El Ministerio de Economía abrió los sobres de la licitación para la concesión de ocho tramos de rutas nacionales en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. El proceso contempla una extensión superior a los 3.900 kilómetros y una inversión que será ejecutada por empresas privadas.

El ministro Luis Caputo confirmó la participación de 20 oferentes para los corredores, los cuales se encuentran distribuidos en regiones clave para el transporte y la producción nacional. Al respecto, el funcionario señaló:

Con esta última etapa, se completa la concesión de más de 9.000 Km de rutas, que estarán todas en obra en las próximas semanas. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos.

La iniciativa abarca tramos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza. Según informaron desde la cartera económica, el modelo busca eliminar los subsidios estatales y transferir la gestión y el mantenimiento al sector privado.

Entre los corredores licitados se encuentran el Tramo Centro (681,92 kilómetros), que vincula zonas productivas entre Córdoba y Santa Fe; el Tramo Noroeste (596,52 kilómetros) que conecta provincias del norte; y el Tramo Cuyo (329,09 kilómetros), vital para el acceso a pasos internacionales hacia Chile. Otros trayectos incluyen los tramos Chaco – Santa Fe, Litoral, Mesopotámico y Noreste, los cuales facilitan la integración logística y el flujo de mercancías entre diversas regiones del país.

Con una inversión superior a los $2.137 millones, el Municipio de Tandil inició el proceso de licitación pública para concretar las obras de infraestructura de agua y cloacas en el desarrollo urbanístico Sans Souci, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La licitación cuenta con un presupuesto oficial de $2.137.217.678,37 y el acto de apertura de las ofertas presentadas por las empresas interesadas se realizará el próximo 30 de junio.

El proyecto, que tendrá un plazo de ejecución de 120 días a partir del inicio de los trabajos, contempla la realización de dos perforaciones para la provisión de agua, la construcción de una cisterna, una planta de ósmosis inversa y el tendido de 2.950 metros de red de agua, con sus respectivas conexiones domiciliarias.

Además, se ejecutarán 1.970 metros de red cloacal, junto con la instalación de 16 bocas de registro, lo que permitirá dotar de servicios esenciales a esta nueva urbanización.

A partir de un acuerdo con el Gobierno provincial, el Municipio de Tandil asumió el compromiso de acompañar el desarrollo urbanístico Sans Souci mediante el financiamiento y la ejecución de obras de infraestructura, entre ellas agua, cloacas, gas, tendido eléctrico y alumbrado público.

Esta licitación representa la primera de las intervenciones comprometidas, a las que próximamente se sumarán las obras correspondientes a gas, electricidad y alumbrado.

En esta etapa inicial, los trabajos permitirán garantizar la provisión de servicios para la construcción de 156 viviendas unifamiliares, correspondientes a la primera fase de un proyecto más amplio que contempla un total de 416 viviendas.

Tras la firma del decreto de llamado a licitación pública, el intendente Miguel Lunghi destacó: “Es importante continuar avanzando con obras estratégicas para el desarrollo de la ciudad, y la generación de suelo urbano y el acceso a la vivienda forman parte de ese objetivo. Por eso tomamos la decisión de acompañar al Gobierno provincial en este proyecto tan importante, del mismo modo que seguimos trabajando para concretar el desarrollo urbanístico del predio Carrasco”.

La Justicia federal solicitó este lunes al Gobierno nacional que entregue el expediente completo de una licitación convocada por la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa Rosada.

El pedido fue realizado por el fiscal federal Ramiro González, quien busca reunir información antes de definir si existen elementos suficientes para impulsar una investigación penal. La medida se adoptó en el marco de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

Según trascendió, el fiscal señaló que aún se desconoce el estado actual del procedimiento licitatorio y, por esa razón, consideró necesario requerir toda la documentación vinculada al trámite.

“Dado que se desconoce el estado actual de la licitación cuestionada, previo a analizar la procedencia del impulso de la acción penal, se considera necesario requerir información vinculada al trámite del procedimiento licitatorio y al estado actual del mismo”, sostuvo González en su resolución.

El principal cuestionamiento gira en torno a la participación de las firmas La Mantovana de Servicios Generales S.A. y Grub S.A., que se presentaron como oferentes en la licitación pública N.º 23-0005-LPU26.

De acuerdo con un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, ambas empresas integrarían un mismo grupo económico, lo que podría haber generado una apariencia ficticia de competencia dentro del proceso.

“Se cuestiona que en dicho procedimiento se habrían presentado como oferentes las firmas La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA, pese a que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluyó que ambas integran un mismo grupo económico”, indicó el fiscal.

Esa situación podría afectar la transparencia del procedimiento y constituir una maniobra irregular en una contratación del Estado.

La causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por Marcela Pagano contra Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.

En su presentación, la legisladora sostuvo que podrían haberse cometido los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Pagano inició su mandato como integrante del bloque oficialista de La Libertad Avanza, aunque posteriormente tomó distancia del espacio y se convirtió en una de sus voces más críticas.

Por el momento, el requerimiento del fiscal no implica la apertura formal de una causa penal, sino una etapa preliminar destinada a recopilar información para determinar si corresponde avanzar con la investigación.

Lo hizo luego del dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que advirtió sobre “serias y evidentes irregularidades” en el procedimiento impulsado por el Gobierno nacional.

En la presentación, Taiana incorporó nuevos elementos de denuncia a partir de las observaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción, que cuestionó distintos aspectos del proceso licitatorio y alertó sobre posibles incumplimientos normativos y restricciones a la competencia.

“El organismo sostuvo que durante la audiencia pública informativa se puso a disposición un volumen excesivo de documentación técnica en plazos que habrían impedido garantizar una participación ciudadana real y efectiva”, indicó la presentación.

Además, según el proyecto, “la Fiscalía cuestionó cláusulas vinculadas a eventuales cesiones del contrato, limitaciones para impugnar el proceso y restricciones a la participación de empresas bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas (UTE), lo que podría afectar la transparencia y la libre concurrencia en la licitación”.

El dictamen también retoma objeciones ya formuladas en procesos anteriores respecto de un “posible direccionamiento” de la licitación y advierte sobre la ausencia de un procedimiento adecuado de evaluación de impacto ambiental con intervención de la autoridad nacional competente en la materia.

“Estamos ante un proceso plagado de irregularidades y observaciones de enorme gravedad institucional. El Gobierno debe suspender inmediatamente esta licitación y garantizar un procedimiento transparente, competitivo y ajustado a la ley”, sostuvo Taiana. NA

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno avanzará con los pliegos de la licitación de AySA, que brinda servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que están en manos del Estado Nacional.

La decisión será oficializada este viernes en el Boletín Oficial, donde se conocerán los detalles de la operación que apunta a vender el 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., mientras que el 10% restante quedará en manos de los trabajadores.

"La incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos", detalló Caputo en su cuenta oficial de X.

El Gobierno de Javier Milei busca recaudar unos US$ 500 millones con esta operación, en base a lo que se pagó tras un juicio por la reestatización de las acciones de la compañía. Esto se sumará, de acuerdo a estimaciones del ministro, a las otras privatizaciones para hacer un monto de US$ 2.000 millones para pagar deuda.

"Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", sostuvo Caputo sobre este proceso por el que había dado un paso clave en agosto de 2025.

Aysa firmó hace dos semanas un nuevo contrato de concesión privada, que hace permanente el esquema en marcha desde 2024. El modelo contempla la concesión por 30 años, revisiones tarifarias cada cinco años, obligación de inversiones privadas sin asistencia estatal y que la concesionaria debe mantener el equilibrio económico financiero.

Entre los interesados, se encontraría la familia Neuss (junto a los dueños de Havanna y Newsan integra Edison Energía), los mismos que ganaron la contienda por Transener y Mauricio Filiberti, el dueño de Transclor.

La administración nacional llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la licitación de los tramos que integran la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Este proceso, que se basa en un modelo de inversión 100% privada, contó con la presentación de 17 oferentes interesados en la gestión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.

El anuncio fue liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien detalló que la convocatoria abarca corredores estratégicos situados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis. El objetivo primordial de este esquema es optimizar la conectividad y reforzar la seguridad vial en trayectos claves para la logística, el comercio y el turismo nacional.

Según la información oficial brindada por el Ministerio de Economía, la Etapa II-B se divide en cuatro segmentos principales:

El ministro Luis Caputo remarcó que el proceso se ejecuta sin subsidios estatales, reemplazando el gasto público por capitales privados para alcanzar una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Al respecto, el funcionario manifestó:

“Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”

Durante su intervención, el titular de la cartera económica vinculó estas obras con un repunte en la actividad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector de la construcción registró un crecimiento interanual del 12,7% en marzo. Luis Caputo proyectó que los mejores 18 meses para la economía comenzarán entre mayo y junio.

“Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales”

Asimismo, el ministro destacó que se están entregando rutas nacionales a las provincias para que inicien obras con financiamiento propio o créditos de organismos como el Banco Mundial, el BID y la CAF. Según su visión, esto permitirá ganar productividad en términos de logística.

No obstante, desde el ámbito privado surgieron matices sobre el impacto de estas medidas. Una fuente del sector consultada por Infobae advirtió que las concesiones viales inciden sobre el 30% de la obra pública, mientras que el 70% restante de la actividad sectorial corresponde a la obra privada.

El jueves tuvo lugar el acto de apertura de ofertas correspondiente a la licitación pública impulsada por el Municipio de Tandil, destinada a la ejecución de nuevas obras de extensión de las redes de agua potable y cloacas en distintos sectores de la ciudad. La iniciativa se enmarca en los programas de inversión en infraestructura urbana que lleva adelante la comuna.

El proyecto, financiado a través del Fondo de Obras Sanitarias (FOS), busca continuar mejorando el acceso a estos servicios esenciales para más vecinos.

En esta instancia, se contempla la construcción de 1.170,65 metros lineales de red cloacal y 2.172,95 metros lineales de red de agua, con un plazo estimado de 120 días desde el comienzo de los trabajos.

Las tareas de ampliación cloacal abarcarán los siguientes tramos: La Pastora al 1200 (av), La Pastora al 1300 (ci), Cabildo al 1600 (vi), Del Libertador al 600 (av), Hno. Crisóstomo al 100, Fortineros al 300 (av), Pabón al 900 (av), Primera Junta al 2900 (vp), Bariffi al 700 (vp) y Dante Alighieri al 400.

En tanto, la extensión de la red de agua se realizará en: Los Aromos al 700, Picheuta al 300 (av), Picheuta al 0 (av), Av. Juan B. Justo al 0 (vi), Av. Juan B. Justo al 100 (vi), Ijurco al 2800 (av), Hno. Crisóstomo al 100, Santa Cruz al 1800, 1900 y 2000, Suárez García al 900 y Jujuy al 600 y 700.

En la licitación se presentaron seis empresas con las siguientes propuestas: Galizio Construcciones SRL (propuesta básica obligatoria de $222.470.524,00 y alternativa con 20% de anticipo de $215.067.686,10); Tregar Ingeniería SRL (propuesta básica obligatoria de $277.257.055,00 y alternativa con 20% de anticipo de $225.103.905,00); Antares Obras y Servicios (propuesta básica obligatoria de $221.361.951,68 y alternativa con 20% de anticipo de $215.587.301,49); Transportes Malvinas SRL (propuesta básica obligatoria de $268.783.931,67 y alternativa con 20% de anticipo de $260.808.404,82); 2MG Empresa de Servicios Tandil SRL (propuesta básica obligatoria de $224.838.253,35 y alternativa con 20% de anticipo de $148.898.651,80) y Usicom S.A.: propuesta básica obligatoria de $220.812.600,00 y alternativa con 20% de anticipo de $209.550.465,00.

A partir de estos momentos, la comisión de preadjudicación deberá evaluar la documentación presentada por las empresas para determinar el resultado de la licitación.

El gobierno nacional llevó a cabo la apertura de sobres de las licitaciones para definir las concesiones privadas de diferentes rutas, entre ellas la 226. El consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco –que había presentado la tarifa de peaje más baja-, quedó en primer lugar, aunque no se descarta que haya impugnaciones al procedimiento. Una de ellas, la anunciada por la Provincia, que fue excluida de la licitación y denunció que “cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”.

Entre las empresas presentadas, Concret Nor S.A, Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A habían propuesto la tarifa de peaje más económica para los 1.325 kilómetros del tramo “Sur-Atlántico-Acceso Sur”. El mismo contempla la traza urbana de la Ruta Nacional 226 que pasa por Tandil. La oferta del grupo fue de 997 pesos más IVA, lo que arroja un valor de 1206 pesos.

Cabe recordar, el gobierno nacional había lanzado la concesión de más de 1800 kilómetros de rutas nacionales. El primero en el mencionado tramo, y otro el tramo Pampa, que se extiende por casi 550 kilómetros. Desde la administración central anunciaron en septiembre pasado que una vez asignadas las empresas a cargo, pasarán a disolver a la actual concesionaria, la estatal Corredores Viales.

De acuerdo a los detalles de los pliegos que dio a conocer Vialidad Nacional, quien asuma la concesión del tramo que involucra a la 226 deberá construir una pasarela peatonal en la localidad de Sierra de los Padres, una colectora entre el kilómetro 163 y 164,1 desde Pedersen a Reforma Universitaria, y concretar la semaforización de la traza urbana de Tandil entre el kilómetro 162,7 y el 171,7.

Desde  Estrellas Amarillas Tandil habían valorado que se hayan incorporado dichas obras, pero también cuestionaron los plazos para la ejecución de las mismas. De acuerdo a lo planteado por la organización, durante el primer año de concesión no habría avances significativos en infraestructura y las empresas deberán limitarán a tareas de bacheo y mantenimiento general, mientras que los trabajos estructurales recién comenzarían en el segundo y tercer año. “El plazo es muy pobre”, había expresado Hernán Mansilla -parte de la entidad- quien además cuestionó que se priorice la rentabilidad privada por sobre las necesidades de seguridad vial.

El gobierno bonaerense cuestionó el proceso licitatorio para asignar la concesión de los tramos de las rutas nacionales, e incluso funcionarios de primera línea anunciaron que avanzarán con acciones al respecto. Cabe recordar, la Provincia se había presentado como oferente a la licitación. Fue a través de la empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), pero finalmente resultó excluida.

“Ante la preocupación sobre la transparencia del proceso, hoy solicitamos al Ministerio de Economía de la Nación —bajo cuya órbita se lleva adelante esta licitación— la intervención de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia para que hagan de veedores y garanticen la transparencia. Venimos observando modificaciones y decisiones que marcan una arbitrariedad manifiesta en la asignación de concesionarios. Una semana antes, modificaron 33 de 34 artículos y cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada”, había publicado el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.

Sin embargo, Aubasa resultó “desestimada” a través de la resolución 537/26 del Ministerio de Economía de Nación. En el mismo comunicado, Nación definió que el martes 21 de abril a las 20 horas se lleve a cabo la apertura de sobres de las ofertas preclasificadas. 

En dicha instancia fue que el consorcio integrado por Concret Nor S.A, Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A resultó en primer lugar. Fuentes consultadas por El Eco de Tandil no descartaron que las acciones provinciales avancen hacia la impugnación judicial del proceso.

La defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, se sumó a los cuestionamientos en torno a la licitación de la Ruta Nacional 226 y expresó su preocupación por el impacto que podría tener el proyecto si no se contemplan las particularidades del tramo que atraviesa la ciudad.

En el marco del debate que ya había sido impulsado por distintos actores políticos y sociales —entre ellos el concejal Iparraguirre—, la funcionaria remarcó la necesidad de que la obra contemple una mirada integral, que priorice la seguridad vial, la conectividad urbana y la calidad de vida de los vecinos.

En diálogo con El Eco Multimedios, explicó que según se viene señalando en distintos ámbitos, la traza urbana de la ruta representa una de las principales problemáticas estructurales de Tandil, tanto por su condición de barrera física como por los riesgos que implica para quienes la transitan a diario. En ese sentido, distintos sectores vienen advirtiendo que el crecimiento de la ciudad, especialmente hacia el norte, profundizó las dificultades de circulación y multiplicó los puntos críticos.

En esa línea, Lafourcade advirtió que cualquier proceso licitatorio debe contemplar no sólo la circulación vehicular, sino también la realidad de quienes viven, trabajan o estudian a ambos lados de la ruta. “No se trata solamente de mejorar el tránsito, sino de pensar cómo se integra esa traza a la ciudad”, planteó, en sintonía con los reclamos que vienen sosteniendo vecinos y organizaciones.

En ese marco, Lafourcade también puso el foco en posibles irregularidades en el proceso de licitación, y advirtió sobre la necesidad de extremar los controles institucionales. Según señaló, existen inquietudes respecto a la transparencia, los plazos y las condiciones en las que se lleva adelante el llamado, en línea con cuestionamientos que ya habían sido planteados por otros actores.

La defensora del Pueblo sostuvo que es fundamental que toda la información vinculada al proceso sea clara, accesible y pública, y que se garantice el cumplimiento de los mecanismos legales correspondientes. “Cuando se trata de una obra de esta magnitud, no puede haber dudas. La transparencia es clave para generar confianza en la comunidad”, remarcó.

La titular de la Defensoría del Pueblo recordó que el organismo viene acompañando el reclamo histórico por obras en la 226 y que incluso ha participado en instancias como audiencias públicas y reuniones con vecinos, donde se expusieron las dificultades cotidianas para cruzar la traza, la falta de infraestructura adecuada y los reiterados siniestros viales.

Además, remarcó la importancia de incorporar obras complementarias que permitan mejorar la seguridad, como accesos controlados, cruces seguros, iluminación y señalización adecuada. En ese sentido, insistió en que las soluciones parciales o de corto plazo no resuelven el problema de fondo.

Otro de los puntos que subrayó fue la necesidad de que el proceso sea transparente y contemple instancias de participación ciudadana. Según indicó, las decisiones que se adopten en esta etapa tendrán consecuencias durante décadas, por lo que consideró fundamental que la comunidad pueda expresar sus necesidades y preocupaciones.

Asimismo,  señaló que el Estado nacional mantiene la responsabilidad sobre la infraestructura, independientemente del modelo de gestión o concesión que se adopte, y remarcó que debe garantizarse una respuesta acorde a la magnitud del problema.

Finalmente, planteó que este proceso representa una oportunidad clave para avanzar en una solución definitiva, pero advirtió que si no se contemplan las demandas históricas de la comunidad, existe el riesgo de repetir errores del pasado. Por eso, insistió en la necesidad de avanzar en un proyecto que no sólo mejore la circulación, sino que también integre la ruta a la vida urbana de Tandil y dé respuesta a una problemática que lleva años sin resolverse.

La tasa se ubicó al 5,89 por ciento TIREA (5,74 TNA), según anunció el Ministerio de Economía.

Esta segunda vuelta, estuvo destinada a todas las personas humanas o jurídicas interesadas en participar, las que debieron realizar la presentación de sus ofertas a través del sistema de licitaciones.

La decisión oficial de no convalidar instrumentos a tasa fija en la última licitación del Tesoro tuvo un efecto inmediato: se liberaron pesos al mercado y el dólar reaccionó en alza

Federico Machado, especialista de Economía Open, dijo que en la segunda vuelta del AO27 el Gobierno logra completar nuevamente el cupo máximo.

De esta forma, consigue 250 millones de dólares en financiamiento al 5,9 por ciento.

Si el cupo hubiera sido mayor, podría haber conseguido hasta 498 millones a dicha tasa (el doble). Esto hace pensar en una muy probable compresión de tasa en el mercado secundario la semana que viene.

En la jornada previa se llevó a cabo la primera ronda. El Tesoro colocó el miércoles los primeros 150 millones de dólares.

El objetivo final es conseguir unos 2.000 millones de dólares para afrontar los vencimientos de julio con bonistas privados.

El ARGBON27 o Bonar 2027 ofrece un cupón fijo del seis por ciento anual en dólares (0,5% mensual) y amortiza el 100% del capital al vencimiento.

Para muchos analistas, el principal atractivo del bono es su corta duración y el hecho de que todo el repago ocurre antes del cambio de gobierno de 2027. NA

Este lunes, el Gobierno nacional avanzó en el proceso de privatización del sistema vial al convocar a una licitación pública nacional e internacional para concesionar una amplia red de rutas nacionales. La convocatoria se da en el marco del plan oficial para transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de los principales corredores del país.

La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La misma se inscribe dentro del proceso de privatización total de Corredores Viales S.A., la empresa estatal que actualmente administra gran parte de las rutas concesionadas.

La licitación corresponde a la Etapa III de la “Red Federal de Concesiones” y comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco, Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

Entre las trazas incluidas figuran sectores de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de accesos y variantes clave, de las cuales la mayoría se encuentra actualmente bajo control de Corredores Viales.

El esquema del Gobierno prevé la concesión de obra pública por peaje. A través de esta modalidad, las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo no solo del cobro, sino también de la construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, además de la prestación de servicios a los usuarios.

Al mismo tiempo, el Gobierno nacional aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada tramo.

Toda la documentación puede ser consultada y descargada por los interesados en la plataforma Contratar.Ar, con un plazo estipulado hasta el “04/05/2026 a las 13:00 horas”. En tanto, para la presentación de las ofertas la fecha límite es el 18 de junio al mediodía.

Cabe destacar que la semana pasada se lanzó una nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias, correspondiente a la Etapa II-B. Así lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien especificó que la convocatoria es de alcance nacional e internacional y comprenderá cuatro corredores estratégicos.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires llamará en los próximos días a licitación por el Tramo V del Plan Maestro del río Salado, una obra hídrica clave para mitigar las inundaciones, luego de que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) habilitara avanzar con un préstamo por US$138 millones.

La decisión se tomó a pesar de que el Gobierno de Javier Milei mantiene retrasados los trabajos correspondientes a la etapa 2 del tramo IV, que debe terminarse antes de empezar la parte que le corresponde a la administración bonaerense. Pese a que la entidad bancaria había condicionado el financiamiento a que se completara el Tramo IV, ahora permitió que la Provincia continúe aun cuando esa etapa nacional todavía no terminó.

Aún así, el BEI dio el visto bueno y otorgó la “no objeción técnica”, el aval clave para poner en marcha el proceso licitatorio. Tal como confirmó el propio Axel Kicillof horas atrás, la del Tramo V será la primera licitación del 2026. Se trata de 95,38 kilómetros entre el Canal del Este, de la laguna de Bragado, y la descarga en la laguna El Carpincho, en Junín, atravesando además Chacabuco y Alberti.

El paquete de obras incluye la adecuación y ensanche del cauce, dragado, conformación de recintos laterales para absorber crecidas y otras intervenciones que resultan claves para el funcionamiento hidráulico del sistema. Dentro de ese esquema, el financiamiento del BEI se concentrará principalmente en los subtramos 5.1 y 5.2, mientras que el 5.3 quedará para una fase posterior.

También se prevé intervenir diez puentes -ocho carreteros y dos ferroviarios-, ejecutar la obra de cierre de la laguna Rocha y avanzar en un modelo hidrodinámico del sistema junto al Instituto Nacional del Agua (INA) para evaluar el comportamiento del río, validar las obras realizadas y mejorar la planificación futura.

Las obras en el río Salado avanzaron de forma ininterrumpida durante más de dos décadas, pero a partir de la asunción de Javier Milei la administración nacional paralizó los trabajos correspondientes a la etapa 2 del Tramo IV. Al discontinuarse la obra, se produjo una especie de embudo que impide que baje el agua como corresponde. Se estima que los 33 kilómetros pendientes de la etapa actual, permitirían recuperar cerca de 3 millones de hectáreas productivas hoy anegadas.

En medio de las inundaciones que castigaron este año a gran parte de la provincia, Patricia Bullrich, siendo ministra de Seguridad, visitó la ciudad de 9 de Julio y prometió que Nación finalizará el tramo que le corresponde. “La etapa 4 fue iniciada en septiembre por el Gobierno nacional. Esperamos terminarla en un año, y la siguiente corresponde a la Provincia”, explicó.

En ese sentido, el Gobierno provincial proyecta la finalización del Plan Maestro Integral de la cuenca del río Salado, una obra integral y emblemática que permitirá mitigar los efectos de los períodos de sequías e inundaciones en la cuenca del río Salado, abarcando a 59 municipios y alcanzará a una población de más de 1,5 millones de habitantes.

Del total de 17 millones de hectáreas de la Cuenca del Salado, 3,8 millones de has están dedicadas a la agricultura, 11,25 millones de has a la ganadería. De hecho, la cuenca concentra el 75% del stock vacuno bonaerense, lo que representa el 28% del total nacional. Y en cuanto a la agricultura, entre el 60% y el 70% de los granos que produce la provincia se generan en esta región.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno Nacional lanzará este lunes la licitación que dará paso a la concesión de Tecnópolis.

“El predio (históricamente deficitario bajo la administración kirchnerista) pasará a funcionar bajo un esquema de inversión privada: nunca más será una carga para los bolsillos de los argentinos”, indicó el jefe de Gabinete el pasado domingo.

De esta forma, el Gobierno avanzará con su plan de racionalización de recursos y déficit cero con el llamado a Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25 para la concesión del uso y explotación del predio de Tecnópolis en Villa Martelli. La medida se comunicó a través de un documento difundido en la jornada del domingo.

Según argumenta el Gobierno en el texto oficial, la concesión tendrá una duración inicial de 300 meses (25 años). El principal objetivo de la misma será que el Estado deje de financiar una de las estructuras más deficitarias de la administración, garantizando, a su vez, la continuidad de las actividades en el predio mediante inversión privada.

El comunicado justifica la decisión con la supuesta crítica situación financiera del inmueble, que se encontraba bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Según indicaron, el predio acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones. Al mismo tiempo, se reportó equipamiento faltante por $554 millones (con denuncia judicial en trámite) y se hacía necesario un mantenimiento permanente financiado exclusivamente por el Estado.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno ya había iniciado un proceso de ordenamiento que incluyó la reducción de la dotación de personal en más del 30%, pasando de 333 a 198 empleados.

La nueva licitación buscará profundizar este cambio de esquema que, según expresó el Ejecutivo, ya permitió al Estado dejar de gastar y comenzar a recaudar. Los ingresos del 2024 fueron de $600 millones y se espera llegar a $2.749 millones al cierre del corriente año.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $611 millones para la concesión, asegurando la continuidad del ingreso para el Estado.

El Ministerio de Economía anunció el resultado de la licitación del título BONAR 2029N, en donde consiguió US$1.000 millones a una tasa anual de 9,26%.

En total, se recibieron ofertas por US$1.420 millones de las cuales se adjudicaron US$1.000 millones en total.  Con la tasa del 9,26% anual, el Gobierno estaría pagando aproximadamente US$92,6 millones por año.

“Esto refleja el valor asignado a la estructura de mercado, con amortización íntegra al vencimiento y una demostrada confianza de los inversores en las mejoras de 'fundamentals' económicos”, señaló el Ministerio de Economía.

Este miércoles, el Municipio inició el llamado a licitación pública para ejecutar las obras que permitirán finalizar la construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica Nº 3. Se trata de una iniciativa que se desarrolla a partir de un acuerdo entre el gobierno local y la Provincia.

La licitación cuenta con un presupuesto oficial de $2.400.237.794,10 y el acto de apertura de ofertas se realizará el próximo martes 27 de enero de 2026 a las 11 horas.

El proyecto será financiado de manera conjunta, bajo un esquema similar al utilizado para la construcción de los edificios del IPAT, el Conservatorio de Música y la reciente refacción de la Escuela Nº 7. En esta ocasión, la Provincia aportará el 70 % de los fondos, mientras que el Municipio cubrirá el 30 % restante.

El acuerdo, rubricado por el intendente Miguel Lunghi y el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, permitirá completar los trabajos en el edificio ubicado en Italia y Liniers. Además, posibilitará el traslado definitivo de la institución.

Tras firmar el decreto de llamado a licitación, el Intendente destacó la importancia de la obra, que dará respuesta a un reclamo sostenido durante años por la comunidad educativa. “Hace tiempo venimos gestionando para que se complete la construcción, siempre tratando de aportar lo posible para alcanzar una solución definitiva, del mismo modo que lo hicimos con el IPAT, el Conservatorio, los jardines 912 y 927 o la Escuela 7”, afirmó.

Además, recordó que “las instituciones educativas dependen de la Provincia”, pero subrayó que “estamos convencidos de la importancia de la educación para construir una sociedad mejor, y para eso es necesario contar con una buena infraestructura". 

"Por eso siempre hemos estado dispuestos a colaborar y apoyar proyectos que permitan brindar soluciones a docentes y alumnos de nuestra ciudad”, concluyó Lunghi.

El llamado a licitación pública se concreta tras el trabajo conjunto de los equipos técnicos de la Provincia y el Municipio para elaborar el pliego necesario para completar la obra, que se encuentra paralizada desde hace aproximadamente seis años.

A través de la Resolución 1843/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno activó el proceso para concesionar corredores clave como la Autopista Riccheri, la Ruta 226, la Ruta 3 y la Ruta 5. El nuevo esquema elimina los aportes del Tesoro y busca revertir el déficit del sistema anterior. Además, la medida se suma a la reciente adjudicación de la Etapa I.

En un paso decidido hacia la reestructuración del sistema vial nacional, el Gobierno Nacional oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC).

La medida pone a disposición del sector privado la construcción, explotación, administración y mantenimiento de más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales. Esto se dará bajo un modelo de gestión que marca un quiebre con la administración precedente, con la eliminación total de los subsidios estatales.

La iniciativa busca sanear las cuentas públicas al discontinuar un esquema que el Ejecutivo califica como "deficitario" y carente de beneficios tangibles para los usuarios. De esta forma, la sostenibilidad financiera de los corredores dependerá exclusivamente de la eficiencia de los nuevos operadores privados, sin fondos por parte del sector público.

La licitación de esta segunda etapa se estructura en dos grandes bloques geográficos que abarcan arterias neurálgicas para la producción, el turismo y la logística de la Provincia de Buenos Aires y La Pampa.

Por un lado, el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur. Este es el bloque más extenso y complejo, con una longitud total de 1.325,17 kilómetros. Dada su magnitud, se subdivide en tres ejes operativos.

- Subtramo Sur (870,55 km): Comprende la gestión de las Rutas Nacionales N° 3 y N° 205, vías fundamentales para la conexión con el interior bonaerense y el transporte de granos.

- Subtramo Atlántico (404,32 km): Abarca la Ruta Nacional N° 226, corredor transversal clave que conecta zonas portuarias y turísticas.

- Subtramo Acceso Sur (50,30 km): Incluye los ingresos más críticos a la Ciudad de Buenos Aires y al aeropuerto internacional: la Autopista Ezeiza - Cañuelas, la Autopista Riccheri y la Autopista Jorge Newbery.

Por otro lado, también está incluido el Tramo Pampa. Este segundo bloque licita una extensión de 546,65 kilómetros concentrados exclusivamente en la Ruta Nacional N° 5. El contrato abarcará desde el Kilómetro 65 (zona de Luján, Buenos Aires) hasta el empalme con la Ruta Nacional N° 35 (Santa Rosa, La Pampa), un corredor vital para el agro que ha demandado obras de infraestructura durante años.v1XxIg

El lanzamiento de esta segunda etapa se encadena con la adjudicación, concretada en el día de ayer, de la Etapa I de la RFC. En esa primera instancia se definieron los operadores para los Tramos Oriental y Conexión, que suman otros 741 kilómetros a la red privatizada.

En cuanto a la fiscalización, la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, mantendrá su rol como autoridad de aplicación. Será la encargada de supervisar y controlar el cumplimiento estricto de los contratos de concesión actuales y futuros, velando por la calidad de la infraestructura y la seguridad vial de los usuarios en este nuevo marco de gestión privada.

Este viernes se dieron a conocer las ofertas de la licitación convocada por el Municipio de Tandil para realizar el cambio del techo en algunos sectores específicos del hospital “Enrique Larreta” de María Ignacia Vela.

El proyecto de reforma incluye el cambio de la cubierta existente en algunos sectores del hospital, un aproximado de 600 metros cuadrados, en donde se desmontarán las tejas francesas y la zinguería existentes para ser reemplazados por chapa. Dentro de las tareas a realizar también se prevé el desmonte en su totalidad del listonado de 1"x2", el entablonado y la aislación hidrófuga. 

En el pliego oficial se establece que el entablonado se reutilizará en la construcción de la nueva cubierta y que, en el caso de la estructura resistente, se verificará el estado de la escuadria, eliminando y sustituyendo todas aquellas que se encuentren en malas condiciones.

En la licitación se presentaron las siguientes empresas: 

Hubo una séptima empresa que no cumplió con los requisitos establecidos en el pliego, por lo que no se abrió su oferta.

A partir de estos momentos, la comisión de preadjudicación deberá evaluar toda la documentación presentada para determinar el resultado de la licitación.

Este martes se realizaron los actos de apertura de ofertas de las licitaciones públicas convocadas por el Municipio de Tandil para concretar la puesta en funcionamiento de una planta de hormigón en la Dirección de Vialidad, un proyecto que permitirá profundizar los programas de infraestructura vial.

La iniciativa se financia con recursos obtenidos por la venta del predio ubicado en la av. Santamarina, tal como lo establece la ordenanza que autorizó la subasta del inmueble.

Con la apertura de la planta de hormigón el gobierno local podrá aumentar la cantidad de obras de pavimentación, repavimentación y construcción de cordón cuneta que lleva adelante en diferentes zonas de la ciudad.

En las tres licitaciones públicas convocadas por el Municipio se adquirirá una planta dosificadora de hormigón, dos camiones y dos motohormigoneras 0km.

Mientras tanto, en el predio de Vialidad se harán los trabajos de acondicionamiento necesarios para aportar mayor potencia energética, construcción de una playa de maniobras de hormigón y trabajos de iluminación.

De acuerdo a lo establecido en la normativa que regulaba la subasta del predio de Santamarina, los fondos obtenidos a partir de la venta de ese inmueble eran para la puesta en funcionamiento de dos plantas de pavimento (una de hormigón y otra de asfalto); la adquisición de macizos de tierras para generación de suelo urbano y lotes con servicios, y para la construcción de infraestructura o generación de lotes con servicios en el desarrollo urbanístico “Sans Soucí”.

En la licitación para la adquisición de dos motohormigoneras se presentaron dos empresas: Tecnus SRL con una cotización por $222.164.621,20 e Indumix S.A. con una cotización por $213.334.302,22.

Mientras que en la licitación para la adquisición de una planta dosificadora de hormigón se presentaron las siguientes empresas: Tecnus SRL con una cotización por $291.678.676,30 e Indumix S.A. con una cotización por $349.161.460,69.

En las dos licitaciones las firmas adjuntaron documentación con descripción y/o ficha técnica de los productos ofrecidos, incluyendo la garantía de la unidad ofertada y las condiciones del servicio de postventa.

Ahora la comisión de preadjudicación deberá analizar toda la documentación presentada por los oferentes y determinar el resultado.

En la tercera licitación, convocada para la compra de dos camiones para motohormigoneras, no se presentó ninguna empresa. Es por eso que el Municipio hará un segundo llamado.

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°7, que desde hace tiempo funciona en la Casa del Deporte, espera ansiosamente el avance de las obras que permitirán su regreso al edificio original, uno de los temas pendientes que más expectativas genera en lo que refiere a infraestructura escolar de la ciudad. En este contexto Diana Balbín, consejera escolar de Unión por la Patria, compartió con El Eco Multimedios algunos avances importantes que tienen que ver con el desarrollo de las obras. 

En primer lugar, señaló que el edificio ha enfrentado "distintas dificultades con varias obras que han quedado truncas", incluyendo un inicio de obra en 2023 que se neutralizó en 2024 por "problemas en los valores". El objetivo es que la escuela primaria regrese y que la Escuela Técnica 5, que comparte el mismo predio, también pueda disponer de mayores espacios.

Actualmente, el proceso implica un trabajo conjunto con la Provincia en la elaboración de una propuesta, con el "compromiso del Municipio de acompañar las medidas". Lo que se está esperando ahora es el avance en el proceso licitatorio. Se ha confirmado que la primera etapa de la obra contemplará la rehabilitación de la planta baja del edificio, lo que incluye el refuerzo de losas, ya que existía un "problema estructural muy grave" que extendió los plazos de intervención. 

Esta primera fase busca garantizar la habitabilidad de las aulas y todos los espacios de la planta baja, además de incluir "mejoras en los pisos, en los cielorrasos, en los revestimientos", la habilitación y mejora del baño de la planta baja y la instalación de un sistema de calefacción eléctrico. Adicionalmente, esta etapa contempla la finalización de trabajos iniciados en 2023 que quedaron inconclusos, como la construcción de un playón deportivo y trabajos de arbolado.

La inversión requerida es significativa debido a la naturaleza estructural de los problemas. Se está considerando un financiamiento compartido entre el Municipio y la provincia, similar a lo que fue la construcción del edificio del IPAT y el Conservatorio. El monto oficial de la licitación es de 446.110.514 pesos. La apertura de sobres está prevista para el 21 de agosto, y se espera tener novedades sobre las empresas interesadas y sus ofertas. Las últimas licitaciones para obras similares han mostrado interés de las empresas, con "más de una oferta" presentándose, por lo que se espera contar con opciones. 

La obra tiene un plazo estimado aproximado de 180 días. Balbin expresó la expectativa de que la escuela pueda reabrir en el "menor tiempo posible", aunque siempre se manejan con cautela hasta tener datos ciertos sobre los avances. Es una necesidad urgente para la comunidad, ya que es "la escuela que más nos tiene preocupados porque es la única que hasta hoy estuvo funcionando fuera de un local escolar", indicó la consejera.

Respecto a la segunda etapa, que contempla la planta alta, no hay fechas ni precisiones estimadas. Lo primordial en la primera etapa es "que se recuperen los criterios básicos de habitabilidad", garantizando que la escuela pueda funcionar de manera segura. La consejera señaló que, al ser una obra "muy muy grande y realmente necesaria", se avanza con cautela y precisión para evitar cualquier tipo de obstáculo.

El Gobierno Nacional se prepara para publicar, en los próximos días, el llamado a licitación nacional e internacional para concesionar más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias clave del país.

Esta iniciativa forma parte de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones. La misma contempla ocho tramos estratégicos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa, con obras obligatorias de rehabilitación, mantenimiento y mejoras estructurales.

La licitación se oficializará a través del Boletín Oficial en el transcurso de semana o la próxima. La Red Federal de Concesiones es el principal esquema por el cual el Gobierno busca desligarse del mantenimiento de las principales trazas viales a cargo de Nación. Se trata de 9.154,67 kilómetros distribuidos en dieciocho tramos que representan el 20% de la red vial nacional, pero concentran el 80% del tránsito.

La propuesta incluye obligaciones de inversión, estándares de servicio y seguridad, así como también la implementación del sistema Free Flow, que eliminará barreras de peaje físicas hacia 2027.

Esta etapa se lanza bajo el Decreto 97/2025, que habilita la privatización de estos corredores y la liquidación de Corredores Viales S.A., en línea con la política del gobierno de Javier Milei de reestructurar la obra pública hacia un esquema concesionado. El proceso será supervisado por el Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher.

Durante el mes pasado se hizo el llamado a licitación de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones, que abarca la denominada Ruta del Mercosur, la cual tiene solo dos tramos y una extensión de 741,71 kilómetros. El viernes pasado la Secretaría de Transporte comunicó la prórroga del cierre de la licitación a pedido de las mismas empresas interesadas. En vez de finalizar en agosto, la fecha se pasó para comienzos de septiembre.

En paralelo, todavía continúa suspendido el Decreto 461/2025 que disolvía la Dirección Nacional de Vialidad, por decisión de la jueza federal Martina Forns. Pese a ello, el Ejecutivo reafirma su plan de centralizar funciones en Transporte y avanzar hacia un esquema basado en la planificación, supervisión y administración de contratos sin intervención directa en la ejecución de obras.

- El Tramo Sur, que abarca la Ruta Nacional 3 desde Cañuelas hasta Bahía Blanca y la Ruta Nacional 205 hasta las cercanías de Bolívar.

- El Tramo Atlántico, a través de la Ruta Nacional 226 desde Mar del Plata hasta Bolívar.

- El Tramo Pampa, a lo largo de la Ruta Nacional 5 desde Luján hasta Santa Rosa y Realicó.

- El Tramo Mediterráneo, conformado por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 35.

- El Tramo Puntano, con la Ruta Nacional 8 desde Pilar hasta Villa Mercedes (incorporando otras rutas provinciales de Buenos Aires, Córdoba y San Luis), además de mejorar el vínculo con corredores portuarios y logísticos del Paraná.

- El Tramo Portuario Sur, que supone la conexión desde Campana hasta Rosario.

- El Tramo Portuario Norte, que conecta de San Nicolás hacia el centro del país.

- El Acceso Sur, abarcando las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.