Los movimientos sociales y las centrales sindicales realizaron este jueves la tradicional marcha de San Cayetano, que por décimo año consecutivo unió el santuario ubicado en Liniers con Plaza de Mayo, donde reclamaron al gobierno de Javier Milei un cambio en la política económica y denunciaron el deterioro de las condiciones sociales y laborales.

La movilización comenzó a las 8 de la mañana, luego de la bendición impartida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. A lo largo del recorrido se fueron incorporando distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, que confluyeron en Plaza de Mayo, donde se instaló una feria popular y se realizó un "verdurazo", con entrega gratuita de alimentos.

En el acto central se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes, que estuvo a cargo de dirigentes mujeres de las centrales sindicales, entre ellas Leonor Cruz, de la CTA Autónoma, y Dina Sánchez, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El texto sostuvo que la Argentina atraviesa "uno de los momentos sociales y económicos más difíciles de las últimas décadas" y cuestionó el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional. En ese sentido, afirmó que "no aceptamos una Argentina para unos pocos" y denunció que el rumbo económico "concentra la riqueza en pocas manos, privilegia la especulación financiera sobre la producción nacional y sacrifica el trabajo argentino para beneficiar a los sectores más poderosos".

Las organizaciones también expresaron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el aumento del costo de vida, la paralización de la obra pública y el cierre de empresas. Asimismo, defendieron el trabajo registrado, los convenios colectivos, la producción nacional, la industria, las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales y el rol del Estado como garante de los derechos sociales.

El documento incluyó además un reclamo por la situación de los jubilados, los trabajadores de la economía popular y los sectores más vulnerables. En su tramo final, los convocantes señalaron: "Marchamos por quienes perdieron su empleo. Marchamos por quienes no llegan a fin de mes. Marchamos por nuestros jubilados, por nuestros jóvenes, por la producción nacional, por la industria, por la obra pública y por la soberanía", antes de reafirmar la consigna histórica de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

Durante el acto también tomaron la palabra el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, María Adela Antokoletz, integrante de FEDEFAM, y el secretario general de la UTEP, Alejandro "Peluca" Gramajo. Entre los presentes se destacaron además el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, y el secretario adjunto de Ctera, Roberto Baradel.

Organizaciones sociales, gremiales y políticas se encuentran concentradas bajo la lluvia frente al Congreso de la Nación, en rechazo a la Ley de Propiedad Privada, previo al inicio del debate en el Senado que impulsa el espacio político La Libertad Avanza.

Entre las agrupaciones presentes se encuentran el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales, las cuales se han posicionado sobre la Avenida Entre Ríos y en la plaza situada frente al Parlamento.

A pesar de que el Gobierno decidió dar de baja la cláusula que permitía la venta de tierras a extranjeros con el objetivo de asegurar la sesión en la Cámara alta, la medida no logró desactivar la movilización. Los gremios y las organizaciones sociales mantienen su postura de rechazo hacia la totalidad de la iniciativa legislativa.

En cuanto al operativo de seguridad, las áreas con mayor presencia de vallados y efectivos policiales se ubican en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que partieron desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.

La CTA confirmó a El Eco que este jueves participará de la jornada de protesta convocada en todo el país contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. La decisión fue ratificada luego de que el oficialismo retirara del texto el artículo que ampliaba los límites para la venta de tierras a extranjeros, en un intento por reunir apoyos para su tratamiento en el Senado.

Desde las centrales sindicales remarcaron que la modificación no altera los motivos de la protesta, ya que el proyecto mantiene otros aspectos que consideran regresivos. En ese marco, la convocatoria en Tandil continúa bajo la consigna "La Argentina no está en venta", con la participación de organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles, culturales y vecinos.

A nivel nacional, la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y organizaciones sociales como la UTEP confirmaron que sostendrán la movilización frente al Congreso. Desde la conducción cegetista señalaron que "se sostiene la movilización", mientras que otros sectores sindicales argumentaron que el proyecto aún incluye artículos que habilitan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, limitan la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y modifican la legislación sobre el manejo del fuego, permitiendo la venta de tierras incendiadas.

En Tandil, la CTA de los Trabajadores había convocado a la comunidad a sumarse a la manifestación en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, al considerar que afectan derechos sociales, laborales y el patrimonio del país.

El proyecto será debatido este jueves en el Senado, donde el oficialismo resolvió eliminar el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros para intentar destrabar la sesión. Sin embargo, el resto del articulado continúa generando un fuerte rechazo entre las centrales obreras y distintos sectores sociales, que consideran que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos y de capacidad de intervención del Estado.

En ese contexto, la movilización prevista en Tandil se desarrollará en sintonía con las protestas convocadas en distintos puntos del país para expresar el rechazo al proyecto de ley y reclamar que no avance su aprobación.

Las principales centrales sindicales y organizaciones sociales confirmaron que este jueves se movilizarán al Congreso en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a pesar de que el Gobierno nacional decidió eliminar del proyecto la cláusula que ampliaba la venta de tierras a extranjeros con el objetivo de reunir apoyos para la sesión en el Senado.

Desde uno de los sectores de la CGT señalaron que "se sostiene la movilización", por lo que la central obrera participará de la protesta convocada para las 14 frente al Parlamento.

La misma postura adoptó el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), espacio que reúne a gremios distanciados de la conducción cegetista. Desde ese sector anunciaron que comenzarán a concentrarse al mediodía y argumentaron que el proyecto todavía contiene artículos que consideran "nocivos".

Entre los puntos cuestionados mencionaron las disposiciones que habilitan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, la limitación de la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y las modificaciones a la ley de manejo del fuego, que permitirían la venta de tierras incendiadas. Para el Fresu, esos aspectos justifican mantener la protesta.

La decisión también fue respaldada por la CTA Autónoma y por diversas organizaciones sociales. Desde la UTEP aseguraron que "se mantiene la convocatoria hasta nuevo aviso" y plantearon la necesidad de realizar una movilización masiva para expresar el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei.

La ratificación de la marcha llegó luego de la conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede de la CGT, en la calle Azopardo, donde las tres centrales obreras manifestaron su rechazo al proyecto oficial.

Del encuentro participaron integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores. Allí cuestionaron especialmente la iniciativa original que flexibilizaba los límites para la venta de tierras a extranjeros, al sostener que implicaba "ponerle un cartel de venta al país" para beneficiar a "unos pocos millonarios".

Cientos de vecinos se movilizaron este miércoles en Mar del Plata para reclamar mayores medidas de seguridad y exigir respuestas de las autoridades, luego de un fin de semana marcado por una serie de hechos violentos en los que tres personas fueron asesinadas.

La marcha comenzó en la intersección de las avenidas Luro e Independencia, pasó frente al Palacio Municipal y continuó por la Peatonal San Martín hasta la Jefatura Departamental de Policía. Fue precisamente en ese último punto donde se registraron momentos de tensión, cuando un grupo de manifestantes intentó derribar una reja y protagonizó forcejeos con efectivos policiales. Minutos después, personal de Infantería intervino para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara.

En paralelo, familiares y allegados de Mailén Antonich marcharon hacia los Tribunales ubicados en Tucumán y Almirante Brown para reclamar justicia y el esclarecimiento del femicidio, cuya investigación continúa en curso.

La movilización también contó con la presencia de familiares de Alberto Rodríguez, el remisero asesinado en Villa La Palangana, y de Ricardo Ruiz, el ferretero del barrio Marinas Argentinas que perdió la vida durante un robo. Los distintos grupos coincidieron en exigir mayor seguridad y respuestas concretas frente al incremento de la violencia.

Durante la protesta, varios manifestantes expresaron su preocupación por la situación que atraviesa la ciudad. Claudia, una de las vecinas que participó de la convocatoria, sostuvo: "Queremos seguridad, no puede ser que los comerciantes de la ciudad tengan que vivir con miedo, asustados, encerrados en sus propias casas. En este país tiene que haber un cambio de leyes. No a favor del asesino, sino del inocente, del ciudadano que paga impuestos".

Por su parte, integrantes de la Asociación Madres del Dolor reclamaron una actuación más rápida por parte de las fuerzas de seguridad ante denuncias por desapariciones de personas. "Una madre denuncia porque ve una alerta, porque sabe que no es normal la situación", señalaron.

En tanto, Jésica, referente del barrio San Carlos, afirmó que la indignación de los vecinos viene creciendo desde hace tiempo debido a los reiterados episodios delictivos. "Sentimos indignación, porque es algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Crece el delito, la violencia y la criminalidad. Estas son crónicas de muertes anunciadas. Pedimos seguridad y justicia, que la cúpula de la Jefatura Departamental se vaya. Tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad y nos han estado viendo la cara todo este tiempo", expresó.

La referente vecinal también sostuvo que los homicidios ocurridos en los últimos días no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un contexto de creciente inseguridad que, según los manifestantes, requiere respuestas urgentes por parte de las autoridades provinciales y municipales.

El secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (Seoca), Julio Rubén Ledesma, propuso la realización de una “gran marcha nacional de restitución de los derechos”, en respuesta a la coyuntura política y económica actual.

“Tenemos que levantarnos y hacer una gran marcha nacional de restitución de los derechos de los argentinos”, sentenció el dirigente sindical al cierre de la Asamblea General Ordinaria de la organización, al realizar un llamamiento al movimiento obrero.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la convocatoria tuvo lugar en el marco del encuentro institucional en el cual se aprobó de forma unánime, la Memoria y Balance correspondiente al último ejercicio fiscal del gremio mercantil del oeste del Gran Buenos Aires.

Durante su discurso frente a la militancia y representantes de los trabajadores del sector, Ledesma calificó al Gobierno Nacional como una administración de corte “anti obrero” y advirtió sobre el impacto del ajuste en los ingresos y las condiciones laborales de las familias trabajadoras.

“Tenemos que ponernos al frente de los conflictos. Si no ejercemos nuestro derecho a decir lo que hay que decir, van a seguir avasallando las conquistas históricas del pueblo”, enfatizó el líder del Seoca Zona Oeste, instando al resto de las conducciones sindicales a adoptar una postura de mayor confrontación colectiva.

En el plano económico-financiero, el informe presentado por la Tesorería de la entidad arrojó un saldo positivo.

No obstante, las autoridades remarcaron la creciente dificultad para gestionar prestaciones y servicios asistenciales en medio de un contexto signado por la alta inflación y la pérdida de puestos de trabajo en el comercio regional.

Entre los presentes en la ocasión, estuvo el exministro de Trabajo de la Nación Enrique Rodríguez, quien indicó: “Creo y creí en los líderes sindicales”.

Asimismo, ponderó la figura del histórico líder sindical Saúl Ubaldini, al recordar que “nunca se olvidaba de sus representados” y la emparentó con la prédica de Ledesma.

“Ledesma fue muy claro, sin trabajo y sin empleo, no hay ninguna posibilidad de subsistencia de los sindicatos. Ahora, de las crisis como las de hoy surgen los nuevos liderazgos”, expresó quien estuvo a cargo de la cartera laboral durante la Presidencia de Carlos Menem. (NA).

Varios referentes de las agrupaciones que asistieron a la movilización se unieron “a la lucha incansable de los jubilados y pensionados” y también por el “cese de la intervención al PAMI”.

Sin escenario para discursos y con agrupaciones sindicales, la marcha de los jubilados de este miércoles se llevó a cabo, también, con la compañía de otras organizaciones políticas y sociales como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Libres del Sur, La Cámpora y las distintas fracciones de la Izquierda.

“Es necesaria la unidad de los trabajadores, de los desocupados y de los jubilados con plan de lucha y huelga general para terminar con el gobierno de (Javier) Milei. La manifestación de hoy sirve para potenciar la lucha ante los recientes informes del gasto brutal en represión a los jubilados, el aumento en los sueldos de los legisladores, la necesidad derogar de la Ley antilaboral, por el Fondo de Asistencia Laboral, por el cual se exime del pago de los despidos a los patrones y se lo carga a los jubilados”, indicaron desde el Plenario de Trabajadores Jubilados.

Por su parte, Pablo Moyano, líder de Camioneros, habló con la prensa y se manifestó en contra del Gobierno Nacional “que tanto daño le está provocando a la Argentina”: “Que sea el principio de la derrota”, agregó.

“Creo que no me equivoqué cuando dije, hace pocos días, que los gobernadores del peronismo, como el de Tucumán (Osvaldo Jaldo), como el de Córdoba (Martín Llaryora), como el de Salta (Gustavo Sáenz), como el de Misiones (Hugo Passalacqua), como el de Catamarca (Raúl Jalil) nos traicionaron votando en el Congreso la reforma laboral, que está haciendo mucho daño a los trabajadores y trabajadoras, y que con jueces adictos al Gobierno fallaron a favor del oficialismo. Dije que lo último que nos quedaba era la calle y ojalá éste sea el principio de la resistencia y no sólo una marcha para acompañar a los jubilados”, indicó.

En la misma línea, se expresó el líder de la CTA-A, Hugo Godoy, quien sostuvo que los jubilados “son el ejemplo de la dignidad de nuestro pueblo” y, por ese motivo, se congregaron “en unidad” con las otras centrales obreras.

“Esta etapa del plan de lucha viene a nutrirse de su ejemplo y de abrazarlos para que nos guíen en esta tarea de derrotar a este Gobierno que quiere destruir las jubilaciones y los salarios, la ciencia y la tecnología y desbaratar la Patria misma”, sentenció.

Por último, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que el ajuste del Gobierno Nacional “ha lastimado a los jubilados y ha roto sus vidas” por lo que necesitan “recuperar” todos los haberes que el ministro de Economía Luis Caputo y el Presidente de la Nación “les robaron” durante estos años de gestión.

“La protesta de hoy muestra altos niveles de unidad y, con ella, se inicia el semestre de mayor conflictividad de la era Milei. Los adultos mayores necesitan recuperar todos los haberes que Caputo y Milei les robaron para poder volver a vivir con dignidad”, aseveró. NA

La CGT, junto a las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de jubilados y diversos movimientos sociales confluirán este miércoles en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso Nacional contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar posteriormente hacia el edificio legislativo, tal como lo vienen realizando grupos de jubilados desde hace varios meses. La protesta se desarrollará bajo consignas vinculadas a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición de los haberes y el rechazo a las medidas económicas implementadas por la administración nacional.

Según destacaron voceros de la central sindical, la convocatoria busca dar una señal de unidad frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo. Esta movilización marcará el inicio de una nueva etapa del plan de lucha definido por la CGT en conjunto con las CTA y la UTEP, tras el receso producido por el Mundial de Fútbol 2026.

En la previa, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo en declaraciones radiales que la central obrera no acompaña ninguna ley que presente el gobierno, argumentando que se actúa a contramano de lo que necesita la sociedad.

“La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT”.

Los dirigentes sindicales adelantaron que el cronograma de protestas continuará en las próximas semanas con nuevas movilizaciones, entre ellas la del 7 de agosto a San Cayetano, y no descartan convocar a un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos. Como consecuencia de la marcha, se espera que durante la tarde se registren importantes restricciones al tránsito en los alrededores del Congreso y en las principales arterias del centro porteño, además de posibles cortes parciales en distintos puntos del país.

Sorpresa para propios y extraños. En medio de la incredulidad de los acusados por el sistema judicial al que denunciaron persecución, se encontraron con el veredicto de un juez –al que también minaron de críticas y recusaciones- que finalmente y luego de un extenso derrotero procesal resolvió absolverlos del delito más grave con el que arribaron al debate oral y público en el Juzgado Correccional local.

Allí estaban Griselda Altamirano y Jorge Lezica, circunstancialmente juntos por el presente judicial pero distanciados en lo personal, escuchando en vivo y en directo que aquel mismo juez al que habían apuntado con severas críticas los estaba desligando del delito penal principal que les achacó el Ministerio Público, acerca de la violenta manifestación que terminó con sensibles daños en el patrimonio del edificio municipal, en diciembre del 2021.

Altamirano sí recibió un veredicto condenatorio por los estorbos ocasionados en el edificio judicial de Azul, cuando protestaba por la detención (después mutada en condena) de su hermano, acusado de abuso sexual contra una menor.

El dictado pronunciamiento condenatorio no cuenta con la entidad suficiente penal para poner en duda la libertad con la que arribó al juicio y que, en definitiva, era lo que estaba en juego.

En efecto, a la espera de conocerse los fundamentos que llevaron a la convicción vestida de sentencia, el juez Carlos Pocorena adelantó ayer al mediodía su veredicto para con sendos dirigentes, que habían llegado al juicio precisamente con la posibilidad de recibir una pena que, sumada a la condena firme ya asumida, podía llevarlos a prisión. Empero, nada de eso ocurrió. Más bien todo lo contrario. Para el magistrado no se reunió el caudal probatorio suficiente para achacarles el delito que el fiscal Luis Piotti los llevó a juicio. Consecuentemente, fueron absueltos.

Altamirano salió de la sala y se reencontró con los suyos. Ese puñado de mujeres que la acompañó y custodió a sus hijos en las dos jornadas de debate. Lezica se fue solo por las suyas, respirando aliviados que la denunciada persecución judicial no llegó a lo que ellos mismos sostenían aviva voz  que iba a llegar. Seguirán libres, en sus cosas, con los perfiles que optaron de un tiempo a esta parte. Alejados de las movilizaciones, manifestaciones, cortes ni tomas. Como se formaran también parte del cambio de época que se respira en el país y Tandil también.

El fiscal pidió prisión efectiva para Lezica y Altamirano

Sobre lo que se conoció de la decisión del juez, luego de analizar la totalidad de la probatoria producida en la causa, sea la incorporada por lectura al debate como la recibida en la audiencia de juicio, conforme las reglas de la sana crítica racional, el juez adelantó un pronunciamiento absolutorio respecto del delito de daño agravado cometido por Griselda Itatí Altamirano y Jorge Mario Lezica, en su carácter de coautores penalmente responsables y condenatorio respecto del delito de impedimento  o estorbo de acto funcional, por el que fuera acusada la dirigente.

Asimismo, el magistrado convalidó la petición de sobreseimiento que el propio fiscal había anticipado en el debate sobre el delito de amenazas por la prescripción de la acción penal. Al respecto, se  señaló que conforme la requisitoria fiscal de elevación a juicio surge que el hecho que diera origen a la presente y que se atribuye como cometido por Griselda Itatí Altamirano el 10 de mayo de 2022, que la calificación legal otorgada es la de amenazas, y que el último acto interruptivo ocurriera el 4 de junio de 2024, cuando fuera citada.

Así las cosas, “he de tener en consideración la pena a que se encuentra conminado el delito atribuido, amenazas, conforme el artículo 149bis primera parte del primer párrafo del Código Penal, es la pena de seis meses a dos años de prisión. Conforme lo establece el inciso 2 del art. 62 del Código Penal la acción penal prescribirá "...después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratara de hechos reprimidos con reclusión o prisión...".

Al respecto, Pocorena indicó que corresponde hacer lugar a la prescripción de la acción, por cuanto consideró que tomando en consideración la escala penal prevista para el delito endilgado en relación a la citación a juicio, se advierte que a la fecha se encuentra excedido el plazo de dos años, verificándose que no concurren causales con aptitud para interrumpir el curso de la prescripción de la acción penal, como tampoco el dictado de otras providencias que puedan ser consideradas a los efectos de la interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, por lo que así corresponde declararla.

Por último, el juez destacó que la fecha de la comisión de los hechos fue dentro del plazo de los cuatro años estipulado en el artículo 27 del Código Penal, respecto de la primer sentencia dictada en causa del registro del Juzgado Correccional 2 de Azul, el  25 de febrero de 2019, la cual adquirió firmeza el 15 de octubre de 2020.

Sin embargo –siguió el juez-, el planteo realizado por la defensa, es atendible, y ello conforme criterio establecido por este Juzgado en otra causa, la cual refirió a que "...el condenado no cometiere nuevo delito..." y en el caso la concreta determinación que los hechos cometidos en los años 2021 y 2022 ocurre con la sentencia de autos a dictarse, es decir pasados los cuatro años, por lo que adelanto la improcedencia de la unificación peticionada por el Fiscal.

Como oportunamente se detalló, el fiscal alegó la figura de la coautoría funcional. Para Piotti, la conducta de los acusados no se limitó a una protesta verbal, sino que existió una clara tendencia a la acción violenta. En su argumentación, sostuvo que el liderazgo ejercido por Altamirano tuvo el poder de incitar a la multitud a pasar a los hechos, lo que quedó registrado en diversas pruebas fílmicas incorporadas a la causa.

Según la fiscalía, estas imágenes permitieron identificar a los imputados encabezando la columna de manifestantes y arengando a la masa, lo que confirmó su dominio sobre el desarrollo de los acontecimientos.

Más allá del énfasis con la que apeló el fiscal, no tuvo la misma impresión el juez. Al decir del adelanto de la sentencia ventilada, para Pocorena “no se acreditó con el grado convictivo la coautoría penalmente responsable de los mismos en el hecho imputado”.

Así las cosas,  en su veredicto el juez adelantó un pronunciamiento absolutorio respecto del delito de daño agravado como coautores penalmente responsables el 6 de diciembre de 2021.

En otro orden, un pronunciamiento condenatorio respecto del delito de impedimento o estorbo de acto funcional cometido por Altamirano como autora penalmente responsable del mismo,  entre los días  9 y 17 de mayo de 2022 en Azul.

Asimismo, se declaró extinguida por prescripción la acción penal y sobreseyendo totalmente a Altamirano, del delito de amenazas.

Por último, se rechazó la unificación peticionada por el fiscal respecto de la sentencia dictada en causa del Juzgado Correccional 2 de Azul.

El dictado y lectura de los fundamentos del veredicto y  la sentencia será el 16  de julio del corriente año, a las 12, a partir de cuya lectura comenzarán a correr los plazos previstos por la normativa vigente para la presentación de los recursos que las partes pretendieran interponer.

A once años del primer Ni Una Menos, cientos de personas volvieron a movilizarse por las calles de Tandil para reclamar justicia por las víctimas de violencia de género y exigir políticas públicas de prevención y asistencia. La convocatoria fue impulsada por la Asamblea Transfeminista y reunió a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y vecinos autoconvocados.

La marcha concluyó con la lectura de un documento en el que se renovaron los reclamos contra las violencias machistas y se expresaron preocupaciones por el desfinanciamiento de programas de acompañamiento y protección. A continuación, algunas imágenes de una jornada de memoria, lucha y visibilización en el centro de la ciudad, bajo el lente de El Eco, en la cámara de Rody Becchi.

A once años de la histórica movilización que marcó un punto de inflexión en la lucha contra las violencias por motivos de género en Argentina, este miércoles por la tarde Tandil volvió a ser escenario de una multitudinaria convocatoria bajo la consigna "Ni Una Menos".

La movilización, impulsada por la Asamblea Transfeminista de Tandil, reunió a integrantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y vecinos autoconvocados que se concentraron en el centro de la ciudad para luego marchar por las calles con banderas, pancartas y carteles con consignas contra la violencia machista. A lo largo del recorrido se escucharon cánticos reclamando justicia por las víctimas de femicidios y exigiendo la implementación de políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género.

La columna avanzó acompañada por referentes de distintos espacios y por familias que se sumaron a la convocatoria. Durante el trayecto, las manifestantes realizaron intervenciones y recordaron que el movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 como respuesta a la creciente cantidad de femicidios en el país y que, más de una década después, los reclamos continúan vigentes.

Durante la jornada, las organizaciones recordaron a las víctimas de femicidios, transfemicidios, lesbicidios y crímenes de odio, al tiempo que reclamaron justicia por casos recientes que conmocionaron al país. Entre los nombres mencionados estuvieron Agostina, Dulce y Noelia, además de otras mujeres y disidencias víctimas de distintas formas de violencia.

La movilización culminó con un acto y la lectura de un documento consensuado por las organizaciones participantes. Allí se hizo un repaso de los once años transcurridos desde la primera marcha y se destacó la importancia de sostener la organización colectiva frente a un contexto que, según señalaron, presenta retrocesos en materia de derechos y protección para mujeres y diversidades.

En el documento leído al finalizar la marcha, las agrupaciones señalaron que desde el primer Ni Una Menos, realizado el 3 de junio de 2015, se registraron miles de femicidios y crímenes por razones de género en el país. También expresaron preocupación por el desfinanciamiento de programas de asistencia y prevención, así como por el incumplimiento de normativas destinadas a proteger a mujeres y diversidades.

Entre los principales reclamos, se cuestionaron iniciativas vinculadas a las supuestas "falsas denuncias" de las víctimas y se advirtió sobre el impacto que podrían tener en el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género. “Las mujeres y disidencias no mentimos, los mentirosos son el Presidente y su gobierno” sostuvieron. Asimismo, se denunció la persistencia de prácticas judiciales y mediáticas que revictimizan a quienes denuncian agresiones.

La Asamblea también puso el foco en otras problemáticas, como la violencia digital, los obstáculos para acceder a derechos sexuales y reproductivos, la situación de las infancias y adolescencias, y las consecuencias sociales de la crisis económica. Durante la lectura se reclamó la implementación de la Ley Olimpia, el fortalecimiento de las políticas de salud mental y el sostenimiento de programas de acompañamiento a víctimas, a partir se las siguientes palabras: 

La violencia digital también es violencia de género. Esta violencia aparece en la vida de les adolescentes como moneda corriente donde las pibas son las más afectadas. Se difunden sus fotos, se editan sus cuerpos, y mientras esto ocurre, son señaladas, culpabilizadas y aisladas, profundizando su sufrimiento. No se trata solamente de lo que pasa detrás de una pantalla. El hostigamiento, la difusión no consentida de imágenes, las amenazas, la suplantación de identidad y los discursos de odio, tienen consecuencias sobre nuestros vínculos y nuestras vidas.

Además, el documento vinculó la lucha contra las violencias de género con otros debates sociales y políticos, incluyendo la defensa de la democracia, el acceso a derechos laborales, la educación pública y las problemáticas ambientales.

La actividad concluyó con la lectura colectiva de las consignas que dieron origen al movimiento y que siguen vigentes once años después: "Ni Una Menos", "Paren de matarnos" y "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", reafirmando el compromiso de las organizaciones locales de continuar visibilizando las violencias y exigiendo respuestas concretas por parte del Estado.

El colectivo Ni Una Menos volverá a movilizarse este miércoles 3 de junio en distintos puntos del país, con epicentro frente al Congreso Nacional. La convocatoria, fijada para las 17, se realiza a 11 años de la primera movilización que dio origen al movimiento feminista tras el femicidio de Chiara Páez en 2015.

La jornada se llevará a cabo bajo las consignas "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" y "Justicia por Dulce y Agostina". Este último reclamo hace referencia a los femicidios de Agostina Vega, una adolescente cordobesa de 14 años, y de Dulce Candia, una joven misionera de 17 años.

En la previa de la marcha, la organización realizó una conferencia de prensa para exigir justicia por Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana en Córdoba. Al respecto, desde la organización remarcaron que no es un caso aislado.

La protesta busca visibilizar la persistencia de la violencia de género y reclamar respuestas estatales ante los femicidios y las desapariciones. Según datos del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en el país. Desde la primera marcha de Ni Una Menos, se han contabilizado más de 3.400 asesinatos de mujeres por razones de género, en un contexto donde ocurre un femicidio cada 31 horas.

Organizaciones feministas, agrupaciones sociales, sindicatos y colectivos de derechos humanos ratificaron su participación en la jornada, que volverá a poner en agenda las demandas vinculadas a la prevención de las violencias, el acceso a la justicia y el acompañamiento a víctimas y familiares.

Este martes por la tarde, docentes autoconvocados de Tandil llevaron adelante una concentración y posterior movilización en respaldo al profesor que fue agredido por un estudiante en el Colegio San José, un hecho que generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa local y que abrió nuevamente el debate sobre la convivencia dentro de las instituciones escolares.

La actividad comenzó alrededor de las 17 30 horas en la glorieta de la Plaza Independencia, donde se reunieron docentes de establecimientos públicos y privados de la ciudad. Allí se leyó un comunicado consensuado por los organizadores, en el que expresaron su acompañamiento al docente afectado y manifestaron su preocupación por el incremento de situaciones de violencia y el deterioro de los vínculos de convivencia en las escuelas.

"Hoy nos encontramos reunidos para expresar nuestro acompañamiento al profesor agredido recientemente en un establecimiento de nuestra ciudad y para visibilizar una preocupación que crece en los ámbitos educativos: el aumento de los episodios de violencia y el progresivo deterioro de los vínculos de convivencia", señalaron durante la lectura del documento.

Los docentes remarcaron que el episodio ocurrido días atrás, que dejó al profesor con importantes lesiones tras un conflicto desarrollado durante una clase, trascendió el plano individual para convertirse en una señal de problemáticas más amplias que atraviesan a las comunidades educativas.

"Quienes trabajamos en las escuelas enfrentamos diariamente desafíos que exceden la enseñanza y aprendizaje de contenidos. A la tarea pedagógica se suman conflictos interpersonales, demandas sociales crecientes y situaciones complejas para las cuales muchas veces no existen recursos suficientes ni dispositivos de acompañamiento adecuados", expresaron.

En el mismo sentido, sostuvieron que cuando el conflicto desplaza al diálogo y la hostilidad comienza a ocupar un lugar central en la vida institucional, se ven afectadas las condiciones necesarias para enseñar y aprender.

Durante el acto también plantearon la necesidad de generar espacios de discusión más profundos sobre la convivencia escolar, el respeto hacia los trabajadores de la educación y las herramientas disponibles para prevenir y abordar situaciones críticas antes de que escalen.

"Desde esta organización sostenemos que resulta indispensable abrir una discusión profunda sobre la convivencia escolar, el respeto a los trabajadores de la educación y las herramientas disponibles para prevenir y abordar situaciones críticas antes de que escalen", indicaron.

Finalizada la lectura del comunicado, los participantes iniciaron una marcha alrededor de la plaza Independencia. Según pudo observarse, la columna avanzó por calle Belgrano entre aplausos y muestras de apoyo, continuó por Chacabuco, luego por Pinto y finalmente por Rodríguez para regresar nuevamente a la glorieta, donde concluyó la actividad.

La movilización se desarrolló en un clima pacífico y tuvo como eje central el acompañamiento al profesor agredido, aunque también buscó instalar una reflexión colectiva sobre las dificultades que atraviesan actualmente muchas instituciones educativas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, contención y resolución de conflictos.

De esta manera, el caso ocurrido en el Colegio San José volvió a poner en agenda una problemática que preocupa a docentes, directivos y familias, y que los organizadores consideran necesario abordar de manera integral para garantizar ámbitos escolares seguros y propicios para el aprendizaje.

El Gobierno de Bolivia admitió la muerte de un manifestante de 24 años, un hecho que había negado apenas un día antes, según informaron medios internacionales este 26 de mayo de 2026. El deceso se produjo el sábado pasado durante un operativo policial y militar destinado a desbloquear La Paz, sede de gobierno, la cual permanecía sitiada desde hace tres semanas como medida de presión para exigir la renuncia del presidente.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se refirió al episodio y expresó las condolencias del Ejecutivo hacia los allegados de la víctima.

“Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”.

De acuerdo con la información oficial contenida en el acta de defunción, el manifestante falleció a causa de un proyectil de arma de fuego. Pese a este diagnóstico, Gálvez sostuvo que los agentes antidisturbios cuentan con instrucciones precisas de no utilizar armas de fuego ni balines de goma durante los operativos de despeje.

Finalmente, el portavoz presidencial enfatizó que se investigará el origen del disparo y afirmó:

“Esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley”.

El presidente Javier Milei utilizó este miércoles sus redes sociales para fijar su postura luego de la masiva movilización en defensa de la universidad pública que se realizó el martes en Plaza de Mayo. Lejos de tender puentes con los sectores que participaron de la protesta, el mandatario compartió una publicación en la que comparó su salario con el de los rectores de las universidades nacionales.

Según el posteo difundido por el jefe de Estado en la red social X, Milei percibe un sueldo bruto de 4 millones de pesos mensuales. En contraposición, la publicación sostuvo que los rectores de las casas de altos estudios cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente”, con ingresos que podrían alcanzar los 18 millones de pesos por mes.

A lo largo de la jornada, el mandatario también replicó distintos mensajes críticos hacia la convocatoria universitaria. En esa línea, insistió en que la protesta no respondió únicamente a un reclamo académico, sino que estuvo atravesada por intereses partidarios y políticos.

En sus publicaciones, Milei lanzó fuertes cuestionamientos a los sectores de la oposición que participaron de la Marcha Federal Universitaria. Sostuvo que los dirigentes opositores buscan preservar “sus cajas” y que utilizan la defensa de la educación pública como una bandera para encubrir intereses económicos.

Desde el oficialismo, el discurso se mantuvo en sintonía con las expresiones del Presidente. La cuenta oficial de La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que aseguró que el Gobierno nacional cumple regularmente con la transferencia de los fondos presupuestarios destinados a las universidades.

En ese documento, el espacio político rechazó las acusaciones de desfinanciamiento deliberado y afirmó que la administración nacional realiza mes a mes los giros correspondientes. En el mismo sentido se expresó la Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez, que defendió durante toda la jornada la política del Ejecutivo en materia de financiamiento universitario.

El Gobierno Nacional respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la administración central calificaron a la cuarta Marcha Federal Universitaria como una movilización de carácter "opositor" y desmintieron las acusaciones por falta de pago.

A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza, la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que se pretende "instalar" en la sociedad un discurso en el que se busca "desfinanciar" las universidades públicas o bien "cerrarlas".

Al respecto, desde el sector oficial señalaron que el Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. En ese sentido, destacaron que en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las instituciones creció y pasó a 4,8 billones de pesos.

Por otra parte, las autoridades recordaron que durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández se transferían los fondos a las universidades "hasta con cuatro meses de atraso" y con una inflación del 211,4 por ciento anual. En contraste, indicaron que actualmente esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5 por ciento.

Respecto a la normativa reclamada, el comunicado detalló que la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629. Según explicaron, esto se debe a que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos.

Finalmente, desde el Ejecutivo subrayaron que el presidente y su equipo no van a salirse del compromiso "inquebrantable" de sostener el equilibrio fiscal. En esta línea, rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso "implicaría más impuestos" o mayor "emisión monetaria" y, por consiguiente, generaría "más inflación y más pobreza".

La comunidad universitaria volvió ayer a ocupar las calles en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria. A 203 días de la sanción de la Ley de Financiamiento (27.795), estudiantes, docentes, investigadores y vecinos de la ciudad marcharon para reclamar el cumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso nacional y ratificada tras el veto presidencial.

La movilización reflejó un fuerte respaldo al reunir a distintos sectores políticos, sindicales, sociales y académicos detrás de una consigna común: la defensa de la universidad pública y del sistema científico-tecnológico.

La concentración comenzó alrededor de las 17 en la esquina de Garibaldi y Rodríguez, donde una importante cantidad de personas se dio cita para manifestar su rechazo a las políticas nacionales que afectan el presupuesto de las casas de altos estudios.

La convocatoria fue amplia y heterogénea. Hubo representantes de los sindicatos docentes y no docentes de la Unicen (Adunce, ATE, Atuncpba), además de representantes del Conicet Tandil. También se sumaron agrupaciones como Amalu, Suteba, Flor de Murga, Casa Violeta, Patria Grande, Mala Junta, PTS y miembros del Comedor y del área de Extensión de la Unicen.

El carácter institucional de la movilización estuvo representado con la presencia del rector de la Unicen, Marcelo Aba, junto a la vicerrectora, Alicia Spinello, que encabezaron la movilización desde el principio hasta el final.

No obstante, el respaldo político fue otro de los datos salientes de la jornada. Entre los presentes estuvieron el intendente Miguel Lunghi, el diputado bonaerense Matías Civale y el exfuncionario Julio Elichiribehety. También participaron concejales de distintas fuerzas políticas, al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y el titular del Partido Justicialista, Darío Méndez.

El operativo de seguridad, que incluyó cortes a cargo de los agentes de Control Urbano Vehicular coordinados por personal policial, permitió el desarrollo de la marcha sin inconvenientes.

La movilización

Minutos después de las 17.30, la columna de personas inició su recorrido por Rodríguez. Los participantes se ubicaron detrás de una bandera que rezaba la consigna de la convocatoria: “Exigimos que se cumpla la ley”. Detrás, las autoridades universitarias y los gremios docentes y no docentes, que marcaron el paso hacia el microcentro.

Los manifestantes hicieron su primera escala al llegar a España, donde desplegaron banderas y reacomodaron filas antes avanzar por el adoquinado céntrico.

Los carteles que portaban algunos de los participantes reflejaron el mensaje y el descontento hacia el Ejecutivo nacional: “Milei tramposo, cumplí con la ley”, “Milei no sos rey, cumplí con la ley” y “la educación pública es política porque nos enseña a cuestionar y no a obedecer”.

El despliegue, que sumó el ritmo de los bombos y redoblantes de una murga local, captó la atención de vecinos y comerciantes que se asomaron a las veredas para observar la movilización y la amplia respuesta que logró en su cuarta edición.

El final

La segunda escala sucedió en la esquina de Rodríguez y Mitre. Allí, la movilización recibió el aplauso de un grupo de personas que esperaba en la esquina -entre quienes se encontraba el dirigente Carlos Fernández-, que se sumó y acompañó el último tramo del trayecto.

Alrededor de las 18.05, cuando la columna alcanzó la esquina de Pinto, la caída del sol transformó la estética de la protesta. Casi en silencio, las velas comenzaron a encenderse en la cabecera de la marcha, cumpliendo con la decisión de los organizadores.

Al doblar por Belgrano, el sonido de los bombos y redoblantes mermó para dar paso a un clima de respeto, con dos breves paradas adicionales donde se multiplicó el encendido de velas entre los asistentes.

En la esquina de Pinto y Chacabuco aguardaba otro nutrido grupo de vecinos frente a un escenario montado especialmente para la ocasión, donde se desarrolló el acto central. Sobre la fachada del histórico edifico del Rectorado de la Unicen, una enorme bandera sintetizaba el espíritu de la convocatoria con cuatro conceptos clave: “universidad, futuro, esperanza y educación”.

La llegada definitiva a este punto se produjo a las 18.25, bajo una atmósfera de compromiso institucional y social.

Los locutores del evento dieron la bienvenida formal a la cuarta marcha federal y agradecieron el acompañamiento de la comunidad tandilense. En la apertura, se hizo especial hincapié en el tiempo transcurrido sin respuestas oficiales, señalando que se cumplieron 203 días sin aplicar una ley votada por el Congreso nacional.

Tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, las autoridades subieron al escenario y, de cara a una multitud, brindaron el mensaje.

La cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo una convocatoria multitudinaria en el centro de Tandil. Desde las 17 horas comenzaron a concentrarse estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, investigadores, jubilados, referentes sindicales y familias enteras que acompañaron la marcha con banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional.

“Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende!”, señaló el rector Aba para cerrar una nueva jornada histórica en defensa de la educación publica.

A continuación, la mejores fotos de la jornada, bajo el lente de Rody Becchi, fotografo de El Eco: 

En la movilización estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y por la Federación de no docentes (Fatun).

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fueron los encargados de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades “no ha superado”, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, “el 64 por ciento del que tenía en enero de 2023”.

“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 “se ha perdido el equivalente a casi nueve meses de transferencias”; asimismo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades “no es solo presupuestaria”, porque como ciudadanos “deben denunciar con dolor y firmeza” la “ruptura del acuerdo democrático” de la división de poderes que tenemos en la Nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, “son factores fundamentales de la economía del país” y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda “competir en el mundo” y “generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables”: “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo”, añadieron.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia”, concluyeron.

Debajo del escenario estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como de las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

También estuvieron representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan “una situación límite”, marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la “recomposición salarial para docentes y nodocentes” y la aplicación del “presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios”. NA

Una multitud se concentró este martes en Tandil para participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria en el gobierno de Milei, en el marco de una jornada de protesta que se replicó en distintas ciudades del país para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición del presupuesto destinado a las universidades públicas.

La movilización, que tuvo como epicentro la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, graduados, sindicatos, organizaciones sociales y vecinos que se sumaron a la consigna en defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad.

La convocatoria se dio a 203 días de la sanción de la Ley 27.795, norma que establece un piso de recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional y que, según denunciaron las autoridades y los gremios, continúa sin ser aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional.

La iniciativa volvió a mostrar una convocatoria multitudinaria en el centro. Desde las 17 horas miles de tandilenses acompañaron la marcha con banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional. Entre los mensajes más repetidos se pudieron leer reclamos por “más presupuesto para educación”, “salarios dignos para docentes y nodocentes”, “cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” y “la educación pública no se vende, se defiende”, en una manifestación que volvió a colmar las calles y a expresar el amplio respaldo de la comunidad tandilense a la Unicen y a la educación superior gratuita y de calidad.

Durante el acto central se leyó el documento consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y nodocentes, en el que se advirtió que el financiamiento del sistema universitario atraviesa una situación crítica.

Según el texto, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026, lo que representa una reducción inédita de los recursos disponibles para sostener el funcionamiento de las instituciones.

También se expuso el fuerte impacto sobre los salarios del sector. De acuerdo al documento, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,3 por ciento, mientras que los salarios aumentaron 147,3 por ciento, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo del 37,13 por ciento. Los firmantes señalaron que los sueldos universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años.

Otro de los puntos destacados fue el deterioro de las políticas de acompañamiento estudiantil. El documento advirtió que programas como las Becas Progresar y las Becas Estratégicas Manuel Belgrano permanecen congelados o desfinanciados, mientras que las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC) continúan suspendidas, lo que compromete la permanencia de miles de jóvenes en el sistema universitario.

Los organizadores remarcaron que la crisis excede la cuestión presupuestaria y cuestionaron al Gobierno nacional por no cumplir con una ley aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia. En ese sentido, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga y garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

En el tramo final del documento, se destacó que la universidad pública argentina constituye un “instrumento de justicia social” que promueve la movilidad ascendente, genera conocimiento estratégico para el desarrollo del país y ofrece oportunidades a miles de jóvenes. Además, se advirtió que el debilitamiento del sistema pone en riesgo el futuro científico, tecnológico, cultural y productivo de la Argentina.

Con banderas, carteles y cánticos, la comunidad tandilense volvió a expresar su respaldo a la educación pública en una jornada de amplia participación y fuerte contenido simbólico. Al igual que en las marchas anteriores, el reclamo se centró en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que las universidades continúen cumpliendo su rol en la formación de profesionales, la producción de conocimiento y la construcción de una sociedad más igualitaria.

El documento concluyó con un llamado a defender el sistema universitario y evitar que docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados por la falta de recursos. “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende!”, señalaron los organizadores.