En la antesala del lanzamiento de la moneda digital $LIBRA y tras una reunión con el presidente Javier Milei, el empresario Hayden Davis transfirió más de 5 millones de dólares con una financiera como denominador común.

El camino del dinero digital transferido por Davis conduce a unas oficinas ubicadas en Avenida del Libertador 100, en Vicente López, pertenecientes a una entidad financiera vinculada al lobista Mauricio Novelli, según reveló una investigación periodística de La Nación.com.

La maniobra comenzó a gestarse a fines de enero de 2025. El 30 de ese mes, tras una reunión en la Casa Rosada con el mandatario, Davis inició un flujo de fondos que terminaría en manos de personas vinculadas a una estructura financiera informal.

El primer pago se llevó a cabo apenas Milei publicó en la red social X que Davis lo estaba asesorando. En ese momento, el empresario transfirió 1.015.000 dólares a la cuenta de Orlando Mellino, un jubilado de 78 años.

La segunda transacción se dio el 3 de febrero, cuando Davis envió otros 4.000.000 de dólares a la cuenta de Camilo Rodríguez Blanco, un trader colombiano vinculado a la misma entidad financiera emplazada en el municipio del norte del conurbano bonaerense.

Lejos de ser receptores fortuitos, ambos están ligados a Diego Mellino, hijo de Orlando, un profesional de la quiropraxia que se convirtió en socio de la financiera junto a Eric Feldsztejn y Darío Rozental, según puntualizó el artículo de La Nación.

El nombre que une todos los puntos es el de Novelli, el lobista y trader que funcionaba como puente entre Davis y el Presidente. Novelli no solo operaba habitualmente en la oficina de Vicente López, sino que utilizaba esa estructura para los movimientos de su academia de trading, N&W Professional Traders, lugar donde el propio Milei dictó clases antes de alcanzar la Presidencia.

La Justicia cuenta con pruebas importantes extraídas del celular de Novelli. Entre ellas, audios donde da instrucciones precisas para retirar dinero de la financiera y una grabación donde ordena separar 2.000 de dólares para entregárselos a “la secretaria de Milei”.

El hallazgo más inquietante es una nota informal encontrada en el dispositivo de Novelli: allí se detalla un presunto acuerdo por 5 millones de dólares a cambio del apoyo presidencial al proyecto.

El documento especifica que se pagarían 1,5 millones en efectivo o tokens en el momento exacto en que Milei anunciara a Davis como su “asesor”.

Las fechas y montos coinciden casi quirúrgicamente con los movimientos bancarios detectados por la Justicia. Así, el 4 de febrero, un día después de las transferencias más grandes, Novelli fue visto junto a su familia ingresando con bolsos a cajas de seguridad del Banco Galicia.

Hasta el momento, ni el jubilado Mellino ni el trader Rodríguez Blanco han sido citados a declarar por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a pesar de que sus nombres figuran como los beneficiarios directos de los fondos que hoy están bajo la lupa de la justicia federal (NA).

Un nuevo revés judicial sufrió el empresario Guillermo Tofoni en el marco de su disputa con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) luego de que un juez federal de Georgia rechazó que utilice la documentación obtenida en Estados Unidos para causas penales en Argentina.

Según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el fallo indicó además que parte de ese material fue distribuido a periodistas y presentado ante otros tribunales argentinos, pese a que existía una orden de protección que limitaba expresamente su uso.

Ante esta situación, el juez de Georgia le ordenó a Tofoni que notifique a todas las personas y entidades que recibieron esa documentación para que sea devuelta o destruida y le puso un plazo de 14 días para poder llevarlo a cabo.

En tanto, se informó que la decisión fue firmada el 21 de julio y está enmarcada en un proceso iniciado por Tofoni al amparo del artículo 1.782 del Código de los Estados Unidos, una norma que permite obtener pruebas en territorio estadounidense para ser utilizadas en litigios extranjeros.

En ese sentido, se indicó que el juez recordó que esos documentos sólo habían sido autorizados para ser utilizados en una demanda civil presentada por Tofoni contra AFA en Argentina. (NA).

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, vivió una situación de tensión antes de emprender su regreso a la Argentina junto a parte del plantel de la Selección. Según trascendió, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) demoraron al dirigente en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York para solicitarle sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos.

Las autoridades también se incautaron de computadoras y teléfonos de otros integrantes de la comitiva que viajaba en el vuelo charter AR 1971. El despegue, previsto originalmente para las 6:00, se concretó cerca de las 8:15, lo que retrasó la llegada del plantel al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Ante las versiones circulantes, la AFA emitió un comunicado a través de su abogado, Gregorio Dalbón, quien desmintió el operativo.

“Es rotundamente falso. Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar”.

De acuerdo a documentos judiciales, Tapia deberá presentarse a declarar ante la Corte del distrito sur de Florida. La investigación se centra en la estructura financiera utilizada para gestionar los contratos comerciales internacionales de la entidad, específicamente a través de la sociedad Tourprodenter, administrada por Javier Faroni. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares.

La pesquisa es llevada adelante por los fiscales federales Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger. El objetivo es reconstruir el circuito del dinero, identificar beneficiarios finales y determinar si las maniobras configuran delitos bajo la legislación estadounidense. La incautación de los dispositivos busca preservar comunicaciones y registros digitales que permitan contrastar los movimientos bancarios detectados en entidades como Bank of America, Citibank y JP Morgan.

La solicitud fue dirigida al presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema Horacio Rosatti, mientras que el director de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somigliana, envió la notificación para activar el proceso de selección.

A pesar de que el Gobierno Nacional no enviara el pliego a la Cámara alta para que Martín Irurzun continuara en su cargo por cinco años más, el magistrado presentó demandas en el fuero contencioso-administrativo y recursos ante la Corte Suprema, sin embargo, las medidas cautelares fueron rechazadas.

El procurador general interino, Eduardo Casal, dictaminó que el recurso extraordinario presentado por Irurzun es formalmente inadmisible por carecer de una fundamentación autónoma suficiente, conforme al artículo 15 de la Ley 48.

Casal coincidió con los tribunales inferiores en que el planteo del camarista se apoya en una hipótesis meramente conjetural: la posibilidad de que la actual integración de la Corte revierta el precedente “Schiffrin”, fallo de 2017 que confirmó la validez constitucional del límite de 75 años para los jueces.

Según el dictamen, el cambio en la composición del máximo tribunal no constituye, por sí mismo, un argumento jurídico suficiente para apartarse de una doctrina vigente.

Irurzun es uno de los jueces más influyentes de Comodoro Py y autor de la denominada “doctrina” que lleva su apellido y que establece que para dictar la prisión preventiva de funcionarios o exfuncionarios, los magistrados no solo deben evaluar el riesgo de fuga, sino también el “poder residual” y los vínculos que los acusados conservan en el Estado para entorpecer la investigación

El camarista ingresó al Poder Judicial a comienzos de la década de 1970 y en 1987 fue designado por el presidente Raúl Alfonsín como titular del Juzgado Federal 5. Siete años más tarde, en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, fue ascendido a juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, cargo que ocupó durante 32 años.

A lo largo de su trayectoria intervino en algunas de las investigaciones más relevantes de la historia judicial reciente, tanto por delitos de lesa humanidad como por causas de corrupción que involucraron a exfuncionarios nacionales, entre ellas, confirmó diversos procesamientos de la expresidenta Cristina Kirchner. NA

La comunidad se prepara para conmemorar el primer aniversario de la partida de Iván González, un joven de 21 años cuya vida se apagó de manera abrupta en un hecho que aún mantiene a su familia en la búsqueda de respuestas judiciales. 

En el marco de Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, su madre, Anabela, y su hermano, Lucas, compartieron el profundo dolor que atraviesan, pero también el legado de amor y responsabilidad que el joven dejó en su entorno.

El próximo lunes, al cumplirse un año del suceso, se llevará a cabo una suelta de globos blancos en el circuito de La Cascada, ubicado en el autódromo local. La convocatoria, fijada para las 14:30, busca ser un espacio de encuentro desde lo emotivo, donde los asistentes podrán escribir mensajes al cielo para recordar a Iván, quien era un apasionado del automovilismo y un estudiante comprometido de Ingeniería Industrial en Olavarría.

Durante la entrevista, Anabela destacó la personalidad de su hijo, a quien describió como una persona sumamente responsable, estudiosa y con una vocación innata por ayudar a los demás. "Él murió como era él, con todo su respeto, cero alcohol, con la velocidad permitida y el cinturón de seguridad colocado", expresó con orgullo, subrayando que Iván siempre buscó sacar la mejor versión de quienes lo rodeaban.

Este perfil de joven ejemplar quedó plasmado en una serie de cartas encontradas por su familia en el departamento donde residía. En esos escritos, Iván no solo expresaba sus deseos de hacer el bien, sino que dejaba un pedido especial para su madre: "hay que hacer feliz a mamá". Para Anabela, este mensaje se ha convertido en un desafío diario y en una fuente de fortaleza para seguir adelante junto a sus otros hijos.

El hermano de Iván, Lucas, quien actualmente estudia Ingeniería en Computación, confesó que el apoyo de los amigos y la red de contención han sido fundamentales para transitar este año. A pesar del dolor, la familia mantiene firme su reclamo ante la justicia. Anabela enfatizó que el caso está "totalmente comprobado" y que, tras las pericias realizadas, no quedan dudas sobre las circunstancias irregulares en las que ocurrió el siniestro, marcado por el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos de sustancias por parte del otro involucrado.

"Todavía tengo una lucecita de esperanza de que se haga justicia por mis otros hijos y por todos los hijos de todos los que están en la calle", manifestó Anabela durante el programa.

La familia aclaró que, en caso de condiciones climáticas adversas, cualquier cambio en la actividad será informado a través de la cuenta de Instagram @ivan.noseolvida. La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar este momento de reflexión y memoria, reafirmando que, más allá del pedido de justicia, el objetivo es honrar la vida de un joven que dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron.

La Procuración General de la provincia de Buenos Aires presentó "Justicia Clara", una nueva sección de comunicación institucional impulsada por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires (Mpba) con el objetivo de acercar la Justicia a la ciudadanía mediante información clara, sencilla y confiable.

La propuesta surge para responder a una necesidad concreta: que cualquier persona pueda comprender de manera rápida y accesible cómo actuar frente a distintas situaciones vinculadas con la Justicia, conocer cuáles son sus derechos, despejar dudas sobre conceptos jurídicos y acceder a las herramientas y servicios que brinda el Ministerio Público.

Con un lenguaje simple y cercano, Justicia Clara ofrecerá respuestas prácticas a consultas frecuentes y contenidos pensados para reducir las barreras que muchas veces genera el lenguaje jurídico. La iniciativa forma parte de una estrategia institucional destinada a fortalecer el acceso a la Justicia y acercar información útil a toda la comunidad.

Entre las preguntas que busca responder se encuentran cuestiones cotidianas como qué hacer ante un problema, dónde realizar una consulta, cómo trabajan las distintas áreas del Ministerio Público o qué derechos tienen las personas frente a determinadas situaciones.

Además, el espacio tendrá como objetivo derribar mitos, aclarar conceptos jurídicos que suelen generar confusión, combatir la desinformación y difundir las herramientas disponibles para la ciudadanía. La premisa central es transformar un lenguaje técnico y complejo en información fácil de comprender.

Contenidos de consulta permanente

La nueva sección contará con distintos formatos de publicación. Entre ellos se destacan "¿Qué hago si...?", con respuestas prácticas para orientar a las personas frente a problemas concretos; "Mito o Verdad", destinada a desmentir información falsa y aclarar dudas frecuentes sobre el funcionamiento de la Justicia; "Diferencias", con explicaciones sencillas sobre conceptos jurídicos que suelen confundirse; y "¿Sabías que...?", donde se difundirá información sobre derechos, servicios, herramientas y proyectos impulsados por el Ministerio Público.

El procurador general Julio Conte-Grand destacó la importancia de la iniciativa y afirmó que "el acceso a la Justicia comienza por el acceso a la información".

"A través de este espacio buscamos que cualquier persona pueda comprender, en un lenguaje sencillo, cuáles son sus derechos, cómo actuar frente a distintas situaciones y qué herramientas pone a su disposición el Ministerio Público. Una Justicia que se entiende es más cercana, más transparente y más accesible para toda la comunidad", sostuvo.

Finalmente, el titular del Ministerio Público remarcó que "acercar información confiable, derribar mitos y facilitar la comprensión del sistema judicial son pasos fundamentales para promover el ejercicio efectivo de los derechos y consolidar la confianza en las instituciones".

El presidente Javier Milei oficializó este miércoles la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal, a través del Decreto 589/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida, que cuenta con la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, busca fortalecer la estructura judicial en el oeste del conurbano bonaerense, donde los juzgados federales de Moreno y Morón operan actualmente bajo un régimen de subrogancias.

La decisión responde a un pedido formal elevado por el presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, quien advirtió sobre la sobrecarga de trabajo que enfrentan los magistrados que deben atender sus propios despachos y, simultáneamente, la conducción temporal de dichos tribunales. Estos juzgados concentran investigaciones de alta complejidad, tales como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando y delitos contra la administración pública.

Ana María Juan, quien es esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, ya contaba con el acuerdo del Senado para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Sin embargo, ante la demora en la puesta en funcionamiento de ese tribunal, la Cámara Federal de San Martín propuso su incorporación inmediata para aliviar la situación operativa en Moreno y Morón.

El artículo primero del decreto establece:

“Nómbrase Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan”.

Por otro lado, el Gobierno mantiene pendiente la firma del decreto de designación de María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata, cuyo pliego fue aprobado por el Senado el 4 de junio pasado con 44 votos afirmativos y 18 negativos. A diferencia del caso de Ana María Juan, la situación de Michelli permanece bajo análisis del Poder Ejecutivo tras la controversia política que rodeó su postulación.

La Cámara Federal de San Martín resolvió revocar la medida cautelar que obligaba al Ministerio de Capital Humano a mantener el programa Volver al Trabajo, sucesor del Potenciar Trabajo. Esta decisión judicial abre paso al cierre definitivo de este esquema de asistencia social a partir de agosto.

La resolución, dictada por los jueces Juan Pablo Salas, Marcos Morán y Marcelo Darío Fernández, deja sin la prestación mensual de 78.000 pesos a más de 900.000 beneficiarios en todo el país. El tribunal de alzada anuló la orden original del Juzgado Federal de Campana, que había dispuesto sostener los pagos hasta que se implementara una política pública alternativa.

Los magistrados consideraron que mantener la transferencia constituía un adelantamiento del veredicto final en favor de los demandantes. Los beneficiarios, representados entre otros por Andrea Liliana Ledesma, habían solicitado la medida argumentando que la suspensión los privaba de un ingreso esencial, generando un perjuicio concreto de orden patrimonial y social.

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, apeló la resolución inicial. La Cámara de Apelaciones de San Martín dio la razón al Gobierno al sostener que el programa carecía de derecho adquirido, dado que su vigencia estaba limitada a dos años. Asimismo, los camaristas subrayaron que las medidas cautelares no pueden interferir en la definición y ejecución de políticas públicas del Poder Ejecutivo.

Con este fallo, el Gobierno recupera la potestad presupuestaria para reorientar los fondos. El nuevo esquema, diseñado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a cargo de Julio Cordero, redireccionará los recursos hacia empresas, centros formativos provinciales y organizaciones responsables de talleres profesionales, en lugar de realizar transferencias monetarias individuales.

Ante la decisión, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) difundió un comunicado:

“La Justicia niega el derecho al salario a más de 900 mil trabajadores y en agosto no se va a cobrar el Volver al Trabajo. El hambre no espera. Seguiremos peleando por todas las vías por la continuidad del salario social complementario”.

Desde la Casa Rosada afirmaron que los fondos liberados financiarán la extensión de la doble jornada escolar en escuelas primarias situadas en zonas de mayor vulnerabilidad social. La resolución judicial se dictó con costas por su orden, por lo que cada parte asumirá sus propios gastos.

En las últimas horas, este Diario confirmó la sentencia condenatoria que ventiló el Juzgado de Faltas por la denuncia municipal en torno al condominio irregular que disparó un fuerte debate político y una exposición en la opinión pública.

Tal se informó oportunamente, el Municipio tomó intervención por el avance en la construcción en un área prohibida e incluso construyendo sobre una calle pública, y presentó la denuncia ante el juzgado de Faltas, desde donde recientemente se conocieron las principales decisiones en torno al litigio.

A más precisiones, el Juzgado de Faltas 2 condenó a Corica Gutiérrez Bienes Raíces S.R.L. por haber ejecutado obras sin autorización municipal y por incumplir una orden de paralización vigente.

Sobre las principales medidas a implementar, al decir del fallo, se destacaron la imposición de una multa ambiental de aproximadamente 21.512.507 pesos.  También una segunda multa por infracción al Código de Edificación de aproximadamente 2.886.886 pesos. El monto total de la sanción impuesta por el juez alcanza los 24.399.393 pesos.

Asimismo, el magistrado municipal ordenó demoler o relocalizar cuatro construcciones ubicadas dentro de la franja de restricción hídrica, dentro de un plazo de 60 días desde que la sentencia quede firme.

Las otras dos construcciones, que se encuentran fuera de la franja de restricción hídrica, no quedan regularizadas. Solo podrán permanecer si obtienen la aprobación administrativa correspondiente y cumplen íntegramente con el Plan de Desarrollo Territorial, el Código de Edificación y toda la normativa aplicable.

En otro de los puntos del fallo, el juez señaló que si la empresa no cumple la sentencia, se dispone la intervención de la Secretaría Legal y Técnica para promover las acciones judiciales pertinentes.

A la vez, se mantiene la prohibición de innovar, por lo que no podrán continuar obras, ampliaciones o modificaciones en el predio.

En ese contexto, se ordena a Ingresos Públicos y Obras Privadas mantener bloqueado cualquier trámite relacionado con el inmueble hasta el cumplimiento de la sentencia.

Asimismo, se oficia a las áreas de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial, Ambiente, Vialidad y Protección Ciudadana para que realicen el seguimiento y control del cumplimiento.

Además de sancionar a la empresa citada por la construcción clandestina, el juez en su sentencia dirige recomendaciones y exhortaciones al propio Municipio y a la Usina para fortalecer los controles preventivos y mejorar la coordinación entre las distintas áreas involucradas.

 Obras clandestinas en Zona Protegida: los vecinos amenazaron a funcionarios que fueron a inspeccionar

En otro orden de asuntos dentro del mismo escenario delicado que hacen a la construcción denunciada en la Zona Protegida, tal como se anticipó en estas páginas, se formalizó la denuncia penal contra responsables del desarrollo señalado.

A más datos, la secretaria Alejandra Marcieri denunció a Juan Ignacio Córica Gutiérrez.

Se pidió a la justicia al respecto que se investigue la posible comisión de “Amenazas agravadas”, “Atentado y resistencia contra la autoridad” y cualquier otro delito que pudiera surgir durante la Investigación Penal Preparatoria.

Asimismo, la funcionaria solicitó el dictado urgente de medidas de protección.

La denuncia se enmarca en las actuaciones administrativas que el Municipio viene desarrollando respecto de un emprendimiento inmobiliario ubicado en la Chacra 142, Parcela 3, donde desde 2022 existen distintos expedientes relacionados con solicitudes de subdivisión; proyectos urbanísticos; construcciones presuntamente irregulares;  actuaciones del Tribunal de Faltas e intervenciones de la Comisión Municipal de Gestión Territorial.

Como se informó en ediciones pasadas, durante una inspección realizada por funcionarios municipales, el denunciado habría mantenido una conducta hostil destinada a impedir el normal ejercicio de las funciones de control.

Según la denuncia,  increpó reiteradamente a los inspectores; sostuvo que los funcionarios estaban ingresando a un lote privado; intentó impedir el desarrollo de la inspección; profirió expresiones consideradas intimidatorias y en un momento se arrojó sobre el vehículo oficial manifestando que intentaban atropellarlo.

Según la denuncia, todo ello quedó registrado mediante filmaciones.

Sobre las amenazas, el escrito destaca especialmente una frase atribuida al denunciado y dirigida directamente a Alejandra Marcieri: “Usted por ingresar a un lote privado, usted señora va a ver cómo va a quedar."

La denunciante afirma que dicha expresión le generó temor por su integridad física y considera que constituye una amenaza agravada.

A la vez, se alude en la presentación el delito de Violencia de género. Al decir de la denuncia, el además del contenido intimidatorio, la presentación sostiene que la conducta debe analizarse también desde una perspectiva de violencia de género, por tratarse de una amenaza dirigida contra una mujer que ejercía funciones públicas de fiscalización.

Como pruebas, la funcionaria presentó en su informe, registros fílmicos del episodio; imágenes; los antecedentes administrativos municipales, más documentación obrante en expedientes públicos vinculados al inmueble.

Vale consignar que el caso volvió a la agenda pública cuando el concejal Rogelio Iparraguirre pidió informes por el loteo irregular en una Zona Protegida, por arriba de la cota permitida para desarrollos inmobiliarios múltiples.

El mismo caso había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras. La entidad ciudadana publicó, en noviembre de 2024, una imagen de un portón ubicado sobre calle Israel, poniendo en cuestión la ocupación de la arteria pública.

A partir de la solicitud de informes, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas de la comuna, Luciano Lafosse, confirmó dos de las sospechas que pesaban sobre el lugar: que parte había sido comercializado como condominio -pese a que esa figura está prohibida para Zona Protegida-, y que las construcciones en marcha eran obras clandestinas. En concreto, las viviendas no contaban con la presentación reglamentaria de planos ante los organismos municipales correspondientes.

El funcionario sostuvo además que habían inspeccionado el loteo -dijo, incluso antes de la denuncia de la Asamblea-, y que tras detectar la irregularidad radicaron una denuncia en el Juzgado de Faltas 2, a cargo del juez Oliveto. En el mismo sentido, hicieron una presentación a Hidráulica de Provincia, ya que por el lote pasa un arroyo semipermanente.

Otro dato que se supo en los últimos días fue que la construcción de las viviendas estuvo a cargo del mismo desarrollador que tiempo atrás se vio envuelto en un escándalo: en un loteo de La Elena, un trabajador que se desempeñaba en el movimiento de suelo agredió brutalmente a un vecino que se acercó a preguntar por las tareas en el lugar.

Ese caso motivó un debate en torno a la proliferación de ventas -estafas-, mediante la figura de condominio en Tandil. Cabe recordar, en particular en Zona Protegida, la del condominio no es una modalidad permitida para la subdivisión de lotes. Vecinos que han adquirido terrenos de esa manera resultaron estafados: no deberían poder luego escriturar más de una vivienda en el conjunto del lote.

El juez federal Ariel Lijo resolvió prohibir la salida del país del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de la causa en la que se lo investiga por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La medida fue adoptada a partir de un dictamen presentado por el fiscal Gerardo Pollicita y se conoce mientras la investigación avanza sobre el origen de su patrimonio.

A partir de esta decisión, Adorni deberá solicitar una autorización expresa de la Justicia en caso de querer viajar al exterior. La restricción responde a la posibilidad de una eventual fuga y es considerada un paso previo a un posible llamado a declaración indagatoria, que podría concretarse en los próximos días ante las inconsistencias detectadas durante la investigación.

La resolución judicial se conoció además en medio de versiones que indican que el exfuncionario tendría previsto radicarse en Punta del Este, en Uruguay.

La investigación pone la lupa sobre distintos movimientos patrimoniales realizados por Adorni durante su paso por la función pública. Entre los aspectos analizados figuran numerosos viajes dentro y fuera del país, la compra de propiedades, las refacciones efectuadas en una vivienda ubicada en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, así como diferencias patrimoniales reflejadas en sus últimas declaraciones juradas.

El expediente también contempla distintos gastos corrientes que habría realizado mientras ocupaba un cargo público, algunos de los cuales, según la investigación, habrían sido abonados con tarjetas de crédito pertenecientes a sus secretarias.

Uno de los elementos que dio un fuerte impulso a la causa fue la declaración testimonial del constructor Matías Tabar, quien estuvo a cargo de las reformas en la vivienda del exfuncionario. Ante la Justicia, aseguró haber cobrado 245 mil dólares en efectivo y sin registrar por los trabajos realizados en esa propiedad.

A ese testimonio se sumó la difusión de una serie de audios atribuidos a Adorni, en los que mantiene una conversación con Tabar antes de que este declarara ante la fiscalía.

En uno de esos mensajes, el exjefe de Gabinete le expresa: "Mati, querido, ¿qué hacés? Escuchame. Te tengo que hablar hace como diez, quince días. Yo este finde voy a ir a Indio, así que si querés hablamos ahí, que voy a estar más tranquilo. Por el tema del 4 de mayo. Nada, obviamente te voy a dar todo el soporte que necesites y despreocupate, como hice con todos. Eso está de más decírtelo, pero contás con todo, todo, todo lo que yo te puedo ayudar. Es una boludez, pero bueno, para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos".

Los investigadores analizan el contenido de esas comunicaciones en el marco de la causa, mientras continúa la recolección de pruebas para determinar si existió un incremento patrimonial injustificado y si se configuraron otros posibles delitos vinculados a la investigación.

El juez federal Luis Armella decidió no hacer lugar al pedido de detención de Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A pesar de rechazar la solicitud del fiscal Sergio Mola, el magistrado impuso una serie de medidas restrictivas para los imputados.

Tanto Martín Insaurralde como su expareja, Jesica Cirio, tendrán la obligación de no ausentarse de un radio de 50 kilómetros del domicilio denunciado sin autorización judicial previa. Asimismo, deberán comunicar al Tribunal, con suficiente antelación, cualquier desplazamiento que implique una ausencia superior a 24 horas.

La causa, identificada como FLP 38935/2023, analiza maniobras financieras entre los años 2009 y 2023. El pedido de detención original del fiscal Sergio Mola se basaba en el riesgo de manipulación de pruebas tras la difusión de videos donde se observan fajos de dólares en un vestidor. Al respecto, el magistrado argumentó que el material audiovisual aún no ha sido analizado por la DATIP y ordenó peritajes para determinar su autenticidad.

El juez consideró que los imputados se mantuvieron a disposición de la justicia y cumplieron con los requerimientos previos, lo que descarta el riesgo de fuga. Además de Martín Insaurralde y Jesica Cirio, las medidas alcanzan a Sofía Clérici, Martín Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Insaurralde, Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío. Entre las obligaciones, se destaca la promesa de no obstaculizar la investigación y la prohibición de salida del país, con comunicación directa a la Dirección Nacional de Migraciones.

Los familiares sostienen que “no hizo nada” desde que recibió el expediente y que desestimó la responsabilidad de la funcionaria y las declaraciones se conocieron luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ordenara la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para analizar los informes periciales sobre la muerte del menor.

Lorena, madrastra de Ángel y pareja de Luis López, explicó que el jueves se presentó junto al padre del niño en la fiscalía para conocer el estado de la causa iniciada contra la psicóloga Leiva.

“Queríamos saber cuáles eran los avances, qué había recopilado y qué tenía en sus manos. Al menos debería contar con los informes falsos que hizo esta mujer, donde escribía sobre el estado de Ángel, dónde vivía y todas las mentiras que después salieron a la luz”, afirmó.

Según su relato, durante la reunión el fiscal les manifestó que, a su entender, la profesional “no era responsable” de lo ocurrido con el niño: “No decimos que ella mató a Ángel; sino que no veló por su seguridad. Ellos fueron quienes entregaron a Ángel a sus asesinos”.

Además, cuestionó la investigación al señalar que el funcionario “hace un mes que tiene la causa y no hizo nada” y añadió: “Lo único que tenía era el legajo de Leiva. No pidió informes, las cámaras del hospital y ni siquiera se tomó el trabajo de solicitarlas”.

Lorena también relató que durante el encuentro el fiscal les respondió que las grabaciones del centro de salud probablemente ya no existían: “Nos dijo que seguramente las cámaras ya no estaban porque esas grabaciones se borran. Ni siquiera hizo el intento de pedirlas”.

En el mismo sentido, afirmó que el funcionario les indicó que había enviado un correo electrónico al abogado querellante para solicitar el cambio de fiscal. Sin embargo, sostuvo que, al revisar su casilla, el letrado Roberto Castillo les informó que no había recibido ningún mensaje.

“Si él no quiere investigar, debería declararse incompetente y apartarse de la causa”, manifestó y sostuvo que el funcionario no habría comprendido el objeto de la denuncia presentada por la familia.

“Él me decía que había que tener claro que ellos no eran quienes asesinaron al menor. Pero eso es justamente lo que nosotros siempre dijimos. La denuncia contra Leiva es por incumplimiento de sus funciones, no por homicidio. Ni siquiera leyó la denuncia”, expresó.

Asimismo, recordó un episodio ocurrido durante la internación de Ángel, cuando, según afirmó, la psicóloga Leiva intentó impedir que permaneciera junto al niño en terapia intensiva: “Eso quedó registrado en las cámaras de ingreso y un oficial le aclaró que nadie tenía prohibido entrar. Por eso no entendemos que esas imágenes ni siquiera hayan sido requeridas”.

Lorena también cuestionó la valoración que, según dijo, el fiscal hizo del accionar del Servicio de Protección de Derechos. “Para él, Protección (el Servicio de Protección de Derechos), hizo las cosas bien. Cuando le explicamos que esa psicóloga se preocupaba más por nuestra relación de pareja que por el bienestar de Ángel, justificó su actuación en lugar de investigar”, sostuvo. NA

La Cámara Federal de la Seguridad Social intimó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a restituir, en un plazo de diez días, la pensión por viudez que percibe Cristina Fernández de Kirchner por el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.

La resolución, difundida este miércoles, lleva la firma de la jueza federal Karina Alonso Candis y establece que el organismo previsional deberá efectivizar el reintegro de los haberes "bajo apercibimiento de ejecución" en caso de incumplimiento.

El fallo aclara que la medida alcanza exclusivamente a la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner. En cambio, la asignación vitalicia que le corresponde a Cristina Kirchner por haber ejercido la Presidencia de la Nación continúa suspendida en sede administrativa debido a la condena dictada en la causa Vialidad.

La decisión judicial se conoce luego de que, el pasado 11 de junio, Anses solicitara una caución real o personal como condición previa para concretar la devolución del beneficio. Según argumentó el organismo, la exigencia buscaba resguardar los fondos públicos ante la posibilidad de que la Corte Suprema revirtiera la medida cautelar que ordenó restituir la prestación.

El planteo de Anses se basó en el artículo 5 de la Ley 26.854, que prevé la constitución de garantías para cubrir eventuales daños y perjuicios derivados de una medida cautelar. De esta manera, el organismo pretendía contar con un respaldo económico que permitiera recuperar los fondos abonados en caso de que la resolución definitiva resultara desfavorable para la ex mandataria.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la pensión reclamada por la actual titular del Partido Justicialista equivale a 38 haberes mínimos, lo que representa aproximadamente 15,3 millones de pesos mensuales.

Con esta nueva resolución, la Justicia avanzó en favor de la restitución del beneficio previsional vinculado a la condición de viuda del ex presidente, mientras continúa pendiente la situación de la asignación vitalicia correspondiente a su paso por la Presidencia de la Nación.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dio un paso histórico en el proceso de modernización del Poder Judicial al poner en consulta pública un proyecto de reglamento destinado a regular el desarrollo y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los tribunales bonaerenses. Además, dispuso la creación de una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial que tendrá a su cargo la supervisión y seguimiento de la iniciativa.

La medida busca establecer un marco institucional y jurídico para la incorporación progresiva de sistemas de IA en la administración de justicia, garantizando que su utilización se realice de manera segura, ética y respetuosa de los derechos fundamentales.

El proyecto, que permanecerá abierto a observaciones y sugerencias hasta el próximo 7 de agosto, constituye una experiencia inédita en el ámbito judicial argentino. Bajo la premisa de que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”, la Corte busca evitar que las herramientas tecnológicas sustituyan el razonamiento humano en la toma de decisiones judiciales.

Según la resolución, magistrados, funcionarios, empleados judiciales, colegios profesionales, universidades y cualquier persona interesada podrán participar de la consulta pública a través de un formulario disponible en el sitio web oficial del máximo tribunal.

La Suprema Corte destacó que la inteligencia artificial ya se utiliza en distintos sistemas judiciales del mundo para tareas vinculadas a la gestión de expedientes, análisis de datos, sistematización de jurisprudencia y atención de usuarios. Sin embargo, advirtió que estas tecnologías también presentan riesgos, como la reproducción de sesgos, errores en los resultados o la generación de información inexacta.

En ese sentido, el futuro reglamento apunta a mejorar la eficiencia de los procesos judiciales y administrativos, facilitar el acceso a la justicia mediante la reducción de barreras tecnológicas, lingüísticas y geográficas, y brindar herramientas de apoyo a la labor jurisdiccional sin reemplazar la intervención humana.

El texto establece de manera expresa que ningún sistema de inteligencia artificial podrá asumir la toma de decisiones judiciales, la valoración de pruebas ni la elaboración de los fundamentos jurídicos que sustentan sentencias o resoluciones.

Asimismo, aclara que el uso de estas herramientas no exime a jueces, funcionarios ni agentes de la responsabilidad sobre el contenido, la validez y la legalidad de los actos en los que intervengan sistemas de IA. Por el contrario, deberán ejercer un control sustantivo y documentado sobre los resultados obtenidos.

Entre las disposiciones más relevantes, la Corte prohibió a sus integrantes utilizar chatbots de acceso gratuito o comercial, como ChatGPT, para procesar información judicial sensible o vinculada a investigaciones en curso.

La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger datos personales y evitar que información confidencial pueda ser utilizada para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial fuera del control institucional.

De esta manera, la Suprema Corte bonaerense busca avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías al sistema judicial, pero bajo reglas claras que preserven la transparencia, la seguridad de los datos y el rol irremplazable de las personas en la administración de justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso en consulta pública un proyecto de reglamento para el desarrollo y uso responsable de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito judicial. Como parte de esta iniciativa, se creó una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, la cual tendrá a su cargo la supervisión del proceso.

Esta medida se enmarca en un plan de modernización tecnológica que busca establecer un marco institucional y jurídico para la incorporación progresiva de sistemas de IA, garantizando su utilización de manera segura, ética y respetuosa de los derechos fundamentales. El proyecto, que representa un paso sin precedentes para la justicia del país, estará sometido a una consulta participativa hasta el 7 de agosto.

Bajo la premisa de que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”, el tribunal busca evitar que las herramientas tecnológicas reemplacen el razonamiento humano en la toma de decisiones judiciales. Según la resolución publicada, magistrados, funcionarios, agentes judiciales, colegios profesionales, universidades y demás interesados pueden presentar observaciones y sugerencias a través de un espacio específico habilitado en el sitio web de la Suprema Corte.

El tribunal destacó que la inteligencia artificial ya es utilizada en distintos sistemas judiciales del mundo para tareas como la gestión de procesos, el análisis de datos, la sistematización de jurisprudencia y la atención de usuarios. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos asociados a estas tecnologías, entre ellos la posibilidad de reproducir sesgos, generar errores o producir contenidos inexactos.

Entre los objetivos del futuro reglamento figuran la mejora de la eficiencia en los procesos judiciales y administrativos, el fortalecimiento del acceso a la justicia mediante la reducción de barreras tecnológicas, lingüísticas y geográficas, y el apoyo a la labor jurisdiccional sin reemplazar el razonamiento ni la decisión humana.

La resolución subraya que la función jurisdiccional es “indelegable e insustituible” y establece que bajo ninguna circunstancia podrá delegarse en sistemas de inteligencia artificial la toma de decisiones judiciales, la valoración de pruebas o la elaboración del razonamiento jurídico que sustenta sentencias o resoluciones. Asimismo, dispone que el uso de estas herramientas no exime a jueces, funcionarios o agentes de la responsabilidad por el contenido, validez y legalidad de los actos en los que intervengan sistemas de IA, debiendo ejercer un control sustantivo y documentado sobre los resultados obtenidos.

Finalmente, la Corte le prohibió a sus integrantes el uso de chatbots de acceso gratuito o comercial, tales como ChatGPT, para tratar información judicial sensible o investigaciones en curso, ante el riesgo de que esos datos personales sean utilizados para entrenar modelos futuros fuera del control institucional.