Juan Bautista Arias amplió su declaración testimonial ante la Unidad Funcional de Instrucción 16 y brindó detalles sobre las amenazas y los golpes recibidos durante un conflicto vecinal por un loteo. El hombre, que sufrió una fractura de pómulo, manifestó sentir un profundo temor por su integridad y la de su familia tras el violento episodio ocurrido en el barrio La Elena.

Ayer, Juan Bautista Arias se presentó en la sede de fiscalía, a cargo del fiscal José Marcos Eguzquiza, para brindar nuevos detalles sobre el ataque que padeció semanas atrás. Ante la auxiliar letrada María Cecilia Rimoli, el denunciante ratificó y extendió lo expuesto anteriormente en una declaración realizada mientras permanecía internado. El hecho investigado ocurrió el viernes 23 de enero, alrededor de las 14, en las inmediaciones de la calle Chimango, donde Arias fue víctima de una agresión física que le dejó graves secuelas.

Según consta en el expediente judicial al que tuvo acceso El Eco de Tandil, el conflicto se originó cuando Arias se acercó a un lote lindero a su vivienda para dialogar con quienes realizaban tareas de movimiento de suelo. El vecino pretendía manifestar su preocupación por el curso del agua, ya que consideraba que los trabajos en la esquina podrían afectar el desagote natural del terreno. En ese lugar, se entrevistó con Emilio Ferreyro, quien se presentó como uno de los dueños, y posteriormente con Juan Ignacio Corica Gutiérrez.

Lo que inició como un reclamo vecinal derivó rápidamente en una situación de extrema violencia. Arias relató que Corica Gutiérrez reaccionó de manera agresiva, tomándolo del brazo y empujándolo hacia la calle mientras le gritaba: "Flaco, ¿quién te crees que sos? Te vamos a matar". En pocos segundos, el denunciante se encontró rodeado por un grupo de entre seis y siete personas que se sumaron a las amenazas, generándole una situación de total vulnerabilidad en la vía pública.

En su declaración, el vecino profundizó sobre la mecánica del ataque y destacó que en todo momento intentó mantener la calma para evitar que la situación escalara. Sin embargo, el hostigamiento no cesó. Incluso una vecina, intervino para intentar frenar la violencia, pero fue recibida con insultos y amenazas por parte del grupo de trabajadores. "No vas a pasear a tus perros en tu vida", le habrían advertido a la mujer, según el testimonio de Arias.

La agresión física más grave se produjo momentos después, cuando Ferreyro, tras sujetar a Arias de la remera, le aplicó un fuerte golpe de puño en el pómulo. El impacto hizo que ambos perdieran el equilibrio y cayeran al suelo. Fue en ese instante donde la violencia se intensificó: el denunciante relató que, mientras estaba caído, el agresor le propinó varios cabezazos en el rostro y golpes de puño en las costillas, causándole una fractura y hematomas internos.

Arias explicó ante la funcionaria judicial que decidió no defenderse activamente para evitar que el resto de las personas presentes, que observaban la escena desde atrás, se sumaran a la golpiza. "Estaba seguro que si lo hacía me iban a matar", afirmó con crudeza en su ampliación testimonial. Una vez que el ataque cesó, el agresor regresó a la propiedad, mientras los demás involucrados continuaban amenazándolo con que lo matarían "a palos".

La víctima manifestó que el trauma del episodio persiste, especialmente porque su hija de 11 años presenció el momento en que él intentaba levantarse del suelo tras la agresión. El vecino expresó que siente que su vida corre peligro y solicitó que las medidas legales se amplíen también respecto de Corica Gutiérrez, quien participó activamente de las amenazas iniciales y el hostigamiento. Arias vinculó la violencia recibida con la actividad de una supuesta firma de loteos que opera en la zona con maquinaria pesada y vehículos sin identificación.

En el tramo final de su declaración, el denunciante señaló que la situación en el barrio La Elena se volvió tensa debido a estas obras. Mencionó que antes del ataque había visto circular camiones y maquinaria sin patente, y que incluso vecinos habían tomado fotografías de estas irregularidades. Actualmente, las tareas en la manzana en cuestión se encuentran paralizadas por disposición de la Municipalidad, lo que ha traído un alivio temporal, aunque la incertidumbre sobre la seguridad del vecindario permanece latente.

La causa, caratulada como "Ferreyro, Emilio Raúl s/Lesiones graves", continúa su curso bajo la supervisión de la fiscalía interviniente. Arias, asistido por su abogado Santiago Romay, espera que el proceso judicial avance para garantizar la protección de su familia y que se determinen las responsabilidades de todos los involucrados en la emboscada que sufrió frente a su domicilio.

Según explicó el abogado de la víctima, Santiago Romay, en diálogo con el programa de la radio de El Eco “Ultimo Bondi”, la ampliación de la denuncia fue necesaria para precisar detalles que Arias no pudo aportar en su primer testimonio debido al estado de shock y a la gravedad de sus lesiones iniciales. "Juan estaba todavía internado, muy afectado por la situación. La agresión fue salvaje", recordó el letrado, resaltando que la declaración actual permitió incorporar las amenazas de muerte que recibió tanto el vecino como otra mujer que intentó auxiliarlo.

Uno de los elementos probatorios más contundentes es un video captado por la cámara de seguridad de un vecino. Aunque inicialmente Arias se resistió a difundir las imágenes para proteger a su hija y a su familia del impacto visual, decidió hacerlo público luego de que uno de los apuntados declarara en un medio colega que había actuado en defensa propia.

“El video deja en evidencia que es un ataque a traición. Juan logra montarse sobre esta persona en un momento, pero decide dejarse caer porque ve que los otros sujetos venían hacia él. Tuvo la lucidez de pensar que, si seguía defendiéndose, lo mataban delante de su hija”, relató el abogado. En las imágenes se observa cómo, una vez que Arias está en el suelo y sin posibilidad de defensa, el agresor le propina cabezazos y golpes de puño de forma desmedida.

Para el letrado, el grado de violencia aplicado no se corresponde con una intención de meras lesiones. “Una persona de esa contextura que aplica ese tipo de agresión a alguien en el piso que no se mueve, no busca lastimar. Acá no lo mataron de casualidad”, sentenció Romay, quien adelantó que buscarán que la calificación legal se acerque a la de una tentativa de homicidio.

El parte médico de Arias es preocupante. El vecino sufrió fracturas múltiples en el macizo facial que le han hecho perder la simetría del rostro. “Es un muchacho de pómulos muy marcados y un pómulo se lo borraron a los golpes”, describió gráficamente su abogado. Actualmente, la víctima no puede ingerir alimentos sólidos debido a que tiene la mandíbula inmovilizada y debe esperar a la intervención quirúrgica programada para la semana entrante.

Más allá del daño físico inmediato, la representación legal evalúa el impacto de las secuelas permanentes y el lucro cesante, dado que Arias es un trabajador independiente que no podrá retomar sus tareas por un tiempo prolongado. Por este motivo, además de la vía penal, se iniciará un reclamo civil por daños y perjuicios contra los responsables identificados.

La situación de tensión en La Elena no terminó con la agresión física. Durante la ampliación de la denuncia, Arias manifestó que tanto él como sus vecinos se sienten amedrentados. Al ser una calle con poca salida, el movimiento de vehículos es fácilmente identificable, y han denunciado el paso constante de camionetas a marcha muy lenta frente a la vivienda de la víctima, en una clara actitud de vigilancia y hostigamiento.

Ante este escenario, la Justicia otorgó una orden de restricción de acercamiento para proteger a Juan Arias y a su grupo familiar. El abogado destacó el trato recibido por la instructora judicial y la seriedad con la que el fiscal Marcos Eguzquiza está llevando adelante la investigación.

En paralelo al carril penal, la Municipalidad de Tandil intervino en el conflicto administrativo. Tras constatarse que las obras de relleno y el loteo no cumplían con las normativas vigentes ni poseían las autorizaciones correspondientes, la administración local ordenó el cese inmediato de cualquier actividad en el predio.

Al día de la fecha, las máquinas fueron retiradas y el lugar se encuentra paralizado. Este hecho refuerza la posición de los vecinos, quienes desde un principio sostuvieron que Arias solo estaba intentando advertir sobre una irregularidad que afectaba la seguridad hídrica de toda la zona. La comunidad de La Elena permanece en alerta, esperando que el avance de la causa judicial traiga tranquilidad a un barrio que se vio sacudido por la violencia extrema.

Con asistencia de Inteligencia Artificial.

El presidente del bloque Acción Tandilense - La Libertad Avanza, Federico Sánchez Chopa, solicitó que la Municipalidad de Tandil brinde informes por escrito sobre la situación del predio de La Elena, donde un vecino resultó herido tras un hecho violento. Asimismo, el edil cuestionó las irregularidades administrativas en torno al caso Montecristo y pidió celeridad a la Justicia ante las denuncias penales que pesan sobre el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse.

"La verdad que es un tema grave, es un tema donde estaban haciendo un loteo en un lugar donde no está permitido", sentenció Sánchez Chopa, al tiempo que subrayó la necesidad de que los funcionarios públicos dejen sus explicaciones asentadas por escrito, más allá de las apreciaciones públicas.

El edil contó que fue la semana pasada cuando un grupo de vecinos de la zona de La Elena se puso en contacto con el bloque que preside para denunciar el avance de un loteo en un sector donde la normativa vigente no lo permite. Tras recibir la inquietud, Acción Tandilense - La Libertad Avanza dio intervención directa al cuerpo legislativo y logró que el tema fuera tratado durante en la comisión de Obras Públicas. Allí, se solicitó formalmente que el gobierno municipal responda cuál es la situación real de dicho predio, ante la falta de precisiones técnicas y administrativas.

El conflicto en La Elena escaló a niveles de violencia física, resultando en la internación de un vecino de Tandil que fue agredido tras acercarse al loteo a consultar sobre la situación. A pesar de que el Municipio anunció públicamente el cese de las actividades en el terreno, los vecinos volvieron a denunciar la presencia de maquinaria pesada trabajando en la zona, y una posterior nueva intervención comunal.

Desde Acción Tandilense - La Libertad Avanza remarcaron que se encuentra vigente el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) que establece límites claros sobre lo que se puede construir en las zonas protegidas. Sánchez Chopa hizo hincapié en que existen diversas ordenanzas preexistentes que deben cumplirse para preservar el entorno natural y garantizar la legalidad de los desarrollos urbanos.

En ese sentido, el concejal manifestó que el Concejo Deliberante debe adoptar una postura firme frente a los hechos de violencia, recordando que el año pasado ya ocurrió una situación similar contra un periodista, la cual no tuvo el acompañamiento de todos los bloques políticos para ser repudiada formalmente.

La preocupación del bloque opositor también se centró en la proliferación de publicidades engañosas sobre la venta de lotes y condominios. Sánchez Chopa señaló que muchas de estas figuras no están permitidas dentro de la normativa de Tandil. "Es la función del Ejecutivo poder controlar y poder intervenir frente a estas situaciones que son obviamente irregulares", afirmó el referente de la fuerza libertaria.

Sánchez Chopa hizo mención también a la situación del predio Montecristo, la cual calificó como "por demás grave". Cabe recordar, sobre este caso pesa una denuncia penal que involucra no solo al intendente Miguel Lunghi, sino también a un funcionario del gabinete municipal.

Según detalló el concejal, en la página web de la provincia de Buenos Aires que el mencionado loteo figura subdividida, lo que indicaría una situación preexistente que colisiona con las acciones municipales recientes. Sin embargo, recordó que la denuncia penal surgió a raíz de la presunta desaparición de varias fojas de un expediente administrativo donde, aparentemente, la provincia daba la razón a los propietarios originales del terreno.

"Hay un montón de cosas que no están claras y necesitamos tener claridad, sobre todo de las personas que por voto popular han tenido la posibilidad de manejar y administrar la ciudad de Tandil", sostuvo Sánchez Chopa. El concejal manifestó que existen demasiadas dudas "en el aire" y que el bloque Acción Tandilense - La Libertad Avanza busca defender el respeto irrestricto a la propiedad privada. En su visión, los derechos de dominio, ya sean adquiridos por escritura o herencia, deben ser absolutos y no pueden verse afectados por decisiones políticas discrecionales que alteren la titularidad de los bienes.

Finalmente, el legislador insistió en que la Justicia debe dar celeridad al proceso para determinar responsabilidades. Para el bloque libertario, la situación de Montecristo, sumada a los conflictos en La Elena, configuran un escenario de irregularidad administrativa que afecta la confianza de los vecinos en las instituciones. "Esperamos que la Justicia resuelva lo antes posible esta situación que es llamativa para todo Tandil", concluyó Sánchez Chopa, reafirmando que continuarán exigiendo la documentación necesaria para transparentar la gestión de tierras en el partido.

El secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Tandil, Juan Maciá Cantarelli, analizó las tensiones entre el sector privado y el Estado local respecto al cumplimiento del Plan de Desarrollo Territorial. En una entrevista con el programa "Ultimo Bondi de la radio de El Eco, el funcionario brindó detalles sobre la clausura de un loteo irregular en la zona de La Elena y calificó como "descabellada" la denuncia penal presentada contra el intendente Miguel Lunghi y el secretario Luciano Lafosse por parte de los responsables del proyecto Miradores de Montecristo.

La expansión de la mancha urbana de Tandil y el crecimiento exponencial que la ciudad evidenció en los últimos años pusieron en el centro del debate el rol de la fiscalización estatal frente a los desarrollos inmobiliarios. Durante la última semana, dos sucesos de gran impacto público y judicial reavivaron la disputa por el uso del suelo: la intervención en un loteo no autorizado en La Elena, que incluyó la agresión a un vecino, y la denuncia penal contra las máximas autoridades del Ejecutivo local.

En diálogo con El Eco de Tandil, el secretario de Legales Juan Maciá Cantarelli explicó que la gestión municipal se encuentra abocada a hacer cumplir el marco normativo vigente, en un contexto donde el interés económico suele colisionar con la planificación urbana.

Al respecto, el funcionario destacó que, si bien la inversión privada trae beneficios como la generación de puestos de trabajo, también acarrea complejidades que requieren una respuesta técnica y legal rigurosa por parte de la comuna.

El caso de La Elena cobró notoriedad tras un episodio de violencia en el que un vecino resultó brutalmente agredido tras alertar sobre movimientos de suelo sospechosos.

La Secretaría de Legal y Técnica tomó intervención luego de que se detectara un loteo irregular y la apertura material de calles sin la debida autorización de la Dirección de Vialidad. "No se puede ir y abrir una calle como si fuese propia; existe un trámite previo para que Vialidad dé cuenta de las condiciones técnicas, hidráulicas y medioambientales", precisó Cantareli.

Según la mirada comunal, los responsables del proyecto estaban realizando excavaciones de magnitud, con perforaciones de hasta tres metros de ancho por siete de largo, destinadas presuntamente a la construcción de piletas o bases estructurales.

El funcionario advirtió que la zona posee una particularidad geológica compleja, ya que a escasos metros de profundidad se encuentra una base de piedra que actúa como una "palangana" que capta el agua de napa, lo que limita severamente cualquier tipo de construcción subterránea o de gran porte.

Al decir del secretario, la normativa del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) es taxativa en este sector: se trata de un área protegida donde la potencialidad constructiva se limita a un único inmueble por manzana. Sin embargo, se detectó que el proyecto estaba siendo comercializado a través de redes sociales como un loteo fraccionado, una maniobra que vulnera el ordenamiento vigente y pone en riesgo el patrimonio de potenciales compradores. Ante esta situación, la Dirección de Obras Privadas y Defensa Civil procedieron a labrar las actas correspondientes para frenar el avance de las máquinas.

La preocupación del municipio no se agota en la infracción administrativa, sino en el impacto social de estas maniobras. Maciá Cantareli subrayó la necesidad de mejorar la comunicación institucional para alertar tanto a los ciudadanos de Tandil como a los turistas sobre la situación legal de los terrenos. "Viene gente, ve una publicación en redes, firma un boleto de compraventa entregando dinero y después se entera de que el negocio no es tal", consignó el funcionario, haciendo especial hincapié en la responsabilidad compartida entre el Estado y los profesionales del sector, como agrimensores y abogados, para no convalidar proyectos inviables.

Paralelamente al conflicto en La Elena, el Ejecutivo enfrenta una nueva embestida judicial vinculada al desarrollo denominado Miradores de Montecristo. Los impulsores de este proyecto inmobiliario radicaron una denuncia penal ante la fiscalía (recayó en el fiscal Ignacio Calonje) contra el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse.

La presentación judicial se produjo poco después de que los privados solicitaran un "pronto despacho" administrativo, un plazo de cinco días que, según Cantarelli, no existe en la ley de procedimientos vigente.

El secretario de Legal y Técnica calificó la maniobra como un acto "organizado de manera previa" con claras intenciones de escalar el conflicto a nivel mediático y nacional. La denuncia acusa a los funcionarios municipales de diversas irregularidades en el tratamiento del expediente de Miradores de Montecristo, un proyecto que ya arrastra un largo historial de litigios, incluyendo la suspensión de un magistrado local.

"Me parece algo descabellado; los funcionarios de Miguel (Lunghi), y él mismo, actuamos con honestidad y estamos tranquilos", aseguró Cantarelli.

Según su narrativa, el Municipio sostiene que no se ha cumplido con los requisitos básicos para la transmisión de dominio. De acuerdo a su mirada, el expediente sucesorio de las tierras —originalmente a nombre de Ángel María Valiente Noailles, fallecido en 1988— no presenta aún la denuncia de bienes ni la partición necesaria para avanzar en una escrituración válida. A pesar de esto, el desarrollo inmobiliario se publicitó ofreciendo escrituración inmediata, lo que motivó advertencias por parte de la Justicia civil.

La situación procesal de los terrenos de Miradores de Montecristo incluye una acción posesoria en la causa caratulada "Ramírez con Giove". En marzo del año pasado, el juez Blanc, tras la excusación de su par Zárate, dictó una resolución confirmada por la Cámara que obliga a los demandados a colocar al menos dos carteles informativos de visibilidad suficiente en el predio. Estos carteles deben informar a cualquier interesado que la posesión de los lotes se encuentra actualmente debatida judicialmente.

Cantarelli fue enfático al señalar que la justicia aún no ha resuelto la cuestión de fondo y que, mientras tanto, el Municipio debe velar por el cumplimiento de las leyes provinciales de uso del suelo, como la 8912 y la 11.723.

"Tandil ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años y hoy debemos tomar otros recaudos para pensar en la ciudad de las próximas décadas", explicó el funcionario. En este sentido, la postura del Ejecutivo es esperar los resultados del expediente y las resoluciones judiciales antes de otorgar cualquier tipo de factibilidad técnica.

Finalmente, el secretario se refirió al uso de "cámaras ocultas" y grabaciones subrepticias que formarían parte de la estrategia de los denunciantes. Según trascendió, existirían filmaciones realizadas dentro de las dependencias municipales, incluyendo conversaciones en la Secretaría de Planeamiento. Cantareli admitió haber recibido a Jorge Heter, uno de los impulsores de la denuncia, pero aclaró que el diálogo siempre se mantuvo dentro de los carriles profesionales. Para el Municipio, estas tácticas buscan presionar al poder político en medio de una disputa que es, en esencia, judicial y técnica.

Enrique Alewaerts, presidente del Centro de Martilleros de Tandil, manifestó su preocupación por el incremento de comercializaciones inmobiliarias que no respetan los indicadores del Plan de Desarrollo Territorial (PDT). La advertencia surgió tras el grave incidente en la zona de La Elena, donde un fue agredido por una persona que realizaba movimientos de suelo en un loteo cuestionado. Ante este escenario, el referente del sector instó a los compradores a verificar la documentación técnica y legal antes de concretar cualquier operación en áreas donde la subdivisión está restringida.

El titular de la institución subrayó la importancia de la prevención para evitar que el anhelo de la casa propia se transforme en un conflicto judicial de difícil resolución. En ese sentido, fue tajante al expresar la postura oficial de la entidad: "aconsejamos a la gente que tiene intención de comprar un lote que se asesore bien antes de hacer la inversión. Si no, es comprar un problema". Alewaerts puso a disposición las oficinas del Centro de Martilleros, que funciona en el horario de 9 a 14, para recibir y guiar a quienes tengan dudas sobre la legitimidad de un loteo, y explicó que muchos de estos proyectos se presentan al público bajo la atractiva modalidad de condominios con cuotas accesibles, pero que, en la práctica, ocultan subdivisiones que el marco normativo vigente no autoriza.

Según detalló, el PDT prohíbe en diversas zonas la transformación de parcelas en lotes pequeños, lo que impide que el comprador pueda realizar una escritura individual. "La realidad es que esa figura hoy no permite que compres un lote como te lo venden", explicó el martillero, quien agregó que en la mayoría de estos casos se comercializa una parte de un dominio indiviso. Esto significa que existen varios dueños de un todo, pero ninguno posee la potestad legal para aprobar planos de construcción de manera independiente.

Desde la entidad gremial advirtieron que los compradores suelen entusiasmarse por la posibilidad de entregar una suma de dinero y financiar el resto en cuotas, lo que otorga una cercanía aparente a la propiedad. Sin embargo, Alewaerts aclaró que estos proyectos suelen carecer de planos aprobados y de factibilidad técnica real. Al momento de intentar registrar una obra, los propietarios se encuentran con que la zona posee indicadores que determinan qué se puede hacer y qué no, lo cual suele bloquear cualquier intento de edificación legal si el proyecto original no fue debidamente autorizado por la Municipalidad de Tandil.

El referente de los martilleros recordó que en toda operación inmobiliaria lícita actúan diversos profesionales informados sobre las regulaciones locales, entre los que destacó a martilleros, escribanos, agrimensores y maestros mayores de obra. Para el dirigente, el proceso para detectar si un loteo es viable o no resulta "muy fácil", siempre y cuando se consulte a las fuentes idóneas antes de firmar un boleto de compraventa o una cesión de derechos. La entidad ya mantuvo conversaciones con las autoridades municipales para abordar este avance "indiscriminado" de ofertas que terminan engañando a la ciudadanía.

Asimismo, Alewaerts puso a disposición las oficinas del Centro de Martilleros para asegurar un asesoramiento. "Lo pueden hacer antes de firmar un documento, asesorarse de si ese inmueble está en condiciones de ser comprado", remarcó. La preocupación principal de la entidad radica en que los casos suelen llegar a su conocimiento una vez que la operación ya se concretó y el dinero fue entregado, momento en el cual la recuperación de la inversión se vuelve sumamente compleja.

En este contexto, el profesional diferenció estos emprendimientos irregulares de la oferta de tierra vacante que sí cumple con todos los requisitos en Tandil. Aunque reconoció que los lotes con servicios y documentación al día resultan más costosos, destacó que representan una garantía de seguridad jurídica. Alewaerts advirtió que el riesgo de comprar por fuera de la ley no solo afecta la posibilidad de construir, sino también la de vender a futuro, ya que una propiedad sin planos ni subdivisión aprobada pierde su valor de mercado y se convierte en una carga legal para los herederos.

Finalmente, el presidente del Colegio de Martilleros hizo hincapié en que invertir en la construcción de una casa implica un esfuerzo económico que no debe quedar supeditado a la suerte de una excepción administrativa. "El día de mañana vos construís, invertís un montón de plata y después no la podés vender", concluyó. La recomendación final fue clara: informarse de manera rigurosa sobre la habilitación de los desarrollos para asegurar que la inversión inmobiliaria sea, efectivamente, el inicio de una vivienda y no la adquisición de un conflicto permanente.

La Municipalidad desplegó ayer por la mañana un operativo en el barrio La Elena, ante la información del ingreso de un camión con material en el predio bajo la lupa. El secretario de Legal y Técnica se constituyó en el lugar junto a otros funcionarios para frenar tareas que carecían de permiso administrativo y que, según advirtieron, ponían en riesgo el equilibrio ambiental de una zona por encima de la cota de 220 metros del Plan de Desarrollo Territorial (PDT).

El detonante de la inspección fue el aviso sobre la presencia de un camión que descargaba escombros en un lote donde previamente se habían realizado excavaciones. "No fue material para la construcción, fue estilo escombros", precisó Maciá Cantarelli, quien explicó a El Eco de Tandil que las tareas detectadas sugerían la intención de consolidar piletas en un terreno donde el agua aflora a escasa profundidad.

Acompañaron al titular de Legal y Técnica personal de la Secretaría de Protección Ciudadana; el director general de Vialidad, Mauro Ortega; y el responsable de Defensa Civil, Jorge Giménez. El equipo municipal contó además con el auxilio de la fuerza pública, una medida preventiva adoptada tras el episodio de violencia registrado el pasado viernes, cuando un vecino de la zona fue agredido físicamente por personas vinculadas a las tareas de movimiento de tierra.

Maciá Cantarelli recordó que la Dirección de Vialidad ya había labrado una notificación previa debido a la apertura de calles sin autorización. "Para la apertura de una calle es condición sine qua non la presentación del requerimiento ante la dependencia correspondiente", subrayó el funcionario. Dicho proceso exige el cumplimiento de un instructivo técnico que incluye estudios hidráulicos y planialtimétricos, requisitos que fueron omitidos por los responsables del emprendimiento.

La notificación dejada por el personal municipal sobre una tranquera a principios de semana nunca fue retirada por los encargados del predio. "Todavía no tenemos mucha certeza de quién es el dueño del lugar; habría una serie de boletos de compraventa a los que aún no accedimos", admitió el secretario. 

Sin embargo, tras el operativo, el funcionario mantuvo un diálogo telefónico con los presuntos propietarios, quienes inicialmente argumentaron que, al tratarse de una propiedad privada, tenían potestad para realizar cualquier tipo de intervención.

Ante esta postura, la respuesta de la Municipalidad fue recordar que el sector afectado corresponde a una manzana ubicada dentro de una zona protegida por el PDT, lo que impone restricciones severas al uso del suelo. En este sentido, la normativa vigente sólo permite la construcción de una sola vivienda por lote, una realidad que choca con los proyectos de parcelamiento que habrían circulado.

El secretario informó a los presuntos dueños que la publicación de un parcelamiento en esa zona representa una irregularidad grave, ya que se ofrece un producto inmobiliario que no cuenta con el aval técnico ni legal para concretarse. "Les dije que no podían publicar eso porque prestan a confusión y podría caber algún tipo de delito en esa publicidad, que podría reputarse de engañosa", sostuvo.

La preocupación oficial radica en que potenciales compradores adquieran lotes con la expectativa de construir o subdividir, desconociendo que el PDT prohíbe tales acciones en esa área específica. En sintonía con lo manifestado recientemente por el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, el municipio ratificó que el proyecto de parcelamiento no podrá llevarse a cabo bajo las condiciones actuales.

La protección de La Elena responde a criterios técnicos de sustentabilidad y prevención de anegamientos, dado que la zona recibe caudales de agua de diversos sectores y cualquier intervención hidráulica deficiente podría afectar a todo el entorno. Esta preocupación fue la que motivó al vecino brutalmente agredido a presentarse ante los operarios de las máquinas que realizaban movimiento de tierra el viernes pasado.

Si bien la charla inicialmente tuvo una postura inquebrantable de parte de los supuestos propietarios, según señaló Maciá Cantarelli, los mismos se comprometieron a presentarse ante la Dirección de Vialidad para encauzar sus pedidos por las vías administrativas correspondientes.

No obstante, el secretario de Legal y Técnica fue claro al señalar que, por el momento, no existe autorización para el ingreso de maquinaria ni para el trazado de caminos. Cualquier avance en el terreno deberá contar con planos aprobados en Obras Privadas y estudios de impacto ambiental que cumplan con las normativas provinciales y locales.

Por el momento, el municipio mantiene la guardia alta en La Elena, a la espera de que los responsables del predio acrediten la titularidad de las tierras y presenten la documentación técnica requerida. Mientras tanto, rige la prohibición estricta de continuar con cualquier tarea de desmonte, nivelación o construcción, bajo advertencia de nuevas sanciones y acciones legales por incumplimiento de las normativas de ordenamiento territorial.

Ante la promoción y difusión pública de desarrollos inmobiliarios en distintos sectores de la ciudad, el Municipio consideró necesario alertar y advertir a la población acerca de la prohibición de urbanizar determinadas áreas del territorio alcanzadas por el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y el régimen de Paisaje Protegido vigente, aun cuando existan loteos o subdivisiones de tierras.

El PDT establece que el cordón serrano del Partido debe ser considerado una unidad de paisaje integral, sujeta a un tratamiento especial de preservación, atento a sus valores geológicos, estético-paisajísticos, hídricos, geomorfológicos, culturales e identitarios. En este sentido, estas zonas no constituyen suelo urbano ni urbanizable y cualquier intento de consolidación residencial permanente resulta incompatible con la normativa vigente.

Las sierras de Tandil cumplen además un “rol ambiental estratégico” al ser cabecera de cuenca de los principales arroyos del Partido. La alteración de su cobertura vegetal y de sus condiciones naturales “compromete de manera directa el sistema hídrico, la calidad ambiental y la calidad de vida de toda la comunidad”, razón por la cual el PDT “prioriza su preservación por sobre cualquier expectativa de urbanización”.

El Municipio recuerda que la existencia de un loteo, promoción comercial o subdivisión dominial “no habilita ni genera derechos para urbanizar o construir” y que “toda iniciativa que pretenda desarrollarse en áreas ambientalmente sensibles se encuentra sujeta a una evaluación estricta” en el marco de la normativa local y provincial.

En particular, la Ley Provincial 11.723 faculta al Estado a exigir estudios de impacto ambiental y a denegar aquellos proyectos que resulten incompatibles con la protección, conservación y restauración de los recursos naturales y del ambiente, obligación que el Municipio “hará cumplir de manera indeclinable”.

Esta comunicación tiene como objetivo brindar información “clara, evitar confusiones y prevenir situaciones de perjuicio para vecinos y potenciales compradores”, reafirmando el “compromiso del Estado local con la defensa del interés público, el cuidado del ambiente y el cumplimiento estricto del Plan de Desarrollo Territorial”.

Por ende, indicó que las personas que tengan dudas o requieran información sobre las zonas alcanzadas por el PDT y el régimen de Paisaje Protegido pueden realizar consultas al correo electrónico consultacatastro@gmail.com. 

El episodio ocurrido en los últimos días en el barrio La Elena puso en agenda un debate vinculado al crecimiento de la ciudad y a la potencialidad que presenta para la promoción de desarrollos inmobiliarios en sectores no habilitados por el marco normativo vigente.

En diálogo con el ciclo Último Bondi (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, expuso la complejidad del escenario y brindó detalles sobre la intervención del Estado ante el avance de loteos clandestinos.

Asimismo, ratificó la vigencia del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y, aunque reconoció la necesidad de implementar algunos ajustes, aseguró que deberían darse priorizando el bien común sobre los intereses particulares.

También, actualizó el estado de situación del expediente referido al desarrollo urbanístico Miradores de Montecristo, en la zona de El Centinela.

El disparador

El detonante de la intervención comunal fue un hecho de violencia del cual fue víctima un vecino el barrio La Elena, que fue atacado tras acercarse a un lote ubicado en la esquina de Chimango y Pavón donde se encontraban realizando trabajos. El hombre terminó internado en el Hospital por una serie de lesiones que incluso demandaron su ingreso al quirófano.

La Secretaría de Protección Ciudadana reportó el caso a Obras Públicas, que el lunes llevó adelante las averiguaciones correspondientes y el martes “procedimos a la clausura de los trabajos”, repasó Lafosse.

El secretario detalló que las tareas apuntaron a la apertura de calles “de manera clandestina”, aunque aclaró que si bien la normativa permite que un privado realice estas acciones bajo formatos específicos, requiere de un proyecto aprobado previamente por el Municipio.

“Las aperturas de calle tienen una importancia trascendental”, más aún en esa zona donde la topografía es “bastante compleja”, por lo que agregó que por allí “circula el excedente hídrico de los escurrimientos pluviales”. Entonces, un abordaje sin estudio puede generar “anegamientos y cambios en la escorrentía” del agua, afectando no solo el lugar, sino también las zonas situadas “aguas abajo”, advirtió el funcionario.

Sin embargo, el caso no se agotó allí. A más precisiones, dijo que detectaron que la apertura de calles era “a partir de la promoción de un loteo” de la manzana 215r que “no estaba aprobado”.

Según advirtió Lafosse, se están promocionando parcelas de entre 400 y 600 metros cuadrados en un sector donde, por el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), “la división mínima permitida es de una hectárea y media”.

Esto se debe a que la zona se encuentra por encima de la cota 220, en un área catalogada como Complementaria y Protegida. “Es una posibilidad imposible de ser aprobada”, sentenció el secretario.

La capacidad de control

De todos modos, el caso detectado en La Elena puso nuevamente el foco en la capacidad de control del Estado ante una ciudad que crece. En ese sentido, Lafosse reconoció que “tenemos una dificultad en una ciudad que crece al ritmo que lo hace Tandil. Muchas veces se hace difícil en una extensión territorial bastante grande, pero estamos alertas”, manifestó el arquitecto a cargo de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.

En esa línea, mencionó que la semana pasada se realizaron intervenciones similares en otros sectores cercanos a La Elena, donde detectaron maniobras para abrir calles sin permiso. No obstante, Lafosse admitió que muchas veces la administración corre “detrás de la situación”.

Uno de los puntos de esta dinámica refiere la aparición de construcciones clandestinas que luego derivan en eventuales conflictos, dado que, según describió, se trata de una operatoria de compra de lotes a precios menores a los de mercado. Sin embargo, cuando intentan regularizar su situación ante la Municipalidad, se encuentran con una respuesta negativa. “Les tenemos que decir que no está permitida la construcción en ese sector más que de una sola vivienda”, explicó y agregó que, “para nosotros sigue siendo una parcela sin posibilidad de dividirse, y en esa parcela solo puede haber una única vivienda”.

Para mitigar estos riesgos, la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas instó a la ciudadanía a realizar consultas previas antes de cualquier transacción inmobiliaria.

El municipio dispone de canales abiertos, como el área de Catastro en la esquina de Chacabuco y Maipú, y casillas de correo electrónico específicas (consultacatastro@gmail.com) para evacuar dudas sobre la factibilidad de construcción en determinadas zonas.

El PDT, su vigencia y el debate por la reforma

-¿Cuál es su opinión con respecto a la necesidad o no de aplicar modificaciones al PDT?

-Los planes de esas características a ciudades que tienen menor índice de crecimiento le duran 30 o 40 años. Nosotros cumplimos 20 años con el PDT y uno puede llegar a decir que existe la necesidad de profundizar o de hacer algunos cambios. De todos modos, muchas veces las principales críticas que tiene el PDT es de gente que pretende hacer una determinada cosa en favor de, por ejemplo, estas operatorias, de tratar de generar una mayor subdivisión de suelo para tener una actividad mucho más rentable. El PDT lo que viene a hacer es poner criterio y orden en todas esas voluntades de subdividir el predio en mayor cantidad de espacio para que haya un marco jurídico para todos y entonces generar condiciones de crecimiento de la ciudad. No obstante, coincido en que algunas cuestiones del PDT deben ser abordadas para modificarse. No así en términos de lo que deberían ser las líneas gruesas del PDT. Es decir, la estrategia de crecimiento, los distintos programas que se tienen. Creo que además el PDT ha generado consenso en muchas cosas, por ejemplo, en el sector hacia donde debería crecer Tandil y hacia donde no debería crecer Tandil. También tenemos un ejemplo de esta práctica de más de 20 años que lleva el PDT, 21 años puntualmente, y entonces se puede pensar en una revisión para generar algunas instancias nuevas de cambio.

-Que en todo caso esos cambios tienen que ser por el bien común y no por un bien particular…

-Exactamente. Muchas veces las críticas más fuertes vienen por los grandes poseedores de tierra o por personas que tienen una parcela que pretenden subdividir y nosotros decimos que el PDT dice que no. De todos modos, esas posibilidades tienen una referencia muy importante en lo que es el valor de la tierra. Una tierra con posibilidad de subdividirse siempre va a tener mayor potencial económico si no se puede subdividir.

-¿Cree que se vienen tiempos en los que el área será protagonista frente a intereses cruzados?

-Uno no entra a la gestión municipal con la voluntad de generar amigos; el rol que uno cumple tiene una responsabilidad y esa responsabilidad, en esta cuestión puntual, es la de preservar el marco normativo, también teniendo en claro que es una gestión de una ciudad que crece, con lo cual siempre es mucho más interesante que una ciudad que no tiene esta clase de problemas. Pero también tenemos que ser muy conscientes de la ciudad que tenemos y si permitimos hacer cosas en todos lados y no respetamos el marco normativo, corremos el riesgo, si no la cuidadnos, de perder esta ciudad que tiene la mejor calidad de vida con la que se puede contar.

“Alineados con la asamblea”

Respecto a los cuestionamientos que realizó la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras, el secretario aseguró que “hacemos cumplir el PDT” y apuntó al mecanismo que habilita los pedidos de excepción al explicar que pasan por una comisión donde participan colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y agrimensores, y que la decisión final recae en el Concejo Deliberante.

“Es un proceso absolutamente transparente”, defendió y dijo que “es la propia modalidad de gestión que propone” el marco normativo en el que “no hay lugar a que no se cumpla”.

En el caso de La Elena, “tuvimos una acción muy concreta, fuimos detrás del conflicto, se paralizaron las obras y se detectaron estos temas”, por lo que consideró que “estamos alineados con lo que plantea la asamblea de las sierras”.

El caso Montecristo: la actualidad del proyecto

En otro pasaje de la entrevista, el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, abordó detalles del desarrollo urbanístico en la zona de Montecristo, un proyecto que derivó en litigios judiciales y denuncias cruzadas, y negó que el Municipio se interponga al avance del expediente.

“La semana pasada los desarrolladores del emprendimiento urbanístico Montecristo enviaron una nota al Ejecutivo denunciando faltantes en algunos expedientes, que no se sabe de qué expedientes están hablando. Hay un expediente de apertura de calles que no fue tratado, en el que la cantidad de hojas es la misma en la que está circulando por el Ejecutivo”, repasó.

El secretario “desmintió categóricamente” estas versiones y sobre la posible obstrucción del expediente respondió que “los desarrolladores no acreditan la propiedad del predio”.

“Tenemos un proyecto de apertura de calles a nombre de determinadas personas y una sucesión a nombre de otras. Lo primero que debemos garantizar es que quien plantea una obra de estas características tenga la potestad para hacerlo”, detalló.

Recordó que se trata de un predio ubicado en Área Rural según el PDT, por encima de la cota 250 y en sectores superiores a la cota 280, donde “toda urbanización está prohibida”, y explicó que los desarrolladores argumentan que es un “loteo previo”, cuyo plano de subdivisión fue “aprobado en 1947” y que, por ese motivo, “se debería dar permiso”.