Sin fe, con dudas y bajo dosis de silencio, así se quedó el Gobierno luego de la jornada en la que el Senado le dio la espalda en los capítulos más trascendentales de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

De acuerdo con lo que pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el martes se volverá a reunir la mesa política para hablar de lo que pasó. Habrá análisis, no faltarán reproches ante la falta de consensos que despertó el capítulo de la extranjerización de tierras y el Manejo del Fuego.

Pero sobre todo se tratará de dar vuelta la página de manera veloz tras el traspié y trazar la hoja de ruta para sancionar las iniciativas pendientes, como la reforma de la carta orgánica del Banco Central o Inocencia Fiscal II. Reforma electoral también entra en el combo como Zonas Frías.

Bajo este marco, inexplicablemente, y hasta último momento del jueves por la noche, el oficialismo exhibió una confianza total en que la normativa iba a ser votada tras la decisión de quitar el artículo sobre le venta de tierras a extranjeros.

En ese punto, no solo fallaron los interlocutores entre el Ejecutivo y el Parlamento: también se apostó al diálogo y a los acuerdos económicos con los gobernadores aliados, quienes como en 2025 le dieron la espalda al oficialismo.

En el análisis de dirigentes violetas, lo que sucedió el jueves fue solo circunstancial y no cambiará el nivel de conversación en general con los mandatarios provinciales, algo que ya tuvo un buen correlato en las votaciones de leyes relevantes para La Libertad Avanza durante todo 2026, como reforma laboral o Ley de Glaciares.

Como remarca el entorno de un gobernador patagónico, se requiere fondos urgentes desde Nación para calmar problemas financieros. “Sino se me prende fuego todo y viene el kirchnerismo”, supo decir uno de ellos.

Un dato para describir el panorama: en Casa Rosada colocan sobre la mesa que en los próximos días se concretará un viaje clave para mantener vivo el vínculo con dos referentes provinciales.

Se refieren a la travesía que van a emprender a Catamarca el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero). El objetivo pasa poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

“La obra, financiada con un crédito del BID, demandará una inversión de $99.769 millones, tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y beneficiará a 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero mediante la construcción de dos plantas potabilizadoras y 50 kilómetros de acueducto”, expresaron fuentes oficiales para dar cuenta de los próximos pasos.

A ese gesto, se le añade en boca del Gobierno que se avanzó en firma de un convenio de Catamarca dedicado a la ejecución de obras en rutas nacionales y la cancelación de deudas reciprocas entre la provincia y la Nación.

Al mismo tiempo, se prevé que Santilli vuelva a tomar contacto mano a mano con varios dirigentes, como lo estuvo haciendo durante estos meses que se convirtió en un nexo entre Nación y provincias.

No obstante, hay varios mandatarios del interior que, tras la jornada parlamentaria, aseguran que venderán más caro sus voluntades a cambios de votos en las Cámaras.

Es el mismo diagnóstico que poseen algunos miembros de LLA, sobre todo porque creen que la carrera electoral para 2027 ya comenzó y hay varios que se quieren despegar del sello violeta para retener sin problemas sus distritos ante la mala imagen que está cosechando Javier Milei. (NA).

Un reciente relevamiento realizado por el Observatorio de Tierras del Conicet arrojó datos precisos sobre la propiedad rural en territorio bonaerense. Según el informe, existen 289.802 hectáreas en manos de propietarios extranjeros distribuidas en 28 partidos. Considerando que estos distritos suman en conjunto 3.530.118 hectáreas, la superficie extranjerizada representa el 8,21% del total.

El fenómeno presenta marcadas diferencias entre los municipios. Mientras algunos distritos registran niveles cercanos al límite del 15% fijado por la Ley de Tierras Rurales, otros muestran porcentajes considerablemente menores. El caso más llamativo es Campana, donde 11.935 hectáreas de un total de 23.743 pertenecen a propietarios extranjeros, lo que equivale al 50% de toda su superficie. Detrás aparece Zárate, con 25% de extranjerización y 12.003 hectáreas en manos foráneas.

En un segundo escalón se ubican Juárez, con 13% (67.951 hectáreas); Exaltación de la Cruz, Almirante Brown y Presidente Perón, con 12%; y Ezeiza, con 11%. Con un 10% aparecen Leandro N. Alem, Moreno, Florencio Varela, Esteban Echeverría y La Plata, mientras que Ramallo, Marcos Paz y Monte registran un 8%.

En el otro extremo del ranking figuran los partidos con menor incidencia de tierras extranjerizadas, todos con alrededor del 6% de su superficie: Guaminí, General Villegas, General Alvarado, Villa Gesell, General Lavalle, Arrecifes, San Vicente y Avellaneda. También se ubican cerca de ese nivel Balcarce, General Pueyrredón, General Rodríguez y Merlo, con porcentajes del 7%.

Si se observa la cantidad de hectáreas y no el porcentaje, el ranking cambia considerablemente. El partido con mayor superficie en manos extranjeras es Juárez, con 67.951 hectáreas, seguido por General Villegas (38.658 hectáreas), Balcarce (26.841), Guaminí (24.947) y Leandro N. Alem (16.113). En tanto, La Plata registra 6.375 hectáreas extranjerizadas, mientras que en municipios densamente urbanizados como Avellaneda, Merlo o Moreno las cantidades son mucho menores debido a su reducida extensión territorial.

El Observatorio de Tierras fue creado por investigadores y docentes vinculados al Programa Interdisciplinario de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias. La iniciativa surgió en el marco del debate reabierto por el Gobierno nacional sobre una eventual modificación de la Ley de Tierras Rurales (26.737) y de la Ley Nacional de Glaciares (26.639).

Según los investigadores, la información recopilada en los últimos años muestra un escenario “preocupante”. A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino, unos 13 millones de hectáreas, está en manos extranjeras. Sin embargo, advierten que “el dato nacional oculta situaciones mucho más críticas cuando se analizan provincias y departamentos específicos, especialmente aquellos donde existen recursos estratégicos como agua dulce, minerales o corredores logísticos”.

En ese contexto, el informe señala que 36 departamentos argentinos ya superan el límite de extranjerización previsto por la Ley de Tierras, mientras que en cuatro de ellos —Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)— la participación extranjera supera el 50%. También menciona casos como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) y Campana, en la provincia de Buenos Aires, todos ubicados sobre la hidrovía del río Paraná, donde la propiedad extranjera supera ampliamente el 30%.

Los daños registrados tras los incidentes ocurridos frente al Congreso, que incluyeron la quema de contenedores, veredas rotas y la destrucción del césped en la Plaza de los Dos Congresos, le costarán a la Ciudad de Buenos Aires unos 468 millones de pesos. Un informe del gobierno porteño señaló que, tras los hechos de violencia y vandalismo, se requiere una inversión millonaria para restaurar la zona.

“La Ciudad ya está limpia tras los hechos de violencia y vandalismo de anoche en la zona del Congreso. Quemaron contenedores, rompieron veredas y destruyeron el césped de la Plaza, entre otros daños. El estimado total de los trabajos necesarios asciende a unos 468 millones de pesos”.

Además de los daños en el espacio público, las autoridades indicaron que se produjeron roturas de vidrios en dos patrulleros y una camioneta policial durante los enfrentamientos. Los incidentes se registraron frente al Congreso de la Nación, donde organizaciones sociales, gremiales y políticas se habían concentrado en contra de la Ley de Propiedad Privada, derivando en choques entre manifestantes y efectivos policiales.

A pesar de que se trabajó durante varios meses en la norma y diversos funcionarios se abocaron a defenderla tanto en privado como públicamente, el Gobierno resignó sus intenciones de modificar la ley de tierras y no tiene previsto insistir en un futuro cercano con esta iniciativa. El tema fue el eje de las críticas por parte de los manifestantes que, aunque el articulado se eliminó, se concentraron en las afueras del Congreso para protestar contra el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

De acuerdo con lo precisado por fuentes oficiales, aunque la medida cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y de su gabinete, la falta de apoyo de los aliados y de parte de la sociedad impidió su tratamiento. De esta manera, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió una nueva derrota parlamentaria.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, fue quien acordó con la oposición eliminar este apartado para evitar que el texto completo se cayera. La senadora tomó la decisión tras un diálogo mantenido entre el martes y el miércoles con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt.

“Fue todo consensuado con Casa Rosada. Lo venían hablando Patricia, Diego y Nacho”.

Según confirmaron fuentes de la mesa política, el Poder Ejecutivo no enviará la iniciativa en un proyecto aparte. El objetivo original de la administración era derogar la ley aprobada en 2011, durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Ante esta situación, el equipo de Federico Sturzenegger se concentra ahora en la defensa de Hojarasca, el conjunto de desregulaciones que aguarda tratamiento en el Congreso, y en un paquete de reformas de 349 artículos centrado en el mercado inmobiliario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la movilización convocada en la Plaza de los Dos Congresos contra la extranjerización de tierras, una protesta que se mantuvo pese a que el Gobierno nacional decidió eliminar del proyecto ese apartado para facilitar su tratamiento en el Senado.

Durante el acto, Kicillof destacó como un logro que La Libertad Avanza haya retirado el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, aunque advirtió que el Ejecutivo nacional podría volver a impulsar iniciativas similares.

“Se logró algo central, que el Gobierno nacional desestime la locura y la insensatez del capítulo de la ley sobre la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros. Pero también es importante comprender que no van a dejar de insistir: estamos ante un Gobierno que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos”, expresó el mandatario bonaerense.

La presencia de Kicillof fue una de las participaciones políticas de mayor relevancia dentro de la protesta, en una movilización que reunió a sectores gremiales, organizaciones sociales y espacios políticos, pero que también reflejó un rechazo que en las últimas semanas trascendió a las estructuras partidarias tradicionales.

El gobernador volvió a confrontar con el presidente Javier Milei y cuestionó la orientación del Gobierno nacional respecto de la soberanía territorial y la política exterior. “Se le cayó la careta de outsider: como un representante de los poderes más concentrados, está rodeado de lo peor de la casta y defiende intereses extranjeros que nada tienen que ver con nuestro país”, sostuvo.

Además, Kicillof pidió que el capítulo eliminado no vuelva a ser incorporado al debate legislativo y cuestionó el resto de los artículos de la iniciativa. “Los otros capítulos de esta ley también son nefastos”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, el gobernador bonaerense criticó la política internacional del Ejecutivo nacional y la relación con los países vecinos. “El presidente ha subordinado nuestra política exterior a la de Estados Unidos e Israel. Es por eso que ahora se está peleando con Brasil, nuestro principal socio comercial. Si realmente pensara en lo mejor para nuestro país, se daría cuenta de que no podemos pelearnos con nuestros vecinos y nuestra región”, señaló.

La movilización se realizó mientras el Senado retomaba el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que finalmente llegó al recinto sin el cuestionado capítulo sobre la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras.

El Senado retomó este jueves la sesión en la que se debate el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego del cuarto intermedio dispuesto el pasado 19 de julio. La iniciativa llegará al recinto con modificaciones y sin el polémico capítulo III, que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras.

Antes de ingresar al tratamiento del proyecto, la Cámara alta resolvió girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para participar de manera remota de la sesión y poder votar.

La solicitud fue aprobada a mano alzada y sin debate. Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de 32 semanas, cuenta con una indicación médica que le impide realizar viajes de larga distancia, mientras que Fama fue operado recientemente de una rodilla y tampoco puede trasladarse.

Si bien ambos legisladores ya habían sido autorizados a participar de manera virtual mediante decretos firmados por la vicepresidenta Victoria Villarruel ad referendum del cuerpo, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, propuso que el tema fuera analizado en comisión. La moción fue aprobada con el acompañamiento del kirchnerismo.

Sin el capítulo referido a la extranjerización de tierras, el debate se concentrará en una serie de modificaciones vinculadas al régimen de propiedad privada, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.

Uno de los cambios establece modificaciones a la Ley de Expropiaciones, al determinar que la declaración de utilidad pública necesaria para avanzar con una expropiación deberá aplicarse de manera restrictiva. Además, se fija un límite del 30 por ciento de indemnización por lucro cesante, un aspecto que no estaba contemplado en el proyecto original.

También se incorporará un nuevo régimen de desalojos con procedimiento exprés en casos de intrusión, con el objetivo de acelerar los mecanismos legales para recuperar inmuebles ocupados.

Otro de los puntos modificados es la normativa vinculada al manejo del fuego. El dictamen elimina el artículo que establecía que, tras un incendio en un predio rural, durante 30 años no podía modificarse el uso de las superficies afectadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En tanto, para los incendios que afecten bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el uso y destino de esas superficies prevista en la normativa vigente, aunque se elimina el plazo de 60 años que había sido incorporado en una modificación impulsada durante la gestión de Máximo Kirchner.

Una tarde fría, con el piso todavía húmedo tras una mañana atravesada por la lluvia, fue el escenario de la movilización que reunió este jueves a decenas de vecinos y representantes de distintos espacios en la pirámide de la Plaza Independencia. La convocatoria se realizó en simultáneo con manifestaciones desarrolladas en distintos puntos del país y ratificó, también en Tandil, el rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pese a que en las últimas horas el Gobierno nacional retiró el apartado que modificaba la Ley de Tierras.

La actividad comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y continuó con la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones convocantes. Como cierre, los participantes realizaron una vuelta simbólica alrededor de la Plaza Independencia, en una demostración que buscó expresar la continuidad del reclamo y la defensa de la soberanía, el ambiente y el derecho a la vivienda.

La movilización mostró un marcado carácter multisectorial. Participaron referentes de CTA, CGT, Adunce, Suteba, Udocba, Camioneros, Patria Grande, Memoria por la Vida en Democracia, el Centro de Veteranos de Malvinas, Flor de Murga, Frente de Izquierda, Amalu, La Cámpora, el Partido Justicialista y Mala Junta, entre otras organizaciones.

Entre la personalidades presentes estuvieron los concejales Rogelio Iparraguirre, Juan Salceda, Federico Martínez y Marilén Pogorzelski, el presidente del PJ local Dario Mendez además de representantes sindicales, sociales y de organismos de derechos humanos que acompañaron la convocatoria.

Antes del inicio del acto, Hernán Gasparini dialogó con El Eco y sostuvo que la decisión del Gobierno de retirar el capítulo vinculado a la venta de tierras no modifica el rechazo general al proyecto. "Hay dos cosas importantes para rescatar de esta jornada. En primer lugar, la importancia de la reacción del pueblo argentino frente a una ley que directamente atacaba nuestra soberanía", expresó.

En ese sentido, consideró que la convocatoria logró reunir a sectores con distintas pertenencias políticas y sociales alrededor de un objetivo común. "Nos pensamos colectivamente, apostando a un país para todos y todas. El pueblo argentino reacciona frente a los atropellos de un gobierno como el que tenemos hoy", afirmó.

No obstante, remarcó que la eliminación de uno de los capítulos no resuelve las objeciones centrales que mantienen las organizaciones. "Haber corrido un capítulo nefasto no implica dejar de discutir todo lo demás. Siguen existiendo aspectos abusivos y muy graves vinculados a los alquileres, los desalojos, las expropiaciones y otros puntos que afectan la vida cotidiana de miles de familias", señaló.

Para Gasparini, el proyecto continúa avanzando sobre derechos básicos. "Cuando una familia no puede pagar un alquiler, la iniciativa facilita desalojos en plazos muy breves, aun cuando existan chicos de por medio. Son cuestiones que afectan directamente la realidad de nuestro pueblo", cuestionó.

Asimismo, sostuvo que las movilizaciones cumplen un papel determinante para frenar iniciativas legislativas que generan rechazo social. "Este gobierno avanza y retrocede según la resistencia que encuentra. Sabemos que retiraron ese capítulo porque no tenían los votos suficientes en el Senado. Cuando vuelvan a intentarlo, van a encontrar nuevamente a un pueblo de pie defendiendo su soberanía", afirmó.

Otro de los aspectos destacados durante la entrevista estuvo vinculado a las modificaciones propuestas sobre la Ley de Manejo del Fuego, un tema que también ocupa un lugar central en las preocupaciones de las organizaciones convocantes.

Gasparini vinculó la discusión con los incendios forestales registrados en distintos puntos del país y con el crecimiento del negocio inmobiliario sobre áreas naturales. "Nuestro país permanentemente enfrenta desastres naturales y muchas veces detrás aparece un negocio inmobiliario. Nosotros pensamos la Argentina desde otro lugar, no desde la especulación financiera", sostuvo.

En ese sentido, consideró que la defensa del ambiente también forma parte del debate sobre la propiedad de la tierra y la soberanía nacional.

El pronunciamiento analiza detalladamente los principales capítulos de la reforma y advierte sobre el desmantelamiento de las políticas públicas de integración sociourbana en barrios populares. Al respecto, señala que la alteración de la Ley 27.453 desresguarda a unos cinco millones de personas que viven con deficiencias de infraestructura y servicios básicos, un cuadro agravado por el Decreto 312/2025 que disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), paralizando centenares de obras y dejando sin empleo a cooperativistas. Asimismo, el texto remarca que la descentralización de responsabilidades hacia las provincias sin recursos convierte la desigualdad fiscal en desigualdad territorial.

En relación con el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda, el documento denuncia que el proyecto acelera los mecanismos de desalojo en un contexto de extrema vulnerabilidad tras la derogación de la Ley de Alquileres por el DNU 70/2023, la cual provocó contratos más cortos y aumentos difíciles de afrontar para las familias. También cuestiona las modificaciones en el régimen de expropiaciones, alertando que la inclusión de conceptos como el lucro cesante encarece y alarga los procesos para declarar la utilidad pública, limitando la capacidad del Estado para construir escuelas, hospitales y parques.

Respecto de la tierra rural, las organizaciones recordaron que existen cerca de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras —una extensión equivalente al tamaño de Inglaterra— y rechazaron la eliminación de los topes de la Ley 26.737, indicando que la medida favorece la concentración en perjuicio de la agricultura familiar y los pequeños productores. A su vez, advirtieron que reducir las restricciones sobre suelos afectados por incendios reabre el incentivo económico para provocar quemas intencionales con fines especulativos.

El documento dedica además un apartado fundamental a la realidad local, donde se detalla que, según datos del Censo 2022 sistematizados por el Municipio, casi el 30% de los hogares tandilenses alquila, cerca de 1.500 familias propietarias carecen de documentación sobre su vivienda y existe un Registro de Demanda Habitacional en crecimiento. El texto subraya la contradicción de una ciudad que genera valor pero cuyo acceso al suelo se aleja del salario de los trabajadores, al tiempo que llama a proteger el sistema serrano y la tierra rural como bienes estratégicos frente a la especulación.

Aunque el oficialismo resolvió retirar del proyecto el capítulo referido a la derogación de los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, los organizadores entendieron que esa modificación no alteraba el núcleo de la iniciativa y decidieron sostener la convocatoria prevista.

La jornada transcurrió sin incidentes y estuvo marcada por un clima de escucha durante la lectura del documento, acompañado por banderas de organizaciones sindicales, sociales y políticas que rodearon la pirámide de la plaza. Con la vuelta simbólica alrededor del principal paseo público de la ciudad, los manifestantes cerraron una actividad que buscó dejar en claro que, más allá de las modificaciones introducidas durante el tratamiento parlamentario, el rechazo al proyecto continúa vigente y que seguirán atentos al debate legislativo en el Congreso.

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sindicales, sociales y ambientales, ratificaron la convocatoria a una movilización al Congreso para este jueves. El objetivo es rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional.

La medida de fuerza se mantiene firme a pesar de que el oficialismo retiró del debate el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, ante la falta de respaldo de la oposición dialoguista en el Senado. Según explicaron los organizadores, la decisión del Gobierno de eliminar el apartado referido a la compra de tierras por parte de extranjeros no cambió la postura de las centrales obreras, que consideran que el proyecto mantiene otros puntos cuestionados.

El retroceso oficial sobre la Ley de Tierras ocurrió este miércoles por la tarde, cuando legisladores que habían anticipado su voto positivo comenzaron a anunciar su sufragio negativo. Entre los puntos más criticados figuraban la propuesta de elevar del 15% al 25% el límite de titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros y el mecanismo de autorización para empresas con participación estatal extranjera.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, los integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, ratificaron la concentración prevista para el mediodía. 

Al respecto, Jorge Sola sostuvo que “la discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto de país”, al defender la necesidad de que cualquier inversión preserve los recursos naturales y contribuya al desarrollo productivo, el empleo y los salarios.

Por su parte, Hugo Godoy definió la iniciativa como un proyecto de “extranjerización, coloniaje y fragmentación” del país y afirmó que los trabajadores deben manifestarse porque “la tierra involucra recursos estratégicos como el agua dulce, las zonas de frontera y la generación de empleo, por lo que no puede ser considerada únicamente una mercancía”.

Los gremios también cuestionan otros aspectos de la norma que se debatirán en la Cámara alta, entre ellos las modificaciones relacionadas con los procesos de desalojo, la Ley de Manejo del Fuego, las facultades estatales y la protección de los recursos naturales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su participación y convocó a concentrar desde las 12 horas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña.

A la protesta se sumaron la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación de Trabajadores de las Universidades (FATUN) y diversas agrupaciones. Esta jornada será la primera de dos días de reclamos, ya que este viernes las centrales obreras participarán de la tradicional marcha de San Cayetano bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La CTA confirmó a El Eco que este jueves participará de la jornada de protesta convocada en todo el país contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. La decisión fue ratificada luego de que el oficialismo retirara del texto el artículo que ampliaba los límites para la venta de tierras a extranjeros, en un intento por reunir apoyos para su tratamiento en el Senado.

Desde las centrales sindicales remarcaron que la modificación no altera los motivos de la protesta, ya que el proyecto mantiene otros aspectos que consideran regresivos. En ese marco, la convocatoria en Tandil continúa bajo la consigna "La Argentina no está en venta", con la participación de organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles, culturales y vecinos.

A nivel nacional, la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y organizaciones sociales como la UTEP confirmaron que sostendrán la movilización frente al Congreso. Desde la conducción cegetista señalaron que "se sostiene la movilización", mientras que otros sectores sindicales argumentaron que el proyecto aún incluye artículos que habilitan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, limitan la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y modifican la legislación sobre el manejo del fuego, permitiendo la venta de tierras incendiadas.

En Tandil, la CTA de los Trabajadores había convocado a la comunidad a sumarse a la manifestación en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, al considerar que afectan derechos sociales, laborales y el patrimonio del país.

El proyecto será debatido este jueves en el Senado, donde el oficialismo resolvió eliminar el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros para intentar destrabar la sesión. Sin embargo, el resto del articulado continúa generando un fuerte rechazo entre las centrales obreras y distintos sectores sociales, que consideran que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos y de capacidad de intervención del Estado.

En ese contexto, la movilización prevista en Tandil se desarrollará en sintonía con las protestas convocadas en distintos puntos del país para expresar el rechazo al proyecto de ley y reclamar que no avance su aprobación.

Las principales centrales sindicales y organizaciones sociales confirmaron que este jueves se movilizarán al Congreso en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a pesar de que el Gobierno nacional decidió eliminar del proyecto la cláusula que ampliaba la venta de tierras a extranjeros con el objetivo de reunir apoyos para la sesión en el Senado.

Desde uno de los sectores de la CGT señalaron que "se sostiene la movilización", por lo que la central obrera participará de la protesta convocada para las 14 frente al Parlamento.

La misma postura adoptó el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), espacio que reúne a gremios distanciados de la conducción cegetista. Desde ese sector anunciaron que comenzarán a concentrarse al mediodía y argumentaron que el proyecto todavía contiene artículos que consideran "nocivos".

Entre los puntos cuestionados mencionaron las disposiciones que habilitan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, la limitación de la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y las modificaciones a la ley de manejo del fuego, que permitirían la venta de tierras incendiadas. Para el Fresu, esos aspectos justifican mantener la protesta.

La decisión también fue respaldada por la CTA Autónoma y por diversas organizaciones sociales. Desde la UTEP aseguraron que "se mantiene la convocatoria hasta nuevo aviso" y plantearon la necesidad de realizar una movilización masiva para expresar el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei.

La ratificación de la marcha llegó luego de la conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede de la CGT, en la calle Azopardo, donde las tres centrales obreras manifestaron su rechazo al proyecto oficial.

Del encuentro participaron integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores. Allí cuestionaron especialmente la iniciativa original que flexibilizaba los límites para la venta de tierras a extranjeros, al sostener que implicaba "ponerle un cartel de venta al país" para beneficiar a "unos pocos millonarios".

El senador nacional Joaquín Benegas Lynch, integrante del bloque La Libertad Avanza por la provincia de Entre Ríos, se encuentra en el centro de la escena al conocerse que es director de una empresa dedicada a la gestión de ventas de tierras a extranjeros en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay. La firma, denominada Glocal Terra, fue fundada por el propio legislador.

El parlamentario representaba uno de los votos favorables al proyecto del presidente Javier Milei conocido como ley de tierras. Dicha iniciativa buscaba elevar del 15% al 25% el máximo de superficie que pueden adquirir personas y empresas extranjeras. Sin embargo, el oficialismo retiró el proyecto del temario de la sesión de este jueves por carecer del apoyo necesario para su aprobación.

Según la información disponible en el sitio web de la compañía, Glocal Terra ofrece a sus clientes servicios de inversión y cotizaciones. “Actuando en nombre y bajo la dirección de propietarios de tierras residentes en el extranjero, supervisamos explotaciones agrícolas arrendadas y gestionadas, y elaboramos informes con observaciones actualizadas y propuestas de solución”, indica la firma.

La empresa asegura haber operado con más de 3.000.000 de hectáreas en mercados latinoamericanos. Su oferta abarca desde tierras fértiles en el cinturón sojero argentino y plantaciones forestales en Uruguay, hasta viñedos en Mendoza, haciendas en Paraguay y fincas de pesca en la Patagonia. Asimismo, la compañía informa que ha valuado más de 400.000 hectáreas en la región y posee experiencia en el manejo de créditos de carbono.

Al presentar a sus candidatos en 2025, La Libertad Avanza destacó que Joaquín Benegas Lynch llegó a la política trabajando en proyectos de inversión agropecuaria. El legislador es hermano del diputado Bertie Benegas Lynch e hijo del economista Alberto Benegas Lynch (hijo), a quien el presidente Javier Milei define como el prócer del liberalismo.

La propiedad de la tierra volvió a instalarse en el centro de la agenda política nacional. El Senado tenía previsto comenzar a debatir el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que, entre otros cambios, proponía flexibilizar el régimen vigente para la adquisición de campos por parte de extranjeros.

El punto que mayor discusión generó fue el referido a la Ley de Tierras Rurales. Mientras la normativa vigente fija un límite del 15 por ciento para la superficie rural que puede estar en manos de extranjeros en cada provincia, departamento y municipio, el nuevo proyecto eleva ese porcentaje al 25 por ciento.

La discusión no es nueva. Desde la sanción de la Ley 26.737, en 2011, el país osciló entre quienes sostienen que la tierra constituye un recurso estratégico que debe mantenerse bajo control nacional y quienes consideran que las restricciones desalientan inversiones y afectan el derecho de propiedad.

En ese contexto, el debate nacional vuelve a poner el foco sobre una realidad local que ya había despertado interés años atrás: la presencia de propietarios extranjeros en el partido de Tandil.

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, alrededor del 5 por ciento de la superficie del partido de Tandil pertenece actualmente a personas físicas o jurídicas extranjeras.

En términos absolutos, representan unas 23.000 hectáreas distribuidas entre distintos titulares y sociedades radicadas fuera del país.

Si bien se trata de una superficie considerable, el porcentaje se encuentra muy por debajo del límite que establece la legislación vigente.

El dato adquiere relevancia porque permite dimensionar la realidad local frente a un debate que suele quedar circunscripto a las grandes extensiones de la Patagonia o del norte argentino, donde la concentración de tierras en manos extranjeras ha sido históricamente mayor.

La cuestión de la extranjerización de la tierra nunca fue únicamente estadística. Detrás de los porcentajes aparecen discusiones vinculadas al modelo productivo, la soberanía sobre los recursos naturales, el acceso al agua, la preservación ambiental y el desarrollo económico de cada región.

Los defensores del proyecto oficial sostienen que ampliar el margen para la compra de tierras permitirá atraer inversiones, facilitar operaciones inmobiliarias y brindar mayor seguridad jurídica.

En la vereda opuesta, organizaciones rurales, especialistas y parte de la oposición advierten que flexibilizar la normativa podría acelerar procesos de concentración de la tierra y disminuir las herramientas del Estado para intervenir sobre un recurso considerado estratégico.

La discusión también alcanza a los municipios, ya que la ley fija límites específicos para cada partido. Por eso, conocer cuánto territorio se encuentra actualmente en manos extranjeras resulta un dato clave para interpretar el impacto que podría tener una eventual modificación legislativa.

Aunque Tandil se caracteriza por una intensa actividad agropecuaria y un mercado inmobiliario rural dinámico, los registros oficiales muestran que la participación de propietarios extranjeros permanece relativamente estable y representa una porción menor de la superficie total del distrito.

La mayor parte de esas tierras corresponde a establecimientos productivos adquiridos hace varios años por personas o sociedades radicadas en el exterior, sin que ello implique necesariamente cambios en el uso agropecuario de los campos.

De hecho, la realidad tandilense dista de la de otros departamentos del país donde la presencia extranjera supera ampliamente el límite fijado por la legislación vigente.

Según relevamientos recientes basados en información oficial, existen más de una treintena de departamentos argentinos que hoy exceden el tope del 15 por ciento establecido por la Ley de Tierras, principalmente en provincias patagónicas y del norte del país.

La provincia de Buenos Aires, en cambio, presenta niveles considerablemente menores y Tandil se ubica por debajo incluso del promedio de los distritos donde existe mayor participación de inversores extranjeros.

Tras una serie de intentos fallidos por conseguir los apoyos necesarios, Patricia Bullrich reconoció que no contaba con los votos suficientes para avanzar con la reforma de la Ley de Tierras. La decisión fue comunicada a 24 horas del inicio de la sesión legislativa, obligando al Gobierno a retirar dicho capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La determinación se formalizó este miércoles por la tarde durante una reunión en el despacho del bloque radical, donde Patricia Bullrich se encontró con senadores aliados del denominado grupo de los 44. Del encuentro participaron los radicales Edith Terenzi y Mariana Juri, el correntino Camau Espínola, el jefe del PRO, Martín Goerling, la tucumana Beatriz Ávila y la santacruceña Natalia Gadano.

El escenario se complicó para el oficialismo debido a que los aliados de Tucumán y Misiones retiraron su respaldo, sumado a la postura del radical Daniel Kronenberger, quien ya había manifestado su intención de votar en contra. A medida que avanzaban las horas, diversos senadores expresaron su incomodidad respecto a la aprobación del capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales.

“Así no se puede”. Esa fue la frase expresada por una senadora radical al retirarse del encuentro, reflejando el clima de tensión que rodeó las negociaciones. Finalmente, la sesión de este jueves fue citada para las 14 y el proyecto se tratará en una versión más acotada, que contempla la reforma de la Ley de Fuego, además de modificaciones en materia de expropiaciones y desalojos.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, volvió a expresar su rechazo a la modificación de la Ley de Tierras que impulsa el Gobierno nacional dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La administración bonaerense sostuvo que la nueva versión de la iniciativa, que eleva del 15% al 25% el límite de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras en cada provincia, representa "una trampa".

La encargada de fijar la posición oficial fue la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, quien cuestionó la nueva redacción del proyecto al sostener que, aunque aumenta el porcentaje permitido a nivel provincial, elimina los límites que actualmente rigen en departamentos y municipios, lo que podría favorecer una mayor concentración de tierras en zonas específicas.

"Nos quieren vender que cedieron. Es una trampa", afirmó la funcionaria al referirse a la versión más reciente del proyecto, que el oficialismo nacional modificó en busca de conseguir los apoyos necesarios para avanzar con su tratamiento en el Senado.

Según explicó Vilar, la legislación vigente establece un tope del 15% para la titularidad o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros en tres niveles: nacional, provincial y departamental. En cambio, el nuevo proyecto fija un límite del 25% únicamente sobre la superficie total de cada provincia, eliminando las restricciones locales.

La ministra sostuvo que ese cambio permitiría que determinados departamentos concentren una gran cantidad de tierras en manos extranjeras sin que la provincia en su conjunto alcance el límite establecido. Como ejemplo, mencionó el caso de Puerto Libertad, en Misiones, donde una empresa chilena posee cerca del 75% de las tierras.

Vilar también advirtió que el criterio provincial no protege adecuadamente áreas donde se concentran recursos estratégicos como el agua, el litio, los glaciares o las principales zonas productivas. En ese sentido, citó el caso del departamento Los Lagos, en Neuquén, donde se ubican localidades como Villa La Angostura y sectores del Nahuel Huapi, que representan apenas una pequeña porción del territorio provincial.

La funcionaria trasladó el mismo razonamiento a los salares de litio de Jujuy, Salta y Catamarca, al señalar que la eliminación del límite departamental permitiría avanzar sobre regiones clave sin necesidad de adquirir grandes porcentajes del territorio provincial.

Además, Vilar cuestionó otros aspectos del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Entre ellos mencionó la derogación de la protección especial para lagos, ríos y cuerpos de agua permanentes, la posibilidad de comprar tierras en zonas de frontera, la eliminación del límite de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo y la desaparición del tope del 30% por nacionalidad de origen.

No obstante, el texto mantiene algunas restricciones, como la prohibición para que Estados extranjeros adquieran tierras rurales y la obligación de obtener autorizaciones especiales para determinadas operaciones vinculadas con empresas estatales extranjeras o ubicadas en zonas de seguridad de frontera.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, confirmó que el próximo jueves 6 de agosto el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que lidera el gobernador Axel Kicillof, y el PJ bonaerense estarán presentes en la movilización contra la votación en el Congreso nacional de la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.

En el marco de la conferencia de prensa de los lunes en la Gobernación provincial, el funcionario expresó que esta ley que impulsa el Gobierno nacional “intenta llevar adelante un proceso sistemático de extranjerización de nuestras tierras: va contra la soberanía nacional y la defensa de los recursos naturales”.

En ese sentido, Carlos Bianco agregó: “Mientras el mundo cuida su patrimonio, Milei va a contramano queriendo entregar nuestro territorio. El Movimiento Derecho al Futuro y el PJ de la provincia de Buenos Aires se sumarán a la movilización del 6 de agosto para expresar su repudio a esta iniciativa”.

Durante su exposición, el ministro recalcó que el país vive una profunda crisis, la cual atribuyó a un modelo económico que beneficia a unos pocos. Al respecto, señaló que, a pesar de que el Gobierno nacional intenta instalar la idea de una mejora, los indicadores y la realidad cotidiana reflejan una situación distinta.

"A pesar de que el Gobierno nacional quiere instalar la idea de una mejora de la situación económica, los indicadores y la calle muestran otra cosa: cerraron más de 30 mil empresas, se profundiza la crisis del comercio y la construcción, y cada vez son más las familias que se endeudan para sostener sus necesidades básicas", manifestó.

La movilización se llevará a cabo este jueves 6 de agosto de 2026 frente al Congreso de la Nación, jornada en la que se debatirá en el Senado el proyecto conocido popularmente como “Ley de Tierras”. La iniciativa oficial busca derogar los límites actuales de la Ley 26.737, que prohíbe que los extranjeros posean más del 15% de las tierras rurales del país. Organizaciones sociales, ambientales y políticas denuncian que la medida favorece la extranjerización de la tierra, el agua y los recursos naturales, además de incluir modificaciones en los procesos de desalojo y en el régimen de organización de comunidades.

Diputados provinciales de Fuerza Patria presentaron este jueves un proyecto de Ley de Tierras bonaerense con el objetivo de establecer un límite del 15 por ciento a la titularidad extranjera de tierras en el territorio provincial. La medida busca poner un freno a la eliminación de restricciones impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei.

La iniciativa, impulsada por la diputada Noelia Saavedra y acompañada por el titular del bloque oficialista Facundo Tignanelli, propone resguardar recursos estratégicos mediante la creación del Registro de Tierras Rurales. Este organismo contemplaría zonas de protección territorial estratégica, tales como cuencas hídricas, humedales, zonas costeras y cinturones hortícolas.

La presidenta de la comisión de Tierras y Organización Territorial en la Cámara baja detalló que el límite del 15 por ciento se aplicará a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de personas extranjeras. Al respecto, Noelia Saavedra señaló: “Ninguna disposición vinculada a la protección de la propiedad privada podrá ser invocada para impedir o restringir el ejercicio de las competencias provinciales en materia de ordenamiento territorial, ambiente, catastro, registro inmobiliario, uso del suelo, protección de recursos naturales, producción de alimentos, acceso justo al hábitat y defensa del interés público provincial”.

El proyecto establece además que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo de la provincia. Asimismo, el Registro Provincial de Tierras Rurales deberá llevar un padrón actualizado y expedir certificados de habilitación ante cualquier transferencia de derechos de propiedad.

Según datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualmente existen 834.421 hectáreas extranjerizadas en la provincia, lo que representa un 2,89 por ciento del total. No obstante, la diputada advirtió que municipios lindantes al Río Paraná, como Zárate y Campana, ya exceden el límite del 15 por ciento.

Por su parte, el gobierno nacional sostiene que la reforma busca brindar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones. En contraposición, diversas organizaciones ambientales advierten que estos cambios podrían facilitar la concentración de tierras y reducir los controles sobre recursos estratégicos.