El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal del jefe de gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti. La resolución, que fue dictada originalmente en marzo, tiene como objetivo profundizar la investigación sobre el origen de los fondos con los que el funcionario costeó diversos viajes al exterior junto a su grupo familiar.

La medida judicial intenta determinar si existieron irregularidades, dado que los gastos y deudas registrados por Manuel Adorni no guardarían relación con el sueldo percibido en sus funciones públicas, primero como vocero presidencial y posteriormente como jefe de gabinete. Según consta en la causa, declaraciones de testigos y la presentación de facturas permitieron identificar que tanto los viajes como la adquisición de dos propiedades —una en el barrio porteño de Caballito y otra en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz— se concretaron desde el inicio de su gestión en el Gobierno Nacional.

En el marco de la misma investigación, el magistrado dispuso revisar las comunicaciones del periodista y productor Marcelo Grandio. Se investiga el vínculo entre el funcionario y el productor, quien lo acompañó en un vuelo privado a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval. La productora de Marcelo Grandio, denominada ImHouse, mantuvo contratos con la Televisión Pública, organismo que depende de la Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Comunicación.

Según informaron fuentes judiciales, la medida sobre los registros telefónicos y otras comunicaciones abarca tanto los contactos de Marcelo Grandio con Manuel Adorni, como los que mantuvo con Horacio Silva, quien figura como titular de la productora mencionada.

El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Sergio Gabriel Torres, el Ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, suscribieron un acuerdo de cooperación para optimizar los procesos de ablación y trasplante, garantizando la celeridad judicial y el respeto a las investigaciones penales.

Con el objetivo estratégico de salvar vidas y dotar de mayor previsibilidad a los procesos judiciales, se formalizó la aprobación del Protocolo de Actuación Integral en Procesos de Ablación de Órganos y/o Tejidos en Casos de Muerte Traumática.

Esta iniciativa surge de un trabajo articulado entre la Procuración General, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el CUCAIBA, en busca de mejorar la coordinación entre los distintos actores involucrados.

El nuevo protocolo armoniza lo establecido por la Ley Justina, Ley Nacional N° 27.447, y la Ley Provincial N° 15.419, con el Código Procesal Penal bonaerense. Su finalidad es resolver la histórica tensión entre la necesidad médica de una ablación inmediata y la preservación de pruebas en investigaciones de muertes violentas o sospechosas de criminalidad.

A través de esta normativa, se establecen plazos estrictos y responsabilidades claras para magistrados, fiscales, peritos médicos y fuerzas de seguridad.

Entre los puntos más destacados, se establece la prioridad y celeridad, ya que el Juez de Garantías deberá resolver la autorización de ablación en un plazo máximo de cuatro horas. También se fija la intervención fiscal, con un plazo de dos horas para que el Agente Fiscal emita su opinión sobre la viabilidad del procedimiento, asegurando que no se comprometa el examen autopsiano posterior. Además, se refuerza la coordinación pericial, garantizando que las autopsias de donantes tengan prioridad absoluta en las morgues policiales y facilitando la entrega del cuerpo a sus familiares sin demoras innecesarias.

Para el MPBA, este protocolo representa un avance fundamental en la gestión de las Investigaciones Penales Preparatorias, ya que la participación temprana del médico legista y la comunicación fluida con el CUCAIBA permiten actuar con sensibilidad humana sin descuidar el rigor técnico-científico.

El acuerdo marco incluye además un compromiso de capacitación permanente para todos los operadores involucrados, con el objetivo de que tanto el personal policial como los instructores judiciales y el personal sanitario compartan criterios y procedimientos estandarizados que reduzcan los tiempos de respuesta.

Con esta firma, la Provincia de Buenos Aires se posiciona a la vanguardia en materia de procuración de órganos, destacando que la coordinación interinstitucional es clave para garantizar el derecho a la salud de los pacientes en lista de espera y el acceso a la justicia para toda la sociedad.

En mayo, los más de 900 mil beneficiarios del programa Volver al Trabajo volverán a percibir la asignación, luego de que un fallo de la Justicia Federal ordenara al gobierno nacional restituir los pagos correspondientes. La medida fue dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien instruyó al Ministerio de Capital Humano a reactivar la prestación de manera inmediata.

La resolución judicial obliga a la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello a mantener vigentes las transferencias económicas del programa, al menos hasta que exista una sentencia definitiva sobre su continuidad. Cabe recordar que el programa había sido dado de baja por el gobierno con la intención de reemplazarlo por un esquema de vouchers de capacitación laboral. Según la ministra, este nuevo sistema permitiría acceder a una formación profesional con inserción en el empleo registrado, pero tras la decisión judicial, esa transición quedó en pausa y se deberá continuar con el esquema anterior.

A diferencia de las jubilaciones y pensiones que se abonan según la terminación del DNI, el programa Volver al Trabajo se paga habitualmente antes del quinto día hábil de cada mes. Para el período actual, el pago se acreditará el martes cinco de mayo, de acuerdo a lo informado por la ANSeS.

En cuanto a los montos, no se informaron modificaciones, por lo que el valor se mantendrá igual que en los meses previos. En este sentido, los beneficiarios recibirán una asignación mensual fija y no remunerativa de 78.000 pesos. Los titulares pueden verificar el estado de su cobro, así como el Acompañamiento Social, a través de las aplicaciones oficiales Mi ANSeS o Mi Argentina.

El exsecretario de Obras Públicas José López deberá declarar este jueves 30 ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7. Con su comparecencia, se dará inicio a la ronda de 43 testimonios planificada para esta nueva etapa del proceso judicial conocido como la causa Cuadernos.

López, quien se desempeñó como funcionario durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, es considerado el acusado que más compromete a la expresidenta Cristina Kirchner. Su relevancia en el expediente radica en su rol como imputado colaborador, figura comúnmente denominada como “arrepentido”. En sus declaraciones previas, confesó haber integrado un sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas y señaló vínculos con altos funcionarios que actuaban como organizadores.

La figura de José López cobró notoriedad pública en el año 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento. Además de su testimonio, el cronograma judicial incluye las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano.

En el caso de Marcuzzi, su defensa solicitó una "reparación integral" para obtener el sobreseimiento, pedido que fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León. Por su parte, Luciano, vinculado al sector de la construcción, figura en el expediente como uno de los arrepentidos tras admitir ante la Justicia el pago periódico a ex funcionarios para mantener contratos de concesiones viales.

La etapa testimonial continuará durante el mes de mayo con la convocatoria de varios periodistas que participaron en la investigación inicial, así como ex funcionarios y allegados a los principales acusados, entre ellos la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga.

Actualmente, el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazó diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados para intentar detener el debate, ratificando así la continuidad del proceso.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló ayer el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa en la que se investiga la contratación de seguros del Estado en beneficio de empresarios. El fallo fue dictado por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes conformaron la mayoría, frente a la disidencia del camarista Gustavo Hornos, quien votó por dejar firme la medida.

De esta manera, la Sala IV hizo lugar al recurso de la defensa de Alberto Fernández, anuló la resolución que confirmaba su procesamiento y ordenó que la Cámara Federal dicte un nuevo pronunciamiento. La razón principal de la anulación es que el fiscal ante la instancia anterior, José Agüero Iturbe, entendió que no había elementos para procesar al exmandatario. Según los magistrados, al no existir controversia entre la fiscalía y la defensa, se vulneró el debido proceso bajo el principio jurídico de que no hay juez sin acusador.

La causa investiga presuntas irregularidades a partir del Decreto 823/2021, que centralizó las operaciones en Nación Seguros S.A. El esquema habría permitido la intervención de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las de mercado, generando un posible perjuicio estatal. En este expediente, el expresidente había sido procesado por negociaciones incompatibles con la función pública, con un embargo de 14.634.220.283,68 pesos y prohibición de salida del país.

En su voto, Mariano Borinsky sostuvo que la confirmación del procesamiento implicó resolver en exceso la pretensión de la acusación. Remarcó además que la intervención posterior del fiscal general ante la Casación, Raúl Pleé, no subsanaba el problema, ya que su dictamen no ofreció razones concretas para apartarse de la postura fiscal previa. Javier Carbajo adhirió a este criterio, considerando que el fallo anterior fue dictado en exceso de la pretensión expuesta por la acusación.

Por el contrario, Gustavo Hornos votó en disidencia al considerar que el recurso era inadmisible. Para el magistrado, el procesamiento se encontraba suficientemente fundado en derecho y describió la maniobra como un esquema de direccionamiento irregular mediante el aprovechamiento de la centralización dispuesta por decreto, lo que derivó en el pago de comisiones innecesarias o sobrefacturadas.

A pesar de este fallo, los recursos de otros imputados como Diego Nicolás Rosendi, Agustín Beraldi y la firma Bri Brokers S.A. fueron declarados inadmisibles. Sin embargo, la anulación del procesamiento de Alberto Fernández abre una puerta para estos acusados, ya que la Cámara Federal deberá examinar el alcance de lo resuelto respecto a los demás involucrados según su situación procesal.

La Justicia dejó firme la restitución de la pensión de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara un recurso extraordinario presentado por la ANSES.

La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal, que desestimó el planteo del organismo previsional y confirmó la vigencia de una medida cautelar que obliga a restablecer el pago del beneficio que la exmandataria percibe como viuda de Néstor Kirchner.

De esta manera, el fallo deja firme —al menos de forma provisoria— la resolución judicial previa que había ordenado reanudar el pago de la pensión, mientras continúa la discusión de fondo sobre la legalidad del beneficio.

El origen del conflicto

El caso se remonta a fines de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso la baja de dos prestaciones que cobraba la ex presidenta: la pensión por viudez y la jubilación de privilegio como ex jefa de Estado. La medida se adoptó tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.

Sin embargo, la Cámara estableció una diferencia entre ambos ingresos. Mientras avaló la suspensión de la jubilación vinculada a su cargo presidencial, consideró que la pensión por viudez no podía ser eliminada por vía administrativa, sino eventualmente suspendida, lo que motivó su restitución.

Rechazo al recurso y próximos pasos

El tribunal también rechazó que el caso sea elevado de manera directa a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, al entender que se trata de una medida cautelar y no de una sentencia definitiva.

Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que el Gobierno interpondrá un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión.

Así, el conflicto judicial continúa abierto, aunque con un escenario favorable para la exmandataria en esta instancia, que le permite seguir percibiendo la pensión mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El Gobierno nacional sumó un nuevo triunfo en la disputa judicial por la reforma laboral, luego de que se resolviera que las impugnaciones contra la norma deberán tramitarse en el fuero contencioso administrativo federal y no en la Justicia laboral.

La decisión se dio en el marco del conflicto de competencia planteado tras las presentaciones de la CGT, que había logrado frenar parcialmente la aplicación de varios artículos mediante una medida cautelar. Con este fallo, se determinó que el expediente pase al ámbito contencioso, donde se analizará tanto la validez de la cautelar como el fondo de la cuestión.

El eje de la disputa radica en definir qué tribunal debe intervenir en una causa que cuestiona la constitucionalidad de una ley nacional. Desde el Gobierno sostienen que, al tratarse de una norma y de una acción contra el Estado, corresponde la intervención del fuero contencioso, especializado en derecho público.

En esa línea, el fallo consideró que no se trata de un conflicto laboral tradicional entre empleadores y trabajadores, sino de una controversia de carácter institucional, lo que justifica el cambio de jurisdicción.

Un cambio clave en la estrategia judicial

El traslado de la causa implica un giro significativo en la batalla legal por la reforma laboral. Para el oficialismo, el fuero contencioso administrativo representa un ámbito más favorable para defender la legalidad de la norma y sostener su aplicación.

En cambio, desde sectores sindicales advierten que la decisión puede debilitar la discusión en torno a los derechos laborales, al alejar el debate del ámbito específico del trabajo.

La resolución no aborda aún la constitucionalidad de la reforma, sino únicamente qué tribunal debe analizar el caso. Sin embargo, el cambio de fuero podría influir en los tiempos del proceso y en el enfoque jurídico con el que se evalúe la norma.

Un conflicto que podría escalar

El escenario aún no está completamente cerrado. Si la Justicia laboral insiste en mantener la causa, podría generarse un conflicto de competencia entre fueros, una situación que eventualmente debería resolver la Corte Suprema.

En ese contexto, la disputa judicial por la reforma laboral continúa abierta y suma capítulos en los tribunales, mientras se define el futuro de una de las iniciativas más relevantes del Gobierno en materia económica y laboral.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 pero se negó a declarar, tal como habían solicitado los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. El exfuncionario, quien se encuentra procesado, adelantó que no realizará manifestaciones hasta que se concrete la pericia de los audios que impulsaron su alejamiento del organismo.

Tanto Diego Spagnuolo como otros implicados en el expediente solicitaron la nulidad de la causa, bajo el argumento de que la presunta falsedad de las grabaciones podría comprometer la investigación. En este marco, el juez Ariel Lijo citó a indagatoria a otras 29 personas, entre las que figuran Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto lobbista de directivos de laboratorios y droguerías.

De acuerdo a lo expuesto por el magistrado, en sintonía con el Ministerio Público Fiscal, la organización “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero” para sus integrantes de manera ilegal y “en detrimento del erario público”. Según sostuvo el juez en la causa:

“Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”.

La investigación busca desarticular un entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios. En el expediente también se menciona un presunto vínculo con la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei. Cabe recordar que Diego Spagnuolo ya fue procesado por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público. Las maniobras bajo la lupa implican desvíos de fondos por más de 75.000 millones de pesos que habrían tenido como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

La Justicia federal resolvió este viernes archivar una de las causas que investigaban al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos vinculada al traslado de su esposa en un vuelo oficial a Estados Unidos. La decisión fue adoptada por el juez Daniel Rafecas, en línea con el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, quien había solicitado el cierre del expediente al no advertir la existencia de delito.

La causa se había originado tras una denuncia por el viaje de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, durante una misión oficial en el marco del evento “Argentina Week”. El planteo apuntaba a un supuesto uso indebido de recursos públicos, pero tanto la fiscalía como el magistrado coincidieron en que no se configuró ninguna irregularidad.

En su resolución, Rafecas sostuvo que el traslado no implicó un gasto adicional para el Estado, ya que la aeronave contaba con asientos disponibles y la presencia de la acompañante no modificó los costos operativos. En ese sentido, se consideró que la decisión se encuadró dentro de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo.

El análisis también contempló informes oficiales sobre la capacidad del avión —un Boeing 757-200 con 39 plazas— y la integración de la comitiva, concluyendo que existían más de diez asientos libres en los tramos realizados entre el 6 y el 11 de marzo, lo que descartó un perjuicio económico.

Tras conocerse el fallo, Adorni reaccionó en redes sociales con un mensaje que generó repercusiones: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”.

El presidente Javier Milei también se hizo eco de la resolución judicial y expresó su respaldo al funcionario al afirmar en la red social X que “esto se empieza a poner lindo”.

El Gobierno nacional celebró la decisión judicial, interpretándola como un respaldo a la legalidad del accionar oficial y una desestimación de las acusaciones que habían motivado la investigación.

Autoridades del Municipio participaron este viernes de una reunión ampliada junto a integrantes de los Ministerios Públicos Fiscales Federal y de la Provincia de Buenos Aires y representantes del Poder Judicial Federal, con el objetivo de tratar la problemática de la narcocriminalidad y los consumos problemáticos en la ciudad.

El encuentro reunió a funcionarios de distintas instancias y jurisdicciones, y marcó un hecho relevante en nuestra ciudad al incorporar por primera vez al Gobierno municipal en este ámbito de trabajo, reconociendo su tarea en la prevención en la iniciación del consumo problemático, destacando los programas de las áreas de Salud y Desarrollo Humano, como así también el valioso aporte de los registros fílmicos del Centro de Monitoreo como prueba central en la investigación y enjuiciamiento de delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

En representación del Municipio participaron el intendente Miguel Lunghi; la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri; la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink; y el secretario de Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, entre otros funcionarios.

Por parte de los organismos judiciales y de los Ministerios Públicos estuvieron presentes el fiscal general federal ante la Cámara Federal de Casación Penal,  Raúl Pleé; el fiscal general Federal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata,  Daniel Eduardo Adler; el fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires del Departamento Judicial de Azul,  Marcelo Sobrino; el juez federal a cargo del Juzgado Federal 1 de Azul,  Gabriel Hernán Di Giulio; la fiscal federal subrogante a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Azul, María José Buglione; el fiscal federal subrogante a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Tandil, Marcos Silvagni; el fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 13 de Azul,  Adrián Peiretti; junto a demás funcionarios federales y provinciales.

Durante la reunión, las autoridades comunales expusieron el trabajo sostenido que se lleva adelante desde el Sistema Integrado de Salud Pública, la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría de Protección Ciudadana, áreas que intervienen diariamente en situaciones vinculadas al consumo problemático, la vulnerabilidad social y las consecuencias de la venta ilegal de estupefacientes.

En ese marco, se puso a disposición de las autoridades judiciales la información relevada a partir del trabajo territorial, las denuncias vecinales y el análisis del sistema de videovigilancia, para su evaluación y eventual incorporación en procesos investigativos.

Luego del encuentro, el intendente Miguel Lunghi valoró la instancia de trabajo conjunto y sostuvo: “Es muy importante poder contar con estos espacios de diálogo y articulación con las autoridades judiciales y los Ministerios Públicos. Como Municipio, sabemos que no tenemos competencia directa, pero también sabemos que somos el nivel del Estado más cercano al vecino, y el de mayor contacto, por lo que recibimos de manera cotidiana sus preocupaciones. Por eso venimos a aportar información, a colaborar y también a plantear la necesidad de avanzar con mayor celeridad y coordinación en las respuestas”.

Las autoridades locales plantearon la necesidad de fortalecer los canales de intercambio de información y establecer mecanismos de devolución que permitan conocer el estado de las actuaciones iniciadas a partir de los aportes realizados desde el ámbito local.

Por su parte, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, señaló: “Desde el Municipio venimos realizando un trabajo sostenido de relevamiento, análisis y aporte de información a las distintas áreas competentes. Valoramos la posibilidad de poder compartir estos diagnósticos y esperamos que esto se traduzca en acciones concretas. Es fundamental mejorar los niveles de articulación, contar con canales de intercambio y poder hacer un seguimiento efectivo de las intervenciones”.

En este sentido, se remarcó que la respuesta a esta problemática requiere una política criminal coordinada, con mayor presencia operativa en el territorio y el despliegue de fuerzas federales en puntos estratégicos, incluyendo controles en rutas de acceso por parte de las fuerzas de seguridad Federales.

“Consideramos de suma importancia como tarea preventiva poder contar con el despliegue de operativos de fuerzas federales, como Gendarmería, en rutas estratégicas, a fin de implementar controles regulares de carga en diversos tipos de transporte, como se visualiza en localidades de la zona, pero no así en nuestra ciudad. También contar con un mecanismo de intercambio de información que nos permita cargar en el sistema de lectores de patentes aquellos vehículos involucrados en causas de narco criminalidad”, agregó.

Asimismo, Alejandra Marcieri puntualizó la necesidad de contar con operativos con fuerzas federales de identificación de extranjeros para dar cumplimiento con la normativa migratoria.

Desde el Municipio se ratificó la voluntad de continuar colaborando activamente con los organismos competentes mediante el aporte de información territorial, recursos tecnológicos y presencia preventiva en los barrios y se recalcó la importancia de optimizar los canales de comunicación con las distintas jurisdicciones con el fin de mejorar el seguimiento de las causas en curso, evitar superposiciones y garantizar una respuesta ante las demandas de la comunidad.

Finalmente, todos los participantes acordaron continuar trabajando en forma conjunta entre todos los niveles de gobierno para abordar la problemática, celebrando el encuentro de esta tarde.

La Justicia confirmó que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó a la isla de Aruba junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025, en el marco de la causa que investiga su patrimonio.

La corroboración surgió a partir de información remitida por la aerolínea LATAM Airlines, a pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación. Según esos datos, el funcionario utilizó pasajes en primera clase para todo el grupo familiar.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, cada pasaje tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que arroja un total de 5.800 dólares por los cuatro integrantes. Además, se estableció que el pago fue realizado en dólares y en efectivo, un elemento que ahora forma parte del análisis judicial sobre la trazabilidad de los fondos.

El itinerario también fue reconstruido: la salida se concretó desde Argentina con una escala en Perú, mientras que el regreso incluyó una parada en Ecuador antes de arribar nuevamente al país.

En paralelo, la Justicia intenta determinar dónde se alojó la familia durante su estadía. Una de las hipótesis bajo análisis es el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all inclusive con costos estimados cercanos a 1.000 dólares por noche por persona, aunque este punto aún no fue confirmado oficialmente.

La confirmación del viaje se da en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se busca establecer si los gastos del funcionario son compatibles con sus ingresos declarados. En ese contexto, la Justicia ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, con el objetivo de rastrear el origen de los fondos utilizados.

La investigación también abarca otros viajes y operaciones patrimoniales del jefe de Gabinete, en un expediente que continúa sumando medidas de prueba para esclarecer el origen de los recursos.

Rectores de 15 universidades se pronunciaron a favor de la iniciativa impulsada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación orientada a perfeccionar el sistema de selección de magistrados y a fortalecer la transparencia de los concursos públicos. A través de un comunicado, las autoridades académicas valoraron especialmente que la propuesta coloque en el centro del proceso la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones indispensables para el acceso a la magistratura.

En el documento, los firmantes precisaron que "la calidad de la Justicia depende, en gran medida, de la calidad de quienes la integran, lo que exige reglas claras, evaluaciones objetivas y procedimientos previsibles". La iniciativa, presentada a fines de marzo con un amplio apoyo político, tiene como objetivo principal eliminar la discrecionalidad y la influencia política en la elección de candidatos a jueces nacionales, priorizando los méritos académicos, morales y profesionales de los postulantes.

El denominado Proyecto de Reglamento de Concursos para la Selección de Magistrados fue aprobado por la acordada 4/2026 el pasado 25 de marzo. La presentación del mismo estuvo a cargo de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Por su parte, el ministro Horacio Rosatti no suscribió el documento debido a su rol como presidente del Consejo de la Magistratura, órgano donde la propuesta deberá enfrentar un arduo debate y donde se prevé la oposición de sectores vinculados a Cristina Kirchner.

Los rectores invitaron a las autoridades competentes a brindar un "pronto tratamiento" a la iniciativa para consolidar un sistema consistente y eficaz que evite soluciones fragmentarias. Según manifestaron, "avanzar en esta dirección no solo mejora la calidad institucional del Poder Judicial y refuerza la confianza pública, sino que constituye un paso concreto en el camino de afianzar la justicia, conforme al mandato fundacional de nuestra Constitución".

El comunicado lleva las firmas de José Luis Ghioldi (Universidad de Belgrano), Paulo Falcón (Universidad CAECE), Carlos I. Salvadores de Arzuaga (Universidad del Salvador), Andrés Aguerre SJ (Universidad Católica de Córdoba), María Laura Simonassi (Universidad Católica de Cuyo), Rita Gajate (Universidad Católica de la Plata), Juan Carlos Mena (Universidad FASTA), Norberto Porto Lema (Universidad de Morón), Eduardo Sisco (Universidad Museo Social), Ricardo Popovsky (Universidad de Palermo), Gastón O´Donnell (Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales), Federico Fanjul (Universidad Santo Tomás de Aquino de Tucumán), Martín De Palma (Universidad Católica de Santa Fe), Héctor Sauret (Universidad de Concepción del Uruguay) y el decano Tomás Guillermo Rueda (Universidad Blas Pascal).

La Justicia ordenó este martes embargar a Fate por cerca de $ 3.000 millones por el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria y del pago de sueldos de 920 trabajadores desde el cierre de la empresa el 18 de febrero pasado.

El fallo fue resuelto por el juzgado laboral de primera instancia N°17, a cargo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández, tras el aparente vencimiento del plazo judicial para que la empresa de Javier Madanes Quintanilla acatara una sentencia previa. Así lo hizo saber el titular del gremio Sutna, Alejandro Crespo.

"Acaba de surgir el embargo, cerca de $ 3.000 millones sobre Fate por no cumplir con el sueldo de los trabajadores, por tratar de extorsionar a las familias en forma económica y actuar en forma irresponsable sobre un bien como las ruedas para camiones y colectivos, Fate es la única que lo produce en el país", dijo Crespo en un video grabado frente a las puertas del juzgado.

Si bien desde la empresa aseguran que solo quedaban 243 empleados sin haber llegado a un arreglo con la firma, desde el gremio destacaron que el fallo contempla a todo el personal que trabajaba en la planta de San Fernando, antes de su clausura en forma sorpresiva. Además insistieron en que están listos para volver a sus puestos laborales.

Cabe recordar que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió a fines de marzo que el convenio suscripto entre FATE y el Sutna tiene vigencia hasta junio de este año, por lo que la empresa tendría que haber pagado los salarios de los trabajadores que estaban en la nómina de la planta en mayo de 2025.

La empresa, en tanto, rechazó esa postura, al señalar que ya no cuentan con personal capacitado para reabrir la planta por la desvinculación de un 70% de los afectados por el cierre. A su vez, anticipó que apelará el fallo de la Cámara que la obliga a seguir pagando los salarios hasta mitad de este año.

El expresidente Alberto Fernández utilizó sus redes sociales para celebrar el cumpleaños de su hijo Francisco, fruto de su relación con la ex primera dama Fabiola Yáñez, mientras Casación define su futuro procesal.

“Francisco. Hace cuatro años llegaste a mi vida. Volver a tenerte a mi lado. Poder acompañarte en tu crecimiento. Que puedas volver a celebrar tu día con todos tus afectos. Nada me hace más feliz que tu felicidad. Feliz cumpleaños hijo amado”, expresó el ex jefe de Estado.

Sin embargo, el clima de celebración personal coincide con una semana determinante en los tribunales de Comodoro Py, donde la Sala IV de la Cámara de Casación decidirá si deja firme su procesamiento.

Según lo anticipó la Agencia Noticias Argentinas, los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky fijaron para este lunes una audiencia para escuchar a la defensa de Fernández, quien es investigado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

Fernández sostiene que no tuvo conocimiento de maniobras ilícitas en la contratación de pólizas estatales, pese a que la justicia sospecha que el decreto 823/2021 facilitó un esquema de beneficios para intermediarios cercanos, como el broker Héctor Martínez Sosa.

La abogada defensora, Mariana Barbitta, cuestionó la resolución del juez Sebastián Casanello al calificarla de arbitraria y argumentar que se imputaron delitos por los cuales el ex presidente no fue indagado previamente.

La investigación judicial estima que las comisiones percibidas por el grupo de intermediarios beneficiados alcanzaron los 2.200 millones de pesos, representando casi el 60% del total de las pólizas emitidas para organismos públicos durante su gestión.

Según el procesamiento, el rol de la ex secretaria María Cantero fue clave para profundizar los negocios de su núcleo familiar.

Mientras la Cámara Federal ya validó la hipótesis de una red de corrupción y mantuvo vigente un embargo por 14.600 millones de pesos, Casación tiene ahora un plazo de 20 días hábiles para emitir un fallo que podría ratificar definitivamente la situación procesal y la prohibición de salida del país para el exjefe de Estado. NA

Durante la jornada el Fiscal General mantuvo contacto con los tres jueces de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, los Doctores Hilda Kohan, Daniel Soria y Sergio Torres, mas distintas autoridades provinciales, judiciales y municipales del departamento judicial Azul, en el marco de la puesta en funcionamiento de este nuevo edificio en la localidad de Olavarría destinado a centralizar dependencias judiciales y fortalecer el servicio de justicia.

Participo además de las conferencias brindadas por  Daniel Soria sobre la Autarquia del Poder Judicial en la Provincia de Buenos Aires y la responsabilidad del Estado.

La inauguración del Polo Judicial constituye un hecho significativo para el sistema de justicia, ya que permitirá optimizar recursos y mejorar el acceso de la comunidad a las distintas dependencias judiciales.

La escribana vinculada al entorno de Manuel Adorni, Adriana Nechevenko, se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py con el fin de ampliar su declaración testimonial. El procedimiento se da en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia federal por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de gabinete de la Nación.

Nechevenko fue la encargada de validar las escrituras de dos propiedades pertenecientes al funcionario: un departamento en el barrio porteño de Caballito y una vivienda en un barrio privado de Exaltación de la Cruz. Según trascendió, la profesional habría indicado que las transacciones se realizaron mediante una hipoteca por saldo de precio.

Durante la audiencia, que tuvo una duración superior a las dos horas, la escribana remarcó que mantiene una relación laboral y profesional de muchos años con Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. Al finalizar su comparecencia ante el fiscal Gerardo Pollicita, la mujer dialogó brevemente con los medios de comunicación.

"No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila"

La causa judicial busca esclarecer el origen de los fondos utilizados para la adquisición de dichos bienes. Mientras tanto, la profesional aseguró que continuará colaborando con el proceso judicial en caso de ser requerida nuevamente por las autoridades competentes.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil (Amafutan) llevará a cabo este viernes a las 17:30 un conversatorio centrado en el acceso a la justicia para personas con discapacidad. La actividad estará abierta a la comunidad y tendrá lugar en la sede del Colegio de Escribanos, ubicada en Rodríguez 453, con especial invitación a profesionales del derecho y de la salud.

Bajo el título “Acceso a la justicia: Implicancias procesales en la defensa de personas con discapacidad”, el encuentro contará con la participación de Agustina Forte, perito intérprete en Lengua de Señas Argentina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, y del defensor oficial del fuero penal local, Pablo Molina Marañón.

Durante la jornada se abordarán los principales desafíos vinculados al acceso a la justicia en el ámbito penal para personas con discapacidad, con énfasis en la necesidad de incorporar ajustes de procedimiento que garanticen condiciones de igualdad. En ese sentido, se pondrá el foco en la evaluación del repertorio comunicacional como una herramienta clave para asegurar la comprensión efectiva de las personas sordas o con disminución auditiva dentro de los procesos judiciales.

“Todo proceso que no involucre un perito intérprete cuando se detecta que hay una persona con discapacidad auditiva es nulo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece claramente el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y reconoce la lengua de señas como lengua natural de las personas sordas”, anticipó Agustina Forte.

“Aunque la normativa es clara, se incurre constantemente en la vulneración de derechos de las personas sordas o con disminución auditiva. Muchas veces se les pide que consigan su propio intérprete, cuando el ajuste de procedimiento es una obligación del Estado y, por lo tanto, debe ser gratuito”, añadió.

La especialista también destacó que su labor excede la mera traducción. “Nuestra función no es solo traducir, sino evaluar el repertorio comunicacional de cada persona, ya que no todas manejan la lengua de señas de la misma manera ni han alcanzado el mismo nivel de escolaridad. A partir de esa evaluación, se adapta todo el proceso judicial para garantizar una comprensión real”, declaró.

Por su parte, el presidente de Amafutan, Diego Araujo, subrayó la relevancia de generar espacios de reflexión sobre esta temática. “El acceso a la justicia es un derecho instrumental esencial, que posibilita hacer efectivos los demás derechos. En el caso de las personas con discapacidad, implica garantizar la posibilidad real de utilizar los mecanismos legales en condiciones de igualdad, removiendo las barreras que históricamente han limitado su ejercicio”, señaló. 

En esa línea, remarcó que “la implementación de ajustes de procedimiento resulta fundamental, ya que permite adaptar las prácticas judiciales a las necesidades concretas de cada persona, evitando situaciones de indefensión". Este conversatorio buscará consolidarse como "una valiosa oportunidad para reflexionar, intercambiar experiencias y avanzar hacia un sistema de justicia verdaderamente inclusivo”.

El conversatorio cuenta con el acompañamiento del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul y de la Asociación de Abogados de Tandil. Desde la organización destacaron que la iniciativa busca fomentar el intercambio de experiencias y contribuir al fortalecimiento de una justicia accesible para todos.