La jueza Laura de Marinis habló por primera vez luego del polémico fallo en el que sobreseyó a un menor de 14 años acusado de tentativa de robo en la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que aplicar el Nuevo Régimen Penal Juvenil en este caso es particular “es estigmatizante”.

“Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante. En este contexto, se trata de un chico que no fue conocido por el Estado, que estaba sin educación y sin poder alimentarse; nos enteramos de su situación por el sistema penal y entonces le aplicamos el sistema penal. ¿A usted le parece razonable? Yo expliqué que no es proporcional”, expuso.

La magistrada aclaró que el caso ocurrió el 10 de septiembre cuando un hombre de 47 años denunció que fue perseguido por un grupo de jóvenes que intentaron robarle su celular, hecho que no concretaron, pero fueron demorados por la Policía.

En las últimas horas se conoció que Laura de Marinis sobreseyó al menor y dispuso la intervención al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que disponga medidas de acompañamiento familiar, escolar y recreativo.

La jueza detalló que la medida solo fue tomada para este expediente y que no suspendió la vigencia de la ley para el resto de los adolescentes alcanzados por la norma.

A su vez, manifestó que “someter a proceso penal es lo último que tiene que ocurrir” y que una amonestación puede constituir un antecedente, para luego dar respuestas más gravosas.

Al ser consultada sobre qué opina respecto al nuevo régimen, respondió: “La ley me parece una herramienta hermosa para poder armonizarla con la Convención y poder trabajar con los chicos en el día a día”, aunque, según la jueza, este esquema reduce la edad a 14 años, población que no conoce la modificación.

Por último, habló respecto de los juicios políticos que fueron solicitados en las últimas horas: “Mis decisiones se cuestionan a través de los fallos judiciales. Un juicio político es cuando uno no cumple con el desempeño de su función”.

“Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas. Hablar de un fallo manchado con sangre en este hecho me parece distorsionar lo que yo resolví”, afirmó. NA

Una jueza de Garantías de Responsabilidad Penal Juvenil resolvió que la Ley Nacional 27.801, que fijó en 14 años la edad de punibilidad de los menores que cometen delitos, está vigente. La magistrada del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez dictaminó que el fallo de su colega Marta Pascual, la jueza de Lomas de Zamora que suspendió por 60 días la aplicación de la mencionada norma, no tiene efecto en otras jurisdicciones.

Al fijar el objeto procesal de la resolución, la magistrada Mirta Guarino expresó: “corresponde en esta oportunidad analizar cuál es el alcance que, dentro del ámbito jurisdiccional del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez, cabe asignar a la resolución dictada el 7 de septiembre de 2026 por el juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, de Lomas de Zamora”.

La intervención de la jueza Guarino se produjo a partir de presentaciones realizadas por una fiscal y la defensora general de Responsabilidad Penal Juvenil de Moreno - General Rodríguez. “La cuestión no consiste en desconocer la existencia de la autoridad o relevancia de la decisión adoptada por aquella magistratura que diera fundamento a la acción de habeas corpus colectivo allí promovido”, consignó la jueza Guarino.

La Ley Nacional 27.801, que estableció la baja de la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años, fue dictada por el Congreso Nacional el 27 de febrero pasado y publicada en el boletín oficial el 9 de marzo pasado. Ese día se determinó que la ley comenzaba a regir a partir de los 180 días de su publicación, plazo concedido para ampliar la capacidad de los institutos de menores y la dotación de los organismos intervinientes.

Sin embargo, el lunes pasado, 48 horas después de que comenzara a regir la norma, la jueza Pascual dictó una resolución suspendiendo su aplicación en el territorio bonaerense. “Tampoco corresponde a esta sede revisar en abstracto la corrección intrínseca de una resolución emanada de otro órgano jurisdiccional, ni sustituir a los tribunales llamados a intervenir en las vías recursivas o de control que, eventualmente, se articulen contra ella”, describió la jueza del Departamento Judicial Moreno - General Rodríguez.

La jueza Pascual había tomado la decisión tras una acción de habeas corpus preventivo colectivo presentado el 31 de agosto pasado por Gabriela Salicio, representante de la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, al cual adhirieron 14 defensores departamentales.

“La respuesta de esta judicatura, luego de ponderar las constancias incorporadas y las posiciones de las partes, es negativa. Y ello no implica desconocer la relevancia constitucional de los derechos comprometidos ni la procedencia de los remedios colectivos cuando se configuran los presupuestos para fijados para tal fin. Implica, en cambio, reconocer la que tutela judicial efectiva de derechos fundamentales debe desarrollarse dentro del sistema de distribución de competencias establecido por la Constitución Nacional, las leyes y las reglas propias de la jurisdicción”, afirmó la jueza Guarino.

En el fallo que suspendió la aplicación de la ley, la jueza Pascual fijó una audiencia para el miércoles próximo, citando a los responsables de las áreas del Poder Ejecutivo provincial. Por otro lado, en el Departamento Judicial Quilmes, una magistrada de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó la detención de un menor de 15 años acusado de planificar un ataque contra sus compañeros de escuela mediante inteligencia artificial.

Sobre el alcance de la medida, Guarino sostuvo: “La cuestión a analizar debe ser delimitada con precisión: si una decisión cautelar adoptada por un órgano jurisdiccional de grado, en el contexto del proceso de habeas corpus colectivo sustanciado en otro Departamento Judicial puede producir, por sí mismo, el efecto jurídico de suspender con alcance general para todo el territorio de la provincia de Buenos Aires la aplicación de una ley nacional sancionada por el Congreso de la Nación en jurisdicciones y procesos que no se encuentran sometidos al conocimiento de aquel órgano”.

La magistrada concluyó que la resolución de Lomas de Zamora no puede ser considerada con efecto vinculante automático. “En consecuencia mientras no existe una decisión emanada del órgano jurisdiccional competente que por vía procesal establezca efectivamente sobre esta jurisdicción, corresponde seguir aplicando la ley nacional 27.801 en los procesos sometidos a consideración de este juzgado con estricto respeto por la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución provincial y las normas locales aplicables”, sentenció.

Cabe destacar que la jueza Pascual acumula tres pedidos de juicio político presentados por Alfredo Drocchi, Manuel Passaglia y Guillermo Montenegro ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ulises Giménez. Asimismo, el fiscal Hernán Ceruti, a cargo de la Fiscalía de Ejecución Penal Juvenil de Lomas de Zamora, apeló la medida señalando que la jueza “se extralimita, avasallando la labor propia de otro de los poderes del Estado, afectando así esencialmente la división de poderes y la forma republicana de gobierno”. La magistrada también fue denunciada por la asociación civil Usina de Justicia.

Para Ceruti, se trata de un fallo que provoca un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”, debido a que, un habeas corpus no puede suspender una ley que fue sancionada por el Congreso Nacional.

Además, subrayó que no se comprobó ninguna acción concreta, ilegal o arbitraria que perjudique la libertad de los adolescentes alcanzados por la normativa y en esa línea sostuvo que la disposición de la magistrada “avasalla la labor propia de otro de los poderes del Estado”.

Agregó que tampoco se identificó a un joven detenido por la aplicación de la normativa, una determinación policial, administrativa, judicial o penitenciaria que haya limitado de manera ilegal su libertad ni una situación específica de alojamiento agravada por la nueva legislación.

En su disposición la jueza argumentó que basó su decisión en que con el nuevo régimen podría aumentar en forma significativa el número de jóvenes detenidos y que la Provincia no disponía de la infraestructura ni de los recursos suficientes para afrontar ese incremento. Desde la Fiscalía hicieron hincapié en que esa conclusión se tomó sin datos concretos.

Pascual planteó preguntas como: el número de adolescentes que podrían ser privados de su libertad en dispositivos provinciales y la capacidad disponible.

La apelación llevada a cabo por Ceruti se suma a la denuncia penal que realizó la ONG Usina por la Justicia que acusó a Pascual de los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.

A través de su cuenta de la red social X, la organización apoyó la decisión de Ceruti y recalcó: “El fiscal sostuvo los mismos fundamentos de nuestra impugnación: la jueza no se basó en pruebas ni informes, se excedió en sus funciones y violó el principio de división de poderes”.

Por su parte, La Libertad Avanza bonaerense, liderada por Sebastián Pareja, pedirá el juicio político de la jueza.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”, aseveró Pareja. NA

La Libertad Avanza (LLA) anunció que pedirá el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, luego de que la magistrada resolviera suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Desde el espacio libertario cuestionaron la resolución al considerar que atenta contra una ley sancionada por el Congreso Nacional y profundiza la situación de impunidad que, según plantearon, atraviesa el territorio bonaerense.

La decisión fue comunicada por Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, quien adelantó que buscarán avanzar con un jury contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, expresó Pareja.

El diputado nacional profundizó sus críticas contra la resolución judicial y sostuvo: “Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. También lo hicieron durante la pandemia. Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes. Y la crisis que atraviesa la Provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo”.

Por su parte, Carlos Curestis, presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense, también cuestionó la decisión y aseguró que profundiza la impunidad.

“La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”, manifestó.

En tanto, Juan Osaba, titular del bloque de diputados provinciales de LLA, calificó el fallo como “inadmisible” y confirmó la intención de impulsar el proceso contra Pascual.

“Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad. Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”, afirmó.

La resolución de Pascual estableció la suspensión durante 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense, medida que ahora abrió un nuevo frente de disputa entre el espacio libertario y sectores de la Justicia provincial.

La nueva ley de responsabilidad penal juvenil entrará en vigencia el próximo 5 de septiembre, al cumplirse 180 días desde la sanción de la normativa, momento en el cual tendrá plena vigencia para adolescentes de entre 14 y 18 años. 

En el marco de una reciente participación en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el abogado Gastón Argeri analizó los alcances de la nueva ley.

El letrado explicó que, en la provincia de Buenos Aires, ya existe un fuero especializado para menores que se encarga de juzgar estos hechos. 

En el caso específico de Tandil, el proceso está a cargo de la jueza Florencia Giombino, cuya labor, subrayó el abogado, “trasciende la imposición de una condena, enfocándose en un trabajo social que prioriza la educación, la salud, la inserción laboral y el entendimiento del acto cometido por parte del joven”.

Respecto a las sanciones, el especialista aclaró que “la pena máxima que puede dictar un juez en este fuero es de 15 años, independientemente de la gravedad del delito o de si existen antecedentes”. 

La ley contempla diversas medidas, “como tareas comunitarias o el uso de monitores digitales, bajo la supervisión de un sistema que debe articularse con el juzgado correspondiente”, detalló Argeri.

Un punto central de la reforma “es la prohibición estricta de que los menores compartan unidades de detención con adultos”. 

La ley establece que, en caso de ser necesaria una privación de la libertad, “esta debe cumplirse en instituciones específicas o domicilios, siempre bajo la supervisión de personal capacitado para trabajar con adolescentes”, describió el letrado.

Uno de los aspectos más novedosos y relevantes de esta ley es la responsabilidad civil que recaerá sobre los progenitores o tutores. 

Argeri subrayó que, ante cualquier hecho ilícito cometido por un menor, los padres serán responsables de indemnizar a las víctimas. "Es importante que los padres se sienten a hablar con sus hijos sobre la responsabilidad que tienen y las consecuencias de sus actos", señaló el abogado durante la entrevista.

Esta medida, entre otras cuestiones, busca desincentivar el uso de menores para la comisión de delitos, una práctica que históricamente se apoyaba en la falta de punibilidad. 

Ahora, “tanto el adolescente como su familia deberán enfrentar las consecuencias legales y económicas derivadas de acciones como lesiones, robos o hechos más graves, incluyendo homicidios culposos por conducción indebida”, explicó el especialista.

El abogado hizo hincapié en la posibilidad de recurrir a la mediación dentro del fuero penal. 

“Este enfoque de justicia restaurativa permite que, con el consentimiento de la víctima, el joven pueda expresar un arrepentimiento genuino y buscar una reparación del daño”, indicó Argeri, al tiempo que subrayó que el “asesoramiento profesional es fundamental tanto para la familia del imputado como para la de la víctima, con el objetivo de transitar este nuevo paradigma legal de manera adecuada”.