planteó la duda sobre qué pasará con esos químicos que están contaminando y son nocivos en sí mismos. Sugirió que esa cuestión podría ser respondida desde el Ministerio de Ambiente de la Nación, ya que lo que determinaron como regla de ¨Buenas Prácticas¨ no resulta, porque se encuentran estos residuos en todos lados.

¨O todos hicieron malas practicas, o las buenas no funcionan, ya que de una u otra manera está todo contaminado¨, lamentó.

Sobrellevando la cuestión aún más hacia el lado de los agricultores, manifestó estar convencido que los mismos productores no quieren hacer mal, pero lamentablemente están ante un sistema que les propusieron en base a un químico que terminó generando daño.

Así, dejó en claro que están ante un problema donde quedaron encerrados en un sistema donde necesitan los químicos para producir, pero a la vez esos contaminan, y a la vez les disminuyen las hectáreas para este tipo de modelo y pueden llegar a perder plata. Entonces, con la idea firme de ir hacia una transformación entre todas las partes, enfatizó que hay que ser considerados de esa situación.

¨Desde la Junta Vecinal no queremos perjudicar a nadie¨, insistió e invitó a construir entre todas las partes la mejor salida, porque aseguró que la confrontación ¨no va a llevar a nada¨.

Para esto consideró elemental en primer lugar reconocer el problema existente y que cada uno, productores, economistas y vecinos, entre otros, ponga lo mejor de su parte para poder abordarlo.

Una mesa intersectorial con tres ejes elementales y las personas adecuadas

Por otro lado, la cautelar también refirió a la conformación de una mesa de intercambio intersectorial ¨para la aplicación, manipulación, traslado y disposición racional y responsable de agroquímicos, incluyendo su acopio y puntos de venta, ponderando tanto la protección del medio ambiente y la salud de los habitantes como el desarrollo de la actividad¨.

Si bien cada jueves desde la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante vienen realizando encuentros con distintos sectores relacionados, y Maridé Condino aseguró que de este modo ya estarían cumpliendo con lo impuesto por la cautelar, Landivar descartó que así sea.

¨Sin duda que todavía la mesa de trabajo que dispuso el Magistrado Blanc no se encuentra en funcionamiento, no ha dado comienzo ese trabajo¨, puntualizó. Sí consideró que lo que vienen desarrollando desde el grupo deliberativo puedan servir de instancias preliminares a lo que será la propuesta dictaminada por el Poder Judicial de Buenos Aires.

En ese contexto, dijo que habrá una instancia donde se establecerá con precisión cuál es la metodología de trabajo de esa Mesa, como también se irán aclarando otros aspectos de la resolución para hacerla operativa.

¨La expectativa es la construcción de un cuerpo normativo que garantice la calidad del ambiente y consecuentemente de la salud de las poblaciones que están siendo amenazadas por sustancias peligrosas¨, sostuvo.

Para el caso, también creyó importante que se convoque a un grupo de economistas que analizando las ecuaciones existentes pueda respaldar al sector agrícola para que no vea afectado su potencial como generador de recurso económico en base a la producción que realiza.

Finalmente y resumidamente, estimó que el objetivo máximo de la Mesa debería ser garantizar la calidad ambiental, la salud y la ecuación económica de los productores. ¨Creo que se puede lograr, sería importante convocar a las personas adecuadas¨, dijo.

Los modelos a considerar

En este sentido, sugirió que para el fortalecimiento hacia la construcción de un sistema que permita garantizar rendimientos a los agricultores sin pérdidas, y sin contaminaciones, podrían convocar, por ejemplo, a la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata que ¨es especialista en agroecología¨ donde está el especialista Santiago Sarandon.

Otra de las posibilidades que planteó fue convocar a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama), que ¨son especialistas y administran miles de hectáreas en el país con resultados absolutamente asombrosos¨. Estos fueron reconocidos en las Naciones Unidas (ONU) y en su organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como sistema mixto de ganadería y agricultura con buenos rendimientos.

¨Los campos y los establecimientos de agroecología no tienen conflictos judiciales, tienen diversidad biológica, hay lombrices, humedad en el suelo, entre muchas otros beneficios¨, detalló el abogado.

Asimismo, entre las recomendaciones brindó una para el ámbito social en general, invitando a que se interioricen en internet sobre un establecimiento de Santa Fe llamado ¨Naturaleza Viva¨. ¨Son 200 hectáreas que producen alimentos para miles de personas¨, adelantó.

Días atrás, la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente siguió avanzando con las reuniones consultivas de cara a la reforma o nueva confección de la ordenanza de aplicaciones de agroquímicos en Tandil.

En una nota que brindó la presidente de dicha Comisión, Maridé Condino, a este Diario a fin de informar sobre las novedades del tema, también se refirió a la medida cautelar que emitió el Juez Augusto Blanc sobre las restricciones en las fumigaciones y otra serie de recomendaciones.

La publicación dejó tela para cortar, y tanto los vecinos de la Junta por un Ambiente Saludable como los creadores del anteproyecto sobre aplicaciones expresaron sus advertencias sobre las reflexiones del edil.

Necesidad de réplica

En la preventiva, la Justicia instó a la creación de una mesa de diálogo intersectorial y estimó un plazo máximo de 270 días para que el HCD dé pautas para la actualización de la Ordenanza Municipal 12.316 o eventualmente, se proyecte el dictado de una nueva normativa en la materia.

¨Es justo lo que veníamos haciendo¨, aseguró Condino y consideró que por ahí podría sumarse la Universidad “con más presencia de las diferentes facultades o, por lo menos, con información científica”, cosa que hasta el momento señaló que no han tenido.

Estas declaraciones despertaron en la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable y los creadores del anteproyecto sobre aplicaciones, Graciela Canziani y Claudio Lowy, la necesidad de responder, aclarar y poner en reparo ciertas reflexiones.

“Está muy bien que los integrantes del HCD, que están trabajando en la aprobación de la nueva ordenanza para la regulación de los agroquímicos plaguicidas en Tandil, se reúnan con los actores sociales involucrados en la temática. Estaría muy bien también que, en ese proceso de recabar informaciones, tengan en cuenta los conflictos de interés en juego: por un lado, la salud de toda la población de Tandil y la protección del ambiente y, por el otro, la protección de un determinado tipo de negocios agrícolas”, comenzaron Canziani y Lowy.

Como ya comentaron en otras oportunidades, insistieron en que la ordenanza vigente que regula los agroquímicos en Tandil aprobada en 2011, “está muy desactualizada”. Sostuvieron que tiene en cuenta los intereses de quienes promueven la comercialización y uso de los agroquímicos plaguicidas, pero no valoriza la protección de la salud de las personas y del ambiente. “Esto fue agravado por la falta de control, por parte de las autoridades competentes, del cumplimiento de las pocas restricciones establecidas, como los 150 metros libres de aplicación de plaguicidas alrededor de las escuelas rurales”, determinaron.

El respaldo científico

En el proceso actual de elaboración de la nueva ordenanza, los redactores de la propuesta de ordenanza se manifestaron preocupados por los dichos de la presidente de la Comisión sobre la ausencia de información científica que podría ser aportad desde la Unicen.

En consecuencia, pidieron recordar a la Concejal que el anteproyecto presentado por Banca 21 en agosto de 2019, “fue elaborado a lo largo de dos años de actividades desarrolladas en las facultades de Ciencias Exactas y de Ciencias Humanas, con presentaciones a la comunidad y debates, e incluso con una revisión crítica realizada en la Cátedra de Política y Legislación Ambiental de la Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental”.

“También fue presentado y expuesto en las IV Jornadas Nacionales y II Jornadas Internacionales de Ambiente 2018”, señalaron. Más allá de que siempre resulta oportuno actualizar el material científico, calificaron de “incomprensible” que se ignoren todos los documentos científicos y legales que están citados y referenciados en el anteproyecto presentado.

En el mismo sentido, la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable de Tandil emitió una carta pública donde precisó que “se le ha puesto a disposición en reiteradas oportunidades algunos estudios relevantes”.

En un texto extenso y minucioso, detallaron con fuentes, links y conceptos la literatura científica donde se evidencia que el uso de agrotóxicos afecta a la totalidad de los argentinos a través de la contaminación del agua, el suelo, el aire, la leche materna, las verduras, las frutas y los ultraprocesados que llegan a las mesas, en los que se detectan en forma creciente residuos de pesticidas.

Allí, enumeraron mas de una treintena de títulos bibliográficos y por ultimo pidieron que se tenga en cuenta la presentación del Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil, realizado por docentes, graduados e investigadores de distintas facultades de la Universidad del Centro.

Comparar legislaciones

Por otro lado, Canziani y Lowy también hicieron foco en las palabras de Marideé Condino donde señaló que apuntarán a realizar “una ordenanza seria para la ciudad de Tandil, con estudios científicos y no copiar una de afuera¨.

“Es claro que necesitamos una ordenanza que respete las características propias de Tandil, sin embargo, no está bien pretender hacer una normativa con criterios fundacionales”, advirtieron los especialistas.

En este sentido, consideraron “imprescindible” hacer también legislación comparada, respetando los principios vigentes de la Política Ambiental de la Argentina, plasmados en la Ley de Presupuestos Mínimos 25.675, entre ellos el principio de precaución y el principio de progresividad.