El Gobierno Nacional ya podrá avanzar en los procesos de licitación de privatización total o parcial de ocho empresas públicas contempladas en la Ley Bases, tras haber dictado ayer un decreto donde se establece el mecanismo para la venta de esas firmas públicas.   

El Congreso autorizó la privatización total de Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo y, en forma parcial, de Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales, mientras que en el caso de Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferas Fiscales solo se autoriza el ingreso de aportes privados mediante el sistema de PPP.   

El Gobierno quería privatizar unas cuarenta empresas públicas, pero debió eliminar las ventas del Banco Nacional, Radio y Televisión Argentina, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, debido a la resistencia de los bloques dialoguistas a acompañar esas propuestas.   

A través del decreto 695 publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno ya fijó el sistema para avanzar con la venta total o parcial de esas empresas públicas, cuyo pliego deberá ser controlado por la Auditoria General Nacional y la Comisión Bicameral de Privatizaciones, que aún no conformó el Congreso.   

En la reglamentación de la Ley Bases sobre la venta de empresas, se estableció que "el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización".   

Este documento deberá incluir "el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización".   

También "la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa".   

Una copia de este informe será enviada a la Comisión Bicameral del Congreso.   

En cuanto a la empresa Nucleoeléctrica Argentina se fija que solo se podrá organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; e (ii) incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.   

En tanto, se fijó que se requiere del voto afirmativo del Estado nacional para la toma de decisiones que signifiquen la ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva y la salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica, así como la incorporación de accionistas.   

En el caso del Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) también se podrá organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin. (NA).

El Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el primer tramo de la reglamentación de la Ley Bases, que incluye los capítulos sobre privatizaciones de empresas públicas o con participación estatal, y empleo público, ambas incluidas en el Título II de la Ley Bases, “Reforma del Estado”.

El Decreto 695/2024, firmado por el presidente Javier Milei, así como también por el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Además de privatizaciones y reforma estatal, se incluye el silencio administrativo, que deberá implementar la Jefatura de Gabinete en un plazo de 15 días.

En ese sentido, indica que “la Jefatura de Gabinete de Ministros dentro del plazo de quince días contados a partir de la entrada en vigencia del presente, debe aprobar el cronograma de implementación del silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley N° 27.742”.

“El silencio con sentido positivo, en el marco de procedimientos administrativos en los cuales tramite el otorgamiento de una autorización administrativa, comenzará a regir de acuerdo con las fechas previstas en el precitado cronograma y para los procedimientos que se inicien con posterioridad a las mismas”, se declaró en el Decreto. Y se añadió: “Las reparticiones de la Administración Pública centralizada y descentralizada deberán identificar y mantener actualizado el detalle de los procedimientos administrativos alcanzados por lo establecido en el párrafo anterior, en el ámbito de sus competencias”.

En ese sentido, instrumentaron el esquema previsto para la concesión o venta parcial o total de las siguientes empresas: Energía Argentina, Intercargo, AySA, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

De esta manera, se estableció que el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización.

Este documento tendrá que incluir los siguientes puntos: el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización; y la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley Nº23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa. Una copia de este informe será enviada a la Comisión Bicameral del Congreso.

Una vez que el Ejecutivo otorgue la autorización correspondiente, el funcionario podrá iniciar los procedimientos tendientes a la privatización. Luego de esto, el Gobierno precisó los pasos a seguir para convocar a las ofertas del sector privado.

“Previo a la formalización de los contratos que surjan de los procedimientos previstos en el presente Capítulo, la Autoridad de Aplicación deberá dar intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación en las actuaciones correspondientes”, aclara la normativa y agrega que en el caso de que la Procuración realice alguna observación o sugerencia al contrato deberá realizarse un nuevo informe.

Otro de los puntos principales es la reducción del empleo público. A partir de la reglamentación, el Gobierno estará habilitado a quedarse con la “dotación óptima necesaria” y parte del personal podría quedar “en situación de disponibilidad por un período máximo de hasta 12 meses”.

Asimismo, la normativa fija que el personal tendrá “derecho a igualdad de oportunidades en el desarrollo de la carrera administrativa, a través de los mecanismos que se determinen”. Y menciona que las vacantes solo podrán ser obtenidas “mediante sistemas de selección de antecedentes, méritos y aptitudes”.

En relación a los contratos y acuerdos transaccionales, el Ejecutivo podrá renegociar o rescindir los contratos de obra pública, de concesión de obra pública y de construcción de bienes y servicios, y sus contratos anexos cuyos montos superen los diez millones de módulos y hayan sido celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023.

“Resulta económica y financieramente inconveniente para el interés público la suspensión o rescisión de los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un 80% a la fecha de la sanción de la presente ley; o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción”, dice la reglamentación y detalla que en caso de que esos contratos estén suspendidos, su ejecución tendrá que ser firmada por contratante y contratista y deberá ser suscrita dentro de 90 días desde la publicación de la presente ley.

En lo referido a la “Reorganización administrativa”, dice que “el ministerio de Economía propondrá al Poder Ejecutivo Nacional, según corresponda, la modificación, transformación, unificación, liquidación o disolución de los fondos fiduciarios públicos de conformidad con las reglas establecidas en los incisos a), b) y c) del artículo 5° de la Ley N° 27.742 y las que surjan de sus normas de creación, instrumentos constitutivos u otra disposición que resulte aplicable”.

“El proceso de liquidación de los fondos fiduciarios disueltos se sujetará a las disposiciones determinadas de esta reglamentación y sus normas complementarias que en el futuro se dicten”, manifiesta. Y agrega: “No podrán incluirse en las actas de transferencia respectivas, cláusulas que aprueben la gestión fiduciaria o que declaren la renuncia de derechos o acciones del Estado Nacional respecto del fiduciario o de terceros”, completa.

Con la aprobación de la Ley Bases, que demoró seis meses de incesantes negociaciones y no pocos sinsabores para el oficialismo, la Oficina del Presidente dio por concluida la primera etapa de la gestión, ordenada en el eje temático déficit cero.   

Para la segunda parte del año, el Poder Ejecutivo abrirá el abanico con nuevas propuestas polirubro, que incluye por ejemplo la "ley Hojarasca", tal es el nombre pintoresco con que el inminente ministro de Modernización Federico Sturzenegger bautizó a la iniciativa.   

Ésta apunta a barrer con un centenar de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y que ralentizan el flujo económico.   

En el plano económico también se recorta en el horizonte una nueva ley de Hidrógeno, según reveló el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo.   

"Además de tener una norma estructural del RIGI y la iniciativa privada, es posible que presentemos un proyecto de ley de hidrógeno. El mismo será acotado, donde se traten temas vinculados a las normas técnicas, esquemas de certificación, H2 en redes de gas (blending), entre otros puntos", comentó el funcionario.   

La Ley Bases que se aprobó después de haber pasado por una cantidad de filtros dejó afuera las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina. 

De estos tres, el Gobierno tiene entre ceja y ceja la privatización de la aerolínea de bandera, al evaluar que es un agujero negro de gasto público y de déficit irrecuperable, además de ser búnker de gremios enquistados.   

El diputado nacional del MID Oscar Zago, que es ex titular del bloque libertario, señaló que ya se están preparando proyectos de privatizaciones que se presentarían en los próximos dos meses, y que contarían con el apoyo de los bloques dialoguistas. 

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, también había confirmado que el Gobierno recorrería ese camino en caso de que la Ley Bases no se aprobara con el paquete completo de privatizaciones, que fue lo que ocurrió.   

El 1 de marzo, en la apertura de sesiones ordinaria, el presidente Javier Milei había anunciado la intención de avanzar con un conjunto de leyes "anticasta".   

El tratamiento de la Ley Bases consumió todo la energía del oficialismo en el primer semestre, pero la segunda parte del año podría ser el momento para sacar a relucir estas reformas "anticasta".   

Si bien no se conoce la letra chica, en su momento el jefe de Estado había deslizado que se trataría de reformas en el sistema electoral sindical, la eliminación de jubilaciones de privilegio, el fin del financiamiento público de los partidos políticos y la apertura a los capitales privados y el proyecto de "ficha limpia" para evitar que funcionarios condenados puedan volver a presentarse a elecciones. 

En el plano de la seguridad pública, la Cámara de Diputados ya inició el tratamiento de una batería de proyectos impulsados por la cartera que preside Patricia Bullrich.   

La Ley "antimafias" propone agravar penas por delitos complejos aplicando sentencias de prisión de entre 8 a 20 años de prisión para aquellas personas que integren una organización ilícita.   

Asimismo, se prevé que todos los miembros de una organización considerada criminal puedan ser penados con la pena máxima que corresponda al mayor delito cometido por la organización.   

Dentro de este paquete también se encuentran en debate la "Ley de Reiterancia", la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para la investigación criminal de delitos sexuales en el ámbito del Ministerio de Seguridad, un actualización del régimen penal para las fuerzas de seguridad en lo que refiere al cumplimiento del deber y la legítima defensa.   

Por último, una modificación de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en el combate al narcotráfico. Esta iniciativa también tiene el impulso del ministro de Defensa, Luis Petri.   

De la mano con estas iniciativas, el Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona, está terminando de pulir un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. 

Esta reforma del Régimen Penal de Minoridad es respaldada apasionadamente por Patricia Bullrich. (Por Sebastián Hadida – NA).

El diputado de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto envió ayer un mensaje al presidente Javier Milei tras la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal: "Espero que el Gobierno se ponga a gestionar y fundamentalmente trate de recuperar la economía porque hay gente que está sufriendo mucho".   "Hay que recuperar cierto nivel de estabilización y fundamentalmente el salario porque todo aumenta: remedios, alimentos, la nafta, pero hay una depreciación del poder adquisitivo de la gente muy grande", planteó en diálogo con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.   En la misma línea, amplió: "La gente votó al Presidente para que la saque de la crisis económica, no para que quiera ser un líder mundial, para mejorar en la vida y tener una economía más sólida, trabajo privado, para ese cambio lo votó. Esa es la esperanza que la sociedad quiere".   Por su parte, le reclamó al oficialismo trabajar en proyectos de leyes más chicos y temáticos, en lugar de enviar al Congreso megapaquetes, a los que calificó de "pavadas" que entorpecen el debate parlamentario, y cuestionó la representatividad de la Cámara de Senadores.   "Hace falta trabajar con el Congreso en leyes temáticas más chicas, sobre cada tema, una ley. Algo que sea razonable, no vengan de nuevo con una ley de 400 artículos, que aparezca de nuevo (el asesor Federico) Struzenegger, no volver con una pavada de estas porque no se avanzaría", sostuvo al respecto.   Asimismo, agregó: "No tengo nada con Sturzenegger, me parece que la experiencia de estas leyes ómnibus que pretenden ser institucionales traen aparejados un fuerte estrés institucional en términos del debate porque aborda además distintos temas, muchos de ellos totalmente distintos que no permiten un desarrollo de la discusión parlamentaria rápida, eficaz, que dé respuesta al gobierno con mayor celeridad".   Para Pichetto, "la Cámara de Diputados ha tenido que hacer de Cámara Federal, una anomalía de la vida parlamentaria porque si hay alguien que debe bregar por el interés de la provincia es la Cámara de Senadores", y planteó que la Cámara alta "no representa genuinamente los intereses de las provincias".   Si bien destacó el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso criticó que la preservación del régimen de beneficios para los industriales de Tierra del Fuego: "Puede gobernar un sector peronista, otro de corte libertario, puede gobernar Milei y mañana Myriam Bregman con el trotskismos que los beneficios de algunos empresarios se van a seguir manteniendo para toda la vida".   "Es muy injusto porque genera beneficios excepcionales para personas que han sido usufructuarios durante mucho tiempo. No digo desmantelar, pero si empezar a pensar que deben tributarse algunos de los impuestos, el IVA. Tampoco se tocó el impuesto al juego.  Está gravado, pero hay que aumentar los gravámenes de esa actividad que produce pobreza, adicciones, y un deterioro en la persona que juega", argumentó. (NA).

La Cámara de Diputados tratará el jueves el proyecto de Ley Bases luego de que un plenario de comisiones aprobara este martes un dictamen de mayoría que expresa el acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques de la llamada oposición dialoguista, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica, aunque algunas de estas bancadas mantuvieron disidencias parciales.  

El proyecto, que según la convocatoria formal se tratará el jueves desde el mediodía, tiene el respaldo de 66 firmas, y como se preveía, conserva las modificaciones que el Senado le introdujo a la iniciativa que había sido aprobada por la cámara Baja en primera instancia. La más importante es la exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de la lista de empresas a privatizar.

Antes de que las comisiones de Legislación General y Presupuesto dieran el ok al texto, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi y la secretaria de Planeamiento Estratégico de esa cartera, María Ibarzabal Murphy , se reunieron para terminar de anudar un acuerdo con representantes de los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.

La exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA de la nómina de empresas a ser privatizadas sigue siendo motivo, sin embargo, de diferencias entre los bloques. Por caso, la bancada de Pro firmará el dictamen en disidencia por considerar que esas tres compañías deberían pasar a manos privadas, anunció la diputada Silvana Giudici.

Giudici le respondió a Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, quien minutos antes había fundamentado que la Cámara de Diputados no tiene facultades para insistir en la privatización de estas tres empresas porque el oficialismo del Senado decidió retirarlo del tratamiento antes de la votación en general.

La CC también anunció que respalda pero con disidencias.

El RIGI, un punto central que ha sido duramente cuestionado por el gobernador Axel Kicillof en las últimas horas, será aprobado tal como salió del Senado. Kicillof lo cuestiona por sus efectos económicos y en un marco especial: el Gobierno, a través del CEO de IPF, Horacio Marín,  presionó para que la inversión de esa estatal junto a la malaya para construir una planta de GNL en Bahía Blanca quede condicionada a la adhesión de la Provincia al RIGI.

Ahora, se espera que diputados avance con el paquete fiscal, pero en este caso metodología sería inversa: Diputados votaría el proyecto original y daría la espalda a los cambios que introdujo el Senado. En la práctica, significa dar el OK a la reposición de la cuarta categoría de ganancias que la cámara Alta había eliminado, la elevación del piso para Bienes Personales y el Blanqueo de Capitales, entre los puntos más importantes.

La Cámara de Diputados trataba esta tarde el dictamen del proyecto de Ley Bases, en el marco de la decisión del oficialismo y de los bloques dialoguistas de aceptar las modificaciones aplicadas por el Senado, de cara a la sesión que se desarrollará el jueves.

Así lo confirmó el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, al abrir la ronda de oradores en el plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.

“Nuestra posición es aceptar las modificaciones enviadas por el Senado”, adelantó el cordobés, en un efímero discurso, en el que argumentó que el debate ya se había realizado previamente y que no tenía sentido seguir alargando el proceso.

A continuación, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, rebatió a Bornoroni al sostener que “los debates nunca se agotan”.

“No solamente no se agota sino que van apareciendo más elementos para tratar de entender la dimensión del debate en el cual estamos insertos desde hace más de seis meses”, aseveró.

Para el santafesino, la Ley Bases del Gobierno “es hija de la arbitrariedad”, “hija de oscuros arreglos en el Congreso de la Nacion e hija de la represión que se dio apenas quince días atrás” cuando la iniciativa se trató en el Senado.

También esgrimió que “va a ser hija de interpretaciones absolutamente caprichosas de artículos de la Constitución Nacional, especialmente del artículo 81” sobre los procedimientos legítimos para la formación de una ley.

“Es una ley absolutamente viciada, absolutamente arbitraria, con una enorme cantidad de visos de inconstitucionalidad. Y es una ley que a mi criterio  va a terminar definiéndose en gran parte de su contenido en tribunales”, subrayó Martínez, que ratificó el “firme rechazo” de Unión por la Patria al proyecto. 

“Esta ley no viene a solucionar ninguno de los problemas de los argentinos, como la caída de más de cinco puntos del producto, la desocupación que ya alcanza el 7,7% en el primer trimestre, los salarios y jubilaciones, la falta de obra pública”, enumeró.

En nombre de la Coalición Cívica, el titular de ese bloque, Juan Manuel López, analizó que “la opción que propuso el Senado en algunos puntos es más razonable, en otros no tanto”, y afirmó que por ejemplo el consideraba que “se podrían haber privatizado más empresas”.

Sin embargo, aclaró que en esta instancia ya no se trataba de seguir debatiendo cambios sino de “un trámite” que implicaba optar entre un dictamen u otro.

A su turno, el diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot ratificó que su bloque acompañará la ley Bases tal cual provino del Senado, y aunque reconoció que hay “cuestiones de fondo” en la que podría “coincidir en insistir” con la versión de Diputados, la decisión es “no hacerlo” en función de respetar los acuerdos políticos..

“En el Senado el Gobierno obtuvo una mayoría que le permitió avanzar con esta ley con la versión posible”, expresó.

“Reivindiquemos los acuerdos, porque eso es muy importante”, exhortó Massot.

Por su parte, la diputada del PRO Silvana Giudici refutó la tesis de Germán Martínez respecto de supuestas "arbitrariedades" y “acuerdos espurios” para pactar el contenido de la ley Bases por fuera de los ámbitos correspondientes.

“No hubo nada de acuerdos espurios, de medianoche. Fue simplemente el proceso de formación de las leyes que la Constitución Nacional le da a esta casa”, consideró.

Además, dijo que “no es cierto que este Parlamento nunca trató leyes ómnibus” y señaló que “no hay ningún impedimento constitucional y político para que un presidente presente una ley ómnibus como esta ley Bases".

En tanto, defendió la necesidad de avanzar con un plan de privatizaciones, y sostuvo que “esta es la oportunidad” de actuar sobre empresas en las cuales “entraron ñoquis por la ventana cobijadas por La Cámpora”.

Una vez que finalice el plenario de comisiones, Presupuesto y Hacienda seguirá deliberando en torno al paquete fiscal.

Según se adelantó, el oficialismo y los bloques dialoguistas aceptarán las modificaciones del Senado a la Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes, pero insistirán con los artículos que reponen la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y la rebaja de las alícuotas de Bienes Personales.

A su vez, insistirán en la redacción del artículo 111° de la sanción de Diputados sobre gastos tributarios, que sugiere la eliminación de regímenes especiales en determinadas provincias.

Por el Frente de Izquierda, Cristian Castillo alertó que se está naturalizando el sistema de “compra obscena de votos” a cambio de favores personales, y puso como ejemplo los votos de los senadores nacionales Lucila Crexell, Camau Espínola y Edgardo Kueider.

“Se están vendiendo para servir a las grandes corporaciones. Eso es lo que vimos en el Senado con esa práctica corrupta. Si ustedes avalan esta práctica corrupta de compra de votos, que no hablen más de corrupción”, advirtió.

“Cualquiera que vote a favor de que continúe el tratamiento de esta ley es cómplice de estas prácticas corruptas. Por eso desde el Frente de Izquierda consideramos que es totalmente nulo el tratamiento de esta ley”, siguió el diputado trotskista del PTS.

"Es una ley que impusieron a balazo limpio, reprimiendo diputados y diputadas, privando de su libertad a ciudadanos, inventando golpes de Estado". Buscan demonizar la manifestación popular", concluyó.

El plan de privatizaciones del presidente Javier Milei recibió un golpe letal al revelarse que el bloque Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Pichetto no avalará la inclusión dentro de ese paquete de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio Televisión Argentina (RTA) en el marco de la discusión de la ley de Bases que se votará el próximo jueves en la Cámara de Diputados.

En una reunión que varios referentes de este bloque opositor mantuvieron en el primer piso del Palacio Legislativo, consensuaron que avalarán el esquema más reducido de privatizaciones que quedó plasmado en el dictamen que fue sancionado en el Senado.

De esta manera, el oficialismo quedaría sin los votos suficientes para impulsar la privatización de la aerolínea de bandera, el correo oficial y los medios públicos, objetivos que están en la mira del jefe de Estado desde que asumió el poder en la Casa Rosada.

Del cónclave participaron, además de Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Juan Brügge y Francisco Morchio.

Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, el compromiso de Hacemos Coalición Federal con el Gobierno llega hasta acompañar el rescate de la vuelta de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales, dos iniciativas que se encuentran en la Ley de Medidas Fiscales.

Pero en lo que refiere a la Ley Bases respetarán los términos de la sanción del Senado y no insistirán con aspectos de la media sanción de Diputados como sí harán la UCR y el PRO.

En este sentido, tampoco van a apoyar la eliminación de la moratoria previsional, un artículo que se retiró del dictamen antes de que se votase en general en el Senado. 

Hacemos justifica su apoyo a insistir en Diputados con la restitución de Ganancias y la rebaja de Bienes Personales en el hecho de que estaban en el dictamen que se aprobó en general en el Senado, antes de que esos artículos específicos cayeran en el tratamiento en particular.

El gobierno buscará que la cámara de Diputados reponga la vigencia de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y reduzca la carga de Bienes Personales cuando trate el proyecto de ley fiscal que acaba de modificar el Senado, así como intentará que se conserve la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA, que la cámara Alta había eliminado en la Ley Bases.

Las pretensiones del gobierno con la Ley Bases se conocían desde hace unos días, pero ahora fueron oficialmente confirmadas por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ayer sostuvo una reunión con los jefes de las bancadas de la oposición “dialoguista” para conversar sobre la sesión en la que se tratarán ambos proyectos, cuyo inicio fue establecido hoy para el jueves 27 de este mes por la mañana.

Francos admitió que en temas como el Régimen de Grandes Inversiones (RIGI) hubo un acuerdo con los Senadores para introducir cambios que no serían modificados en Diputados (por lo que probablemente se aprueben definitivamente sin más cambios), pero negó que ese haya sido el caso en otros tres aspectos cruciales de los proyectos en cuestión: las privatizaciones –la cámara Alta eliminó Aerolíneas y el Corre de la lista de empresas que pueden ser vendidas- y Ganancias y Bienes Personales.

De ese modo, el funcionario de Javier Milei no solo dejó abierta la posibilidad de que Diputados insista con la redacción original, sino que confirmó que es precisamente eso lo que el Ejecutivo quiere que ocurra. “Queremos insistir en ganancias y bienes personales, porque tiene que ver con el interés de los gobernadores y con el compromiso que asumió el presidente con las provincias”, dijo Francos. “Con el rema de las privatizables no tuvimos un acuerdo”, agregó.

Las declaraciones de Francos llegaron después de que bloques opositores “dialoguistas”  de Diputados dejaran trascender que quieren un mayor compromiso explícito del gobierno sobre su intención de que se conserve los votado en esa cámara. Es que les toca insistir con medidas antipáticas como la reimplantación de la cuarta categoría de ganancias aún contra lo que decidieron miembros de su propio partido en Senadores. Es el caso de la UCR.

Diputados había aprobado la restitución de ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados, pero el Senado rechazó los artículos sobre este tributo.

La reposición de la cuarta categoría le permitirá al Gobierno y las Provincias recuperar una recaudación estimada en el 0.4 por ciento del PBI, ya que con la reforma realizada en el Gobierno de Alberto Fernández implicó un impacto fiscal de 0.83 por ciento del PBI.

También intentará incluir nuevamente el título sobre Bienes Personales donde se rebajan alícuotas y se sube el Mínimo no Imponible de 27 a 100 millones, ya que se considera que es una forma de promover la adhesión al blanqueo de capitales.

Respecto de las empresas privatizables, para facilitar la aprobación de la Ley bases en Senadores, el oficialismo había aceptado quitar de la lista a Aerolíneas, el Correo y Radio y Televisión Argentina (los medios públicos, que ahora pasan a la órbita del vocero presidencial, Manuel Adorni) pero, según dijo, sin comprometerse a que Diputados no pueda volver a introducirlos. El jefe de Gabinete dijo justamente que eso es lo que le piden a los diputados.

El Senado de la Nación remitió esta tarde a la Cámara de Diputados los textos definitivos de la Ley Bases y el paquete fiscal, ambos proyectos que fueron aprobados en general y particular la semana pasada en la Cámara alta. 

De esta manera, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya está en condiciones de girar los textos a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General. 

Ambos proyectos sufrieron modificaciones sustanciales en su paso por el Senado. Por ejemplo, la ley Bases tuvo recortes significativos en el capítulo referido al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). 

A su vez, en privatizaciones el Gobierno cedió con la exclusión de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentina y RTA. También debió dar de baja el capítulo completo previsional. 

Por el lado del paquete fiscal, el oficialismo tuvo derrotas importantes como en la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y en la reducción de la alícuota de Bienes Personales. 

Hoy, altos representantes de la Casa Rosada se reunieron en Diputados con líderes de los distintos bloques alineados con el Gobierno para insistirles con la privatización de Aerolíneas Argentinas, el Correo y los medios públicos de Radio Televisión Argentina (RTA).

Mientras que aceptarían los cambios aplicados en el Senado al capítulo sobre el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mostró ayer contrariado de aprobar un proyecto diferente al original enviado por el presidente Javier Milei en relación a la Ley de Bases.   

"Me cuesta creer que no le vayamos a dar al Presidente la ley tal cual la pidió", planteó en una entrevista con el programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.   

El riojano aclaró que el acta que contiene las modificaciones aplicadas por el Senado aún no ingresó a la cámara que preside y si bien planteó que tiene una idea de los cambios, le "costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor de un mismo proyecto". 

"La Argentina no cambió, sigue necesitando la ley y que plasmemos lo que la gente votó en las urnas. Creo que no vamos a tener inconvenientes", vaticinó.   

"Lo que hay que definir es cuáles cambios de los que se aplicaron en el Senado aceptamos y cuáles no", afirmó y agregó: "Vamos a tratar de que no haya dinamismo en el cambio de voto. Creo que vamos a andar muy bien". 

Asimismo, destacó la tarea del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en las negociaciones, y reiteró en enumerar el Impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales y las privatizaciones como los aspectos centrales en los que el oficialismo insistirá cuando se trate la ley en Diputados.   

"Esas son nuestras prioridades", remarcó el titular de la Cámara baja.   

Para Martín Menem, la Ley Bases es "la primera ley trascendente que tuvieron todos los gobiernos", por lo que planteó: "Me cuesta creer que no le vayamos a dar al Presidente la ley tal cual la pidió".   

Además, explicó que la Cámara baja se dedicará a debatir los cambios enviados desde el Senado y no podrá introducir nuevas reformas; y aclaró que para aplicarlos deberá conquistar el mismo número que la Cámara alta.   

"Ley de Bases ya hay. Falta definir qué tipo vamos a tener, si la original, la que modificó el Senado, o un mix. No tengo dudas de que para el 9 de julio la ley va a estar sancionada", prometió.   

En otro pasaje de la entrevista, el legislador apuntó contra el bloque kirchnerista al que acusó de decir "no por el no mismo", y trabar los planes del gobierno de Javier Milei.   

Además, celebró el acercamiento con los diputados "dialoguistas" y sostuvo que la fluidez en la relación le permitirá al oficialismo "acelerar los trámites legislativos".   

"Hace unos días hacía una reflexión en una reunión y decía que es la reforma más importante de los últimos 150 años. Es un cambio estructural y cultural a todo nivel. Cómo puede ser que el kirchnerismo no haya votado un solo artículo. ¿No vieron nada que pueda ayudar a la Argentina de a pie?", se preguntó.   

En la misma línea, subrayó: "Dicen no por el no mismo. Casi 400 artículos y no vieron nada para apoyar a un gobierno. Demuestra la intención que es obstruir, destruir, imposibilitar, obstaculizar".   

Por último, responsabilizó al bloque liderado por Germán Martínez de los episodios violentos en las calles aledañas al Congreso durante la jornada en la que el Senado votaba la ley. 

"Cada vez que intentamos votar algo hay incidentes en la calle", concluyó. (NA).

El jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos, celebró la aprobación de la Ley Bases en el Senado y sostuvo que “pese a modificaciones que han surgido en el propio recinto y algunos temas que han caído, no deja de ser un triunfo impresionante”. Además, señaló que el Pacto de Mayo podría firmarse el 9 de julio en Tucumán, en la celebración del Día de la Independencia.

“Ha sido un día muy intenso, de mucho trabajo, de mucha presión que hemos culminado con éxito, así que pese a modificaciones que han surgido en el propio recinto y algunos temas que han caído, no deja de ser hasta este momento un triunfo impresionante”, destacó Francos en declaraciones a Radio Mitre.

El funcionario insistió: “No sé si tenemos real dimensión de lo que pasó en la Argentina, el mundo está mirando este proceso de transformación sustantivo del país, de pasar a un populismo berreta que nos ha destruido a un manejo de la libertad en todos los niveles que ha sido impresionante”. Francos aseguró que “por eso somos el centro de atención del mundo y estamos en el centro de lo que es el debate ideológico, por eso me parece un avance importantísimo”.

El funcionario admitió que “esta ley no soluciona todos los problemas de la Argentina, pero es una herramienta que nos va a permitir avanzar en muchos temas pendientes”.

Sobre los puntos que “quedaron afuera” en el Senado, Francos señaló que en el caso de Ganancias y Bienes Personales, “hay que insistir en Diputados, por eso me voy a reunir con los presidentes de los bloques para ver de qué manera trabajamos estos temas”.

Lo mismo sucederá en el caso de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y Radio Nacional, entre algunas de las empresas que fueron retiradas de la propuesta por el Gobierno: “Por supuesto, pueden ser incluidas en Diputados. Veremos, porque no es un tema sencillo. Algunos temas son más difíciles de resolver que otros, pero yo espero que sean revisados muchos de los temas que modificó el Senado. Queremos insistir, así que veremos, es un proceso arduo”.

Al aprobarse la Ley Bases en el Senado, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que se lee: “Una vez debatidos en particular los cambios en la Honorable Cámara de Diputados, y concluido el proceso legislativo, el Presidente convocará a gobernadores, expresidentes, legisladores que apoyaron la Ley Bases y líderes de los principales partidos a abandonar las viejas recetas de fracaso, olvidar las diferencias políticas, abrazar las ideas de libertad y establecer diez políticas refundacionales para devolverle el futuro a los argentinos. 

Este proceso culminará con la firma del Pacto de Mayo, un compromiso histórico para sacar a la Argentina del pozo en el que la han sumido las vendettas personales, los intereses mezquinos y la ideología pobrista de los últimos 100 años”. Guillermo Francos adelantó que la firma del Pacto, que en un momento se pensó para el 20 de junio, ahora podría llevarse a cabo el próximo 9 de julio en Tucumán.

“El Pacto de Mayo nació para ser en mayo, pero como lo advirtió el Presidente podemos esperar a junio o podemos esperar a julio”, aseguró el jefe de Gabinete. Y continuó: “Si me preguntaran a mí hoy cuándo lo haría yo, diría el 9 de julio en Tucumán, el Día de la Independencia. Porque creo que con estas leyes nos hemos independizado de un grupúsculo político que ha generado un impacto en la economía y en la sociedad y en la Argentina durante estos últimos 20 años, que queremos finalmente dejar atrás”

Francos destacó que “el 9 de julio sería la fecha ideal. Primero, porque es el Día de la independencia; segundo, porque cuando uno habla de independencia habla de libertad, y tercero porque es en Tucumán, que no solo fue la cuna de nuestra independencia sino también ahí hay un gobernador [NdR: Osvaldo Jaldo] que ha trabajado codo a codo con nosotros, pese a ser de otro signo político, para construir una Argentina diferente hacia el futuro”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió este miercoles que si la Ley Bases no es aprobada por el Senado el Gobierno igualmente mantendrá el rumbo económico y le pidió a los empresarios que “piensen en la oportunidad que tienen enfrente”.

"La Ley Bases es para los argentinos y es un potenciador", sostuvo el funcionario al hablar en un encuentro ante empresarios y economistas.

Además, le pidió a los empresarios no tenerle miedo a los políticos", al hablar ante la Expo de Economía, Finanzas e Inversones (EFI).

"No pongamos en la misma bolsa a todos los políticos. Me estuve reuniendo con gobernadores de la oposición", destacó Caputo.

Y señaló: “Nosotros tenemos la llave para abrir la puerta que va a permitir que la Argentina salga adelante”.    

Elogió, a su vez, que "es la primera vez que no hay dominancia política sobre la economía. Hoy es al revés". Y alertó que la Argentina, "a diferencia de otras economías no tiene crédito".

En una fuerte señal al sistema financiero, el ministro dio por terminada "la época de tasas reales negativas".

"La época de la tasa real negativa para nosotros culminó hoy", dijo el funcionario, al explicar así que el sistema financiero volverá a tener rendimientos por encima de la inflación, un dato clave también para los ahorristas.

Además, defendió la política económica al señalar que "cuando llegamos los intereses de los pasivos remunerados representaban un 40%, hoy es de un 4%".

Advirtió, además, que la Argentina "a diferencia de otras economías no tiene crédito".

Mientras se debate en el Senado de la Nación el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida, en las puertas del Congreso se viven momentos tensos en la movilización en contra de su aprobación, donde la policía avanzó contra los manifestantes, dejando un saldo de más de 40 heridos, entre ellos 5 legisladores de Unión por la Patria

En un clima sumamente más relajado, pero con las mismas consignas, la marcha tuvo su réplica en la ciudad, organizada por la asamblea de autoconvocados Tandil Resiste y la Mesa Multisectorial Tandil. 

A partir de las 17, se concentraron en la glorieta de la Plaza Independencia, donde se reprodujo la trasmisión de la sesión y se ofreció a los presentes un micrófono abierto para expresar su repudio a la iniciativa que obtuvo el quórum necesario de 37 senadores y se discute en el recinto.

A partir de las 18 se movilizaron por la zona céntrica de la ciudad, al grito de “la patria no se vende” y "Milei basura, vos sos la dictadura", mientras pudieron observarse banderas del Movimiento Evita y el Sindicato de Trabajadores Municipales, y carteles con frases tales como “Nos quieren monotributristes y sin derechos laborales”, “Que lo injusto no me sea indiferente”, “Trabajar menos, trabajar todxs, producir lo necesario, redistribuir todo", entre otras. 

La manifestación transcurrió en tranquilidad, la policía fue cortando las calles a medida que la columna de una cuadra de longitud avanzaba, y el paso quedó liberado minutos después de su finalización.  

Con un clima tenso en la manifestación que se lleva a cabo en las afueras del Congreso, se debate en sesión pública del Senado de la Nación, el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida.

El Gobierno obtuvo el quórum necesario de 37 senadores y se espera una sesión maratónica. Miralo en vivo por El Eco de Tandil.

Varios diputados de Unión por la Patria (UP) fueron reprimidos con gas pimienta por las fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso, en el marco de las protestas en contra del tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal.

El operativo es policial fue ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El avance de las fuerzas se dio cerca de las 13.30, tras un corte de tránsito realizado por los manifestantes sobre la avenida Callao.

En medio del conflicto, se vivieron momentos de tensión y varios diputados sufrieron las consecuencias de la represión con gas pimienta, entre ellos Carlos Castagneto, Eduardo Valdés, Leopoldo Moreau, Luis Basterra y Juan Manuel Pedrini.

Según trascendió, algunos de los legisladores debieron ser trasladados al hospital Santa Lucía. El jefe de bloque de Unión por la Patria en la Cámara Baja, Germán Martínez, responsabilizó de la situación al presidente Javier Milei y a Bullrich. 

La senadora Cristina López (Tierra del Fuego) aseguró que el presidente Javier Milei es un "enfermo mental" al enumerar una serie de modificaciones que propone el oficialismo en la ley de Bases.

“Voy a hacer un llamado a los senadores y senadoras, necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como Milei, que considero que es un enfermo mental", lanzó López.

En esa línea, continuó: “Por definición, se denomina a un enfermo mental como trastorno de la salud, es decir trastorno que afectan al estado de animo del pensamiento y comportamiento de las personas”.

“Solamente un enfermo mental manipulado por un grupito de cómplices caraduras endeudadores seriales mandan al Congreso una Ley Bases y un paquete fiscal que todo lo que está escrito es en contra del pueblo trabajador y los únicos beneficiados son los grandes grupos empresariales”, profundizó.

La exvicepresidenta Cristina Kirchner criticó la Ley Bases impulsada por el presidente Javier Milei en las vísperas de su tratamiento en la Cámara de Senadores. Lo hizo al compartir un clip del colectivo audiovisual Indisciplinados que cuestiona el proyecto oficialista que se debatirá y votará mañana a las 10. 

A través de sus redes sociales, la dos veces mandataria compartió un mansaje que concluye con un pedido concreto: “No al saqueo de nuestros recursos. No a la ley Bases”. 

“Anoche en A24 presentaron este video que me encantó”, planteó Fernández de Kirchner desde su cuenta de X junto a una pieza audiovisual que dura poco más de 3 minutos que deja ver algunos planos de distintos paisajes de la República Argentina. 

“Pensá cuáles son las cosas que te hacen ser vos. Esas cosas que llevás y te llenaron de orgullo porque te costaron un montón”, inicia una voz en off mientras de fondo se escucha Inconsciente colectivo de Charly García. 

Asimismo, llama a la reflexión: “Anotá las cosas que te gusta hacer y todavía no pudiste hacer pero no perdés las esperanzas. Ahora pensáte haciendo lo que te gusta hacer, eso también define quien sos”.

El clip recopila además declaraciones de distintos manifestantes, entre ellos, una joven asegura que “el Poder siempre va a estar dispuesto a hacer que las cosas vayan en una dirección en la cual los que salen bien parados son pocos”. 

Anoche en A24 los chicos del colectivo audiovisual @indisciplinadxs presentaron este video que me encantó. pic.twitter.com/dRqn1IeTNg

En sintonía, mirando a cámara, otro de los presentes sostiene que “los derechos son posibilidades vitales que en determinado momento una sociedad no acepta que sean privilegios o prerrogativas de unos pocos”. 

El mensaje más enérgico es el de una jubilada que en referencia a las recetas del gobierno libertario plantea que “nos quieren dejar sin nada, nos va a vender”, y en un mensaje a los diputados mientras se golpea el pecho exige que “se pongan los pantalones porque están firmando cheques en blanco y después van a hacer los que se les de las pelotas con nuestra Argentina”

“Ahora pensá si sacándote todas esas cosas, las que tenés y las que soñás seguís siendo vos”, completa la voz en off en paralelo a que se suceden imágenes de YPF, Aerolíneas Argentinas y de las Islas Malvinas.

Con un plano de una de las movilizaciones a las puertas del Congreso, el video concluye con una placa negra en la que se lee: “No al saqueo de nuestros recursos”. “No a la Ley Bases”.

Después de más de un mes de intensas tratativas en la Cámara alta, la Casa Rosada cedió parte del contenido de los textos a cambio del visto bueno de los senadores para avanzar en su aprobación. En total, sumó 45 modificaciones: 29 en la Ley Bases y 16 en el paquete fiscal.

En lo que se refiere a las facultades delegadas, el proyecto que llega del oficialismo está bastante lejos del que había mandado en diciembre ya que las recorta y son solo por un año renovables por el Congreso de la Nación.

El primer artículo, en el que se declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética -que faculta al Ejecutivo a arrogarse poderes especiales en estas áreas-, no sufrió modificaciones en esta última etapa. En Diputados, no obstante, esta prerrogativa presidencial se recortó sustancialmente, cuando pasó de 11 emergencias a tan solo cuatro.

En lo que se refiere a las empresas a privatizar, primero se limitó la facultad del Poder Ejecutivo para intervenir organismos públicos y se bajó de las 41 empresas originales a 9. El proyecto estipula la privatización total para las siguientes cuatro empresas estatales: Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., Radio y Televisión Argentina S.E., Intercargo SAU.

En este punto, varios senadores están en contra de privatizar Aerolíneas y Radio Nacional, lo que hace que aún se siga negociando la posibilidad de quitarlos del listado en el recinto.

Pero también se cambió a que algunas empresas pasen a ser posibles de ser privatizadas de manera parcial o concesionadas. En esta lista quedaron Agua y Saneamientos Argentinos S.A.; Correo Oficial de la República Argentina S.A.; Belgrano Cargas y Logística S.A.; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

Acá la mayor discusión recaerá en el caso del Correo, en donde los senadores patagónicos y los del norte del país coinciden en la necesidad de que sea público para que se asegure la capilaridad en todo el país, incluyendo las localidades más pequeñas.

Uno de los momentos que seguramente se llevará buena parte del tiempo de debate será el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Acá la oposición reformuló el artículo 163 que declaraba “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al RIGI. En este caso, quedó que sólo aplica a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al régimen.

Una de las criticas mayores fue que este régimen dejaba en desventaja a los proveedores locales frente a los globales. A partir de esto es que se incluyó un inciso que prevé el desarrollo de las cadenas de producción locales así como también limitar el margen de acción de los proveedores de bienes o servicios con mercadería importada.

Asimismo, se eliminó el artículo que establecía que a partir del tercer año no había imposibilidad para el giro de dividendos y utilidades de las compañías que estén en el RIGI.

En lo que se refiere al paquete impositivo, se incluye -en Diputados había sido eliminado- el Monotributo Social y se incrementan los techos en cada una de las categorías. Respecto de Bienes Personales, se suma un artículo y aumenta 20% la alícuota del impuesto para los que entraron al blanqueo, pasando de una tasa de 0,5% a 0,6 por ciento.

En cuanto a Ley Minera e busca modificar el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras, para incrementar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído.

En cuento al blanqueo, se eliminó la posibilidad de que las criptomonedas sean parte de los bienes que puedan ser regularizados. La redacción original estipulaba: “sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas”, pero ante el rechazo opositor fue quitado del texto.

-Respecto del dinero que sea regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se adicionó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva con éste “la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las Provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.

-Se excluyó del régimen a los funcionarios públicos de los últimos diez años. En la redacción original se contemplaban aquellos que se hayan desempeñado en los últimos cinco años.

-Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios públicos. Se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.

-Se incluyó la prohibición de inscribirse en blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre de 2038.

-Se incorporó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales para quienes se inscriban en el blanqueo. Con esta modificación, la tasa pasaría del 0,5% al 0,6%.

Esos cambios están contenidos en el dictamen de mayoría, el que impulsa el Ejecutivo. Por otra parte, existe uno de minoría, que presentaría el senador radical y presidente de ese partido a nivel nacional Martín Lousteau. Ese dictamen podría recibir el apoyo de Unión por la Patria.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) respaldaron ayer la Ley de Bases y el paquete fiscal, proyectos que serán debatidos mañana en el Senado, mientras advirtieron que "cualquier dilación que pueda ocurrir puede afectar no solo a las finanzas nacionales, sino también a las provinciales".   

De esta manera, los 10 mandatarios provinciales de JxC volvieron a darle un espaldarazo a la gestión del presidente Javier Milei, a 6 meses de su asunción. Se trata de los 2 megaproyectos insignia del Gobierno nacional.   

"Necesitamos dar una clara señal a los mercados, al mundo y a los argentinos que nuestro país avanza hacia el equilibrio fiscal, apuesta a la inversión privada y moderniza su sistema laboral", dice el comunicado oficial.   

En esa línea, finaliza: "Todos estos ejes han encontrado un consenso mayoritario entre el oficialismo y un sector de la oposición constructiva y dialoguista. No hay más tiempo que perder. Las provincias han manifestado su apoyo a los instrumentos requeridos por el Presidente".   

Las firmas del documento fueron rubricados por: Jorge Macri (CABA); Gustavo Valdés (Corrientes); Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut); Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Carlos Sadir (Jujuy); Alfredo Cornejo (Mendoza); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe).   

De conseguir la luz verde del Senado, la Ley de Bases y el paquete regresarán a la Cámara de Diputados por las modificaciones que sufrieron las iniciativas y que ya fueron plasmadas en el dictamen de mayoría que logró abrochar el oficialismo hace casi dos semanas. (NA).

Los diez gobernadores de Juntos por el Cambio salieron este lunes a pedir por la aprobación de la Ley Bases y del paquete fiscal que el miércoles tratará el Senado, en un contundente gesto de apoyo al Gobierno de Javier Milei.

El comunicado conjunto lo firmaron el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri y los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Leandro Zdero, de Chaco; Gustavo Valdés, de Corrientes; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Carlos Sadir, de Jujuy; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Marcelo Orrego, de San Juan; Claudio Poggi, de San Luis; y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

“Los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su apoyo contundente a la ratificación y sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal. Resulta indispensable darle las herramientas al gobierno nacional para avanzar con las transformaciones que votó mayoritariamente la sociedad argentina", sostuvieron en el texto.

Y advirtieron que “cualquier dilación que pueda ocurrir en el trámite legislativo puede afectar no sólo a las finanzas nacionales, sino también a las provinciales”.

“Necesitamos dar una clara señal a los mercados, al mundo y a los argentinos que nuestro país avanza hacia el equilibrio fiscal, apuesta a la inversión privada y moderniza su sistema laboral”, argumentaron, en medio de días de turbulencia desde lo económico por la caída de los bonos y la suba del dólar paralelo y el riesgo país.

Para los gobernadores de JxC “todos estos ejes han encontrado un consenso mayoritario entre el oficialismo y un sector de la oposición constructiva y dialoguista”, en la que se erigen.

El texto culminó con un mensaje de urgencia, que se lee tanto para la sociedad como para los senadores que deberán tratar la norma: “No hay más tiempo que perder. La mayoría de las provincias ha manifestado su apoyo a los instrumentos requeridos por el Presidente de la Nación y el Gobierno nacional”.