Hoy comienza en el Senado el debate por la modificación de la Ley de Glaciares (26.639), en una sesión en la que el Gobierno buscará redefinir la protección del ambiente periglacial con el objetivo de atraer proyectos vinculados a la megaminería e hidrocarburos. La iniciativa genera controversia y resistencia de sectores ambientalistas.

El oficialismo intentará modificar artículos clave vinculados a la protección hídrica y otorgar mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos.

En ese contexto, múltiples figuras del espectáculo y la cultura se manifestaron en contra de la propuesta impulsada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) y en defensa de la ley 26.639, sancionada en 2010.

En el marco de una junta de firmas iniciada por la Asociación de Abogados Ambientalistas en rechazo al vaciamiento de la norma, reconocidos nombres de la cultura argentina se sumaron a la campaña, entre ellos también artistas de proyección internacional.

Ricardo Darín, Federico D’Elía, Erica Rivas, Lucrecia Martel, Rita Segato, Celeste Cid, Dolores Reyes, Mercedes Morán, Eleonora Wexler, Tomás Saraceno, Soledad Barruti, Daniel Grinbank, Andrea Pietra, Gabriela Cabezón Cámara, Claudia Piñeiro, Roberto Gargarella, Georgina Barbarrosa, Verónica Gago, Abel Gilbert, Julieta Díaz, Darío Sztajnszrajber, Maitena Burundarena, Juan Carlos Kreimer, Marcelo Piñeyro y Selva Almada, entre otros, expresaron públicamente su rechazo a las reformas.

Con esta campaña, la entidad busca demostrar el compromiso social y advertir al Congreso que “no hay licencia social para avanzar sobre los glaciares”.

En las últimas horas, personalidades como Erica Rivas, Claudia Piñeiro y Carla Peterson compartieron la solicitada titulada “Los glaciares no se tocan”, junto a la ilustración realizada por Maitena Burundarena.

Por su parte, la escritora Claudia Boaf difundió videos informativos sobre el impacto que tendría la modificación de la ley, mientras que la actriz Lorena Vega compartió un clip difundido por la cuenta Revista Sudestal, en el que se anticipan posibles consecuencias de los cambios y el riesgo que, según advierten, correría el país si se concreta la reforma.

El debate en el Senado se desarrollará en un clima de fuerte discusión política y con una activa participación de sectores de la sociedad civil que buscan frenar cualquier modificación a la normativa vigente.

Trabajadores y trabajadoras de Tandil se manifestaron en contra del proyecto de Reforma Laboral que comenzó a tratarse en el Senado. Tras convocarse a la Plaza Independencia, marcharon por las calles céntricas entregando volantes en los que propusieron alternativas a la iniciativa del gobierno nacional. Hubo vecinos docentes, investigadores, trabajadores municipales, estatales, y de sindicatos como Smata, personal de casinos o peajes, así como también jubilados. También participaron ediles de Fuerza Patria e integrantes de la agrupación Franja Morada.

"Esta es una un primer encuentro del día convocada por la Mesa Intersindical, por los sindicatos de Tandil, manifestándonos en contra de una reforma laboral regresiva que lo único que va a aportar es más desempleo, más miseria y menos derechos para los trabajadores y trabajadoras, en Tandil y en todo el país", expresó el secretario general de ATE a nivel local, Hernán Gasparini, en diálogo con El Eco.

En la convocatoria, representantes de los diferentes sindicatos leyeron un comunicado conjunto, y entregaron un volante en el que plantearon que ningún salario esté por debajo de la canasta básica; el reconocimiento de derechos para los trabajadores de plataformas, con cobertura de salud y un piso salarial garantizado; el derecho a la desconexión digital; la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y la imperiosa necesidad de proteger la industria nacional y las pymes para asegurar un empleo de calidad y con poder adquisitivo.

"Si uno se pone a pensar en retrospectiva respecto a algunas cuestiones, los estatales ya estamos sufriendo cuestiones vinculadas a reforma laboral a partir de la imposición del primer decreto de Milei, por ejemplo, con el tema de la disponibilidad. Después de un pequeño tiempo de seis meses se quedan sin laburo, sin indemnización. Este gobierno nacional avanza en contra de nuestros derechos", expuso Gasparini.

Asimismo, el referente sindical se refirió a la situación de aquellos sectores que actualmente se encuentran fuera del sistema registrado, alertando sobre el riesgo de consolidar la precariedad bajo un nuevo marco legal. 

"Entendemos que hay muchos trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad y de todo el país, que hoy pareciera que les quedara lejos determinados derechos, como pueden ser el aguinaldo, las vacaciones pagas o la obra social, porque son parte de ese laburo informal. Hoy lo que va a pasar es que va a legalizarse esa forma de trabajo. A partir de este momento, esa informalidad va a ser parte de una nueva legalidad", manifestó.

Finalmente, el secretario general puso el foco en el financiamiento de las futuras indemnizaciones y el impacto directo que esto tendría sobre las jubilaciones.

"Esto también afecta a nuestros viejos y nos va a afectar a nosotros cuando estemos en la edad jubilatoria. El tres por ciento de la guita que va para los aportes jubilatorios se va a utilizar para que los empresarios dejen de poner de la suya para bancar las indemnizaciones", denunció Gasparini, subrayando que bajo esta lógica los trabajadores terminarían financiando sus propios despidos con fondos de la seguridad social.

A través de esta movilización, los sindicatos locales buscaron impulsar la toma de conciencia entre los trabajadores tandilenses sobre el carácter histórico de la disputa. Gasparini instó a la comunidad a seguir de cerca la votación en la Cámara Alta y advirtió que será necesario identificar a quienes califiquen como "traidores" por votar en contra de los intereses de la clase trabajadora.

Críticas a la "estafa" de la modernización

Los gremios de la ciudad leyeron un comunicado conjunto en el que señalaron que la iniciativa del gobierno nacional no representa una mejora ni una enmienda, sino un perjuicio directo para los trabajadores, limitando derechos que fueron modelo y ejemplo para el resto de Latinoamérica.

Los sindicatos afirmaron que para generar empleo genuino no hace falta flexibilizar las condiciones, sino que el Estado escuche al pueblo y se ocupe de proteger a las empresas que cierran sus puertas diariamente.

El documento también hizo hincapié en la modificación del sistema de indemnizaciones, advirtiendo que, de aprobarse la ley, estas podrán pagarse en cuotas y con montos sensiblemente menores a los actuales.

Además, alertaron sobre la inminente pérdida de las horas extras y el riesgo de que la legislación se ajuste exclusivamente a la medida de las grandes corporaciones. Para las organizaciones firmantes, la ley forma parte de una estrategia integral que implica la entrega de recursos naturales y la destrucción del salario en beneficio de unos pocos empresarios.

En un mensaje dirigido específicamente a la ciudadanía de Tandil, los gremios recordaron que incluso aquellos trabajadores que confían en su propio mérito para defender sus condiciones laborales dependen de la estructura legal que hoy se intenta desarticular. En este contexto, instaron a dejar de lado el individualismo para evitar caer en un país regido por la lógica del "sálvese quien pueda".

Hacia el final del escrito, los representantes de los trabajadores apuntaron contra los legisladores nacionales, exigiéndoles que dejen de lado el "oportunismo" por un cargo o beneficio personal.

El comunicado concluyó con un llamado a la unidad y a la resistencia en las calles, vaticinando tiempos de extrema dificultad para las familias locales ante el deterioro de los ingresos. "No pueden dejar a quienes trabajan sin la protección que les brindan el Estado, la ley y los sindicatos", sentenciaron.

Un pliego de reclamos alternativos

En el marco de la jornada de protesta, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y Suteba distribuyeron un volante informativo detallando sus propuestas alternativas y los puntos más críticos de la reforma.

Entre las iniciativas que impulsan los gremios se encuentran la garantía de que ningún salario esté por debajo de la canasta básica y la reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial, una tendencia que ya se aplica en otros países del mundo para mejorar la calidad de vida y la productividad.

También reclamaron el reconocimiento de derechos para los trabajadores de plataformas, con cobertura de salud y un piso salarial garantizado, así como la ampliación de las licencias por nacimiento, adopción y cuidados familiares.

Otros puntos destacados por las centrales obreras fueron el derecho a la desconexión digital, la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y la imperiosa necesidad de proteger la industria nacional y las pymes para asegurar un empleo de calidad y con poder adquisitivo.

En contrapartida, en el volante advirtieron sobre las consecuencias directas de la nueva normativa impulsada por el Ejecutivo. Los sindicatos denunciaron que la reforma habilita el despido sin causa y reduce las indemnizaciones, otorgando a las patronales la posibilidad de despedir sin costo directo. También mencionaron que las empresas tendrían la facultad de modificar la jornada laboral según su conveniencia, eliminando el cobro de horas extras y permitiendo el fraccionamiento de las vacaciones en cualquier momento del año.

Por último, señalaron que la reforma castiga a los trabajadores que hayan sufrido daños en su salud, permitiendo cambios de categoría con reducción de haberes. Asimismo, alertaron sobre la virtual eliminación del derecho a huelga y la paradoja tributaria que representa eliminar el impuesto a las ganancias para las grandes empresas mientras se mantiene la carga fiscal sobre los sueldos de los laburantes. "La reforma laboral no es modernización, es quita de derechos y más explotación", concluyó el documento entregado a los transeúntes.

La adhesión de la CCC

La Corriente Clasista Combativa (CCC) también se sumó al rechazo generalizado, adhiriendo tanto a nivel local como nacional al paro y la movilización.

La organización calificó a la reforma de "antiobrera y antipopular", sumándose a la columna que recorrió el centro de Tandil junto a las demás organizaciones sociales y políticas convocantes. Para la CCC, la medida de fuerza resultó fundamental para marcar una postura firme frente a lo que consideran un avance sobre las conquistas históricas de la clase trabajadora.

La organización clasista rechazó de plano la denominada "Modernización Laboral" por considerar que representa un retroceso de más de cien años en la legislación argentina.

Aseguraron que la normativa es regresiva y busca eliminar derechos adquiridos que fueron el resultado de intensas luchas populares. Según manifestaron, la aplicación de este proyecto significaría borrar de un plumazo protecciones que son esenciales para la vida digna de miles de tandilenses que dependen de su salario para subsistir.

El comunicado de la CCC cerró recordando que estas conquistas costaron "sangre, sudor y lágrimas" a lo largo de la historia del movimiento obrero, tanto a nivel nacional como local. Por este motivo, reafirmaron su compromiso de permanecer en las calles para defender el patrimonio de los trabajadores y evitar que se consolide un marco legal que, a su criterio, solo favorece a los sectores más concentrados de la economía en detrimento de la mayoría del pueblo.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) anunció que realizará una asamblea y manifestación este miércoles 10 de diciembre a las 18:30 frente a la explanada municipal, en reclamo tras el procedimiento de notificación por parte del Municipio ocurrido el pasado domingo en la Plaza San Martín.

La convocatoria, difundida públicamente en redes sociales bajo el lema “Trabajar en la calle no es delito”, surge como respuesta al procedimiento llevado adelante por personal de la Dirección de Inspección y Habilitaciones, acompañado por agentes del Programa Centinela en Territorio. Según informó el Municipio, durante la jornada del domingo 7 de diciembre se notificó formalmente a los feriantes de que la actividad que desarrollan en el espacio público no cuenta con autorización municipal, motivo por el cual se procedió al desalojo del sector.

Desde el MTE señalaron que la medida afectó directamente a feriantes, “en su mayoría mujeres jubiladas y madres", quienes "decidieron levantar sus puestos, frente al apriete de inspectores acompañados de la policía”.

En esa misma línea, lamentaron que “hoy los eternos empleados del Municipio nos piden el carnet de pobres para ilusionarnos con programas que poco resuelven si no podemos vender. Desconocen la economía popular y quieren tapar el sol con las manos, amenazan con Gendarmería si volvemos a la plaza”.

En la convocatoria difundida por la organización puede leerse el mensaje: “Frente al desalojo, organización. Si el Municipio no nos deja trabajar, Asamblea y Manifestación”. La actividad prevista incluirá una asamblea pública y una manifestación en la explanada del edificio municipal.

“La Libertad no Avanza”, “La patria no se vende, a los jubilados se los defiende”, “La coima avanza”, “Milei la coima de tu hermana”, son algunas de las frases que pudieron verse en los carteles con los que un grupo de manifestantes se presentó en las afueras del Hotel Libertador, donde se lleva a cabo el cierre de campaña local de La Libertad Avanza, con la visita de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

El grupo, conformado por alrededor de 20 personas que se identificaron como vecinos autoconvocados, expresó su indignación por la visita del funcionario con diferentes cánticos en contra del Gobierno nacional, y las ya mencionadas pancartas.

Además, en el lugar están presentes el candidato a senador provincial y actual intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, y Gonzalo Santamarina, candidato a concejal en primer término por la nómina local, uno de los oradores principales de la jornada.

Los trabajadores del Conicet nucleados en la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) iniciaron este miércoles un paro de 48 horas en el Polo Científico Tecnológico del barrio porteño de Palermo, en rechazo “al ajuste en el sector, la reducción salarial y la incertidumbre con el futuro del organismo”, según comunicaron.

ATE informó en sus redes sociales que la medida de fuerza incluye un acampe en el Polo Científico, ubicado en Soler y Godoy Cruz. De no recibir respuesta a sus reclamos por parte del Gobierno nacional el viernes podría producirse una “ocupación pacífica” del predio.

Para esta tarde está previsto un acto central seguido por una marcha de antorchas, mientras que mañana jueves habrá una asamblea de trabajadores y científicos en horas de la mañana.

ATE, en su comunicado, explicó que “por problemas de financiamiento, desde que asumió Milei se perdieron más de 1.600 puestos de trabajo” en el Conicet y reclamó: “No podemos permitir que se ponga en riesgo a la ciencia pública y a todos sus trabajadores”.

La medida de fuerza fue aprobada durante una reunión realizada en la sede nacional de ATE, de la que participaron la secretaria general de la Junta Interna gremial del Conicet, Victoria García yel adjunto, Gonzalo Sanz Cerbino, además de los delegados María Sol Martínez, Ianina Harari, y Gabriel Bober.

La protesta se produce en medio del impacto en la opinión pública de la expedición submarina protagonizada por un equipo científico del Conicet, que despertó entusiasmo en redes sociales por la ciencia argentina.

El presidente Javier Milei vetó el lunes el aumento a los jubilados, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad. Este último proyecto buscaba crear una nueva pensión no contributiva, garantizar las actualizaciones de aranceles para prestadores y financiar tratamientos médicos, transporte adaptado y apoyo escolar. Hoy se replican movilizaciones en toda la provincia, en contra de esa decisión presidencial.

Por caso, en Mar del Plata, la organización Prestadores Unidos MDP se reunió frente al Palacio Municipal junto a familias de personas con discapacidad para expresar su repudio a la nueva resolución. “Estamos muy angustiados y desgastados, queremos que prime la cordura en las cámaras de Diputados y de Senadores. Ahora hay que volver a conseguir dos tercios de los votos en ambas cámaras para que no se consolide el veto”, explicó Jésica Machado, referente de Prestadores Unidos MDP, citada por el diario La Capital.

En Necochea, de acuerdo con Ecos Diarios, instituciones y Organizaciones No Gubernamentales se concentraban en la plaza Dardo Rocha, también frente a la Municipalidad.

En el norte bonaerense, bajo el lema “No al veto. Cuando la Ley 27.793 vuelva al Congreso, necesitamos que los legisladores voten con el corazón”, operarios y trabajadores del Taller Protegido Pergamino fueron parte de una nueva concentración en Plaza Merced, que sumó las voces de familias, profesionales y organizaciones vinculadas con la discapacidad que buscan visibilizar una crisis que ya no se puede postergar, consigna La Opinión de Pergamino.

Y en San Nicolás de los Arroyos, la concentración fue convocada para esta tarde en la Plaza Mitre. “Expresamos nuestro más enérgico repudio a este retroceso que vulnera los derechos de miles de personas, sus familias y los trabajadores del sector. Exigimos una respuesta inmediata y concreta del Estado. La discapacidad no espera, los derechos no se vetan. Nos organizamos y salimos a las calles”, manifestaron los organizadores, según El Norte de San Nicolás.

Al poco tiempo de conocerse la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema, al menos unos centenar de militantes, vecinos y referentes de espacios políticos y organizaciones se congregaron en la sede del Partido Justicialista para expresar su repudio a lo sucedido y organizar estrategias de apoyo a la expresidenta.

La columna de manifestantes copó la calle Pinto, que rápidamente debió ser cortada por la policía. Mientras continuaba sumándose gente a la iniciativa, entonaron la marcha peronista en la esquina donde estará ubicado próximamente el local de McDonald's, y luego, al grito de “¡Vamos a volver!” se fueron acomodando en la puerta de la sede.

Acto seguido, múltiples personalidades del arco peronista de la ciudad se ubicaron enfrente de la bandera del partido y denunciaron lo que definieron como “proscripción” a la figura de la expresidenta, que a partir de este fallo no podrá participar de las próximas elecciones por estar inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Entre medio de los cánticos de los presentes, Severiano Mon, Esteban Lucero, Marcelo Valle, Corina Alexander, Nélida Sereno, Yanina Venier, Miriam Iglesias y Darío Méndez fueron los nombres que tomaron la palabra para llamar a la militancia a copar las calles y “no bajar los brazos ante la proscripción”.

Asimismo, convocaron a una marcha para mañana a las 18 horas bajo la consigna “Todos con Cristina”, que partirá desde la esquina de Rodríguez y Garibaldi, y recorrerá la zona céntrica para exigir la revisión de la condena y continuar diagramando el apoyo a la presidenta del partido a nivel nacional.

Ayer tuvo lugar una nueva movilización encabezada por los Adultos Mayores en Lucha (Amalu) que, ante la poca respuesta del Gobierno nacional, sigue reclamando por un sueldo digno, la restitución de la cobertura de los medicamentos al cien por ciento y de la moratoria jubilatoria. Tal como se esperaba, la manifestación contó con el apoyo de entidades gremiales que adhirieron a horas de comenzar el paro nacional de hoy.

Una vez más la esquina de 9 de Julio y San Martín fue el lugar elegido para la convocatoria. La misma se realizó para las 18, con la intención de comenzar la marcha a partir de las 19, algo que debió adelantarse por la amenaza climática de precipitación. Los primeros en llegar fueron los integrantes de Amalu, quienes se posicionaron con banderas en la esquina donde hasta hace unos años funcionaba una tradicional tienda.

Minutos antes de las 19, con la amenaza latente de la lluvia, Liliana Vera, una de las integrantes de la agrupación de Adultos Mayores, utilizó un parlante para dar inicio a la actividad. A través de su voz, desde la organización agradecieron el acompañamiento de todos los presentes. “La sociedad y el pueblo está despertando. Tenemos que estar en la calle para que no nos sigan arrebatando los derechos”, indicó.

Agradeció una por una a todas las agrupaciones presentes: CGT Tandil, CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma, Mesa Intersindical Tandil, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Patria Grande, Unión por la Patria, Área de Género Unicen, Área de Derechos Humanos Unicen, Área de Medios Unicen, Biblioteca Popular de las Mujeres, Biblioteca Popular Antonio Salceda, Biblioteca Popular de Salud Mental, Corriente Clasista Combativa, Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, PCR Tandil, Centro Cultural y Radio La Compañía, Centro Cultural Arte y Parte, Memoria por la Vida en Democracia, Partido Justicialista, La Cámpora, Centro de Estudiantes de la Faculta de Arte, Agrupación María Eve, Movimiento Bisagra, UTEP Movimiento Evita, Centro Social y Cultural La vía y Flor de Murga.

A continuación tomó la palabra Celia Sucurado, otra referente de Amalu, y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei: “Ningún argentino puede vivir cuando la Canasta básica es de 1.200.000 pesos y un sueldo es de 314.000. No llegamos nunca. Ningún argentino puede estar orgulloso de ir a una paritaria donde tienen techo, donde no tienen certezas de si su obra social va a ser intervenida. Tenemos que fortalecernos todos en la lucha y mantenernos unidos, como hoy”.

La marcha transitó por 9 de Julio hasta llegar a Mitre, allí doblaron a la izquierda y caminaron hasta Rodríguez. Los aplausos acompañaron todo el recorrido, con gente que no participó de la manifestación pero que desde las veredas se sumaba con las palmas. En algunos tramos hubo cantos en contra de Javier Milei. Por Rodríguez fueron hasta Belgrano donde doblaron a la derecha para finalizar el recorrido en la explanada del Municipio de Tandil.

Antes de comenzar el recorrido por las calles del centro de la ciudad, Liliana Vera dialogó con El Eco de Tandil y analizó el presente que les toca pasar a los jubilados. Hizo hincapié en la cuestión económica que los azota, a la nula respuesta del gobierno nacional y pidió terminar con el Fondo Monetario Internacional ya que “dicta nuestras políticas y por eso es el hambre del pueblo”.

Al recordar la situación económica, remarcó el hecho de que con 270 mil pesos de la mínima y el bono de 70, no se puede vivir. A esto se le suma la quita de la cobertura al cien por cien de los medicamentos. “Que nos devuelvan los medicamentos porque muchísimos de nosotros no pueden comprarlos, entonces están optando por comer o comprar medicamentos”, aseguró.

Además recordó que cuando comenzaron a movilizarse hace algunos meses eran muchos menos y se sentían solos, pero que están viendo que se está sumando cada vez más gente, generando una esperanza de que todavía haya posibilidades de cambiar la realidad. 

Aun así, aseguró que el Gobierno no los escucha: “Quizás somos descartables. Sentís que al no escucharte y al no tener respuestas sos descartable como ser social y nosotros lo único que tenemos para hacernos notar y ser visibles es salir a la calle y llevar adelante nuestro reclamo”.

La movilización de jubilados que se realiza todo los miércoles frente al Congreso Nacional fue reprimida por fuerzas de seguridad que lanzaron gases lacrimógenos e intentaron correr a los manifestantes con palos y a los empujones con los escudos. Al menos dos personas quedaron detenidas y una mujer fue hospitalizada tras sufrir un desmayo.

En tanto, varios jubilados y jubiladas fueron asistidas en las postas sanitarias de salud y cuidado con la piel y los ojos irritados por los gases. Una de ellas, de nombre Nancy, sufrió una descompensación y fue hospitalizada.

Como todas las semanas, organizaciones de jubilados se acercaron al anexo del parlamento para reclamar por la revisión del veto a la reforma previsional, por el aumento en los montos magros de las jubilaciones mínimas y por el recorte en el acceso a medicamentos gratuitos del PAMI para gran cantidad de afiliados, entre otras consignas.

Por su parte, un representante de la agrupación Jubilados Insurgentes describió lo que ocurrió, a diferencia de otros miércoles. “No nos permiten dar la vuelta, terminan reprimiendo. La vuelta nuestra es sencilla, damos la vuelta al Congreso, hacemos un par de semaforazos y nos vamos, pero no nos van a meter miedo”, indicó en declaraciones a Radio 10.

A la protesta de jubilados se sumaron personas de a pie, algunas agrupaciones estudiantiles, gremios y algunos legisladores, como Myriam Bregman y Nicolás del Caño del PTS/Frente de Izquierda. “La situación es de absoluto descontrol, no tiene una lógica, solamente (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich que quiere impedir esta congregación de jubilados que hoy fue masiva, tendrían que estar buscando los estafadores en la Casa Rosada, es increíble, esto es sin ningún sentido porque es la misma marcha de todos los miércoles”, indicó Bregman a los medios presentes. La diputada destacó que “se perdió el miedo” y que “la situación va a cambiar”, ya que “perder esa desconfianza va a hacer que cada vez más gente salga a manifestarse”.

Varias personas que estaban en el lugar filmaron videos del avance de las fuerzas de seguridad sobre el grupo de jubilados y las imágenes se replicaron en redes sociales. Actuaron Policía Federal Argentina (PFA), la División Motorizada de la PFA, Infantería y Prefectura, en el marco del llamado “protocolo antipiquete” diseñado por la ministra Bullrich.

En una muestra de indignación sin precedentes, cientos de miles de valencianos tomaron ayer las calles de la ciudad para exigir la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón y su gobierno, a quienes acusan de una gestión catastrófica de la DANA que azotó la región a finales de octubre.   

Con pancartas y gritos, los manifestantes expresaron su dolor y rabia por las pérdidas humanas y materiales, y exigieron responsabilidades políticas.   

Más allá de la dimisión del presidente Mazón, los manifestantes plantearon una serie de reivindicaciones concretas. Entre ellas, una investigación exhaustiva.   

Los manifestantes exigieron una investigación independiente para esclarecer las responsabilidades políticas en la gestión de la crisis.   

Además pidieron ayudas económicas directas para los afectados, así como medidas para reconstruir las zonas dañadas.   

La prevención de futuras catástrofes como la DANA, fue otros de los pedidos en común entre los miles de manifestantes que demandaron inversiones en infraestructuras y medidas de prevención para hacer frente a eventos climáticos extremos.   

Mientras sigue la búsqueda de víctimas mortales por la DANA, Mazón prepara una comparecencia pública para este jueves y promete dar "todo lujo de detalles y explicaciones".   

La vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha descartado que se vayan a producir dimisiones.   

"No es una opción en este momento ninguna dimisión. No podemos abandonar a las víctimas", recalcó.   

"Respeto absoluto al dolor de los manifestantes, a la frustración que muestran las personas que fueron pacíficamente a esa manifestación y nosotros estamos centrados por ello en la recuperación de los municipios afectados, en la ayuda a las personas, a las familias", señaló en rueda de prensa para informar de las actuaciones realizadas por el Consell para recuperación de las zonas afectas por la DANA ayer en el Palacio de Fuentehermosa.   

Pero la oposición también dijo lo suyo. Tal fue el caso del ministro de Cultura español y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha pedido la dimisión del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tras la "clamorosa respuesta" del pueblo valenciano que se manifestó el sábado. De no hacerlo, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sea él mismo quien le pida dar un paso atrás. 

Por otro lado, Urtasun ha asegurado que desde Sumar van a trabajar para desarrollar "un escudo laboral, social, para los valencianos". (NA).

Este martes por la mañana referentes de distintos comedores barriales de la ciudad se manifestaron en las puertas del Municipio con ollas y carteles para visibilizar una triste situación que se ha profundizado tras los recortes en materia de asistencia por parte del gobierno nacional. 

En diálogo con El Eco Multimedios, explicaron que la demanda en los espacios ha crecido exponencialmente en los últimos meses y los insumos no son suficientes para abastecer de alimentos a las familias. A su vez, remarcaron que cada vez son más los solicitantes que cuentan con un trabajo formal, pero con sueldos que no alcanzan para llevar la comida a la casa. 

Respecto del apoyo a nivel local,  señalaron que “lo que nos dio la Municipalidad a través del Banco de Alimentos es a razón de 20 pesos. Entregamos, entre los tres comedores (barrio San Juan, Maggiori y La Movediza 2),  comida a 7 mil personas por día. Quiero saber, ¿quién come con 20 pesos por día? obviamente que nadie y nosotros con eso estamos haciendo malabares junto con las donaciones de gente”. 

A principio de año se presentó un proyecto de ordenanza para la creación de un registro formal de comedores, el cual permitiría al Ejecutivo tener datos precisos sobre la realidad de cada uno y pensar en algún tipo de asistencia que ayude a mitigar el esfuerzo de las integrantes. El mismo fue aprobado, pero aún no se ha reglamentado. 

“Lo presentamos el 9 de febrero, a partir de ahi vinimos en distintas oportunidades, nos dicen 'lo estamos tratando' pero nunca nos dan una respuesta concreta”, aseguraron.

Mirá la nota completa en el canal de YouTube de El Eco de Tandil: 

Mañana viernes, al cumplirse 4 años de la muerte de Julián Lamas, el joven de 24 años encontrado sin vida en 2020 su casa del barrio La Movediza, sus familiares y amigos se concentrarán en la Plaza Independencia desde las 10 bajo la consigna “Justicia por Juli” para reclamar que el Poder Judicial investigue a fondo las causas de su fallecimiento.

Vale recordar que el 27 de septiembre de 2020, en plena pandemia de coronavirus, Lamas fue encontrado sin vida en su domicilio por parte de uno de sus hermanos. 

La Justicia consideró que se había tratado de un suicidio, pero su familia apunta en cambio a un grupo de vecinos que lo hostigaba constantemente y desde hacía mucho tiempo.

Días atrás, su madre, Érica Lamas, y su abuela, Edith Álvarez, aseguraron a El Eco de Tandil que tienen pruebas del amedrentamiento sufrido por el joven, al tiempo que denunciaron desidia y discriminación por parte del Poder Judicial.

Por eso este viernes, desde las 10, se congregarán en la Plaza del centro para visibilizar el caso y reclamar Justicia. En ese marco, invitan a toda la comunidad de Tandil a acompañar su pedido, en especial a aquellas familias que se encuentren, también como ellas, a la espera de respuestas.

La nena de 10 años que fue rociada con gas pimienta durante la movilización en contra del veto a la movilidad jubilatoria en el Congreso dijo que no pensaba que “la Policía tiraba gas pimienta en la cara” y que las fuerzas de seguridad “están para cuidarte” y no “reprimirte”.

En medio del escándalo por el ataque que recibió la menor y el polémico cruce entre los funcionarios nacionales en torno al video fake que difundió el jefe de la Policía Federal, la niña habló y expresó: “No me lo imaginaba porque no creía que fueran a ser capaz de hacer eso”.

“Yo pensé que si tiraban gas era al aire y no que te tiraban a la cara”, manifestó sobre el accionar de los efectivos durante la marcha.

En diálogo con un medio radial, la menor sostuvo que por el hecho no pudo ir al colegio ya que se sentía mal, pero espera volver este viernes.

Al ser consultada sobre qué va a responder cuando sus compañeros le pregunten sobre lo que pasó, la niña señaló: “Les voy a decir lo que pasó, nada raro. Les contaría lo malo que fueron los policías. El policía está para cuidarte, no para reprimir”.

Por último, acerca de si tiene miedo a ir a otra marcha, la nena destacó que volvería a asistir y que cree que con lo que pasó “no serían capaces” y no “estarían con los gases”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada hoy por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público a raíz del operativo de seguridad durante la manifestación contra el veto presidencial a la reforma jubilatoria en inmediaciones del Congreso Nacional el miércoles último.

La denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada por sorteo, informaron fuentes judiciales.

El abogado pidió ser citado para ratificar y ampliar la denuncia por la represión que incluyó el rociado con gas pimienta a una nena de diez años que asistía a la marcha con su mamá y que según imágenes difundidas por medios de comunicación estaba junto con ella agachada  para protegerse cuando un policía las roció.

La denuncia se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

De manera posterior, también fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva por presunta violación de deberes de funcionario público.

La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.

En materia política, la ministra Bullrich, fue criticada por el legislador porteño, Eugenio Casielles. El diputado de la CABA, que trabaja junto a Ramiro Marra, fue muy crítico de la gestión de seguridad nacional y afirmó que “Patricia Bullrich le hace mucho daño al gobierno”*.

Desde hace semanas que el legislador porteño viene remarcando públicamente sus diferencias con la ministra de Javier Milei, argumentando que la ex candidata a Presidente de Juntos por el Cambio, “ocupa más su tiempo en la rosca política de su partido que poniéndose al hombro la cartera de Seguridad”.

Casielles recordó “..situaciones como la negligencia del caso Loan, el falso atentado vegano en La Rural y el manejo de los operativos de seguridad”, como temas mal resueltos.

Organizaciones de jubilados, la CGT, movimientos sociales y hasta periodistas fueron reprimidos hoy en las inmediaciones del Congreso tras la ratificación de la Cámara de Diputados del veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.

Si bien el clima de tensión se vivió durante toda la mañana, los incidentes se registraron por la tarde, después de que la Cámara Baja convalidó el veto presidencial. Los manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal después de haber tirado las vallas de seguridad que rodeaban la zona.

"No hay mucho más para decir, las imágenes son claras. Teníamos la información de que iban a generar desmanes", sostuvo al respecto una alta fuente de la Casa Rosada ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas.

La misma fuente consideró que la sesión "no se debió realizar" porque la oposición "no tenía los votos y era probable que existieran disturbios".

"Fue una apuesta en escena. Había quienes buscaban que los sectores más duros del kirchnerismo y la izquierda se manifestaran y generen desmanes en la calle. Y ante eso la policía actúa. Eso es lo que estamos viendo, ni más ni menos", explicaron fuentes oficiales.

La protesta se realizó frente al anexo del Parlamento en la Plaza Congreso, ubicado sobre la Avenida Entre Ríos entre Callao e Hipólito Yrigoyen.

En tanto, fuentes oficiales indicaron que durante las protestas se asistieron a "16" personas por distintas heridas y que "tres" resultaron internadas. Además, hubo "tres" detenciones, de las cuales ya se identificó a uno de los aprehendidos.

Organizadores sociales, piqueteras y sindicales desafiaron a las fuerzas de seguridad, que tenían la orden de aplicar el protocolo antipiquetes, como sucedió durante las movilizaciones delas últimas semanas.

La cartera de Seguridad tenía desplegado un megaoperativo con fuerzas federales para evitar el corte de arterias y la circulación vehicular. Estuvieron apostados efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El operativo especial diagramado por el Ministerio a cargo de Patricia Bullrich se aplicó en coordinación con la Ciudad de Buenos Aires, que puso a disposición a oficiales de la policía porteña.

Adhirieron a la convocatoria la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita; Barrios de Pie, La Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois.

La Gendarmería nacional reprimió hoy una manifestación de agrupaciones de jubilados, organizaciones sociales y partidos de izquierda que mostraban su oposición al veto del presidente Javier Milei contra la ley previsional en el Congreso, lo que produjo que bancadas opositoras abandonarán la sesión de Diputados en la que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondía preguntas de los legisladores, con lo que la reunión terminó de modo anticipado y abrupto.

El nuevo episodio represivo se da solo una semana después de que la Policía Federal avanzara contra una manifestación idéntica en el mismo lugar, siempre contra el veto que el presidente aplicó (en aquella oportunidad era un anuncio) a la ley que sube 8,1% las jubilaciones –la mínima está en $304.000 bono incluido y se iba a $318.000 con la suba – y establecía una nueva fórmula de cálculo de los incrementos que abría la posibilidad de que superen a la inflación.

Pero en medio de la manifestación se produjeron cruces con la Gendarmería, que volvió a cargar contra los manifestantes con bastonazos y a disparar gases lacrimógenos. A simple vista se vio a ancianos afectados aunque aún no se conoce un reporte concreto de heridos.

De la manifestación participaban organizaciones de jubilados, el Polo Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el MST-Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Dentro del recinto de Diputados, Francos defendió el veto: Todos los que tenemos responsabilidades institucionales debemos actuar de forma madura y responsable. La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable. Se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria. Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza”, indicó el jefe de Gabinete.

Se interpretó como un nuevo llamado del Ejecutivo a los bloques propios y aliados en el Congreso para que dejen firme la decisión de Milei y no avancen con una ratificación legislativa de la Ley, que requeriría una mayoría calificada de dos tercios.

Pero Francos no pudo terminar su exposición: las bancadas de Unión por la Patria y la Izquierda abandonaron el recinto en solidaridad con los manifestantes reprimidos, lo que dio por tierra de forma anticipada con la sesión.

Una serie de detenciones rápidas y muestras de unidad por parte de la población en toda Gran Bretaña evitaron que se repitieran disturbios generalizados con ataques racistas contra inmigrantes y musulmanes, reportaron funcionarios del Reino Unido. 

La Policía se desplegó masivamente y miles de manifestantes contra el racismo salieron a las calles para contrarrestar el accionar de grupos antiinmigratorios de extrema derecha. 

Publicaciones falsas en línea identificaban erróneamente al sospechoso del asesinato de tres niñas en un ataque con cuchillo el 29 de julio en Southport, noroeste de Inglaterra, como un migrante islamista, informaron las autoridades.   

Más de 400 personas han sido arrestadas en todo el país y el oficial de policía de mayor rango de Gran Bretaña, el comisionado de Londres, Mark Rowley, reveló que se había arrestado a más personas ayer a primera hora.   

Entre estas últimas había muchas con antecedentes penales, según consignó un informe de la agencia de noticias Reuters.   

El primer ministro Keir Starmer, exfiscal jefe, es la primera prueba importante de su mandato desde que ganó las elecciones del 4 de julio, analizó ese medio.   

Los funcionarios descartaron las sugerencias de que los disturbios fueran políticos.   

"Cualquier sugerencia de que son patriotas o que tienen una causa... es una tontería. Son criminales y, francamente, la mayoría de ellos serán acusados ​​de desorden violento y la mayoría de irá a prisión durante unos años", señaló Rowley.   

Muchos manifestantes protegieron mezquitas y hoteles que albergan a solicitantes de asilo.   

Rowley elogió una noche "exitosa" que transcurrió "muy pacíficamente", salvo algunos incidentes criminales.   

"Creo que la demostración de fuerza de la Policía y, francamente, la demostración de unidad de las comunidades, juntas derrotaron los desafíos que hemos visto", declaró. 

El miércoles pasado, un hombre fue condenado a tres años de cárcel por desorden violento y por golpear a un policía, y ayer otros dos recibieron sentencias de prisión de dos años y ocho meses.   

Trascendió que exmiembros de los grupos neonazis prohibidos Atomwaffen Division y National Action se habían unido a las redes de grupos supremacistas blancos, neonazis y hooligans del fútbol nacionalistas para avivar la tensión y provocar enfrentamientos. 

Como consecuencia de disturbios producidos los últimos días, numerosos policías e incluso algunos sus canes resultaron heridos. (NA).

Abogados y familiares de detenidos en el marco de las protestas contra la Ley Bases en inmediaciones del  Congreso denunciaron “irregularidades” en comisarías.

Cabe recordar que en la jornada de jueves, el fiscal Carlos Stornelli los acusó por delitos contra el orden público, sedición y el agravante de acciones terroristas, en sintonía con el planteo que había realizado públicamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que desistió de presentar una querella ante esta imputación. Luego, Stornelli pidió sus prisiones preventivas.

Por lo pronto, todos los detenidos (más de 30) quedaron a disposición de la jueza federal María Servini, quien comenzará a indagarlos en las próximas horas.

En tanto, el abogado de tres de los detenidos, Roberto Torres, aseguró que los manifestantes encarcelados fueron “humillados” por efectivos de la Policía de la Ciudad y que hubo “irregularidades” durante su estadía en alcaidías porteñas.

A la vez, la hermana de uno de los apresados denunció que fue “asfixiado” por las fuerzas de seguridad, mientras que la madre de otra encarcelada afirmó que su hija fue trasladada esta mañana a Comodoro Py tras la acusación de “terrorismo” presentada ayer por el fiscal Carlos Stornelli. Por el momento, el letrado no confirmó si ya radicó la denuncia por sus acusaciones.

“Durante la detención fue golpeado muy duramente por la policía y hubo una situación humillante. La misma policía le bajó los pantalones y lo dejó tirado boca abajo sin los pantalones, mientras pedía que lo tapen. Empezó a recibir comentarios humillantes por parte de la policía. Cuando quiso taparse, los policías le pegaron”, dijo Torres en diálogo con El Destape radio, donde detalló que las detenciones fueron parte de una “cacería con motos” que derivó en “irregularidades preocupantes”.

El abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CPDH) agregó que pudo ver a dos de sus defendidos recién “a las cuatro y media de la mañana” del jueves y a otro recién “casi 24 horas” después de su detención. “Estaban todos juntos en la alcaidías de la comuna 4 y durante la madrugada trasladaron a las mujeres. Las mujeres denuncian que las tuvieron desde las 6 de la tarde de un día hasta las 8 de la mañana del otro en los móviles y que tuvieron que dormir esposadas, que es completamente ilegal”, detalló.

Torres también tildó como “una ridiculez total” y un “disparate jurídico” que el fiscal Stornelli calificara como “terroristas” a los detenidos al solicitar su prisión preventiva. “No tiene ningún tipo de sentido. No lo vi nunca”, remarcó.

Por su parte, Lucila Adano, denunció que un grupo de siete efectivos de civil de la Policía Federal Argentina (PFA) “tironearon” y se “llevaron por espalda” a su hermano Santiago y que al detenerlo en las inmediaciones del Congreso fue “asfixiado”. “No se resistió y lo estaban asfixiando. Hay videos de Santiago con la cara colorada mientras decía ‘me están asfixiando'”. Su hermana comentó que al ser encarcelado fue llevado a la Superintendencia de Investigaciones Federales, ubicada en Villa Lugano, donde tuvo que ser atendido por médicos luego de una “crisis de nervios”.

En tanto, Silvia, la madre de Camila, otra detenida, aseguró que su hija fue “cazada” por policías motorizados cuando desconcentraba de las protestas en el Congreso junto a compañeros de estudio de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). “Estaban en 9 de Julio y Chile cuando los empiezan a perseguir en las motos. Ya habían desconcentrado. Nunca habían ingresado a la plaza”, señaló.

La madre resaltó que la propia Unsam emitió un comunicado repudiando las detenciones y solidarizándose con los familiares. “Están diciendo que los chicos son terroristas. ‘La terrorista’ de mi hija es la que se ocupa de armar, junto a sus compañeros, de organizar ollas populares para que los chicos puedan comer. Mi hija es mamá de dos nenes. Mi hija le enseña a dos nietos a cortar verdura para que otros chicos puedan comer”, subrayó.

Por su lado, la hermana del detenido Gonzalo Duro, Mariela Duro, calificó las aprehensiones como una “pesca humana” y denunció que pasó dos noches “hacinado” en un patio junto a otros de los encarcelados. “

En el operativo del miércoles participaron 1500 efectivos, entre personal de la Policía de la Ciudad y las cuatro fuerzas federales. Diputados como Carlos Castagnetto, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau fueron rociados con gases en el operativo.