La referente de la Dirección de Espacios Verdes del Municipio de Tandil, Lorena Quiroz, valoró el desarrollo del ciclo “Tandil Cultiva Saberes” y subrayó el impacto positivo que tuvo en la comunidad durante su primera edición, al tiempo que adelantó algunos ejes de trabajo para este año, poniendo especial énfasis en la articulación con actores locales y el fortalecimiento del conocimiento aplicado al paisaje.

En ese sentido, explicó que la propuesta logró consolidarse a partir de una combinación de factores que incluyeron la participación de viveros, la elección de temáticas acordes a cada época del año y una fuerte respuesta del público.

“El año pasado fue un éxito en términos de convocatoria, de encuentros y de actores que participaron”, señaló, y detalló que más de 400 personas se inscribieron a lo largo del ciclo, que se extendió entre mayo y octubre con una frecuencia sostenida de dos o tres encuentros mensuales, según las temáticas.

Uno de los aspectos que destacó fue la modalidad de trabajo junto a viveros locales, que no solo acompañaron la iniciativa sino que también cedieron sus espacios para el desarrollo de las actividades. Esto permitió generar instancias de aprendizaje directamente vinculadas con la práctica cotidiana.

“Siempre acompañábamos los ciclos de trabajo de los viveros. En primavera se abordaban las tareas propias de ese momento y en otoño se hablaba de lo que estaban recibiendo y cómo se trataba ese material”, explicó Quiroz, marcando la importancia de adaptar los contenidos a la dinámica real del sector.

Según indicó, ese enfoque fue clave para sostener el interés del público y garantizar que los conocimientos transmitidos tuvieran una aplicación concreta. Además, resaltó que Tandil cuenta con una fuerte tradición en jardinería y cuidado de espacios verdes, lo que se refleja en la alta participación en este tipo de propuestas.

Por otra parte, la funcionaria puso en valor el desarrollo del paisajismo en la ciudad y la existencia de una base sólida de formación y experiencia en el área. En ese marco, destacó el rol del Instituto Superior 75, donde se dicta la tecnicatura en Paisajismo desde hace más de diez años.

“Hay muchos profesionales recibidos y también mucha gente cursando. Eso hace que el tratamiento y la gestión del diseño del paisaje tenga un valor superior en Tandil”, afirmó.

A la vez, remarcó que ese conocimiento no se limita únicamente al ámbito académico, sino que también incluye a personas que llevan años trabajando en el rubro de manera independiente. “Hay gente que hace más de 20 años que se dedica al diseño de espacios verdes. Eso también nos sorprendió y habla del nivel que tiene la actividad en la ciudad”, sostuvo. 

En esa línea, consideró que la integración de distintas miradas —formales e informales— es un aspecto enriquecedor para el desarrollo de políticas vinculadas a los espacios verdes.

Consultada sobre la convocatoria abierta, Quiroz aclaró que no es excluyente contar con formación específica, sino que también pueden participar quienes tengan experiencia o interés en la temática. “Hoy en Tandil hay mucha gente que se ha sumado, incluso personas que no son nacidas acá pero que trajeron su profesión y la ejercen, y también quienes adquirieron idoneidad a lo largo de los años de trabajo”, indicó.

En cuanto a la metodología de trabajo, adelantó que se prevé una instancia inicial de encuentro para intercambiar ideas y visiones sobre el paisajismo y el diseño de espacios verdes, con el objetivo de construir una propuesta colectiva.

Finalmente, confirmó que los encuentros del ciclo comenzarán a desarrollarse a partir de mayo y remarcó que el objetivo principal es seguir fortaleciendo el vínculo entre el conocimiento técnico y la comunidad. “Es seguir mejorando las propuestas para toda la comunidad y generar espacios donde se puedan compartir saberes y experiencias”, concluyó.

La Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil hizo una nueva denuncia pública sobre el avance de ocupaciones, alambrados, instalación de contenedores y ampliaciones de obras en Villa del Lago, una de las zonas de la ciudad sobre las cuales no se puede edificar ya que se encuentra protegida como patrimonio ambiental.

A partir de una denuncia de inicios de noviembre, el Municipio debió controlar en la cima de un cerro un loteo que la misma Asamblea había hecho público. “Esperamos puedan seguir controlando, y nos gustaría saber si los funcionarios que tuvieron que atravesar Villa del lago para llegar al terreno inspeccionado, pudieron observar el ostensible avance de nuevas ocupaciones, alambrados, colocación de casas contenedores, ampliaciones y avances en edificios sin cartel de obra”, expresaron desde la organización ciudadana, mientras que en paralelo aportaron nuevas imágenes de los casos publicados.

Fue el pasado 3 de noviembre cuando la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil denunció “un terreno al cual le pasaron la topadora”, ubicado a 313 metros sobre el nivel del mar, en el Cerro de la Cruz. 

“La invasión urbana sobre las Sierras no se detiene ¿Las autoridades que están haciendo? ¿No ven? ¿No quieren ver?”, plantearon entonces desde la organización ciudadana. Sin embargo, el 8 de noviembre, la Secretaría de Obras Públicas informó a El Eco de Tandil que personal del Municipio había inspeccionado el predio y “no pudo constatar irregularidades”. De acuerdo a lo informado entonces por el secretario Luciano Laffose, el lote pudo haber sido limpiado en algún momento pero indicó que la imagen que acompañó la denuncia de la Asamblea se trataba de una foto que data de tiempo atrás y no se encontraba actualizada.

Sin embargo desde la Asamblea aportaron imágenes actuales en las que se constata que el lugar no solo fue alambrado sino que también le fueron realizadas tareas de corte de pasto.  “Como los funcionarios observaron in situ, no se ha iniciado la construcción todavía pero sí se alambró y fue alterada indebidamente la cobertura natural de las Sierras”, indicaron.

“Apreciamos la preocupación de los funcionarios que respondieron a la inquietud planteada respecto al terreno alterado en la cima del cerro de Villa del Lago”, sostuvieron desde la entidad ciudadana. “Entendemos que su presencia en el lugar y sus declaraciones implican un compromiso de no autorizar construcciones en dicho terreno, tal como lo establece la normativa vigente”, sumaron

La intervención sobre la cobertura natural del entorno serrano, “puede producir cambios en la velocidad de la escorrentía del agua y un daño a la flora y la fauna. Constituye una alteración del ambiente injustificada dentro de la Zona Natural Protegida Sierras de Tandil y además, si el terreno es parte de Villa del Lago, está comprendido por la Ordenanza Nº16951 que la ha declarado Zona especial de Interés ambiental" por lo cual no puede haber más alteraciones a su estado natural”, agregaron desde la Asamblea. 

Pero además, desde la organización ciudadana plantearon a las autoridades municipales que si se trasladaron a controlar el lote denunciado, deberían haber registrado en el camino una serie de nuevas construcciones y avances de obras sobre el faldeo, en particular en Villa del Lago.

“Esperamos puedan seguir controlando, y nos gustaría saber si los funcionarios que tuvieron que atravesar Villa del lago para llegar al terreno inspeccionado, pudieron observar el ostensible avance de nuevas ocupaciones, alambrados, colocación de casas contenedores, ampliaciones y avances en edificios sin cartel de obra. ¿Cómo es posible si fue declarada Zona Especial de Interés Ambiental? ¿Qué es lo que están haciendo al respecto?”, concluyeron, adjuntando imágenes del lugar.

Entre el 16 y el 21 de septiembre se llevó a cabo la tercera edición de “Entre Viveros”, una propuesta organizada por el Municipio de Tandil para promover la jardinería y el paisajismo, además de apoyar a los productores locales. Durante esos días, se realizaron charlas y encuentros que contaron con una excelente participación del público.

Incluida dentro de las actividades del programa “Kilómetro Cero”, esta iniciativa se ha consolidado en el calendario de eventos locales, atrayendo cada año a un mayor número de personas que se suman a las diferentes propuestas en los viveros de nuestra ciudad.

A lo largo de la semana, más de 200 personas participaron en las charlas gratuitas y aprovecharon la oportunidad para recorrer y conocer en profundidad el trabajo de los viveros que se sumaron a esta edición.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales destacaron que “la edición de este año superó todas nuestras expectativas y contamos con un gran interés de la comunidad, que continúa mostrando su compromiso por el cuidado del ambiente”.

Todas las actividades programadas para este año se llevaron a cabo gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y los viveros participantes: Vivero Verellen, Crataegus, Mia Plantas, Vivero El Cerrito, Vivero Los Robles, El Cardal, Vivero Tandil, Entreyuyos Vivero, Vivero Cooperativo Semilla Comunal y Sendero Pampa.

En cada jornada, los vecinos tuvieron acceso a una amplia variedad de plantas, además de la oportunidad de aprender sobre técnicas de cultivo y disfrutar de actividades para toda la familia.

Las charlas informativas y los talleres prácticos permitieron a los participantes adquirir conocimientos y herramientas para cuidar sus jardines y espacios verdes. Gracias a la colaboración con el INTA, el Instituto Superior de Formación Técnica N° 75 y la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, las charlas enriquecieron la experiencia de todos los participantes y evidenciaron la importancia de la cooperación entre instituciones para el desarrollo comunitario.

“Con este tipo de acciones reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en conjunto con los viveros locales y la comunidad para promover prácticas sostenibles y fomentar el desarrollo de una ciudad más verde y sustentable”, concluyeron desde la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales.

“Sierras arriba, casas abajo”, dice el informe de 42 páginas que recibió el gobernador Axel Kicillof de mano de integrantes de la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil. Se trata de un pormenorizado diagnóstico de la situación en torno a la urbanización del cordón serrano y del presente de las canteras activas, con detalles de su impacto en la ciudad.

"Le planteamos dos situaciones con respecto a las sierras. La de las canteras y la de la construcción. Las canteras sabemos que en parte tuvieron una respuesta con la Ley de Paisaje Protegido, pero hay otras funcionando. Lo que vemos es un nivel de destrucción muy notorio. Pedimos que revisen los estudios de impacto ambiental y los controlen para que al menos se cumpla con eso", explicó Ana Fernández –integrante de la Asamblea-, en diálogo con el programa La Mañana de El Eco, que se emite por Eco TV, Tandil FM 104.1 y El Eco Streaming.

Fue en el marco de la visita de Axel Kicillof a Tandil que la Asamblea presentó la carpeta al mandatario bonaerense. En concreto, el informe da cuenta del avance de la construcción en las sierras a partir de la comparación de fotografías satelitales.

A su vez, el texto recupera gran parte de la normativa existente, y en particular hace mención a las herramientas de control y planificación legisladas pero hasta el momento no implementadas, como el Plan de Manejo de la Zona Especial Sierras de Tandil Protegidas que establece el Plan de Desarrollo Territorial (PDT). 

“El crecimiento de la superficie edificada desde 2010 muestra alta fragmentación y dispersión, con un notable avance sobre las áreas serranas, contrariando las estrategias del PDT”, explicaron desde la Asamblea en el petitorio.

En ese sentido una de las primeras solicitudes planteadas en el informe es que la Provincia intervenga para que el Municipio avance –con participación ciudadana- en la redacción y puesta en práctica del Plan de Manejo. Y en paralelo que cesen las autorizaciones para nuevas obras o ampliaciones de construcción sobre las sierras hasta que el mismo no se apruebe.

Entre otras solicitudes, a partir del petitorio la Asamblea exigió al Ejecutivo Provincial que “establezca la restricción a la construcción sobre las Sierras de Tandil”, y también en relación a la legislación vigente que lleve a cabo “estudios de Impacto ambiental de todo lo que se pretenda realizar en la zona serrana, realizado por equipo técnico competente e imparcial”.

El informe hace referencia además a la necesidad de “informar previamente a la población sobre los proyectos, considerar las observaciones de personas físicas o jurídicas y responderlas públicamente con fundamentación ambiental y urbanística”, así como también a que “se garantice el acceso público a las Sierras, así como acompañamiento para la educación ambiental y la promoción de prácticas de cuidado del Patrimonio Natural y Cultural”.

En diálogo con El Eco Multimedios, Ana Fernández planteó que el avance de la construcción sobre el paisaje serrano “no solo afecta la conservación de las tierras, sino también tiene impactos significativos para la ciudad en su conjunto y el presupuesto público. Cualquiera que transita de día o de noche ve que las sierras están iluminadas, lo que demuestra un impacto muy grande. El Plan de Ordenamiento es claro en evitar el avance urbano sobre el cordón serrano y conservar las sierras, ya que son las cabeceras de las cuencas hídricas".

En el marco del informe también incorporaron fotografías sobre el impacto ambiental generado por la explotación canteril activa, así como también los “pasivos ambientales de gran magnitud” que constituyen las canteras sin explotación que se encuentran dentro de la zona protegida.

Al respecto, señalaron que “las canteras que permanecen activas evidencian un gran aumento del impacto de la extracción”, que “las construcciones avanzaron, de forma dispersa, sobre las sierras”, que “el valle interserrano Don Bosco está siendo altamente antropizado y urbanizado”, que “la invasión urbana del arco serrano, contraria el plan de ordenamiento y afecta las cuencas hídricas”,  que “la ocupación urbana de las Sierras conlleva creciente reclamos de servicios difíciles de prestar y altísimo costo” y que “la construcción sobre las Sierras constituye una apropiación privada del paisaje”.

Uno de los aspectos más destacados del petitorio lo constituye la relación trazada entre las intervenciones sobre el entorno serrano y su impacto en la cuenca hídrica de la ciudad, y su posterior derivación en inundaciones.

En el año 2011 se promulgó la ordenanza municipal que fijó al 2 de octubre como el Día de la Preservación de las Sierras de Tandil y desde entonces se celebra en esa fecha tanto la existencia en la ciudad de uno de los patrimonios naturales más antiguos del mundo, como la necesidad de protegerlas. 

Más allá de las legislaciones aprobadas –en concreto, el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) de 2005, y la Ley de Paisaje Protegido de 2010-, a la fecha no se avanzó con elementos centrales de las normativas. Ambas determinaban la formulación de un Plan de Manejo, pero en ninguno de los dos casos fue concretado. 

Por lo tanto se mantienen en vigencia criterios que fueron establecidos como provisorios en, por ejemplo, las construcciones sobre el faldeo serrano. El hecho es un reclamo recurrente al Ejecutivo Municipal.

“Con algunas modificaciones, el Concejo aprobó el Plan de Desarrollo Territorial”, tituló El Eco de Tandil el miércoles 16 de noviembre de 2005. Se trató de la Ordenanza N°9865, que entre muchos otros aspectos estableció áreas urbanas, complementarias y rurales.

A su vez, el PDT delimitó entre otras una Zona Protegida Natural Sierras de Tandil conformada por todos los predios del Área Complementaria ubicados sobre una cota de 220 metros sobre el nivel del mar y todos los predios del Área Rural ubicados por sobre la cota de 200 metros sobre el nivel del mar.

También la normativa asimilaba los términos de la Ley Provincial de Paisajes Protegidos y en ese sentido consideraba a estos como “aquellas áreas de la superficie y/o del subsuelo terrestre y/o cuerpos de agua existentes que, por razones de interés general, deban sustraerse de la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia a perpetuidad de uno o más elementos naturales o la naturaleza en su conjunto, por lo cual se declara de interés público su protección y conservación”. 

Entre otros puntos, el PDT señalaba que “el Departamento Ejecutivo municipal elaborará en un plazo no mayor a los 540 días, contados a partir de la fecha de sanción del decreto de aprobación provincial del presente PDT, un Plan Especial de Manejo para la Zona Protegida con el objetivo de preservar los valores y las características paisajísticas y ambientales especificadas en el Artículo anterior y mejorar la oferta de espacios de recreación para la población”. 

Tras una serie de prórrogas, dicho Plan de Manejo continúa pendiente. A la fecha sigue en vigencia lo establecido como provisorio por el PDT, es decir que los predios o sectores del Área Complementaria ubicados sobre la cota 280 metros sobre el nivel del mar, y los predios del Área Rural ubicados a más de 220 metros sobre el nivel del mar son “no urbanizables”.

En marzo de 2010 El Eco de Tandil tituló “La Cámara baja sancionó la ley que protege a las sierras de la Poligonal”, que declaró como Paisaje Protegido el área poligonal determinada por las rutas 226, 74 y 30. La reglamentación se obtuvo a partir de una intensa participación y movilización ciudadana, y en concreto significó el cese de la actividad canteril en la mencionada zona.

En su artículo 4, la normativa establecía que las autoridades competentes elaborarían y formalizarían un Plan de Manejo Ambiental en el cual deberían procurar “la armonización de las actividades desarrolladas por el hombre con el ambiente protegido”, así como “corroborar que se mantengan las condiciones que dieron origen a la declaración del área como tal”. Sin embargo, tal Plan nunca se hizo efectivo, y a la fecha continúa siendo otro de los reclamos históricos. 

“Es necesario reflexionar qué es lo que estamos haciendo y dejando hacer con las sierras”, expresaron mediante un breve comunicado desde la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras de Tandil. A través del texto invitaron también a las instituciones educativas del ámbito público y privado a realizar acciones específicas para abordar el tema, así como a promover el debate “sobre el cuidado de la naturaleza y su importancia presente y futura, indispensable para la vida y la identidad de Tandil”.

El comunicado fue acompañado de un video que recupera gran parte del trabajo realizado por la Asamblea en los últimos años y a su vez da cuenta no sólo de acciones que llevaron a cabo en pos de instalar la protección de las sierras en la agenda pública, sino también las que buscaron exigir y en algunos casos lograron concretar políticas públicas para la reglamentación del uso del entorno natural serrano.

En ese sentido en la producción audiovisual pueden observarse registros de las diferentes manifestaciones públicas de la Asamblea, así como marchas, convocatorias y consultas populares. Las imágenes de una movilización muestran a vecinos portando una bandera con la inscripción “Sierras de Tandil área protegida, y también otra con la leyenda “Sierras sin canteras ni construcciones”.

El video presenta también registros orales que se refieren a dos aspectos específicos de los planteos de la Asamblea. El primero, la exigencia a las autoridades del cumplimiento pleno de la normativa vigente, a través de una voz que expresa “Cualquiera, así tenga todo perfecto, no puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar, porque para eso hay un Plan de Ordenamiento, para eso hay leyes de ordenamiento, para eso hay normativas ambientales”. 

En la misma línea otro pasaje el relato se pregunta “¿Para qué está la Ley Madre, la 8912?  ¿Para qué hay un Plan de Ordenamiento? ¿Para qué hay una Ley de Paisaje Protegido si después no se va a poder hacer nada y en un lugar donde no se puede construir hay grandes tendidos eléctricos, se les sube el agua y se les ha permitido construir?”.

En segundo lugar la producción audiovisual incorpora el testimonio de un bombero voluntario que intervino en la extinción de las llamas en uno de los últimos y más resonantes incendios en el cordón serrano. “Recién el día sábado cuando fui y vi, porque trabajé de noche, pude ver el daño que había ocasionado el fuego y las pérdidas que deja para quienes amamos las sierras”, expresó el bombero. 

Dichas palabras dan el pie para abordar la importancia de resguardar las sierras no sólo en cuanto a su condición paisajística sino también por su importancia vital en el ambiente en general. “El pastizal serrano presenta una biodiversidad única con cientos de especies vegetales y animales que en conjunto le dan una estabilidad a todo el sistema serano. Y gran cantidad de servicios que le aportan a todos los habitantes que vivimos en su contexto”, concluye otro testimonio.

Desde la Secretaría de Economía del Municipio de Tandil destacaron que tal como se había comprometido, la Provincia saldó parte de la deuda que mantenía con el Municipio por la Ley de Paisaje Protegido. Además señalaron que aún quedan 61 millones de pesos correspondientes a 2022 y 2023, que confiamos serán regularizados próximamente.

“El intendente Lunghi venía haciendo gestiones desde hace tiempo y fue uno de los temas que habló con el gobernador Axel Kicillof, en su última visita a Tandil, quien se comprometió a ocuparse”, explicaron.

A su  vez precisaron que “la deuda total correspondía a los años 2019, 2020, 2021, 2022 y los que llevamos de este año. Con la concreción de lo anunciado quedará saldada la deuda que corresponde a los años 2019, 2020 y 2021. Aún restará 61 millones de todo el año 2022 y lo que llevamos de 2023, y estamos confiados en que se efectivizará en poco tiempo”.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires público ayer en el Boletín Oficial el pago correspondiente a la deuda que mantenía con Tandil, en función de lo estipulado por la Ley de Paisaje Protegido, que significó la absorción por parte del Municipio de los trabajadores de las canteras que cesaron en su explotación productiva. Son más de 50 millones de pesos, correspondientes al pago de los operarios alcanzados por la Ley sancionada en 2007.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tomó el compromiso de saldar esa deuda con el ejecutivo local durante su última vista a Tandil y luego de una reunión con el intendente Miguel Lunghi y el diputado nacional Rogelio Iparraguirre. 

La resolución publicada el día jueves 16 de marzo en el Boletín Oficial indica que la Provincia aprobó el pago del 50% de los haberes de los trabajadores (alcanzados por el “Paisaje Protegido de Interés Provincial”, al área del Partido de Tandil denominada “La Poligonal”) a fin regularizar la deuda correspondiente para los ejercicios 2020 (30 millones de pesos) y 2021 (20 millones de pesos).

"Cómo tandilense celebro la palabra del gobernador Axel Kicillof y el compromiso de la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, para saldar está deuda que la Provincia de Buenos Aires mantenía con Tandil: además de ser una obligación del Estado Provincial, fue también una gran cantidad de recursos que perdimos todos los tandilenses durante mucho tiempo por la decisión del gobierno de Vidal", aseguró Iparraguirre.

Cabe destacar que la Ley de Paisaje Protegido fue sancionada en el año 2007 y contemplaba el pago, por parte de la Provincia de Buenos Aires, de los salarios correspondientes de los ex trabajadores de la actividad minera, que formaban parte del polígono. En el año 2019 la ex gobernadora María Eugenia Vidal quitó este ítem del Presupuesto provincial y adeudaba estos montos desde ese entonces.

Desde 2019 el Gobierno de la provincia de Buenos Aires debía depositar en una cuenta específica, indicada por los funcionarios de Tandil, con el monto correspondiente al 50% de los sueldos de ese grupo de trabajadores, algo que se frenó desde hace casi tres años. 

En su momento, la norma estableció el cese de la explotación minera en la zona y que el personal de las canteras incluidas fuera incorporado por los gobiernos municipales o provinciales, lo que derivó en un convenio entre las dos partes para que los trabajadores ingresarán a la planta comunal, para que ambos afrontaran en partes iguales el pago de los haberes.

El año pasado, luego de una visita del Gobernador a la ciudad, en la que se reunió con el jefe comunal para debatir diferentes temas, Lunghi aseguró que “se trató de una muy buena reunión de trabajo” y destacó que “siempre es muy bueno dialogar y articular entre todos los niveles de Estado”.

Por eso, “gestionamos para Tandil y para todos los tandilenses. El Gobernador se mostró muy predispuesto a trabajar en conjunto y continuar realizando proyectos para el desarrollo de la ciudad”.

En diálogo con El Eco de Tandil, se había mostrado muy conforme con la reunión y había cerciorado que acordaron continuar trabajando sobre los puntos incluidos durante la audiencia con el acompañamiento del diputado nacional.

“Esperemos que se vayan cumpliendo los pedidos; sí o sí tienen que cumplir la Ley (de Paisaje Protegido), que son 76 millones”, ratificó.

En el marco de la visita del gobernador Axel Kicillof, el intendente Miguel Lunghi aprovechó para insistir con una serie de reclamos, entre ellos la deuda de casi 70 millones de pesos por la Ley de Paisaje Protegido que sostiene la Provincia con Tandil.

En ese sentido, el jefe de Gabinete municipal, Oscar Teruggi, resaltó que esa misma demanda se la transmitieron a otras autoridades del Gobierno provincial y que, por ahora, es el Municipio el que sigue afrontando los gastos.

“Cuando se dictó la Ley de Paisaje Protegido, a través de la cual se imposibilitó la explotación de canteras dentro de la poligonal, todos los trabajadores que no podían seguir con esa actividad y no podían insertarse en otros lugares, iban a cobrar el sueldo del convenio colectivo de trabajo. El Municipio iba a pagar un 50 por ciento y la Provincia el otro”, marcó Teruggi en comunicación con El Eco Multimedios.

Sin embargo, contó que desde enero de 2019 el recurso económico para que los empleados cobren el salario lo está poniendo el Estado municipal en su totalidad.

“Nosotros todos los meses mandamos el listado con el recibo de sueldo del personal, pero ya a esta altura la deuda asciende a casi 70 millones de pesos. Para la Municipalidad es mucho dinero”, resaltó.

Así como Lunghi se lo planteó a Kicillof, informó que también se lo han transmitido a otras autoridades y que, si bien “todos asumen el compromiso y te dicen que lo van a resolver, nosotros seguimos pagando el 100 por ciento de los salarios y la deuda crece año tras año”.

Bajo su punto de vista, no es un monto imposible de afrontar para el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo que analizó que falta decisión política para cumplir con los compromisos.

Recientemente, la Defensora del Pueblo de Tandil brindó respuesta a la presentación realizada meses atrás por la Asamblea en Defensa de las Sierras sobre la autorización del centro comercial a cielo abierto en la zona de Don Bosco. 

Al respecto, el organismo respondió con la información que le fuera proporcionada por el Municipio. Según indicaron desde la organización ciudadana, en el informe se incluyó el formulario para determinar el Índice de Magnitud y Fragilidad Ambiental, que debe determinar si es necesario o no realizar un estudio de impacto ambiental en la zona, para saber si es viable o no edificar allí.  

Consultada por este Diario, la defensora Paula Lafourcade, detalló que “el estudio de impacto ambiental lo pidió la Asamblea, pero no se hizo por los porcentuales que se presentaron. De la documentación que adjuntó el Municipio se dio traslado a los reclamantes, quienes deberán solicitarlo en el expediente que en la Defensoría se creó a raíz de su reclamo”.

Supuestas irregularidades 

De acuerdo a lo expuesto por la Asamblea, dicho formulario no cuenta con una firma visible de algún funcionario municipal, ni se adjunta otra información que indique quién se encargó de realizar la necesaria evaluación por parte del Estado local. 

En este sentido, explicaron que la documentación solamente está firmada por el arquitecto del proyecto y el responsable de Tandil for Sale, la empresa que lleva adelante el desarrollo inmobiliario.  

En un texto que compartieron públicamente, la agrupación vecinal señaló que “de la vista del mismo surge que fue llenado de forma incorrecta y de modo tal que el puntaje obtenido evite la realización de un estudio de impacto ambiental”.

Asimismo, cuestionaron que se desconoce quién fue el funcionario que recibió ese formulario y que tampoco es posible saber si alguien  evalúo el proyecto fehacientemente. "¿Quién lo aprobó? ¿El mismo que aceptó un plano con 58 baños para un máximo de ocupación de 23 personas? ¿En Tandil el zorro cuenta las gallinas?”, inquirieron con severidad. 

No conformes con la respuesta otorgada, indicaron que seguirán adelante hasta poder saber quién controla el cumplimiento de las cuestiones ambientales y urbanísticas en la ciudad, porque es algo que no queda claro en el informe. Además, solicitarán que haya autoridades competentes que auditen el expediente y que en tanto se detenga la obra y se realice el estudio de impacto ambiental “por un organismo competente, idóneo e imparcial”. 

Un proyecto controvertido 

En agosto del año pasado, desde la entidad que defiende las sierras canalizaron su preocupación por el proyecto que planea este centro comercial en esa aprte de la ciudad, solicitando la intervención de autoridades provinciales y de la Defensoría del Pueblo provincial y local. La controversia data de 2017, pero recién en los últimos meses los trabajos de edificación pudieron finalmente avanzar. 

Quienes forman parte del grupo preservacionista y todos quienes adhieren a su planteo consideran que el desarrollo inmobiliario fue autorizado por el Ejecutivo a partir de un “plano claramente fraudulento”, ya que sostienen que será en un terreno donde sólo puede aceptarse según el Plan de Ordenamiento una ocupación total de 24 personas. 

Como se conoció oportunamente, la firma propietaria va a construir 24 locales con dos entradas y dos baños cada uno, 58 baños en total y 40 estacionamientos. “No tienen cloacas ni agua, no hicieron un estudio de impacto ambiental y está en el corazón del paisaje protegido”, aseveraron. No obstante, el expediente actual fue iniciado en 2019 con los indicadores que el PDT (Plan de Desarrollo Territorial) plantea, según explicaron las autoridades comunales. 

A pesar de esto, la Asamblea criticó que se haya aprobado “silenciosamente”, y que resulta igualmente “insustentable e indebido para esa zona”.

El Municipio reiteró el reclamo para que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cumpla con el pago de una deuda que ya supera los 50 millones de pesos, correspondiente a los fondos establecidos por la Ley de Paisaje Protegido para el pago de la mitad de los salarios a los extrabajadores de la canteras incluidas en esa norma y que fueron incorporados como empleados a la planta comunal.

De acuerdo al convenio en vigencia, el sueldo mensual de estos trabajadores es financiado por partes iguales entre el Municipio y el Estado Provincial. Y si bien la comuna ha abonado en tiempo y forma la totalidad de los salarios, la Provincia no ha remitido los fondos comprometidos desde el 2019. La deuda total acumulada con el Estado municipal asciende ya a los 54 millones de pesos.

A través de un documento enviado al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), el Municipio insistió con el reclamo como la ha venido haciendo mensualmente desde hace casi 3 años. 

La Ley de Paisaje Protegido fue sancionada por el Poder Legislativo Provincial en 2010 para conservar y preservar el paisaje desde el punto de vista geográfico, geomorfológico, turístico y urbanístico del área denominada “Poligonal”, conformada por la intersección de la ruta nacional 226 y las rutas provinciales 74 y 30.

Entre varias acciones, en la norma se estableció el cese de la explotación minera en la zona y que el personal de las canteras incluidas fuera incorporado por los gobiernos municipal y/o provincial, lo que derivó en un convenio entre las dos partes para que los trabajadores ingresarán a la planta comunal, indicando que el Municipio y la Provincia afronten en partes iguales el pago de los haberes.

Desde ese momento el gobierno Provincial debe depositar en una cuenta especifica indicada por el Municipio el monto correspondiente al 50 por ciento de los sueldos de ese grupo de trabajadores, algo que desde hace casi tres años no ocurre.

En la nota enviada al director ejecutivo del OPDS, Juan Brardinelli, y firmada por el intendente Miguel Lunghi y el jefe de Gabinete, Oscar Teruggi, se hace referencia al monto total correspondiente al mes de septiembre de este año (4.602.666,09 pesos) y a la suma que le corresponde afrontar a la Provincia.

Además se detalla el registro de todos los importantes totales y las partes que debe afrontar el Gobierno provincial de todos los meses que se adeudan, lo que alcanza una suma total de 54.466.761,06 pesos.

Oscar Teruggi explicó que “desde que se firmó el convenio con la Provincia a partir de la sanción y promulgación de la Ley, desde el Municipio se envía mensualmente el detalle de los sueldos y la parte que debe afrontar la Provincia. Si bien en todos estos años hemos tenido algunas demoras en el pago, en ningún momento se acumularon tantos meses consecutivos ni una deuda tan importante”.

“Desde 2019 que la Provincia no cumple con esta obligación, lo que incluye algunos meses de la gestión anterior y todo el mandato de la actual gestión provincial. Más allá de eso desde el Municipio estamos haciendo un gran esfuerzo y todos los meses cumplimos con los trabajadores alcanzados por esta Ley y pagamos el total de sus salarios”, agregó.

La Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras volvió a la carga con sus reclamos sobre la intervención del patrimonio natural  y expuso una foto de un "loteo indebido" para graficar que donde "había un límite al área urbana, ya hay un avance de la ciudad sobre la sierras".

A través de un comunicado, la agrupación vecinalista detalló que no sólo se ha avanzado con las casas sobre los terrenos aledaños al Lago del Fuerte, sino que la calle dónde terminaba esta urbanización y la cual constituye el límite del área urbana, ya tiene del otro lado un loteo, que “no se sabe quién lo autorizó”.  

El cartel del emprendimiento inmobiliario se ubica en un área que queda frente a Villa del Lago, al final de la calle Soldado Argentino, sobre el camino denominado Matorras de San Martín entre Lima y Quinquela Martín.  

En este sentido, señalaron que el Plan de Ordenamiento Territorial (PDT), en la Sección 3, II.6 punto 1, establece que se debe "contener el crecimiento hacia la zona serrana impidiendo su invasión con usos urbanos" y que la Ley de Ordenamiento provincial marca que no se puede construir donde no hay agua ni cloacas. Por otro lado, en base a la Ley 14.126 de Paisaje Protegido, consignaron que las áreas declaradas dentro de este marco son de acceso público y no pueden ser privatizadas. 

Incumplimiento del PDT 

Con respecto a este macizo, desde la Asamblea indicaron que “se trata de manzanas catalogadas por el Plan de Ordenamiento como Área Complementaria, zona de servicios extraurbanos y están en su mayor parte por encima de la cota de 220 m.s.n.m., con lo cual no podrían ser subdivididas en fracciones menores a una hectárea y media”. 

Asimismo, recordaron que las manzanas que están por debajo de la cota en zona de servicios extraurbanos sólo podrían dividirse en terrenos de 7.000 metros cuadrados. 

Pese a ello, denunciaron que lo que se observa en el sitio es un loteo en parcelas mucho menores y cuestionaron que se trata de una política encubierta de quienes gestionan el territorio. 

En tanto, enfatizaron que “Tandil tiene muchas áreas donde hacer loteos y construir sumando a la ciudad, sin restar degradando las sierras. Las mismas constituyen un patrimonio natural de extraordinario valor y no deberían ser loteadas. Los usos urbanos destruyen la flora y la fauna, cambian la escorrentía de las aguas y vulneran las áreas de recarga del acuífero”. 

En el texto, los vecinos precisaron que el PDT ya es muy “generoso” con los negocios inmobiliarios “pero encima no les alcanza con lo mucho que ya les permite hacer la norma vigente y generan estos loteos, que sólo muestran la codicia y empeoran Tandil por siempre para que unos pocos lucren en el corto plazo”.  

Según afirmaron, el Plan de Ordenamiento Territorial se aprobó en 2005 y sin embargo, desde entonces, proliferan sobre las sierras loteos o casas que cumpliendo con la ley no se podrían hacer, pero aseguraron que nadie brinda explicaciones al respecto.

En medio de los constantes reclamos que efectúan desde hace años en pos de defender el patrimonio natural de Tandil, desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras expresaron su acuerdo con la  decisión del Gobierno local de enviar un proyecto de ordenanza al Concejo para declarar de utilidad pública la zona de Villa del Lago y así impedir que se siga construyendo en el área.

En esta oportunidad hicieron una valoración positiva de la propuesta que el Ejecutivo dio a conocer en diciembre y que ya se encuentra en análisis en el cuerpo Legislativo, en la que se intenta poner un freno a las edificaciones a través de una herramienta legal que pretende declarar de utilidad pública la adquisición de los terrenos del macizo -originarios de la quebrada firma Tandil Inversora S.A.-mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal. Según establece el texto normativo, quedan excluidas aquellas que a la fecha tengan planos y permisos de obra debidamente aprobados por las áreas competentes.

Sierras libres de construcciones 

La agrupación comunal desde hace más de diez años reclama e interviene ante los problemas suscitados por el avance del hombre sobre el sistema serrano tandilense y sus consecuencias. Fabián Mestralet, integrante del movimiento, remarcó en una entrevista concedida al ciclo “La ciudad” (ECO TV y 104.1 Tandil FM) que evaluaron de forma positiva que se reconozca la necesidad de detener las construcciones sobre las sierras, pero que la mirada debe estar dirigida hacia todos los cordones serranos y no sólo al sector localizado en Villa del Lago.

El hombre apeló a la concientización de la ciudadanía sobre el entorno y los peligros de edificar sobre el relieve serrano, pero calificó la iniciativa  como “un camino correcto” para  impedir que se continúe horadando los macizos. En esta línea, estimó que el siguiente paso debería ser la definición de los planes de manejo teniendo en cuenta las condiciones imperantes.

En Villa del Lago hay más de 250 parcelas, cuya superficie construida no supera el 10 por ciento, pero que ha generado problemas por la provisión de servicios y por algunos incumplimientos con las normativas existentes en torno a los parámetros de edificabilidad. Eso encendió la alarma de la Asamblea, preocupada por la proliferación de obras “irregulares” en el sector y sus consecuencias  en el entorno.

“Construir ahí conlleva perjuicios para la comunidad. Hay otros lugares que son adecuados, hay una zona llana, la zona serrana no es urbana, no tiene servicios ni es zona residencial. Lleva costos enormes que solventamos todos”, evaluó, sin soslayar que como línea política se debería desalentar el crecimiento de la ciudad hacia ese lado y fomentarlo al norte y noreste.

Edificaciones irregulares 

El instrumento legislativo que se trata en el Concejo Deliberante, es una solución definitiva a la medida adoptada a partir del decreto municipal 4215/19 con fecha del 7 de noviembre, firmado por el intendente Miguel Lunghi, que suspendió por 180 días los permisos de obra en la zona. El proyecto concebido se propone como una herramienta para unificar los criterios de dos leyes vigentes, el Plan de Ordenamiento Territorial (PDT) y la Ley de Paisaje Protegido. En paralelo, se siguen haciendo tareas de control y labrando infracciones, para penar a quienes incumplan con lo dispuesto por el marco regulatorio actual.

“Que se usen las herramientas legales para impedir que se construya”, y apuntó a la imposibilidad antes mencionada  de dotar infraestructura de servicios esenciales por las características del lugar y el deterioro ambiental que se genera. También indicó que se autorizaron varias edificaciones por vía de excepción y otras que se levantaron de forma ilegal.

“Habría que analizar las condiciones en las que se dieron los permisos, si lo hicieron de forma ilegal no se debe habilitar por más que paguen las multas, hay cosas que son mucho más graves que no se compensan  económicamente, como los perjuicios ambientales y los costos estructurales”, consideró.

Y agregó: “Se estaba usurpando y vendiendo en forma ilegal también, habría que hacer una auditoría, establecer las condiciones de cada lugar y en el último de los casos expropiar, cuando no quede ninguna otra herramienta”, sopesó.

En una acción tendiente a frenar las construcciones en la zona de Villa del Lago, el Municipio ideó una herramienta legal para solucionar de manera definitiva el problema de ese loteo de tierras, que viene de larga data. Se trata del macizo que comprenden la Chacra 150, de la Sección E, Circunscripción I, del Partido de Tandil (103), originarias de la firma Tandil Inversora S.A.

De este modo, a través de una ordenanza, pretende declarar de utilidad pública la adquisición de los terrenos del área mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal. Quedan excluidas aquellas que a la fecha tengan planos y permisos de obra debidamente aprobados por las áreas competentes.

Vale reseñar que en el sector hay más de 250 parcelas, cuya superficie construida no supera el 10 por ciento, pero que ha generado problemas por la provisión de servicios y por algunos incumplimientos con las normativas existentes en torno a los parámetros de edificabilidad. Esto encendió la alarma de diferentes agrupaciones  ambientalistas preocupadas por la proliferación de obras “irregulares” en el sector y sus consecuencias  en el entorno.

El director de Asuntos Legales de Tandil Martín Romano, el secretario de Obras Públicas Roberto Guadagna y el subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete comunal Juan Martín Pissani ofrecieron detalles del proyecto de ordenanza que ya giraron al Concejo Deliberante para su tratamiento en las comisiones correspondientes.

Tierras protegidas 

El instrumento legislativo es una solución definitiva a la medida adoptada a partir del decreto municipal 4215/19 con fecha del 7 de noviembre, firmado por el intendente Miguel Lunghi, que suspende por 180 días los permisos de obra en la zona. En paralelo, se siguen haciendo tareas de control e inspección e  infracciones, para penar a quienes incumplan con lo dispuesto por el marco regulatorio actual.

“Se elaboró un proyecto de ordenanza para declarar de utilidad las parcelas originarias de Tandil Inversora, una firma que tiene una quiebra tramitada, excluyendo  a los que tienen el permiso de obra y las construcciones ya finalizadas con gente viviendo”, explicó Pissani.

De acuerdo a lo informado por el Departamento Ejecutivo, con la legislación propuesta se prolonga el efecto del decreto de suspensión de obras hasta ver la situación dominial de los terrenos. Además, en uno de los puntos del texto normativo se exhorta al Ejecutivo a prohibir de forma permanente los permisos de obra y las incorporaciones de obras existentes.

Las leyes vigentes 

El proyecto concebido se propone como una herramienta para unificar los criterios de dos leyes vigentes, el Plan de Ordenamiento Territorial (PDT) y la Ley de Paisaje Protegido.

El PDT es un ajuste de un decreto ley de ordenamiento territorial y uso del suelo de 1977 y es un marco normativo posterior al loteo. El otro marco jurídico  –la Ley de Paisaje Protegido- atiende el carácter ambiental, que tiene un nivel de  contemporaneidad mayor que  ciertas leyes, lo que obliga a una revisión y actualización para estar a tono con los tiempos que corren. La Ley de Paisaje prohíbe las actividades que pongan en riesgo el ecosistema, la flora, la fauna y el escenario visual.

“El derecho asiste a la ciudadanía y al particular propietario, hay que buscar un equilibrio”, refirió Guadagna.

En rigor, hace más de 40 años, cuando se loteó y vendieron las parcelas en esa zona, no se tenía en cuenta la conservación del patrimonio natural ni las imposibilidades que marca la topografía. Los funcionarios coincidieron en que es imposible pensar hoy en que se pueden levantar 250 construcciones y aportar la infraestructura y servicios afines, sin severas consecuencias, razón por la cual consideraron necesario producir legislación al respecto que plantee políticas a largo plazo.

Provisión de servicios 

Guadagna detalló que el PDT establece que la ocupación  máxima es de una vivienda por parcela y habla de garantizar la provisión de servicios esenciales y tratamientos de efluentes.  “Demostrando  cómo se provee el agua con un contrato de provisión de agua privativo es suficiente, y el tratamiento de efluentes con cámaras garantizando que es agua septizada”, expuso en torno a las unidades que ya están emplazadas  allí.

Este punto se correlaciona con un reclamo expuesto desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras ante la Defensoría del Pueblo de Tandil,  y hecho público en numerosos ocasiones,  que es  un “desastre ambiental” permitir construcciones sobre esos loteos y apuntaron a la imposibilidad de dotar infraestructura de servicios esenciales por las características del lugar.

Los fondos

De aprobarse el proyecto, el Municipio debería tomar contacto con los dueños que acrediten el derecho de la propiedad sobre el loteo para tasar la parcela y llegar a un acuerdo de compra, permuta o expropiación.

En la actualidad, el Estado local no cuenta con los recursos económicos necesarios -ni de fondos propios ni de coparticipación- para afrontar los costos de adquirir las tierras, pero al tratarse de una medida pensada a mediano y largo plazo, esperan contar con palanqueos financieros de la Provincia y la Nación para llevarlo adelante.

En una acción tendiente a frenar la construcción en la zona de Villa del Lago, el Municipio ideó una herramienta legal para solucionar de manera definitiva el problema de ese loteo de tierras, que viene de larga data. De esto modo, a través de una ordenanza, pretende comprar, expropiar o permutar los terrenos del área para evitar que se siga construyendo sobre las sierras.

En el sector hay más de 250 parcelas, cuya superficie construida no supera el 10 por ciento, pero ha generado problemas por la provisión de servicios y por algunos incumplimientos con las normativas existentes en torno a los parámetros de edificabilidad.

La Asamblea Ciudadana planteó como urgente el caso de Villa del Lago ante la Defensoría del Pueblo

En este sentido, desde la Secretaría Legal y Técnica y la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas elaboraron un marco legal para poder contener la situación y evitar que se avance sobre el patrimonio natural.

El director de Asuntos Legales de Tandil Martín Romano, el secretario de Obras Públicas Roberto Guadagna y el subsecretario de Coordinación de la Jefatura de Gabinete comunal Juan Martín Pissani ofrecieron detalles del proyecto de ordenanza que ya giraron al Concejo Deliberante para su tratamiento en las comisiones correspondientes.

Continúa la polémica por la construcción en Villa del Lago y desde Legales analizan el marco normativo

Tierras protegidas 

El instrumento legislativo es una solución definitiva a la medida adoptada a partir del decreto 4215 firmado por el intendente Lunghi el 7 de noviembre,  que suspende por 180 días los permisos de obra en la zona. 

“Se elaboró un proyecto de ordenanza para declarar de utilidad las parcelas originarias de Tandil Inversora, una firma que tiene una quiebra tramitada, dejando afuera a los que tienen el permiso de obra y las construcciones ya finalizadas con gente viviendo”, explicó Pissani.

De acuerdo a lo informado por el Departamento Ejecutivo, con la legislación propuesta se prolonga el efecto del decreto de suspensión de obras hasta ver la situación dominial de los terrenos. Además, en uno de los puntos del texto normativo se exhorta  al Ejecutivo a prohibir de forma permanente los permisos de obra y las incorporaciones de obras existentes. 

De aprobarse el proyecto, el Municipio debería tomar contacto con los dueños que acrediten el dominio de la propiedad  para tasar la parcela  y llegar a un acuerdo de compra, permuta o expropiación. 

En la actualidad, el Estado local no cuenta con los recursos económicos necesarios -ni de fondos propios ni de coparticipación- para afrontar los costos de adquirir las tierras, pero como es una medida pensada a mediano y largo plazo, esperan contar con palanqueos financieros de la Provincia y la Nación para llevarlo adelante.

La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Tandil, que finalmente se presentó en la causa, impugnaron peritajes incorporados a pedido de los propietarios de la cantera Carba, en el marco de la causa iniciada por la empresa tras el cese de la actividad de explotación. La demanda, que tramita en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de La Plata, iniciada en septiembre de 2013, es en reclamo de una millonaria indemnización.

Por su parte, Carba se mantiene activa en cuanto al aporte de pruebas. Pidió librar un oficio a la delegación local del Ministerio de Trabajo, donde conste la nómina de empleados indemnizados por el Estado a partir del cese de la explotación y de los que aceptaron pasar a la planta municipal.

Además, solicitó la incorporación de la nota que le envió a uno de sus empleados, con la que le anunciaba que cerraba la cantera y las posteriores gestiones ante el Ministerio de Trabajo, donde aceptó la indemnización que le ofreció el fisco.

También, citó a la firma local Metalloy para que diera cuenta de su situación de proveedor de la cantera y sumó facturas escaneadas. La empresa señaló que fue proveedora de Carba desde 1984 hasta el cese de las actividades.

Fotos viejas

La abogada que representa al Estado bonaerense objetó las pruebas que aportaron un martillero y un ingeniero industrial, al tiempo que fundamentaron que la cantera perdió el registro de productor minero tras incumplir con los planes de mitigación del impacto ambiental que generaba su actividad.

En primer término, la letrada Rosana Olga Bureu, de la Fiscalía de Estado bonaerense, negó la actualidad, autenticidad y el valor probatorio de las fotografías anexadas por el perito martillero, como así también la descripción del inmueble que incorporó a la causa, donde señaló que “lo construido se encuentra en muy buen estado de conservación” y el tramo donde determina el mismo estatus para la maquinaria con que producía la cantera.

Por otra parte, respaldó la impugnación con fotografías que tomó el martillero de la Fiscalía de Estado, el mismo día en que su colega convocado por la cantera realizó la visita al predio, quien también anexó imágenes al documento ofrecido como prueba. “De la comparación de ambos materiales fotográficos surge evidente que las agregadas por el perito Martillero Cazzola (por Carba) no se condicen con la realidad ni mucho menos resultan ser actuales”, manifestó la letrada del fisco provincial.

En esa línea, marcó que las fotos aportadas por la representación fiscal “demuestran a las claras el estado de deterioro y abandono en que se encuentra tanto el establecimiento canteril (inmueble e instalaciones) como la maquinaria y móviles” y con esos argumentos, expuso que “dejo desde ya impugnadas la totalidad de las fotografías agregadas por el martillero Cazzola como la descripción que realiza del inmueble, instalaciones, maquinarias y móviles”.

La tasación en dólares

En segundo lugar, la doctora Bureu rechazó la tasación del “valor actual de la construcción para la explotación de la cantera” y fundamentó que esa respuesta le corresponde al perito ingeniero civil, quien la evitó por no contar con ciertos planos y memorias descriptivas.

Tras pedir que se desestime la respuesta del martillero “atento a haberse excedido en su incumbencia, para la cual no fue requerido”, pidió que se impugne, “atento a que el experto ha respondido con total ausencia de fundamentos técnicos científicos, subjetivos, dado que no ha agregado o citado antecedente alguno sobre el cual se haya apoyado para fundar los valores establecidos respecto de las máquinas, es decir, publicaciones especializadas, consulta a comercios del ramo, páginas web, etc.”.

Otro punto que rechazó fue que estableció un valor en dólares, lo que implica “un mecanismo de actualización, vedado por nuestra legislación (arts. 7 y 10 Ley 23928)”. Y expuso que los valores referenciados por el martillero “resultan ser infundados, excesivos y dolarizados”.

Por otra parte, rechazó el valor de la hectárea en la zona, también expresado en moneda extranjera, ya que “no hace referencia alguna a consultas realizadas a inmobiliarias de la zona y/o a revistas especializadas en el tema”.

“Sin perjuicio de lo expuesto, se impugna otra cuestión: el perito expresa un valor total, al que arriba luego de efectuar la sumatoria del valor del ‘inmueble’ y de las ‘maquinarias y móviles’, sin expresar qué maquinarias son consideradas como parte indivisible del inmueble y cuáles son desmontables. Este último caso, en el que no sería factible considerarlas parte del mismo”, resaltó la letrada.

En ese sentido, agregó que “al referirse al valor del inmueble, fijándolo en la elevada suma de 17.115.000 dólares, el experto no ha efectuado un detalle pormenorizado del valor de cada una de las construcciones que componen dicho inmueble, lo que no es correcto, pues se debe diferenciar los valores unitarios de construcción para cada tipo de edificación” y aclaró que “en otras palabras, el experto no discrimina el valor de la tierra del de las mejoras existentes, y menos aún, se explica qué referencia de valores se tomaron, o qué procedimiento de cálculo se realizó para llegar al valor impuesto”.

Más allá de esos argumentos, señaló que Carba no se ha visto privada del derecho de dominio que ejerce sobre su propiedad ni mucho menos sobre las maquinarias y móviles, conservando su plena disposición y administración. Además, advirtió que posee el derecho de transferirlos a otro sujeto.

“Por lo tanto, la fijación de los valores expresados por el perito tasador carecen de relevancia, ya que nada corresponde que le sea indemnizado a la firma accionante”, concluyó.

“Lo expuesto resulta relevante porque en estos casos, en donde los particulares no se les priva de la propiedad, sino que se les limita la actividad perjudicial que venían desarrollando en ella en detrimento del patrimonio ambiental, no existe ningún obrar antijurídico por parte de mi representada que justifique el pago de una indemnización a su respecto y con el alcance pretendido, sino que por el contrario, es el particular el que debe internalizar los costos del cese de su actividad, en compensación por la explotación de los recursos ambientales de la sociedad”, concluyó.

La incidencia del PDT

Por otra parte, la letrada de la Provincia objetó las referencias del martillero al Plan de Desarrollo Territorial de Tandil (PDT), quien expresó que “la actividad minera es la única legalmente viable en dicho inmueble, toda vez que rige una prohibición preexistente basada en el Plan de Desarrollo Territorial de Tandil”.

El martillero evaluó que antes de que la Resolución 40 de la Dirección de Minería dispusiera el cese de la explotación minera y cancelara la inscripción de la firma en el Registro de Productores Mineros, “regía respecto del inmueble la prohibición de toda actividad, basada en el Plan de Desarrollo Territorial de Tandil, en el que se ha indicado y regido los usos del suelo establecidos para el área urbana y complementaria; establece una Zona Protegida Natural Sierras de Tandil para la cual no se ha establecido hasta la fecha ningún Plan de Manejo”.

El profesional analizó que el inmueble propiedad de Carba está dentro de la Zona Protegida Natural Sierras de Tandil en el Plan de Desarrollo Territorial, por lo cual “rigen al respecto los parámetros para las zonas que la contienen, es decir que todo proyecto de reconversión, dada la ubicación de Cantera Albión, debería respetar la cota de 200 metros sobre el nivel del mar como cota superior del terreno del proyecto y el predio propiedad de Carba posee una cota muy superior, de tal forma que no existe posibilidad alguna de desarrollo inmobiliario o de otro tipo de reconversión productiva que sea legalmente viable”.

En ese sentido, la Provincia argumentó que “la imposibilidad de explotar la cantera no cabe atribuirlo a la limitación de la actividad minera establecida por la Ley 14.126 (de Paisaje Protegido”), sino que el cese de las actividades de la empresa fue el producto de la falta de presentación de los planes de reconversión de la misma”.

En relación a los cálculos por la “pérdida de rentabilidad” de las tierras y la “desvalorización” del inmueble, sostuvo que resultan “exorbitantes y alejados de la realidad”.

El Municipio sostuvo que el martillero carece de “objetividad”

En representación del Municipio, el secretario de Legal y Técnica, Andrés Curcio, también impugnó el informe pericial solicitado por Carba y que estuvo a cargo del martillero Rodolfo José Cazzola.

En línea con la postura de la Provincia, Curcio negó el valor probatorio del material fotográfico que adjuntó el martillero y sostuvo que “resultan insuficientes para afirmar que el inmueble, las construcciones y las maquinarias se encuentren en un ‘muy buen estado de conservación’” y agregó que tampoco aportó tasación, informe o elemento técnico general “para arribar a los valores que indica, no sólo en este punto, sino también en los siguientes”.

Además, objetó que “expresa valores en dólares que, sin perjuicio de resultar la práctica usual en el mercado inmobiliario, no resulta ser la moneda de curso legal en nuestro país ni la moneda que reclama la actora”.

El letrado fundamentó, entre otras cuestiones, que el martillero refirió un valor por hectárea en la zona, pero no acompañó con alguna tasación o informe para comparar. Sumado a eso, describió que el inmueble está compuesto por tres parcelas, aunque dio un valor global, sin indicar la ubicación de las construcciones ni el valor diferenciado de esos predios.

En simultáneo, rechazó que se incorpore el valor del inmueble al de las maquinarias y equipos móviles, que “por su propia naturaleza, no se encuentran incorporados al suelo”.

En cuanto a la posible desvalorización del predio ante la Ley 14126 de Paisaje Protegido que prohíbe la actividad minera, Curcio sostuvo que “el perito se excede en lo que le fuera requerido al traer a colación un elemento extraño (el PDT de la ciudad de Tandil) al marco normativo indicado: la Ley 14.126”.

Y marcó que “resulta grave por excederse, no sólo en lo que le fue solicitado, sino directamente en su incumbencia profesional, pretender endilgarle responsabilidad alguna a esta Municipalidad. Resulta más cuestionable aún que el profesional haya realizado una interpretación propia de los alcances del Plan de Desarrollo Territorial, faltando a la objetividad que debe respetar en su tarea como perito. En efecto, sus conclusiones, a falta de cualquier soporte documental (como podría serlo del área de Gestión Territorial), se erigen como una mera opinión, cargada de subjetividad, extraña a la naturaleza misma de toda prueba pericial”.