En el marco de su quinta sesión ordinaria del año, el Senado bonaerense avanzó con el proyecto de ley destinado a frenar la venta de tierras a extranjeros en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, presentada por el titular de la bancada peronista, Sergio Berni, obtuvo media sanción con el objetivo de limitar la titularidad extranjera y reforzar el control sobre zonas consideradas estratégicas.

El proyecto propone la creación del Régimen Provincial de Protección al Dominio sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Esta normativa fija un límite del 15 por ciento de titularidad extranjera, tanto sobre la superficie rural total de la provincia como en cada municipio. Asimismo, establece que una misma nacionalidad no podrá concentrar más del 30 por ciento del cupo permitido, fijando un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero dentro de la denominada Zona Núcleo.

Según lo expuesto por el senador, la medida busca resguardar recursos mediante un registro provincial de tierras rurales, protegiendo áreas como cuencas hídricas, humedales, zonas costeras y cinturones hortícolas. El texto también incluye mecanismos para identificar a los beneficiarios finales de sociedades y fideicomisos, evitando que estructuras societarias eludan las restricciones.

“No podemos permitir que la falta de regulación termine poniendo en riesgo el control sobre áreas esenciales para la producción de alimentos, el acceso al agua y el desarrollo de nuestra Provincia”, manifestó Berni.

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, actualmente existen 834.421 hectáreas en manos extranjeras, lo que representa el 2,89 por ciento de la superficie rural bonaerense. No obstante, existen disparidades territoriales significativas, con casos como Zárate, donde el porcentaje alcanza el 24,8 por ciento, y Campana, que llega al 50,2 por ciento.

La presentación del proyecto ocurre tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de revocar el fallo que había frenado la aplicación del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el presidente Javier Milei derogó la Ley de Tierras Rurales (26.737), aunque el máximo tribunal decidió posteriormente dar marcha atrás con su postura.

La iniciativa es un objetivo central para los legisladores de Fuerza Patria. En la Cámara de Diputados, el titular del bloque, Facundo Tignanelli, presentó una moción de preferencia para acelerar el tratamiento de una propuesta de similar naturaleza. Dado que el peronismo cuenta con mayoría en el Senado, se estima que el proyecto será girado a la Cámara baja para su pronta resolución.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, en una votación ajustada que terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. La iniciativa incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales, sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y deberá regresar al Senado para continuar su tratamiento legislativo.

Uno de los aspectos más destacados de la sesión fue el cambio de postura del oficialismo respecto de la normativa que establece límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. La Libertad Avanza terminó respaldando la restitución de una ley que había intentado derogar mediante el DNU 70/2023.

El capítulo que dispone la derogación del artículo 154 de ese decreto y la restitución de la Ley de Tierras obtuvo un respaldo contundente, con 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones.

La medida fue acompañada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Argentina Federal, Provincias Unidas y distintos bloques provinciales.

En cambio, la votación del proyecto en general resultó mucho más ajustada. Las seis abstenciones, correspondientes a cinco diputados cordobeses y Álvaro González, del PRO, fueron determinantes para que el oficialismo consiguiera la aprobación.

La normativa sancionada en 2011 establece restricciones a la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

Entre sus principales disposiciones, fija un límite del 30% para la extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones sobre la superficie que puede adquirir un mismo titular extranjero.

También contempla un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo del país, o su superficie equivalente en otras regiones, y establece limitaciones vinculadas con inmuebles que contienen cuerpos de agua o se encuentran en zonas de frontera.

La restitución de estas disposiciones representa un cambio significativo en la estrategia legislativa del Gobierno, que inicialmente había promovido su eliminación.

El proyecto llegó a Diputados luego de que el Senado modificara la propuesta original y eliminara distintos capítulos, entre ellos los relacionados con la Ley de Manejo del Fuego y la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

Frente a las dificultades para conseguir respaldo legislativo y los cuestionamientos de sectores opositores, el oficialismo optó por incorporar expresamente la restitución de la normativa de 2011.

Además de la cuestión vinculada con las tierras rurales, el proyecto aprobado introduce modificaciones en la legislación sobre expropiaciones y desalojos.

Uno de los puntos centrales consiste en restringir las facultades del Estado para declarar la utilidad pública de determinados bienes inmuebles, mediante cambios en la Ley de Expropiaciones.

Asimismo, la iniciativa contempla reformas destinadas a acelerar los procedimientos judiciales de desalojo y facilitar la restitución de propiedades ocupadas irregularmente.

Desde el oficialismo sostienen que estas modificaciones buscan fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el respeto al derecho de propiedad.

Sin embargo, distintos sectores de la oposición advirtieron que las reformas podrían limitar herramientas estatales utilizadas para desarrollar políticas públicas y ejecutar determinadas intervenciones sobre bienes privados.

El diputado Santiago Santurio, de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Legislación General, defendió la iniciativa y aseguró que representa un avance en la protección del derecho de propiedad.

"Si hay usurpaciones deja de ser negocio la construcción de viviendas", afirmó durante su intervención.

Por su parte, Diego Giuliano, de Unión por la Patria, cuestionó las contradicciones del oficialismo y recordó que la Ley de Tierras fue impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El legislador también rechazó la interpretación del derecho de propiedad planteada por el Gobierno y sostuvo que su ejercicio debe contemplar el interés social.

"A la Constitución hay que leerla completa, integralmente, no con un ojo tapado", expresó, al señalar que la protección de la propiedad privada debe interpretarse junto con los compromisos internacionales asumidos por el país.

Martín Lousteau, de Provincias Unidas, también cuestionó el cambio de postura del Ejecutivo y advirtió sobre las posibles contradicciones entre las restricciones a la extranjerización de tierras y el programa de ciudadanía por inversión.

En la misma línea, Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, sostuvo que ese mecanismo podría afectar la soberanía nacional.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, consideró que el Gobierno debió retroceder en su intención de eliminar la Ley de Tierras debido a los cuestionamientos institucionales, judiciales y sociales.

Desde Unión por la Patria, Lucía Cámpora también rechazó las modificaciones propuestas a la Ley de Expropiaciones y advirtió que podrían dificultar decisiones estratégicas del Estado, como la recuperación de empresas.

En tanto, la presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, Pamela Verasay, respaldó la iniciativa y llamó a superar la polarización política.

"Un gobierno necesita herramientas para gobernar, pero esas herramientas tienen que estar bien construidas", señaló la legisladora.

Con la aprobación en Diputados, la iniciativa deberá regresar al Senado, donde se resolverá el futuro de las modificaciones introducidas por la Cámara baja.

La Cámara alta podrá aceptar los cambios o insistir con su versión anterior, para lo cual necesitará reunir una mayoría de dos tercios.

De esta manera, el Gobierno consiguió avanzar con una de sus iniciativas vinculadas con la protección de la propiedad privada, aunque debió aceptar modificaciones importantes respecto de su propuesta original.

La restitución de la Ley de Tierras Rurales quedó como uno de los principales resultados políticos de la jornada, luego de que el oficialismo terminara respaldando una normativa que había buscado eliminar desde el inicio de su gestión.

Tras la caída de la sesión opositora de la semana pasada, La Libertad Avanza convocó a una sesión para este miércoles con un temario que incluye Discapacidad, Morosidad y la Ley de Tierras, esta última integrada en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La estrategia del oficialismo consiste en presentar propuestas propias para competir por los votos de las bancadas intermedias y evitar que la oposición logre imponer su agenda.

El eje central de la disputa parlamentaria radica en la Ley de Tierras. Con el objetivo de evitar que el Mega DNU 70 del presidente Javier Milei sufra retrocesos, el Gobierno optó por una salida pragmática: restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros mediante una ley. Esta medida, que contradice la derogación original planteada en el decreto y en el proyecto enviado por Federico Sturzenegger, busca blindar la norma ante posibles fallos judiciales.

La oposición, afectada por el fracaso de su sesión anterior, analiza ahora si acompañará solo el capítulo de tierras o si rechazará el resto del proyecto, que incluye modificaciones al Código Procesal Civil para endurecer desalojos y cambios en las leyes de expropiaciones. En este escenario, los legisladores que responden a los gobernadores, como los de Córdoba y Santa Fe, volverán a ser decisivos para el resultado de la votación.

El temario también contempla dos iniciativas que cuentan con mayor consenso: la creación de un sistema nacional para rastrear medicamentos de alto riesgo y la modificación del Código Penal para tipificar el Vandalismo Rural. Finalmente, se discutirá el proyecto sobre Discapacidad. A diferencia de la propuesta opositora que buscaba extender la emergencia, el oficialismo presentó un texto que elimina dicho concepto pero mantiene el Certificado Único de Discapacidad, la actualización mensual por IPC de las prestaciones y la pensión no contributiva.

A poco más de dos meses de la media sanción del proyecto en el Senado, al calor del humor social adverso a la derogación de la Ley de Tierras, La Libertad Avanza se vio amenazada por la posibilidad de que la oposición le dinamite el DNU 70/23 y desempolvó esa iniciativa con el propósito de ratificar la vigencia de la norma y retrotraer al estado de situación previa a la derogación de Javier Milei.

Al oficialismo le alcanzó un acuerdo con el PRO y la UCR para consensuar un texto de mayoría con 34 firmas que incorpora un nuevo artículo que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, y un segundo artículo que restituye la vigencia plena de la Ley de Tierras.

De esta manera, los diputados “dialoguistas” que defienden la Ley de Tierras pero que no querían ir contra todo el mega decreto encontraron una vía de escape a medida.

Al culminar el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, Unión por la Patria firmó un dictamen de rechazo junto a los misioneros de Argentina Federal Alberto Arrúa y Yamila Ruiz, mientras que Provincias Unidas y la Coalición Cívica rubricaron su propio despacho conjunto.

ue el radical correntino Diógenes González (UCR) quien ofició de miembro informante del dictamen de mayoría, y mencionó a la Ley de Tierras como un asunto que generó una “gran conmoción pública”.

Esa reacción popular mayoritaria de rechazo a la entrega del territorio nacional a manos extranjeras fue el factor que desniveló la balanza y obligó al Gobierno a hacer una voltereta en el aire para terminar abrazándose a la ley kirchnerista del 2011.

“Vuelven a la ley del peronismo respecto a la protección de las tierras”, chicaneó el diputado de Unión por la Patria Diego Giuliano.

El oficialismo estaba observando que si no dan un golpe de timón brusco de 180 grados, corrían el riesgo de que la oposición juntara una mayoría en la sesión convocada para este jueves en el recinto de Diputados y le tirara abajo el DNU 70/2023 completo.

Si ese curso de acción opositor prosperase, no solamente se caería la derogación de la Ley de Tierras sino también la de la ley de Alquileres, la de Góndolas, la de Abastecimiento, se desmoronaría la política de cielos abiertos, se revertiría la quita de controles a la industria de telecomunicaciones satelitales, y volvería el control de precios a las empresas de medicina prepaga.

“¡Que manotazo de ahogado que se pegaron!”, dijo con sarcasmo la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca. “Pensé que había visto todo en el gobierno de Milei, pero se ve que no”, siguió.

La legisladora camporista hizo hincapié en el “recule en chancletas” de la Corte Suprema respecto a la Ley de Tierras, y sumó también el giro del oficialismo.

“Me resulta extraño que los diputados de la Libertad Avanza firmen algo hoy que va en contra de lo que firmó el presidente”, chicaneó.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman leyó el truco del oficialismo para vaciar la sesión de este jueves y apuntó contra los diputados “dialoguistas” que se conformarán con la restitución de la Ley de Tierras y avalarán el resto del contenido “nefasto” del DNU 70.

“Esta es una maniobra de cuarta para intentar evitar que mañana haya quórum en una sesión donde intentaremos tirar abajo el DNU 70/2023”, protestó.

La máxima referente de la izquierda dijo que “sería lamentable que alguien se escude en esta rápida incorporación de esta ley de Tierras para sentarse” en la sesión de este jueves convocada por la oposición.

“Va a ser muy importante saber quiénes no se van a sumar a tirar abajo el DNU y a cambio de qué”, concluyó Bregman, acuñando el famoso “principio de revelación”.

Giuliano advirtió que la discusión por la ley de Tierras se vuelve “abstracto” con el anuncio oficial reciente de que la ciudadanía argentina se ofrecerá a extranjeros a cambio de 350 mil dólares de aporte al Tesoro.

Por su parte, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que es una responsabilidad de la oposición ir al recinto este jueves porque “la cuestión de fondo sobre la Ley de Tierras no está resuelta por la Justicia”.

“Nosotros vamos a defender la razonabilidad de esta ley que fue acompañada por un amplio consenso en el Congreso de la Nación”, sostuvo. NA

La resolución fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. El ministro Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar presentado por la asociación.

El máximo tribunal consideró necesario adoptar una decisión provisoria para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar posibles daños irreparables al ambiente, debido a que los tribunales inferiores no habían resuelto los planteos formulados por los demandantes.

La Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares iniciaron a fines de diciembre de 2023 una acción de amparo colectivo ante la Justicia federal de Bariloche.

En su presentación solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, al considerar que la derogación de la Ley 26.737 comprometía el derecho a un ambiente sano y equilibrado, reconocido por el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Los demandantes sostuvieron que la eliminación de esa legislación ponía en riesgo la utilización racional de los recursos naturales, la preservación de la naturaleza y la diversidad biológica.

Sin embargo, el Juzgado Federal de Bariloche remitió el expediente a la Cámara Federal de La Plata, donde tramitaba otra causa vinculada con la misma disposición del decreto.

Posteriormente, el expediente llegó a la Corte Suprema sin que los tribunales anteriores se pronunciaran sobre la legitimación de los actores ni sobre la medida cautelar solicitada.

El 29 de septiembre de 2026, la Corte Suprema rechazó la demanda presentada por CECIM, que cuestionaba la derogación de la Ley de Tierras a partir de una presunta afectación de la soberanía nacional.

En aquella resolución, el tribunal consideró que la entidad carecía de legitimación activa para impulsar el reclamo, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023.

Tras ese fallo, los representantes de Árbol de Pie solicitaron que se aclarara si la decisión también alcanzaba a su presentación y reiteraron el pedido de protección cautelar.

La Corte distinguió ambos expedientes porque el planteo de Árbol de Pie se encontraba vinculado con la protección del ambiente, mientras que CECIM había fundamentado su demanda en cuestiones de soberanía.

El tribunal destacó que el trámite judicial había dejado sin respuesta los pedidos de los demandantes y que estaban comprometidos tanto el derecho a obtener una decisión judicial oportuna como la protección ambiental. NA

La Corte Suprema de Justicia avanzó en la definición del conflicto judicial en torno a la Ley de Tierras, tras designar a los dos conjueces que se sumarán al debate para resolver la validez del artículo 154 del DNU 70/23. La medida busca acelerar los plazos ante la falta de unanimidad entre los tres miembros del máximo tribunal.

Los magistrados seleccionados para intervenir en la causa son Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Según trascendió, el tribunal decidió acortar a 24 horas el plazo para que dicha integración quede consentida, considerando las particulares circunstancias del expediente.

El origen del reclamo se remonta a una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, la cual sostiene que la derogación impulsada por el Gobierno nacional resulta inconstitucional. La entidad argumenta que la normativa afecta el medioambiente, la protección del territorio, los recursos naturales y los derechos colectivos de los pueblos originarios.

La presentación inicial fue radicada en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche, aunque posteriormente fue derivada a la Cámara Federal de La Plata, instancia donde tampoco se trató el fondo del planteo. Esta decisión de la Corte Suprema se produce luego de que el tribunal rechazara un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), al considerar que dicha organización no contaba con la legitimación necesaria para promover la acción.

La Justicia de La Plata emitió una resolución mediante la cual le ordenó al Gobierno nacional que informe y preserve todo tipo de información sobre tierras rurales bonaerenses. Estos datos fueron recopilados durante la vigencia de la Ley de Tierras, normativa que fue derogada por el DNU 70/2023 con el objetivo de habilitar la posible venta de terrenos a extranjeros.

La medida fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, tras hacer lugar a una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. El organismo advirtió que, ante la caída de la mencionada ley, se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones vigentes para la adquisición de campos por parte de titulares extranjeros.

De acuerdo con la presentación judicial, esta situación genera un riesgo concreto sobre el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente, especialmente en distritos que presentan una alta concentración de titularidad extranjera, tales como Campana y Zárate.

Frente a este escenario, la Justicia estableció un plazo de cinco días para que el Ministerio de Justicia de la Nación precise hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos. Asimismo, el fallo exige garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales que fueron recolectados en los últimos 15 años.

En los fundamentos de la decisión, el juzgado consideró que la eventual pérdida o alteración de esta información sensible provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la provincia de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó este martes 6 de octubre de 2026 que convocará a dos conjueces para avanzar en el debate sobre la validez del artículo 154 del DNU 70/23, el cual derogó la Ley de Tierras. La decisión se tomó luego de que los ministros del máximo tribunal no lograran alcanzar la unanimidad de criterios durante el acuerdo realizado esta jornada.

El expediente, identificado bajo la causa FGR 20213/23, se originó a partir de una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie. En su presentación, la entidad cuestionó la constitucionalidad del artículo 154 del decreto, basando sus argumentos en el derecho a la protección del ambiente contemplado en la Constitución Nacional.

La causa, que no fue resuelta anteriormente por la Justicia Federal de Bariloche ni por la Cámara Federal de La Plata, se enmarca en el régimen de procesos colectivos. Este mecanismo permite agrupar las demandas vinculadas a una misma temática.

Este análisis se produce después de que la Corte rechazara, por falta de legitimación, la presentación realizada por el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas (Cecim). En aquella oportunidad, el tribunal aclaró que el fallo respondía a una cuestión procesal y que no existían impedimentos para analizar otros expedientes sobre la misma materia. Tras la resolución del planteo del Cecim, quedó habilitado el tratamiento del expediente impulsado por la asociación ambientalista.

Tras la revocación de la Corte Suprema sobre el fallo que declaraba la inconstitucionalidad de la Ley de Tierras, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que recurrirá a la Justicia para intentar frenar la aplicación de esa normativa en su provincia.

Mediante el Decreto 1.935, el mandatario instruyó al Fiscal de Estado a que tome las acciones judiciales que considere necesarias con el objetivo de “resguardar los derechos de Misiones en cada oportunidad” y “por todas las vías correspondientes”.

En el escrito, Passalacqua indicó que la decisión del máximo tribunal deja a Misiones en “una situación de absoluta desprotección y vulnerabilidad institucional”. No solo argumentó en contra de la reciente ley, sino que el gobernador también cargó contra el DNU 70/2023, el cual impacta “de manera directa y lesiva sobre la autonomía y la soberanía territorial, las finanzas públicas y el entramado económico-social de la provincia”.

“Con más del 90 por ciento de frontera internacional, una biodiversidad única en el país y una matriz económica que pone al pequeño productor en el centro, no podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido”, advirtió el mandatario provincial en sus redes.

Como conclusión general, Passalacqua sostuvo que la necesidad de cuidar la tierra misionera es “un deber irrenunciable” con la gente y la soberanía de Misiones.

Días atrás, el máximo tribunal revocó el fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.

La Corte Suprema de Justicia sostuvo que “frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”.

La sentencia, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, advirtió además sobre la actuación de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones alejadas de los requisitos constitucionales para habilitar una causa judicial.

“A pesar de que existe una clara y reiterada jurisprudencia de esta Corte respecto de los recaudos constitucionales para la configuración del caso judicial, todavía existen tribunales nacionales que insisten en reconocer legitimaciones notoriamente alejadas de ella”, señaló el fallo.

En una aclaración dirigida a la opinión pública, la Corte manifestó que la decisión “se ajusta estrictamente a todos los precedentes” del máximo tribunal y no afecta otras medidas cautelares con el mismo objeto que se encuentran en trámite ante distintos tribunales.

Además, señaló que el fallo tampoco impide que cualquier persona que considere inconstitucional el régimen legal de tierras solicite una medida cautelar, cuya procedencia deberá ser resuelta por el juez competente. NA

Los diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, presentaron una medida cautelar con el objetivo de suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23. La iniciativa busca evitar que se consoliden nuevas adquisiciones de tierras rurales por parte de extranjeros mientras se define el futuro de la normativa.

Esta presentación judicial se produjo luego de que la Corte Suprema revocara un fallo que había declarado la inconstitucionalidad de dicho artículo, el cual derogó las restricciones establecidas por la Ley de Tierras. El planteo se suma a la ofensiva parlamentaria de los bloques opositores para intentar derogar el decreto en su totalidad.

Los legisladores firmaron el pedido de sesión especial para el 15 de octubre, donde se buscará debatir la derogación del DNU 70/23. Sin embargo, en paralelo, presentaron la cautelar para evitar que durante el período de vigencia del artículo 154 se consoliden operaciones que luego puedan quedar protegidas como derechos adquiridos.

En el escrito, los diputados cuestionaron que la derogación de la Ley de Tierras mediante un decreto no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional. Asimismo, argumentaron que las tierras rurales y los cuerpos de agua son recursos naturales estratégicos y no renovables, por lo que su régimen debe ser definido por el Congreso de la Nación.

Como parte de la medida, los legisladores solicitaron preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener actualizada la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y garantizar la publicidad del proceso judicial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la denominada Ley de Tierras Rurales.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), entidad que había promovido la demanda contra el Poder Ejecutivo, no tenía legitimación para iniciar esa acción judicial.

De esta manera, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo del decreto.

La Corte sostuvo que no estaba configurado un “caso o controversia” que habilitara la intervención judicial en los términos planteados por la organización demandante.

En particular, el CECIM había argumentado que la derogación de la Ley de Tierras afectaba la soberanía territorial y que esta debía ser considerada un bien colectivo. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó ese razonamiento.

Para la Corte, la soberanía territorial constituye uno de los elementos propios del Estado y no puede ser considerada un bien colectivo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, utilizado para determinar la procedencia de determinadas acciones colectivas.

El tribunal también cuestionó el criterio adoptado por la Cámara Federal de La Plata al habilitar el planteo y advirtió sobre decisiones de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones que, según señaló, se apartan de los requisitos fijados por la jurisprudencia de la Corte.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es que la Corte no analizó si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o inconstitucional.

El tribunal aclaró expresamente que su decisión se limita a determinar que el CECIM no contaba con legitimación para llevar adelante la demanda y que, por lo tanto, no se encontraban reunidos los requisitos constitucionales para considerar configurado un caso judicial.

En consecuencia, la sentencia no implica una definición de fondo sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/23, ni tampoco sobre la intervención que le corresponde al Congreso respecto del decreto.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

Entre otros aspectos, la normativa fijaba límites para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

En diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei incluyó en el DNU 70/23 el artículo 154, que dispuso directamente la derogación de esa legislación.

A partir de allí comenzó una disputa judicial. El CECIM presentó una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo y, durante enero de 2024, se dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de la derogación.

Posteriormente, la presentación fue rechazada en primera instancia por falta de legitimación, pero la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión en marzo de 2024, admitió la demanda y declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU.

El Estado nacional apeló la resolución y el expediente llegó finalmente a la Corte Suprema, que ahora revocó el fallo de Cámara por considerar que la organización que inició el proceso no estaba habilitada para hacerlo, sin ingresar en el análisis de constitucionalidad de la derogación.

Sin fe, con dudas y bajo dosis de silencio, así se quedó el Gobierno luego de la jornada en la que el Senado le dio la espalda en los capítulos más trascendentales de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

De acuerdo con lo que pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el martes se volverá a reunir la mesa política para hablar de lo que pasó. Habrá análisis, no faltarán reproches ante la falta de consensos que despertó el capítulo de la extranjerización de tierras y el Manejo del Fuego.

Pero sobre todo se tratará de dar vuelta la página de manera veloz tras el traspié y trazar la hoja de ruta para sancionar las iniciativas pendientes, como la reforma de la carta orgánica del Banco Central o Inocencia Fiscal II. Reforma electoral también entra en el combo como Zonas Frías.

Bajo este marco, inexplicablemente, y hasta último momento del jueves por la noche, el oficialismo exhibió una confianza total en que la normativa iba a ser votada tras la decisión de quitar el artículo sobre le venta de tierras a extranjeros.

En ese punto, no solo fallaron los interlocutores entre el Ejecutivo y el Parlamento: también se apostó al diálogo y a los acuerdos económicos con los gobernadores aliados, quienes como en 2025 le dieron la espalda al oficialismo.

En el análisis de dirigentes violetas, lo que sucedió el jueves fue solo circunstancial y no cambiará el nivel de conversación en general con los mandatarios provinciales, algo que ya tuvo un buen correlato en las votaciones de leyes relevantes para La Libertad Avanza durante todo 2026, como reforma laboral o Ley de Glaciares.

Como remarca el entorno de un gobernador patagónico, se requiere fondos urgentes desde Nación para calmar problemas financieros. “Sino se me prende fuego todo y viene el kirchnerismo”, supo decir uno de ellos.

Un dato para describir el panorama: en Casa Rosada colocan sobre la mesa que en los próximos días se concretará un viaje clave para mantener vivo el vínculo con dos referentes provinciales.

Se refieren a la travesía que van a emprender a Catamarca el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero). El objetivo pasa poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

“La obra, financiada con un crédito del BID, demandará una inversión de $99.769 millones, tendrá un plazo de ejecución de 36 meses y beneficiará a 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero mediante la construcción de dos plantas potabilizadoras y 50 kilómetros de acueducto”, expresaron fuentes oficiales para dar cuenta de los próximos pasos.

A ese gesto, se le añade en boca del Gobierno que se avanzó en firma de un convenio de Catamarca dedicado a la ejecución de obras en rutas nacionales y la cancelación de deudas reciprocas entre la provincia y la Nación.

Al mismo tiempo, se prevé que Santilli vuelva a tomar contacto mano a mano con varios dirigentes, como lo estuvo haciendo durante estos meses que se convirtió en un nexo entre Nación y provincias.

No obstante, hay varios mandatarios del interior que, tras la jornada parlamentaria, aseguran que venderán más caro sus voluntades a cambios de votos en las Cámaras.

Es el mismo diagnóstico que poseen algunos miembros de LLA, sobre todo porque creen que la carrera electoral para 2027 ya comenzó y hay varios que se quieren despegar del sello violeta para retener sin problemas sus distritos ante la mala imagen que está cosechando Javier Milei. (NA).

Un reciente relevamiento realizado por el Observatorio de Tierras del Conicet arrojó datos precisos sobre la propiedad rural en territorio bonaerense. Según el informe, existen 289.802 hectáreas en manos de propietarios extranjeros distribuidas en 28 partidos. Considerando que estos distritos suman en conjunto 3.530.118 hectáreas, la superficie extranjerizada representa el 8,21% del total.

El fenómeno presenta marcadas diferencias entre los municipios. Mientras algunos distritos registran niveles cercanos al límite del 15% fijado por la Ley de Tierras Rurales, otros muestran porcentajes considerablemente menores. El caso más llamativo es Campana, donde 11.935 hectáreas de un total de 23.743 pertenecen a propietarios extranjeros, lo que equivale al 50% de toda su superficie. Detrás aparece Zárate, con 25% de extranjerización y 12.003 hectáreas en manos foráneas.

En un segundo escalón se ubican Juárez, con 13% (67.951 hectáreas); Exaltación de la Cruz, Almirante Brown y Presidente Perón, con 12%; y Ezeiza, con 11%. Con un 10% aparecen Leandro N. Alem, Moreno, Florencio Varela, Esteban Echeverría y La Plata, mientras que Ramallo, Marcos Paz y Monte registran un 8%.

En el otro extremo del ranking figuran los partidos con menor incidencia de tierras extranjerizadas, todos con alrededor del 6% de su superficie: Guaminí, General Villegas, General Alvarado, Villa Gesell, General Lavalle, Arrecifes, San Vicente y Avellaneda. También se ubican cerca de ese nivel Balcarce, General Pueyrredón, General Rodríguez y Merlo, con porcentajes del 7%.

Si se observa la cantidad de hectáreas y no el porcentaje, el ranking cambia considerablemente. El partido con mayor superficie en manos extranjeras es Juárez, con 67.951 hectáreas, seguido por General Villegas (38.658 hectáreas), Balcarce (26.841), Guaminí (24.947) y Leandro N. Alem (16.113). En tanto, La Plata registra 6.375 hectáreas extranjerizadas, mientras que en municipios densamente urbanizados como Avellaneda, Merlo o Moreno las cantidades son mucho menores debido a su reducida extensión territorial.

El Observatorio de Tierras fue creado por investigadores y docentes vinculados al Programa Interdisciplinario de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias. La iniciativa surgió en el marco del debate reabierto por el Gobierno nacional sobre una eventual modificación de la Ley de Tierras Rurales (26.737) y de la Ley Nacional de Glaciares (26.639).

Según los investigadores, la información recopilada en los últimos años muestra un escenario “preocupante”. A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino, unos 13 millones de hectáreas, está en manos extranjeras. Sin embargo, advierten que “el dato nacional oculta situaciones mucho más críticas cuando se analizan provincias y departamentos específicos, especialmente aquellos donde existen recursos estratégicos como agua dulce, minerales o corredores logísticos”.

En ese contexto, el informe señala que 36 departamentos argentinos ya superan el límite de extranjerización previsto por la Ley de Tierras, mientras que en cuatro de ellos —Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)— la participación extranjera supera el 50%. También menciona casos como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) y Campana, en la provincia de Buenos Aires, todos ubicados sobre la hidrovía del río Paraná, donde la propiedad extranjera supera ampliamente el 30%.

Los daños registrados tras los incidentes ocurridos frente al Congreso, que incluyeron la quema de contenedores, veredas rotas y la destrucción del césped en la Plaza de los Dos Congresos, le costarán a la Ciudad de Buenos Aires unos 468 millones de pesos. Un informe del gobierno porteño señaló que, tras los hechos de violencia y vandalismo, se requiere una inversión millonaria para restaurar la zona.

“La Ciudad ya está limpia tras los hechos de violencia y vandalismo de anoche en la zona del Congreso. Quemaron contenedores, rompieron veredas y destruyeron el césped de la Plaza, entre otros daños. El estimado total de los trabajos necesarios asciende a unos 468 millones de pesos”.

Además de los daños en el espacio público, las autoridades indicaron que se produjeron roturas de vidrios en dos patrulleros y una camioneta policial durante los enfrentamientos. Los incidentes se registraron frente al Congreso de la Nación, donde organizaciones sociales, gremiales y políticas se habían concentrado en contra de la Ley de Propiedad Privada, derivando en choques entre manifestantes y efectivos policiales.

A pesar de que se trabajó durante varios meses en la norma y diversos funcionarios se abocaron a defenderla tanto en privado como públicamente, el Gobierno resignó sus intenciones de modificar la ley de tierras y no tiene previsto insistir en un futuro cercano con esta iniciativa. El tema fue el eje de las críticas por parte de los manifestantes que, aunque el articulado se eliminó, se concentraron en las afueras del Congreso para protestar contra el resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

De acuerdo con lo precisado por fuentes oficiales, aunque la medida cuenta con el respaldo del presidente Javier Milei y de su gabinete, la falta de apoyo de los aliados y de parte de la sociedad impidió su tratamiento. De esta manera, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió una nueva derrota parlamentaria.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, fue quien acordó con la oposición eliminar este apartado para evitar que el texto completo se cayera. La senadora tomó la decisión tras un diálogo mantenido entre el martes y el miércoles con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt.

“Fue todo consensuado con Casa Rosada. Lo venían hablando Patricia, Diego y Nacho”.

Según confirmaron fuentes de la mesa política, el Poder Ejecutivo no enviará la iniciativa en un proyecto aparte. El objetivo original de la administración era derogar la ley aprobada en 2011, durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Ante esta situación, el equipo de Federico Sturzenegger se concentra ahora en la defensa de Hojarasca, el conjunto de desregulaciones que aguarda tratamiento en el Congreso, y en un paquete de reformas de 349 artículos centrado en el mercado inmobiliario.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la movilización convocada en la Plaza de los Dos Congresos contra la extranjerización de tierras, una protesta que se mantuvo pese a que el Gobierno nacional decidió eliminar del proyecto ese apartado para facilitar su tratamiento en el Senado.

Durante el acto, Kicillof destacó como un logro que La Libertad Avanza haya retirado el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, aunque advirtió que el Ejecutivo nacional podría volver a impulsar iniciativas similares.

“Se logró algo central, que el Gobierno nacional desestime la locura y la insensatez del capítulo de la ley sobre la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros. Pero también es importante comprender que no van a dejar de insistir: estamos ante un Gobierno que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos”, expresó el mandatario bonaerense.

La presencia de Kicillof fue una de las participaciones políticas de mayor relevancia dentro de la protesta, en una movilización que reunió a sectores gremiales, organizaciones sociales y espacios políticos, pero que también reflejó un rechazo que en las últimas semanas trascendió a las estructuras partidarias tradicionales.

El gobernador volvió a confrontar con el presidente Javier Milei y cuestionó la orientación del Gobierno nacional respecto de la soberanía territorial y la política exterior. “Se le cayó la careta de outsider: como un representante de los poderes más concentrados, está rodeado de lo peor de la casta y defiende intereses extranjeros que nada tienen que ver con nuestro país”, sostuvo.

Además, Kicillof pidió que el capítulo eliminado no vuelva a ser incorporado al debate legislativo y cuestionó el resto de los artículos de la iniciativa. “Los otros capítulos de esta ley también son nefastos”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, el gobernador bonaerense criticó la política internacional del Ejecutivo nacional y la relación con los países vecinos. “El presidente ha subordinado nuestra política exterior a la de Estados Unidos e Israel. Es por eso que ahora se está peleando con Brasil, nuestro principal socio comercial. Si realmente pensara en lo mejor para nuestro país, se daría cuenta de que no podemos pelearnos con nuestros vecinos y nuestra región”, señaló.

La movilización se realizó mientras el Senado retomaba el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que finalmente llegó al recinto sin el cuestionado capítulo sobre la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras.

El Senado retomó este jueves la sesión en la que se debate el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego del cuarto intermedio dispuesto el pasado 19 de julio. La iniciativa llegará al recinto con modificaciones y sin el polémico capítulo III, que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras.

Antes de ingresar al tratamiento del proyecto, la Cámara alta resolvió girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de los senadores Anabel Fernández Sagasti (PJ-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para participar de manera remota de la sesión y poder votar.

La solicitud fue aprobada a mano alzada y sin debate. Fernández Sagasti, quien cursa un embarazo de 32 semanas, cuenta con una indicación médica que le impide realizar viajes de larga distancia, mientras que Fama fue operado recientemente de una rodilla y tampoco puede trasladarse.

Si bien ambos legisladores ya habían sido autorizados a participar de manera virtual mediante decretos firmados por la vicepresidenta Victoria Villarruel ad referendum del cuerpo, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, propuso que el tema fuera analizado en comisión. La moción fue aprobada con el acompañamiento del kirchnerismo.

Sin el capítulo referido a la extranjerización de tierras, el debate se concentrará en una serie de modificaciones vinculadas al régimen de propiedad privada, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.

Uno de los cambios establece modificaciones a la Ley de Expropiaciones, al determinar que la declaración de utilidad pública necesaria para avanzar con una expropiación deberá aplicarse de manera restrictiva. Además, se fija un límite del 30 por ciento de indemnización por lucro cesante, un aspecto que no estaba contemplado en el proyecto original.

También se incorporará un nuevo régimen de desalojos con procedimiento exprés en casos de intrusión, con el objetivo de acelerar los mecanismos legales para recuperar inmuebles ocupados.

Otro de los puntos modificados es la normativa vinculada al manejo del fuego. El dictamen elimina el artículo que establecía que, tras un incendio en un predio rural, durante 30 años no podía modificarse el uso de las superficies afectadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En tanto, para los incendios que afecten bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el uso y destino de esas superficies prevista en la normativa vigente, aunque se elimina el plazo de 60 años que había sido incorporado en una modificación impulsada durante la gestión de Máximo Kirchner.

Una tarde fría, con el piso todavía húmedo tras una mañana atravesada por la lluvia, fue el escenario de la movilización que reunió este jueves a decenas de vecinos y representantes de distintos espacios en la pirámide de la Plaza Independencia. La convocatoria se realizó en simultáneo con manifestaciones desarrolladas en distintos puntos del país y ratificó, también en Tandil, el rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pese a que en las últimas horas el Gobierno nacional retiró el apartado que modificaba la Ley de Tierras.

La actividad comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y continuó con la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones convocantes. Como cierre, los participantes realizaron una vuelta simbólica alrededor de la Plaza Independencia, en una demostración que buscó expresar la continuidad del reclamo y la defensa de la soberanía, el ambiente y el derecho a la vivienda.

La movilización mostró un marcado carácter multisectorial. Participaron referentes de CTA, CGT, Adunce, Suteba, Udocba, Camioneros, Patria Grande, Memoria por la Vida en Democracia, el Centro de Veteranos de Malvinas, Flor de Murga, Frente de Izquierda, Amalu, La Cámpora, el Partido Justicialista y Mala Junta, entre otras organizaciones.

Entre la personalidades presentes estuvieron los concejales Rogelio Iparraguirre, Juan Salceda, Federico Martínez y Marilén Pogorzelski, el presidente del PJ local Dario Mendez además de representantes sindicales, sociales y de organismos de derechos humanos que acompañaron la convocatoria.

Antes del inicio del acto, Hernán Gasparini dialogó con El Eco y sostuvo que la decisión del Gobierno de retirar el capítulo vinculado a la venta de tierras no modifica el rechazo general al proyecto. "Hay dos cosas importantes para rescatar de esta jornada. En primer lugar, la importancia de la reacción del pueblo argentino frente a una ley que directamente atacaba nuestra soberanía", expresó.

En ese sentido, consideró que la convocatoria logró reunir a sectores con distintas pertenencias políticas y sociales alrededor de un objetivo común. "Nos pensamos colectivamente, apostando a un país para todos y todas. El pueblo argentino reacciona frente a los atropellos de un gobierno como el que tenemos hoy", afirmó.

No obstante, remarcó que la eliminación de uno de los capítulos no resuelve las objeciones centrales que mantienen las organizaciones. "Haber corrido un capítulo nefasto no implica dejar de discutir todo lo demás. Siguen existiendo aspectos abusivos y muy graves vinculados a los alquileres, los desalojos, las expropiaciones y otros puntos que afectan la vida cotidiana de miles de familias", señaló.

Para Gasparini, el proyecto continúa avanzando sobre derechos básicos. "Cuando una familia no puede pagar un alquiler, la iniciativa facilita desalojos en plazos muy breves, aun cuando existan chicos de por medio. Son cuestiones que afectan directamente la realidad de nuestro pueblo", cuestionó.

Asimismo, sostuvo que las movilizaciones cumplen un papel determinante para frenar iniciativas legislativas que generan rechazo social. "Este gobierno avanza y retrocede según la resistencia que encuentra. Sabemos que retiraron ese capítulo porque no tenían los votos suficientes en el Senado. Cuando vuelvan a intentarlo, van a encontrar nuevamente a un pueblo de pie defendiendo su soberanía", afirmó.

Otro de los aspectos destacados durante la entrevista estuvo vinculado a las modificaciones propuestas sobre la Ley de Manejo del Fuego, un tema que también ocupa un lugar central en las preocupaciones de las organizaciones convocantes.

Gasparini vinculó la discusión con los incendios forestales registrados en distintos puntos del país y con el crecimiento del negocio inmobiliario sobre áreas naturales. "Nuestro país permanentemente enfrenta desastres naturales y muchas veces detrás aparece un negocio inmobiliario. Nosotros pensamos la Argentina desde otro lugar, no desde la especulación financiera", sostuvo.

En ese sentido, consideró que la defensa del ambiente también forma parte del debate sobre la propiedad de la tierra y la soberanía nacional.

El pronunciamiento analiza detalladamente los principales capítulos de la reforma y advierte sobre el desmantelamiento de las políticas públicas de integración sociourbana en barrios populares. Al respecto, señala que la alteración de la Ley 27.453 desresguarda a unos cinco millones de personas que viven con deficiencias de infraestructura y servicios básicos, un cuadro agravado por el Decreto 312/2025 que disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), paralizando centenares de obras y dejando sin empleo a cooperativistas. Asimismo, el texto remarca que la descentralización de responsabilidades hacia las provincias sin recursos convierte la desigualdad fiscal en desigualdad territorial.

En relación con el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda, el documento denuncia que el proyecto acelera los mecanismos de desalojo en un contexto de extrema vulnerabilidad tras la derogación de la Ley de Alquileres por el DNU 70/2023, la cual provocó contratos más cortos y aumentos difíciles de afrontar para las familias. También cuestiona las modificaciones en el régimen de expropiaciones, alertando que la inclusión de conceptos como el lucro cesante encarece y alarga los procesos para declarar la utilidad pública, limitando la capacidad del Estado para construir escuelas, hospitales y parques.

Respecto de la tierra rural, las organizaciones recordaron que existen cerca de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras —una extensión equivalente al tamaño de Inglaterra— y rechazaron la eliminación de los topes de la Ley 26.737, indicando que la medida favorece la concentración en perjuicio de la agricultura familiar y los pequeños productores. A su vez, advirtieron que reducir las restricciones sobre suelos afectados por incendios reabre el incentivo económico para provocar quemas intencionales con fines especulativos.

El documento dedica además un apartado fundamental a la realidad local, donde se detalla que, según datos del Censo 2022 sistematizados por el Municipio, casi el 30% de los hogares tandilenses alquila, cerca de 1.500 familias propietarias carecen de documentación sobre su vivienda y existe un Registro de Demanda Habitacional en crecimiento. El texto subraya la contradicción de una ciudad que genera valor pero cuyo acceso al suelo se aleja del salario de los trabajadores, al tiempo que llama a proteger el sistema serrano y la tierra rural como bienes estratégicos frente a la especulación.

Aunque el oficialismo resolvió retirar del proyecto el capítulo referido a la derogación de los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, los organizadores entendieron que esa modificación no alteraba el núcleo de la iniciativa y decidieron sostener la convocatoria prevista.

La jornada transcurrió sin incidentes y estuvo marcada por un clima de escucha durante la lectura del documento, acompañado por banderas de organizaciones sindicales, sociales y políticas que rodearon la pirámide de la plaza. Con la vuelta simbólica alrededor del principal paseo público de la ciudad, los manifestantes cerraron una actividad que buscó dejar en claro que, más allá de las modificaciones introducidas durante el tratamiento parlamentario, el rechazo al proyecto continúa vigente y que seguirán atentos al debate legislativo en el Congreso.

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sindicales, sociales y ambientales, ratificaron la convocatoria a una movilización al Congreso para este jueves. El objetivo es rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional.

La medida de fuerza se mantiene firme a pesar de que el oficialismo retiró del debate el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, ante la falta de respaldo de la oposición dialoguista en el Senado. Según explicaron los organizadores, la decisión del Gobierno de eliminar el apartado referido a la compra de tierras por parte de extranjeros no cambió la postura de las centrales obreras, que consideran que el proyecto mantiene otros puntos cuestionados.

El retroceso oficial sobre la Ley de Tierras ocurrió este miércoles por la tarde, cuando legisladores que habían anticipado su voto positivo comenzaron a anunciar su sufragio negativo. Entre los puntos más criticados figuraban la propuesta de elevar del 15% al 25% el límite de titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros y el mecanismo de autorización para empresas con participación estatal extranjera.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, los integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, ratificaron la concentración prevista para el mediodía. 

Al respecto, Jorge Sola sostuvo que “la discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto de país”, al defender la necesidad de que cualquier inversión preserve los recursos naturales y contribuya al desarrollo productivo, el empleo y los salarios.

Por su parte, Hugo Godoy definió la iniciativa como un proyecto de “extranjerización, coloniaje y fragmentación” del país y afirmó que los trabajadores deben manifestarse porque “la tierra involucra recursos estratégicos como el agua dulce, las zonas de frontera y la generación de empleo, por lo que no puede ser considerada únicamente una mercancía”.

Los gremios también cuestionan otros aspectos de la norma que se debatirán en la Cámara alta, entre ellos las modificaciones relacionadas con los procesos de desalojo, la Ley de Manejo del Fuego, las facultades estatales y la protección de los recursos naturales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su participación y convocó a concentrar desde las 12 horas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña.

A la protesta se sumaron la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación de Trabajadores de las Universidades (FATUN) y diversas agrupaciones. Esta jornada será la primera de dos días de reclamos, ya que este viernes las centrales obreras participarán de la tradicional marcha de San Cayetano bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La CTA confirmó a El Eco que este jueves participará de la jornada de protesta convocada en todo el país contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. La decisión fue ratificada luego de que el oficialismo retirara del texto el artículo que ampliaba los límites para la venta de tierras a extranjeros, en un intento por reunir apoyos para su tratamiento en el Senado.

Desde las centrales sindicales remarcaron que la modificación no altera los motivos de la protesta, ya que el proyecto mantiene otros aspectos que consideran regresivos. En ese marco, la convocatoria en Tandil continúa bajo la consigna "La Argentina no está en venta", con la participación de organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles, culturales y vecinos.

A nivel nacional, la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y organizaciones sociales como la UTEP confirmaron que sostendrán la movilización frente al Congreso. Desde la conducción cegetista señalaron que "se sostiene la movilización", mientras que otros sectores sindicales argumentaron que el proyecto aún incluye artículos que habilitan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, limitan la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y modifican la legislación sobre el manejo del fuego, permitiendo la venta de tierras incendiadas.

En Tandil, la CTA de los Trabajadores había convocado a la comunidad a sumarse a la manifestación en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, al considerar que afectan derechos sociales, laborales y el patrimonio del país.

El proyecto será debatido este jueves en el Senado, donde el oficialismo resolvió eliminar el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros para intentar destrabar la sesión. Sin embargo, el resto del articulado continúa generando un fuerte rechazo entre las centrales obreras y distintos sectores sociales, que consideran que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos y de capacidad de intervención del Estado.

En ese contexto, la movilización prevista en Tandil se desarrollará en sintonía con las protestas convocadas en distintos puntos del país para expresar el rechazo al proyecto de ley y reclamar que no avance su aprobación.