La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), a través de su Área de Derechos Humanos, realizará la presentación ante la comunidad del libro “Desde las sombras del tiempo – Ecos del recuerdo sobre crímenes de lesa humanidad”, obra del autor Jorge Meza.

La actividad contará con la presencia del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, reconocido referente internacional en la defensa de los derechos humanos, quien prologó la obra de Meza y estará brindando una conferencia. Asimismo, la presentación estará a cargo de Ana Almada, presidenta del Servicio de Paz y Justicia de Argentina (Serpaj). La cantante Ada Bartolini y el músico Guillermo ‘Turco’ Chiodi estarán presentes como artistas invitados.

El encuentro se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo a las 18 en el Aula Magna del Rectorado de la Universidad Nacional del Centro, ubicado en Pinto 399. La presentación es abierta a la comunidad.

Desde la organización señalaron que la propuesta buscará generar un espacio de reflexión y memoria en torno a los crímenes de lesa humanidad, a partir de una obra que recupera testimonios, recuerdos y experiencias vinculadas a uno de los períodos más dolorosos de la historia argentina.

“Desde las sombras del tiempo” reconstruye el terrorismo de Estado en el centro bonaerense. La publicación documenta el megajuicio por delitos de lesa humanidad en el centro de la Provincia, conocido como La Huerta, el cual abordó los crímenes cometidos por la dictadura cívico militar en la subzona 12, que abarcaba Azul, Olavarría, Tandil, Saladillo, Las Flores y Lobos. El mismo se desarrolló en el auditorio de la Universidad Nacional del Centro, en Tandil.

A 50 años del 24 de marzo de 1976, Tandil volverá a marchar por memoria, verdad y justicia, así como también para saber dónde están los desaparecidos oriundos de la ciudad. Dos serán las actividades principales: la vigilia del lunes 23 de marzo, y la marcha del martes 24, que partirá del Murallón del Dique y culminará en la Plaza Independencia.

En conferencia de prensa, organizaciones de derechos humanos, familiares de desaparecidos, representantes de la Unicen, y otras entidades convocaron a la ciudadanía en general a participar de las diferentes propuestas que se extenderán a lo largo de todo marzo, como la pintada de pañuelos en la plaza, presentaciones, obras de teatro y otras.

La marcha principal tendrá como punto de partida el murallón del Lago del Fuerte para recordar a la convocatoria realizada 30 años atrás, en 1996, desde la cual surgió Memoria por la Vida en Democracia.

“Va a ser una marcha emulando la que hicimos hace 30 años, desde el Dique hasta el centro,  que fue una movida tan importante y hubo tanta convocatoria. A partir de ese movimiento tan importante, hubo un grupo de personas que decidieron formar un organismo de derechos humanos ya permanente en Tandil”, contaron desde la organización. La recorrida incluirá el paso por espacios emblemáticos, desde centros clandestinos de detención –como la Comisaría 1era-, y escuelas a las que asistieron desaparecidos de la ciudad.

Tanto de la vigilia como de la marcha contarán con la presentación de grupos musicales y artísticos. En la noche del 23 se presentarán el Dúo La Trova, La Sepa Bo’ y Flor de Murga, además de que se leerán relatos del concurso literario “La identidad siempre florece”.

La marcha del 24 saldrá del murallón y llegará a la Plaza Independencia pasando por Avellaneda y Libertad, la Comisaría 1era, el Colegio San José, la Escuela Primaria N°1 y el monumento a los desaparecidos.

En el camino intervendrán murgas y comparsas como el Rejunte Murguero y Candombe del Encuentro para culminar en el escenario principal de la Plaza Independencia, donde cerrará Taba Re Cargosa.

Desde Memoria por la Vida en Democracia y las organizaciones que participaron de la conferencia de prensa destacaron la buena recepción al debate que registraron en sus actividades en el último tiempo. En particular con jóvenes estudiantes de escuelas secundarias, ingresantes a carreras universitarias y vecinos de barrios periféricos.

“Sobre todo en educación aparece como una conciencia, contrariamente a lo que leemos en esta coyuntura tan compleja, como una conciencia en las generaciones jóvenes de que se están vulnerando sus derechos y que hay similitud con el 76’”, expresaron, haciendo referencia al contraste con discursos públicos que vinculan a la juventud con miradas negacionistas o desinteresadas.

Anahí Marocchi, hermana del detenido desaparecido Omar Alejandro Marocchi y cuñada de Haydée Susana Valor (embarazada al momento de su secuestro), tomó la palabra durante la conferencia de prensa para manifestar una consideración con respecto a trascendidos que surgieron en el último tiempo sobre la posibilidad de indultar a los condenados por delitos de lesa humanidad.

“Cuando se hace referencia a las políticas negacionistas de este gobierno, por ejemplo, sabemos que una de las cosas que se ha tratado de buscar es el indulto de los represores”, sostuvo. “Pero yo no sé el día, no sé la hora, no sé dónde está mi hermano”, agregó.“Me parece que hay que recordar que esos represores, los que siguen con vida, por los que están pidiendo su indulto algunos sectores importantes del gobierno, esas personas continúan delinquiendo cada día, cada mañana que se levantan, porque no nos dicen qué hicieron con los restos de nuestros familiares. Es un delito constante que nos hacen sufrir, y que buscó eso. Buscó provocarnos sufrimiento para transmitir a la sociedad toda esta idea y provocar el terror”, concluyó.

Sábado 21 de marzo

15:30 a 18hs. Plaza Independencia.Pintada de pañuelos junto a centros de estudiantes secundarios de TandilRonda de bordado “El paisaje de la memoria colectiva”

18hs.Veredear por la memoria. Feria, muestra de libros, poesía y música.Biblioteca Salceda

Lunes 23 de marzo

16 hs.Sede de ATEIntervención de carteles y pañuelos.

22 a 00hs.VigiliaMonumento a los desaparecidos de la Plaza independencia

Martes 24 de marzo17 hs.Concentración en el murallón del Lago del Fuerte y marcha a la Plaza Independencia, pasando por lugares emblemáticos. Bandas y lectura de relatos en vivo.

Viernes 27 de marzo17hs.Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 10. Belgrano 1610.Plantamos memoria: historias de un pasado presentePresentación del sitio web “Historia y memoria en Tandil”

Viernes 27 de marzo22 y 23 hs.Constitución 271Presentación de “Falcon verde”, el segundo capítulo de la obra Diario de Plaza Moreno, la plaza en escena.

Tras conocerse los fundamentos del juicio La Huerta, donde se comprobaron y juzgaron crímenes de lesa humanidad cometidos en la ciudad y la región, las querellas presentarán recursos para apelar en los casos por los que se dictaron absoluciones. Así ya lo hizo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) con respecto a los hechos perpretrados contra seis obreros de la empresa Loma Negra, y lo harán tanto la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia como la Fiscalía. La fecha límite para hacerlo es el próximo martes 24 de febrero.

El Eco de Tandil dialogó con Guillermo Torremare, abogado de la APDH, quien brindó precisiones sobre el recurso elevado. En el juicio La Huerta, la organización fue querellante en los casos del abogado desaparecido Carlos Alberto Moreno, por el que hubo condenas a prisión perpetua, y en el del militante comunista Jorge Cura, en el cual se comprobó la materialidad de los hechos -fue secuestrado y sometido a tormentos-, aunque los que hubieran sido condenados fallecieron durante el desarrollo del proceso judicial.

Pero además, la APDH fue querellante en lo que se conoció como tramo Loma Negra, en el que se juzgó la detención y torturas cometidas contra seis obreros de la cementera de Olavarría, quienes habían llevado a cabo un cese de tareas de una hora en protesta porque una máquina dañaba las manos de los operarios.

Por tales hechos, Julio César Tula, Roberto Jorge Casares y Edgardo Mariano Viviani fueron absueltos, ya que el Tribunal consideró que se trataron de delitos comunes porque las víctimas fueron detenidas en dependencias oficiales y tuvieron derecho a defensa. Cabe señalar, el que representó a los obreros fue el abogado laboralista Mario Giubitosi, quien posteriormente fue secuestrado, torturado y sometido  a simulacros de fusilamiento.

“La sentencia no interpretó acabadamente los hechos que fueron juzgados. Y por lo tanto, en los casos puntuales de la APDH hemos recurrido a Casación. Lo mismo están haciendo la Fiscalía y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, de modo que tenemos una mirada parecida”, explicó Torremare.

El recurso presentado a Casación por la APDH se basa en dos puntos centrales. El primero, en la solicitud para la consideración delitos de lesa humanidad los hechos cometidos contra los seis obreros de Loma Negra. El segundo, en que trate la calificación de genocidio a los crímenes juzgados.

“La del genocidio es una figura distinta a la de lesa humanidad. Consiste básicamente en querer eliminar a un grupo social, en este caso decimos que compuesto por la militancia política, social, sindical, entre otros”, explicó Torremare.

“Un genocidio persigue la destrucción de un determinado grupo humano con un propósito:  acabar con el tramado de las relaciones económicas y sociales de un Estado para producir una modificación lo suficientemente sustancial que altere la vida del conjunto. Efectivamente así ocurrió en Argentina”, marca en el mismo sentido el recurso presentado por la APDH.

En cuanto al caso de los trabajadores de Loma Negra, fueron Walter Ignacio Peralta, Eustorgio Rodolfo Arenzo, Manuel Antunez, José Ricciardi, Andrés Staldeker y Antonio Álvarez quienes resultaron detenidos y sometidos a tormentos en julio de 1976, tras llevar a cabo una retención de tareas durante una hora, en protesta por una máquina que dañaba a los operarios.

“Ante la medida de fuerza Loma Negra S.A. denunció, acusando sabotaje, a los trabajadores en la Delegación Regional Olavarría del Ministerio de Trabajo –a cargo del Capitán del Ejército José Luis Álvarez”, señala el recurso de ala APDH. “Los trabajadores fueron considerados subversivos, ordenándose su detención por la autoridad militar, orden efectivizada por la policía provincial. Está acreditado que fueron Ernesto Caldera, Jefe de Personal de la empresa, y Bernardo Miresky, integrante de su directorio, quienes formularon la denuncia”, suma el texto.

Tras quedar detenidos, los obreros fueron trasladados a la Unidad Penal  N° 7 de Azul, “donde quedaron cautivos en el pabellón de 'extremistas' y fueron sometidos a condiciones inhumanas de detención, condiciones que deben tipificarse como tortura”, relata también el recurso de acuerdo a declaraciones de testigos en las audiencias del juicio La Huerta. “Los pusieron en celdas individuales y todos los días a las 5 de la mañana los hacían desnudar, los revisaban y los hacían bañarse con agua helada”, refiere el texto.

Sin embargo, los acusados fueron absueltos. En los fundamentos, los jueces del Tribunal consideraron que no se trató de crímenes de lesa humanidad por haberse dado las detenciones en “dependencias policiales y penitenciarias, como las que integran este acápite”, así como también que “existieron hechos punibles”, y que las víctimas contaron con la posibilidad de asignar a sus abogados defensores.

Entre los argumentos presentados en el recurso de la APDH se encuentra aquel que marca que el Tribunal no consideró que las detenciones y procesos judiciales no se dieron en el marco del estado de derecho sino en el de la dictadura que inició en marzo de 1976.

"Un procedimiento abiertamente ilegal y represivo, que comienza con una falsa denuncia empresaria y sigue con detenciones sin orden judicial y torturas a manos militares y policiales, como el sufrido por los seis obreros de Loma Negra, solo es posible en el marco del Terrorismo de Estado", señaló el abogado de la organización.

Además, las víctimas resultaron entonces enjuiciadas por la ley conocida como de “Represión de actividades Subversivas”, se los derivó a la Justicia Federal y no a la justicia ordinaria, e incluso durante la detención se las alojó en el piso al que se lo denominaba como “de los extremistas”. Quienes intervinieron en las detenciones fueron funcionarios del gobierno dictatorial, e incluso condenados posteriormente a prisión perpetua por otros casos de lesa humanidad, como el teniente coronel Ignacio Verdura y el comisario Alberto Argentino Balquinta.

“En este aspecto, es claramente una sentencia errónea y aspiramos a que sea revocada en la Cámara Federal de Casación Penal”, consideró Torremare.

La delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ya lleva el nombre de Daniel Reynaldo Medina, abogado que fue secuestrado y desaparecido en Tandil, durante la última dictadura cívico militar.

Medina había defendido derechos laborales de trabajadores de Metalúrgica y presentado habeas corpus por casos de detenciones y desapariciones. Se encontraba en proceso de abrir su propio estudio personal cuando el 18 de octubre de 1976 un grupo comando ingresó en su casa de Uriburu al 1400 y lo llevó secuestrado. Su esposa Elizabeth correría la misma suerte en julio de 1978 y resultó víctima de la Masacre de Luna Roja. Ambos casos formaron parte del circuito represivo La Huerta.

“Esta es una lucha de todos los días. Los 30 mil nos faltan todos los días, y tenemos que levantarnos y convivir con eso. Creo que son importantes estas señalizaciones, porque toda persona que pase se va a interpelar, preguntar por qué está ese nombre en la placa o en una baldosa. Y quizás se pregunte o pueda investigar para saber realmente qué pasó”, expresó Simón Medina, hijo del homenajeado, poco antes del descubrimiento de la placa conmemorativa. 

A raíz de un convenio firmado entre Hijos Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Trabajo bonaerense, se llevan a cabo tres iniciativas. Denominar con nombres de desaparecidos a las diferentes delegaciones del organismo, generar instancias de charlas formativas con el personal de cada oficina, así como también con estudiantes y docentes de los Centros de Formación provinciales.

En ese marco surgió la propuesta de que la oficina de Tandil lleve el nombre de Daniel Reynaldo Medina. “La decisión que tomamos desde Hijos es empezar a intervenir en la planificación y concreción de políticas públicas, ese es el gran cambio que dimos. Sin abandonar los pedidos de juicio y castigo, pasamos a actuar y lo hacemos en articulación con el Estado, porque creemos en el Estado”, señaló Martín Moreno, de Hijos Provincia.

Del acto de descubrimiento de la placa con la que se denominó Daniel Reynaldo Medina a la oficina local del Ministerio de Trabajo participó el director regional del organismo –Ezequiel González Godoy-, junto al subsecretario provincial de Relaciones del Trabajo –Andrés Reveles-, el coordinador zonal -Raúl Calamante-, y el secretario general de la CGT Tandil, Sebastián Hidalgo. Además, estuvieron presentes integrantes de Memoria por la Vida en Democracia y de la Mesa Multisectorial por la Memoria, Verdad y Justicia, así como también el diputado nacional Rogelio Iparraguirre y otros referentes sindicales, sociales, culturales y políticos de la ciudad.

“Estaría bueno no tener que recordarlos por estar desaparecidos sino por su labor, y tenerlos hoy en día, cuando hay que reivindicar sus luchas y donde tenemos un gobierno nacional totalmente negacionista”, dijo Simón Medina al tomar la palabra.

Por su parte Reveles sumó que “cuando se hizo este convenio con Hijos, la intención fue la de reflejar las historias de cada compañera, de cada compañero, porque no solamente son un nombre, son una trayectoria y son sucesos que marcaron y que siguen marcando para nosotros inspiración. Como la vida de Reynaldo Medina, abogado, compañero que interponía recursos de habeas corpus durante la etapa más oscura, que fue algo muy parecido a lo que estamos viviendo. Un proyecto entreguista que ve como enemigo a los trabajadores organizados, que ve como enemigo a las disidencias, que ve como enemigo a toda persona que entiende que la patria es nuestra y que la tenemos que defender hasta la última gota de sangre".

El funcionario provincial concluyó considerando que “hablar de Daniel Reynaldo Medina es hablar de un compañero que ponía el pecho por las personas que estaban sufriendo y que estaban siendo perseguidas. ¿Cómo no estar acá para rendirle un homenaje? Pero si usted me pide una palabra para sintetizar al compañero Medina, era un trabajador”.

En representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Guillermo Torremare fue abogado querellante en el juicio La Huerta. No fue el primer proceso vinculado al accionar del terrorismo de Estado en el que trabajó, ya que posee una vasta experiencia en otras causas y mega-causas. 

Tras la lectura de las sentencias dialogó con El Eco de Tandil y brindó un primer balance de lo ocurrido en el Aula Magna. Si bien hizo hincapié en la necesidad de conocer los fundamentos, también sostuvo que algunas penas fueron “desproporcionadas por bajas”, y estimó que “la única posibilidad legal” para comprender las absoluciones fue que parte de los crímenes no fueron considerados de lesa humanidad, por lo que estarían prescriptos. 

Destacó que La Huerta fue un caso particular por haber sido el ámbito donde se juzgaron hechos cometidos en ciudades pequeñas o intermedias, adelantó que presentarán un recurso a Casación, y que “es imposible sustraerse a un clima de época” para analizar los fallos. Entre otros aspectos expresó que en el marco del proceso judicial se reconocieron crímenes de lesa humanidad cometidos en la Base Aérea de Tandil.

“Las condenas que se hicieron, nosotros las esperábamos. De las penas menores, las que fueron de entre 5 y 10 años, esperábamos que fueran mayores. Hay un imputado que se comprobó que violó a una mujer prisionera y se le dio una pena de seis años de prisión. Esto es una pena absolutamente desproporcionada por baja. Pero nuestra sorpresa de ayer fue por la cantidad de absoluciones”, expresó.

-Por su dimensión, por su amplitud geográfica, el de La Huerta fue un juicio particular…

-Sí, esta es una de las tantas causas que hay, que es una mega causas por la cantidad de víctimas, por la cantidad de imputados, por la cantidad de hechos, por la cantidad de lugares que han funcionado como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

De modo que es una causa muy particular en ese sentido. Y que al mismo tiempo, tiene la rareza de juzgar hechos producidos, no en las grandes en las grandes ciudades del país sino en ciudades pequeñas o relativamente pequeñas.

-Si bien la etapa del juicio tomó casi tres años, fue un proceso más extenso, ¿Cómo fue ese proceso?

-Este juicio tiene más de diez años, porque hubo toda una instancia de instrucción, que se realizó ante un Juzgado Federal, y, una vez que esa instrucción estuvo concluida se pidió la elevación de la causa a juicio, que fue esta última etapa de tres años. Se realizaron inspecciones oculares a los lugares donde se cometieron los delitos, y se escucharon una gran cantidad de testigos. Después se produjeron los alegatos, y después lo que ocurrió el viernes 24, la lectura de la sentencia.

El viernes se leyó solo la parte dispositiva de las sentencias, pero el 19 de diciembre nos van a dar a conocer los fundamentos. Así que, la verdad es que hasta que conozcamos los fundamentos, es muy difícil hacer una evaluación profunda de la certeza o no de lo del veredicto que se dio a conocer ayer.

Hasta no ver los fundamentos no tenemos elementos para criticarlo abiertamente, pero sí tenemos algunas presunciones claras en función del resultado que nos permiten afirmar que es erróneo en muchas de las absoluciones.

-Hubo 8 condenas y 27 absoluciones. ¿Qué balance hacen a partir de esta decisión del tribunal?

-Las condenas que se hicieron, nosotros las esperábamos. Pero de las penas menores, las que fueron de entre 5 y 10 años, esperábamos que fueran mayores. Hay un imputado que se comprobó que violó a una mujer prisionera y se le dio una pena de seis años de prisión. Esto es una pena absolutamente desproporcionada, por baja. 

Pero nuestra sorpresa de ayer fueron la cantidad de absoluciones. Y en eso, en principio veo dos cosas. Primero, hay una parte de esas absoluciones que no las entiendo, porque yo había había visto en el proceso que de muchas de las personas absueltas fue acreditada su responsabilidad en muchos de los hechos juzgados, a través de varias declaraciones testimoniales. De modo que vamos a ver cuáles son los fundamentos, pero, en principio, hay algo que no estoy comprendiendo en su totalidad.

Y después hay otra cuestión que tiene que ver con algunas situaciones vinculadas a casos en los cuales las víctimas fueron trabajadores agremiados, denunciados por las empresas, caso Fabi, Losa, o Loma Negra. Por esas denuncias hubo participación del Ministerio de Trabajo, que estaba intervenido por militares, y a esas víctimas se las detuvo, se las torturó, se las mantuvo mucho tiempo privadas de libertad, y luego se las liberó con grave perjuicio, porque quedaron sin trabajo. La mayoría tuvo que irse de la localidad en la que vivían con sus familias y con un daño tremendo. 

Esas cuestiones, que fueron varias en esta causa La Huerta, no fueron entendidas como juicios de lesa humanidad, sino que fueron entendidas como delitos comunes, por lo que están prescriptos y por lo tanto, la única posibilidad legal es la absolución de las personas imputadas. Vamos a ver los fundamentos, pero entendemos que esto es lo que ha sucedido.

Es un error grosero que a los casos de represión a trabajadores agremiados no se los considerara como delitos de lesa humanidad sino como delitos comunes y en consecuencia se resolvió su prescripción. Esa persecución a los trabajadores fue parte del plan represivo de la dictadura.

-¿Cómo continúa esto?

-El día 19 de diciembre se darán a conocer los fundamentos. A partir de ahí, las partes tenemos diez días hábiles para presentar recursos de casación, esto es impugnar la sentencia pidiendo un resultado diferente. Eso se presenta ante la Cámara Federal de Casación Penal. Esos diez días se van a prorrogar, porque justo nos va a tocar la feria judicial del mes de enero, así que en febrero se van a estar presentando los recursos.

Obviamente, yo tengo plena certeza que vamos a recurrir esta sentencia y también entiendo que los defensores de las personas que fueron condenadas también van a recurrir intentando morigerar penas.

-Más allá del balance sobre condenas y absoluciones, el Tribunal reconoció los crímenes cometidos en Tandil y en toda la Sub Zona 12. ¿Qué lugar le otorga a ese reconocimiento? Luego de la lectura de las sentencias, algo que se escuchó fue que “en Tandil la dictadura ocurrió”…

-Sí, claro, yo no tengo ninguna duda. Una de las primeras cosas que hizo la dictadura fue parcelar el país, de manera que no hubiera un solo metro cuadrado de territorio nacional que no quedara bajo la órbita de la actuación militar.

Ese discurso inicial del presidente del Tribunal fue un explícito reconocimiento a esa violencia. Y que la verdad es que no se condice ese discurso inicial con el resultado del juicio, con las 27 absoluciones. Por eso, la primera manifestación que tuve fue de sorpresa.

-Entre otros, se comprobaron crímenes cometidos en la Base Aérea de Tandil. La cronista del Juicio, Soledad Restivo, hizo mención a ese punto en un artículo que escribió tras conocerse las sentencias…

- Efectivamente, esos hechos quedaron demostrados en el juicio y son los que justificaron dos de las peticiones perpetuas, a Valdecantos y Martínez Salgado.

Estas fueron las primeras veces que se juzgaron los hechos ahí ocurridos. Se juzgaron y se llegó a las máximas condenas. Así que, en definitiva lo que ocurrió fue precisamente el reconocimiento de crímenes de lesa humanidad en la Base Aérea.

-Con respecto a las sentencias, ¿Qué lugar le corresponde al “clima de época”, al “clima político”?

- Es imposible sustraerse a un clima de época en el cual los máximos gobernantes, y hablo del presidente y la vicepresidenta de la Nación, tienen reiteradamente expresiones negacionistas. No obstante eso, yo creo que esas expresiones no son compartidas por la inmensa mayoría de la sociedad argentina.

-La justicia es otro poder...

-La justicia es un poder del Estado que está compuesto por magistrados probos y honestos, y otros que son más sensibles a estos vientos políticos. No obstante, hasta no ver los fundamentos de la sentencia no voy a tener expresiones que permitan presumir que los magistrados se han dejado llevar por estos por estos vientos políticos o por este clima de época que existe.

El Centro Cultural Universitario (CCU) reunió a agrupaciones de derechos humanos, estudiantiles y sindicales, en el marco de la histórica audiencia 104 del Juicio La Huerta, con la lectura de la sentencia. En un clima de profundo respeto y con nutrida concurrencia, los asistentes pasaron de la celebración de las primeras condenas por delitos de lesa humanidad a la desazón por la gran cantidad de absoluciones que dictaminó el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

El encuentro comenzó a tomar forma durante la mañana, con una muestra fotográfica, de afiches y material de archivo, un interesante recorrido por las actividades desarrolladas por el área de Derechos Humanos de la Unicen.

En el gimnasio se dispuso una pantalla gigante y también sillas, pero además algunas agrupaciones se instalaron en las tribunas. Pasadas las 11, comenzaron a llegar personas, algunas desde localidades cercanas y con fuerte presencia de vecinos de Azul.

Debajo del escenario, las fotos de los desaparecidos traían al contexto actual las historias de lucha por justicia frente al terrorismo ejercido por el Estado en la última dictadura cívico militar. En los muros y otros sectores del gimnasio, se instalaron las banderas de Memoria por la Vida en Democracia, de Adultos Mayores en Lucha –Amalu-, Comisión de Derechos Humanos del Instituto 2 de Azul, Suteba, ATE Tandil y Juárez, el Instituto de Formación Docente y Técnica 10 –exISER-, Movimiento Evita, entre otras.

Entre el público se encontraban integrantes de Historias Desobedientes Argentinas, organización que nuclea a hijos y familiares de genocidas que se rebelaron del mandato de sus padres y desde hace años acompañan a las víctimas.

Muchos de los presentes lucían los pañuelos blancos con la impresión, en letras rojas o negras, del contundente Nunca Más, mientras que otros se identificaban con remeras de agrupaciones políticas de estudiantes, de movimientos sociales y sindicales.

Desde la primera fila, acompañaron los concejales de Unión por la Patria, Darío Méndez y Nicolás Carrillo, quienes aguardaron el inicio de la lectura y luego se trasladaron a Pinto y Chacabuco, donde se sumaron Severiano Mon y el diputado nacional Rogelio Iparraguirre.

Mientras tanto, en la planta alta del CCU, los estudiantes secundarios del programa Escuelas con Memoria colmaron la sala del cine Incaa Unicen para vivenciar la lectura de la sentencia en el marco de la megacausa Sub Zona 12. 

Minutos antes de la sentencia, los asistentes recorrieron las muestras ubicadas en el Salón de los Espejos y el hall del CCU. Además, compartieron una producción audiovisual de Abra TV, con una línea de tiempo que dimensionó el juicio iniciado el 25 de febrero de 2022 y cerrado ayer, tras 104 audiencias.

Al comenzar la transmisión de la lectura, se congregaron todas las personas frente a la pantalla, en una tensa espera por la suerte de los 31 procesados y juzgados.

Las condenas a perpetua de Héctor Emilio Martínez Salgado, Román Valdecantos, Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret provocaron la reacción espontánea de los militantes, con cerrados aplausos tras la consecución de justicia.

Sin celebraciones, vivenciaron las penas a Carlos Martín Luzuriaga, a 10 años y 6 meses de prisión; a Roberto Jorge Casares, a 6 años; a Luis Alberto Benítez, a 6 años y 9 meses de prisión; y a José Luis Álvarez, a 5 años de cárcel. En todos los casos se sumó la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En tanto, en el tramo final de la sentencia llegaron las numerosas absoluciones, tanto por extinción de delitos, como por no haberse realizado acusaciones y por falta de pruebas.

Tras el final, marcado por la frase “el juicio ha concluido”, los asistentes se levantaron de sus sillas, tomaron de ambos extremos los pañuelos del Nunca Más y comenzaron a cantar “Olé, olé, olé, olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.

Y antes de partir en movilización hacia el Rectorado, saludaron a los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos “presentes, ahora y siempre”.

Camino al Rectorado, en silencio y bajo una llovizna, los militantes de agrupaciones de Derechos Humanos se manifestaban ansiosos por conocer las repercusiones de la sentencia que tuvo un saldo inesperado en relación a la gran cantidad de enjuiciados absueltos.

Ya en la esquina, familiares de desaparecidos de Tandil daban cuenta de un cambio en el momento político y ponían como ejemplo un falló de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se conoció ayer, que extendió las prisiones preventivas a imputados por delitos de lesa humanidad.

Como muestra de los cambios de humor en el Poder Judicial a partir del contexto político actual, informaron que hay 75 causas de lesa humanidad elevadas a juicio que esperan por su debate y que en los 10 juicios que efectivamente se están desarrollando, se realiza un promedio de 8 audiencias por semana.

En ese marco, cobró más fuerza el testimonio de una sobreviviente de Azul que lleva 47 años luchando por justicia y que había llegado a Tandil para acompañar el cierre del Juicio La Huerta. Como paradoja, contó que el acusado por su caso murió sin ser juzgado.

Luego de casi 3 años de proceso, el Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladó a la ciudad para realizar la lectura de las sentencias del Juicio La Huerta. Tras reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la región durante la última dictadura, los jueces dictaron 8 condenas y 27 absoluciones. Las víctimas manifestaron desazón por las absoluciones, pero destacaron el acompañamiento de gran parte de la ciudadanía y aseguraron que continuarán trabajando por memoria, verdad y justicia. Los fundamentos se conocerán el próximo 19 de diciembre. Hubo menciones al “clima político” con respecto al tenor de lo resuelto por el Tribunal.

“Tuve la satisfacción de que me reconocieran que dije la verdad, que contra mí se cometió un delito de lesa humanidad, y que fuimos víctimas. Veo en general con desazón la cantidad de absoluciones, pero también hay que tener en cuenta que hubo perpetuas. Pero me quedo con la satisfacción que hemos tenido en todo este camino del juicio, el apoyo de gran parte del pueblo de Tandil, los abrazos, el cariño, el reconocimiento, la juventud movilizada por memoria, verdad y justicia”, expresó María del Carmen Silva, víctima que estuvo detenida en La Huerta y quien fue una de las primeras testigo que tuvo la causa.

Dentro del Aula Magna, donde se llevó a cabo la audiencia, algunas de las víctimas y familiares de víctimas concurrieron con fotografías de sus seres queridos detenidos desaparecidos. Tal fue el caso de Cecilia Traficante, quien ubicó la pancarta con la imagen de su hermana en una de las sillas, ocupando el lugar de una asistente más. Cecilia continúa buscando a su sobrina o sobrino, ya que su hermana estaba embarazada de cuatro meses cuando fue secuestrada en el Hotel Turista, a metros del Parque Independencia, en junio de 1977.

Su misma mirada, los mismos gestos de abrazos y acompañamiento de parte de sus allegados y compañeros también pudieron observarse en otros de los familiares y víctimas presentes, como Simón Medina, Alfredo Tangorra, María Rosa Toncovich, y tantos otros y otras.

En el juicio se juzgaron crímenes cometidos en lo que se conoció como Sub Zona 12 y abarcó tanto al predio de La Huerta como al exISER, la Quinta de los Méndez, la Base Aérea, la Comisaría 1ra y la Comisaría 2da de Tandil, así como también la Delegación de la PFA, la Unidad Regional IX, la Unidad Penal N° 7,  y la Ex Estación del Ferrocarril – Jardín Maternal de Azul, la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, Monte Peloni, la comisaría Las Flores y la comisaría de Olavarría.

Poco después de las 12 los jueces Nicolás Toselli, Fernando Marcelo Machado Pelloni y Sabrina Namer ingresaron en el Aula Magna, que estaba colmada de público. Además de víctimas y familiares hubo autoridades universitarias, integrantes de organismos de Derechos Humanos, y representantes del peronismo local –Rogelio Iparraguirre, Darío Méndez, Severiano Mon, Nélida Sereno y Federico Martínez-, pero también del radicalismo –Julio Elichiribehety, Guillermina Cadona y Cristian Cisneros-. 

Estuvo además Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, e hijo del detenido desaparecido Carlos Moreno. Tal como fue en el caso por el crimen de su padre, en La Huerta se juzgó a Emilio y Julio Méndez. Aunque solo este último llegó con vida al cierre del proceso, y finalmente resultó absuelto.

Fue el juez Toselli quien tomó la palabra para agradecer a todas las partes implicadas en el juicio, y en particular a la Unicen y su área de Derechos Humanos por el trabajo realizado para la retransmisión de las audiencias. 

En nombre del Tribunal recordó que el Juicio La Huerta implicó delitos cometidos no solo en Tandil sino también en Olavarría, Ayacucho, Azul, Roque Pérez, Las Flores y Rauch, y destacó la labor que llevaron a cabo en pos de constituirse en los sitios de los hechos a partir de inspecciones a comisarías y centros clandestinos de detención. “Con el mismo espíritu, creemos esencial dar a conocer el veredicto en esta ciudad, reconociendo la importancia que ello tiene para la comunidad”, planteó.

Señaló además que el juicio implicó 15 elevaciones parciales por casos que damnificaron a 162 víctimas, y por los que hubo 35 imputados entre miembros de las Fuerzas Armadas, efectivos policiales, del Servicio Penitenciario Bonaerense y civiles. También que se realizaron 104 audiencias por las que pasaron más de 200 testimonios, y mencionó que no fue tarea fácil llevar adelante un proceso de tal dimensión, por su amplitud geográfica y la complejidad de su objeto procesal.

Pero el punto central de lo expresado por el Tribunal estuvo marcado por el reconocimiento de los crímenes cometidos en Tandil y la región. “Declarar que los hechos motivo del proceso, con la salvedad de los abarcados en el apartado XII constituyen delitos de lesa humanidad, y por tal resultan imprescriptibles, rechazándose en consecuencia los planteos de extinción de la acción penal por prescripción interpuestos por las defensas”, manifestaron, para luego remarcar que gran parte de los hechos “ocurrieron en el marco del plan sistemático de represión ilegal”.

Si bien a fines de noviembre de 2024 la Fiscalía había solicitado 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 4 años y 4 absoluciones, el Tribunal Oral Federal dictaminó finalmente 8 condenas y 27 absoluciones.

En concreto, Héctor Emilio Martínez Salgado –de la Fuerza Aérea- fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación perpetua por haber sido hallado hallado coautor penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad agravada e imposición de tormentos agravada en perjuicio de perseguidos políticos, en el caso de la víctima Eduardo Santellán. Además fue condenado como coautor de la privación ilegítima de la libertad agravada y partícipe necesario del homicidio en el caso de la víctima Pedro Mazzochi. Por los mismos crímenes recibió prisión perpetua Román Valdecantos, quien también integró la Fuerza Aérea. Cabe mencionar, algunos de los condenados a perpetua resultaron absueltos en otras casos por los que habían sido acusados.

Osvaldo Héctor Repetto –del Ejército-, fue condenado a prisión perpetua por haber sido encontrado coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad agravada, privación ilegal de la libertad doblemente agravada, imposición de tormentos agravada y partícipe necesario del homicidio calificado -cometido con alevosía y concurso premeditado-, en el caso de la víctima Daniel Medina.

Alejandro Guillermo Duret –quien fuera coronel del Ejército y ex oficial de Inteligencia- recibió prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por ser hallado coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad simple y agravada, tormentos agravados y homicidio doblemente calificado en perjuicio de las víctimas Alfredo Thomas y José Luis Musmeci, ambos soldados conscriptos de la ciudad de Azul.

Por su parte Carlos Martín Luzuriaga -exjefe de Inteligencia del Área 123-, recibió diez años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por haber sido hallado coautor penalmente responsable de privación ilegal de la libertad agravada, privación ilegal de la libertad doblemente agravada, e imposición de tormentos agravada.

Roberto Jorge Casares –también del Ejército-, recibió seis años de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por ser coautor penalmente responsable del delito de violación agravada por el uso de la fuerza e intimidación, en perjuicio de la víctima Lidia Gutiérrez.

Luis Ernesto Benítez –quien se desempeñaba en el área de Sanidad del Ejército-, recibió seis años y nueve meses de prisión e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por ser coautor penalmente responsable del delito de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político.

José Luis Álvarez –capitán del Ejército-, fue condenado a cinco años de prisión e  inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena, por el delito de tormentos agravados por ser la víctima perseguido político, en perjuicio de la víctima Mario Gubitosi. Se dispuso su libertad en atención al tiempo que llevaba detenido, siempre que no mediara otra orden restrictiva.

Del resto de los acusados, parte resultaron absueltos por considerarse la extinción del hecho penal. Tal fue el caso de Julio César Tula, Edgardo Mariano Viviani y Héctor Rubén Rinaldi. Pero también resultaron absueltos Raúl Omar Carlucho, Francisco Oscar Sarmiento, Norberto Luis Ferreras, Pedro Juan Aguirre -estos por “no haberse formulado acusación al respecto”-, y Héctor Alberto Mangudo, Alberto Joaquín Monge, Jorge Aníbal Tolosa, Juan Manuel Miller, Julio Manuel Méndez, Eduardo Augusto Samyn, Horacio Ricardo Barriola, Américo Fernando Ferrer, Néstor Omar Vapore, Juan Manuel Durante, Luis Ignacio Gómez Centurión, Raúl Andrés Ara, Ricardo Edmundo Arce, Gustavo José Cáceres, Daniel Ceresoli, Guillermo Prieto, José María Bruzzone, Miguel Ángel Buezas, Jorge Pedro Cinalli y Enrique Carlos Vitale, por “los hechos traidos a juicio”.

Tras la lectura, que terminó pasadas las 12:30, el juez Toselli finalizó expresando “señoras y señores, el juicio ha concluido. Buenas tardes”.

Concluida la lectura de las sentencias, los presentes levantaron los pañuelos con la leyenda “Nunca Más”, y cantaron “como a los nazis, les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. Luego sumaron “30 mil compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre”.

Hubo lágrimas, abrazos, saludos, y sensaciones encontradas entre la emoción y la satisfacción por todo el proceso realizado –movilizaciones, pedidos porque la lectura del veredicto se haga en la ciudad, actividades de visibilización del juicio, propuestas con escuelas secundarias, jornadas de limpieza en el centro clandestino de detención La Huerta y tantas otras iniciativas-, pero amargura por la gran cantidad de absoluciones determinadas por el Tribunal.

En diálogo con El Eco de Tandil, tanto organismos de Derechos Humanos de la ciudad y familiares como víctimas de crímenes de lesa humanidad transmitieron que las querellas apelarán parte de lo resuelto por los jueces, en particular las absoluciones. Sin embargo, un paso fundamental en ese sentido será conocer los fundamentos de los jueces, que se harán públicos el próximo 19 de diciembre.

“No vamos a bajar los brazos. En Tandil la dictadura sucedió, y tuvo responsables. Pero traer a la memoria lo que pasó a los estudiantes, trabajadores, sindicalistas o militantes que sufrieron el terrorismo de Estado nos permite poner en valor sus luchas, sobre todo para entender el presente”, expresó María Nazábal, coordinadora del área de Derechos Humanos de la Unicen, espacio clave en el desarrollo del juicio.

Nazabal hizo mención a un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que “fue en sintonía con una política que tiene la Corte de no condenar a los civiles partícipes de la dictadura, que va en sintonía con un Poder Ejecutivo cuya vicepresidenta manifiesta la reivindicación de la dictadura o el negacionismo respecto de lo sucedido”, según agregó.

Referente de Memoria por la Vida en Democracia, hermana de Mario y Ángel y cuñada de Silvia Miguens –detenidos desaparecidos-, Petra Marzocca dialogó con El Eco de Tandil apenas minutos después de la lectura de las sentencias.

“Es una justicia incompleta y vamos apelar algunos fallos”, expresó, para luego agregar que “esperábamos que la sentencia fuera suave, han dado a los máximos responsables perpetua, pero queda toda una camada intermedia que intervino, secuestró y torturó”.

La mencionada Cecilia Traficante sostuvo también que concurrió con “otra expectativa” y que de su parte esperaba la condena a los acusados. “Al responsable de lo de mi hermana y mi cuñado no pudieron condenarlo porque murió el año pasado, pero toda la gente que está acá es como mi familia”, manifestó para luego agregar que “seguimos buscando al bebé de mi hermana, y seguimos luchando porque esto no tiene que volver pasar”.

Alfredo Tangorra fue víctima de secuestro en La Huerta, primo de los mencionados Mario y Ángel Marzocca, y uno de los querellantes particulares del juicio. Tras escuchar la sentencia recordó el camino recorrido en materia de memoria y derechos humanos desde la recuperación de la democracia a la fecha, pero señaló que los acusados por su detención “quedaron libres y por lo tanto, es muy probable que me los pueda cruzar en una esquina de Tandil en cualquier momento”.

Tangorra manifestó que “es una sensación agridulce que me queda, porque en realidad estos tipos tienen que tener no solo prisión domiciliaria, sino que tienen que tener prisión efectiva, y, lamentablemente quedaron absueltos”.

Anahí Marocchi –hermana del detenido desaparecido Omar Marocchi y referente de Memoria por la Vida en Democracia-, consideró que “esta condena tiene aspectos importantes, condenas esperables como por ejemplo la de Duret. Pero hay una cantidad de absoluciones y duelen muchísimo porque tocan casos de la región”.

Planteó que “es un momento difícil, pero tendremos el recurso de apelación. Nunca se han bajado los brazos en décadas, y no es el momento de hacerlo ahora”.

Desde la Mesa Multisectorial por la Memoria, la Verdad y la Justicia invitaron a vecinos y vecinas de Tandil a presenciar la lectura de la sentencia del Juicio La Huerta, que tendrá lugar el viernes 24 de octubre a partir de las 12 en el Aula Magna de la Unicen. Quienes quieran acercarse, podrán hacerlo a la esquina de Pinto y Chacabuco, donde se colocará una pantalla gigante en la que se retransmitirá la audiencia. En el caso de mal clima, dicha actividad se realizará en el gimnasio del Centro Cultural Universitario.

“La idea es que quede una huella profunda en la memoria de de la sociedad de Tandil y de la región, de la gravedad de los hechos que ocurrieron a partir de que este grupo de de militares y civiles hayan tomado el poder por asalto y hayan puesto todo el engranaje del Estado al servicio de atemorizar, aterrorizar a la población, porque era la única manera que un pueblo como el pueblo argentino, un pueblo educado, organizado, politizado, consciente de sus derechos, aceptara el saqueo que se habían propuesto venir a hacer de nuestra patria”, transmitieron integrantes de la Mesa.

Tras un sostenido reclamo, actividades de visibilización y la cobertura de cada una de las audiencias, el pedido de la Mesa Multisectorial se hizo realidad y los jueces del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladarán a Tandil para leer la sentencia. El Juicio La Huerta lleva casi 3 años de proceso, donde se llevaron a cabo más de 100 audiencias por las que pasaron 213 testigos. En el mismo se juzga la participación y responsabilidad de 35 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la zona durante la última dictadura cívico militar.

Vecinos y vecinas que forman parte de la Mesa Multisectorial -ex detenidos y detenidas, familiares, universitarios, docentes, jóvenes y particulares, entre otros-, citaron a una conferencia de prensa de cara a la lectura de la sentencia con el fin de “visibilizar la importancia del juicio que venimos realmente esperando desde tantos años y que se pudo concretar a pesar de del tiempo y de las dificultades, y el valorar que la sentencia sea en la ciudad de Tandil, por lo que ha trabajado la Mesa y otros actores durante tanto tiempo. Fue el lugar donde se dieron los hechos, la zona, la región y hay que rescatar eso para la memoria colectiva que la ciudad tenga conocimiento, conciencia de lo que se vivió hace tantos años atrás”, de acuerdo a lo que señalaron.

Desde la Mesa Intersectorial destacaron el rol de la Unicen en todo el proceso del juicio, ya que “todo lo que ocurrió tuvo un respaldo en recursos humanos, en recursos de infraestructura, en recursos también de conocimiento y de construcción de conocimiento, así como del trabajo los medios públicos universitarios”, en particular en el registro y difusión de cada una de las audiencias realizadas al momento.

Invitaron a la comunidad en general a presenciar la lectura de la sentencia y marcaron que “para la Mesa es muy satisfactorio que, en el marco de políticas nacionales vinculadas con el negacionismo, el refinanciamiento de las políticas de justicia y la destrucción de patrimonio muy importante en materia de derechos humanos, que Tandil dé un paso al frente esta semana, culminando con la lectura de las sentencias en la ciudad”.

Plantearon que Tandil no fue la excepción en cuanto a los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico militar. “Los responsables de de esos hechos gravísimos tienen nombre y apellido, y los que han llegado con vida y en condiciones de ser juzgados van a escuchar la sentencia que les corresponda. Han sido juzgados con leyes anteriores al hecho del delito cometido, con todas las garantías procesales que tiene cualquier acusado, cualquier delincuente, con todo el respeto hacia ellos por parte de los jueces”, indicaron.

Manifestaron además que los acusados “se presentan como abuelitos venerables, amados por su barrio y por su familia, y que son perseguidos políticos, pero sabemos que ellos fueron los responsables de esas aberraciones, ellos entraban en los centros de detención como si fueran dioses, diciéndonos, `Ahora teneme miedo a mí, yo soy dios y soy el dueño de tu vida`, y todas esas barbaridades que le decían a gente atemorizada, encapuchada, porque ni cara teníamos, ellos no nos veían ni las caras, encadenados, en un estado total de vulnerabilidad física y psicológica. Como son crímenes de lesa humanidad, no prescriben, porque son tan dañinos que lesionaron a a la dignidad humana misma y pueden ser juzgados en cualquier tiempo y lugar del planeta, ahora tienen que estar acá y y recibir el peso de la ley”, concluyeron.

Grilla completa de actividades camino a la sentencia

Jueves 23

Festival por la Memoria. A partir de las 18 en Pinto y Chacabuco. Bandas locales y el cierre a cargo de Facón. En el caso de mal clima se traslada al gimnasio del CCU.

Viernes 24

10 a 12 - Pinto y Chacabuco

Transmisión especial entre Abra UNICEN y Radio Universidad a través de streaming en el canal de Abra TV y el canal de YouTube de Radio Universidad UNICEN.

Muestra de experiencias e iniciativas vinculadas a derechos humanos en el marco de la Semana de la Extensión.

Pantalla en la calle con retransmisión en vivo de la audiencia.

11:30 - Sala INCAA de la UNICEN

Apertura de la Transmisión especial para escuelas del Nivel Secundario, Nivel Superior y Modalidad de Adultos a cargo del Proyecto Escuelas con Memoria.

12 - Aula Magna de Rectorado

Inicio de la audiencia de Lectura de veredicto del juicio por delitos de lesa humanidad de la zona centro de la provincia de Buenos Aires con la conformación presencial del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la ciudad de Mar del Plata.

El próximo viernes 24 de octubre a las 10 se llevará a cabo en el Aula Magna de la Unicen la lectura de la sentencia del Juicio La Huerta, donde se juzga a 35 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en Tandil y la región. Con la consigna “Camino a la sentencia”, desde la Mesa Multisectorial por la Memoria organizaron un conjunto de actividades para los días previos al evento, que tendrán como propuesta central un Festival Cultural el jueves 23 a partir de las 18 en la esquina de Pinto y Chacabuco.

Del Festival por la Memoria será parte bandas locales, números artísticos, y un cierre especial con la presentación de los consagrados Facón. La banda azuleña tendrá como parte de su repertorio a “Cuando veo tu cara”, una canción de su último disco que “evoca la identidad, la historia y los sentimientos relacionados con la restitución del nieto 114”, compartieron desde la difusión de las actividades.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladará a la ciudad para realizar la esperada lectura de la sentencia. El Juicio La Huerta lleva casi 3 años de proceso, donde se llevaron a cabo más de 100 audiencias por las que pasaron 213 testigos. En el juicio se juzga la participación y responsabilidad de 35 acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil y la zona durante la última dictadura cívico militar. En el marco de las recientes actividades vinculadas al juicio, recientemente se presentó el libro Camino a la sentencia, publicado por el área de Derechos Humanos de la Unicen. Las propuestas en el marco de los días previos a la lectura de la sentencia tendrán lugar tanto en Tandil como en Azul y Olavarría.

Desde la organización transmitieron que existe la posibilidad de que sumen nuevas actividades en los días venideros, las cuales darán a conocer a través de las redes sociales de la Mesa Intersectorial, @nuncamastandil.

Jueves 16 de octubre – Azul

ISFDyT N.º 2 – Mitre y Colón - A las 18

Conversatorio “Memoria, Verdad y Justicia: los juicios de La Huerta y Monte Peloni”. Con la participación de Soledad Restivo, periodista y cronista de los juicios de la Subzona 12, integrante de la Mesa Multisectorial.

Sábado 18 de octubre - Tandil

Predio del ex CCD “La Huerta” – Desde las 11

Pintada de banderas y pasacalles. En caso de lluvia, la jornada se realizará en el Centro Cultural La Vía.

Lunes 20 de octubre

Conferencia de prensa “Camino a la Sentencia”

Convocada por la Mesa por Memoria, Verdad y Justicia, con el objetivo de marcar la importancia histórica del momento, presentar las actividades previstas para la semana y anticipar las acciones de visibilización que continuarán luego del veredicto.

Martes 21 de octubre

Volanteada en la Feria Extensionista –Tandil

Será en el marco de la Semana de la Extensión de la Unicen, de 16 a 20 en el Centro Cultural Arte y Parte (Yrigoyen 882)

Miércoles 22 de octubre – Olavarría

Centro Cultural Universitario – Yrigoyen 662 – A las 18.

Panel “Justicia y dictadura: el rol de la universidad en el juzgamiento a represores”. Participarán Leandro Lora (Conicet - Facso), Carmelo Vinci (Comisión por la Memoria) y Soledad Restivo (Radio Universidad 90.1, Mesa Multisectorial).

En el marco de la Semana de la Extensión, se abordarán los juicios de lesa humanidad en la región, el rol de la universidad y de los medios públicos y el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Miércoles 22 de octubre – Tandil

Muestra y premiación – Concurso “La identidad siempre florece” - A las 19 en el SUM del Centro Cultural Universitario.

En Día Nacional por el Derecho a la Identidad, se llevará a cabo la presentación de ilustraciones y microrrelatos creados por la comunidad en acompañamiento a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.

Exhibición completa de obras, lectura de microrrelatos y música en vivo a cargo del Taller de Ensamble Vocal de La Compañía.

Jueves 23 de octubre

Festival por la Memoria – Camino a la Sentencia

Desde las 18  en Pinto y Chacabuco. Bandas locales y el cierre a cargo de Facón.

Viernes 24 de octubre

Lectura de la Sentencia – Juicio Subzona 12

A partir de las 10hs en Pinto y Chacabuco. La Mesa por Memoria, Verdad y Justicia dispondrá de un gazebo en la Feria de la Extensión de la Unicen para dialogar, compartir datos, experiencias y emociones en torno a este proceso de memoria colectiva.

Además: 

10 a 12 - Pinto y Chacabuco

Transmisión especial entre Abra Tv Unicen y Radio Universidad. 

También se emplazará la “Muestra de experiencias e iniciativas vinculadas a derechos humanos de la UNICEN” en el marco de la Semana de la Extensión y a las 12  se retransmitirá la lectura del veredicto a través de una pantalla ubicada sobre la esquina.

11:30 - Espacio Incaa Unicen 

Apertura de la Transmisión Especial para Escuelas del Nivel Secundario, Nivel Superior y Modalidad de Adultos a cargo del Proyecto Escuelas con Memoria.

Estudiantes secundarios, familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil junto a vecinos y vecinas en general volvieron a pintar los pañuelos que recuerdan en la Plaza Independencia a los tandilenses detenidos desaparecidos durante la última dictadura.

“Hoy pintamos memoria”, compartió Chabela Coronel Ruiz, presidenta de la Fecet, la Federación que nuclea a los centros de estudiantes secundarios de Tandil. Junto a Memoria por la Vida en Democracia organizaron la jornada que se enmarcó en las actividades propuestas para conmemorar otro aniversario de la Noche de los Lápices, y que continuarán el próximo sábado 20 en el Festival por la Memoria en el centro cultural Arte y Parte.

La pintada de pañuelos comenzó poco después de las 9 del sábado 13 de septiembre. Los primeros en llegar fueron los chicos y chicas de las escuelas secundarias – hubo de Comercio, de Polivalente, de Sábato, de la Secundaria 19, de Técnica y otras instituciones-, y de a poco se fueron sumando otros vecinos. La mayoría concurrió con sus pinceles y latitas de pintura, para volver a darle color a los pañuelos, en una iniciativa que ya se instaló en la agenda local vinculada a los derechos humanos y a la memoria.

“Era lo que estábamos buscando este año, volver a pintar los pañuelos como lo hicimos el año pasado. Y que nos volviéramos a encontrar en las plazas, cosa que siento que se había perdido un montón. Pero que hoy estén acá los pibes me hacen recordar que no se ha perdido, que esto sigue estando presente en la memoria, igual de fuerte que siempre, y que como decimos, hoy pintamos memoria, por ellos, por ellas y por los que hoy están acá luchando”, sumó la presidenta de la Fecet.

Anahí Marocchi, parte de Memoria por la Vida en Democracia y hermana de Omar Alejandro Marocchi –vecino detenido desaparecido durante la última dictadura militar-, compartió su emoción por encontrarse pintando los pañuelos con los estudiantes secundarios.

“Es una emoción muy grande verlos pintar. Es una emoción muy grande para nosotros también ver el pañuelo con el nombre de nuestro ser querido, y nos ocurre que hablamos con gente de nuestra generación, incluso gente más joven también, que después pasan, mucha gente viene a ver los pañuelos después, y hemos hablado que muchos tenemos la costumbre de no pisarlos, evitamos pisarlos cuando andamos por acá, porque tienen una simbología importantísima, importantísima para la ciudad”.

Agregó que “los pañuelos son relativamente recientes dentro de la historia de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, acá en la Plaza. Y surgieron como respuesta justamente a un acto muy fuerte de negacionismo que hubo en ese momento, y entonces salió del grupo de Memoria y de estudiantes, el hacer esta intervención en la Plaza para decir que ellos están, que siempre van a estar y que están que vamos a mantener esa memoria”.

Marocchi fue consultada también por lo que sucederá el próximo viernes 24 de octubre, cuando tenga lugar en la ciudad la lectura del veredicto del Juicio La Huerta, donde se juzgan crímenes cometidos en Tandil y la región contra 192 vecinos y vecinas.

“La invitación es para el 24 de octubre a las 12, que es cuando se va a dar el adelanto de sentencia, lo que llamamos en general la sentencia, que es el adelanto de sentencia sin toda la fundamentación. Así que sí, llamamos a toda la ciudadanía a estar expectantes y a acompañar. Va a ser una fecha muy importante. Tuvimos reunión de la Mesa por la Memoria, donde estuvimos diagramando todas las posibilidades, actividades. Así que aprovechamos para decir que esperamos toda la compañía posible ese día, porque es algo esperadísimo en Tandil”, concluyó.

Luego de pedidos de parte de la Mesa Intersectorial por la Memoria, al que acompañaron 9 intendentes de la región, la lectura del veredicto del Juicio La Huerta se llevará a cabo en Tandil el próximo viernes 24 de octubre. Los jueces del Tribunal Oral Federal N.º 1 de Mar del Plata se trasladarán a la Unicen, donde darán a conocer lo resuelto después de casi 3 años, 98 audiencias y 213 testimonios sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar en la ciudad y la zona.

“Todo el proceso del juicio ha sido importantísimo. Y que ahora nos digan que tenemos la localía para leer la sentencia acá, me parece muy importante y que va a tener mucho peso en la sociedad de Tandil, y más en este momento, en tiempos de negacionismo. Esto no no se tiene que olvidar, tiene que ser nunca más, nunca más terrorismo de Estado, nunca más este daño que se le hizo a la sociedad y que va a llevar generaciones superarlo. Porque todavía estamos llorando nuestros muertos y y esperando, aunque sepamos que no van a volver los desaparecidos, en algún rincón de del corazón, los hermanos, las familias que sobreviven a esos desaparecidos, están sintiendo que que pueden volver”, expresó María del Carmen Silva, víctima que estuvo detenida en La Huerta y la primera vecina en declarar en el juicio. Junto a Ernesto Invernizzi -también de la Mesa Intersectorial por la Memoria-, recibieron a El Eco de Tandil y compartieron la alegría por la decisión del Tribunal de trasladarse a la ciudad donde funcionó el Centro Clandestino de Detención La Huerta, y donde ocurrieron la mayor parte de los crímenes juzgados.

La noticia de que la lectura del veredicto sería en Tandil la anunció la periodista Soledad Restivo -de la Agencia Comunica y Medios Unicen-, la cronista que cubrió todo el desarrollo del Juicio desde su inicio en 2022 a la fecha. Si bien el proceso del mismo se hizo en Mar del Plata -sede del mencionado Tribunal- las audiencias se retransmitieron en el Aula Magna de la Unicen y en las subsedes.

Desde su inicio en febrero de 2022, se llevaron a cabo 98 audiencias por la que pasaron 213 testigos. Estos documentaron los crímenes cometidos contra 192 víctimas, por los que fueron procesados 52 ex militares, ex policías, ex penitenciarios y 2 civiles, de acuerdo a lo que consta en la crónica de Agencia Comunica. En septiembre pasado, los fiscales pidieron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años y 4 absoluciones.

María del Carmen Silva fue una de las víctimas y la primera en dar su testimonio ante el Tribunal. Actualmente forma parte de la Mesa Intersectorial, y consultada por El Eco sobre sus impresiones al enterarse de que la lectura del veredicto se haría en Tandil, manifestó que “jamás en el en los momentos que se estaban sucediendo estos delitos de lesa humanidad, me hubiera imaginado que íbamos a poder llevar a juicio a esos criminales que tenían todo el poder. En ese entonces yo tenía más posibilidades de no sobrevivir que de sobrevivir. Así que ¿qué podía pensar de que iba a haber justicia?”.

María del Carmen grabó en su memoria las impresiones del lugar en el que estuvo detenida. “Cuando salí de ahí bajo amenaza de muerte, no lo repetí con nadie”, contó. Guardó sus recuerdos durante años. Fue la recordada Stella Bassi la primera que le confirmó que había estado en La Huerta. “Cuando me ofrecieron de ir a declarar en el Juicio a las Juntas, no me animé”, agregó Silva.

Tras la derogación de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hace casi 20 años atrás comenzó a testimoniar en la etapa de investigación del Juicio La Huerta.

“Todos los años que pasaron hasta llegar a esta sentencia fue larguísimo, y sin embargo es valiosísimo. Algunos dicen que la justicia cuando llega tarde no es justicia, pero no. Es valiosísimo, a pesar de que sabemos que es una pena que que muchos culpables murieron impunes y muchos nos quedamos sin poder acusar a los culpables materiales del delito del que fuimos víctimas. Pero igual es valiosísimo el que se haya llegado a esta instancia”, compartió.

Desde la Mesa destacaron la participación de organizaciones, sindicatos, y vecinos particulares en todo el proceso del Juicio a la fecha, y en particular a la Unicen que dispuso de los recursos técnicos para la re transmisión de las audiencias.

“El terrorismo de Estado continúa y continuará hasta que se encuentren todos los nietos que fueron privados de su identidad. Que fueron secuestrados y hoy están a punto de cumplir cincuenta o más años, y tienen su identidad robada y sus hijos también y sus nietos también. Eso significa que las heridas de la dictadura siguen abiertas”, sumó Invernizzi.

Hasta el próximo viernes 24 de octubre, cuando los jueces del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata se trasladen a la ciudad para realizar la lectura del veredicto del Juicio La Huerta, el proceso continúa con una serie de audiencias en las que los juzgados podrán hacer uso de su “última palabra”.

En diálogo con El Eco de Tandil, la periodista Soledad Restivo –quien cubrió cada una de las instancias del juicio para la Agencia Comunica de la Unicen-, contó los detalles de las próximas audiencias. Cabe recordar, en La Huerta se juzgan crímenes de lesa humanidad cometidos contra 192 vecinos por los que fueron procesados 52 ex militares, ex policías, ex penitenciarios y 2 civiles. En septiembre pasado, los fiscales pidieron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años y 4 absoluciones.

“Se le llama ‘última palabra’, es un derecho que le asiste a todos los imputados. Si quieren agregar algo o responder a lo que se ha dicho, lo pueden hacer antes de que el Tribunal dirima el veredicto final. Forma parte de las garantías procesales que están previstas y que ellos no respetaron nunca. Porque hay que volver a decir que, si hay algo que dejó bien claro el juicio y podemos hacer un una línea argumental, es que para la Sub Zona 12 había un circuito represivo específicamente delineado para esta zona, con características particulares”, señaló Restivo.

-Hubo un anuncio importante sobre la lectura del veredicto en la ciudad, que va a ser el 24 de octubre. ¿Cómo sigue el Juicio La Huerta hasta esa fecha?

-El Tribunal anunció todo junto en una en una comunicación para las partes. A partir del viernes 29 de agosto empezaron a darse una serie de audiencias que van desde la 98 a la 104, para las que el Tribunal había pedido que los abogados defensores pasen la lista de los imputados que querían hablar.

En estas audiencias está previsto un cronograma de toma de la palabra en el que están todos los imputados. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, si efectivamente hacen uso de este derecho, o si al no haber respuesta de los de los abogados, los integrantes del Tribunal decidieron hacer este cronograma.

Lo cierto es que esto se da todo en estas audiencias que van hasta el 10 de octubre, que es la última, y ya después se espera que el 24 de octubre el Tribunal venga a Tandil a leer la sentencia. 

En un contexto, a mi entender, complejo, porque son dos días antes de las elecciones. Y esto creo que va a marcar un poquito el tenor de lo que suceda en la calle, porque estamos en un momento electoral muy particular, donde las aguas respecto de estas temáticas están muy divididas.

-Más allá de los integrantes de la Mesa por la Memoria, organizaciones y vecinos de Tandil, ¿Se espera ese día la participación de vecinos de otras localidades en las cuales también hubo víctimas que pasaron por La Huerta?

- Efectivamente después de tres años y tantos actores involucrados, ya hay anuncios por parte de organismos, de familiares y de víctimas que han que han testimoniado desde otras ciudades de que van a venir. De hecho, hay contingentes que van a venir de Olavarría, contingentes que van a venir de Azul. Fue lo que pasó en 2012 con el juicio de Carlos Moreno, y este año no va a ser no va a ser diferente.

-Con respecto a las audiencias que restan, hiciste  mención a que serán las de la “última palabra”…

-Sí, se le llama así. El uso de la última palabra es un derecho que le asiste a todos los imputado, por si quieren agregar o responder a algo que se ha dicho, lo pueden hacer antes que el Tribunal dirima con ese el veredicto final.

-Forma parte de las garantías procesales…

-Sí, es un es un derecho de los imputados, parte de las garantías procesales que están previstas y que ellos no respetaron nunca. Porque hay que volver a decir que, si hay algo que dejó bien claro el Juicio es que para la Sub Zona 12 había un circuito represivo específicamente delineado, con características particulares.

Para alguna de las de las ciudades tenía características más particulares todavía, pero que básicamente eran el secuestro ilegal, la detención desaparición en una comisaría, y de ahí el traslado para la tortura a otros lugares.

Algunas personas aún están desaparecidas, otras fueron parte de los declarantes, quienes llegaron con vida después de 47 años. La Fiscalía pidió 11 perpetuas, 20 condenas menores y 4  absoluciones. Y los abogados defensores pidieron absoluciones absolutas, la mayoría esgrimiendo la situación de guerra interna. Se sigue sosteniendo desde la defensa que lo que sus defendidos hicieron fueron solamente cuestiones de debida obediencia dentro del esquema militar, y que por eso tienen que ser absueltos. La mayoría también esgrime la situación de violencia y que  dentro de esta guerra, que se trataron de algunos excesos y nada más.

Frente a esto, siempre se responde que, bueno, si esa era la situación, no se respetaron ninguno de los derechos que tenían cualquiera de las personas que fueron detenidas, desaparecidas, violadas, torturadas, robadas. En la mayoría de los casos, sus garantías procesales y los derechos humanos de todas las personas que fueron víctimas durante la última dictadura militar, no se respetaron jamás.

Ahora, a la hora de pedir justicia por parte de los familiares, siempre es dentro de los canales legales y respetando las garantías, y tienen el derecho de ser los últimos en hablar en un juicio que hace tres años que estamos llevando adelante.

-El Juicio lleva tres años. Escuchaste la mayor parte de los 213 testimonios, a los acusados, a las defensas de las partes. Cubrió todo el proceso y ahora llega esta noticia de la lectura en Tandil. ¿Qué significa para vos como profesional comprometida con este tema?

-Para mí es un momento muy particular, porque de hecho yo ya cubrí otros juicios. Carlos Moreno, Monte Pelloni. Y siempre es un momento en donde uno entra en contradicción, porque después de tantos años uno está feliz, contento de poder estar en el momento de la de la palabra de la Justicia. Pero sabemos que a veces la justicia, y más en este momento particular, no va a ser tan justa.

Ha pasado mucho tiempo, no creo que haya tan buenas noticias como en otras veces, y está esa dicotomía entre felicidad, duda, y un poco  de reproche, de que esto debería haber sido mucho antes, mucho antes.

En este Juicio en particular con más razón. Porque se juzgaron los hechos que se cometieron en Azul, que es mi ciudad natal, donde la mayoría de las víctimas estaban ligadas a mi historia personal.

Cuando llegó el momento de los casos de Azul fue muy impactante escuchar esos relatos. Relatos que, en su mayoría, yo había escuchado a través de mi mamá, de mi papá y de otras personas cercanas, pero que los estaba escuchando en primera persona y desde otro lugar emocional también.

Fue muy fuerte, porque además, Azul tiene una historia muy particular con el tema de la última dictadura, y el asiento de las grandes cabezas que idearon esto en esa ciudad. Videla se juntaba en un campo en Azul.

Así que para mí esto tiene un doble sentido de cerrar una etapa. De alguna manera completar una historia que muchas veces tenía incompleta, muchas historias que hacen a la mía. Y que me exigen un esfuerzo profesional extra. Porque cuando escribo o cuando hago algún relato, tengo que mantener la distancia para poder contarlo. Al menos un poco, no del todo, porque tampoco creo que el periodismo tenga que ser aséptico.

La vicepresidenta Victoria Villarruel oficializó en las Últimas horas la designación en el Senado de Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Control de Auditoría y Control de Gestión, un exmilitar que ordenó destruir dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta en el que se habían registrado nacimientos entre principios de los ’70 hasta mediados los ’90.

Los fiscales a cargo del caso le imputaban a Gestoso Presas y Carlos Fernando Tozzeto Arias, director del Hospital, un delito conexo a crímenes de lesa humanidad por el intento de destrucción de ese tipo de material probatorio, aunque en 2014 el Tribunal Oral Federal de Salta consideró que no cometieron un delito de lesa humanidad y fueron sobreseídos “por prescripción de la acción penal”.

El 15 de mayo de 2008, Tozzeto Arias, junto a otras personas, encontró los dos libros en el lavadero del Hospital, y con el argumento de que eran ilegibles como consecuencia de la humedad y el moho, los entregó a Gestoso Presas (en ese momento, jefe de la Compañía de Inteligencia 5), para que evaluara si contenían información valiosa y si correspondía guardarlos.

Gestoso Presas juzgó que no tenían información relevante, por lo que resolvió quemarlos, decisión con la que Tozzeto Arias coincidió, y le encomendó esta misión al capitán Silvio Manino Leal, quien advirtió que la orden era irregular, fingió cumplirla pero guardó los libros en su domicilio hasta que pudo entregarlos a la cartera de Defensa.

En la causa penal, el ex director del Hospital está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y el ex jefe de Inteligencia, de tentativa de destrucción de objetos destinados a servir de prueba.

Uno de estos libros es un registro de la sala de Maternidad del Hospital Militar, durante 1976, y se presume que podría contener información vinculada a hechos de terrorismo de Estado.

En el requerimiento a elevación a juicio, el fiscal Ricardo Toranzos aseguró que “tanto Tozzeto Arias como Gestoso Presas desde el inicio estuvieron al tanto que el proceder adoptado respecto a los libros hallados era irregular” y que “no obstante, motivados con la intención de destruir aquellos instrumentos, no trepidaron en dar órdenes para su incineración, lo que no pudo ser llevado a cabo por circunstancias ajenas a sus voluntades”.

En el marco de distintas actividades que se están realizando mientras se espera la llegada de la lectura de la sentencia en el juicio por delitos de lesa humanidad en Tandil, este viernes se presentará el libro “Anudamos la práctica: Los Equipos de acompañamiento y su experiencia en territorio Bonaerense”.

La presentación será el 30 de mayo a las 18 horas en la Sala A del Centro Cultural Universitario de la UNICEN, ubicado en Yrigoyen 662. La invitación es abierta a toda la comunidad.

El libro pretende recuperar las experiencias de los Equipos de Acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires. A través de las páginas se reconstruirán sus conformaciones y sus historias, se pondrá en común el saber que fueron construyendo, sus experiencias y sus reflexiones en un proceso de construcción colectiva como una apuesta a fortalecer los territorios. El objetivo de la obra es reivindicar "la tarea del Acompañamiento como política de reparación desde una perspectiva integral de los derechos humanos”.

Los Equipos de Acompañamiento que fueron parte de este proyecto conforman una experiencia colectiva profusa y sumamente rica. Cada uno de ellos contó con sus particularidades, su diversidad de orígenes, conformaciones, pertenencias institucionales y miradas.

“Este libro pretende ser no sólo una herramienta de formación y divulgación para las y los interesados en la tramitación del pasado reciente, sino también un reconocimiento a los equipos, a su compromiso y militancia en el ámbito de los Derechos Humanos en el territorio bonaerense; a la entrega y al amor puesta en la tarea de acompañar”, expresan desde la organización.

La presentación del libro en Tandil es organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Según afirman, "reflexionar, revisar y compartir con otras y otros es imprescindible en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia que se llevan adelante”.

Los Equipos de Acompañamiento en casos de lesa humanidad son grupos interdisciplinarios de profesionales, como por ejemplo psicólogos, asistentes sociales y abogados, que brindan asistencia integral a víctimas, testigos y querellantes durante los procesos judiciales relacionados con violaciones graves de derechos humanos. 

El objetivo de su trabajo es garantizar el protagonismo de las víctimas en el proceso, minimizar el impacto emocional y psicológico, y asegurar una respuesta integral a sus necesidades.

Entre las tareas que llevan a cabo se encuentran principalmente otorgar apoyo psicológico, social y jurídico a las personas afectadas, incluyendo la gestión de trámites y la preparación para las audiencias. También se enfocan en la experiencia subjetiva de cada persona, buscando generar un espacio seguro y facilitador para la producción de su testimonio.

Su rol sirve como prevención de revictimización, ya que pone especial atención en evitar que los procesos judiciales puedan causar un daño adicional a las víctimas, como por ejemplo, el revivir experiencias traumáticas. 

Trabajan en estrecha colaboración con los tribunales, la fiscalía y las organizaciones de derechos humanos para garantizar que las víctimas puedan ejercer sus derechos. Además, los Equipos de Acompañamiento pueden trabajar en diferentes ámbitos, como juicios, investigaciones y procesos de reparación a víctimas de violaciones de derechos humanos. 

A días de otro 24 de Marzo, y en pleno juicio por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Tandil y la región, un grupo de vecinos y militantes de Derechos Humanos realizaron una jornada de limpieza en el ex Centro Clandestino de Detención La Huerta. Plantearon que si bien es al Municipio a quien le corresponde mantener el lugar, volvieron a reunirse como tantas otras veces para cortar el pasto y dejar en condiciones el sitio en el que estuvieron detenidas alrededor de 50 personas durante la última Dictadura.

“Venimos limpiando esto hace 10 años. No podés tener así un sitio donde se asesinó gente. Acá mataron y torturaron. En el medio del Juicio La Huerta, tener esto hecho una mugre, es una falta de respeto, una falta de dignidad. Entonces, las cosas hay que hacerlas. Y en un mundo donde se exacerba el ego, hay que militar el amor, la empatía, la solidaridad, el cuerpo a cuerpo y el abrazo”, compartió el “Negro” Díaz, uno de los referentes de la actividad.

Fue pocos minutos después de las 10 cuando los participantes se convocaron a las puertas de lo que fue el Centro Clandestino de Detención La Huerta. Llevaron rastrillos, palas y desmalezadoras para poner en condiciones el lugar, en particular cortar el pasto para que sea visible la cartelería indicadora. “La memoria no se apaga”, decían los distintivos que los asistentes lucieron en el pecho durante la jornada.

La limpieza se desarrolló en la entrada a La Huerta, ya que por encontrarse el proceso judicial en marcha está prohibido el acceso al interior. Cabe recordar, a 3 años del inicio del juicio, en el mismo se llevan a cabo los  alegatos. Finalizada dicha instancia tendrán lugar las sentencias.

“El Municipio tiene la responsabilidad de mantener esto. Y en el medio del Juicio, tenerlo hecho una mugre, es una falta de respeto, una falta de dignidad”, expresaron los participantes de la jornada de limpieza.

Desde la organización recordaron que La Huerta se usó –como más de mil centros clandestinos en todo el país-, “como un centro más, lo usaban como un lugar donde se traía a la gente a la que se pretendía hacer confesar pero no lo que había pasado ni lo que la gente había hecho. No, esto fue un Centro Clandestino. Acá se traía gente para que digan lo que ellos querían escuchar”, contaron los participantes.

Pusieron el ejemplo de un hombre de 70 años que fue secuestrado por haber estado suscripto a una publicación del Partido Comunista. “Nunca hizo nada, nunca participó de ninguna acción guerrillera, de ningún grupo armado, de nada. No trajeron a la gente para que diga lo que supiera. Trajeron a la gente y se la torturó para que diga lo que ellos querían escuchar. Una locura”, agregaron.

Los asistentes contaron también que no solo llevaron a cabo jornadas de limpieza en La Huerta sino en la Quinta de Los Méndez, y en la Plaza Susana Valor del barrio La Movediza. “Hicimos canteros, pusimos un montón de plantas y pusimos árboles, pero vinieron y destruyeron todo”, lamentaron. De cualquier modo, aseguraron, continuarán con la tarea de mantener en condiciones los sitios de memoria.

“Esto lo vamos a seguir haciendo. Porque el objetivo no es venir y hacerlo una vez. El objetivo, lo que tiene que estar claro, es que vos tomás una acción que tiene una continuidad, porque tiene una coherencia. Porque tiene una perseverancia. Porque uno hace lo que tiene que hacer. Más allá de que venga gente, no venga gente, que les guste, que no les guste. Que lo entiendan o que no lo entiendan. Vos hacés lo que tenés que hacer. Y a esto hay que hacerlo. Lo haga o no lo haga el gobierno municipal, la Provincia o Nación. Nosotros tenemos que estar acá y tenemos que ponerle dignidad”, afirmaron.

Cabe recordar, La Huerta está ubicada frente a lo que fue una reconocida industria local. Durante el final de la jornada de limpieza, los presentes evocaron una anécdota que tuvo lugar durante una de las primeras visitas al ex Centro Clandestino. Al sonar la sirena que llamaba al cambio de turno de la fábrica, una de las mujeres que había permanecido secuestrada en el sitio, contó que no escuchaba ese sonido desde el momento en el que fue detenida, cuando lo  hacía desde el interior de su celda.

A casi 50 años del comienzo de última Dictadura Cívico Militar, los organismos de Derechos Humanos continúan manteniendo su pedido porque la lectura de las sentencias del Juicio La Huerta se realice en Tandil, donde fueron cometidos los crímenes y donde viven gran parte de los sobrevivientes, así como también los familiares y amigos de aquellos que murieron.

La Fiscalía presentó los pedidos de condenas para los acusados del Juicio La Huerta, el proceso en el que se juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en centros clandestinos de detención ubicados en Tandil y otras ciudades de la región.

Luego de 8 jornadas de alegatos, los fiscales Santiago Eyherabide, Eugenia Montero y Julio Darmandrail solicitaron 11 condenas a prisión perpetua, 20 penas de entre 3 y 20 años ajustadas según la gravedad de los delitos y el nivel de participación de cada acusado y 4 absoluciones para acusados sobre los que no se hallaron pruebas suficientes que sustenten las acusaciones en su contra.

La información surge de una nueva crónica de Soledad Restivo, la periodista que cubrió las instancias del juicio para la Agencia Comunica de Medios Unicen. Tras 75 audiencias, con testimonios de más de 200 personas en una causa que comenzó con 51 imputados –entre militares y civiles- pero en la que actualmente quedan 35 ya que algunos fallecieron y otros fueron apartados por insania, se conocieron los pedidos de condena.

A su vez el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata informó que los alegatos de las querellas comenzarán el viernes 22 de noviembre a las 8:30. Se espera que ocupen las próximas tres audiencias en las que participarán la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Posteriormente, será el turno de las defensas.

Se estima que el veredicto podría conocerse en marzo próximo, cuando se cumplan tres años del inicio del juicio en el marco de la Mega Causa Sub Zona 12, nombre que surge de la denominación que la dictadura determinó para la ciudad y la región al momento de implementar su plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones.

Entre los delitos investigados –precisa la crónica de Restivo- “se destacan asesinatos, desapariciones, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos cometidos en comisarías, cárceles y otros espacios clandestinos utilizados durante el terrorismo de Estado. Entre estos últimos se encuentran la ´Quinta de los Méndez´, ´La Huerta´ y el Ex ISER en Tandil, la estación del ferrocarril donde actualmente funciona el Jardín De Paula en Azul, y el predio Monte Peloni en Olavarría.

Desde el inicio del juicio en marzo de 2022, fueron 213 los testimonios que revelaron torturas, abusos y privaciones de libertad que sufrieron las víctimas de mano de los acusados. “Estas declaraciones han expuesto el impacto devastador de estas prácticas represivas en sus vidas personales y familiares”, sostiene la crónica de la Agencia Comunica. 

“Según la fiscalía, los crímenes tuvieron como objetivo principal instaurar el miedo como un mecanismo de control social, empleando la represión sistemática y la manipulación informativa para deslegitimar a los opositores y consolidar el poder del régimen dictatorial”, agrega.

Además, el proceso expuso un “patrón sistemático de represión destinado a eliminar la militancia política, sindical y estudiantil. La fiscalía subrayó el uso del miedo y la desinformación como herramientas clave del aparato represivo, coordinado por fuerzas militares, policiales y penitenciarias, con la colaboración de sectores civiles”, según la información de Medios Unicen. 

También se presentaron pruebas documentales que “evidencian las jerarquías y la secuencia de órdenes emanadas, así como la operatividad de los hechos investigados. En todo momento, los magistrados resaltaron la contundencia y el peso irrefutable de los testimonios presentados”, de acuerdo a la cobertura de Restivo.

En concreto, los fiscales pidieron perpetua para Osvaldo Héctor Repetto, Martín Carlos Luzuriaga, Luis Ignacio Gómez Centurión, Héctor Martínez Salgado, Raúl Andrés Ara, Ricardo Edmundo Arce, Gustavo José Cáceres y Daniel Alfredo Ceresoli. Por su parte también se pidió perpetua de manera unificada con condenas previas para Jorge Roberto Casares, Alejandro Guillermo Duret y Román Valdecantos.

Se solicitó además 20 años de prisión para Juan Manuel Durante, 16 para Mariano Edgardo Viviani, 14 para Julio César Tula, 12 para José Luis Álvarez y Guillermo Prieto, 10 para Julio Méndez y 8 años y 6 meses para Horacio Ricardo Barriola, Eduardo Augusto Samyn y Héctor Alberto Mangudo

También se pidieron 8 años para Luis Ernesto Benítez y Néstor Omar Vapore, 6 años y 6 meses para Jorge Aníbal Tolosa, 5 años y 6 meses para Fernando Ferrer, 5 años para Alberto Joaquín Monge, 4 años y 6 meses para Juan Manuel Miller, 4 años y 4 meses para José María Bruzzone y Miguel Ángel Buezas, 4 años para Héctor Rubén Rinaldi, 3 años y 8 meses para Enrique Vitale y 3 años y 4 meses para Pedro Jorge Cinalli.

Para Francisco Oscar Sarmiento, Raúl Omar Carlucho, Norberto Luis Ferreras y Pedro Juan Aguirre se solicitaron absoluciones.

El Juicio La Huerta entró en su etapa final, y luego del pedido de la Mesa por la Memoria -con la adhesión de intendentes de la región incluido Miguel Lunghi-, el Tribunal a cargo accedió a que los alegatos sean transmitidos por YouTube. En paralelo, los organismos de Derechos Humanos de la ciudad continúan solicitando que los jueces se trasladen a Tandil para que la lectura de las sentencias se realice en la ciudad.

“La televisación implicaría que podemos ejercer de verdad el derecho a la información de cada uno de los ciudadanos de toda la región”, expresaron desde la Mesa Multisectorial Tandil por la Memoria, la Verdad y la Justicia en el marco de una conferencia de prensa realizada el pasado viernes 30 de agosto, en coincidencia con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

En concreto, desde los organismos de Derechos Humanos nucleados en la Mesa realizaron dos solicitudes a la Justicia. La primera, que se retransmitan los alegatos que comenzarán el próximo viernes 6 de septiembre, en lo que será la instancia número 68 del Juicio. 

La segunda “que el Tribunal se constituya en Tandil” para la lectura final de las sentencias, “porque en Tandil es donde se cometieron la mayor cantidad de los delitos en la región”, precisaron desde la Mesa.

Junto a múltiples adhesiones -de la Unicen, el Concejo Deliberante de Tandil, entre otros- los intendentes de la región también se sumaron a los pedidos. Además de los primeros mandatarios comunales de Bahía Blanca, Roque Pérez, Azul y Rauch, Miguel Lunghi también firmo la iniciativa, y a horas de la mencionada conferencia de prensa, desde la Justicia confirmaron la retransmisión de los alegatos. Resta definir lo que sucederá con la lectura de las sentencias.

“Nos parece interesante e importante llevar la voz de los electos democráticamente por la población de la región a sumar adhesiones y tratar de incidir en la voluntad del Tribunal. Que sea consciente de que este reclamo no es ni minúsculo ni sectorial, sino que está representando desde el punto de vista democrático. Estamos hablando de intendentes de diferentes extracciones partidarias que coinciden claramente en el Nunca Más”, destacaron desde la Mesa.

Los alegatos del Juicio La Huerta comenzarán el próximo viernes 6 de septiembre. Iniciará la Fiscalía y luego se sumará la Subsecretaría de Derechos Humanos. Posteriormente lo hará la defensa de los acusados. Cabe recordar, se juzga la responsabilidad de más de 50 imputados por 192 delitos de lesa humanidad cometidos en Tandil y la región -área que la dictadura autodenominó Subzona 12-, lo que hace que sea un proceso de dimensiones inéditas y uno de los más significativos del centro de la Provincia.

De parte de la Mesa habían estimado un antecedente para la televisación de la mencionada instancia del juicio. El Tribunal de Casación –entidad superior al Tribunal a cargo de La Huerta- había ordenado pocos días atrás que se pueda ejercer el derecho a la información y por lo tanto se televisen los alegatos en otro proceso similar.

Además, consideraron desde la Mesa en la conferencia de prensa, “la adhesión del Intendente Lunghi se enmarca en la de los intendentes de la zona y busca un doble objetivo. Por un lado, que el Tribunal entienda que Tandil fue un lugar principal con la cantidad de denunciantes, la cantidad de denunciados que hay y sería importantísimo que la lectura de los alegatos sea acá en Tandil para esta doble dimensión, para que la ciudad pueda dimensionar qué es lo que ha sucedido y poder contar la verdad y que realmente se haga Justicia”.

Los integrantes de la Mesa destacaron también la importancia de las solicitudes “en un contexto en el que tenemos un gobierno nacional cuyas principales cabezas están por fuera de este pacto democrático en el sentido de que sostienen concepciones negacionistas y no solamente concepciones negacionistas, sino que están trabajando a favor de la impunidad, inclusive de la libertad de la persona que han sido juzgadas por delitos de lesa humanidad”.

La adhesión del Intendente local, concluyeron, “señala claramente que las condiciones democráticas están más allá de toda ideología y que la línea divisoria es entre quienes estamos dentro del marco democrático y de quienes no estamos dentro del marco democrático, de quienes sostenemos la necesidad que el país ejerza la memoria, la verdad, y la justicia y aquellos que buscan la impunidad del pasado y la libertad del presente”.

Tras casi 70 audiencias, el juicio La Huerta inicia su etapa final. El viernes 6 de septiembre comienzan los alegatos de la Fiscalía, a los que se sumarán los de la Subsecretaría de Derechos Humanos y luego los de la defensa de los imputados. Con la perspectiva de que el proceso termine antes de fin de año, los organismos de derechos humanos de la ciudad –con el apoyo de la Unicen, el pronunciamiento del Concejo Deliberante y de intendentes de la región- siguen solicitando que las sentencias sean leídas en Tandil.

“Pasaron 30 meses, y hasta acá, 67 audiencias pero van a seguir. Hubo 213 testimonios, con 192 casos que se abordaron de unos 13 centros clandestinos de detención nombrados entre comisarías y diferentes espacios de Olavarría, Tandil y Azul. Y más de 50 imputados. Creo que es efectivamente el juicio más grande, más extenso, más importante que hemos tenido en el centro de la provincia de Buenos Aires”, compartió Soledad Restivo, la periodista que cubrió las diferentes etapas del juicio para la Agencia Comunica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen.

“Obviamente, entre los 192 casos y dentro de los 50 imputados ha habido muchísimos fallecimientos. Por lo tanto, no todos van a tener una sentencia. La verdad es que hubo muchísimas víctimas que quedaron sin justicia, muchos casos que quedaron sin ser escuchados. Y también victimarios, imputados que se han quedado sin la sentencia. Que en su mayoría seguramente hubiésemos pensado o esperado que fuese condenatoria, pero podrían, por qué no, haber tenido una absolutoria. Por lo tanto, también fallecieron sin justicia”, precisó la cronista.

Se espera que sean aproximadamente seis audiencias –un mes y medio- las destinadas a los primeros alegatos. Será la Fiscalía la que comience y luego se sumará el de la Subsecretaría de Derechos Humanos. “A lo que dirá la Fiscalía, la Subsecretaría le agrega el posicionamiento y los señalamientos propios que tenga”, sostuvo Restivo.

“Y después están los alegatos de todas las defensas, que son varias, más de las que hemos visto en acción. Porque muchas veces más de un abogado toma la representación de algún otro colega, así que de los 6 o 7 abogados que veíamos constantemente desconectados, más las defensas públicas que estaban en la sala de Mar del Plata, no sabemos cuántas de ellas van a tomar la palabra para alegar, obviamente, inocencia en este caso”, agregó.

La primera etapa del Juicio La Huerta implicó casos ocurridos en Tandil, Azul y Mar del Plata. En el último tramo se abordaron hechos en otras localidades que durante la última dictadura cívico militar correspondieron a la “Subzona 12”, como fue denominada entonces a la región. Así, se sumaron hechos de Lobos, Roque Pérez, Saladillo, Las Flores, Laprida y Olavarría.

Restivo consideró que “el Tribunal tiene intención de terminar antes de fin de año, y también lo que se espera de parte de los organismos de Derechos Humanos es que suceda de esa forma”.

De cara a la lectura de las sentencias, los organismos y particulares implicados continúan peticionando que éstas se hagan en Tandil. Incluso hubo un pronunciamiento en este sentido de parte del Concejo Deliberante local –un proyecto que presentó la concejal Noelia Domenighini-, así como del Intendente Lunghi y sus pares de Azul, Olavarría, Rauch y Roque Pérez. “Hay un apoyo importante para que suceda de esa manera, y hay que ver hasta dónde concesiona o no el tribunal”, expresó la periodista.

Sin embargo, la periodista indicó que “hasta acá, el tribunal ha dado concesiones mínimas, como estar dos veces en Tandil y una en Azul. Habría que montar un operativo alrededor de la lectura de las sentencias, como el traslado de los imputados, o asegurar su presencia en todo caso de manera virtual”.

En el Juicio La Huerta se juzgan a más de 50 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en Tandil y parte del centro de la Provincia de Buenos Aires. En el banquillo de los imputados se sientan ex miembros del Ejército pero también integrantes de las fuerzas de seguridad, empleados del Servicio Penitenciario y civiles.

Walter Fernández, peronista y uno de los responsables de Granja Los Pibes, expresó en diálogo con el programa Tandil Despierta, que se emite por Eco TV, Tandil FM 104.1 y El Eco Streaming, su postura sobre la historia reciente de Argentina, recordando su militancia en Montoneros y reflexionando sobre el presente político del país. 

Sin arrepentirse de su pasado, Fernández dejó en claro su opinión sobre las acciones del Gobierno y el tratamiento que se les ha dado a los genocidas de la última dictadura militar.

Fernández, firme en su posición, señaló que "la grieta no se va a cerrar hasta que las cosas no se terminen" y criticó duramente la reciente visita de una comitiva de diputados a la cárcel donde están detenidos algunos de los represores más conocidos, como Alfredo Astiz. 

"Esto de ir a visitar a los genocidas y ser recibidos con un ágape en el penal, es algo que la gente ya ha condenado", afirmó, rememorando la importancia del Juicio a las Juntas y el ‘Nunca Más’ impulsado durante el gobierno de Raúl Alfonsín. 

Sin embargo, lamentó que "esa cosa la seguimos sacando", sugiriendo que el pasado sigue sin resolverse completamente en Argentina y resaltó que “no es el Peronismo el que lo reflota”.

Fernández también apuntó contra la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel: "Ella dice que 'no pueden estar estos tipos sueltos y los otros presos'. ¿Qué quieren? ¿Meternos en cana a nosotros?", exclamó. 

De todas maneras, el exmilitante montonero sostuvo su militancia sin reservas: "Nunca lo negué. Yo fui militante montonero y no me arrepiento. Pero los nuestros no fueron delitos de lesa humanidad; los que estaban en el gobierno eran ellos".

Recordó que el pasado 24 de marzo visitó varias escuelas donde, según relató, fue abordado por jóvenes libertarios que cuestionaron su papel en los años 70. En respuesta, él asumió la responsabilidad por las acciones de la organización, aunque también subrayó la brutalidad del régimen militar. 

"¿Había necesidad de torturarnos, de tenernos seis meses con una capucha? ¿De robarnos los bebés, de violar mujeres?", se preguntó y comparó la situación argentina con la de otros países. Refirió que Italia y España enfrentaron sus propias insurgencias (con la Brigada Roja y ETA, respectivamente) sin recurrir a las desapariciones ni a la tortura. "El motivo era domesticar a una juventud que se estaba negando a un modelo de país que lo hemos tenido a lo largo de la historia", concluyó.