El Congreso de la Nación sancionó apenas 11 leyes en 2025, la cifra más baja desde la recuperación de la democracia, según un relevamiento del Observatorio del Control Público (OCP) de la Fundación Éforo, elaborado a partir de datos públicos oficiales.

El trabajo, titulado “Congreso de la Nación Argentina: análisis institucional histórico del Poder Legislativo (1983-2025)”, señaló que el promedio del período supera las 122 leyes anuales, lo que deja al último año analizado unas 111 leyes por debajo de esa referencia.

La investigación identificó a la composición del Congreso como una de las principales variables para explicar la producción legislativa. Como contraste, destacó que en 2014, cuando el oficialismo contaba con mayoría propia, se sancionaron 191 leyes, el registro más alto de la serie.

Uno de los fenómenos que describe el informe es el crecimiento de la cantidad de bloques parlamentarios. Mientras que en 1983 la Cámara de Diputados funcionaba con dos grandes fuerzas —el peronismo y el radicalismo—, en 2017 llegó a tener más de 40 bloques, varios de ellos con tres integrantes o menos.

En paralelo, el promedio anual de leyes sancionadas descendió de 154 durante el período 1994-1998 a 59 entre 2019 y 2023.

“Este retroceso en la cantidad de leyes aprobadas se vincula directamente con la fragmentación parlamentaria, que reconfigura la labor legislativa y acentúa una dinámica de más proyectos de ley presentados, menor tasa de conversión y menos leyes”, sostuvo el documento.

El relevamiento también expuso la distancia entre las iniciativas que ingresan al Parlamento y las que completan su recorrido. El Congreso recibe entre 2.000 y 4.000 proyectos por año. En 2022, por ejemplo, se presentaron alrededor de 3.000 y se sancionaron 37 leyes.

El estudio contabilizó 417 vetos presidenciales desde 1983 hasta 2025, de los cuales 201 fueron totales y 216 parciales.

Casi la mitad correspondió a los mandatos de Carlos Menem, con 195. Luego se ubicaron Raúl Alfonsín, con 49, y Fernando de la Rúa, con 46.

En el caso de Javier Milei, el informe registró nueve vetos hasta septiembre de 2025, con tres insistencias exitosas del Congreso para sostener las leyes que habían sido objetadas por el Poder Ejecutivo.

Otro de los puntos destacados fue la situación del Presupuesto nacional. Según el relevamiento, 2024 y 2025 fueron los primeros dos años consecutivos sin una nueva ley de Presupuesto aprobada desde la vuelta de la democracia. En ambos ejercicios se prorrogó el correspondiente a 2023.

Dentro del período estudiado, los cinco ejercicios sin aprobación presupuestaria fueron 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025.

El documento también repasó mandatos institucionales que continuaban pendientes a 31 años de la reforma constitucional de 1994.

Entre ellos, señaló que nunca se sancionó una nueva Ley de Coparticipación Federal, por lo que sigue vigente el régimen de 1988, concebido como transitorio. Asimismo, indicó que ninguna ley surgió del mecanismo de iniciativa popular.

La distribución de las bancas en la Cámara de Diputados fue otro de los aspectos observados. El informe advirtió que todavía se apoya en el censo de 1980 y calculó que, con los datos poblacionales de 2022, la Cámara debería contar con 363 integrantes, 106 más que los actuales. Bajo ese cálculo, la provincia de Buenos Aires sumaría 42 representantes.

“La mirada histórica permite observar algo más amplio: cómo las instituciones se adaptan a las transformaciones políticas y sociales que atraviesan al país”, expresó Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo y directora del OCP.

El juez federal Martín Cormick resolvió suspender de manera temporal dos artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, tras hacer lugar a una medida cautelar presentada por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. La decisión judicial impacta directamente sobre las disposiciones que regulan la responsabilidad de los letrados en los juicios laborales y el esquema de cobro de honorarios profesionales.

La medida alcanza específicamente a los artículos 10 y 56 de la mencionada norma. Según lo establecido por el magistrado, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva o por un plazo máximo de tres meses, lo que ocurra primero. Es importante destacar que el fallo no declara la inconstitucionalidad de los artículos, sino que ordena el cese de su aplicación mientras continúa el proceso judicial.

El artículo 10 de la Ley 27.802 introdujo modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo al incorporar un criterio objetivo sobre la denominada “pluspetición inexcusable”. Esta figura se vincula con la sobreestimación de los créditos reclamados durante un juicio laboral. La redacción original de la ley permitía que las costas fueran impuestas de manera solidaria tanto al trabajador como al abogado que promovía la demanda.

Al respecto, el juez Cormick fundamentó su decisión señalando que la nueva redacción generaba incertidumbre sobre el alcance de dicha responsabilidad. El magistrado sostuvo que la diferencia entre el monto reclamado y el finalmente reconocido en una sentencia no alcanza, por sí sola, para atribuir responsabilidad al trabajador y a su representante legal.

En relación con el artículo 56, la resolución judicial suspendió las nuevas disposiciones que regían sobre el pago de honorarios profesionales y los pactos de cuota litis. Ante este escenario, el magistrado ordenó que se apliquen las previsiones de la Ley 27.423 y la redacción anterior del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, según corresponda a cada caso.

La presentación que dio origen a este fallo fue realizada por el Colegio Público de la Abogacía porteño mediante una acción de amparo interpuesta contra el Estado nacional. La entidad argumentó que los cambios introducidos podían afectar el ejercicio profesional, el derecho de defensa y el acceso a la Justicia, además de generar riesgos patrimoniales significativos para los abogados laboralistas.

 En la sede del Rectorado, integrantes de distintos claustros de la Unicen anunciaron formalmente la Quinta Marcha Federal Universitaria, que se desarrollará este jueves 15 de octubre, desde las 17, con concentración en Garibaldi y Rodríguez. Tras la cautelar por la inconstitucionalidad del decreto que la derogó por segunda vez, el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento sumó la defensa de la democracia.

“Hay un conflicto que involucra a los tres poderes, porque es una ley del Congreso, pero que ha sido avalada por la Justicia y que el Poder Ejecutivo no cumple”, refrendó el rector Marcelo Aba.

En ese sentido, puso como ejemplo la derogación de la ampliación de Zona Fría, publicada ayer en el Boletín Oficial, y que todos los ciudadanos estarán obligados a acatar. “Son dos leyes exactamente iguales, a la cual una tendremos que atender sin ningún tipo de atenuante, cueste lo que cueste, y la otra está sin cumplirse. Algo está fallando en la democracia argentina”.

En la mesa del anuncio, además del rector, participaron los decanos de las facultades de Ciencias Económicas, Marcelo Rébori; de Ciencias Exactas, Claudio Aciti; de Arte, Daniela Ferrari; de Ciencias Humanas, Josefina Di Nucci; y la vicedecana de Ciencias Veterinarias, Andrea Caselli; el secretario adjunto de Adunce, Marcelo Stipcich; el secretario general de ATE, Hernán Gasparini, y su par de Atuncpba, Diego Jongewaard de Boer.

“Parece increíble que ya estemos transitando una quinta marcha reclamando por la aplicación de una ley que está vigente, que tiene todos sus atributos para ser ejecutada, pero sin embargo el Poder Ejecutivo sigue negando su validez”, expresó Aba, en el inicio de la convocatoria dirigida a la comunidad en defensa de la universidad pública, pero también de la soberanía y la democracia.

La Quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada a nivel nacional, con epicentro en Capital Federal y réplicas en todas las ciudades que albergan casas de estudio. En el caso de la Unicen, además de en Tandil, también se realizarán movilizaciones en las sedes de Azul, Olavarría y Quequén.

Respecto de la ley, el rector Marcelo Aba repasó que “hemos recorrido todo lo que tiene que ver con la vía parlamentaria; hemos recorrido la vía legal, la vía de la Justicia con la cautelar, pero ahora también el amparo que va al fondo de la cuestión, que es la aplicación plena de toda la ley, tiene un fallo favorable. Y sin embargo, no logramos que esa ley se aplique”.

De inmediato, resaltó los “enormes problemas” que el desfinanciamiento acarrea al interior de la casa de estudios.  

En primer lugar, consignó “un retraso salarial que seguramente supera largamente el 30 por ciento, que estaría de alguna manera atendido si la ley se cumpliera. Eso lógicamente trae para todos los trabajadores de la Universidad, serias dificultades para llegar a fin de mes sobre todo en las escalas iniciales”.

Por otro lado, apuntó que “tenemos serias dificultades para mantener la universidad funcionando; no ya para crecer, sino simplemente para mantener lo que hemos logrado construir”.

Y como otros puntos, remarcó que “en ese contexto también entran las becas estudiantiles; también entra la ciencia y la tecnología, que en buena parte no es presupuesto universitario directo, pero es un presupuesto que se vuelca a la universidad para el funcionamiento de los distintos grupos” de investigación.

Aba afirmó que el presupuesto “ nos resulta totalmente exiguo” e informó que el Consejo Interuniversitarios Nacional (CIN) estimó un presupuesto de 11 billones  para 2027, cuando el Gobierno propuso alrededor de 7,2 billones.

“Allí está la diferencia salarial y está la diferencia que tiene que ver con la parte de funcionamiento, algo de ciencia y tecnología, algo de infraestructura”, sostuvo sobre los números contemplados para el año próximo.

En tanto, aclaró que “este empecinamiento en no cumplir con la ley es lo que ha llevado a convocar a esta quinta marcha” y precisó que “el llamado es tanto a nuestra propia comunidad universitaria como a la comunidad en general, una vez más, a la defensa de la universidad pública, a la defensa de lo que significa esa universidad pública para una sociedad que pretende crecer, que pretende ser soberana”.

En igual sentido, advirtió que “empieza a estar en riesgo el funcionamiento de un sistema que ha sido el modelo sobre el cual se ha desarrollado el país y ahora, además de lo que significa para la vida universitaria, también se suma el significado que adquiere sobre la propia democracia, porque tenemos una ley que, insisto, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de no estar vigente. El decreto es absolutamente inconstitucional, lo acaba de decir la Justicia”.

En tanto, indicó que para las universidades la aplicación de la Ley de Financiamiento “hoy es sustancial” y precisó que “es lo que estamos necesitando para recuperar de alguna manera lo que era la universidad en el 2023, en términos salariales, en términos de funcionamiento, en términos de ciencia y técnica”.

Por ese motivo, llamó a la comunidad a “encontrarnos” para “volver a demostrar en todo el país lo que significa la universidad, lo que representa la universidad”.

Como otra cuestión sumó como consignas la defensa de la democracia y de la soberanía. “Entendemos que conocimiento, ciencia, tecnología son componentes fundamentales de lo que es la soberanía de un país y hoy también está terriblemente amenazados”, dijo.

Deseó que la quinta marcha concentre a una multitud, porque “hay mucho por defender” y evaluó que “no es solamente la universidad en sí como institución, sino lo que ese sistema universitario genera para el desarrollo del país”.

Por Adunce, el secretario adjunto Marcelo Stipcich cambió el eje del reclamo y evitó referirse a la pérdida salarial para enfocarse en que se aplique la Ley de Financiamiento.

En ese sentido, expuso que junto con los gremios nucleados en Adunce, optaron por evitar “un recuento de las penurias que estamos pasando” pese a que “las situaciones, en algunos casos, de docentes es crítica”.

Y señaló que “ponemos el acento fuerte y ponemos la discusión en el cumplimiento de la ley, porque la verdad es que no sabemos cómo puede pasar en un país democrático que no se cumple una ley que fue promulgada con todos los puntos que debe tener una ley para ser promulgada”.

Como mensaje, expuso que “eso nos debería sorprender más de lo que nos sorprende” y remarcó que “quizá estamos normalizando que el Gobierno no haga las cosas que tiene que hacer”.

En cuanto a la situación salarial, Stipcich evaluó hasta parece injusto, “porque decir cuánto estamos perdiendo hasta ahora es empezar a compararnos con todo el resto de la sociedad que está perdiendo lo mismo. Un poco más algunos, un poco menos, pero estamos todos igual; estamos todos en el mismo tren, en un Gobierno que básicamente está haciendo un montón de cosas que le conviene económicamente para después compartirlas con un grupo de amigos que se queda con el agua, que se queda con la tierra, que se queda con la soberanía”.

En tanto, llamó a reflexionar sobre “cualquier empresa que esté aprovechando los conocimientos que genera Argentina para hacer dinero. Y hay un montón. La verdad que es una locura pensar en eso. Y ahí es que hablamos para esta marcha de defender la soberanía y la democracia”.

En tanto, insistió en que “pongamos el eje en donde tiene que estar, en donde una ley cuando es promulgada se debe cumplir, así como la cumplimos nosotros, así como tenemos que pagar el alquiler todos los meses o la factura de la luz o la cuota de lo que hayamos comprado”.

El representante de Atuncpba, Diego Jongewaard de Boer, definió que se trata de “un momento como de inflexión”, por lo cual consideró que “no solo tenemos que movilizarnos porque la educación pública en la Argentina está en riesgo” y apuntó que “es un momento como para convocar porque tenemos un adversario común, no solo la educación pública en Argentina, sino la salud, los jubilados, los discapacitados”.

El secretario general de los nodocentes convocó a unirse ante “un gobierno que que vino a esto, que dijo que venía a destruir la educación pública en la Argentina, a destruir la salud, a ir contra los estatales, contra el trabajo en Argentina. Entonces creo que es un momento para empezar a juntarnos, a unirnos y pensar también en el mañana”.

Por ATE, Hernán Gasparini, resaltó que “para nosotros es muy importante ser parte de esta discusión por lo que venimos padeciendo los estatales en todos los términos respecto de las políticas públicas que el Gobierno nacional viene llevando adelante”.

Y refrendó la importancia de poder transmitir a la comunidad “este mensaje de la necesidad de unidad para poder enfrentar el modelo que venimos padeciendo los trabajadores, las trabajadoras, los empleados públicos, es fundamental”.

Gasparini se enfocó en “la dimensión del daño que estamos recibiendo los laburantes y el daño que está recibiendo el desarrollo de las políticas públicas en términos nacionales, pero también en términos de lo que sucede en nuestra ciudad”.

Además, consideró que “de verdad” Javier Milei “es un topo que vino a destruir el Estado, en cuanto al ataque hacia las políticas públicas, y destruir el Estado es destruir nuestras vidas, nuestro futuro, nuestros proyectos, es destruir el proyecto de nuestros pibes y pibas, de los estudiantes, de las estudiantes. Entonces, me parece que poder plantear la necesidad de pensar en unidad, una resistencia clara, concreta, al daño que este Gobierno nacional viene siendo hacia nuestros estudiantes, hacia la salud, hacia la universidad, hacia la educación es fundamental”.

Poco después de la conferencia, ATE anunció un paro por 24 horas para el próximo jueves, en coincidencia con la marcha. Ante lo cual, Gasparini recalcó que “pensar el desarrollo de la ciencia y la tecnología sin un financiamiento concreto real a las universidades es imposible” y afirmó que en Tandil es palpable ese desarrollo que no podría concretarse en términos de infraestructura si se lo separa de la universidad.

En relación con el salario, informó que los trabajadores del Conicet “vienen sufriendo una pérdida del 47,5 por ciento en los últimos 3 años. Es otro convenio colectivo de trabajo, con lo cual el 20 por ciento que han recibido de aumento los docentes no lo recibieron”.

Por último, recalcó que “es imposible pensar el desarrollo científico y tecnológico sin financiamiento a las universidades y sin un presupuesto que acompañe lo que nuestros investigadores y lo que nuestra sociedad requiere y necesita”.

La Corte Suprema de Justicia avanzó en la definición del conflicto judicial en torno a la Ley de Tierras, tras designar a los dos conjueces que se sumarán al debate para resolver la validez del artículo 154 del DNU 70/23. La medida busca acelerar los plazos ante la falta de unanimidad entre los tres miembros del máximo tribunal.

Los magistrados seleccionados para intervenir en la causa son Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Según trascendió, el tribunal decidió acortar a 24 horas el plazo para que dicha integración quede consentida, considerando las particulares circunstancias del expediente.

El origen del reclamo se remonta a una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, la cual sostiene que la derogación impulsada por el Gobierno nacional resulta inconstitucional. La entidad argumenta que la normativa afecta el medioambiente, la protección del territorio, los recursos naturales y los derechos colectivos de los pueblos originarios.

La presentación inicial fue radicada en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche, aunque posteriormente fue derivada a la Cámara Federal de La Plata, instancia donde tampoco se trató el fondo del planteo. Esta decisión de la Corte Suprema se produce luego de que el tribunal rechazara un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), al considerar que dicha organización no contaba con la legitimación necesaria para promover la acción.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó este martes 6 de octubre de 2026 que convocará a dos conjueces para avanzar en el debate sobre la validez del artículo 154 del DNU 70/23, el cual derogó la Ley de Tierras. La decisión se tomó luego de que los ministros del máximo tribunal no lograran alcanzar la unanimidad de criterios durante el acuerdo realizado esta jornada.

El expediente, identificado bajo la causa FGR 20213/23, se originó a partir de una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie. En su presentación, la entidad cuestionó la constitucionalidad del artículo 154 del decreto, basando sus argumentos en el derecho a la protección del ambiente contemplado en la Constitución Nacional.

La causa, que no fue resuelta anteriormente por la Justicia Federal de Bariloche ni por la Cámara Federal de La Plata, se enmarca en el régimen de procesos colectivos. Este mecanismo permite agrupar las demandas vinculadas a una misma temática.

Este análisis se produce después de que la Corte rechazara, por falta de legitimación, la presentación realizada por el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas (Cecim). En aquella oportunidad, el tribunal aclaró que el fallo respondía a una cuestión procesal y que no existían impedimentos para analizar otros expedientes sobre la misma materia. Tras la resolución del planteo del Cecim, quedó habilitado el tratamiento del expediente impulsado por la asociación ambientalista.

La oposición en la Cámara de Diputados convocó para el 15 de octubre una sesión especial con el propósito de derogar el DNU 70/2023, el megadecreto firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión. Dado que el Senado ya rechazó la medida en marzo de 2024, un voto negativo en la Cámara baja sellaría su derogación definitiva.

El detonante de esta convocatoria fue el fallo de la Corte Suprema que restableció el artículo 154 del decreto, el cual eliminaba límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. En caso de que el DNU sea derogado, diversas normativas que fueron desplazadas volverían a tener fuerza de ley.

Entre las consecuencias más directas para los hogares se encuentra la reinstauración de la Ley de Alquileres, que impondría nuevamente plazos mínimos de tres años y ajustes semestrales. Asimismo, el Estado recuperaría su rol como árbitro en los aumentos de las empresas de medicina prepaga, un esquema que había sido desregulado por el decreto.

En el ámbito económico, la caída del texto normativo revertiría la transformación de empresas estatales en sociedades anónimas, devolviendo las figuras jurídicas previas como las Sociedades del Estado. También se verían afectados sectores como el transporte aéreo, con la posible reversión de la política de cielos abiertos, y el mercado de internet satelital. Además, se reinstaurarían herramientas de intervención como la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas, junto con la Ley de Compre Nacional.

La diputada Victoria Tolosa Paz se refirió a la importancia de este debate:

“La prioridad es derogar el DNU 70. La patria, nuestra soberanía territorial y la tierra como capital de trabajo están en peligro”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, trabaja junto al presidente Javier Milei para consolidar apoyos y evitar que la oposición alcance el quórum de 129 diputados. Mientras tanto, el oficialismo avanza en negociaciones con gobernadores para impulsar otras reformas, como la eliminación de las PASO.

El líder de Camioneros, Hugo Moyano, realizó un polémico reclamo a las empresas concesionarias de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. El dirigente sindical exigió que se anticipen las indemnizaciones que corresponderían al vencimiento de la concesión, previsto para el año 2028.

Este pedido se enmarca en el proceso de renovación de los contratos del servicio público de higiene urbana para el periodo 2028-2038, cuya discusión será tratada en una audiencia pública el próximo 5 de octubre. Fuentes sindicales calificaron el planteo como insólito, dado que dichos pagos deberían concretarse recién al finalizar las concesiones vigentes.

La denominada Ley Moyano, según describen desde el sector, es un uso y costumbre que el gremio aplica desde 1998, aunque carece de respaldo legal. El mecanismo consiste en que, al vencer una concesión, la empresa saliente despide al personal y abona las indemnizaciones, mientras que la nueva concesionaria procede a recontratar a los trabajadores.

Las estimaciones indican que indemnizar a los cerca de 6000 trabajadores del sector podría representar un costo de entre 100 y 200 millones de dólares. Por el momento, el gobierno porteño no contempla incluir este pago en los nuevos pliegos para las concesiones del servicio de recolección de residuos.

El sistema de subsidios al gas natural, que distingue regiones en el país desde hace más de dos décadas, sufrió una modificación sustancial esta semana. El Senado aprobó este jueves, por 38 votos a favor y ocho en contra, la reforma al régimen de Zonas Frías, una medida que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados desde mayo.

La nueva normativa elimina el subsidio automático en la boleta de gas para 1,24 millones de hogares distribuidos en 94 municipios de la provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, el impacto alcanza a unos 3,35 millones de usuarios. Con este cambio, el esquema retrotrae su criterio al modelo climático original establecido en 2002, por lo que solo conservarán el beneficio los usuarios de la Patagonia, de Malargüe en Mendoza y de la Puna.

La reforma no solo restringe la geografía, sino que modifica la base de cálculo. Hasta el momento, la bonificación oscilaba entre el 30% y el 50% sobre el total de la factura. Con la nueva ley, el subsidio recaerá exclusivamente sobre el PIST, dejando fuera al VAD y al costo del transporte troncal junto con la carga impositiva. Se estima que este ajuste generará aumentos cercanos al 25% incluso para los usuarios de la zona histórica.

La titular de la comisión de Energía del Senado, Flavia Royón, sostuvo tras la votación:

“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país”.

El Gobierno proyecta un ahorro de 272.099 millones de pesos. Aquellos usuarios que habiten en las zonas excluidas no contarán con el beneficio de forma automática, sino que deberán realizar un trámite y acreditar vulnerabilidad socioeconómica. El criterio establece un tope de ingresos equivalente a tres Canastas Básicas Totales, que actualmente representan 4.816.491 pesos para una familia tipo. También accederán quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y personas con Certificado Único de Discapacidad.

Por su parte, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, estimó que quienes pierdan el beneficio en las zonas templadas afrontarán aumentos de aproximadamente 15.000 pesos por mes.

Tras un giro en su estrategia legislativa, el oficialismo logró obtener el dictamen de mayoría para el proyecto que establece un nuevo sistema de Discapacidad. La iniciativa, que cuenta con 42 firmas, busca consolidar una norma de carácter permanente que deje atrás la transitoriedad de la ley 27.793, cuya vigencia caduca el 31 de diciembre próximo.

La propuesta, impulsada por La Libertad Avanza junto a bloques como el PRO, la UCR, Argentina Federal, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, fue presentada por la diputada Laura Rodríguez Machado. Durante el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, la legisladora defendió el proyecto al señalar que no busca demonizar la emergencia, sino proyectar el futuro del colectivo.

“No venimos a demonizar la ley de emergencia, sino a preguntarnos qué pasa el día después de la emergencia”.

El texto garantiza la compatibilidad entre el trabajo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos y la percepción de la pensión por discapacidad. Además, Rodríguez Machado subrayó que el dictamen reafirma los principios de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad y asegura la homogeneidad de los aranceles del nomenclador.

Por su parte, la oposición mantuvo una postura crítica. La diputada María Inés Zigarán, de Provincias Unidas, cuestionó el cambio de posición oficialista, mientras que Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, reclamó mayor previsibilidad en las partidas presupuestarias. En la misma línea, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, calificó la maniobra del Gobierno como una vuelta atrás tras haber intentado previamente recortar derechos del sector.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió en la necesidad de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, calificando el accionar del oficialismo como una postura contradictoria frente a sus propuestas iniciales presentadas en el Presupuesto.

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el gobierno del presidente Javier Milei al Congreso ha despertado una fuerte polémica. Diversos constitucionalistas y dirigentes de la oposición advirtieron que la iniciativa contiene artículos que podrían limitar la libertad de expresión y de prensa, generando riesgos de censura.

La propuesta incorpora delitos vinculados con la desinformación masiva y la manipulación de la opinión pública, con penas que parten de cinco años de prisión y pueden alcanzar los 20 años. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que la combinación de definiciones indeterminadas y sanciones elevadas genera un efecto intimidatorio.

“El miedo a un tipo penal de estas características. Vos empezás a cuidar lo que vas a decir”.

El punto central de la controversia recae en el artículo 111, que propone un nuevo artículo 225 bis al Código Penal. La norma establece penas de cinco a 12 años para quien, bajo financiamiento o cuenta de un Estado u organización extranjera, procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública. Si se utilizan amenazas o coerción, la pena asciende de ocho a 15 años.

Por su parte, el constitucionalista Félix Lonigro calificó la iniciativa como un retroceso y cuestionó la ambigüedad de los términos utilizados. Lonigro sostuvo que el proyecto otorga al Poder Ejecutivo un instrumento para perseguir y condicionar la libertad de expresión bajo una descripción insólita de la conducta.

Desde el Gobierno, fuentes oficiales aclararon que la normativa no busca perseguir al periodismo, sino actuar contra quienes operen por cuenta de Estados extranjeros para generar desinformación masiva. Asimismo, indicaron que las medidas administrativas estarán sujetas a control judicial y que el Congreso tiene la facultad de debatir y modificar los alcances de la ley.

En el ámbito legislativo, el diputado Nicolás Trotta, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, adelantó que buscará que el cuerpo analice específicamente el capítulo. En la misma línea, la diputada Mónica Frade calificó al proyecto de inconstitucional, argumentando que los tipos penales vagos afectan la garantía de defensa y fomentan la autocensura.

La serie de negociaciones entre el Gobierno y los sectores docentes y no docentes universitarios sumó un nuevo capítulo este jueves. Ambas partes se reunieron desde las 11 en el Palacio Pizzurno, en el marco de la discusión paritaria convocada por la Secretaría de Educación. La propuesta oficial, que consiste en un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, fue rechazada por todas las agrupaciones sindicales.

Tras la audiencia con autoridades del Ministerio de Capital Humano, los representantes gremiales manifestaron su descontento. “El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas”, advirtieron desde la contraparte. Los sindicatos reclaman los fondos estipulados en la Ley de Financiamiento Universitario, incluyendo una recomposición del 32,5% por la pérdida salarial acumulada durante la gestión del presidente Javier Milei.

Para esta tarde está previsto un segundo encuentro con los gremios no docentes, tras lo cual se definirán las próximas acciones. La posibilidad de convocar a una marcha nacional cobra fuerza, lo que representaría la quinta movilización de este tipo en la actual gestión y la segunda en el año en curso.

El conflicto se desarrolla en un contexto de tensión presupuestaria. El Gobierno asignó 7,3 billones de pesos para las universidades en el Presupuesto 2027, cifra que los rectores consideran insuficiente frente a los 11 billones de pesos reclamados para cubrir salarios, infraestructura, ciencia y hospitales. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, cerca del 90% de los recursos requeridos se destina a salarios.

El secretario general de la Federación de Docentes de las Universidades, Daniel Ricci, cuestionó la postura oficial:

"Seguimos insistiendo en que el Gobierno tiene que cumplir en democracia con la Ley de Financiamiento Universitario. Ya hay dos poderes de la Nación, el Legislativo y el Judicial, que dicen que tiene que cumplir. Nunca se ha visto que el Ejecutivo se niegue a aplicar algo que ya fue convalidado por los otros dos poderes".

Por su parte, el Ejecutivo sostiene que la aplicación total de la ley aún no fue ordenada por la Justicia y que el aumento previsto para octubre sitúa las remuneraciones por encima de lo establecido en el fallo judicial vigente. Mientras tanto, el debate se traslada al Congreso, donde los rectores presentaron su propuesta presupuestaria, advirtiendo que la falta de fondos pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo del próximo año.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, admitió que desconocía los cambios en materia de Discapacidad incorporados por el Gobierno al proyecto de Presupuesto 2027. La dirigente advirtió que este tipo de situaciones afecta la relación del oficialismo con sus aliados en el Congreso.

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”.

En declaraciones al programa Esta mañana de Radio Rivadavia, la senadora recordó que en Diputados ya existían conversaciones previas y un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para tratar el tema de una manera específica. Ante este escenario, indicó que esperará a conocer el texto final que envíe la Cámara baja al Senado.

Bullrich explicó las dificultades que le genera esta falta de comunicación interna:

“Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. No, yo no sabía. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás”.

Por otro lado, al ser consultada sobre la reforma electoral, la exministra de Seguridad reconoció que las negociaciones entre La Libertad Avanza, gobernadores, la Unión Cívica Radical y el PRO continúan. Según señaló, aún no están los votos necesarios debido a que no se han definido las coaliciones para las próximas elecciones. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de implementar un esquema intermedio para las PASO, sugiriendo que no sean obligatorias.

Finalmente, Bullrich ratificó su respaldo a una eventual reelección del presidente Javier Milei, aunque subrayó la necesidad de mejorar aspectos de la economía y lograr que la actividad repunte en sectores como la industria y la construcción. Sobre la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, sentenció que el tema está cerrado en la causa actual y desestimó que el recurso internacional presentado por sus abogados pueda revertir la inhabilitación y la pena.

El presidente Javier Milei convocó a todo el arco político que integra el Congreso de la Nación para acelerar la aprobación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa fue enviada al Poder Legislativo con el objetivo de proteger los derechos soberanos de la República Argentina, según informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información brindada, el Gobierno presentó el proyecto como parte del proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La Casa Rosada detalló que la propuesta se estructura sobre tres pilares: castigar a quienes explotan recursos naturales de forma ilegítima, generar incentivos para que cesen esas conductas y brindar herramientas al Estado frente a amenazas externas.

El texto propone derogar el régimen establecido por la Ley N° 26.659, sancionada en 2011, para reemplazarlo por un esquema más severo. En ese sentido, contempla agravar las sanciones penales contra quienes realicen negocios de manera ilegítima en el territorio reclamado por la Argentina, alcanzando también a sus accionistas y proveedores.

Asimismo, la iniciativa establece la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, que será regido por un Consejo de Seguridad Nacional. Este organismo tendrá como objetivo articular y coordinar las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, además de la protección de las infraestructuras críticas.

En el comunicado, el Ejecutivo argumentó que las medidas implementadas hasta el momento fueron insuficientes e ineficaces. Ante este escenario, el mandatario realizó un pedido explícito a los legisladores:

“No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”.

Finalmente, Javier Milei invitó a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y pidió darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de la iniciativa en el Congreso.

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que establece un nuevo régimen para sancionar la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina. La propuesta también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y regula la respuesta del Estado ante amenazas externas.

Entre los ejes principales, el proyecto endurece las penas por la explotación de recursos en Malvinas, reemplazando la actual Ley 26.659. Las prohibiciones se extienden a cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables, alcanzando a proveedores, socios y accionistas. Las sanciones incluyen penas de hasta 20 años de prisión, multas e inhabilitaciones, además de la prohibición de operar en el país para las empresas infractoras.

El Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica, tendrá a su cargo la coordinación estratégica en áreas como inteligencia, defensa y ciberseguridad. Asimismo, el proyecto faculta el uso de la fuerza para proteger el espacio aéreo y marítimo ante aeronaves o buques hostiles, bajo medidas progresivas y con autorización presidencial.

La iniciativa también introduce restricciones contra la influencia extranjera, prohibiendo aportes de extranjeros sin residencia permanente a campañas políticas y tipificando delitos por revelar secretos a Estados extranjeros o manipular procesos electorales. Finalmente, se eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), permitiendo la inmovilización de bienes de los involucrados.

En una entrevista brindada a Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Municipio de Tandil, Agustina Goñi, analizó el significado de los 79 años del reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres en el país. La funcionaria subrayó que este hito no fue un proceso espontáneo, sino el resultado de décadas de activismo y organización.

Recordó que la Ley 13.010, sancionada en 1947 durante el gobierno de Juan Domingo Perón, permitió no solo el sufragio femenino, sino también la posibilidad de que las mujeres fueran candidatas y ocuparan cargos representativos. "Es importante entender los procesos históricos; claramente no es algo que sucede de un día para el otro", señaló, al destacar el rol fundamental de las agrupaciones feministas que militaron la causa desde principios del siglo XX.

Durante la entrevista, también hizo hincapié en que la conquista del voto fue un esfuerzo colectivo que requirió el acompañamiento de diversos sectores. "Fue necesario buscar las voluntades políticas con el resto de organizaciones y agrupaciones feministas que fueron surgiendo entre 1900 y 1910", explicó.

Asimismo, señaló que el logro fue posible gracias a la presión ejercida a través de la prensa, la imprenta y las movilizaciones, además del apoyo de varones que integraban los partidos políticos de la época.

Un dato relevante mencionado por Goñi es que, si bien la ley se promulgó en 1947, las mujeres pudieron emitir su primer voto en elecciones presidenciales recién en 1951. En ese contexto, recordó a figuras pioneras como Alicia Moreau, Elvira Rawson y Julieta Lanteri.

Sobre esta última, destacó su accionar transgresor en 1911, cuando logró empadronarse aprovechando un vacío legal en la convocatoria municipal, que no especificaba género. Años más tarde, pudo presentarse como candidata a diputada nacional y obtuvo 1730 votos.

Al reflexionar sobre la actualidad, Agustina Goñi advirtió sobre la importancia de no dar por sentadas las conquistas. "Como toda ley, una vez que está, hay que hacer que se cumpla", afirmó, al recordar que posteriormente fueron necesarias normativas como la Ley de Cupo Femenino y la Ley de Paridad de Género para garantizar una participación real y equitativa en los espacios de poder.

También expresó su preocupación ante corrientes conservadoras, mencionadas en el ámbito internacional, que proponen retrocesos en los derechos civiles. "Es una luz de alerta que se prende para estar muy atentos aquí en nuestro país", advirtió.

En este sentido, Agustina Goñi concluyó con una reflexión sobre la persistencia de la lucha: "Los varones tuvieron sus derechos desde el momento de nacer; nosotras tenemos que seguir luchando aún hoy en día para mantenerlos y ganar aún más".

La nueva ley de responsabilidad penal juvenil entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre, al cumplirse 180 días desde la sanción de la normativa, momento en el cual tendrá plena vigencia para adolescentes de entre 14 y 18 años. 

En el marco de una reciente participación en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el abogado Gastón Argeri analizó los alcances de la nueva ley.

El letrado explicó que, en la provincia de Buenos Aires, ya existe un fuero especializado para menores que se encarga de juzgar estos hechos. 

En el caso específico de Tandil, el proceso está a cargo de la jueza Florencia Giombino, cuya labor, subrayó el abogado, “trasciende la imposición de una condena, enfocándose en un trabajo social que prioriza la educación, la salud, la inserción laboral y el entendimiento del acto cometido por parte del joven”.

Respecto a las sanciones, el especialista aclaró que “la pena máxima que puede dictar un juez en este fuero es de 15 años, independientemente de la gravedad del delito o de si existen antecedentes”. 

La ley contempla diversas medidas, “como tareas comunitarias o el uso de monitores digitales, bajo la supervisión de un sistema que debe articularse con el juzgado correspondiente”, detalló Argeri.

Un punto central de la reforma “es la prohibición estricta de que los menores compartan unidades de detención con adultos”. 

La ley establece que, en caso de ser necesaria una privación de la libertad, “esta debe cumplirse en instituciones específicas o domicilios, siempre bajo la supervisión de personal capacitado para trabajar con adolescentes”, describió el letrado.

Uno de los aspectos más novedosos y relevantes de esta ley es la responsabilidad civil que recaerá sobre los progenitores o tutores. 

Argeri subrayó que, ante cualquier hecho ilícito cometido por un menor, los padres serán responsables de indemnizar a las víctimas. "Es importante que los padres se sienten a hablar con sus hijos sobre la responsabilidad que tienen y las consecuencias de sus actos", señaló el abogado durante la entrevista.

Esta medida, entre otras cuestiones, busca desincentivar el uso de menores para la comisión de delitos, una práctica que históricamente se apoyaba en la falta de punibilidad. 

Ahora, “tanto el adolescente como su familia deberán enfrentar las consecuencias legales y económicas derivadas de acciones como lesiones, robos o hechos más graves, incluyendo homicidios culposos por conducción indebida”, explicó el especialista.

El abogado hizo hincapié en la posibilidad de recurrir a la mediación dentro del fuero penal. 

“Este enfoque de justicia restaurativa permite que, con el consentimiento de la víctima, el joven pueda expresar un arrepentimiento genuino y buscar una reparación del daño”, indicó Argeri, al tiempo que subrayó que el “asesoramiento profesional es fundamental tanto para la familia del imputado como para la de la víctima, con el objetivo de transitar este nuevo paradigma legal de manera adecuada”.

El debate sobre la propiedad privada y la agilidad en los procesos judiciales cobró relevancia tras la reciente media sanción en el Senado a un proyecto que busca implementar el denominado desalojo exprés. El abogado Pablo Acosta, en diálogo con Tandil Despierta (Eco TV y Tandil FM 104.1), explicó los fundamentos de esta iniciativa y cómo podría transformar la dinámica del mercado inmobiliario actual.

Según detalló el letrado, el desalojo, técnicamente conocido como lanzamiento, es una herramienta jurídica que permite a los locadores recuperar su inmueble ante situaciones de falta de pago, vencimiento de contratos u ocupaciones indebidas. El proyecto propone una vía procesal sumarísima; es decir, un trámite legal más rápido para restituir la tenencia del bien.

Acosta señaló que el principal motor de esta iniciativa es la preocupación de muchos propietarios que, ante el temor a litigios burocráticos y lentos, decidieron retirar sus inmuebles de la oferta de alquileres. “La gente ha retirado propiedades del mercado por el hecho de que, en determinadas circunstancias, los inquilinos se quedan en el lugar y después, si hay que proceder a un desalojo, es una cuestión lenta que genera perjuicios irreparables”, sostuvo.

Pablo Acosta enfatizó que, en la mayoría de los casos, los arrendadores no son grandes inversores, sino personas que dependen de ese ingreso para complementar haberes ajustados. “No se trata de inversores multimillonarios, como a veces se interpreta. Generalmente es el esfuerzo de toda una vida para darle un poco de oxígeno a una jubilación”, aclaró.

Respecto a la operatividad de la medida, explicó que el proceso se inicia con una intimación fehaciente. Una vez notificado el incumplimiento, el ocupante cuenta con un plazo de 10 días para desocupar el inmueble. De no hacerlo, se activa la vía judicial, donde el demandante debe acreditar la verosimilitud de su derecho. “El ámbito probatorio es muy acotado, a diferencia de los procesos actuales que son más amplios y lamentablemente se dilatan. Hoy por hoy, un desalojo puede llevar de dos a tres años”, advirtió.

El especialista calificó la iniciativa como “un avance”, aunque reconoció que presenta aspectos discutibles. “Por un lado, va a fomentar que aparezcan más propiedades en alquiler, pero por el otro, veo como punto negativo que aquel inquilino que por alguna razón no pueda pagar quedará un tanto más vulnerable”, analizó.

Asimismo, subrayó que la problemática de fondo requiere soluciones estructurales, como el fomento de planes de vivienda y construcción, dado que el acceso a la casa propia es una dificultad creciente. No obstante, remarcó que, ante situaciones de mala fe, la aplicación estricta de la ley es fundamental para brindar seguridad jurídica.

Finalmente, aclaró que, de convertirse en ley, la norma abarcará todo tipo de inmuebles, tanto residenciales como comerciales. Sobre su aplicación temporal, estimó que, siguiendo los principios del Código Civil, no tendrá carácter retroactivo para los contratos en curso de ejecución, aunque habrá que esperar el texto definitivo que surja de la Cámara de Diputados.

Para consultas sobre el tema, el estudio jurídico inmobiliario Pablo Acosta y Asociados (Alem 790) atiende de 9 a 12. Teléfono de contacto: 2494-496138.

La Ley del Libro no entró ni va a entrar al Congreso, según confirmó el presidente Javier Milei ante una consulta. La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, buscaba eliminar la Ley de Defensa de la Actividad Librera, la cual establece un precio único para la venta de ejemplares.

La senadora Patricia Bullrich había anticipado previamente que la decisión del bloque oficialista es avanzar hacia medidas más estructurales, señalando que farmacias y librerías no lo son. Por su parte, el presidente Javier Milei sostuvo que no existen disidencias en su equipo y remarcó que la agenda legislativa se define en la mesa política.

“La agenda legislativa se decide en la mesa política. La mesa política determina cuál es la mejor estrategia de implantación. Hay perfecta consonancia en el proceso decisorio”.

El proyecto original pretendía fomentar la competencia de precios para reducir el valor de los libros. Sin embargo, el sector editorial y librero manifestó un fuerte rechazo, argumentando que el precio único protege a las librerías independientes frente a grandes cadenas y plataformas digitales, evitando prácticas de dumping que podrían afectar la diversidad bibliográfica. Juan Pablo Armenio, de la Cámara Argentina de Librerías Independientes, advirtió sobre las consecuencias negativas observadas en otros países tras procesos de desregulación similares.

Desde el Ministerio de Desregulación habían argumentado que la reforma buscaba mayor accesibilidad para los lectores, eliminando restricciones comerciales. No obstante, ante la falta de consenso, la medida quedó fuera de la agenda legislativa. Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, destacó que las librerías cumplen una función social irremplazable como centros culturales, mientras que otros referentes del sector sugirieron que, si bien la ley podría modernizarse, la desregulación total no es el camino adecuado.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, defendió este domingo el accionar de la Policía de la Ciudad en los operativos realizados frente al Congreso durante la marcha del jueves último. En una entrevista con La Nación+, el funcionario vinculó esa política de seguridad con su ofensiva contra las usurpaciones en el distrito, al afirmar que no permitirá que transformen a la Ciudad en lo peor del Conurbano.

Sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado, Macri sostuvo que, si bien la garantía ya existe en la Constitución, la nueva norma es bienvenida. No obstante, enfatizó que el éxito en la recuperación de inmuebles no depende exclusivamente de cambios legislativos, sino de la voluntad política.

“Cuando hay decisión política, se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará sin duda, pero si no hay decisión política después de cada actor involucrado, no alcanza”.

El jefe de Gobierno detalló que, bajo su gestión, la Ciudad ha recuperado 901 propiedades usurpadas. Según explicó, en cada procedimiento intervienen la Policía, la Justicia, equipos de Desarrollo Humano, Guardia de Auxilio y áreas de Rescate Animal. Macri advirtió que las ocupaciones suelen estar vinculadas a otros delitos, como la venta de droga y el trabajo esclavo, y que suponen un impacto negativo para los vecinos.

En relación con los incidentes registrados durante la sesión del Senado, el mandatario porteño aseguró que existió una plena coordinación entre las fuerzas de seguridad de la Ciudad y las nacionales. Precisó que la administración nacional se encarga de los objetivos federales, tales como la Casa Rosada, la Plaza de Mayo y la Plaza de los Dos Congresos.

Finalmente, en el plano político, Jorge Macri llamó a evitar divisiones y destacó que el PRO mantendrá una postura común como partido nacional. Ante la consulta sobre una posible competencia interna con Patricia Bullrich por la Jefatura de Gobierno, concluyó: Está buenísimo. La competencia saca lo mejor de cada uno de nosotros.

A pesar de que se trabajó durante varios meses en la norma y diversos funcionarios se abocaron a defenderla tanto en privado como públicamente, el Gobierno resignó sus intenciones de modificar la ley de tierras y no tiene previsto insistir en un futuro cercano con esta iniciativa. El tema fue el eje de las críticas por parte de los manifestantes que, aunque el articulado se eliminó, se concentraron en las afueras del Congreso para protestar contra el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

De acuerdo con lo precisado por fuentes oficiales, aunque la medida cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y de su gabinete, la falta de apoyo de los aliados y de parte de la sociedad impidió su tratamiento. De esta manera, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió una nueva derrota parlamentaria.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, fue quien acordó con la oposición eliminar este apartado para evitar que el texto completo se cayera. La senadora tomó la decisión tras un diálogo mantenido entre el martes y el miércoles con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt.

“Fue todo consensuado con Casa Rosada. Lo venían hablando Patricia, Diego y Nacho”.

Según confirmaron fuentes de la mesa política, el Poder Ejecutivo no enviará la iniciativa en un proyecto aparte. El objetivo original de la administración era derogar la ley aprobada en 2011, durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Ante esta situación, el equipo de Federico Sturzenegger se concentra ahora en la defensa de Hojarasca, el conjunto de desregulaciones que aguarda tratamiento en el Congreso, y en un paquete de reformas de 349 artículos centrado en el mercado inmobiliario.