La Asamblea Feminista de Tandil se suma a la convocatoria federal a defender los derechos ganados por la lucha feminista frente al avance de las derechas. De este modo, hoy a las 17 en la glorieta de la Plaza Independencia se realizará una asamblea pública y un "pañuelazo" que recupere la marea verde en las calles para visibilizar que la lucha continúa vigente. 

La fecha elegida se encuadra en el Día de Acción Global por el Derecho al Aborto Legal y Seguro, y se propone como una reacción al resultado de las elecciones primarias, cuyo candidato más votado fue el representante de La Libertad Avanza, Javier Milei, que ostenta una agenda “antiderechos” y generó la alarma de diversos sectores de la población. 

De este modo, frente a la actual coyuntura electoral, el movimiento de mujeres y disidencias volverá a ocupar el espacio público plantándose “frente a una derecha que de forma explícita y violenta anuncia que avanzará contra el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), contra la Educación Sexual Integral, que amenaza con quitar ministerios que son sustento de políticas públicas que garantizan el acceso a los derechos y que, lejos de retirarse, deben profundizarse”. En el mismo sentido, enfatizaron que siguen levantando las banderas de la salud pública y de la educación pública, laica y de calidad. 

A la par, desde el espacio local afirmaron: “Hoy nos encontramos en alerta frente a una derecha que niega la histórica desigualdad de género y que bajo ese presupuesto negacionista, pretende eliminar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. En un contexto de crisis ambiental a escala mundial, y de crecimiento de la brecha social de desigualdad, volvemos a decir lo que las estadísticas sostienen, la feminización de la pobreza es algo indiscutible. Nuestro movimiento, que realizó el primer paro a Macri, viene sosteniendo que la deuda que contrajo el macrismo sigue cayendo sobre los sectores populares, y principalmente sobre las mujeres y disidencias".

Aborto legal, ESI y otras conquistas

Según expusieron, ante la posibilidad de que finalmente sea ungido en las urnas un gobierno que amenaza abiertamente los derechos conseguidos en la última década por el movimiento feminista, los distintos espacios comenzaron a organizarse para defender las conquistas. 

Vale reseñar que las mujeres representan más de la mitad del padrón en la Argentina y Javier Milei tiene una adhesión marcadamente baja en ese segmento de la población. Sin embargo, no moderó un ápice su discurso sobre los temas vinculados al género, ni tiene planeado hacerlo. Al contrario, desde que ganó la PASO redobló sus críticas contra el aborto legal, seguro y gratuito; contra el concepto jurídico y penal de femicidio; ratificó que cerrará el Ministerio de la Mujer y confirmó que buscará eliminar la Educación Sexual Integral (ESI), entre otras propuestas que generaron polémica entre los colectivos de mujeres y disidencias. 

Así, la Asamblea Feminista de Tandil remarcó que “la salida es con más Estado, con más políticas públicas y distribución del ingreso, y no con recetas liberales que ya fracasaron y que nos dejaron en situaciones peores como ocurrió en 2001”.

Asimismo, problematizaron que una política pública como la Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610) aporta al descenso de la fecundidad adolescente que se viene observando en Argentina. “Es importante señalar que la tasa específica de fecundidad en adolescentes (TEFA) de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, y de 10 a 19 años se redujo prácticamente a la mitad: 43, 45 y 49 por ciento, respectivamente”, detallaron, con base en las investigaciones del Proyecto Mirar. 

Además, en el caso de la ESI y “con todo lo que falta aún”, su implementación ha promovido la autonomía progresiva, y ratificaron que “enseñar sobre sexualidad y cuidado del propio cuerpo lo que ha generado es la posibilidad de visibilizar y denunciar ante delitos contra la integridad sexual, promover las relaciones consentidas y cuidadas, brindando herramientas claves en la prevención”.

“Los feminismos aportamos a pensar medidas que traigan bienestar a esta economía doméstica tan castigada, y que requiere de más derechos y más Estado. Por eso creemos que es momento de que la marea verde salga nuevamente a las calles y convocamos a todos a sumarse a esta jornada pública”, finalizaron. 

A pocos días que se cumplan dos años de la sanción de la ley de interrupción legal (ILE) y voluntaria (IVE) del embarazo, se registraron más de 132 mil interrupciones voluntarias del embarazo en el sector público.

El 30 de diciembre de 2020 el Congreso sancionó la ley, que se promulgó el 14 de enero de 2021 y contempla un modelo mixto de plazos y causales. Esta misma reconoce el derecho a la IVE hasta la semana catorce de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar los motivos. 

Desde la semana 15 de gestación también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo si es consecuencia de violación sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante. Esta ley es de orden público, lo que significa que es de aplicación y cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional, en el sistema público de salud, obras sociales y prepaga que deben garantizarlo en forma gratuita.

Entre enero y septiembre de este año, se registraron 59.267 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en el sistema público de salud, según información a la que accedió Chequeado.com y brindados por el Ministerio de Salud de la Nación. 

Durante el 2021, se realizaron 64.164 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país. Y la distribución por provincias de la cantidad de abortos es desigual. 

El mayor número de abortos entre enero de 2021 y septiembre de 2022 se registró en la ciudad de Buenos Aires, con una tasa de 21 cada mil mujeres, seguida por Tucumán, donde fue de 18. Si se toma en cuenta la cantidad de procedimientos realizados en ese período en números absolutos, la delantera la lleva la Provincia de Buenos Aires, con 55.812 IVE/ILEs. Entre las provincias donde menos abortos se notificaron se encuentran Chaco y San Juan, con 4,6 y 3,1 cada mil mujeres, respectivamente.

Hoy se cumple un año desde que el Congreso nacional aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tras muchos años de lucha de diversas organizaciones y colectivos feministas. Fue, sin dudas, un tema que dividió profundamente las aguas de la sociedad y originó múltiples debates y frenos judiciales. 

La conquista de este derecho se materializó a fines de 2020 tras el revés sufrido en 2018, la primera vez que el proyecto para legalizar el aborto tomó estado parlamentario y se trató en el recinto. En aquella oportunidad, la iniciativa obtuvo media sanción en Diputados pero rebotó en el Senado y la revancha llegó dos años después. 

Según los datos nacionales, durante el primer semestre de 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE en los servicios de salud del sector público. En la ciudad, durante todo el 2021 se realizaron 147 intervenciones de esta índole de acuerdo al reporte oficial del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). 

IVE, ILE y Consejerías

Desde antes de que la legislación se aprobara en el Senado, ya se implementaba el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una alternativa que permitía el aborto por causales. 

En tanto, tras la legalización de la interrupción voluntaria de la gestación, el pasado 30 de diciembre de 2020, se eliminaron las causales y se agilizó el acceso al proceso, que permite la interrupción de la gestación dentro de las 14 semanas inclusive, así como la atención postaborto. Transcurrido este tiempo, la interrupción se puede hacer si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante. 

Además, desde hace casi seis años funciona en Tandil la Consejería en Salud Sexual Reproductiva y no Reproductiva, que presta servicios en el Hospital Santamarina. Se trata de un dispositivo que fue creado en el marco del Concejo Deliberante en 2015 y encuadrado, en ese entonces, en normativas provinciales. También tienen presencia en los centros de salud de los barrios Belgrano, Las Tunitas, San Cayetano, Villa Aguirre, La Movediza y Maggiori.

En este espacio se desempeñan médicas generalistas, psicólogas, trabajadoras sociales y promotoras de salud que canalizan las demandas y ofrecen información objetiva.

Es importante recalcar que no todas las consultas derivan en una IVE, y esa es también la función de asesoramiento e información sobre las opciones vigentes que cumple la Consejería, ajustándose a derecho. 

Desde el dispositivo, le comunicaron a este Diario que “las Consejerías en Salud Sexual del SISP son espacios donde obtener información sobre el cuidado de nuestros cuerpos en relación a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Se trata de brindar información clara, precisa, científica y actualizada para que las decisiones sean tomadas de manera autónoma y así poder elegir los distintos métodos anticonceptivos, acompañamiento a embarazos y ante situaciones de embarazos no planificados". 

Objeción de conciencia 

Por otra parte, con la premisa de dar curso al marco legal y garantizar el derecho, además del trabajo que llevan adelante las Consejerías, desde el Sistema de Salud contrataron a un profesional extra para que se encargue de aplicar la IVE y evitar complicaciones llegado el caso, debido a que todo el Servicio de Tocoginecología del Hospital Santamarina es objetor de conciencia. 

Esto se hizo para asegurar que en el segundo nivel de atención -las Consejerías funcionan en el primero-, haya un ginecólogo no objetor que garantice algunas cuestiones que no se pueden resolver en el nivel de atención primaria o por un médico de otra especialidad. 

De hecho, según pudo saber este Diario, los 38 médicos tocoginecólogos de Tandil son objetores y se amparan en esta figura para no recetar la medicación necesaria ni realizar las prácticas encuadradas en la normativa.

Pese a ello, por el momento, la implementación de la ley no presenta mayores problemas en la localidad, pero no es igual en todas las ciudades y provincias. En algunos distritos se han registrado algunos retrocesos en torno a la aplicación de la IVE y desde distintos sectores tratan de reimpulsar las demandas que todavía persisten alrededor de esta problemática. 

En este sentido, en base a un informe de Amnistía Internacional, uno de los desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a este derecho en todo el país es la falta de información y en esa dirección están orientados los esfuerzos para el año próximo. 

Hoy se conmemora en toda Latinoamérica el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fecha que suscitará una serie de manifestaciones a nivel nacional para reclamar “la efectiva implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que sea ley en todos los países de la región”.

En la ciudad, desde antes de que la legislación se aprobara por mayoría en el Senado, a fines del año pasado, ya se implementaba el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, una alternativa que permitía el aborto por causales. Además, desde hace cinco años funciona la Consejería para la Reducción de Riesgos y Daños por Embarazos No Planificados que sigue prestando servicios en el Hospital Santamarina, un dispositivo que fue creado en el marco del Concejo Deliberante y encuadrado en normativas provinciales. 

En tanto, tras la legalización de la interrupción voluntaria de la gestación el pasado 30 de diciembre, se eliminaron las causales y se agilizó el acceso al proceso. En aras de dar curso al marco legal y garantizar el derecho, además del trabajo que lleva adelante la Consejería, desde el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) contrataron a un profesional extra para que se encargue de aplicar la IVE y evitar complicaciones llegado el caso, debido a que todo el Servio de Tocoginecología del Hospital Santamarina es objetor de conciencia. 

Esto se hizo para asegurar que en el segundo nivel de atención -la Consejería funciona en el primero- haya un ginecólogo no objetor que garantice algunas cuestiones que no se pueden resolver en el nivel de atención primaria. 

De hecho, según pudo saber este Diario, los 38 médicos ginecólogos de Tandil son objetores y se amparan en esta figura para no recetar el misoprostol o realizar las prácticas que sean necesarias de acuerdo al requerimiento de la paciente. 

Acceso desigual 

Por el momento, la implementación de la ley no presenta mayores problemas en la localidad, pero no es igual en todas las ciudades y provincias. En algunos distritos se han registrado algunos retrocesos en torno a la aplicación de la IVE y por eso la jornada de hoy servirá  para reimpulsar las demandas que todavía persisten alrededor de esta problemática.

"Salimos por la efectiva implementación de la Ley de IVE 27.610 en todo el territorio nacional, por educación sexual integral en todas las escuelas, por acceso a métodos anticonceptivos en todo el país", explicaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. También se movilizarán para "exigir la libertad de todas las presas por abortar y que no haya ninguna niña más obligada a gestar, parir y criar".Por último, esta acción también fue pensada en "sonoridad con todas las compañeras de América Latina y el Caribe que salen a las calles para conquistar este derecho". 

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó a sesionar pasadas las 11 para tratar en una sesión especial los proyectos de legalización del aborto y del Plan de los mil días, que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años de vida.

En una sesión maratónica, que extendía la votación esta madrugada, los dos diputados tandilenses que representan a la provincia de Buenos Aires, Carlos Fernández, por Cambiemos, y Alejandro “Topo” Rodríguez, por Consenso Federal, expusieron los argumentos que sustentan sus posturas, a favor y en contra, respectivamente, de la iniciativa elevada por el Gobierno nacional.

El exfuncionario del Gobierno de Miguel Lunghi adelantó su voto a favor para que se convierta en ley la interrupción voluntaria del embarazo y destacó que, cuando se escriba la historia de la ampliación de los derechos, “hoy será un hito más”.

Desde Consenso Federal, el legislador lavagnista anticipó su voto en contra del proyecto y sobre el final de su exposición, advirtió: “Les digo a los funcionarios que quieren montar un festejó acá, que esto termina en el Senado”.

A propósito de lo que sucederá si consigue media sanción, los diputados que promueven el aborto legal introdujeron cambios, para facilitar su aprobación en la cámara alta en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas.

Se incorporó además que, para los casos de menores de 16 años que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales”.

“Este no es un tema religioso; es un asunto de ética humana. Creo en la defensa de la vida de las personas por nacer, de la misma manera que debemos defender la vida de aquellos que, ya nacidos, sufren los efectos de la cultura del descarte”, planteó.

Por la legalización del aborto

Sobre el final de la jornada, en la extensa lista de oradores que se pronunciaron a lo largo del debate, Carlos Fernández compartió en el recinto los fundamentos que sustentan su postura en favor de la interrupción voluntaria del embarazo, partiendo de la defensa de una Estado laico.

En una pausa de la sesión, el legislador de Cambiemos dialogó con El Eco de Tandil para adelantar los conceptos por los cuales dará su voto positivo. En primer lugar, a partir de una separación entre el Estado y la condición religiosa, pero también frente a un “problema de salud pública” que todos los años presenta cifras alarmantes.

En ese sentido, planteó que “todos los años se producen entre 370 y 520 mil abortos” en el país, de los cuales “aproximadamente el diez por ciento terminan en el sistema de salud pública por complicaciones”.

Además de las “desigualdades sociales” que desnuda esta circunstancia, Fernández aseguró: “Me parece imprescindible generar una regulación que cree igualdad de oportunidades”, y esa es una “obligación del Estado”.

En cuanto a las convicciones que basadas en dogmas, sostuvo que el “problema” es que esos planteos “van modificándose de acuerdo a la concepción moral de cada una de las épocas”, y justificó que, “de hecho, la Iglesia católica planteó cambios a lo largo de la historia”.

Por lo tanto, rechazó “ajustar” la legislación a este tipo de miradas por considerarlas “inadecuadas”.

“En defensa de la vida”

A las 13.56, el presidente de la cámara baja dio la palabra al diputado por Buenos Aires del bloque Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez.

Inició su alocución con un planteo que apunta a una cuestión de “definición personal” y no atravesado por las “lógicas de la política partidaria”, y reclamó “respeto y solidaridad” de sus pares que piensan distinto. “Pero mire, se van, y es una lástima porque muchos de nosotros tomamos con afecto, respeto y amor la posición de compañeros que tienen algo para decir. Lamento este gesto en un día en el que se reflexiona sobre un tema tan profundo”, se quejó.

Tras su descargo ante lo que observó en el recinto, ratificó: “Creo en la defensa de la vida de los que están por nacer, con la misma convicción que creo que hay que defender la vida de aquellos que hoy sufren en Argentina y en el mundo”.

“La discriminación, la injusticia social, la pobreza y todos los efectos de la cultura del descarte que, junto con el dominio de las finanzas, constituyen el corazón del capitalismo global actual”, enfatizó.

Rechazó que la discusión tenga relación con un tema religioso. Por el contrario, sostuvo que “la defensa de la vida es un asunto de estricta ética humana porque es la defensa, no sólo de la esencia, sino de la vida misma”.

En tal sentido, “no basta ni vale lo que algunos que no somos expertos podamos pensar sino lo que ha sostenido de manera reiterada la Academia Nacional de Medicina en el sentido que el niño por nacer, desde el punto de vista científico y biológico un ser humano desde el momento mismo de la concepción”.

“Me extraña y me llama la atención cierta distorsión en la sensibilidad de algunas fuerzas políticas asociadas a la tradición popular de Argentina por no registrar lo que hoy está pasando en la mayoría popular”, que “no está a favor ni de este proyecto ni de la urgencia que se le ha dado”.

Y desafiando a los funcionarios del Poder Ejecutivo nacional que “probablemente estén pensando en montar una caravana de festejos en la Cámara de Diputados hoy, les reconozco el derecho a interrumpir su trabajo, les recomiendo que no lo hagan, pero en todo caso sepan que este proceso termina en el Senado de la Nación”.

Se movilizaron en bicicleta y autos por las calles céntricas para exigir que este año se apruebe el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Rocío Liébana, una de las manifestantes, expuso que “más allá de la sorpresa de la presentación del proyecto al Ejecutivo hasta que no se concrete la ley vamos a continuar con las acciones en la calle”.

Luego de que el presidente Alberto Fernández presentara el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, una caravana de bicicletas y automóviles tiñó de verde nuevamente las calles para pedir que el proyecto llegue rápidamente al Congreso y sea ley.

El punto de encuentro fue la Plaza Independencia, puntualmente en Chacabuco y Pinto, donde las manifestantes se congregaron cerca de las 17 y minutos después salieron con sus bicicletas y algunos vehículos por las calles céntricas a visibilizar el pedido que llevan adelante.

Con pañuelos y globos verdes se movilizaron en caravana hasta 9 de Julio, luego por Mitre y regresaron por Rodríguez hasta la Plaza Independencia, terminando el recorrido en la Municipalidad donde con cantos expusieron la demanda.

“Es urgente, es prioridad que este año el aborto sea legal”, expresaron mediante cánticos.

Tal como sucedió en el resto del país, ayer por la tarde en Tandil se realizó una manifestación para exigir la legalización del aborto. Mediante un “pañuelazo” visibilizaron la protesta. Por último, realizaron una intervención en distintos puntos de la Plaza Independencia con cintas verdes que colocaron en los árboles. Con los pañuelos verdes en alto, centenares de personas se manifestaron por el aborto legal

En una reciente resolución del Juzgado de Garantías, a pedido de la fiscalía y sin objeciones de parte de la defensa, fue sobreseída la joven que se practicó un aborto con el controvertido médico Cardoso, quien aguarda por el juicio en el que se definirá su situación procesal, acusado del delito de “aborto con consentimiento de la mujer en concurso real con sustracción de medios de prueba en grado de tentativa”.

Como oportunamente se informó, a principios de julio del año pasado, cuando el debate por la despenalización del aborto marcaba la agenda política nacional, en la ciudad se realizaba un allanamiento en el consultorio del “doctor aborto”, cuando estaba realizando la práctica médica clandestina a una joven que tenía un  embarazo de 16 semanas. Tras el delicado procedimiento policial, ahora la justicia resolvió la instrucción penal que se había iniciado en torno a los protagonistas. La joven fue absuelta por el delito, en tanto que el médico afrontará el debate a realizarse en el Juzgado Correccional 1, con fecha a confirmar.

Afuera, un grupo Pro Vida, rezaba y había intentado convencer a la mujer de que desistiera de su decisión. El dramático suceso tuvo su final investigativo y el controvertido médico va a juicio.

El allanamiento llevó varias horas, se secuestró medicación, dinero, aparatos e instrumental médico, que a la postre fueron peritados para determinar si se utilizaban para efectuar abortos clandestinos.

La joven, en tanto,  fue trasladada al Hospital Ramón Santamarina, donde se la examinó y quedó internada en el piso común del área de ginecología. Según el parte médico, estaba estable y lúcida y quedó asentado en el expediente judicial que efectivamente había secuelas de un aborto.

Tal se preveía de acuerdo a lo que marca el Código Penal respecto a la pena en expectativa por el delito endilgado (de 1 a 4 años de prisión), el médico Cardoso recuperó su libertad al día siguiente, tras ser notificado del delito endilgado y negarse a declarar.

Por el hecho, el fiscal Damián Borean le imputó el delito de “Aborto consentido”, figura que contempla una pena en expectativa de uno a cuatro años, lo que resulta excarcelable. Una vez anoticiado de la imputación en su contra, y pasadas las horas, se resolvió la libertad del acusado. Entre las medidas solicitadas, se peticionó que el médico no pueda irse del país, que conforme un domicilio y acuda a la sede de fiscalía al momento de ser citado. Además de continuar procesado por el delito citado, también el ministerio público ordenó que se libren actuaciones al Colegio de Médicos, ente que podrá evaluar y consecuentemente resolver sobre la conducta del matriculado. Incluso se diligenció que se verifique la habilitación del consultorio donde Cardoso trabaja y realizó la práctica abortiva.

Sobre la libertad al médico cuestionado, también se sopesó el estado de salud. Según trascendió, Cardoso es insulino dependiente, lo cual requiere un seguimiento farmacológico, al igual que padecer un colesterol alto.

Ya sustanciada la causa, el fiscal ya había solicitado la elevación a juicio de las actuaciones respecto del imputado German Pablo Cardoso, como así también se pidió el sobreseimiento total de la joven involucrada, cuya situación procesal penal quedó ahora resuelta por el juez José Alberto Moragas.

La acusación

Tal se informó, la acusación a Cardoso señala que  previo acuerdo y recibiendo la suma de 30 mil pesos, aproximadamente a las 9 del 3 de julio de 2018, en el interior de su consultorio de calle 4 de abril 1188, realizó prácticas abortivas sobre una joven con el consentimiento de ésta. Que así causó a interrupción del embarazo y la consecuente muerte del feto gestado.

Como segundo hecho imputable, se detalló en la acusación que en el interior de dicho consultorio médico,  en circunstancias en que la policía llevaba adelante el allanamiento y secuestro (entre otras cosas, de teléfonos celulares del imputado), el doctor intentó sustraer al menos uno de sus dos teléfonos celulares personales, los que -con su contenido y sus comunicaciones estaban destinados a servir de prueba en la citada causa ante la fiscalía y tribunales competentes y, en ese momento, estaban confiados a la custodia de los mencionados funcionarios policiales intervinientes que debía secuestrarlos en cumplimiento de la orden judicial aludida.

Los hechos que se tienen por demostrados y endilgados a Cardoso, encontraron basamento probatorio en lo aportado por los testigos oportunamente incorporados al expediente, más los informes médicos y demás elementos que oportunamente se secuestraron en el procedimiento en el consultorio.

Desde la agrupación “Más Vida”, espacio que tiene su propia filial en la ciudad, organizaron para este sábado una marcha que tendrá réplicas en todo el país. En el marco del Día del Niño por Nacer, que se conmemora el 25 de marzo pero cae día de semana, decidieron movilizarse públicamente para “defender las dos vidas”, renovando su posicionamiento frente un tema que dividió de forma tajante las aguas en la sociedad.

A nivel local, la convocatoria está fijada en la Plaza de los Troncos (Santamarina y Belgrano) a las 17.30, con la finalidad de marchar por las calles hasta recalar en la Plaza Independencia para realizar un breve acto.

Julieta Bosch, referente de “Más Vida Tandil”, en diálogo con El Eco de Tandil, ofreció detalles sobre el evento y precisó que “proponemos también una donación de pañales para ayudar a algunas instituciones que se ocupan de mamás con embarazos vulnerables” y solicitó que quienes puedan los hagan llegar a los mencionados espacios públicos.

De acuerdo a lo establecido, la movilización culminará en la glorieta de la plaza céntrica, donde  se interpretará el Himno, se emitirán unas palabras alusivas y habrá  un cierre musical.

“Queremos manifestarnos para demostrar que no tenemos miedo de defender la vida, se intimida a ciertas personas que se manifiestan a favor de las dos vidas, como el caso de Alfaro (director técnico de Boca Juniors)  y no vi que se repudiara con tanta dureza a Ángela Torres cuanto cantó el Himno con el pañuelo  verde en los Juegos de la Juventud”, opinó Bosch.

La mujer focalizó los fundamentos de la marcha en tres aspectos. En primer lugar, la exigencia de que se respete la constitución nacional y se deroguen los protocolos de aborto no punible que existen desde 2015.  “No existe  el aborto legal en Argentina, la ley fue rechazada el 9 de agosto pasado y esos protocolos dan lugar a  abusos de todo tipo”.

Consultada acerca del artículo 86 del Código Penal, que despenaliza la interrupción del embarazo en caso de violación o riesgo para la vida o la salud de la madre, expuso que “el artículo 86 no lo reconoce como un derecho, exime las penas, pero no deja de ser un delito”.

En su diatriba, arremetió contra el Protocolo de Nación que busca garantizar el acceso al derecho de la interrupción legal de la gestación; “claramente que se presta para abusos de todo tipo porque permite el aborto indiscriminadamente por cualquier causal. Exigimos que se cumplan las leyes que sí existen y protegen las leyes del no nacido. Hay que darle protección a los casos de abuso y perseguir a los violadores que son los culpables”, sentenció.

Dicha normativa pretende promover en todo el país el derecho que tienen mujeres, niñas, adolescentes y toda persona con capacidad de llevar adelante una gestación, de acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) cuando este se encuadre en las causales previstas por el sistema normativo del país, y se encuentra entre las principales acciones implementadas por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable para alcanzar los objetivos establecidos en su ley de creación (25.673).

Esto implica que cuando una mujer solicita un aborto no punible porque ese embarazo pone en riesgo su salud, no se considera que el peligro sea únicamente físico, sino que también puede alegar que ese embarazo afecta su salud mental y equilibrio psicológico. El protocolo apunta que el peligro para la salud “no exige configuración del daño sino posible ocurrencia”. Además pondera que “la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida por parte de los profesionales de la salud a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales o religiosas”.

En segundo lugar, Bosch señaló que deberían tratarse  los más de 15 proyectos que están cajoneados en Diputados, orientados a brindar contención a mujeres que atraviesan embarazos “en crisis”. También criticó la paralización de los proyectos presentados en el Concejo Deliberante de Tandil que van en consonancia con esta línea.

La cancelación del 0800

Por último, aseguró que quienes se identifican con el pañuelo celeste también quieren “levantar la voz”  ante la derogación de la línea telefónica gratuita impulsada por  la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) en connivencia con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, destinada a asistir a “mujeres vulnerables que atraviesan un embarazo no deseado”.

“No solo se ha trabajado por el rechazo al proyecto de ley de despenalización del aborto, sino también en acciones prácticas por la defensa de las dos vidas, bajo el lema ‘Educación sexual para prevenir, contención para no abortar y adopción para vivir’”, señalaron en el comunicado para anunciar la medida. Pero el último viernes, la cartera ministerial informó que no estaban en condiciones de hacerlo. Por esa razón, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia decidió la rescisión del acuerdo y la suspensión del proyecto.

“Se aprobó y canceló 10 días después, se firmó el convenio con más de 200 organizaciones para ayudar a la mujer embarazada y a los pocos días empezaron a hacer presión los grupos abortistas para derogarlo. Es tremendo que no dejen ni siquiera ayudar, la única solución que quieren para las chicas es el aborto  y no dejen que otros ayuden”, sostuvo.

El caso Lucía y la maternidad forzada

Como es de  dominio público, en febrero se tomó conocimiento del caso de una niña tucumana de 11 años que cursaba un embarazo producto de las recurrentes violaciones y vejaciones a la que era sometida por un hombre de 65 años, pareja de su abuela. Aunque tanto la madre como la menor habían expresado su voluntad de acceder a una ILE, el procedimiento se dilató hasta las 23 semanas de gestación y finalmente Lucía fue sometida a una microcesárea. La beba falleció pocos días después. Bosch objetó esta información y aseveró que la madre de la niña recién pidió el aborto pasadas las 20 de gestación.

A partir de información brindada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos (Acnudh) instó al Estado argentino a garantizar de manera oportuna el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE), de acuerdo con la normativa vigente. El Acnudh actuó de oficio al tomar conocimiento del caso por las repercusiones mundiales que tuvo, luego de  que se revelara el pedido de la niña, cuando dijo ante una psicóloga “quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro”, según consta en la causa judicial de abuso sexual y en su historia clínica.

“Creo que cada particular hay que ver, hay chicas que no querían el aborto, sin embargo las madres las obligaron. Otro tema, si hay un riesgo cierto de salud para esa chiquita, el medico tendrá que juzgar si realmente se justifica un aborto. La solución no es la correcta, estos casos que terminaron en cesárea prematura tienen igual riesgo que el parto y que el aborto. El aborto tardío es de alto riesgo”, indicó Bosch a título personal.

“La chica fue violada, pasó por una cesárea que de todos modos iba a tener que pasar unos días después. La beba nace y muere a los pocos días Los médicos recomendaban  esperar a que la beba sea viable unas semanas más, hacerle una cesárea y que la chiquita la diera en adopción, claramente ella no puede ser madre a esa altura, en eso estoy de acuerdo”, opinó. El sector que está a favor de la legalización del aborto cuestiona esta postura esgrimida por quienes se oponen a la ILE, al considerar que es de una extrema crueldad y constituye un procedimiento de tortura obligar a una nena a llevar adelante un embarazo como si se tratara de una “incubadora”, y no fuera tremendamente lesivo para su psiquis y su cuerpo seguir gestando.

“Ahí no ganó a nadie, el problema de la nena es la violación, por qué nadie habla del violador, el que la forzó a la maternidad. La chiquita podría haber nacido unas semanas más tarde y hoy estaría con unos padres adoptivos que la quieran. A la mamá tan chiquita ella necesita contención y necesita que el Estado vele por ella, hay que condenar al violador”, defendió.

Volverán a presentar el proyecto de IVE 

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, reunida en plenaria nacional en la ciudad de Córdoba, acordó el articulado del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que será presentado en abril de este año en el Congreso Nacional.

El texto, con algunas modificaciones en relación al presentado un año atrás en la Cámara de Diputados, fue aprobado el fin de semana durante una asamblea plenaria realizada en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, a la que concurrieron 190 representantes de todas las provincias. Será la octava vez que se presente.

Según expresaron en un comunicado oficial, el proyecto “tiene como finalidad saldar una deuda histórica de la democracia, recoge el ejemplar ejercicio de participación democrática de toda la sociedad durante 2018, así como los 14 años de organización y experiencia política de la Campaña”.

Además, exhortaron a los/las candidatos/as a expedirse respecto de la legalización del aborto voluntario en el marco de las elecciones a realizarse este 2019.

Dentro de los reclamos sostenidos, siguen bregando por la implementación plena y efectiva, con presupuestos adecuados, de las leyes de Educación Sexual Integral y de Salud Sexual y Procreación Responsable, y del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en todo el país, para que las niñas, niños, adolescentes, mujeres e identidades disidentes accedan a sus derechos.