Respecto a la resolución judicial señalada por el funcionario comunal, vale señalar que ya hay jurisprudencia en el asunto, con fallos de la propia Corte al respecto. Incluso en el fuero de Familia local, en el 2015 ya la jueza Silvia Monserrat había fallado por el caso de un recién nacido, con fundamentos que se replicaron ahora con su par Ramiro Saralegui.

Comenzó en Tandil la campaña de vacunación antigripal para prevenir casos graves en grupos de riesgo

Según este Diario pudo constatar, dichos fundamentos señalaron oportunamente que la controversia “se debate en autos se centra entre la obligatoriedad de las vacunas, la autoridad de los padres y la posibilidad de que ante el incumplimiento de estos últimos de que sus hijos accedan a la inmunidad que aquéllas otorgan se pueda solicitar y decidir su aplicación compulsiva, es decir el interés superior del niño. No pudiendo tampoco obviar que el Plan de Vacunación Obligatorio Nacional y Provincial es también un programa que previene y garantiza el derecho a la salud de la comunidad en su conjunto, por lo que también se encuentra en juego el interés común”.

Al decir de los magistrados, la cuestión no puede circunscribirse al alcance de la responsabilidad parental o a la autonomía de la voluntad, o al derecho a la privacidad o al derecho de tomar decisiones en un grupo familiar.

“Ningún derecho es absoluto, mucho menos un derecho-deber como es el ejercicio de la responsabilidad parental”.

Al respecto se alegó que “considerar al hijo como un sujeto de derecho nos modifica el foco de nuestra atención, porque si hubiera conflicto entre el deseo e interés de los padres y el deseo e interés del niño, este último debe prevalecer.

Si este niño tuviera edad y madurez suficiente, ejercería por si, su derecho a ser oído, pero acá, debido a su corto tiempo de vida, ese derecho, al no poder ser ejercido per se, y resultando evidente el posible conflicto de intereses, entre lo que los padres desean con relación a la vida y al derecho a la salud de su hijo, y lo que su hijo pudiera pretender para sí, ese derecho a ser oído debe ser ejercido por su representante promiscuo, el  Asesor de Incapaces”, señala la resolución.

En dicho caso, se agregó que “el escaso tiempo que disponemos nos condiciona también en cuanto a que esta decisión, debe necesariamente, ser tomada in audita parte, porque no hacerlo importará que la petición devenga en abstracto”.

Por lo expuesto, el juez resolvió “suplir la voluntad de los progenitores quienes se han negado a firmar el consentimiento informado para el Hospital Ramón Santamarina pueda cumplir en tiempo y en forma con el plan de vacunación obligatorio, disponiendo que debe el efector de salud dar estricto cumplimiento a la legislación vigente que ha estatuido el mencionado el Plan de Vacunación Obligatorio por entender que la negativa de los progenitores en el marco del derecho deber del cuidado personal de su hijo afecta el interés superior del niño, y pone en riesgo el bienestar general de la población (Preámbulo de la Constitución Nacional, artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño)”.

La titular del Juzgado de Familia 1 y presidenta del Foro de la Justicia de la Familia de la provincia de Buenos Aires Silvia Monserrat compartió su mirada en torno al proyecto de ley que elevó al Gobierno nacional para implementar el divorcio simplificado en sede administrativa y civil cuando la disolución del matrimonio sea de mutuo acuerdo entre las dos partes.

La iniciativa busca evitar la judicialización de los divorcios, que demandan más tiempo y recursos económicos para el pago de las costas judiciales y honorarios profesionales de abogados intervinientes.

En diálogo con Plataforma Magazine (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la magistrada planteó que “podemos entender el sentido del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional” en cuanto a la incorporación de otras iniciativas en las que intenta “eliminar trámites para que la sociedad pueda cumplir con determinados actos con mayor facilidad”.

En ese sentido, planteó la primera observación en torno a la condición de exprés. “Si va a ser más rápido no lo sabemos porque en el Fuero de Familia el divorcio es rápido”, alertó.

En función de este contexto, el espacio institucional que preside decidió salir a explicar que “esto es a favor de la gente, que nadie estará obligado a divorciarse en el registro civil. Es una opción más”, y que “bajo ningún punto de vista significa un gran desmedro en los intereses económicos de los abogados porque la enorme mayoría de los divorcios va por otra vía” y requerirá asesoramiento profesional. 

“Lo que los colegios de abogado deberían hacer es empezar a mostrar que su rol es necesario para la prevención y no sólo para el conflicto”, dijo. De hecho, debería tomarse como un “servicio público y gratuito hacer asesoramiento a la sociedad para que después los abogados lo hagan en particular”.

De común acuerdo 

A más precisiones, la jueza sostuvo que en 2015, cuando se aprobó el Código Civil y Comercial de la Nación, se eliminaron “todos los otros sistemas de divorcios que teníamos” y generó dos tipos. 

Uno es por mutuo acuerdo, en el que “los dos integrantes de la pareja se presentan ante el juez y dicen que están de acuerdo en divorciarse”; mientras que el otro es el divorcio unilateral, que representa el “verdadero cambio de paradigma” que introduce el Código Civil. En este, uno de los miembros de la pareja se presenta ante el juez y pide el divorcio. 

En ese sentido, aclaró que “los jueces no tenemos ninguna de las funciones jurisdiccionales. La única es aquella que le permite decidir. Acá no podemos decidir: si uno pide el divorcio, el divorcio se hace”.

Entonces “era una especie de divorcio administrativo porque dentro de las funciones que tenemos era casi como nombrar un empleado. No podíamos hacer otra cosa más que ver que realmente estaban casados, que había voluntad en una de las partes, cumplir con comunicarle al otro y dictábamos sentencia. Era bastante rápido”.

Ahora, el proyecto que presentó la Nación señala que, “así como la gente se casa en el registro civil, se puede divorciar de la misma manera que se unió”. En tanto, el único requisito es que “se presenten los dos de común acuerdo”. Así, el divorcio ya no será unilateral, sino que “tienen que estar los dos de acuerdo y es optativo. Tampoco es obligatorio”.

Bajo ese enfoque propuesto por la administración de Javier Milei, “si los integrantes de la pareja igual quieren ir al sistema judicial van a poder hacerlo”, explicó Monserrat.

Asimismo, la jueza la Familia llamó a diferenciar el divorcio de los efectos del divorcio. En el primero, “lo único que hace el juez es decir que quedan divorciados”, por lo que “si se pusieron de acuerdo porque tuvieron más tiempo separados, la fecha se retrotrae a la fecha a la que ambos acuerdan que estuvieron separados. Si no dicen nada, es la fecha de la presentación de la demanda. El juez no tiene ninguna facultad de decisión”.

Asesoramiento 

Sobre el posicionamiento de los colegios de abogados, Monserrat expuso que la advertencia gira en torno a que, al llevarse adelante en sede administrativa, hará que se vean “vulnerados los derechos porque nadie los va a asesorar”.

Sin embargo, planteó: “Cuando uno se va a casar, ¿está asesorado? ¿Va a un abogado a consultar los derechos y obligaciones que va a tener? La gente no va al abogado para eso. La enorme mayoría se casa y las consecuencias jurídicas no importan”.

En esa línea, y respaldada en más de tres décadas en el ejercicio de la profesión, aseguró que “no estoy en contra de los abogados” y agregó que “me parece muy bien y creo en la función del abogado como un asesor”.

En consecuencia, observó que es una acción que las entidades que representan a los letrados deberían reforzar, en la “necesidad de ir al abogado como vamos al médico cuando nos vamos a hacer un chequeo. Como prevención y no cuando tenemos un conflicto”.

“Si las partes no se ponen de acuerdo ahí está la función del juez, que es el que va a decidir frente a la falta de voluntad de las partes. El juez lo único que hace es dictar la sentencia”, enfatizó la jueza Monserrat.

El planteo de los abogados

En otro de los argumentos que sustentan el posicionamiento, la presidenta del Foro de la Justicia de la Familia bonaerense expuso como dato relevante la incidencia en la tasa de disolución de matrimonios por acuerdo entre las partes.

“Desde 2015 tuvimos aproximadamente 4.500 divorcios” y “solo el 38 por ciento vino por común acuerdo”, precisó sobre una cifra que consideró baja.

El 62 por ciento seguirá yendo a la justica por tratarse de un divorcio unilateral y los que podrían ir al registro civil a disolver el matrimonio será “ese 38 por ciento” en los parámetros que fija el proyecto de ley.

De todos modos, resaltó que esta opción aliviará la tarea del Fuero de Familia, que está “muy colapsada, pero también la gente podrá optar” dado que se apoya en la voluntad de las personas.

Entre otros detalles, sumó que los honorarios de un divorcio giran en torno al millón y medio de pesos. “Tenemos dos defensores oficiales, un consultorio jurídico gratuito en los colegios de abogados, pero los requisitos para que uno pueda acceder son que los ingresos que debe tener la pareja deben ser muy bajos”, apuntó Monserrat.

Los abogados “hablan de vulneración de derechos” y “no queremos que se vulneren los derechos. Para todo el resto de las cuestiones, que son los efectos del divorcio, igualmente se va a tramitarse por vía judicial y van a requerir acendramiento legal”.

En otro pasaje de la entrevista televisiva, la jueza de Familia expuso el planteo de la Cámara de Apelaciones de Azul con respecto a cuál es el cambio de paradigma que produce el Código Civil y Comercial. “Y creo que este proyecto está en línea con ese paradigma y no contrario al Código”, aseguró.

En ese sentido, manifestó que el tribunal de alzada “dice que cuando se cambia el código, los procesos de divorcio reconocen como causa al nuevo paradigma del derecho de familia en el cual prima el respeto por la autonomía de la voluntad y la vida privada en la que se procura que el Estado no se entrometa en la esfera de la decisión personal de las personas”.

“Está diciendo lo contrario que dice el Colegio de Abogados. La Cámara está diciendo que cuando las partes están de acuerdo, nosotros no debemos meternos”, subrayó Monserrat.

El proyecto de ley

Según señaló el Gobierno nacional al elevar el proyecto, son varios los países que tienen un sistema de divorcio administrativo o uno de divorcio notarial, entre los que se encuentran Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia, Rumania, Estonia, Letonia y Japón.

En defensa de la institución del divorcio vincular matrimonial, en el texto del proyecto el Poder Ejecutivo rebatió la teoría de que la disolución formal del vínculo matrimonial “traería aparejada la destrucción de la familia y la sociedad”.

“Si bien las restricciones, prohibiciones y obstáculos al divorcio se basaron en el argumento de que facilitar el divorcio traería aparejada la destrucción de la familia y la sociedad, esto no sucedió, más allá de un aumento en los divorcios inmediatamente posterior a la sanción de la Ley 26.994, que fue producido por la acumulación de separaciones de hechos ya existentes que fueron transformadas en divorcios”, reseñó el Ejecutivo.

“Asimismo, se sostuvo que el divorcio causaba deficiencias en el desarrollo de los hijos y otros efectos negativos, situación que fue estudiada a lo largo de los años y en la que se concluyó que en las familias disfuncionales no es el divorcio per se lo que tiene un efecto negativo en los hijos, sino que la situación de deterioro matrimonial, haya divorcio o no, es lo que genera estos efectos negativos”, concluyó la letra oficial.

El Juzgado de Familia N° 1 de Tandil forma parte de la experiencia piloto del Programa de Cuidadores Familiares, que nació a partir de la propuesta de un juez de familia de San Miguel y que luego la SCBA (Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires) extendió a otros organismos judiciales afines, sumando hasta hoy 8 juzgados en el territorio bonaerense. El objetivo del Programa es convocar y capacitar a personas y/o familias que quieran ofrecerse como cuidadores familiares para el acompañamiento –convivencial o no- de niños, niñas y adolescentes entre 10 y 17 años en situación de abrigo, es decir, carecen de cuidados parentales -porque se los ha sacado de su grupo familiar de origen- y han sido institucionalizados o se encuentran transitoriamente al cuidado de una familia. “Cuando se desvincula de su familia de origen a un niño, niña o adolescente se evalúa si luego de un tiempo puede retornar a ella, a una familia ampliada o a un referente afectivo. Pero si eso no es posible permanece institucionalizado, sin cuidados parentales", señalaron. Por otra parte, en toda la Provincia, la postpandemia reveló una baja notoria en la cantidad de inscriptos en el registro de adoptantes. Actualmente, tenemos la menor cantidad de inscriptos que he visto en los últimos 14 años, desde que me desempeño en el Poder Judicial y un enorme porcentaje de inscriptos –alrededor de un 80%- busca chicos por debajo de los 5 años. Por esa razón, quienes tienen entre 10 y 17 años son los chicos con mayores dificultades para encontrar adoptantes”, amplió la doctora Silvia Monserrat, titular del Juzgado de Familia N° 1, el único del Departamento Judicial de Azul que participa de esta experiencia de la SCBA.

El Registro 

Para la puesta en marcha de este Programa se pensó en la creación de un Registro de Cuidadores Familiares, es decir, se busca generar una nómina de personas que tengan voluntad de acompañar y asistir solidariamente pero que no necesariamente quieran adoptar. No siempre la figura de adopción resulta viable porque no se han encontrado postulantes, aquellos chicos no dan su consentimiento subjetivo para ser adoptados o la adopción no resulta ser la figura adecuada para ellos. “Esta tarea es casuística: cada caso se da en función de los requerimientos de aquel niño, niña o adolescente y de lo que el cuidador ofrezca. Como cualquier vínculo, se construye en función del compromiso que se asume, de las posibilidades y proyectos de ambas partes”, agregó la Jueza.

RequisitosDeben ser mayores de edad, solos o en relación de pareja: no importa la situación legal en la que se encuentren pero es importante que si están en pareja ambos tengan la voluntad de ser cuidadores, aunque el rol lo ejerza solo uno. Lo mismo sucede con las adopciones: tenemos solicitudes monomaternales, monoparentales, homosexuales y heterosexuales. El tipo de familia es indiferente siempre que el niño, niña o adolescente lo acepte.El cuidador va a asumir un compromiso que puede ir variando, siempre que pueda brindar todo el apoyo que pueda y que el otro necesite. Ese apoyo no se entiende solo en términos económicos porque el Estado debe seguir garantizando ese respaldo hasta los 18 años. La obligación del sistema de protección y promoción es recuperar los derechos vulnerados de esos chicos en todos los aspectos: social, económico, psicológico, psiquiátrico, es decir, en la salud integral en los niveles que se necesite según el caso. Por lo tanto, no se busca primordialmente apoyo económico sino apego familiar, un lugar donde el chico pueda vivir o compartir un fin de semana, contar con una persona que sea un modelo a seguir, que lo va a respetar, acompañar y ayudar en los conflictos e inquietudes. La intención de este Programa es contribuir en la reparación de los derechos vulnerados de aquellos chicos que se encuentran en esa situación.

Pueden participar de este programa las personas que están inscriptas en el registro de adopción. Automáticamente se los consigna en el registro de adoptantes como transitoriamente no disponible, es decir, no van a ser llamado para ningún proceso hasta el momento de efectuar la reinscripción, donde se readecuará ese proyecto adoptivo.

Inscripción

Los interesados en ser parte de la nómina deberán completar el formulario on line que se encuentra en la página web https://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioCuidador.aspx , consignando todos los datos que se solicitan. Luego deberán realizar los talleres de capacitación e información profesional y finalmente serán evaluados para ponderar su inclusión en el Registro. Quienes se inscriban en el Registro de Cuidadores Familiares podrán ser convocados para asumir las responsabilidades de cuidado, autorizándoselos por medio de figuras jurídicas tales como las de referentes afectivos, tutores, guardadores u otras dispuestas por el juez o jueza que entienda en la causa.Sin inscripción, no se puede participar de los talleres. Aquellos que tengan alguna duda o dificultad para realizar el trámite on line pueden acercarse al Juzgado de Familia N° 1 (Yrigoyen 857) donde recibirán la asistencia que necesite.“En Tandil estamos abriendo este Registro que permanecerá abierto a todos los interesados y que en abril brindará los primeros talleres de capacitación para quienes ya se hayan postulado. Es condición excluyente inscribirse para tomar los talleres obligatorios y virtuales, donde se brinda información y se mostrarán otras experiencias para que la gente pueda conocer diferentes casos.  Luego de la capacitación los interesados resolverán si desean seguir adelante y asumir el compromiso. En tal caso, posteriormente serán evaluados por un equipo técnico. Nosotros tenemos la obligación de saber si una persona cumple con los requisitos legales necesarios y está preparada para la frustración. Muchas de estas vinculaciones suelen ser frustrantes, por lo tanto debe estar preparada para el nivel de dificultades que conlleva y no siempre cuenta con la resiliencia necesaria para este tipo de procesos.  No se trata de un acto de caridad, sino de conocer las fortalezas propias para poder brindar a esos chicos lo que necesitan, sin expectativas”, concluyó Monserrat. 

¿Qué significa ser madre? Hay tantas definiciones como experiencias. No se puede hablar de la maternidad en un sentido único. Cada vivencia depende del contexto social, las capacidades económicas, la mochila personal. No es lo mismo la maternidad biológica que la adoptiva, criar en solitario que contar con un entorno que apoye, tener un hijo que criar a dos o tres, o volver al trabajo pocas semanas después del parto, cuando finaliza la licencia por maternidad, que pedir una prórroga para estar con el bebé. Incluso una misma mujer puede tener experiencias distintas en función del momento vital por el que pase. Hay tantas madres como hijos y no hay modelos universales.  

 Por fuera del ideal romantizado de madres perfectas están las madres reales, que maternan con el cuerpo y el corazón aún sabiendo que nada será fácil y que ese compromiso es para toda la vida.

La trayectoria vital de la doctora Silvia Monserrat está, de alguna manera, atravesada por su trabajo en más de un sentido. Se hizo cargo del Juzgado de Familia 1 de Tandil hace 12 años y desde ese lugar debe resolver día a día situaciones que, las más de las veces, son adversas o están interceptadas por contextos de violencia. Pero también es una de las responsables de resolver las adopciones en el distrito, una tarea que depara tristezas, gratitudes y alegrías en partes iguales.

Pero mucho antes de ocupar el puesto en el juzgado, Silvia y su marido habían adoptado a tres niños, en diferentes momentos de su historia  y con distintas edades. Ella es la madre de Juan, Jorge y Máximo, de 33, 45 y 49 años respectivamente, Cuando llegaron a su vida Máximo y Jorge, que son hermanos biológicos, tenían 12 y 5 años. Después llegó Juan, cuando era un bebé. 

De una familia tradicional ligada desde siempre el derecho, en ese entonces el trabajo de Silvia estaba lejos de los juzgados y los expedientes, se canalizaba en la actividad privada y transitando los pasillos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unicen como docente e investigadora, cargo que desempeñó durante muchos años y espacio en el que pensó que se jubilaría.

Pero la vida da muchas vueltas y quiso que en 2008, alentada por la secretaria de quien entonces era decano de Económicas –y quien hasta hace poco fue rector de la universidad-, Roberto Tassara, concursara para la magistratura, aunque al principio se resistió a esa idea. 

Y así empezó a empaparse de las diferentes historias que llegan al juzgado de la calle Yrigoyen y se entregó por completo a la tarea para la que siempre sintió que estuvo predispuesta. 

La vida misma

En diálogo con El Eco de Tandil, en su sobrio despacho, que además de los objetos de rigor tiene muchos portarretratos con fotos familiares y académicas, y algunas sacadas por su hijo menor en colgadas en la pared, Silvia empieza a hablar como quien deshilvana con cuidado una costura para exponer todos los costados de la maternidad que la atraviesan y atravesaron en todos estos años.

“Mi hijo menor no entendía porque yo había dejado de ejercer el derecho y un poco para estimularlo -en ese momento él estudiaba abogacía- y para reconectarme con una de mis pasiones decidí concursar, porque si había un cargo que me interesaba era el de jueza de familia, se necesita una vocación social para esto. Yo había trabajado mucho en adopciones, como abogada y como madre adoptiva, cuando eran diferentes a las de ahora y la ley permitía que la madre eligiera sus adoptantes”, recordó. 

Antes bastaba con confeccionar un acta ante escribano público para iniciar el proceso de adopción directa, pero esta práctica está prohibida a partir de la sanción del nuevo Código Civil en 2015, para evitar la manipulación de los niños y que algunos adoptantes se aprovecharan de madres en situación de vulnerabilidad. 

Desandando un poco estos caminos, a partir de la intersección de la profesión y su propia maternidad, a la jueza siempre le preocuparon dos cosas: la adopción como una forma alternativa de materna o paternar, ni mejor ni peor, pero distinta a la biológica; y el hecho de que los hijos adoptivos deben conocer su historia y acompañarlos en ese proceso. 

“Creo que nunca hay que juzgar a las madres que dan a sus hijos en adopción porque nadie está en los zapatos de esa madre”, señaló.

Al respecto, compartió que los padres de sus hijos mayores fallecieron y por eso los cinco hermanos varones fueron dados en adopción, porque además Milagros, la progenitora de los niños, tras el fallecimiento del padre de ellos de forma inesperada en un accidente y ella misma víctima de una enfermedad terminal, quiso que sus hijos estuvieran bien cuidados y tuvieran nuevas  familias.

“En el caso de mi hijo menor se trató de  la decisión de una madre que no me corresponde a mí juzgar, pero sí me encargué de estar segura de que era una decisión firme de esa mujer  y no impulsada por el entorno u otros intereses. Mi hijo menor conoce su historia y sabe quién es su mama, pero fue una decisión de él no conocerla aunque siempre supo que íbamos a acompañarlo en eso porque en casa se habló libremente del tema siempre, de manera muy natural. A los adoptantes les digo que esto siempre se habla, igual a los bebés aunque no entiendan –o tal vez sí en un punto-, pero es importante decirlo en voz alta”, graficó.

Maternidades y paternidades adoptivas  

Desde que el Juzgado 1 empezó a funcionar, en marzo de 2009, se vivió una gran evolución no sólo en torno a los procesos de adopción sino también en la manera en que las adopciones son concebidas y tratadas en la sociedad.

“En trece años vimos una evolución y hace 35 años, cuando yo adopté, no era la mejor de las opciones, había gente que no quería reconocer que sus hijos eran adoptados, como si  eso fuera un estigma. Ahora la adopción está insertada en la sociedad como una forma de maternar y paternar más, y de hecho hay personas con hijos biológicos que también optan por una adopción”, reseñó. 

Y agregó que “la adopción es para el niño una forma de restaurar sus derechos y la verdad es que no buscamos niños para los adoptantes, buscamos adoptantes para esos niños, qué perfil de adoptantes ese niño necesita. Si bien se declara la idoneidad para ser adoptante, esa persona o pareja puede no ser idónea para un niño en particular o para el requerimiento de ese niño, niña o adolescente”.  

Asimismo, Monserrat remarcó que es evidente que el padre o madre adoptiva no comparte genes con esos hijos y que incluso pueden ser muy diferentes todos entre sí, pero que eso no significa que una vinculación no vaya a funcionar y que de todos modos también hay miles de diferencias en las familias biológicas.

No obstante, sostuvo que se aprende en la convivencia, se pueden compartir gustos o gestos y reparó en que “vas a tener como hijo a alguien que no se va a parecer en absoluto a vos, algo que puede pasar con los hijos biológicos pero acá tenés la garantía de que no te va a pasar, entonces tenés que aprender a convivir con un hijo que es diferente, con niños que han pasado por situaciones de dolor y hay que vivir con eso, ayudarlos y acompañarlos para que entiendan que no todas las familias lastiman y que hay familias que sí protegen”.

Por otra parte, la magistrada ponderó que la adopción siempre fue vista como una elección mientras que el tener descendencia antes no era cuestionado, porque se vivía como el orden “natural” de la vida. 

“Lo biológico era más cultural; te ponías de novio, te casabas y después tenías hijos, como una secuencia. Pero se puede elegir no tener hijos, a nadie debería sorprenderle que una mujer decida no ser madre, por ejemplo. Tenemos adoptantes que son chicas jóvenes sin ningún problema para ser madres biológicas que deciden ser madres adoptivas y no les interesa utilizar un sistema de fertilización asistida. Siempre hemos tenido familias monoparentales o monomarentales, pero son personas más grandes, en general. Y sin embargo, en este último tiempo han llegado al juzgado mujeres más jóvenes que tal vez después tengan una pareja o hijos biológicos, pero eligen hoy la adopción. Tener la posibilidad de elegir si queremos o no maternar y qué tipo de maternidad queremos es fundamental”, expresó.

El amor y los vínculos no entienden de edades 

Además, Silvia se encargó de derribar un mito que sigue firme en el imaginario colectivo: que es más fácil adoptar niños pequeños. Esto aún se ve reflejado en los registros de adoptantes, porque el gran porcentaje de gente que se anota para iniciar un proceso de adopción, coloca entre sus preferencias que sean pequeños menores de 3 años.

“Hay adopciones de niños pequeños que han sido difíciles y con chicos grandes que han sido muy fáciles. La edad no garantiza absolutamente nada. Hay adopciones de niños que no han funcionado y de adolescentes que han sido maravillosas. Se pueden encontrar algunas espinas, pero también pasa con los hijos biológicos. Los hijos van a ser como ellos quieran ser y en la adopción esto uno lo entiende más rápidamente, por eso creo que es importante afirmar que la edad de un niño no es ninguna garantía de que ese proceso vaya a ser más fácil”, valoró. 

En tanto, indicó también que “nadie se tiene que sentir un héroe porque adopta” y subrayó que “lo valioso fue que mis hijos me enseñaron a mí a ser madre, ellos hicieron cosas conmigo. Y a eso nos arriesgamos. No tengo ninguna duda de que lo mejor que hicimos mi marido y yo en esta vida es haber adoptado los chicos que adoptamos”. 

Nadie dice que es fácil, pero cuando la decisión de maternar se hace desde un lugar genuino, con todos los dobleces que implica y angustias que implica, sin dudas es gratificante y hermoso.

Un poco como dice la canción del uruguayo Jorge Drexler: “Supe que de algún lejano rincón, de otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias”. 

Cómo inscribirse para adoptar 

Para poder adoptar un niño, lo que primero que debe hacer una pareja o una persona interesada en ello es inscribirse en el registro de adoptantes. Para esto debe acudir a uno de los dos juzgados de familia de la ciudad. La primera quincena de cada la inscripción debe realizarse en el Juzgado de Familia 2 y la segunda quincena se encarga el Juzgado 1 que preside Monserrat. 

“Les pido a los interesados que se acerquen al juzgado, acá se les van a dar todas las explicaciones y se inicia el proceso de evaluación. Este proceso determina si las personas son idóneas para adoptar porque no todo el mundo lo es. Pueden ser idóneos para tener hijos biológicos pero no adoptivos, no es un estigma pero es una necesidad sin la cual no podemos avanzar”, detalló. 

Concurrida la etapa de evaluación, se les da el alta en el registro de adoptantes que rige para toda la Provincia. “Se los puede llamar según el perfil que tengan de cualquier juzgado provincial. Cuando tenemos un niño en estado de adoptabilidad pedimos el listado de adoptantes a la Corte Suprema  y te mandan hasta 20 postulantes, donde están primeros los de la ciudad, después los del departamento judicial y luego familias de los lugares más cercanos. Niños grandes o con problemas de salud es probable que no haya en la ciudad y tengas que acudir a otras localidades”, desglosó.

En estos casos, cuando son adolescentes suelen tener mucho éxito las convocatorias públicas. Es que cuando no se consiguió familia para estos chicos en el territorio y más allá, se apela a la modalidad de convocatoria pública, que salen en general impresas en un diario de alcance nacional como La Nación, con los perfiles de los menores. 

De esta manera, han logrado aumentar 4 veces las posibilidades de adopción de estos chicos. Por otro lado, también la Justicia debe respetar la voluntad de los niños y hay casos de menores que no quieren ser puestos en adopción o que se niegan a entablar vínculos con otras familias que no sean las de origen. Después de los 10 años, se respeta a rajatabla la voluntad del menor de no ser adoptado, sean cuales sean sus circunstancias. 

“Cada adopción es diferente,  se necesita de tiempo, trabajo y una  construcción, hay procesos. En la actualidad el juzgado acompaña mucho más y hay profesionales que orientan, necesitamos adoptantes que no crean que vienen a un proceso que no es fácil, pero que puede ser hermoso. 

“Difundir es muy importante porque cuanto más se conoce el tema, más impacta en la sociedad y más gente se decide por la adopción”, cerró. 

Tras conocerse la resolución del Juzgado de Familia 1, que se expidió en torno a una de las presentaciones para que se suspenda el efecto de las restricciones de la Fase 2 sobre el comercio, la Cámara Empresaria analizó los alcances del fallo, por medio del cual rechazó la medida cautelar, pero que dio curso al amparo al ordenar la notificación a la Fiscalía de Estado y a la Municipalidad para que en el plazo de cinco días ejerzan su derecho de defensa.

Frente a lo expuesto, el abogado de la entidad camarista, Gonzalo Aramburu, sostuvo que la cautelar podía no prosperar, aunque rechazó los argumentos expuestos por la jueza Silvia Monserrat. Y calificó como un “gran paso” que siga su curso la acción que resolverá la cuestión de fondo, aun cuando los plazos puedan dejar sin efecto el planteo ante un eventual cambio de fase que retrotraiga las restricciones que seguirán vigentes al menos por siete días más.

El Juzgado se expidió inicialmente mediante un despacho este lunes, del cual se desprenden algunas cuestiones. Por un lado, aceptó la competencia para entender en el trámite y rechazó la solicitud de la medida cautelar por considerar que concederla afectaría “el bienestar común”, a la vez que ofició traslado a la Provincia y al Municipio para que expongan las razones que sustentan las medidas.

El viernes por la noche, la institución que preside el contador Marcos Redolatti interpuso dos acciones de amparo ante la Justicia Federal y Provincial con la urgente intención de “solicitar la suspensión del efecto” del decreto municipal que acató las nuevas medidas restrictivas acordes a la Fase 2.

En tanto, aún aguardan precisiones sobre la medida impulsada ante la Justicia Federal en sintonía con el planteo para que se suspendan las restricciones que afectan al comercio, de acuerdo a lo que fijan las disposiciones emanadas desde el Ejecutivo nacional, a las que adhirió la Provincia y el Municipio.

La acción recayó en el Juzgado Federal 2, con sede en Azul, a cargo del doctor Martín Bava.

Tratar la cuestión de fondo

En diálogo con El Eco de Tandil, el abogado de la entidad, Gonzalo Aramburu, analizó el impacto de la resolución, y reconoció que se da en medio de un contexto “sumamente sensible” que obliga a resolver en función de las restricciones que pesan para las distintas actividades habilitadas.

Al mismo tiempo, admitió que la cautelar podía finalizar con ese resultado, “no con esa justificación, pero es un gran paso que nos hayan admitido poder tratar el tema de fondo”.

A la hora de observar los antecedentes en la materia, “habíamos visto que los rechazos eran completos y no se daba lugar a que tramite la acción. Para nosotros haber logrado, por lo menos en lo que tenemos conocimiento, el primer caso en el que se admite tratar la cuestión de fondo en la provincia de Buenos Aires es un gran paso”, subrayó.

No obstante, el letrado admitió que genera “un sabor agridulce que no nos hayan otorgado la medida cautelar”, especialmente en cuanto a la justificación que entregó la jueza, aunque reconociendo el contexto en el que se debe resolver.

“Habíamos hecho hincapié en la medida cautelar porque corremos el riesgo que el planteo devenga abstracto”, alertó Aramburu. Es decir, que si en las próximas dos semanas cambia la calificación epidemiológica de Tandil, probablemente la mayoría de las restricciones de la Fase 2 desaparezcan, “con lo cual casi que pierde sentido resolver el amparo”.

De todos modos, remarcó que deberán aguardar la defensa que ejerce la Provincia y el Municipio para sustentar la vigencia de la normativa cuestionada y, con esto, la jueza tendrá que resolver.

Equiparar restricciones

A propósito del contexto en el cual se pide una resolución en función de las restricciones que pesan para las distintas actividades habilitadas, insistió que se trata de un escenario “muy especial”, que no presenta antecedentes en las últimas décadas, y que “pone al juzgador en una situación que no es de fácil resolución”.

No obstante, y luego de la observación, insistió con el pedido que la entidad canalizó a través de un amparo y que apunta a lograr que se equiparen las condiciones de los comercios de los distintos rubros para poder trabajar.

“Nos parece injusto que algunos comercios, con determinados protocolos, puedan funcionar y otros no o que lo hagan con restricciones que equivalen casi a no poder funcionar”, expresó el abogado.

Y aclaró que el planteo no alcanza el horario establecido para poder funcionar, la capacidad de ocupación de los locales comerciales o los protocolos, sino que “simplemente pedimos que los permisos se equiparen entre iguales”.

En su análisis, Aramburu sostuvo que, frente a la cuestión técnica que expone la medida, “juega en contra la velocidad con la que tiene que resolver” y agregó que la celeridad en la elaboración del despacho “quizás nos jugó en contra, porque si se lee la presentación en detalle, justamente lo que decimos es permitir que un comercio de venta de indumentaria permanezca abierto, pero no dejar que ingrese un cliente, se equipara casi a dejarlo cerrado”.

Entonces, “partimos de la base que la devolución la hace desde un contexto no sencillo. Después, no sé si corresponde que nos exija acreditar el daño que se le puede generar a un comerciante por la restricción”.

Por eso, argumentó que “el amparo tiene como particularidad el planteo de tratar de hacer cesar un efecto futuro y, en este caso, lo que se tiende a evitar es que los comercios permanezcan en el tiempo sin la posibilidad de que sus clientes puedan ingresar al comercio”.

En el marco de la medida que impulsó la Cámara Empresaria con las restricciones impuestas por la Provincia para mitigar la propagación del Covid-19, en las últimas horas se conoció la resolución del Juzgado de Familia 1, donde recayó la causa

El tribunal a cargo de la doctora Silvia Monserrat se expidió inicialmente mediante un despacho firmado este lunes, del cual se desprenden algunas cuestiones. Por un lado, aceptó la competencia para entender en el trámite.

En tanto, no realizó “objeción alguna” a la representatividad de la entidad camarista respecto de sus socios para entender en el reclamo legal, “cuestión que sólo podrá ser eventualmente controvertida por los demandados”.

Rechazó la solicitud de la medida cautelar por considerar que concederla afectaría “el bienestar común”, y ordenó la notificación a la Fiscalía de Estado y a la Municipalidad de Tandil “para que en el plazo de cinco días ejerzan su derecho de defensa”.

El viernes por la noche, la institución que preside el contador Marcos Redolatti interpuso dos acciones de amparo ante la Justicia Federal y Provincial con la urgente intención de “solicitar la suspensión del efecto” del decreto municipal que acató las nuevas medidas restrictivas acordes a la Fase 2.

El Juzgado de Familia 1 de Tandil protagonizó días atrás un hecho inédito en el marco de la pandemia por el coronavirus: en un caso de divorcio por petición unilateral, se ordenó que la notificación se enviara por correo electrónico ya que la persona a la cual se debía dar aviso reside en Inglaterra.

“Les quiero aclarar que esto es excepcional, no es que vamos a notificar cualquier tipo de proceso judicial vía email porque todavía tiene algún nivel de inseguridad importante, es dificultoso estar seguro quién es el dueño del correo electrónico y demás”, manifestó la jueza Silvia Monserrat en diálogo con el programa Tandil Despierta, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, y agregó: “Se están utilizando ahora por la pandemia, pero sobre todo cuando la Corte hace convenio con un organismo público y entonces queda muy en claro que el email que se proporciona es oficial”.

En este caso, la casilla la había proporcionado la otra persona y no se tenía la seguridad de que perteneciera a ella. No obstante, como a partir del Código Civil y Comercial de la Nación los divorcios ya no son como antes, no correspondía proponer un convenio sino simplemente notificar la separación y el cambio de estado civil.

“Antes podía pasar que había controversias, de modo que había que comprobar las causales y el juez tenía que dictar una sentencia en función de las pruebas. Por ejemplo una de las partes podía decir que hacía cinco años que ya no estaban juntos pero la otra manifestaba que no era cierto, y eso había que comprobarlo”, reveló Monserrat.

Sin embargo, desde que se promulgó el Código Civil y Comercial, en octubre de 2014, apareció el divorcio unilateral, en el que no hay conflicto, no hay controversia. En estos casos, los jueces no deben decidir nada sino que deben resolver si se cumplieron los requisitos de ley para decretar la disolución.

“Cuando se hace la petición de divorcio es lógico que, si bien el código no lo exige, se le comunique a la otra parte que alguien le está pidiendo la separación y que, obviamente, a partir de la sentencia va a cambiar de estado civil. Pero además, el Código Civil le exige al presentante que proponga un convenio regulador, porque la Ley considero que el divorcio por sí solo atrae otros conflictos, que tienen que ver con el cuidado de los hijos, la distribución de bienes y demás”, explicó la jueza.

De esta manera, cuando se hace la presentación también se debe llevar una propuesta y si el otro cónyuge está de acuerdo cuando toma conocimiento, el juez dicta sentencia y homologa el acuerdo. En caso de que no lleguen a un acuerdo, se fija una audiencia para que las partes compongan el conflicto.

La decisión 

Uno de los principales motivos por los que la jueza tomó tal determinación fue que no había necesidad de convenio regulador ya que la pareja nunca tuvo bienes en común y la única hija que tienen ya es mayor de edad, puesto que se habían casado hacía ya 40 años y estaban separados desde hace un tiempo.

“A mí me constaba la separación porque el proceso se inició cinco años atrás. Lo que había ocurrido es que no había podido localizar a uno de los cónyuges entonces había quedado sin movimiento el expediente. Pero ahora lo volvieron a tomar, lo adecuaron al Código Civil y Comercial y me avisaron que una de las partes no vive en el país pero que tiene un domicilio real y un domicilio electrónico”, refirió Monserrat.

Completó, entonces, que el único sentido de la notificación era que la otra persona supiera del proceso de separación y que terminaría divorciado, pero que nada podía generar un conflicto.

“Hacerla por el consulado, por la cancillería, como se hacen las notificaciones en el extranjero es un proceso muy largo y que en este momento, donde muchas fronteras están cerradas y no hay muchos vuelos, podía tardar mucho. Entonces tomé la decisión de comunicarlo por email”, añadió.

De cualquier forma reconoció que lo enviará desde el correo del juzgado, lo firmará ella y notificará a la parte restante. Luego, le pasarán todo al fiscal para que haga el control de legalidad y dicte la sentencia.

Casos similares

La repercusión que tuvo la decisión que adoptó le causó gracia y comentó que, por lo general, las sentencias que se publican no son las de los jueces de primera instancia sino las de la Cámara o la Corte.

“Ahora lo han empezado a publicar y hay muchas cosas que parecen novedosas, pero que la realidad es que nosotros hace mucho tiempo que lo venimos haciendo”, aseguró.

En ese sentido contó que una colega le informó que hace años se comunicó por Skype con un hombre que estaba en Australia para notificarlo de una causa. “En el fondo la gente no sabe cómo se trabaja en un juzgado de primera instancia, lo innovadores que hemos sido y lo innovador que ha sido el fuero de Familia en este momento de pandemia”, finalizó.

Desde la Mesa Interinstitucional contra la Violencia Familiar y de Género dialogaron con los padres y madres que se manifiestan desde el lunes en el Juzgado de Familia 2 y se reunieron para evaluar la situación, además de elaborar un informe que presentarán a autoridades locales y provinciales.

La coordinadora de la organización, Yanina Venier, explicó que dentro de la Mesa tienen una comisión de niñez y una de acceso a la justicia donde ya habían advertido la necesidad de trabajar en las “prácticas institucionales”.

En la reunión de la Mesa con esas dos comisiones, el martes armaron un equipo en el cual convocaron también al Foro Local de Niñez, “reconociendo en el planteo de las familias prácticas que vienen siendo señaladas por el Foro y la Mesa, que vienen siendo objeto de debate”

“El señalamiento central es hacia el Servicio Local, hacia las condiciones en las que conviven niños, niñas en los hogares municipales, también hay una mención hacia cómo está interviniendo el Servicio Zonal o no está interviniendo en estos casos, mayormente lo que notamos es una ausencia del Servicio Zonal que corresponde a provincia, es justamente quien tiene que ser ese órgano de contralor del funcionamiento de estas instancias que son municipales”, sostuvo.

Falta de estadísticas

En tanto, planteó que “lo que notamos de las instituciones al momento de analizar la problemática de la niñez en Tandil es que no contamos con información estadística, no sabemos cuántos niños y niñas han tenido que ser alejados de su entorno familiar bajo una medida de abrigo, tampoco sabemos cuántos de ellos han continuado el proceso de adoptabilidad”.

“Lo que señalan estas familias y es algo que nosotros marcamos, es que no han sido debidamente informadas en su momento, algunas familias señalan que desconocían sus derechos, los procedimientos que se iniciaban a partir de la medida de abrigo. Entendemos que hay que analizar prácticas institucionales en el sentido de cómo se trabaja en el proceso de en primer lugar intentar la re vinculación familiar”, manifestó.

Y enfatizó que “una medida de adoptabilidad debe llegar cuando se hayan agotado todas las otras instancias, lo que estas familias dicen y que nosotros reconocemos como una práctica habitual es que lamentablemente cuando una medida de abrigo se toma hay un continuo de prácticas que llevan a la adoptabilidad y pocas veces a la re vinculación familiar”.

“Más allá del caso a caso tenemos que poner el énfasis en ver qué están diciendo de las instituciones que funcionan en todo este proceso de niñez, eso también involucra a los juzgados que son quienes legalizan las medidas que se van tomando por el Servicio Local y Zonal”, afirmó.

Frente a ese panorama, consideró también que si bien la Ley Micaela no se está implementando aún es “el paraguas que nos dice que hay muchas prácticas que deben revisarse bajo el lente de los derechos humanos y la perspectiva de género, y es algo de lo que también señalan las familias”.

“Muchas veces sucede que una intervención institucional finaliza con una medida de abrigo que cuestiona la forma de ejercer la maternidad de una mujer que fue víctima de violencia de género. Lo que sucede es que no hay una apropiación de la perspectiva de género a nivel institucional”, lamentó.

Y añadió que “lo que evalúa el Servicio Local es solamente la situación de vulneración de derechos del niño o la niña, solicita una medida de protección pero lo que no sucede después es un acompañamiento a esa mujer que puede no haber estado en condiciones de cuidar de sí y de otros”.

Falta de información

En tanto, indicó que las familias encuentra dificultades “para ser informadas adecuadamente en función de sus posibilidades de comprensión, la mayoría son familias de escasos recursos, cuyos miembros mayormente no han tenido un recorrido educativo exitoso, y que se enfrentan a una institucionalidad muy compleja”.

Además, expresó su sorpresa porque muchas de las familias le manifestaron que “se enteraron meses después que podían tener un abogado para patrocinarlos en las causas de abrigo, ese tipo de información debiera ser central”.

“El Servicio Local participaba de la Mesa pero este año todavía no se integró, creo que hay criterios que todavía no hemos logrado construir en conjunto, ellos dicen que nosotras defendemos a las mujeres a capa y espada sin ver a los niños pero nosotros justamente planteamos que hay que mirar a esa niñez con perspectiva de género”, recalcó.

Asimismo, planteó que las familias “no señalaron actores concretos, sino prácticas naturalizadas institucionalmente, es importante señalar esto porque independientemente de quien esté a cargo de las instituciones, son prácticas que en el tiempo se han sostenido, es importante poder analizar cómo deberían ser”.

“Entrevistamos a tres referentes de estas familias y no han sido convocados como grupo por alguna institución. lo que pretendemos como mesa es poder generar ese nexo entre escuchar ese reclamo de las familias de derechos vulnerados, de situaciones de violencia, malos tratos y desinformación para poder canalizarlo a través de un informe a las instituciones que correspondan, considerando la posibilidad de apelar también a los organismos provinciales que están a cargo de controlar tanto a nivel judicial como del organismo de niñez a las instituciones que están actuando a nivel local”, sostuvo.

Asimismo, contó que las madres expresaron que hay “mucho impedimiento de contacto con sus hijos mientras están en los hogares convivenciales y en el marco de la cuarentena ha empeorado, lo que plantearon es la falta de información de sus hijos una vez que está en un hogar convivencial”.

“Han llegado a derivarlos a otro hogar sin comunicarles, en el contexto de cuarentena que no han podido visitar personalmente a sus hijos por las medidas sanitarias, se han enterado que sus niños han sido vinculados a otras familias anticipando posibles medidas de adopción que todavía no están formalmente tomadas, lo cual también generó este conflicto”, sostuvo.

SEGÚN FUENTES JUDICIALES

La mayoría de los manifestantes

debe esperar respuesta de la Cámara de Azul

Fuentes oficiales ampliaron información acerca de cómo se manejan las problemáticas referidas a niñez en los juzgados de Familia.

Por un lado, expusieron que la mayor parte de las madres y padres que se encuentran en la puerta del Juzgado tienen sus abogados y han apelado a la Cámara de Azul el estado de adoptabilidad de sus hijos, por lo cual es la Cámara la que debe resolver llegada a esa instancia, y no las instituciones de Tandil.

En el caso de que la Cámara revoque la adoptabilidad, se debe ir marcha atrás con la guarda, situación que las familias que tienen a los niños en guarda saben que puede suceder hasta que la adopción sea un hecho.

Asimismo, se aclaró que sólo se vincula al niño a una nueva familia con su consentimiento previo.

Y las decisiones cuentan con una mirada interdisciplinaria tanto del Servicio Local, como del equipo técnico del Juzgado, del Asesor de Incapaces e interviene el abogado de la familia y de acuerdo a la edad, también del niño.

La familia biológica tiene la posibilidad de apelar la decisión del Juzgado de Familia de Tandil y es en ese caso la Cámara de Azul la que decide.

Por otra parte, se explicó que en primer lugar se da lugar a la familia ampliada, lo cual se denomina guarda pariente y cuando es así, el Servicio Local lo solicita de ese modo.

En tanto, se pasa al estado de adaptabilidad recién cuando consideran que no hay familia biológica en condiciones de hacerse cargo de los menores.

Acampe dividido

Luego de que El Eco de Tandil publicara la información sobre la situación procesal del hombre que se encadenó al Juzgado de Familia 2, investigado por el presunto abuso sexual de una de las menores que reclama la revinculación,  las madres y padres que estaban manifestándose en el lugar se sorprendieron porque no sabían que tenía una causa penal de tal gravedad.

Al tomar conocimiento de esa situación, decidieron hablar con él del tema preocupados por la posibilidad de que se los vincule a una causa de ese tipo y el propio señalado  tomó la decisión de retirarse junto a su esposa del lugar y acampar en la puerta del Juzgado de Familia 1. Por lo cual ayer se registraron dos manifestaciones diferentes en sendos juzgados de Familia de la ciudad.

Las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio vigentes desde el 20 de marzo pasado frente al avanza del coronavirus, limitaron el funcionamiento del Poder Judicial y sus reparticiones, que debieron implementar una serie de mecanismos para adaptarse al contexto, con la posibilidad de implementar tareas de manera remota, completar ciertos trámites vía digital y a distancia.

En diálogo con el ciclo radial “Dos a las siete”, que se emite de lunes a viernes de 19 a 20 por la 104.1 Tandil FM, la titular del Juzgado de Familia 1 de Tandil, Silvia Monserrat, se refirió a este esquema excepcional, la modalidad de trabajo que habilitó la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires para atender no sólo lo urgente sino aquellas cuestiones que demandaban una resolución de la Justicia.

“Estamos haciendo lo mejor que podemos, pero creo que se está dando respuesta”, consideró la abogada.

Pese a este cuadro, la magistrada alertó sobre los casos más recurrentes durante la pandemia y ratificó que son los de violencia de género. Y planteó que, en un primer momento, este tipo de causas “bajó bastante” debido a que “mucha violencia se produce precisamente por el roce social”. Es decir que, “si víctima y victimario están en su domicilio y no trasgreden el aislamiento, es más difícil el encuentro y que se genere violencia”.

Sin embargo, sostuvo que “nos quedaban los casos más graves”, que son los del “agresor conviviente”, y en ese punto también obligó a “encontrar solución”.

Subrayó que la Provincia “está trabajando con el Ministerio de la Mujer en la Provincia” y que “bajaron las denuncias de comisaría, pero subieron los llamados a las líneas de atención disponibles. Hemos dado respuesta dentro de lo que se ha podido”.

Las medidas

A modo de contexto, la jueza realizó un repaso sobre las distintas acciones que tomó la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires frente a una medida “sorpresiva”, que obligó a ajustar los procedimientos judiciales al aislamiento social preventivo y obligatorio impuesto por el Gobierno nacional desde el 20 de marzo y que se mantendrá, en principio, hasta el próximo domingo.

En principio, el organismo bonaerense decidió priorizar la salud de los empleados, de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial y emitió una resolución en cumplimiento con el escenario que se desencadenó hace un mes y habilitó los juzgados por turno, “que es lo habitual y hay todo el año”.

En Tandil, por ejemplo, cada 15 días se rota entre las dos dependencias del fuero de familia.

En ese marco, dictaminó que “se debe trabajar las cuestiones urgentes”, en una modalidad de funcionamiento similar a la que se realiza durante las ferias. “En el Juzgado de Familia todo es urgente, lo que sucede es que la mayor urgencia es la que atendemos durante la feria, que son los procesos protectorios: violencia, salud mental, niñez vulnerada y alguna medida cautelar”, ejemplificó.

En ese sentido, se insistió en la posibilidad de habilitar el trabajo desde los hogares para evitar la movilización del personal hasta las oficinas y cumplir con lo dispuesto por el Estado nacional en medio de la pandemia por el coronavirus.

“Sabíamos que había posibilidad de trabajar remoto. Por eso pedimos a la Corte que nos habilitaran trabajo remoto, para hacer desde mi casa todo lo que puedo hacer con la computadora del Juzgado”, resaltó.

“Más allá de lo absolutamente urgente”

En cuanto al criterio para definir la actuación ante un caso urgente, Monserrat sostuvo que responde a lo que considere el magistrado. De todos modos, reconoció que, con el correr de los días y en medio de la organización de las tareas a este nuevo escenario, “empezamos a darnos cuenta que no es como una feria, que dura 30 días”, sino que se presenta como algo “imprevisible” el tiempo que pueda mantenerse esta situación.

Entonces, la mayoría de los magistrados del Fuero de Familia de la provincia coincidió en señalar que debía considerarse la posibilidad de atender y resolver aquellas cuestiones “más allá de lo absolutamente urgente”.

En esa misma se pronunció posteriormente la Corte, que solicitó que “pudiéramos avanzar en todas las cuestiones que habían quedado pendientes, como sentencias o resoluciones”.

“El Fuero de Familia siempre va delante de los otros fueros precisamente por la necesidad de la sociedad porque había cuestiones por resolver”, enfatizó Monserrat.

A modo de ejemplo citó una circunstancia que particularmente requirió atención en medio de la cuarentena y que tienen relación al régimen de comunicación establecido entre padres separados con hijos. “El menor no se podía trasladar (de un domicilio a otro), había que sacar una cautelar y decirle a uno de los progenitores que tenía la obligación de utilizar otros medios para que el otro progenitor se comunicara”, graficó.

Con funcionamiento limitado

A pesar de la posibilidad de valerse de herramientas digitales para resolver los expedientes que llegan a la oficina, la magistrada admitió que logran adaptar el funcionamiento al esquema actual, pero “no estamos trabajando al ciento por ciento”.

Según expuso, “hay muchas cuestiones que todavía tenemos que resolver”, como por ejemplo aquellas que son presenciales y que “no alcanza con hacerlo por escrito, como una entrevista, una audiencia, la entrevista con los peritos, la intervención de los consejeros”.

De todos modos, ratificó que la expectativa es apuntar a la tecnología para estos procesos. “Lo primero que hicimos fue pedirles a las comisarías que enviaran las denuncias por mail y a la víctima le comunicamos la resolución por WhatsApp”, explicó sobre una modalidad de trabajo que además contribuye en que la policía se libere de las notificaciones y se agilizaba la respuesta.

En medio de una serie de gestiones para adaptar las tareas y las dificultades a las que se afrontan para lograr una coordinación entre todos los actores involucrados, la jueza planteó que, en Tandil, “como no es una ciudad tan grande, los consejeros empezaron a comunicarse con los abogados para tratar de cualquier forma estas audiencias, por WhatsApp o por Microsoft Teams cuando lo tengamos todos en funcionamiento”.

“Cada uno de nosotros va generando de manera creativa qué podemos hacer para resolver las cuestiones urgentes”, valoró Monserrat.

Con el objetivo de interpelar a la sociedad y proponer un abordaje interdisciplinario de la violencia en el ámbito familiar, es que mañana y pasado se desarrollará el Primer Foro Abierto de Jueces del Fuero Familiar bajo el lema “La violencia familiar en perspectiva social”. A partir de las 9:30 en las instalaciones del Centro Cultural Universitario (Yrigoyen 662) profesionales de diversas competencias debatirán acerca de los complejos entramados de una violencia que permanece enquistada en los fueros más íntimos y sobre la que la Justicia debe actuar conforme a las exigencias pertinentes.

En este sentido, la titular del Juzgado de Familia 1 de Tandil y presidente de la entidad convocante, la doctora Silvia Monserrat, en diálogo con El Eco de Tandil, ofreció un mapeo de la problemática en la ciudad y explicó los límites y atribuciones con los que los jueces lidian día a día para tratar de brindar soluciones a quienes tienen vulnerados sus derechos.

Violencia que atraviesa 

-¿Qué sucede con los sistemas de violencia? Desde su perspectiva, ¿cree que ahora se producen más casos o que se visibilizan y denuncian más?

– La sociedad está un poco más violenta y nos hemos vuelto más exigentes en el sentido de que estamos menos dispuestos a aceptarla.

Tipos de violencia que en algún momento pudieron haber sido aceptadas -por ejemplo una violencia que no era física se aceptaba, (insultos, desprecios, violencia simbólica y psicológica)-, pero  somos más conscientes ahora. Un derecho humano básico es vivir bien, libre de violencias. Somos más exigentes en querer tener una mejor calidad de vida. Y también ahora hay más oportunidades para  denunciar y la persona sabe que si denuncia pone en funcionamiento un mecanismo, con nuestras virtudes y defectos. Hoy estamos más dispuestos a proteger  toda clase de víctimas y más reacios a aceptar la violencia.

-¿Cómo es el mapeo que puede trazar sobre la situación a nivel local?

-Tandil no es diferente a cualquier lugar, cuando vemos las estadísticas de la Provincia, no hay diferencia con otras localidades grandes. Antes era ajeno: “esto en mi pueblo no pasa, nos conocemos todos y nos protegemos”, se decía ante ciertos casos.

En Tandil crean el segundo Juzgado de Familia que se puso en funcionamiento el 10 de septiembre del año pasado porque la cantidad de causas que manejaba este ameritaba uno nuevo. No se puede triplicar la cantidad de agentes judiciales de un juzgado, porque el juez sigue siendo uno solo y sus funciones son indelegables. Entonces hay que crear nuevos órganos jurisdiccionales para prestar un buen servicio de Justicia.

Desde que empezamos, hace diez años, se han cuadruplicado la cantidad de casos que provienen de una denuncia por violencia familiar. A partir de la puesta en funcionamiento del Juzgado 2 estamos bien y trabajamos al día.

La eficiencia y la eficacia en los juzgados de Familia dependen enormemente de recursos ajenos, de políticas públicas y de articulación con otros sectores de la sociedad y el Estado.

Por eso apostamos por el abordaje interdisciplinario, para encontrarnos con todos los  que trabajamos en tratar de  proteger, prevenir y detectar el tema de la violencia familiar y abrir el debate para participar todos y  mejorar las intervenciones.

Las limitaciones del sistema judicial 

-¿Por qué cree que aún hoy muchas personas no confían en el sistema judicial?

-Cuando en los medios nacionales  hablan de la desconfianza en la justicia, yo tengo la plena certeza de que hablan de la Justicia Federal y especialmente de Comodoro Py. La justicia es un valor intangible, es imposible llegar a un consenso unificador.

Lo que para mí es justicia, para otro no lo es. Cuando un juez de Familia decide la cantidad de días en que un padre o madre puede tener un régimen comunicacional con su hijo, probablemente sienta que no hay justicia.  La justicia es individual, el sentimiento que yo tengo tiene que ver con mis expectativas, se ve mucho en la justicia penal.

-¿Cuáles son los límites de la Justicia ordinaria?

-La Justicia no puede todo, y en la violencia doméstica sin lugar a dudas que  no podemos todo. Podemos poner medidas cautelares de protección, pero no tenemos los recursos económicos para brindar apoyo, no está en nosotros dar un refugio, dar a las víctimas  los recursos que les tienen que dar el Estado en otros niveles.

Si la Justicia pone una orden restricción, ordena que se paguen los alimentos, dicta medidas de abrigo, pero no se cumplen con determinadas pautas, la realidad es que siempre va a haber injusticias.

Mi sensación es que la gente viene buscando algo y la enorme mayoría encuentra el resultado. Si me piden una restricción de acercamiento sabe que la van a tener, con la sola denuncia de la víctima se ordena. Cuando se produce un femicidio, lo primero que hacemos es ver si teníamos denuncias, nos llama a la  atención que muchos femicidios no tienen denuncias previas radicadas. Aún con medidas se llega a la máxima expresión que es el femicidio, no podemos garantizar el cien por ciento de la integridad. Hay victimarios que cumplen las medidas judiciales, pero también hay gente que jamás la cumple y sistemáticamente la quiebra, no respeta la autoridad.

Cuando se piden cosas más complejas, por ejemplo  se acusa a un padre de abuso sexual, ante la menor duda protegemos  e impedimos el contacto. Pero si la Justicia penal no encuentra que el delito se haya consumado, la Justicia de Familia no tiene más remedio  que fijar un régimen comunicacional. Lo hacemos protegido, asistido por un trabajador social, pero no está en mí  la posibilidad de que si el delito no se comprueba, igual apartar a ese niño o niña de ese progenitor. Siempre se espera que lo aparte, pero  tenemos el límite de que se compruebe el delito. No existe mejor garantía que el sistema judicial, no hay otra forma, con nuestras debilidades inclusive, pero los juzgados de Familia están integrados por gente con vocación de servicio y ganas de trabajar.

Menores institucionalizados 

-¿Se registran muchos casos de abuso sexual intrafamiliar en Tandil?

– A Dios gracias no hemos tenido, en el tiempo que llevo, menores embarazadas en situaciones de abuso, pero sí tuvimos y tenemos muchos casos de abuso. Se trabaja  arduamente con los adoptantes cuando los niños han sido abusados, todo proceso de vinculación adoptiva es difícil, porque hay que adaptarse y paliar el daño  producido al niño, niña o adolescente, pero el abuso  sexual tiene implicancias en muchos ámbitos, llevan esa lastimadura de por vida.

Con respecto a otros distritos, tenemos mejores indicadores en cuanto a que en 10 años que llevo no se registró  ninguna situación de abandono de bebés, creo que es porque nuestros efectores  funcionan. Tampoco vemos  niños en situación de calle, ahí trabajan las organizaciones de la sociedad civil, las ONG’S que están insertadas en la comunidad. En Tandil tenemos mejores sistemas de prevención.

-¿Cuál es la situación de los menores institucionalizados a disposición del juzgado?

-Ante un caso que lo requiera, dictamos una medida de abrigo de 180 días y bregamos porque se cumpla, pasado el plazo ese niño vuelve  a su familia de origen si se han superado las situaciones de vulnerabilidad. Si no es así, se da el resguardo a  otro miembro de la familia o a un referente afectivo, si no queda en adopción.

El plazo que se le da a la medida de abrigo obliga  al sistema de promoción a saber  que el chico no puede estar institucionalizado de por vida. No obstante, hay chicos en instituciones muchos años porque depende de dos circunstancias. Por un lado,  si es un adolescente o un niño arriba de los 10 años, sólo se puede pensar en una familia alternativa si el chico lo acepta. Si el chico no quiere no se  puede intentar un proceso de vinculación en contra de la voluntad del menor.

Y la realidad es que el perfil de los adoptantes  que desea adoptar niños grandes o adolescente es muy escaso. A ese chico  se lo mantiene en el sistema hasta los 18 años,  que es cuando cumple la mayoría de edad,  y cuando no se consigue familiar hay que trabajar el autovalidamiento, pero el Estado siga manteniendo algo  de asistencia hasta que el joven se pueda valer por sí mismo.

El primer foro abierto de jueces 

-¿De qué manera desarrollarán las actividades convocadas para este viernes y sábado?

-Será con profesionales de distintos ámbitos: psicólogos; un médico que trabaja maltrato infantil; tres expertos de violencia en  general en todos los estratos; estarán Agustina Ayllón, presidenta del Instituto de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires y abogada y una jueza de San Martín contando del nuevo programa de tobillera  electrónica para victimarios; y la doctora Claudia Portillo, que es prosecretaria de la Suprema Corte de Justicia  provincial, para hablar de las convenciones internacionales.

Es el primero encuentro abierto que se hace y está concebido así  para repensar con todos los actores sociales los múltiples abordajes de la violencia en pos de mejorar las intervenciones. Es con entrada libre y gratuita, la asistencia a los plenarios se acredita en el momento y para los talleres hay que inscribirse previamente.

-¿Qué necesidades se detectaron para propiciar la creación de un foro de jueces y sus consiguientes espacios de debate?

-El Foro de Jueces del Fuero  Familiar lo creamos como persona jurídica hace tres años, pero empezamos a trabajar mucho antes. Los primeros juzgados unipersonales en la Provincia fueron del interior y Tandil estuvo entre los 12 primeros, cumplimos el 26 de marzo la primera década.

En 2010 la presidente de la Corte Provincial convoca a los jueces de familia a una jornada por el Día de la Mujer, pero quienes estábamos en funciones ya habíamos empezado a contactarnos. La competencia era novedosa, comenzaba a aplicarse el sistema de promoción de los derechos del niño, y aparece la medida de abrigo para proteger a los niños en situación de vulnerabilidad.

Las medidas de abrigo nacen con los juzgados unipersonales y había más dudas que certezas. Entonces comenzamos a consultarnos entre jueces para intercambiar información y experiencia. Proyectamos encontrarnos en La Plata y decidimos mantener la conexión. Armamos un grupo virtual para  salvar dudas y compartir experiencias de trabajo, y después decidimos  empezar con los encuentros para vernos. Éramos poquitos y ahora somos 95 jueces unipersonales en la Provincia. El foro ha tomado la posta en defender aquellas necesidades de los juzgados, este sábado fuera de la jornada vamos a  revisar el proyecto de modificación del código de procedimientos  provincial, nos pasó cuando se modificó la ley de violencia también.