Frente a las recurrentes demoras y negativas de las obras sociales y prepagas para autorizar tratamientos, prótesis o medicación vital, el amparo de salud surge como una herramienta legal indispensable para proteger el bienestar y la vida de los afiliados

En el marco de una entrevista brindada a Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el abogado Gastón Argeri abordó una problemática frecuente que afecta a muchos afiliados: la falta de respuesta o las dilaciones por parte de las obras sociales y empresas de medicina prepaga. 

Según el letrado, el desconocimiento de los derechos legales suele llevar a los pacientes a situaciones de desesperación, cuando en realidad existen mecanismos judiciales diseñados para proteger la salud y la vida.

Argeri enfatizó que, ante la presentación de una orden médica, las instituciones tienen tiempos que deben ser respetados, especialmente cuando la salud del paciente está en juego. "Si tardaron cuatro o cinco días en autorizártelo, ya anda a consultar, porque es tu salud la que estás poniendo en juego", advirtió. 

El especialista señaló que es común encontrar personas que llevan meses sin recibir su medicación o esperando una intervención quirúrgica, atrapadas en una burocracia que solo agrava su condición física.

El abogado destacó que el primer paso fundamental es la consulta profesional. A través de ella, el paciente puede orientarse, entender si su caso es viable para un reclamo y aprender a transitar los pasos previos, como la intimación mediante carta documento. "Una consulta con un abogado te ayuda y te orienta", afirmó, subrayando que este asesoramiento es clave para no caer en la "vorágine" de las respuestas evasivas que suelen dar las instituciones.

Cuando la vía administrativa se agota o la urgencia lo requiere, el amparo judicial se presenta como la herramienta principal. Argeri explicó que este proceso busca que un juez ordene a la obra social o prepaga la cobertura inmediata del tratamiento o medicación. Un elemento central en estos casos es la medida cautelar, que tiene como objetivo obtener una resolución rápida, a veces en pocas horas, para evitar que el daño a la salud se vuelva irreversible.

El letrado aclaró que no todos los casos son iguales y que la viabilidad del amparo depende de diversos factores, como el tipo de cobertura, la existencia de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o la edad del paciente. 

"Hay mucho para analizar y si es obligatorio o no en este sentido", explicó. Asimismo, recordó que el incumplimiento de las obligaciones por parte del afiliado, como la falta de pago de cuotas durante varios meses, puede influir en la decisión de la entidad, por lo que cada situación requiere un análisis particular.

Uno de los puntos más críticos mencionados por Argeri es qué ocurre cuando, a pesar de existir una sentencia judicial, la obra social o prepaga persiste en su negativa. En estos escenarios, el sistema legal contempla medidas de ejecución forzosa. "Terminamos embargando las cuentas de la obra social o la prepaga, reteniendo el dinero de los presupuestos, y el usuario va y paga los tratamientos", detalló el abogado.

Además, el especialista advirtió que, si tras una sentencia firme la entidad continúa incumpliendo, se abre la puerta a procesos por daños y perjuicios. "Tenemos casos donde estamos reclamando sumas enormes porque la cobertura no se da a un afiliado habiendo una sentencia", sostuvo. 

Para Argeri, el éxito de estos reclamos radica en el trabajo conjunto entre el médico, quien debe fundamentar la necesidad del tratamiento, y el abogado, quien debe realizar la presentación judicial de manera correcta y precisa.

Finalmente, el letrado instó a los ciudadanos a no abandonar sus reclamos por miedo o cansancio. "La gente tiene miedo, no sabe, piensa que pierde el tiempo, que no va a pasar nada", concluyó, reafirmando que el asesoramiento legal es el camino para que los pacientes puedan hacer valer sus derechos y garantizar el acceso a la salud que les corresponde.

Al momento de iniciar un proyecto o emprendimiento, uno de los pasos más relevantes es la protección de la identidad comercial. 

De acuerdo a la explicación del abogado Gastón Argeri en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el registro de una marca es un procedimiento esencial que otorga seguridad jurídica al titular. Aunque implica el pago de tasas y, en ocasiones, honorarios profesionales para el asesoramiento, se trata de una inversión necesaria antes de comenzar a facturar.

El proceso de registro se realiza de manera digital a través del portal del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI). Al iniciar el trámite, el solicitante debe definir la categoría del servicio o producto, así como la impronta del nombre. Es fundamental comprender que la protección otorgada por este registro tiene alcance nacional, cubriendo todo el territorio de la República Argentina.

Uno de los puntos más críticos que destacó el especialista es el principio de prioridad. Muchas personas creen erróneamente que, por utilizar un nombre comercial durante años, poseen derechos adquiridos sobre él. 

Sin embargo, en el sistema argentino, gana quien solicita el registro primero. "Si venís usando un nombre durante 25 años y vas a querer registrarlo, pero alguien más lo pidió antes, el derecho sobre la marca lo tendrá quien realizó la gestión en primer lugar", advirtió Argeri.

El procedimiento incluye una etapa de publicación en el boletín oficial, tras la cual existe un plazo de 30 días para que terceros puedan presentar oposiciones. Estas pueden surgir por similitudes fonéticas, gráficas, tipográficas o de diseño.

Ante una oposición, el titular debe contar con asesoramiento legal para defender su solicitud, un proceso que puede extenderse entre 12 y 24 meses.

Una vez obtenida, la marca tiene una vigencia de 10 años. Es responsabilidad del titular realizar la renovación al finalizar este período para evitar que el nombre quede disponible para terceros. 

Asimismo, el abogado subrayó que, si una marca no es utilizada durante los primeros 5 años desde su concesión, puede quedar expuesta a cuestionamientos legales por falta de uso.

Otro aspecto relevante es la territorialidad. El registro realizado en Argentina no tiene validez en otros países. Si un emprendedor decide expandir su comercialización al exterior, como por ejemplo a Uruguay, Brasil, Chile o México, deberá realizar el trámite de registro en los organismos competentes de cada una de esas naciones, ya que cada país posee su propio sistema de propiedad industrial.

No todo nombre o logo puede ser registrado. Existen restricciones legales que impiden inscribir nombres de países, regiones, o símbolos que utilicen estados nacionales, provinciales o municipales. Tampoco se permiten registros que atenten contra la moral o las buenas costumbres. Estas limitaciones buscan evitar confusiones y garantizar que el sistema de marcas sea transparente y lícito.

Finalmente, Gastón Argeri resaltó que las marcas poseen un valor patrimonial significativo, ya que pueden ser cedidas, vendidas o heredadas. "Cuando alguien ya no existe, esa marca tiene que tener alguien que la continúe. Es un reaseguro para la familia", concluyó el letrado, enfatizando que, ante cualquier conflicto mayor o recurso frente a una denegatoria, la instancia final de resolución es la justicia federal, donde el acompañamiento de un profesional del derecho resulta indispensable.

Mediante una serie de publicaciones realizadas esta madrugada en el Boletín Oficial, el Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta incluida en la reforma laboral aprobada a finales de febrero de este año. Este cambio, derivado de la Ley de Modernización Laboral, introduce modificaciones significativas en el esquema de indemnizaciones y obligaciones laborales para trabajadores registrados en el sector privado.

La normativa establece que el FAL será dirigido a empleadores del sector privado, quedando excluidas las relaciones laborales del sector público y aquellas expresamente exceptuadas por la ley. Para su implementación, los empleadores deberán constituir una cuenta individual en un fondo común de inversión o fideicomisos financieros, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El sistema contempla que solo estarán cubiertos aquellos trabajadores que hayan sido registrados en tiempo y forma al menos 12 meses antes de la extinción del vínculo laboral. Para garantizar la sostenibilidad del fondo, la cobertura mínima será definida por parámetros de suficiencia, liquidez y diversificación, los cuales serán revisados periódicamente según el contexto económico.

El procedimiento operativo indica que cada empleador deberá obtener un identificador único denominado ID FAL. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será el organismo encargado de derivar las contribuciones mensuales a la cuenta correspondiente. En caso de que el empleador no informe su ID en el plazo de un mes, la CNV asignará de oficio un fondo o fideicomiso para asegurar la continuidad del sistema.

Respecto a los beneficios fiscales, la contribución mensual será deducible del impuesto a las ganancias y permitirá una reducción equivalente de las contribuciones patronales a la seguridad social. Asimismo, se determinó que la comisión por administración no podrá superar el 1 por ciento anual de los activos y las inversiones estarán limitadas a instrumentos financieros negociados en la Argentina.

Ante una desvinculación, el empleador deberá presentar una declaración jurada electrónica. Una vez verificada la información por la entidad habilitada, la transferencia de la suma indemnizatoria a la cuenta del trabajador se realizará en un plazo máximo de cinco días hábiles. El decreto también establece sanciones y multas para quienes incumplan con la obligación de contribuir, permitiendo la ejecución fiscal por parte de ARCA.

Finalmente, tras meses de especulaciones, se confirmó que el nuevo sistema de indemnizaciones entrará en vigencia a partir del 1 de noviembre.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe le solicitó al Congreso de la Nación cambios en la Ley de Biocombustibles que considera “clave para potenciar la industria y atraer inversiones”.

Actualmente el Senado nacional está en el proceso de debate del proyecto de la Ley de Biocombustibles y, en este contexto, es que la gestión de Maximiliano Pullaro eleva.

Al respecto, el gobierno provincial emitió un comunicado en el que explicó su posición y enumeró las cinco modificaciones que propone.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que el escenario internacional -atravesado por conflictos geopolíticos y la volatilidad del petróleo- volvió más competitivos a los combustibles renovables frente a los fósiles.

“Santa Fe tiene toda la cadena productiva instalada; no podemos resignarnos a tener plantas cerradas”, sostuvo el ministro Gustavo Puccini.

Para la provincia, el biodiésel representa además una herramienta económica estratégica: reduce importaciones de gasoil, genera ahorro de divisas, sostiene empleo industrial y fortalece economías regionales. Como referencia, recordaron que Brasil avanzará este año con un corte obligatorio del 15 por ciento (B15) y proyecta llegar al 20 en 2030.

El principal cuestionamiento santafesino apunta al tratamiento desigual entre bioetanol y biodiésel dentro del proyecto nacional. Mientras se propone una mezcla del 15 por ciento para bioetanol en naftas (E15), se mantiene un tope del 10 para biodiésel en gasoil (B10).

El Gobierno Nacional respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la administración central calificaron a la cuarta Marcha Federal Universitaria como una movilización de carácter "opositor" y desmintieron las acusaciones por falta de pago.

A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza, la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que se pretende "instalar" en la sociedad un discurso en el que se busca "desfinanciar" las universidades públicas o bien "cerrarlas".

Al respecto, desde el sector oficial señalaron que el Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. En ese sentido, destacaron que en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las instituciones creció y pasó a 4,8 billones de pesos.

Por otra parte, las autoridades recordaron que durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández se transferían los fondos a las universidades "hasta con cuatro meses de atraso" y con una inflación del 211,4 por ciento anual. En contraste, indicaron que actualmente esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5 por ciento.

Respecto a la normativa reclamada, el comunicado detalló que la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629. Según explicaron, esto se debe a que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos.

Finalmente, desde el Ejecutivo subrayaron que el presidente y su equipo no van a salirse del compromiso "inquebrantable" de sostener el equilibrio fiscal. En esta línea, rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso "implicaría más impuestos" o mayor "emisión monetaria" y, por consiguiente, generaría "más inflación y más pobreza".

El Estado Nacional aprobó el nuevo modelo de contrato de concesión con la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA). La medida, oficializada este martes a través de la Resolución 543/2026 publicada en el Boletín Oficial, se encuadra en la Ley de Bases y forma parte del proceso de privatización de la compañía.

Según el texto oficial, la iniciativa busca una "transformación de importancia refundacional" para un servicio que actualmente llega a más de 14 millones de personas. El Gobierno argumentó que, con carácter previo al perfeccionamiento de la venta del paquete accionario, era necesario contar con un contrato que regule con mayor claridad los derechos y obligaciones tanto del concedente como del concesionario.

La validación de este nuevo esquema apunta a otorgar previsibilidad jurídica a los futuros inversores. En esa línea, se confirmó que se venderá al menos el 51 por ciento de las acciones a un "operador estratégico", mientras que el resto de la participación saldrá a la Bolsa.

El contrato aprobado dispone que la concesión tendrá un plazo de 30 años, con la posibilidad de que se prorrogue por otros diez años más. El servicio contempla la provisión de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.

Los distritos de la provincia de Buenos Aires alcanzados por la medida son Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, Escobar, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

En una entrevista exclusiva, la actriz Valentina Bassi analizó la reforma de la Ley de Discapacidad impulsada por el oficialismo y advirtió que la iniciativa representa un retroceso de 30 años en materia de derechos. Durante su paso por el estudio de Infobae al Amanecer, donde dialogó con Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar, expuso su preocupación por los cambios propuestos.

Para la artista, el punto más crítico es la intención de liberar el nomenclador único, herramienta que consideró la columna vertebral del sistema. Según explicó, este mecanismo garantiza que todas las personas accedan a terapias y centros educativos en igualdad de condiciones, independientemente de sus recursos económicos.

"Es una ley nefasta. Quiero hacer la salvedad que no solo la votó la oposición, sino que fue transversal absolutamente. Para ganarse el 70 por ciento de los votos a favor de las personas con discapacidad en el Congreso tiene que ser completamente transversal", remarcó.

Bassi advirtió que la desregulación abriría la puerta a que las obras sociales y prepagas decidan arbitrariamente qué prestaciones cubrir. Esta fragmentación, aseguró, dejaría a muchas familias sin acceso a tratamientos básicos y afectaría especialmente a las entidades con menor capacidad financiera, como la Obra Social de Actores.

Asimismo, la actriz relató las dificultades cotidianas que enfrentan las familias y las instituciones. Mencionó que la escuela especial a la que asiste su hijo se encuentra en riesgo de cierre tras haber contraído diez deudas para sostenerse. A esta situación se suma la crisis en el transporte: "La mitad de la escuela no tiene transporte. La mitad de los transportistas ya se fueron a trabajar a otro rubro porque no pueden ni prender la camioneta", detalló.

Finalmente, subrayó que el Estado fija aranceles tan bajos que no alcanzan para cubrir los costos operativos, lo que pone en jaque la permanencia de los servicios. "Cuando se discute discapacidad, se discute un modelo de país, porque realmente son los más frágiles de los frágiles", concluyó.

Luego de más de 11 horas de una sesión marcada por la tensión en el recinto, el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados lograron convertir en ley la reforma a la Ley de Glaciares. Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, la iniciativa pro minera obtuvo la sanción definitiva en la Cámara de Diputados, contando con la presencia de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, durante el desenlace de la votación.

La nueva normativa redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, estableciendo condiciones más flexibles para el desarrollo de explotaciones de recursos. Además del oficialismo, la propuesta recibió el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales. Incluso, el sector gubernamental sumó los votos de dos diputados sanjuaninos de Unión por la Patria, mientras que las abstenciones correspondieron a los dos representantes del MID y una legisladora de La Neuquinidad.

Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc, destacó la realización de la audiencia pública previa, aunque su intervención fue recibida con críticas por parte de la oposición. Por su parte, el diputado Nicolás Mayoraz, quien preside la comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la legalidad del procedimiento y sostuvo que la modificación apunta a aclarar conceptos sin alterar el paradigma de protección.

“Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel que el IANIGLA hoy no tiene”, explicó Mayoraz.

Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. La diputada Adriana Serquis advirtió que la reforma no se basa en datos científicos y resaltó la importancia hídrica de las zonas afectadas. “Un uno por ciento de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan de beber a siete millones de habitantes”, enfatizó la legisladora.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reafirmó la postura de su espacio a favor de un ambientalismo de concertación, cuestionando lo que denominó un federalismo de desintegración nacional. En la misma línea, el diputado Miguel Pichetto justificó su voto negativo al señalar que la Nación no puede delegar atribuciones propias de la Constitución Nacional.

“La Nación, con esta ley, pierde todo tipo de capacidad de control y se pierde un sentido de entidad nacional arbitrada por la propia Constitución”, argumentó Pichetto.

Finalmente, el cierre del debate estuvo a cargo de figuras como Máximo Kirchner, quien cuestionó el riesgo que supone la normativa para los recursos estratégicos del país, y Silvana Giudici, quien defendió la armonización constitucional de la norma con el resto de la legislación ambiental vigente en Argentina.

El monumento a los Dos Congresos amaneció este miércoles con una intervención de Greenpeace en rechazo a la inminente votación de la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación. Pasadas las seis y media de la mañana, un grupo de activistas escaló el enrejado de la plaza para desplegar banderas con las consignas “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”.

Personal de la Policía de la Ciudad informó que nueve activistas ingresaron al perímetro tras escalar el cerco perimetral. La acción tuvo como objetivo central visibilizar el reclamo ante la sesión prevista en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo contaría con los votos necesarios para la aprobación de los cambios en la normativa. Tras la intervención, los manifestantes fueron desalojados y se les labraron actas contravencionales. Dos de los militantes, que se encontraban en altura, desistieron de su postura ante la llegada de bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER).

Los involucrados quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del doctor Basavilbaso, quien dispuso la notificación de las contravenciones y su posterior liberación. Este episodio se suma a la tensión política que rodea la reforma de la Ley 26.639, vigente desde 2010, y que ha movilizado a diversos sectores ambientales y opositores.

La protesta de esta mañana guarda relación con los hechos ocurridos el pasado 26 de febrero, cuando 12 manifestantes fueron detenidos en la explanada del Palacio Legislativo. En aquella oportunidad, la intervención de la Policía Federal incluyó el uso de gas pimienta, afectando a periodistas y trabajadores de prensa. Entre los agredidos se encontró el camarógrafo Facundo Tedeschini, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía tras ser aprehendido por los efectivos.

Posteriormente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la liberación del trabajador de prensa y solicitó el sumario correspondiente para investigar el accionar policial durante la cobertura de los hechos.

Desde la organización ambientalista calificaron la intervención como una “acción directa y pacífica” para exponer la gravedad de la reforma impulsada por el gobierno nacional.

“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma es regresiva e inconstitucional”, consideró Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

Según Salas, de los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico amparado por la Constitución Nacional. Para la tarde de hoy, a partir de las 17, se espera una concentración mayor frente al edificio legislativo para expresar el rechazo a la sanción de la ley.

El oficialismo obtuvo el despacho de comisión para tratar hoy, desde las 15, la modificación de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el ejecutivo nacional con miras a los proyectos que podrían ingresar a través del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). El plenario de comisiones contó con la presencia de gobernadores y funcionarios de la Secretaría de Minería, lo que despertó críticas de la oposición por el enfoque extractivista del debate.

A pesar de los cuestionamientos, La Libertad Avanza (LLA) confía en tener los números necesarios para avanzar. Para obtener el despacho, el oficialismo requería 18 firmas en Asuntos Constitucionales y 16 en Recursos Naturales. Durante el debate, lograron sumar 19 y 18 apoyos respectivamente, consolidando su posición de cara a la sesión especial solicitada con 24 horas de antelación.

El conteo de votos que manejan los jefes del bloque libertario arroja un panorama favorable. Sin aceptar cambios a la norma que ya cuenta con media sanción del Senado, el oficialismo asegura entre 130 y 134 respaldos. Este número se compone de los 95 legisladores propios y aliados del PRO, el MID y la UCR, a los que se sumarían nueve integrantes de Innovación Federal y representantes de provincias mineras.

Incluso dentro de Unión por la Patria se prevén fugas. Un diputado libertario que sigue de cerca el punteo detalló la estrategia sobre los legisladores de San Juan y Catamarca:

Teniendo en cuenta lo sucedido en el Senado, creemos que sumamos a Jorge Chica y Cristian Andino, de San Juan, y Claudia Palladino, de Catamarca.

El acompañamiento de estos tres diputados se fundamenta en que los exgobernadores de sus provincias votaron a favor de la reforma en la Cámara Alta. Mientras tanto, el clima en las afueras del Congreso será de alta tensión. Organizaciones ambientalistas convocaron a una movilización nacional que confluirá en la zona a las 17. En paralelo, sectores de jubilados y la UTT realizarán protestas y un verdurazo desde el mediodía.

En el recinto, la oposición también intentará avanzar con un pedido de interpelación al jefe de gabinete, Manuel Adorni, para que brinde explicaciones sobre su patrimonio. La clave para este planteo reside en la postura del PRO, cuyos 12 diputados definirán si acompañan el emplazamiento a las comisiones presididas por el oficialismo. Desde los bloques que impulsan la medida, esperan que algunos representantes no actúen como "republicanos intermitentes" y permitan dar la discusión parlamentaria.

El Gobierno Nacional se fijó como meta para esta semana avanzar con la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares. La intención del bloque de La Libertad Avanza, en conjunto con los sectores dialoguistas en la Cámara de Diputados, es lograr la sanción definitiva antes del viernes diez.

El oficialismo considera que cuenta con los votos necesarios para modificar la normativa vigente. El propósito central de este cambio legislativo es impulsar inversiones mineras, con especial foco en las zonas ricas en cobre y litio.

Para avanzar con el cronograma, se convocó a una reunión de comisiones este martes a las 14. El encuentro contará con la participación de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, encabezada por José Peluc, y la de Asuntos Constitucionales, comandada por Nicolás Mayoraz. El objetivo es dictaminar el proyecto y preparar el terreno para la sesión programada para el miércoles ocho.

Durante la jornada, se llevará a cabo una reunión informativa que incluirá la exposición de invitados, entre los que se destacan diversos gobernadores de provincias interesadas en la actividad minera. Posteriormente, se procederá a la firma de los dictámenes correspondientes.

Este avance en el tratamiento legislativo se produce tras las audiencias públicas realizadas el mes pasado, donde expusieron cerca de 200 oradores de forma presencial y otros 200 de manera virtual. Cabe destacar que el proceso contó con más de 100.000 inscriptos, una situación que generó el repudio de organizaciones ambientalistas y bloques de la oposición.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso que el gobierno nacional deberá aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario (27.795). La resolución judicial llega tras el rechazo de la apelación presentada por el Poder Ejecutivo Nacional, ratificando la plena vigencia de la norma sancionada por el Congreso durante el año pasado.

El tribunal hizo hincapié en que tanto la Cámara de Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, desestimando así los argumentos en los que se apoyaba el oficialismo para no aplicar la normativa. En el fallo, la Justicia exigió la recomposición salarial docente y no docente, un proceso que se encuentra paralizado desde hace meses y que motivó diversas medidas de fuerza en todo el país.

En la misma línea, la Cámara resolvió que el gobierno deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas estudiantiles. Los magistrados aseveraron que la suspensión de la ley a través de un decreto es ilegítima, lo que representa un duro revés para la estrategia legal encabezada por la Procuración del Tesoro.

La medida cautelar original había sido dictada en diciembre pasado, luego de un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta resolución se dio a conocer luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó el funcionamiento de la mayoría de las casas de altos estudios en reclamo de una mejora presupuestaria y salarial.

Tras la aprobación en el Senado el pasado 27 de febrero, el Gobierno nacional publicó y promulgó la Ley de Modernización Laboral. Si bien el eje central de la normativa es la reforma del mercado de trabajo, el artículo 192 incorporó dos cambios impositivos de gran impacto para el sector inmobiliario: la exención del Impuesto a las Ganancias para los alquileres con destino a vivienda y para las personas humanas que vendan un inmueble.

La ley entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, aunque el efecto de las reformas tributarias se estableció de forma retroactiva a partir del uno de enero de 2026. Al respecto, el tributarista Sebastián Domínguez, titular del estudio SDC Asesores Tributarios, afirmó que:

Entonces, el beneficio es retroactivo.

Hasta la publicación de esta norma, quienes vendían una propiedad adquirida después de 2018 debían afrontar el Impuesto Cedular, que gravaba con un 15 por ciento la ganancia obtenida en la operación. Con la nueva ley, las personas humanas que realicen ventas de forma ocasional quedarán exentas de este tributo.

Domínguez explicó que, anteriormente, una persona que no fuera broker inmobiliario y vendiera una propiedad comprada desde el uno de enero de 2018 con un resultado positivo, debía tributar ese 15 por ciento.

En cambio, para las personas humanas que compran y venden inmuebles y su actividad es la inmobiliaria, en vez de tener el impuesto cedular, tienen que tributar Ganancias con una alícuota del 5 por ciento al 35 por ciento

, detalló el especialista, aclarando que para los habitualistas y sociedades no hubo modificaciones en este punto.

En lo que respecta a los arrendamientos, la ley estableció que los cobros por inmuebles con destino a casa habitación dejen de tributar Ganancias. Esta medida alcanza tanto a personas humanas como a personas jurídicas, para los ejercicios fiscales iniciados desde el uno de enero de este año.

A diferencia de lo que ocurre con la compraventa, en el caso de las rentas no se distingue la habitualidad del contribuyente.

La exención en el alquiler rige para todos ya sea el que tiene muchos inmuebles y los alquila con destino vivienda como para el que alquila uno solo con ese destino, agregó Domínguez.

Desde el Gobierno señalaron que estas medidas buscan aliviar la carga tributaria para los ciudadanos y eliminar gravámenes considerados de baja eficiencia recaudatoria y alto costo de administración. Cabe destacar que la iniciativa no elimina técnicamente el impuesto, sino que lo exime, lo que implica que la medida está sujeta a la reglamentación que aún debe dictarse.

Con el peronismo dividido en el voto y la ayuda de aliados, el oficialismo de Diputados consiguió aprobar con media sanción el proyecto de ley que ratifica el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, a través de 203 votos positivos, 42 negativos y cuatro abstenciones.

Este acuerdo permitirá bajar aranceles de más del 90% a las exportaciones y recortar las barreras de acceso para bienes industriales de Europa. La iniciativa fue incorporada a la agenda de sesiones extraordinarias luego de la firma del acuerdo comercial el 17 de enero en Asunción.

El oficialismo sumó los respaldos del PRO, la UCR y Provincias Unidas, entre otros bloques dialoguistas, pero la sorpresa es que además captó 43 votos de Unión por la Patria, incluido el del jefe del bloque, Germán Martínez.

Esta cantidad superó a los 38 votos peronistas (La Cámpora, el kirchnerismo y el graboisismo) que se volcó por el rechazo a la iniciativa, en tanto que los cuatro restantes se dividieron.

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria con la media sanción del proyecto de modernización laboral, la Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo triunfo político con la aprobación, por amplia mayoría, de un nuevo régimen penal juvenil, cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa se aprobó con 149 votos positivos y 100 negativos. Un sector de Unión por la Patria y los bloques de izquierda votaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron de “punitivista”.

Acto seguido, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID− y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

El movimiento más significativo se observó dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, el Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− optó por diferenciarse al coincidir con el oficialismo en fijar en 14 años el piso de punibilidad, pero insistió en que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Por eso advirtió que, si la ley es sancionada, podría ser judicializada.

La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.

El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque “criminalizar a los pibes”.

“Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.

El oficialismo junto a aliados y representantes de la oposición dialoguista lograron hoy en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados firmar dictamen a favor del proyecto que crea un nuevo régimen penal juvenil, que entre otros puntos reduce la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

En medio del debate, la presidencia de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, anunció que el despacho de mayoría recolectaba hasta el momento 75 firmas.

De esta manera, la iniciativa viaja con viento a favor rumbo al recinto de la Cámara baja donde mañana será sometido a votación en una sesión especial a partir de las 11 hs.

El dictamen de mayoría fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron y formularon filosas críticas.

El tema seguía debatiéndose este mediodía en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal (cabecera); Familia, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto y Hacienda.

Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

El debate en el plenario de comisiones comenzó caldeado, con dures cruces entre el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois con su par libertario Manuel Quintar.

La polémica comenzó cuando Rodríguez Machado, dio inicio al debate antes de que llegaran todos los diputados.

Cuando Quintar comenzó a defender la propuesta del oficialismo para bajar la edad de punibilidad a los 14 años, Grabois alzó la voz para pedir que se aguardara unos minutos más para que todos los legisladores pudieran participar.

"Empecemos a respetar porque no está en la cancha", le soltó el libertario jujeño, que además le pidió al líder de Patria Grande que “deje de payasear” y lo acusó de montar “un show”.

Tras la interrumpida exposición de Quintar, fue el turno de la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, quien reconoció que el régimen penal de minoridad en Argentina “es vetusto” y “atrasa 100 años”, pero criticó el proyecto del Gobierno por estar “a la derecha de la derecha”, y acusó al oficialismo de “tener una fijación con la pena y el castigo”.

La ex ministra de Desarrollo social ratificó que su bloque presentaría un dictamen propio, muy diferente al “mamarracho que propone el Poder Ejecutivo”.

“Nos queremos hacer cargo de la no punibilidad”, sostuvo, y señaló que el régimen penal juvenil que propone el peronismo se basa en la “especificidad”, en la “proporcionalidad en la pena”, con “dispositivos que permitan aplicar la justicia restaurativa y la reinserción”.

Por su parte, la diputada nacional de La Libertad Avanza Silvana Giudici rebatió a Tolosa Paz al sostener que “nadie habla de un castigo vengativo o de privar derechos”.

La diputada oficialista apeló a la comparación regional y destacó que en Chile, luego de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, la tasa de reincidencia juvenil bajó un 28% según datos oficiales del instituto de estadística del país trasandino.

“Claramente ningún gobernador, ningún intendente ni nadie en Argentina que tenga que luchar contra la inseguridad y tenga que proveer seguridad ciudadana va a decir que el tema del delito juvenil no es un problema”, apuntó.

A un día de dictaminar y a dos de la sesión prevista en la Cámara de Diputados, el Gobierno decidió retirar el proyecto de baja de imputabilidad en menores que había enviado el lunes al Congreso. La decisión se tomó luego de detectar que el texto no contemplaba la edad que había sido consensuada con la oposición en ambas cámaras, por lo que el oficialismo resolvió redactar una nueva iniciativa basada en la que se había tratado en 2024, incorporando las reformulaciones acordadas.

El proyecto original establecía la edad de punibilidad en 13 años, pero finalmente se respetará el consenso alcanzado con distintos bloques legislativos, que fija la baja desde los 16 hasta los 14 años. Desde La Libertad Avanza explicaron que se trató de una desinteligencia administrativa y confirmaron que el nuevo texto será enviado en las próximas horas.

“Hubo una desinteligencia. Se retiró el proyecto y se va a mandar con la edad consensuada y con los orígenes de los fondos correspondientes. Sigue el plan de conseguir el dictamen mañana y sesionar el jueves”, afirmó una fuente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados.

Para avanzar con el dictamen, La Libertad Avanza deberá completar primero la constitución de las comisiones clave. Este martes a las 10 se formalizará la composición de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, que será presidida por la diputada salteña María Gabriela Flores, mientras que a las 11 se hará lo propio con la Comisión de Justicia, que quedará a cargo del mendocino Álvaro Martínez.

La reunión conjunta de comisiones está prevista para el miércoles a las 11 e incluirá, además de Familias y Justicia, a Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. En tanto, la sesión en la Cámara de Diputados fue convocada para el jueves cerca del mediodía.

El nuevo proyecto incorporará otro cambio solicitado por la oposición: la explicitación del origen de los fondos necesarios para implementar la normativa, estimados en $23.739.155.303,08. Las partidas estarán destinadas al Ministerio de Justicia de la Nación y a la Defensoría General de la Nación. Además, se habilita la posibilidad de acuerdos entre la Nación y las provincias para el envío de fondos específicos destinados a la construcción de nuevas instalaciones.

Este punto fue negociado entre el Ejecutivo y el bloque de La Libertad Avanza en Diputados, presidido por Gabriel Bornoroni, quien impulsó internamente la necesidad de acelerar el debate y fijar la edad de imputabilidad en 14 años. Aunque algunos sectores del oficialismo planteaban bajarla a 13, aliados como el PRO y la UCR ya habían fijado su posición en 14 años.

El régimen penal juvenil propuesto mantiene el espíritu del texto tratado el año pasado, con penas diferenciadas del sistema penal adulto y sin posibilidad de reclusión perpetua. El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestro, reduciendo el tope de 20 años que figuraba en la iniciativa anterior.

El enfoque de la propuesta busca responder a las preocupaciones sociales vinculadas a la inseguridad y evitar el uso de menores como instrumentos para el delito, teniendo en cuenta que actualmente los menores de 16 años son inimputables. El texto prioriza medidas de resocialización y contempla que, para menores de hasta 15 años imputados por delitos graves, los jueces puedan disponer privaciones de libertad, siempre con eje en la reinserción social.

Para delitos menores, se prevén sanciones no privativas de libertad, como tareas comunitarias y reparación del daño, evitando la institucionalización salvo como último recurso. Además, el proyecto impulsa la creación de institutos especiales para menores condenados, con garantías de acceso a educación, atención médica y tratamientos por adicciones, personal especializado y la prohibición de convivencia con adultos detenidos.

El texto también refuerza los derechos de los menores imputados durante el proceso judicial, incluyendo patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y social, participación en instancias de mediación y el derecho a ser informados y escuchados en cada etapa, aspectos que ahora cuentan con previsión presupuestaria en la nueva estructura del proyecto.

El proyecto de reforma penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados, y será tratado en comisión el miércoles y se debatirá en el recinto el jueves. La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad que el Gobierno nacional incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para su financiamiento.

El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas "socioeducativas y penas alternativas", y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. En paralelo, pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.

Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que comentan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Desde el Ejecutivo Nacional, indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).

Con un debate sobre la mesa a partir del proyecto de ley presentado por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, el concejal Marcos  Nicolini desarrolló su punto de vista en diálogo con El Eco Multimedios. El legislador explicó que la propuesta no termina en la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, sino que representa un cambio estructural en el sistema.

Nicolini recordó que la normativa vigente es la Ley 22.278, sancionada en 1980, la cual no ha tenido modificaciones significativas hasta el presente. En este sentido, el concejal señaló que el nuevo texto busca adaptar la legislación a los tratados internacionales de derechos del niño y adolescente que fueron incorporados a la Constitución Nacional tras la reforma de 1994.

Uno de los puntos destacados por el referente de Hechos fue la mención al fallo Mendoza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso sentó un precedente al condenar al Estado por aplicar penas de reclusión perpetua a menores, una práctica prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos. Según explicó, el nuevo régimen propone un máximo de 20 años de prisión para delitos cometidos por menores, incluso en casos donde el Código Penal estipula penas mayores en adultos.

La iniciativa establece una franja de punibilidad que comenzaría a los 13 años y se extendería hasta los 18, momento en que los ciudadanos ingresan al régimen penal común. Al respecto, Nicolini consideró que el debate sobre la edad requiere un análisis pormenorizado sobre las condiciones de detención y los objetivos de la pena. Para el edil, la propuesta resulta "bastante completa" al contemplar también mecanismos de resolución alternativa de conflictos.

Nicolini detalló que el proyecto nacional introduce figuras como la mediación penal y la suspensión del juicio a prueba, siempre que se cumplan determinados requisitos procesales. En los casos donde la escala penal sea menor a los seis años de prisión, el Ministerio Público Fiscal podrá optar por métodos alternativos de resolución, contando siempre con la opinión de la víctima.

Otro de los puntos que resaltó fue el rol activo que se le otorga a quien sufrió el delito. La normativa prevé que la víctima debe ser escuchada, asegurando que su perspectiva sea considerada antes de aplicar una medida. Este cambio de paradigma intenta garantizar que la justicia no sea solo un trámite administrativo entre el Estado y el imputado, sino un proceso de reparación.

En cuanto a las penas privativas de libertad, el legislador local remarcó que el espíritu de la ley debe ser la reeducación y concientización del menor sobre la gravedad de sus actos. El escrito presentado hace hincapié en que cualquier sanción, ya sea de cumplimiento efectivo o medidas alternativas como los trabajos comunitarios, no debe interrumpir la escolarización obligatoria. El objetivo final, según expresó Nicolini, debe ser la reinserción social efectiva para evitar la reincidencia.

Al abordar la comparativa internacional que fundamenta el proyecto, Nicolini subrayó que Argentina y Cuba son actualmente los únicos países de la región que mantienen los 16 años como edad mínima de imputabilidad. En contraste, naciones como Perú, Colombia y Chile establecieron el límite en los 14 años, mientras que en Brasil y México la responsabilidad penal juvenil comienza a los 12 años.

Esta asimetría regional es uno de los argumentos que el Gobierno nacional utilizó para sustentar la baja a los 13 años. Sin embargo, Nicolini sugirió que, por cuestiones de convivencia y desarrollo, sería más conveniente establecer el piso en los 14 años. De esta manera, el sistema podría organizar el alojamiento de los jóvenes en dos franjas etarias: una de 14 y 15 años, y otra de 16 y 17 años, respetando las diferencias madurativas de la adolescencia.

El edil insistió en que el debate no debe centrarse exclusivamente en la edad, sino en las condiciones de los lugares de detención. Aseguró que para que la ley sea efectiva, el Estado debe garantizar que los establecimientos destinados a menores sean espacios reales de formación. La preocupación por el "futuro de reinserción" fue una constante en el discurso del legislador, quien afirmó que el sistema actual no está cumpliendo con esta parte.

Para Nicolini, la oportunidad de debatir este régimen penal es clave para terminar con la sensación de impunidad que rodea a ciertos delitos juveniles. Explicó que, bajo la ley vigente, cuando un menor de 16 años comete un hecho delictivo, el proceso suele limitarse a una audiencia ante un juez y la entrega del joven a sus progenitores, sin que existan consecuencias reales que fomenten la toma de conciencia. 

Más allá de la discusión legislativa, el edil puso el foco en una herramienta concreta para el ámbito local: el programa restaurativo para jóvenes en conflicto con la ley penal. Esta propuesta, que el concejal viene impulsando desde el año 2019, busca que el municipio tenga una participación activa en la intervención temprana, coordinando esfuerzos con el sistema judicial y los niveles provinciales de gobierno para abordar la problemática social.

El programa se basa en el concepto de justicia restaurativa, un modelo que busca que el adolescente comprenda que sus acciones tienen consecuencias directas sobre otras personas y sobre la sociedad. Nicolini destacó que este tipo de políticas ya se aplican con éxito en varios municipios de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

"Lo que se busca es concientizar a ese menor de la gravedad del delito cometido", afirmó, remarcando que la intervención estatal no debe ser solo punitiva, sino orientadora. La propuesta contempla que el joven asuma responsabilidades y participe en procesos de mediación que le permitan reinsertarse en la comunidad de manera constructiva.

Finalmente, Nicolini aseguró que Tandil cuenta con las condiciones para ser pionera en este tipo de abordajes. El legislador concluyó que, independientemente de lo que se resuelva en el Congreso Nacional respecto a la ley federal, el gobierno local debe involucrarse en la gestión de la seguridad y la prevención juvenil.

El Gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y definió los procedimientos operativos para la puesta en marcha de un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad. La medida fue oficializada mediante el Decreto 84/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei.

La decisión responde a una sentencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, que declaró la invalidez de un decreto anterior que había suspendido la ejecución de la ley por falta de financiamiento y ordenó su aplicación inmediata. Si bien el Estado nacional apeló el fallo, la resolución judicial obligó al Poder Ejecutivo a reglamentar la norma dentro de un plazo de 30 días.

La reglamentación precisa los criterios de acceso, las condiciones de permanencia, las incompatibilidades con otros beneficios, los procedimientos administrativos y los mecanismos de control del nuevo régimen de pensiones. Según los considerandos del decreto, el sistema deberá articularse con las reglas de compatibilidad de ingresos y con las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad, con el objetivo de evitar superposiciones y garantizar una aplicación coherente.

El decreto también consolida cambios institucionales en la estructura del Estado. En ese sentido, incorpora formalmente a la Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del organigrama del Ministerio de Salud, centralizando allí la política pública en la materia.

La decisión se fundamenta en una “concepción integral del derecho a la salud y a la protección social”, que contempla dimensiones sanitarias, sociales, económicas y de acceso a derechos.

Entre los puntos centrales de la norma, se instruye a la Secretaría Nacional de Discapacidad a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para acordar los criterios de evaluación socioeconómica que se aplicarán en el nuevo régimen. Además, el organismo deberá presentar ante ese consejo un plan de auditorías periódicas dentro de los 30 días contados desde la entrada en vigencia del decreto.

El texto también faculta a la secretaría a dictar las normas aclaratorias, complementarias y operativas necesarias para la implementación del régimen y establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas otorgadas con anterioridad en la nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Para ello, la autoridad de aplicación deberá identificar, relevar y verificar las condiciones de las prestaciones alcanzadas.

Las medidas adicionales que se definan en el marco del Consejo Federal de Discapacidad serán implementadas mediante esquemas de cooperación y cofinanciamiento entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con sus competencias y disponibilidades presupuestarias.

La reglamentación entró en vigencia a partir del 3 de febrero de 2026, fecha de dictado del decreto, y constituye el paso operativo clave para la aplicación efectiva de la Ley 27.793, en un contexto marcado por la judicialización de su implementación y el debate sobre su financiamiento.