Tras conocerse los fundamentos del juicio La Huerta, donde se comprobaron y juzgaron crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad y la región, las querellas presentarán recursos para apelar en los casos por los que se dictaron absoluciones. Así ya lo hizo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) con respecto a los hechos perpretrados contra seis obreros de la empresa Loma Negra, y lo harán tanto la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia como la Fiscalía. La fecha límite para hacerlo es el próximo martes 24 de febrero.

El Eco de Tandil dialogó con Guillermo Torremare, abogado de la APDH, quien brindó precisiones sobre el recurso elevado. En el juicio La Huerta, la organización fue querellante en los casos del abogado desaparecido Carlos Alberto Moreno, por el que hubo condenas a prisión perpetua, y en el del militante comunista Jorge Cura, en el cual se comprobó la materialidad de los hechos -fue secuestrado y sometido a tormentos-, aunque los que hubieran sido condenados fallecieron durante el desarrollo del proceso judicial.

Pero además, la APDH fue querellante en lo que se conoció como tramo Loma Negra, en el que se juzgó la detención y torturas cometidas contra seis obreros de la cementera de Olavarría, quienes habían llevado a cabo un cese de tareas de una hora en protesta porque una máquina dañaba las manos de los operarios.

Por tales hechos, Julio César Tula, Roberto Jorge Casares y Edgardo Mariano Viviani fueron absueltos, ya que el Tribunal consideró que se trataron de delitos comunes porque las víctimas fueron detenidas en dependencias oficiales y tuvieron derecho a defensa. Cabe señalar, el que representó a los obreros fue el abogado laboralista Mario Giubitosi, quien posteriormente fue secuestrado, torturado y sometido  a simulacros de fusilamiento.

“La sentencia no interpretó acabadamente los hechos que fueron juzgados. Y por lo tanto, en los casos puntuales de la APDH hemos recurrido a Casación. Lo mismo están haciendo la Fiscalía y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, de modo que tenemos una mirada parecida”, explicó Torremare.

El recurso presentado a Casación por la APDH se basa en dos puntos centrales. El primero, en la solicitud para la consideración delitos de lesa humanidad los hechos cometidos contra los seis obreros de Loma Negra. El segundo, en que trate la calificación de genocidio a los crímenes juzgados.

“La del genocidio es una figura distinta a la de lesa humanidad. Consiste básicamente en querer eliminar a un grupo social, en este caso decimos que compuesto por la militancia política, social, sindical, entre otros”, explicó Torremare.

“Un genocidio persigue la destrucción de un determinado grupo humano con un propósito:  acabar con el tramado de las relaciones económicas y sociales de un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial que altere la vida del conjunto. Efectivamente así ocurrió en Argentina”, marca en el mismo sentido el recurso presentado por la APDH.

En cuanto al caso de los trabajadores de Loma Negra, fueron Walter Ignacio Peralta, Eustorgio Rodolfo Arenzo, Manuel Antunez, José Ricciardi, Andrés Staldeker y Antonio Álvarez quienes resultaron detenidos y sometidos a tormentos en julio de 1976, tras llevar a cabo una retención de tareas durante una hora, en protesta por una máquina que dañaba a los operarios.

“Ante la medida de fuerza Loma Negra S.A. denunció, acusando sabotaje, a los trabajadores en la Delegación Regional Olavarría del Ministerio de Trabajo –a cargo del Capitán del Ejército José Luis Álvarez”, señala el recurso de ala APDH. “Los trabajadores fueron considerados subversivos, ordenándose su detención por la autoridad militar, orden efectivizada por la policía provincial. Está acreditado que fueron Ernesto Caldera, Jefe de Personal de la empresa, y Bernardo Miresky, integrante de su directorio, quienes formularon la denuncia”, suma el texto.

Tras quedar detenidos, los obreros fueron trasladados a la Unidad Penal  N° 7 de Azul, “donde quedaron cautivos en el pabellón de 'extremistas' y fueron sometidos a condiciones inhumanas de detención, condiciones que deben tipificarse como tortura”, relata también el recurso de acuerdo a declaraciones de testigos en las audiencias del juicio La Huerta. “Los pusieron en celdas individuales y todos los días a las 5 de la mañana los hacían desnudar, los revisaban y los hacían bañarse con agua helada”, refiere el texto.

Sin embargo, los acusados fueron absueltos. En los fundamentos, los jueces del Tribunal consideraron que no se trató de crímenes de lesa humanidad por haberse dado las detenciones en “dependencias policiales y penitenciarias, como las que integran este acápite”, así como también que “existieron hechos punibles”, y que las víctimas contaron con la posibilidad de asignar a sus abogados defensores.

Entre los argumentos presentados en el recurso de la APDH se encuentra aquel que marca que el Tribunal no consideró que las detenciones y procesos judiciales no se dieron en el marco del estado de derecho sino en el de la dictadura que inició en marzo de 1976.

"Un procedimiento abiertamente ilegal y represivo, que comienza con una falsa denuncia empresaria y sigue con detenciones sin orden judicial y torturas a manos militares y policiales, como el sufrido por los seis obreros de Loma Negra, solo es posible en el marco del Terrorismo de Estado", señaló el abogado de la organización.

Además, las víctimas resultaron entonces enjuiciadas por la ley conocida como de “Represión de actividades Subversivas”, se los derivó a la Justicia Federal y no a la justicia ordinaria, e incluso durante la detención se las alojó en el piso al que se lo denominaba como “de los extremistas”. Quienes intervinieron en las detenciones fueron funcionarios del gobierno dictatorial, e incluso condenados posteriormente a prisión perpetua por otros casos de lesa humanidad, como el teniente coronel Ignacio Verdura y el comisario Alberto Argentino Balquinta.

“En este aspecto, es claramente una sentencia errónea y aspiramos a que sea revocada en la Cámara Federal de Casación Penal”, consideró Torremare.

En una publicación realizada desde su cuenta de X y titulada “Apuntando a la escasez de los bonos soberanos”, el presidente Javier Milei confirmó a los inversores que se pagarán los intereses de la deuda y que se harán frente el pago con organismos multilaterales “con liquidación de activos del Estado”.

De acuerdo a estimaciones oficiales publicadas por medios nacionales, el Estado Nacional debe pagar USD 5.145 millones a los organismos multilaterales (sin contar al Fondo Monetario Internacional) en el consolidado del 2026, mientras que recibirá desembolsos por un total de USD 3.328 millones. El neto, es decir, los pagos (contando amortizaciones e intereses o cargos) menos la entrada de fondos, es de USD 1.817 millones.

El FMI debe recibir pagos por USD 4.249 millones a lo largo del 2026, mientras que desembolsará USD 2.478 millones. Si se le suma el cálculo con los otros organismos internacionales, el neto que debe poner el Estado Nacional es de USD 3.588 millones.

Hay dos métodos principales que el Gobierno tiene para liquidar activos del Estado a los fines de incrementar la capacidad de pago sin alterar previsiones presupuestarias. Una de ellas son las privatizaciones y concesiones de empresas públicas, mientras que también existe la posibilidad de vender bienes inmuebles y muebles a través de las subastas públicas que realiza la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

La Agencia de Administración de Bienes del Estado que comanda Tania Yedro ya vendió 10 inmuebles que estaban en poder de organismos públicos y recaudó USD 214,7 millones. A estos 10 inmuebles se suman otros 12 próximos a ser rematados por otros USD 44,6 millones.

En total, el Estado planea vender otras 150 propiedades en subastas futuras, que aún no tienen precio base. En el organismo reconocen que no hay un número claro. “Todos los bienes los tasa el Tribunal de Tasaciones de la Nación a medida que se pone la fecha estimada de subasta”, afirmaron.

Tandil

El gobierno de Javier Milei, a través del AABE, mantiene con expectativa futura (sin plazo definido), la subasta del predio de 3.596.516,25 m² ubicado el Cuartel X del partido de Tandil, precisamente, en un amplio predio que está camino a la Base Aérea y donde funcionó, durante la última dictadura cívico militar el Centro Clandestino de Detención conocido como "La Huerta".

El predio pasó a estar como subasta futura de la AABE durante los primeros meses de gestión del presidente Milei y desató sorpresa en el ámbito local. Es que en junio de 2019 se llevó a cabo la rúbrica de la carta de intención entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Municipio y la Unicen, que oficializaba el compromiso de transferencia de tierras de propiedad nacional al Estado local, algo que nunca se efectivizó.

La cesión de las tierras implicaba un desembolso económico por parte de la Universidad y el Municipio, que deberían abonar una suma menor a la que contemplaría una tasación a valor de mercado real. Para solventarlo, el Ejecutivo iba a desprenderse de otros activos que posee.

La adquisición de ese campo, de acuerdo a lo diseñado por las autoridades municipales y de la universidad, permitirá la concreción del Polo Logístico que el Ejecutivo supo fogonear (80 hectáreas), y de una chacra experimental para la Facultad de Ciencias Veterinarias (110 hectáreas).

El mentado Polo, en tanto, incluye una playa de estacionamiento de camiones como cuestión urgente a resolver por un tema de seguridad vial; un polo agroquímico; y un centro de distribución de cargas, además de la chacra que corresponde a la Facultad de Ciencias Veterinarias.

A fines de ese año, una medida cautelar emitida por el juez federal Martín Bava para restringir las intervenciones  en el campo conocido como “La Huerta" -por tratarse de un sitio de interés judicial para investigar delitos de lesa humanidad-, frenó los proyectos del Polo Logístico municipal y la Chacra Experimental de la Unicen que se planeaban en el lugar.

Desde esa fecha a la actualidad, no se avanzó en el orden judicial y los cambios de gobierno, implicaron que el AABE haya recuperado el control de esas tierras y ahora las ofrezca como "subasta futura".

Privatizaciones

El Gobierno inició el 2026 con el anuncio de que había recibido u$s 700 millones por el proceso de privatización del control de Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, que son los complejos hidroeléctricos del Comahue.

La privatización de las cuatro centrales fue clave para que el Ejecutivo complete el paquete de dólares con que por esos días terminó un pago de USD 4.214 millones del pago de vencimientos de capital e intereses y devolvió también los más de USD 2.500 millones que había llegado a usar el canje de monedas que el Banco Central había tenido, en octubre, con el Tesoro de los Estados Unidos.

El Gobierno tiene tres privatizaciones que pueden tener resultados concretos en los próximos meses. Dos de ellas responden a privatizaciones de las empresas públicas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y Belgrano Cargas y Logística.

La delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ya lleva el nombre de Daniel Reynaldo Medina, abogado que fue secuestrado y desaparecido en Tandil, durante la última dictadura cívico militar.

Medina había defendido derechos laborales de trabajadores de Metalúrgica y presentado habeas corpus por casos de detenciones y desapariciones. Se encontraba en proceso de abrir su propio estudio personal cuando el 18 de octubre de 1976 un grupo comando ingresó en su casa de Uriburu al 1400 y lo llevó secuestrado. Su esposa Elizabeth correría la misma suerte en julio de 1978 y resultó víctima de la Masacre de Luna Roja. Ambos casos formaron parte del circuito represivo La Huerta.

“Esta es una lucha de todos los días. Los 30 mil nos faltan todos los días, y tenemos que levantarnos y convivir con eso. Creo que son importantes estas señalizaciones, porque toda persona que pase se va a interpelar, preguntar por qué está ese nombre en la placa o en una baldosa. Y quizás se pregunte o pueda investigar para saber realmente qué pasó”, expresó Simón Medina, hijo del homenajeado, poco antes del descubrimiento de la placa conmemorativa. 

A raíz de un convenio firmado entre Hijos Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Trabajo bonaerense, se llevan a cabo tres iniciativas. Denominar con nombres de desaparecidos a las diferentes delegaciones del organismo, generar instancias de charlas formativas con el personal de cada oficina, así como también con estudiantes y docentes de los Centros de Formación provinciales.

En ese marco surgió la propuesta de que la oficina de Tandil lleve el nombre de Daniel Reynaldo Medina. “La decisión que tomamos desde Hijos es empezar a intervenir en la planificación y concreción de políticas públicas, ese es el gran cambio que dimos. Sin abandonar los pedidos de juicio y castigo, pasamos a actuar y lo hacemos en articulación con el Estado, porque creemos en el Estado”, señaló Martín Moreno, de Hijos Provincia.

Del acto de descubrimiento de la placa con la que se denominó Daniel Reynaldo Medina a la oficina local del Ministerio de Trabajo participó el director regional del organismo –Ezequiel González Godoy-, junto al subsecretario provincial de Relaciones del Trabajo –Andrés Reveles-, el coordinador zonal -Raúl Calamante-, y el secretario general de la CGT Tandil, Sebastián Hidalgo. Además, estuvieron presentes integrantes de Memoria por la Vida en Democracia y de la Mesa Multisectorial por la Memoria, Verdad y Justicia, así como también el diputado nacional Rogelio Iparraguirre y otros referentes sindicales, sociales, culturales y políticos de la ciudad.

“Estaría bueno no tener que recordarlos por estar desaparecidos sino por su labor, y tenerlos hoy en día, cuando hay que reivindicar sus luchas y donde tenemos un gobierno nacional totalmente negacionista”, dijo Simón Medina al tomar la palabra.

Por su parte Reveles sumó que “cuando se hizo este convenio con Hijos, la intención fue la de reflejar las historias de cada compañera, de cada compañero, porque no solamente son un nombre, son una trayectoria y son sucesos que marcaron y que siguen marcando para nosotros inspiración. Como la vida de Reynaldo Medina, abogado, compañero que interponía recursos de habeas corpus durante la etapa más oscura, que fue algo muy parecido a lo que estamos viviendo. Un proyecto entreguista que ve como enemigo a los trabajadores organizados, que ve como enemigo a las disidencias, que ve como enemigo a toda persona que entiende que la patria es nuestra y que la tenemos que defender hasta la última gota de sangre".

El funcionario provincial concluyó considerando que “hablar de Daniel Reynaldo Medina es hablar de un compañero que ponía el pecho por las personas que estaban sufriendo y que estaban siendo perseguidas. ¿Cómo no estar acá para rendirle un homenaje? Pero si usted me pide una palabra para sintetizar al compañero Medina, era un trabajador”.

En representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Guillermo Torremare fue abogado querellante en el juicio La Huerta. No fue el primer proceso vinculado al accionar del terrorismo de Estado en el que trabajó, ya que posee una vasta experiencia en otras causas y mega-causas. 

Tras la lectura de las sentencias dialogó con El Eco de Tandil y brindó un primer balance de lo ocurrido en el Aula Magna. Si bien hizo hincapié en la necesidad de conocer los fundamentos, también sostuvo que algunas penas fueron “desproporcionadas por bajas”, y estimó que “la única posibilidad legal” para comprender las absoluciones fue que parte de los crímenes no fueron considerados de lesa humanidad, por lo que estarían prescriptos. 

Destacó que La Huerta fue un caso particular por haber sido el ámbito donde se juzgaron hechos cometidos en ciudades pequeñas o intermedias, adelantó que presentarán un recurso a Casación, y que “es imposible sustraerse a un clima de época” para analizar los fallos. Entre otros aspectos expresó que en el marco del proceso judicial se reconocieron crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base Aérea de Tandil.

“Las condenas que se hicieron, nosotros las esperábamos. De las penas menores, las que fueron de entre 5 y 10 años, esperábamos que fueran mayores. Hay un imputado que se comprobó que violó a una mujer prisionera y se le dio una pena de seis años de prisión. Esto es una pena absolutamente desproporcionada por baja. Pero nuestra sorpresa de ayer fue por la cantidad de absoluciones”, expresó.

-Por su dimensión, por su amplitud geográfica, el de La Huerta fue un juicio particular…

-Sí, esta es una de las tantas causas que hay, que es una mega causas por la cantidad de víctimas, por la cantidad de imputados, por la cantidad de hechos, por la cantidad de lugares que han funcionado como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

De modo que es una causa muy particular en ese sentido. Y que al mismo tiempo, tiene la rareza de juzgar hechos producidos, no en las grandes en las grandes ciudades del país sino en ciudades pequeñas o relativamente pequeñas.

-Si bien la etapa del juicio tomó casi tres años, fue un proceso más extenso, ¿Cómo fue ese proceso?

-Este juicio tiene más de diez años, porque hubo toda una instancia de instrucción, que se realizó ante un Juzgado Federal, y, una vez que esa instrucción estuvo concluida se pidió la elevación de la causa a juicio, que fue esta última etapa de tres años. Se realizaron inspecciones oculares a los lugares donde se cometieron los delitos, y se escucharon una gran cantidad de testigos. Después se produjeron los alegatos, y después lo que ocurrió el viernes 24, la lectura de la sentencia.

El viernes se leyó solo la parte dispositiva de las sentencias, pero el 19 de diciembre nos van a dar a conocer los fundamentos. Así que, la verdad es que hasta que conozcamos los fundamentos, es muy difícil hacer una evaluación profunda de la certeza o no de lo del veredicto que se dio a conocer ayer.

Hasta no ver los fundamentos no tenemos elementos para criticarlo abiertamente, pero sí tenemos algunas presunciones claras en función del resultado que nos permiten afirmar que es erróneo en muchas de las absoluciones.

-Hubo 8 condenas y 27 absoluciones. ¿Qué balance hacen a partir de esta decisión del tribunal?

-Las condenas que se hicieron, nosotros las esperábamos. Pero de las penas menores, las que fueron de entre 5 y 10 años, esperábamos que fueran mayores. Hay un imputado que se comprobó que violó a una mujer prisionera y se le dio una pena de seis años de prisión. Esto es una pena absolutamente desproporcionada, por baja. 

Pero nuestra sorpresa de ayer fueron la cantidad de absoluciones. Y en eso, en principio veo dos cosas. Primero, hay una parte de esas absoluciones que no las entiendo, porque yo había había visto en el proceso que de muchas de las personas absueltas fue acreditada su responsabilidad en muchos de los hechos juzgados, a través de varias declaraciones testimoniales. De modo que vamos a ver cuáles son los fundamentos, pero, en principio, hay algo que no estoy comprendiendo en su totalidad.

Y después hay otra cuestión que tiene que ver con algunas situaciones vinculadas a casos en los cuales las víctimas fueron trabajadores agremiados, denunciados por las empresas, caso Fabi, Losa, o Loma Negra. Por esas denuncias hubo participación del Ministerio de Trabajo, que estaba intervenido por militares, y a esas víctimas se las detuvo, se las torturó, se las mantuvo mucho tiempo privadas de libertad, y luego se las liberó con grave perjuicio, porque quedaron sin trabajo. La mayoría tuvo que irse de la localidad en la que vivían con sus familias y con un daño tremendo. 

Esas cuestiones, que fueron varias en esta causa La Huerta, no fueron entendidas como juicios de lesa humanidad, sino que fueron entendidas como delitos comunes, por lo que están prescriptos y por lo tanto, la única posibilidad legal es la absolución de las personas imputadas. Vamos a ver los fundamentos, pero entendemos que esto es lo que ha sucedido.

Es un error grosero que a los casos de represión a trabajadores agremiados no se los considerara como delitos de lesa humanidad sino como delitos comunes y en consecuencia se resolvió su prescripción. Esa persecución a los trabajadores fue parte del plan represivo de la dictadura.

-¿Cómo continúa esto?

-El día 19 de diciembre se darán a conocer los fundamentos. A partir de ahí, las partes tenemos diez días hábiles para presentar recursos de casación, esto es impugnar la sentencia pidiendo un resultado diferente. Eso se presenta ante la Cámara Federal de Casación Penal. Esos diez días se van a prorrogar, porque justo nos va a tocar la feria judicial del mes de enero, así que en febrero se van a estar presentando los recursos.

Obviamente, yo tengo plena certeza que vamos a recurrir esta sentencia y también entiendo que los defensores de las personas que fueron condenadas también van a recurrir intentando morigerar penas.

-Más allá del balance sobre condenas y absoluciones, el Tribunal reconoció los crímenes cometidos en Tandil y en toda la Sub Zona 12. ¿Qué lugar le otorga a ese reconocimiento? Luego de la lectura de las sentencias, algo que se escuchó fue que “en Tandil la dictadura ocurrió”…

-Sí, claro, yo no tengo ninguna duda. Una de las primeras cosas que hizo la dictadura fue parcelar el país, de manera que no hubiera un solo metro cuadrado de territorio nacional que no quedara bajo la órbita de la actuación militar.

Ese discurso inicial del presidente del Tribunal fue un explícito reconocimiento a esa violencia. Y que la verdad es que no se condice ese discurso inicial con el resultado del juicio, con las 27 absoluciones. Por eso, la primera manifestación que tuve fue de sorpresa.

-Entre otros, se comprobaron crímenes cometidos en la Base Aérea de Tandil. La cronista del Juicio, Soledad Restivo, hizo mención a ese punto en un artículo que escribió tras conocerse las sentencias…

- Efectivamente, esos hechos quedaron demostrados en el juicio y son los que justificaron dos de las peticiones perpetuas, a Valdecantos y Martínez Salgado.

Estas fueron las primeras veces que se juzgaron los hechos ahí ocurridos. Se juzgaron y se llegó a las máximas condenas. Así que, en definitiva lo que ocurrió fue precisamente el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad en la Base Aérea.

-Con respecto a las sentencias, ¿Qué lugar le corresponde al “clima de época”, al “clima político”?

- Es imposible sustraerse a un clima de época en el cual los máximos gobernantes, y hablo del presidente y la vicepresidenta de la Nación, tienen reiteradamente expresiones negacionistas. No obstante eso, yo creo que esas expresiones no son compartidas por la inmensa mayoría de la sociedad argentina.

-La justicia es otro poder...

-La justicia es un poder del Estado que está compuesto por magistrados probos y honestos, y otros que son más sensibles a estos vientos políticos. No obstante, hasta no ver los fundamentos de la sentencia no voy a tener expresiones que permitan presumir que los magistrados se han dejado llevar por estos por estos vientos políticos o por este clima de época que existe.

El Centro Cultural Universitario (CCU) reunió a agrupaciones de derechos humanos, estudiantiles y sindicales, en el marco de la histórica audiencia 104 del Juicio La Huerta, con la lectura de la sentencia. En un clima de profundo respeto y con nutrida concurrencia, los asistentes pasaron de la celebración de las primeras condenas por delitos de lesa humanidad a la desazón por la gran cantidad de absoluciones que dictaminó el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

El encuentro comenzó a tomar forma durante la mañana, con una muestra fotográfica, de afiches y material de archivo, un interesante recorrido por las actividades desarrolladas por el área de Derechos Humanos de la Unicen.

En el gimnasio se dispuso una pantalla gigante y también sillas, pero además algunas agrupaciones se instalaron en las tribunas. Pasadas las 11, comenzaron a llegar personas, algunas desde localidades cercanas y con fuerte presencia de vecinos de Azul.

Debajo del escenario, las fotos de los desaparecidos traían al contexto actual las historias de lucha por justicia frente al terrorismo ejercido por el Estado en la última dictadura cívico militar. En los muros y otros sectores del gimnasio, se instalaron las banderas de Memoria por la Vida en Democracia, de Adultos Mayores en Lucha –Amalu-, Comisión de Derechos Humanos del Instituto 2 de Azul, Suteba, ATE Tandil y Juárez, el Instituto de Formación Docente y Técnica 10 –exISER-, Movimiento Evita, entre otras.

Entre el público se encontraban integrantes de Historias Desobedientes Argentinas, organización que nuclea a hijos y familiares de genocidas que se rebelaron del mandato de sus padres y desde hace años acompañan a las víctimas.

Muchos de los presentes lucían los pañuelos blancos con la impresión, en letras rojas o negras, del contundente Nunca Más, mientras que otros se identificaban con remeras de agrupaciones políticas de estudiantes, de movimientos sociales y sindicales.

Desde la primera fila, acompañaron los concejales de Unión por la Patria, Darío Méndez y Nicolás Carrillo, quienes aguardaron el inicio de la lectura y luego se trasladaron a Pinto y Chacabuco, donde se sumaron Severiano Mon y el diputado nacional Rogelio Iparraguirre.

Mientras tanto, en la planta alta del CCU, los estudiantes secundarios del programa Escuelas con Memoria colmaron la sala del cine Incaa Unicen para vivenciar la lectura de la sentencia en el marco de la megacausa Sub Zona 12. 

Minutos antes de la sentencia, los asistentes recorrieron las muestras ubicadas en el Salón de los Espejos y el hall del CCU. Además, compartieron una producción audiovisual de Abra TV, con una línea de tiempo que dimensionó el juicio iniciado el 25 de febrero de 2022 y cerrado ayer, tras 104 audiencias.

Al comenzar la transmisión de la lectura, se congregaron todas las personas frente a la pantalla, en una tensa espera por la suerte de los 31 procesados y juzgados.

Las condenas a perpetua de Héctor Emilio Martínez Salgado, Román Valdecantos, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret provocaron la reacción espontánea de los militantes, con cerrados aplausos tras la consecución de justicia.

Sin celebraciones, vivenciaron las penas a Carlos Martín Luzuriaga, a 10 años y 6 meses de prisión; a Roberto Jorge Casares, a 6 años; a Luis Alberto Benítez, a 6 años y 9 meses de prisión; y a José Luis Álvarez, a 5 años de cárcel. En todos los casos se sumó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En tanto, en el tramo final de la sentencia llegaron las numerosas absoluciones, tanto por extinción de delitos, como por no haberse realizado acusaciones y por falta de pruebas.

Tras el final, marcado por la frase “el juicio ha concluido”, los asistentes se levantaron de sus sillas, tomaron de ambos extremos los pañuelos del Nunca Más y comenzaron a cantar “Olé, olé, olé, olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

Y antes de partir en movilización hacia el Rectorado, saludaron a los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos “presentes, ahora y siempre”.

Camino al Rectorado, en silencio y bajo una llovizna, los militantes de agrupaciones de Derechos Humanos se manifestaban ansiosos por conocer las repercusiones de la sentencia que tuvo un saldo inesperado en relación a la gran cantidad de enjuiciados absueltos.

Ya en la esquina, familiares de desaparecidos de Tandil daban cuenta de un cambio en el momento político y ponían como ejemplo un falló de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se conoció ayer, que extendió las prisiones preventivas a imputados por delitos de lesa humanidad.

Como muestra de los cambios de humor en el Poder Judicial a partir del contexto político actual, informaron que hay 75 causas de lesa humanidad elevadas a juicio que esperan por su debate y que en los 10 juicios que efectivamente se están desarrollando, se realiza un promedio de 8 audiencias por semana.

En ese marco, cobró más fuerza el testimonio de una sobreviviente de Azul que lleva 47 años luchando por justicia y que había llegado a Tandil para acompañar el cierre del Juicio La Huerta. Como paradoja, contó que el acusado por su caso murió sin ser juzgado.

Luego de casi 3 años de proceso, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladó a la ciudad para realizar la lectura de las sentencias del Juicio La Huerta. Tras reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la región durante la última dictadura, los jueces dictaron 8 condenas y 27 absoluciones. Las víctimas manifestaron desazón por las absoluciones, pero destacaron el acompañamiento de gran parte de la ciudadanía y aseguraron que continuarán trabajando por memoria, verdad y justicia. Los fundamentos se conocerán el próximo 19 de diciembre. Hubo menciones al “clima político” con respecto al tenor de lo resuelto por el Tribunal.

“Tuve la satisfacción de que me reconocieran que dije la verdad, que contra mí se cometió un delito de lesa humanidad, y que fuimos víctimas. Veo en general con desazón la cantidad de absoluciones, pero también hay que tener en cuenta que hubo perpetuas. Pero me quedo con la satisfacción que hemos tenido en todo este camino del juicio, el apoyo de gran parte del pueblo de Tandil, los abrazos, el cariño, el reconocimiento, la juventud movilizada por memoria, verdad y justicia”, expresó María del Carmen Silva, víctima que estuvo detenida en La Huerta y quien fue una de las primeras testigo que tuvo la causa.

Dentro del Aula Magna, donde se llevó a cabo la audiencia, algunas de las víctimas y familiares de víctimas concurrieron con fotografías de sus seres queridos detenidos desaparecidos. Tal fue el caso de Cecilia Traficante, quien ubicó la pancarta con la imagen de su hermana en una de las sillas, ocupando el lugar de una asistente más. Cecilia continúa buscando a su sobrina o sobrino, ya que su hermana estaba embarazada de cuatro meses cuando fue secuestrada en el Hotel Turista, a metros del Parque Independencia, en junio de 1977.

Su misma mirada, los mismos gestos de abrazos y acompañamiento de parte de sus allegados y compañeros también pudieron observarse en otros de los familiares y víctimas presentes, como Simón Medina, Alfredo Tangorra, María Rosa Toncovich, y tantos otros y otras.

En el juicio se juzgaron crímenes cometidos en lo que se conoció como Sub Zona 12 y abarcó tanto al predio de La Huerta como al exISER, la Quinta de los Méndez, la Base Aérea, la Comisaría 1ra y la Comisaría 2da de Tandil, así como también la Delegación de la PFA, la Unidad Regional IX, la Unidad Penal N° 7,  y la Ex Estación del Ferrocarril – Jardín Maternal de Azul, la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, la comisaría Las Flores y la comisaría de Olavarría.

Poco después de las 12 los jueces Nicolás Toselli, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Sabrina Namer ingresaron en el Aula Magna, que estaba colmada de público. Además de víctimas y familiares hubo autoridades universitarias, integrantes de organismos de Derechos Humanos, y representantes del peronismo local –Rogelio Iparraguirre, Darío Méndez, Severiano Mon, Nélida Sereno y Federico Martínez-, pero también del radicalismo –Julio Elichiribehety, Guillermina Cadona y Cristian Cisneros-. 

Estuvo además Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, e hijo del detenido desaparecido Carlos Moreno. Tal como fue en el caso por el crimen de su padre, en La Huerta se juzgó a Emilio y Julio Méndez. Aunque solo este último llegó con vida al cierre del proceso, y finalmente resultó absuelto.

Fue el juez Toselli quien tomó la palabra para agradecer a todas las partes implicadas en el juicio, y en particular a la Unicen y su área de Derechos Humanos por el trabajo realizado para la retransmisión de las audiencias. 

En nombre del Tribunal recordó que el Juicio La Huerta implicó delitos cometidos no solo en Tandil sino también en Olavarría, Ayacucho, Azul, Roque Pérez, Las Flores y Rauch, y destacó la labor que llevaron a cabo en pos de constituirse en los sitios de los hechos a partir de inspecciones a comisarías y centros clandestinos de detención. “Con el mismo espíritu, creemos esencial dar a conocer el veredicto en esta ciudad, reconociendo la importancia que ello tiene para la comunidad”, planteó.

Señaló además que el juicio implicó 15 elevaciones parciales por casos que damnificaron a 162 víctimas, y por los que hubo 35 imputados entre miembros de las Fuerzas Armadas, efectivos policiales, del Servicio Penitenciario Bonaerense y civiles. También que se realizaron 104 audiencias por las que pasaron más de 200 testimonios, y mencionó que no fue tarea fácil llevar adelante un proceso de tal dimensión, por su amplitud geográfica y la complejidad de su objeto procesal.

Pero el punto central de lo expresado por el Tribunal estuvo marcado por el reconocimiento de los crímenes cometidos en Tandil y la región. “Declarar que los hechos motivo del proceso, con la salvedad de los abarcados en el apartado XII constituyen delitos de lesa humanidad, y por tal resultan imprescriptibles, rechazándose en consecuencia los planteos de extinción de la acción penal por prescripción interpuestos por las defensas”, manifestaron, para luego remarcar que gran parte de los hechos “ocurrieron en el marco del plan sistemático de represión ilegal”.

Si bien a fines de noviembre de 2024 la Fiscalía había solicitado 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 4 años y 4 absoluciones, el Tribunal Oral Federal dictaminó finalmente 8 condenas y 27 absoluciones.

En concreto, Héctor Emilio Martínez Salgado –de la Fuerza Aérea- fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación perpetua por haber sido hallado hallado coautor penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada en perjuicio de perseguidos políticos, en el caso de la víctima Eduardo Santellán. Además fue condenado como coautor de la privación ilegítima de la libertad agravada y partícipe necesario del homicidio en el caso de la víctima Pedro Mazzochi. Por los mismos crímenes recibió prisión perpetua Román Valdecantos, quien también integró la Fuerza Aérea. Cabe mencionar, algunos de los condenados a perpetua resultaron absueltos en otras casos por los que habían sido acusados.

Osvaldo Héctor Repetto –del Ejército-, fue condenado a prisión perpetua por haber sido encontrado coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad agravada, privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormentos agravada y partícipe necesario del homicidio calificado -cometido con alevosía y concurso premeditado-, en el caso de la víctima Daniel Medina.

Alejandro Guillermo Duret –quien fuera coronel del Ejército y ex oficial de Inteligencia- recibió prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser hallado coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad simple y agravada, tormentos agravados y homicidio doblemente calificado en perjuicio de las víctimas Alfredo Thomas y José Luis Musmeci, ambos soldados conscriptos de la ciudad de Azul.

Por su parte Carlos Martín Luzuriaga -exjefe de Inteligencia del Área 123-, recibió diez años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por haber sido hallado coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad agravada, privación ilegal de la libertad doblemente agravada, e imposición de tormentos agravada.

Roberto Jorge Casares –también del Ejército-, recibió seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por ser coautor penalmente responsable del delito de violación agravada por el uso de la fuerza e intimidación, en perjuicio de la víctima Lidia Gutiérrez.

Luis Ernesto Benítez –quien se desempeñaba en el área de Sanidad del Ejército-, recibió seis años y nueve meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por ser coautor penalmente responsable del delito de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político.

José Luis Álvarez –capitán del Ejército-, fue condenado a cinco años de prisión e  inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, por el delito de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político, en perjuicio de la víctima Mario Gubitosi. Se dispuso su libertad en atención al tiempo que llevaba detenido, siempre que no mediara otra orden restrictiva.

Del resto de los acusados, parte resultaron absueltos por considerarse la extinción del hecho penal. Tal fue el caso de Julio César Tula, Edgardo Mariano Viviani y Héctor Rubén Rinaldi. Pero también resultaron absueltos Raúl Omar Carlucho, Francisco Oscar Sarmiento, Norberto Luis Ferreras, Pedro Juan Aguirre -estos por “no haberse formulado acusación al respecto”-, y Héctor Alberto Mangudo, Alberto Joaquín Monge, Jorge Aníbal Tolosa, Juan Manuel Miller, Julio Manuel Méndez, Eduardo Augusto Samyn, Horacio Ricardo Barriola, Américo Fernando Ferrer, Néstor Omar Vapore, Juan Manuel Durante, Luis Ignacio Gómez Centurión, Raúl Andrés Ara, Ricardo Edmundo Arce, Gustavo José Cáceres, Daniel Ceresoli, Guillermo Prieto, José María Bruzzone, Miguel Ángel Buezas, Jorge Pedro Cinalli y Enrique Carlos Vitale, por “los hechos traidos a juicio”.

Tras la lectura, que terminó pasadas las 12:30, el juez Toselli finalizó expresando “señoras y señores, el juicio ha concluido. Buenas tardes”.

Concluida la lectura de las sentencias, los presentes levantaron los pañuelos con la leyenda “Nunca Más”, y cantaron “como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Luego sumaron “30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre”.

Hubo lágrimas, abrazos, saludos, y sensaciones encontradas entre la emoción y la satisfacción por todo el proceso realizado –movilizaciones, pedidos porque la lectura del veredicto se haga en la ciudad, actividades de visibilización del juicio, propuestas con escuelas secundarias, jornadas de limpieza en el centro clandestino de detención La Huerta y tantas otras iniciativas-, pero amargura por la gran cantidad de absoluciones determinadas por el Tribunal.

En diálogo con El Eco de Tandil, tanto organismos de Derechos Humanos de la ciudad y familiares como víctimas de crímenes de lesa humanidad transmitieron que las querellas apelarán parte de lo resuelto por los jueces, en particular las absoluciones. Sin embargo, un paso fundamental en ese sentido será conocer los fundamentos de los jueces, que se harán públicos el próximo 19 de diciembre.

“No vamos a bajar los brazos. En Tandil la dictadura sucedió, y tuvo responsables. Pero traer a la memoria lo que pasó a los estudiantes, trabajadores, sindicalistas o militantes que sufrieron el terrorismo de Estado nos permite poner en valor sus luchas, sobre todo para entender el presente”, expresó María Nazábal, coordinadora del área de Derechos Humanos de la Unicen, espacio clave en el desarrollo del juicio.

Nazabal hizo mención a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que “fue en sintonía con una política que tiene la Corte de no condenar a los civiles partícipes de la dictadura, que va en sintonía con un Poder Ejecutivo cuya vicepresidenta manifiesta la reivindicación de la dictadura o el negacionismo respecto de lo sucedido”, según agregó.

Referente de Memoria por la Vida en Democracia, hermana de Mario y Ángel y cuñada de Silvia Miguens –detenidos desaparecidos-, Petra Marzocca dialogó con El Eco de Tandil apenas minutos después de la lectura de las sentencias.

“Es una justicia incompleta y vamos apelar algunos fallos”, expresó, para luego agregar que “esperábamos que la sentencia fuera suave, han dado a los máximos responsables perpetua, pero queda toda una camada intermedia que intervino, secuestró y torturó”.

La mencionada Cecilia Traficante sostuvo también que concurrió con “otra expectativa” y que de su parte esperaba la condena a los acusados. “Al responsable de lo de mi hermana y mi cuñado no pudieron condenarlo porque murió el año pasado, pero toda la gente que está acá es como mi familia”, manifestó para luego agregar que “seguimos buscando al bebé de mi hermana, y seguimos luchando porque esto no tiene que volver pasar”.

Alfredo Tangorra fue víctima de secuestro en La Huerta, primo de los mencionados Mario y Ángel Marzocca, y uno de los querellantes particulares del juicio. Tras escuchar la sentencia recordó el camino recorrido en materia de memoria y derechos humanos desde la recuperación de la democracia a la fecha, pero señaló que los acusados por su detención “quedaron libres y por lo tanto, es muy probable que me los pueda cruzar en una esquina de Tandil en cualquier momento”.

Tangorra manifestó que “es una sensación agridulce que me queda, porque en realidad estos tipos tienen que tener no solo prisión domiciliaria, sino que tienen que tener prisión efectiva, y, lamentablemente quedaron absueltos”.

Anahí Marocchi –hermana del detenido desaparecido Omar Marocchi y referente de Memoria por la Vida en Democracia-, consideró que “esta condena tiene aspectos importantes, condenas esperables como por ejemplo la de Duret. Pero hay una cantidad de absoluciones y duelen muchísimo porque tocan casos de la región”.

Planteó que “es un momento difícil, pero tendremos el recurso de apelación. Nunca se han bajado los brazos en décadas, y no es el momento de hacerlo ahora”.

El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, estuvo presente durante la lectura de la sentencia del juicio de La Huerta.

Al funcionario, que participó en calidad de representante del Estado provincial –la Subsecretaría forma parte como querellante en estos juicios y brinda acompañamiento a los testigos que prestan declaración- este caso lo toca de cerca por motivos más personales: su padre, el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, fue secuestrado en Olavarría y asesinado en mayo 1977 en el centro clandestino de detención conocido como la Quinta de los Méndez, que funcionó también en esta ciudad.

Entrevistado por El Eco de Tandil tras conocerse la sentencia, Moreno aseguró que con el juicio cuya sentencia se conoció ayer quedó demostrado el accionar de las fuerzas represivas de la dictadura en la zona centro de la provincia de Buenos Aires y destacó, sobre todo, “el consenso social que hay en nuestro país acerca del Nunca Más”.

“Más allá del veredicto del tribunal -que fueron ocho condenas entre las cuales hay cadenas perpetuas y penas de diferentes años- y de que en términos jurídicos las querellas apelarán las absoluciones, me parece que lo que quedó demostrado es el accionar de la última dictadura cívico-militar en la zona centro de la provincia de Buenos Aires”, manifestó.

“Luego habrá que ver en términos más jurídicos la cantidad de pruebas que hay para las condenas y las absoluciones de aquellos implicados, pero que el tribunal dictaminó que eran crímenes de lesa humanidad”, agregó.

Asimismo resaltó “los testimonios y el compromiso de los sobrevivientes que no hacen más que reforzar lo que pasó en nuestro país y sobre todo también reforzar el consenso social acerca del Nunca Más”.

En este punto, el subsecretario provincial se refirió al contexto político y social nacional en el que se dictó la sentencia. “Tenemos una Corte Suprema que está dictaminando fallos muy controvertidos que no se ajustan a derecho”, consideró.

Y apuntó directamente contra el Ejecutivo que conduce Javier Milei. “En cuanto al clima político, estamos ante la presencia de un Gobierno nacional totalmente negacionista. Tenemos una vicepresidenta, Victoria Villarruel, que directamente reivindica la última dictadura militar”, afirmó Moreno.

De todas maneras apeló al peso de la historia y al fortalecimiento de la memoria colectiva, gracias en gran medida al trabajo de las organizaciones de derechos humanos, y reiteró que “hay consensos sociales que ya están arraigados en la conciencia colectiva y yo creo que, por más negacionismo que haya por parte del Gobierno nacional, es imposible ir contra la historia”.

“Y eso se ve no solamente en cada proceso por delitos de lesa humanidad, como éste que acaba de concluir, sino también cada vez que se recuerda y se repudia lo que sucedió el 24 de marzo de 1976”,   remarcó.

Secuestro y muerte de Carlos Moreno

Matías Moreno era muy pequeño cuando su padre fue secuestrado y asesinado por las fuerzas represivas del Estado en 1977. 

El caso ya fue juzgado y marcó un antes y un después en el país porque significó la primera condena a civiles por delitos de lesa humanidad: los hermanos Emilio y Julio Méndez, propietarios de la quinta en la que se mantuvo cautivo a Carlos Moreno, fueron condenados a prisión en 2012, pero luego absueltos en 2020.

Ayer, Moreno aclaró que en La Huerta “no se juzgó lo que sucedió con mi padre sino que se juzgó a cuatro personas que testimoniaron haber estado en el centro clandestino de detención Quinta de los Méndez un año antes de que estuviera mi padre”.

El funcionario recordó además la última decisión de la Justicia en cuanto a la participación de los Méndez y dijo que “ahí se priorizó lo que había fallado Casación, esta cuestión tan inexplicable que tiene que ver con que los hermanos Méndez desconocían que en su casa-quinta funcionaba un centro clandestino de detención”.

Contra esa versión esgrimida en su momento por los acusados, Moreno sostuvo sin dudarlo que “ellos no podían no saber que ahí funcionaba un centro clandestino de detención porque sabemos muy bien cuál era la dinámica de esa quinta durante el año ’77: ellos pagaban el teléfono y cortaban el pasto”.

“De hecho –añadió-, dos días después de lo de mi padre, el juez (Carlos) Pagliere allanó ese lugar y se encontraron vendas con sangre, camastros y elementos de picana. Emilio Méndez se apersonó justamente esa noche en esa quinta, con lo cual este beneficio que le otorgó la Corte Suprema bajo el principio procesal de ‘in dubio pro reo’ –en caso de duda se beneficia al sospechado-, que sostiene que durante esos cuatro días los hermanos Méndez podían no saber que su inmueble era utilizado como un centro clandestino de detención, es muy poco creíble”.

“Sabemos muy bien la incidencia que estos personajes tenían durante la última dictadura cívico-militar en la sociedad de Tandil. Así que seguiremos apelando contra esta visión que dice que ellos no sabían”, aseguró. Y concluyó: “Y, sobre todo, atendiendo a que hubo cuatro testimonios de sobrevivientes que, estando vendados y torturados, reconocieron como un posible lugar también a la Quinta de los Méndez”.

Este viernes se leyó la sentencia en el Aula Magna del Rectorado de la Unicen del Juicio La Huerta que llevó casi 3 años de proceso y en donde se realizaron más de 100 audiencias por las que pasaron 213 testigos.

En el mismo se juzgó la participación y responsabilidad de 35 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la zona durante la última dictadura cívico militar.

En total, fueron 8 los condenados y 27 los que recibieron absolución por parte del Tribunal. 

Este viernes se leyó la sentencia en el Aula Magna del Rectorado de la Unicen del Juicio La Huerta que llevó casi 3 años de proceso y en donde se realizaron más de 100 audiencias por las que pasaron 213 testigos.

En el mismo se juzgó la participación y responsabilidad de 35 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la zona durante la última dictadura cívico militar.

Al comenzar la lectura en una repleta Aula Magna que contaba con medidas de seguridad por la sensibilidad de la mega-causa, el juzgado, compuesto por los jueces  Nicolás Toselli, Sabrina Namer y Fernando Machado Pelloni, declaró “que los hechos motivos del proceso constituyen delitos de lesa humanidad y por tanto resultan imprescriptibles”.

El circuito que se juzgó incluyó: La Huerta, I.S.E.R., Quinta de los Mendez, Base Aérea, Comisaría 1ra, Comisaría 2da de Tandil;  la Delegación de la PFA, Unidad Regional IX, Unidad Penal N° 7, Ex Estación del Ferrocarril – Jardín Maternal de Azul; Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, Comisaría Las Flores y la Comisaría de Olavarría.

Las víctimas, en su mayoría, provenían de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata.

Sentencias

Al momento de las sentencia, el juzgado procedió a la lectura, indicando previamente que el 19 de diciembre se conocerán los fundamentos finales de la decisión.

Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Duret fueron condenados a prisión perpetua.

Carlos Martín Luzuriaga fue condenado a 10 años de prisión. Roberto Jorge Casares y Luis Ernesto Benítez a 6 años de prisión. En tanto, José Luis Álvarez recibió una pena de 5 años de prisión.

En total, fueron 8 los condenados y 27 los que recibieron absolución por parte del Tribunal. En desarrollo

Desde la Mesa Multisectorial por la Memoria, la Verdad y la Justicia invitaron a vecinos y vecinas de Tandil a presenciar la lectura de la sentencia del Juicio La Huerta, que tendrá lugar el viernes 24 de octubre a partir de las 12 en el Aula Magna de la Unicen. Quienes quieran acercarse, podrán hacerlo a la esquina de Pinto y Chacabuco, donde se colocará una pantalla gigante en la que se retransmitirá la audiencia. En el caso de mal clima, dicha actividad se realizará en el gimnasio del Centro Cultural Universitario.

“La idea es que quede una huella profunda en la memoria de de la sociedad de Tandil y de la región, de la gravedad de los hechos que ocurrieron a partir de que este grupo de de militares y civiles hayan tomado el poder por asalto y hayan puesto todo el engranaje del Estado al servicio de atemorizar, aterrorizar a la población, porque era la única manera que un pueblo como el pueblo argentino, un pueblo educado, organizado, politizado, consciente de sus derechos, aceptara el saqueo que se habían propuesto venir a hacer de nuestra patria”, transmitieron integrantes de la Mesa.

Tras un sostenido reclamo, actividades de visibilización y la cobertura de cada una de las audiencias, el pedido de la Mesa Multisectorial se hizo realidad y los jueces del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladarán a Tandil para leer la sentencia. El Juicio La Huerta lleva casi 3 años de proceso, donde se llevaron a cabo más de 100 audiencias por las que pasaron 213 testigos. En el mismo se juzga la participación y responsabilidad de 35 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la zona durante la última dictadura cívico militar.

Vecinos y vecinas que forman parte de la Mesa Multisectorial -ex detenidos y detenidas, familiares, universitarios, docentes, jóvenes y particulares, entre otros-, citaron a una conferencia de prensa de cara a la lectura de la sentencia con el fin de “visibilizar la importancia del juicio que venimos realmente esperando desde tantos años y que se pudo concretar a pesar de del tiempo y de las dificultades, y el valorar que la sentencia sea en la ciudad de Tandil, por lo que ha trabajado la Mesa y otros actores durante tanto tiempo. Fue el lugar donde se dieron los hechos, la zona, la región y hay que rescatar eso para la memoria colectiva que la ciudad tenga conocimiento, conciencia de lo que se vivió hace tantos años atrás”, de acuerdo a lo que señalaron.

Desde la Mesa Intersectorial destacaron el rol de la Unicen en todo el proceso del juicio, ya que “todo lo que ocurrió tuvo un respaldo en recursos humanos, en recursos de infraestructura, en recursos también de conocimiento y de construcción de conocimiento, así como del trabajo los medios públicos universitarios”, en particular en el registro y difusión de cada una de las audiencias realizadas al momento.

Invitaron a la comunidad en general a presenciar la lectura de la sentencia y marcaron que “para la Mesa es muy satisfactorio que, en el marco de políticas nacionales vinculadas con el negacionismo, el refinanciamiento de las políticas de justicia y la destrucción de patrimonio muy importante en materia de derechos humanos, que Tandil dé un paso al frente esta semana, culminando con la lectura de las sentencias en la ciudad”.

Plantearon que Tandil no fue la excepción en cuanto a los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico militar. “Los responsables de de esos hechos gravísimos tienen nombre y apellido, y los que han llegado con vida y en condiciones de ser juzgados van a escuchar la sentencia que les corresponda. Han sido juzgados con leyes anteriores al hecho del delito cometido, con todas las garantías procesales que tiene cualquier acusado, cualquier delincuente, con todo el respeto hacia ellos por parte de los jueces”, indicaron.

Manifestaron además que los acusados “se presentan como abuelitos venerables, amados por su barrio y por su familia, y que son perseguidos políticos, pero sabemos que ellos fueron los responsables de esas aberraciones, ellos entraban en los centros de detención como si fueran dioses, diciéndonos, `Ahora teneme miedo a mí, yo soy dios y soy el dueño de tu vida`, y todas esas barbaridades que le decían a gente atemorizada, encapuchada, porque ni cara teníamos, ellos no nos veían ni las caras, encadenados, en un estado total de vulnerabilidad física y psicológica. Como son crímenes de lesa humanidad, no prescriben, porque son tan dañinos que lesionaron a a la dignidad humana misma y pueden ser juzgados en cualquier tiempo y lugar del planeta, ahora tienen que estar acá y y recibir el peso de la ley”, concluyeron.

Grilla completa de actividades camino a la sentencia

Jueves 23

Festival por la Memoria. A partir de las 18 en Pinto y Chacabuco. Bandas locales y el cierre a cargo de Facón. En el caso de mal clima se traslada al gimnasio del CCU.

Viernes 24

10 a 12 - Pinto y Chacabuco

Transmisión especial entre Abra UNICEN y Radio Universidad a través de streaming en el canal de Abra TV y el canal de YouTube de Radio Universidad UNICEN.

Muestra de experiencias e iniciativas vinculadas a derechos humanos en el marco de la Semana de la Extensión.

Pantalla en la calle con retransmisión en vivo de la audiencia.

11:30 - Sala INCAA de la UNICEN

Apertura de la Transmisión especial para escuelas del Nivel Secundario, Nivel Superior y Modalidad de Adultos a cargo del Proyecto Escuelas con Memoria.

12 - Aula Magna de Rectorado

Inicio de la audiencia de Lectura de veredicto del juicio por delitos de lesa humanidad de la zona centro de la provincia de Buenos Aires con la conformación presencial del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la ciudad de Mar del Plata.

El próximo viernes 24 de octubre, el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata llevará a cabo en el Aula Magna de la Unicen la lectura del veredicto del Juicio La Huerta. El proceso juzga delitos de lesa humanidad cometidos contra 191 víctimas en la ciudad y la zona. Pero atrás de ese número hay historias, muchas historias de búsqueda, de memoria y de identidad. Una de ellas es la Simón Medina, quien tenía apenas un año cuando su padre fue secuestrado en su casa de Yrigoyen y Uriburu. Poco tiempo después, su madre tuvo el mismo destino. A la espera de la sentencia, Simón dialogó con El Eco de Tandil y contó su vida, que es también la de tantos otros.

“Que se haga justicia. Tardó en llegar, tendría que haber sido antes, pero más vale tarde que nunca. Me voy a poner contento con todas las sentencias independientemente de si es la del represor de mi viejo en particular. Sé que de alguna manera Balquinta -que falleció-, quedó impune por el caso de mi vieja, pero también sé que estuvo condenado por otros casos. Desde ahí uno también siente un poco de alivio”, dijo desde Ensenada, la ciudad en la que vive desde que su mamá fue secuestrada, y en la que se crió junto a sus abuelos maternos.

Hijo de Daniel Reynaldo Medina y de Elizabeth Kennel, no son demasiados los datos que Simón pudo reconstruir sobre la vida de sus padres. Hasta los 12 años pensó que su papá y su mamá estaban trabajando en Italia, por lo que esperaba con ansias que regresen y le lleven de regalo una camiseta de fútbol. Pero entonces supo parte de la verdad, y desde ahí en adelante comenzó una búsqueda que todavía continúa.

Un punto clave en ese camino fue cuando a los 16 años pudo leer el Nunca Más y encontró el nombre de su padre entre la lista de desaparecidos. Daniel Reynaldo había nacido en Orense, y se recibió de abogado en La Plata. Llegó a trabajar en la Facultad de Derecho pero la intervención de 1974 hizo que tome nuevos rumbos y ya en pareja con Elizabeth, ambos se mudaron a Tandil, donde nació Simón.

Como abogado, en la ciudad defendió derechos laborales de trabajadores de Metalúrgica y presentó habeas corpus por casos de detenciones y desapariciones. “Entendemos que no se sentía perseguido, no tenía miedo y hasta tengo una placa de un estudio jurídico con su nombre que no pude saber todavía si llegó a abrir o no”, dijo Simón. 

Estando la familia en su casa de Uriburu al 1400, un 18 de octubre de 1976, un grupo comando ingresó y se llevó a Daniel. Elizabeth se refugió con Simón en Mar del Plata, donde vivieron dos años junto a familiares. En circunstancias que todavía buscan esclarecerse, el 12 de julio de 1978 la joven de 29 años fue secuestrada cuando viajaba desde la ciudad balnearia hasta Tandil. 

En el 2011, Simón recibió un llamado. Era del Equipo Argentino de Antropología Forense, para que concurra a dar una muestra para un análisis que poco tiempo después determinó que su madre había sido asesinada en lo que se conoce como la Masacre de Luna Roja. Junto a otras 4 personas fueron encerradas en una casilla de madera y fallecieron luego de que los captores hayan hecho detonar un explosivo.

Desde los 12 años, Simón empezó una reconstrucción de su historia personal, que todavía continúa. Entre otras cosas pudo saber que su papá escuchaba folclore y en particular Los Chalchaleros, y que su mamá bailaba danzas españolas. Como tantos otros hijos de desaparecidos, todavía sigue atento a dar con personas que hayan conocido a sus padres y puedan contarle de algún otro dato. 

“Cuando me llamaron para darme el resultado del análisis del Equipo de Antropología Forense, yo iba en el auto pensando, y con la ilusión de que me iban a decir que habían encontrado a mi vieja en algún lugar del mundo. Sabía que no, pero en mi inconsciente la ilusión estaba. Uno vive con esa ilusión que es parte de esto también, que sigue jugando en la psiquis de uno porque al estar desaparecido, al no tener cuerpo y no saber que pasó, la esperanza queda siempre. Es una utopía, pero está”, contó.

Simón fue uno de los 213 testigos que pasaron por las audiencias del Juicio La Huerta. Pudo hacerlo por el caso de su padre, pero los jueces le preguntaron también por el caso de su madre, ya que a través de una intensa búsqueda pudieron determinar que en algún momento de su secuestro, Elizabeth fue trasladada a Tandil. Probablemente haya pasado por lo que se conoce como exISER. Quien estaba imputado por su detención era Alberto Balquinta, quien falleció durante el proceso del juicio, por lo cual su responsabilidad quedará impune.

El próximo viernes 24 de octubre, Simón retornará a Tandil, tal como lo hizo cuando volvieron colocar una baldosa conmemorativa en lo que fue su casa de la infancia. Si bien su expectativa con respecto al juicio era la de encontrar en los diferentes testimonios algo más de información sobre la historia de sus padres, quien dijo que se siente “un tandilense más”, consideró que la lectura del veredicto será “cerrar una etapa”. 

Pero el hecho de seguir el rastro de la memoria de Daniel y Elizabeht, continuará. “Espero poder descubrir un poquito más para seguir armando mi historia, seguir armando mi identidad y seguir obteniendo respuestas que hoy no tengo”, dijo no solo por él, sino también por sus dos hijos.

“Más allá de que quiero una condena por quien le hizo esto a mi viejo y a mi vieja, también quiero una condena para el resto de las víctimas de este circuito represivo que fue La Huerta, porque esto es algo colectivo”, concluyó, aunque su búsqueda todavía no concluya.

El próximo viernes 24 de octubre a las 10 se llevará a cabo en el Aula Magna de la Unicen la lectura de la sentencia del Juicio La Huerta, donde se juzga a 35 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en Tandil y la región. Con la consigna “Camino a la sentencia”, desde la Mesa Multisectorial por la Memoria organizaron un conjunto de actividades para los días previos al evento, que tendrán como propuesta central un Festival Cultural el jueves 23 a partir de las 18 en la esquina de Pinto y Chacabuco.

Del Festival por la Memoria será parte bandas locales, números artísticos, y un cierre especial con la presentación de los consagrados Facón. La banda azuleña tendrá como parte de su repertorio a “Cuando veo tu cara”, una canción de su último disco que “evoca la identidad, la historia y los sentimientos relacionados con la restitución del nieto 114”, compartieron desde la difusión de las actividades.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladará a la ciudad para realizar la esperada lectura de la sentencia. El Juicio La Huerta lleva casi 3 años de proceso, donde se llevaron a cabo más de 100 audiencias por las que pasaron 213 testigos. En el juicio se juzga la participación y responsabilidad de 35 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la zona durante la última dictadura cívico militar. En el marco de las recientes actividades vinculadas al juicio, recientemente se presentó el libro Camino a la sentencia, publicado por el área de Derechos Humanos de la Unicen. Las propuestas en el marco de los días previos a la lectura de la sentencia tendrán lugar tanto en Tandil como en Azul y Olavarría.

Desde la organización transmitieron que existe la posibilidad de que sumen nuevas actividades en los días venideros, las cuales darán a conocer a través de las redes sociales de la Mesa Intersectorial, @nuncamastandil.

Jueves 16 de octubre – Azul

ISFDyT N.º 2 – Mitre y Colón - A las 18

Conversatorio “Memoria, Verdad y Justicia: los juicios de La Huerta y Monte Peloni”. Con la participación de Soledad Restivo, periodista y cronista de los juicios de la Subzona 12, integrante de la Mesa Multisectorial.

Sábado 18 de octubre - Tandil

Predio del ex CCD “La Huerta” – Desde las 11

Pintada de banderas y pasacalles. En caso de lluvia, la jornada se realizará en el Centro Cultural La Vía.

Lunes 20 de octubre

Conferencia de prensa “Camino a la Sentencia”

Convocada por la Mesa por Memoria, Verdad y Justicia, con el objetivo de marcar la importancia histórica del momento, presentar las actividades previstas para la semana y anticipar las acciones de visibilización que continuarán luego del veredicto.

Martes 21 de octubre

Volanteada en la Feria Extensionista –Tandil

Será en el marco de la Semana de la Extensión de la Unicen, de 16 a 20 en el Centro Cultural Arte y Parte (Yrigoyen 882)

Miércoles 22 de octubre – Olavarría

Centro Cultural Universitario – Yrigoyen 662 – A las 18.

Panel “Justicia y dictadura: el rol de la universidad en el juzgamiento a represores”. Participarán Leandro Lora (Conicet - Facso), Carmelo Vinci (Comisión por la Memoria) y Soledad Restivo (Radio Universidad 90.1, Mesa Multisectorial).

En el marco de la Semana de la Extensión, se abordarán los juicios de lesa humanidad en la región, el rol de la universidad y de los medios públicos y el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Miércoles 22 de octubre – Tandil

Muestra y premiación – Concurso “La identidad siempre florece” - A las 19 en el SUM del Centro Cultural Universitario.

En Día Nacional por el Derecho a la Identidad, se llevará a cabo la presentación de ilustraciones y microrrelatos creados por la comunidad en acompañamiento a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.

Exhibición completa de obras, lectura de microrrelatos y música en vivo a cargo del Taller de Ensamble Vocal de La Compañía.

Jueves 23 de octubre

Festival por la Memoria – Camino a la Sentencia

Desde las 18  en Pinto y Chacabuco. Bandas locales y el cierre a cargo de Facón.

Viernes 24 de octubre

Lectura de la Sentencia – Juicio Subzona 12

A partir de las 10hs en Pinto y Chacabuco. La Mesa por Memoria, Verdad y Justicia dispondrá de un gazebo en la Feria de la Extensión de la Unicen para dialogar, compartir datos, experiencias y emociones en torno a este proceso de memoria colectiva.

Además: 

10 a 12 - Pinto y Chacabuco

Transmisión especial entre Abra Tv Unicen y Radio Universidad. 

También se emplazará la “Muestra de experiencias e iniciativas vinculadas a derechos humanos de la UNICEN” en el marco de la Semana de la Extensión y a las 12  se retransmitirá la lectura del veredicto a través de una pantalla ubicada sobre la esquina.

11:30 - Espacio Incaa Unicen 

Apertura de la Transmisión Especial para Escuelas del Nivel Secundario, Nivel Superior y Modalidad de Adultos a cargo del Proyecto Escuelas con Memoria.

El pasado lunes se llevó a cabo en Tandil la presentación del libro “Camino a la Sentencia”, una obra que recoge las voces y experiencias vinculadas al juicio por delitos de lesa humanidad conocido como “La Huerta”. La obra fue publicada por el Área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) y compila una serie de artículos que reflejan el compromiso de la comunidad universitaria con la memoria y la justicia.

La presentación del libro contó con la presencia de diversas autoridades académicas y gubernamentales. Participaron el rector de la Unicen, Marcelo Aba, la vicerrectora, Alicia Spinello, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, y la coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Unicen, María Nazabal. Además, el nieto restituido e integrante de Abuelas de Plaza de Mayo, Horacio Pietragalla, también estuvo presente destacando la relevancia del trabajo realizado.

Representantes de diversas unidades académicas de la Universidad del Centro de la Provincia, como la Facultad de Ciencias Sociales, estuvieron presentes en la ceremonia. Entre ellos el vicedecano Nicolás Casado, la secretaria de Extensión, Natalia Mengochea, la ex decana Gabriela Gamberini, y Soledad Restivo, productora de Radio Universidad. Además, participaron integrantes de la Comisión por la Memoria de Olavarría, como Carmelo Vinci, Eduardo Ferrante y Carlos Genson, quienes han sido actores clave en la preservación de la memoria histórica en la región.

La obra ofrece una profunda reflexión sobre el juicio que se llevó a cabo en la zona central de la provincia de Buenos Aires, ofreciendo un panorama diverso de voces y experiencias de las víctimas, sobrevivientes y actores que se involucraron en este proceso. A través de distintos relatos, se visibilizan los esfuerzos de la comunidad para contribuir al avance del juicio por crímenes de lesa humanidad y el recorrido de los sobrevivientes en su lucha por la justicia.

Uno de los artículos destacados en el libro es el de Gabriela Gamberini, docente e investigadora de la Facso, quien sistematiza el papel de la facultad en la promoción de políticas de derechos humanos y memoria histórica. En su artículo, Gamberini repasa el trabajo realizado por la unidad académica desde los primeros juicios de lesa humanidad en la región, resaltando la relevancia de la universidad en la creación de prácticas y políticas públicas orientadas a la defensa de los derechos humanos.

Por otro lado, Soledad Restivo relata en su artículo “Crónicas con nombre propio. Bitácora desde el juicio ‘La Huerta’” su experiencia personal al cubrir las audiencias de este juicio, proporcionando una visión íntima y directa del proceso judicial que marcó un hito en la historia reciente del país.

Además, el libro incluye un capítulo dedicado al proyecto Pasillo Cultural Unicen, una iniciativa que congrega a las facultades de Ciencias Exactas, Ciencias Sociales, Arte y Derecho. Este proyecto promovió la realización de muestras artísticas itinerantes que, a través de diversos formatos, reflexionaron sobre la importancia de los derechos humanos, contribuyendo a la sensibilización y visibilización de la temática en la comunidad universitaria y la sociedad en general.

La presentación de Camino a la Sentencia se realizó en un contexto crucial, ya que se realizó justo antes de la lectura de la sentencia del juicio, programada para el viernes 24 de octubre en el Aula Magna de la Unicen en Tandil. Esta instancia representa un paso importante en la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina.

Estudiantes secundarios, familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil junto a vecinos y vecinas en general volvieron a pintar los pañuelos que recuerdan en la Plaza Independencia a los tandilenses detenidos desaparecidos durante la última dictadura.

“Hoy pintamos memoria”, compartió Chabela Coronel Ruiz, presidenta de la Fecet, la Federación que nuclea a los centros de estudiantes secundarios de Tandil. Junto a Memoria por la Vida en Democracia organizaron la jornada que se enmarcó en las actividades propuestas para conmemorar otro aniversario de la Noche de los Lápices, y que continuarán el próximo sábado 20 en el Festival por la Memoria en el centro cultural Arte y Parte.

La pintada de pañuelos comenzó poco después de las 9 del sábado 13 de septiembre. Los primeros en llegar fueron los chicos y chicas de las escuelas secundarias – hubo de Comercio, de Polivalente, de Sábato, de la Secundaria 19, de Técnica y otras instituciones-, y de a poco se fueron sumando otros vecinos. La mayoría concurrió con sus pinceles y latitas de pintura, para volver a darle color a los pañuelos, en una iniciativa que ya se instaló en la agenda local vinculada a los derechos humanos y a la memoria.

“Era lo que estábamos buscando este año, volver a pintar los pañuelos como lo hicimos el año pasado. Y que nos volviéramos a encontrar en las plazas, cosa que siento que se había perdido un montón. Pero que hoy estén acá los pibes me hacen recordar que no se ha perdido, que esto sigue estando presente en la memoria, igual de fuerte que siempre, y que como decimos, hoy pintamos memoria, por ellos, por ellas y por los que hoy están acá luchando”, sumó la presidenta de la Fecet.

Anahí Marocchi, parte de Memoria por la Vida en Democracia y hermana de Omar Alejandro Marocchi –vecino detenido desaparecido durante la última dictadura militar-, compartió su emoción por encontrarse pintando los pañuelos con los estudiantes secundarios.

“Es una emoción muy grande verlos pintar. Es una emoción muy grande para nosotros también ver el pañuelo con el nombre de nuestro ser querido, y nos ocurre que hablamos con gente de nuestra generación, incluso gente más joven también, que después pasan, mucha gente viene a ver los pañuelos después, y hemos hablado que muchos tenemos la costumbre de no pisarlos, evitamos pisarlos cuando andamos por acá, porque tienen una simbología importantísima, importantísima para la ciudad”.

Agregó que “los pañuelos son relativamente recientes dentro de la historia de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, acá en la Plaza. Y surgieron como respuesta justamente a un acto muy fuerte de negacionismo que hubo en ese momento, y entonces salió del grupo de Memoria y de estudiantes, el hacer esta intervención en la Plaza para decir que ellos están, que siempre van a estar y que están que vamos a mantener esa memoria”.

Marocchi fue consultada también por lo que sucederá el próximo viernes 24 de octubre, cuando tenga lugar en la ciudad la lectura del veredicto del Juicio La Huerta, donde se juzgan crímenes cometidos en Tandil y la región contra 192 vecinos y vecinas.

“La invitación es para el 24 de octubre a las 12, que es cuando se va a dar el adelanto de sentencia, lo que llamamos en general la sentencia, que es el adelanto de sentencia sin toda la fundamentación. Así que sí, llamamos a toda la ciudadanía a estar expectantes y a acompañar. Va a ser una fecha muy importante. Tuvimos reunión de la Mesa por la Memoria, donde estuvimos diagramando todas las posibilidades, actividades. Así que aprovechamos para decir que esperamos toda la compañía posible ese día, porque es algo esperadísimo en Tandil”, concluyó.

Luego de pedidos de parte de la Mesa Intersectorial por la Memoria, al que acompañaron 9 intendentes de la región, la lectura del veredicto del Juicio La Huerta se llevará a cabo en Tandil el próximo viernes 24 de octubre. Los jueces del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mar del Plata se trasladarán a la Unicen, donde darán a conocer lo resuelto después de casi 3 años, 98 audiencias y 213 testimonios sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la ciudad y la zona.

“Todo el proceso del juicio ha sido importantísimo. Y que ahora nos digan que tenemos la localía para leer la sentencia acá, me parece muy importante y que va a tener mucho peso en la sociedad de Tandil, y más en este momento, en tiempos de negacionismo. Esto no no se tiene que olvidar, tiene que ser nunca más, nunca más terrorismo de Estado, nunca más este daño que se le hizo a la sociedad y que va a llevar generaciones superarlo. Porque todavía estamos llorando nuestros muertos y y esperando, aunque sepamos que no van a volver los desaparecidos, en algún rincón de del corazón, los hermanos, las familias que sobreviven a esos desaparecidos, están sintiendo que que pueden volver”, expresó María del Carmen Silva, víctima que estuvo detenida en La Huerta y la primera vecina en declarar en el juicio. Junto a Ernesto Invernizzi -también de la Mesa Intersectorial por la Memoria-, recibieron a El Eco de Tandil y compartieron la alegría por la decisión del Tribunal de trasladarse a la ciudad donde funcionó el Centro Clandestino de Detención La Huerta, y donde ocurrieron la mayor parte de los crímenes juzgados.

La noticia de que la lectura del veredicto sería en Tandil la anunció la periodista Soledad Restivo -de la Agencia Comunica y Medios Unicen-, la cronista que cubrió todo el desarrollo del Juicio desde su inicio en 2022 a la fecha. Si bien el proceso del mismo se hizo en Mar del Plata -sede del mencionado Tribunal- las audiencias se retransmitieron en el Aula Magna de la Unicen y en las subsedes.

Desde su inicio en febrero de 2022, se llevaron a cabo 98 audiencias por la que pasaron 213 testigos. Estos documentaron los crímenes cometidos contra 192 víctimas, por los que fueron procesados 52 ex militares, ex policías, ex penitenciarios y 2 civiles, de acuerdo a lo que consta en la crónica de Agencia Comunica. En septiembre pasado, los fiscales pidieron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años y 4 absoluciones.

María del Carmen Silva fue una de las víctimas y la primera en dar su testimonio ante el Tribunal. Actualmente forma parte de la Mesa Intersectorial, y consultada por El Eco sobre sus impresiones al enterarse de que la lectura del veredicto se haría en Tandil, manifestó que “jamás en el en los momentos que se estaban sucediendo estos delitos de lesa humanidad, me hubiera imaginado que íbamos a poder llevar a juicio a esos criminales que tenían todo el poder. En ese entonces yo tenía más posibilidades de no sobrevivir que de sobrevivir. Así que ¿qué podía pensar de que iba a haber justicia?”.

María del Carmen grabó en su memoria las impresiones del lugar en el que estuvo detenida. “Cuando salí de ahí bajo amenaza de muerte, no lo repetí con nadie”, contó. Guardó sus recuerdos durante años. Fue la recordada Stella Bassi la primera que le confirmó que había estado en La Huerta. “Cuando me ofrecieron de ir a declarar en el Juicio a las Juntas, no me animé”, agregó Silva.

Tras la derogación de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hace casi 20 años atrás comenzó a testimoniar en la etapa de investigación del Juicio La Huerta.

“Todos los años que pasaron hasta llegar a esta sentencia fue larguísimo, y sin embargo es valiosísimo. Algunos dicen que la justicia cuando llega tarde no es justicia, pero no. Es valiosísimo, a pesar de que sabemos que es una pena que que muchos culpables murieron impunes y muchos nos quedamos sin poder acusar a los culpables materiales del delito del que fuimos víctimas. Pero igual es valiosísimo el que se haya llegado a esta instancia”, compartió.

Desde la Mesa destacaron la participación de organizaciones, sindicatos, y vecinos particulares en todo el proceso del Juicio a la fecha, y en particular a la Unicen que dispuso de los recursos técnicos para la re transmisión de las audiencias.

“El terrorismo de Estado continúa y continuará hasta que se encuentren todos los nietos que fueron privados de su identidad. Que fueron secuestrados y hoy están a punto de cumplir cincuenta o más años, y tienen su identidad robada y sus hijos también y sus nietos también. Eso significa que las heridas de la dictadura siguen abiertas”, sumó Invernizzi.

Los chicos y chicas organizados en la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios de Tandil (Fecet), llevarán a cabo este sábado 20 de septiembre una serie actividades para conmemorar la Noche de los Lápices. Durante la mañana volverán a pintar los pañuelos de la Plaza Independencia, mientras que por la tarde –de 15:30 a 19-, realizarán un festival cultural con la presentación de bandas y otras propuestas.

“Para nosotros es una fecha súper sensible, súper importante, porque es también un hecho que unió varias voces estudiantiles para reclamar una misma problemática, el boleto estudiantil. Para nosotros la organización, el sentido de comunidad y el sentido de pertenencia es muy importante porque es lo que creemos que fomenta que los chicos quieran unirse a la Federación y quieran participar. También para darse cuenta del poder que uno tiene con su voz. Porque cuando nosotros nos unimos podemos crear cosas muy importantes. Nos unimos para poder construir identidades, que también hacen a la memoria. Dejar rastros que nos ayudan a construir nuestro presente como estudiantes y como argentinos, hacia dónde queremos ir como personas y como comunidad en general”, expresó Morena. Es delegada de su curso en el Colegio de las Sierras y secretaria de la Federación que nuclea a los centros de estudiantes secundarios de Tandil.

El Festival por la Memoria –que lleva como slogan la frase “con la memoria presente y la educación digna siempre”- tendrá lugar durante la tarde del sábado 13, a partir de las 15:30. Se presentarán La chaqueta de Diego, Na no sé, Zoé Orellano y Favaloro. El evento será con entrada libre y gratuita y desde la organización invitaron tanto a estudiantes de escuelas de la ciudad, como a la comunidad en general.

La Noche de los lápices tuvo lugar el 16 de septiembre de 1976 en La Plata. Diez estudiantes secundarios -de entre 16 y 18 años- fueron secuestrados y torturados por un comando de la dictadura. Seis de ellos continúan desaparecidos, mientras que los cuatro sobrevivientes fueron quienes mantuvieron vivo el recuerdo del hecho y de la memoria de sus compañeros y compañeras.

Sobre el festival del próximo sábado 13, la secretaria de la Fecet señaló que “uno de los objetivos es poder traer este evento de la historia argentina reciente y que tiene muchas huellas en el presente de nuestro país. Poder poner en debate aquellos hechos y que los estudiantes puedan llevarse una reflexión, puedan conocer lo que pasó en ese momento, pero también entender que la memoria es parte de nuestro presente y ahí entra la parte un poco más cultural y recreativa del evento, donde van a tocar cuatro bandas conformadas por estudiantes, la mayoría de Polivalente”.

El festival contará con la participación de los mencionados conjuntos musicales, pero también tomarán la palabra referentes de la Fecet y de Escuelas con Memoria, el programa que en Tandil llevan adelante desde el área de Derechos Humanos de la Unicen y la Jefatura Distrital.

“Es para otra vez recordar la importancia de rememorar y de hacer memoria en plural”, sostuvo Morena, quien destacó que la ubicación de la Plaza del Tanque concentra a algunas de las escuelas con más alumnos de la ciudad.

“La invitación es para toda la comunidad tandilense, porque más allá de hacer énfasis en la Noche de los Lápices, también en Tandil tuvimos desaparecidos, muchos de ellos profesores y estudiantes. Tenemos monumentos y placas fueras de las escuelas que rememoran esa época histórica”, señaló al respecto.

Cabe recordar, el próximo viernes 24 de octubre tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario la lectura del veredicto del Juicio La Huerta, donde se juzgan los crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad y la región. El Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladará a la ciudad para la última instancia de un proceso que comenzó poco más de 3 años atrás, en febrero de 2022.

En La Huerta se juzgan hechos cometidos contra 192 vecinos por los que fueron procesados 52 ex militares, ex policías, ex penitenciarios y 2 civiles. En septiembre pasado, los fiscales pidieron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años y 4 absoluciones.

Hasta el próximo viernes 24 de octubre, cuando los jueces del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladen a la ciudad para realizar la lectura del veredicto del Juicio La Huerta, el proceso continúa con una serie de audiencias en las que los juzgados podrán hacer uso de su “última palabra”.

En diálogo con El Eco de Tandil, la periodista Soledad Restivo –quien cubrió cada una de las instancias del juicio para la Agencia Comunica de la Unicen-, contó los detalles de las próximas audiencias. Cabe recordar, en La Huerta se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos contra 192 vecinos por los que fueron procesados 52 ex militares, ex policías, ex penitenciarios y 2 civiles. En septiembre pasado, los fiscales pidieron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años y 4 absoluciones.

“Se le llama ‘última palabra’, es un derecho que le asiste a todos los imputados. Si quieren agregar algo o responder a lo que se ha dicho, lo pueden hacer antes de que el Tribunal dirima el veredicto final. Forma parte de las garantías procesales que están previstas y que ellos no respetaron nunca. Porque hay que volver a decir que, si hay algo que dejó bien claro el juicio y podemos hacer un una línea argumental, es que para la Sub Zona 12 había un circuito represivo específicamente delineado para esta zona, con características particulares”, señaló Restivo.

-Hubo un anuncio importante sobre la lectura del veredicto en la ciudad, que va a ser el 24 de octubre. ¿Cómo sigue el Juicio La Huerta hasta esa fecha?

-El Tribunal anunció todo junto en una en una comunicación para las partes. A partir del viernes 29 de agosto empezaron a darse una serie de audiencias que van desde la 98 a la 104, para las que el Tribunal había pedido que los abogados defensores pasen la lista de los imputados que querían hablar.

En estas audiencias está previsto un cronograma de toma de la palabra en el que están todos los imputados. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, si efectivamente hacen uso de este derecho, o si al no haber respuesta de los de los abogados, los integrantes del Tribunal decidieron hacer este cronograma.

Lo cierto es que esto se da todo en estas audiencias que van hasta el 10 de octubre, que es la última, y ya después se espera que el 24 de octubre el Tribunal venga a Tandil a leer la sentencia. 

En un contexto, a mi entender, complejo, porque son dos días antes de las elecciones. Y esto creo que va a marcar un poquito el tenor de lo que suceda en la calle, porque estamos en un momento electoral muy particular, donde las aguas respecto de estas temáticas están muy divididas.

-Más allá de los integrantes de la Mesa por la Memoria, organizaciones y vecinos de Tandil, ¿Se espera ese día la participación de vecinos de otras localidades en las cuales también hubo víctimas que pasaron por La Huerta?

- Efectivamente después de tres años y tantos actores involucrados, ya hay anuncios por parte de organismos, de familiares y de víctimas que han que han testimoniado desde otras ciudades de que van a venir. De hecho, hay contingentes que van a venir de Olavarría, contingentes que van a venir de Azul. Fue lo que pasó en 2012 con el juicio de Carlos Moreno, y este año no va a ser no va a ser diferente.

-Con respecto a las audiencias que restan, hiciste  mención a que serán las de la “última palabra”…

-Sí, se le llama así. El uso de la última palabra es un derecho que le asiste a todos los imputado, por si quieren agregar o responder a algo que se ha dicho, lo pueden hacer antes que el Tribunal dirima con ese el veredicto final.

-Forma parte de las garantías procesales…

-Sí, es un es un derecho de los imputados, parte de las garantías procesales que están previstas y que ellos no respetaron nunca. Porque hay que volver a decir que, si hay algo que dejó bien claro el Juicio es que para la Sub Zona 12 había un circuito represivo específicamente delineado, con características particulares.

Para alguna de las de las ciudades tenía características más particulares todavía, pero que básicamente eran el secuestro ilegal, la detención desaparición en una comisaría, y de ahí el traslado para la tortura a otros lugares.

Algunas personas aún están desaparecidas, otras fueron parte de los declarantes, quienes llegaron con vida después de 47 años. La Fiscalía pidió 11 perpetuas, 20 condenas menores y 4  absoluciones. Y los abogados defensores pidieron absoluciones absolutas, la mayoría esgrimiendo la situación de guerra interna. Se sigue sosteniendo desde la defensa que lo que sus defendidos hicieron fueron solamente cuestiones de debida obediencia dentro del esquema militar, y que por eso tienen que ser absueltos. La mayoría también esgrime la situación de violencia y que  dentro de esta guerra, que se trataron de algunos excesos y nada más.

Frente a esto, siempre se responde que, bueno, si esa era la situación, no se respetaron ninguno de los derechos que tenían cualquiera de las personas que fueron detenidas, desaparecidas, violadas, torturadas, robadas. En la mayoría de los casos, sus garantías procesales y los derechos humanos de todas las personas que fueron víctimas durante la última dictadura militar, no se respetaron jamás.

Ahora, a la hora de pedir justicia por parte de los familiares, siempre es dentro de los canales legales y respetando las garantías, y tienen el derecho de ser los últimos en hablar en un juicio que hace tres años que estamos llevando adelante.

-El Juicio lleva tres años. Escuchaste la mayor parte de los 213 testimonios, a los acusados, a las defensas de las partes. Cubrió todo el proceso y ahora llega esta noticia de la lectura en Tandil. ¿Qué significa para vos como profesional comprometida con este tema?

-Para mí es un momento muy particular, porque de hecho yo ya cubrí otros juicios. Carlos Moreno, Monte Pelloni. Y siempre es un momento en donde uno entra en contradicción, porque después de tantos años uno está feliz, contento de poder estar en el momento de la de la palabra de la Justicia. Pero sabemos que a veces la justicia, y más en este momento particular, no va a ser tan justa.

Ha pasado mucho tiempo, no creo que haya tan buenas noticias como en otras veces, y está esa dicotomía entre felicidad, duda, y un poco  de reproche, de que esto debería haber sido mucho antes, mucho antes.

En este Juicio en particular con más razón. Porque se juzgaron los hechos que se cometieron en Azul, que es mi ciudad natal, donde la mayoría de las víctimas estaban ligadas a mi historia personal.

Cuando llegó el momento de los casos de Azul fue muy impactante escuchar esos relatos. Relatos que, en su mayoría, yo había escuchado a través de mi mamá, de mi papá y de otras personas cercanas, pero que los estaba escuchando en primera persona y desde otro lugar emocional también.

Fue muy fuerte, porque además, Azul tiene una historia muy particular con el tema de la última dictadura, y el asiento de las grandes cabezas que idearon esto en esa ciudad. Videla se juntaba en un campo en Azul.

Así que para mí esto tiene un doble sentido de cerrar una etapa. De alguna manera completar una historia que muchas veces tenía incompleta, muchas historias que hacen a la mía. Y que me exigen un esfuerzo profesional extra. Porque cuando escribo o cuando hago algún relato, tengo que mantener la distancia para poder contarlo. Al menos un poco, no del todo, porque tampoco creo que el periodismo tenga que ser aséptico.

Por Soledad Restivo / Agencia Comunica / Medios UNICEN

El juicio por delitos de lesa humanidad conocido como “La Huerta” comenzó el 25 de febrero de 2022 y se desarrolló durante tres años en el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mar del Plata. Durante ese tiempo, se realizaron 98 audiencias y se recopilaron 213 testimonios que documentan los crímenes cometidos contra 192 víctimas, la mayoría provenientes de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. A través de las audiencias, sobrevivientes y familiares reconstruyeron el horror de la represión, pero también evidenciaron la resistencia y la lucha sostenida por verdad y justicia.

El 24 de octubre, la UNICEN será sede de la lectura del veredicto, convirtiéndose en un espacio clave para la comunidad y los organismos de derechos humanos, que acompañarán la audiencia. La decisión de realizar la lectura en Tandil refuerza el compromiso con la memoria y los derechos humanos en la región, acercando la justicia al territorio donde vivieron y resistieron las víctimas.

Los procesados fueron 52: exmilitares, ex policías, ex penitenciarios y dos civiles acusados de haber prestado sus propiedades para secuestros, torturas y asesinatos. La lista para las imputaciones se redijo a poco más de la mitad. Pero el proceso es más que una lista de nombres y cifras: es la radiografía de un sistema de terror que se montó sobre las ciudades y pueblos de esta región y que dejó cicatrices que todavía laten.

Si bien el juicio es conocido como “La Huerta”, también se investigan crímenes cometidos en otros lugares emblemáticos del circuito represivo de la Subzona 12, que incluye el ex Centro de Detención, Tortura y Exterminio “La Huerta”, las comisarías Primera y Segunda de Tandil, la Chacra de Méndez, el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER), el Jardín Maternal De Paula, la ex Delegación de la Policía Federal (hoy Juzgado Federal), la Unidad 7 y el Regimiento de Azul, el Centro Clandestino de Detención “Estación del Provincial”, Monte Pelloni de Olavarría, diversas comisarías de la región y los penales de Azul y Sierra Chica. Las víctimas, en su mayoría, provenían de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. Además, se incorporaron cinco tramos adicionales de casos que investigan crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, como evidencia de la trama empresarial que se benefició del terrorismo de Estado.

Este juicio dejó demostrado, con la fuerza de documentos y testimonios, que en la Subzona 12 existió un plan sistemático y preciso para instaurar el terror. Las comisarías y los penales funcionaban como centros de tormento y desaparición de personas. La complicidad civil, institucional e incluso eclesiástica fue clave. Y el objetivo era claro: paralizar a estudiantes, militantes, sindicalistas, trabajadores, docentes, abogados y amas de casa; instalar un miedo capaz de permitir la aplicación sin resistencia de un único plan: el económico.

El 16 de agosto de 2024 concluyó la etapa testimonial, con la audiencia número 61. Luego, durante 11 meses, se desarrollaron los alegatos. El 6 de septiembre de 2025, en la audiencia número 75, los fiscales Santiago Eyherabide, Eugenia Montero y Julio Darmandrail pidieron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años y 4 absoluciones.

El cronograma final incluye las últimas palabras de los imputados, desde la audiencia 99 del 29 de agosto hasta la 104, que se celebrará el 10 de octubre. Finalmente se dará lectura al veredicto: el viernes 24 de octubre a las 12:00, en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) en Tandil.

Cuando termine esta etapa y se lea la sentencia, el juicio “La Huerta” quedará en los libros, junto a los procesos de Carlos Moreno (2012), Monte Peloni I (2014) y Monte Peloni II (2019). Pero en la memoria social quedará algo más profundo: el registro de que esta región también enfrentó su verdad, que nombró el horror para que el silencio no siguiera ganando.

La justicia, lo sabemos, no borra el dolor. Pero lo nombra, lo expone y, en ese gesto, abre la posibilidad de construir otros relatos. El 24 de octubre, cuando se lea el veredicto en la UNICEN, no solo se conocerán las condenas. También se reafirmará algo que estas audiencias dejaron claro desde el primer día: que la memoria no es pasado, sino una práctica viva.

Por Soledad Restivo / Agencia Comunica / Medios UNICEN

El juicio por delitos de lesa humanidad conocido como “La Huerta” comenzó el 25 de febrero de 2022 y se desarrolló durante tres años en el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mar del Plata. Durante ese tiempo, se realizaron 98 audiencias y se recopilaron 213 testimonios que documentan los crímenes cometidos contra 192 víctimas, la mayoría provenientes de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. A través de las audiencias, sobrevivientes y familiares reconstruyeron el horror de la represión, pero también evidenciaron la resistencia y la lucha sostenida por verdad y justicia.

El 24 de octubre, la UNICEN será sede de la lectura del veredicto, convirtiéndose en un espacio clave para la comunidad y los organismos de derechos humanos, que acompañarán la audiencia. La decisión de realizar la lectura en Tandil refuerza el compromiso con la memoria y los derechos humanos en la región, acercando la justicia al territorio donde vivieron y resistieron las víctimas.

Los procesados fueron 52: exmilitares, ex policías, ex penitenciarios y dos civiles acusados de haber prestado sus propiedades para secuestros, torturas y asesinatos. La lista para las imputaciones se redijo a poco más de la mitad. Pero el proceso es más que una lista de nombres y cifras: es la radiografía de un sistema de terror que se montó sobre las ciudades y pueblos de esta región y que dejó cicatrices que todavía laten.

Si bien el juicio es conocido como “La Huerta”, también se investigan crímenes cometidos en otros lugares emblemáticos del circuito represivo de la Subzona 12, que incluye el ex Centro de Detención, Tortura y Exterminio “La Huerta”, las comisarías Primera y Segunda de Tandil, la Chacra de Méndez, el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER), el Jardín Maternal De Paula, la ex Delegación de la Policía Federal (hoy Juzgado Federal), la Unidad 7 y el Regimiento de Azul, el Centro Clandestino de Detención “Estación del Provincial”, Monte Pelloni de Olavarría, diversas comisarías de la región y los penales de Azul y Sierra Chica. Las víctimas, en su mayoría, provenían de Tandil, Azul, Olavarría, Laprida, Ayacucho, Rauch, Saladillo, Las Flores, Roque Pérez y Mar del Plata. Además, se incorporaron cinco tramos adicionales de casos que investigan crímenes de lesa humanidad contra trabajadores y delegados de las empresas cementeras Loma Negra y Avellaneda, como evidencia de la trama empresarial que se benefició del terrorismo de Estado.

Este juicio dejó demostrado, con la fuerza de documentos y testimonios, que en la Subzona 12 existió un plan sistemático y preciso para instaurar el terror. Las comisarías y los penales funcionaban como centros de tormento y desaparición de personas. La complicidad civil, institucional e incluso eclesiástica fue clave. Y el objetivo era claro: paralizar a estudiantes, militantes, sindicalistas, trabajadores, docentes, abogados y amas de casa; instalar un miedo capaz de permitir la aplicación sin resistencia de un único plan: el económico.

El 16 de agosto de 2024 concluyó la etapa testimonial, con la audiencia número 61. Luego, durante 11 meses, se desarrollaron los alegatos. El 6 de septiembre de 2025, en la audiencia número 75, los fiscales Santiago Eyherabide, Eugenia Montero y Julio Darmandrail pidieron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años y 4 absoluciones.

El cronograma final incluye las últimas palabras de los imputados, desde la audiencia 99 del 29 de agosto hasta la 104, que se celebrará el 10 de octubre. Finalmente se dará lectura al veredicto: el viernes 24 de octubre a las 12:00, en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) en Tandil.

Cuando termine esta etapa y se lea la sentencia, el juicio “La Huerta” quedará en los libros, junto a los procesos de Carlos Moreno (2012), Monte Peloni I (2014) y Monte Peloni II (2019). Pero en la memoria social quedará algo más profundo: el registro de que esta región también enfrentó su verdad, que nombró el horror para que el silencio no siguiera ganando.

La justicia, lo sabemos, no borra el dolor. Pero lo nombra, lo expone y, en ese gesto, abre la posibilidad de construir otros relatos. El 24 de octubre, cuando se lea el veredicto en la UNICEN, no solo se conocerán las condenas. También se reafirmará algo que estas audiencias dejaron claro desde el primer día: que la memoria no es pasado, sino una práctica viva.