La cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo una convocatoria multitudinaria en el centro de Tandil. Desde las 17 horas comenzaron a concentrarse estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, investigadores, jubilados, referentes sindicales y familias enteras que acompañaron la marcha con banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional.

“Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende!”, señaló el rector Aba para cerrar una nueva jornada histórica en defensa de la educación publica.

A continuación, la mejores fotos de la jornada, bajo el lente de Rody Becchi, fotografo de El Eco: 

En la movilización estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y por la Federación de no docentes (Fatun).

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fueron los encargados de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades “no ha superado”, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, “el 64 por ciento del que tenía en enero de 2023”.

“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 “se ha perdido el equivalente a casi nueve meses de transferencias”; asimismo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades “no es solo presupuestaria”, porque como ciudadanos “deben denunciar con dolor y firmeza” la “ruptura del acuerdo democrático” de la división de poderes que tenemos en la Nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, “son factores fundamentales de la economía del país” y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda “competir en el mundo” y “generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables”: “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo”, añadieron.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia”, concluyeron.

Debajo del escenario estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como de las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

También estuvieron representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan “una situación límite”, marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la “recomposición salarial para docentes y nodocentes” y la aplicación del “presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios”. NA

Una multitud se concentró este martes en Tandil para participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria en el gobierno de Milei, en el marco de una jornada de protesta que se replicó en distintas ciudades del país para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición del presupuesto destinado a las universidades públicas.

La movilización, que tuvo como epicentro la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, graduados, sindicatos, organizaciones sociales y vecinos que se sumaron a la consigna en defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad.

La convocatoria se dio a 203 días de la sanción de la Ley 27.795, norma que establece un piso de recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional y que, según denunciaron las autoridades y los gremios, continúa sin ser aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional.

La iniciativa volvió a mostrar una convocatoria multitudinaria en el centro. Desde las 17 horas miles de tandilenses acompañaron la marcha con banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional. Entre los mensajes más repetidos se pudieron leer reclamos por “más presupuesto para educación”, “salarios dignos para docentes y nodocentes”, “cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” y “la educación pública no se vende, se defiende”, en una manifestación que volvió a colmar las calles y a expresar el amplio respaldo de la comunidad tandilense a la Unicen y a la educación superior gratuita y de calidad.

Durante el acto central se leyó el documento consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y nodocentes, en el que se advirtió que el financiamiento del sistema universitario atraviesa una situación crítica.

Según el texto, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026, lo que representa una reducción inédita de los recursos disponibles para sostener el funcionamiento de las instituciones.

También se expuso el fuerte impacto sobre los salarios del sector. De acuerdo al documento, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,3 por ciento, mientras que los salarios aumentaron 147,3 por ciento, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo del 37,13 por ciento. Los firmantes señalaron que los sueldos universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años.

Otro de los puntos destacados fue el deterioro de las políticas de acompañamiento estudiantil. El documento advirtió que programas como las Becas Progresar y las Becas Estratégicas Manuel Belgrano permanecen congelados o desfinanciados, mientras que las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC) continúan suspendidas, lo que compromete la permanencia de miles de jóvenes en el sistema universitario.

Los organizadores remarcaron que la crisis excede la cuestión presupuestaria y cuestionaron al Gobierno nacional por no cumplir con una ley aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia. En ese sentido, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga y garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

En el tramo final del documento, se destacó que la universidad pública argentina constituye un “instrumento de justicia social” que promueve la movilidad ascendente, genera conocimiento estratégico para el desarrollo del país y ofrece oportunidades a miles de jóvenes. Además, se advirtió que el debilitamiento del sistema pone en riesgo el futuro científico, tecnológico, cultural y productivo de la Argentina.

Con banderas, carteles y cánticos, la comunidad tandilense volvió a expresar su respaldo a la educación pública en una jornada de amplia participación y fuerte contenido simbólico. Al igual que en las marchas anteriores, el reclamo se centró en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que las universidades continúen cumpliendo su rol en la formación de profesionales, la producción de conocimiento y la construcción de una sociedad más igualitaria.

El documento concluyó con un llamado a defender el sistema universitario y evitar que docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados por la falta de recursos. “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende!”, señalaron los organizadores.

La comunidad universitaria protagonizará hoy una nueva jornada de protesta en las calles de Tandil. En una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, a la que adhirió la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes se movilizarán para denunciar la crisis presupuestaria que afecta a la educación superior y al entramado científico-tecnológico del país.

La convocatoria está prevista para las 17 en Garibaldi y Rodríguez, con el objetivo de iniciar la movilización a las 17.30 hacia las puertas del Rectorado, en Pinto y Chacabuco.

La Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo en todo el país y tiene como objetivo de exigirle al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente y no docente.

La adhesión a la movilización fue confirmada la semana pasada en una conferencia de prensa encabezada por el rector Marcelo Aba, junto al secretario general de Atuncpba, Diego Jongewaard de Boer; la representante de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Micaela Di Rocco; el secretario adjunto de Adunce, Marcelo Stipcich; y el delegado de ATE por los trabajadores del Conicet, Ignacio Simoy.

Una situación que se agrava

En esa oportunidad, el rector fue contundente al describir el escenario que enfrentan las casas de estudio: “La situación se va agravando. Hoy los retrasos tanto salariales como en los gastos de funcionamiento como en las partidas de ciencia y técnica a nivel nacional van todas en retroceso, algunas ya tendiendo a cero”.

La máxima autoridad académica subrayó que el retraso salarial se acerca al 50 por ciento, una cifra que pone en riesgo la continuidad de los equipos de trabajo.

Sin embargo, el reclamo va más allá del ámbito académico sino que responde a la defensa de un modelo a partir del impacto que tienen las universidades en el desarrollo de un país.

“Queremos resaltar ese valor que se defendió en aquella marcha del 23 de abril del año pasado por toda la sociedad, de lo que representa la educación y el conocimiento para el desarrollo de una nación. Estamos absolutamente convencidos de lo que está en juego”, expresó el rector.

Impacto en el sector científico y gremial

Desde el sector gremial, Diego Jongewaard de Boer remarcó que la pérdida del poder adquisitivo obliga a los trabajadores a buscar empleos alternativos.

Por su parte, Marcelo Stipcich aportó datos del Consejo Interuniversitario Nacional, indicando que desde diciembre de 2023 los trabajadores universitarios perdieron el equivalente a cerca de 11 sueldos en su capacidad de consumo.

“Quisiera preguntar quién puede sobrevivir sin pagar el alquiler 11 meses o cuánto te dura la heladera si empezás a deber 11 cuotas”, graficó el dirigente durante la conferencia de prensa, que calificó el desfinanciamiento como un posicionamiento profundamente político.

Por su parte, Ignacio Simoy advirtió que el ajuste afecta a un entramado que incluye al INTI, el INTA y el Servicio Meteorológico Nacional. “Menos ciencia es menos soberanía”, sentenció el delegado de ATE.

El compromiso estudiantil

La comunidad estudiantil expresó su preocupación a través de Micaela Di Rocco, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Arte. La referente hizo hincapié en los retrasos de las becas Progresar y la incertidumbre de los alumnos. “No caemos en la universidad pública, sino que la elegimos y como la elegimos, también la defendemos y la cuidamos”, afirmó.

Hacia el cierre de la presentación, los referentes universitarios invitaron a todas las instituciones de la sociedad civil y a la ciudadanía a sumarse a la marcha, manteniendo el carácter de anteriores convocatorias.

Marcha federal

La Marcha Universitaria se replicara en otras provincias del país, entre ellas, Córdoba, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

El acto central será en Plaza de Mayo, en Capital Federal, a las 17 y previamente las distintas organizaciones se concentrarán en diversos puntos y a diferentes horarios.

La convocatoria partió de diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes, incluyendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), las cuales denuncian la situación crítica que atraviesan las distintas universidades públicas provocada por el desfinanciamiento impartido por la gestión del presidente Javier Milei, desde diciembre de 2023.

La movilización busca visibilizar también la situación salarial, por lo que también exigen la recomposición de los haberes docentes y no docentes. Las instituciones denuncian una caída real del 45,6 por ciento en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026.

Para los grupos convocantes, esta crisis presupuestaria, que converge en el desfinanciamiento que atraviesa el área educativa, “pone en riesgo el funcionamiento” de todas las universidades nacionales.

El Gobierno nacional informó este jueves que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario impulsado por el Ejecutivo en la causa relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario y resolvió suspender una medida cautelar vigente hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia.

La decisión judicial fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que precisó que la presentación se realizó en el expediente “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”, iniciado tras cuestionamientos vinculados con la aplicación de la Ley N° 27.775.

Según indicó la cartera nacional, el planteo estuvo dirigido contra la resolución dictada el pasado 31 de marzo por la Sala III de la Cámara y fue acompañado por un pedido de efecto suspensivo, que finalmente fue aceptado por el tribunal.

De esta manera, la cautelar quedará suspendida hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie de manera definitiva sobre el caso.

El Ejecutivo recordó además que la Ley de Financiamiento Universitario había sido promulgada mediante el Decreto 759/25, aunque su implementación quedó paralizada bajo el argumento de que el Congreso no estableció las fuentes específicas de financiamiento necesarias para solventarla.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la puesta en marcha de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”, uno de los principales lineamientos económicos de la administración encabezada por Javier Milei.

Por último, desde el Ministerio de Capital Humano ratificaron el compromiso oficial con “el derecho de enseñar y aprender”, aunque remarcaron que ese objetivo debe sostenerse dentro de un esquema de “sostenibilidad fiscal” y de utilización “eficiente” de los recursos estatales.

La novedad judicial se conoció además en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes. La movilización, impulsada por rectores, gremios docentes y centros de estudiantes, buscará volver a poner en agenda el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y cuestionar la decisión del Gobierno de trasladar el conflicto al plano judicial.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) confirmó su participación en la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12 de mayo, en el marco de una jornada nacional de protesta en defensa de la educación pública, la ciencia y el financiamiento del sistema universitario.

A través de un comunicado institucional difundido por la Asociación Gremial de Docentes de la Unicen (Adunce) en sus distintos espacios, la casa de altos estudios expresó su adhesión a la movilización que se realizará en todo el país bajo el lema “Milei, no sos rey, cumplí la ley”, en referencia al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El texto difundido por la universidad señala: “El martes 12 de mayo defendemos a la universidad pública en las calles de todo el país, exigiendo al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario”. En esa misma línea, el gremio docente convoca a la participación conjunta de la comunidad educativa.

Asimismo, la Unicen remarcó que en sus distintas sedes “docentes, nodocentes y estudiantes marchamos por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, en una expresión conjunta de los claustros universitarios. De esta forma, se confirma que la medida impactará en Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

El comunicado también enmarca la medida dentro de un plan de acción más amplio, al sostener que “seguimos con el plan de lucha, porque defender la educación y la ciencia es defender la democracia y la soberanía”.

La adhesión de la Unicen se inscribe en una serie de pronunciamientos de universidades públicas de todo el país que manifestaron su apoyo a la Marcha Federal Universitaria, en un contexto de creciente debate por el financiamiento del sistema de educación superior en Argentina.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se suma así a la jornada nacional convocada para el 12 de mayo, que tendrá expresiones en distintas ciudades y sedes universitarias del país bajo la consigna de defensa de la universidad pública.

El gendarme Héctor Jesús Guerrero, responsable de herir gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo durante una marcha de jubilados en marzo de 2025, deberá enfrentar un juicio oral. La medida surge tras la resolución elevada por el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano.

Para el fiscal, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, de 30 años, debe ser juzgado por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado cometido en cinco oportunidades. Según la resolución, el comportamiento de Héctor Jesús Guerrero representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes.

El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025, cuando Pablo Nahuel Grillo resultó herido con una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica a raíz del impacto de un proyectil. La Fiscalía concluyó que, tras una exhaustiva investigación, se verificó que los efectivos actuaron de manera desproporcionada e irracional durante el operativo de seguridad.

“Esa situación comprendió los disparos efectuados de forma antirreglamentaria por el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, que le ocasionaron lesiones al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo”.

Peritajes técnicos e informes de especialistas establecieron que el uniformado efectuó seis disparos sin que existiera un contexto de agresión previa. Según la investigación, el gendarme disparó de forma antirreglamentaria, en ángulo horizontal, con su pistola lanza gases marca FM desde la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís.

A raíz de las heridas, el reportero gráfico presenta hoy un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas, lo que podría derivar en secuelas permanentes en su esfera neurológica. El fiscal recalcó que Héctor Jesús Guerrero contaba con la formación necesaria para aplicar correctamente el uso de la fuerza, pero ejerció sus potestades de manera abusiva contra un trabajador de prensa y manifestantes que no representaban amenaza alguna.

En medio de una compleja estrategia judicial contra la reforma laboral y crecientes presiones internas, la CGT conmemorará este jueves el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo. La concentración, prevista para las 15, tendrá como eje central un acto donde los tres cotitulares de la central, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, brindarán discursos con una marcada impronta crítica hacia la gestión del presidente Javier Milei.

Durante la jornada se leerá un documento titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”, el cual contiene duras observaciones contra la reforma laboral y las medidas económicas que han provocado el cierre de empresas y despidos. Además, se proyectará un video en homenaje al Papa Francisco, fallecido en abril de 2025, y dos curas villeros realizarán una oración reivindicando las ideas sociales de Jorge Bergoglio.

La movilización contará con columnas de diversos sindicatos como Camioneros, UOCRA, UPCN, Sanidad y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). También se sumarán sectores del PJ alineados con Axel Kicillof y La Cámpora, junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). En contraste, la izquierda realizará su propio acto el 1 de mayo, mientras que el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), integrado por la UOM y ATE, debatirá su propio programa el viernes en Pilar.

La interna sindical atraviesa un momento de alta temperatura. Dirigentes como Luis Barrionuevo, Omar Maturano y Roberto Fernández exigen mayor dureza contra el Gobierno.

“¿Qué carajo vamos a hacer en la CGT si no hace nada? No nos defienden, el Gobierno nos pega a todos y nadie dice nada”, planteó Omar Maturano, líder ferroviario, quien incluso amenazó con renunciar a la central obrera si no se convoca a un plan de lucha.

Desde el sector dialoguista, Gerardo Martínez advirtió que, “agotada la instancia judicial contra la reforma laboral, pensamos en un plan de lucha”. Por su parte, Cristian Jerónimo remarcó que “el pueblo la está pasando mal” y que la conflictividad seguirá escalando, mientras que Jorge Sola aseguró: “Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte”.

El clima se recalentó aún más tras el anuncio del Gobierno de imponer una multa de 21.241.500.000 pesos al sindicato La Fraternidad por no acatar una conciliación obligatoria. Asimismo, se espera una sanción similar para la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que podría alcanzar los 70 mil millones de pesos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezará este jueves una nueva marcha nacional en rechazo a las políticas del Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei. La movilización, prevista para las 15 horas, se produce en la antesala del Día del Trabajador y busca visibilizar el descontento por la situación económica y social actual.

El co-secretario de la central cegetista, Cristián Jerónimo, advirtió sobre la realidad que atraviesan los trabajadores. “El costo de vida es altísimo, los salarios tienen un desajuste terrible, y los acuerdos salariales van por detrás de la inflación”, manifestó.

En esa misma línea, el referente de la central obrera planteó la necesidad de abrir instancias de diálogo para discutir un modelo económico centrado en la producción y el empleo, al tiempo que subrayó la intención de construir consensos más amplios para el futuro. “Esta movilización es una expresión de rechazo a las políticas actuales y un llamado a reabrir el diálogo”, destacó, tras señalar que la marcha también incluirá un homenaje al Papa Francisco, en reconocimiento a su rol en la defensa del trabajo y de las organizaciones sindicales.

Según indicaron desde la CGT, la convocatoria será de carácter abierto y buscará reunir a distintos sectores sociales. El punto más sensible será el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que ya viene sufriendo una reducción de frecuencias de colectivos. En este sector, la situación dependerá de cada línea y de la adhesión sindical local, por lo que se recomienda planear los viajes con antelación.

En cuanto a los trenes, podría haber alteraciones en las líneas Sarmiento y Mitre, dado que La Fraternidad confirmó el cese de actividades. Por el contrario, en los vuelos no se espera un paro total, aunque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la adhesión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que podría generar demoras operativas.

En el ámbito educativo, no se prevé un paro en escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria, aunque algunos gremios docentes podrían sumarse a la columna. La situación varía en las casas de altos estudios: los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) mantendrán una medida de fuerza durante toda la semana.

Finalmente, confirmaron un cese de actividades para la jornada los empleados de recolección de residuos, atención en organismos públicos, correo, logística y algunas dependencias estatales. En el sistema de salud pública, se garantizó la atención mediante guardias mínimas.

En una acción similar a la movilización realizada el 14 de abril hacia el Palacio de Hacienda, un grupo de jefes comunales de la provincia de Buenos Aires se dirigirá este miércoles al Ministerio de Capital Humano. El objetivo es presentar un reclamo formal ante la ministra Sandra Pettovello por la falta de envío de fondos destinados a la asistencia alimentaria.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, surgió tras un encuentro del Consejo del PJ bonaerense en La Plata. Durante la reunión, se resolvió avanzar con la protesta para exigir el pago de deudas que permitan sostener el funcionamiento de los comedores y el Sistema Alimentario Escolar (SAE).

El documento elaborado por las autoridades partidarias advierte sobre un "desfinanciamiento inédito" que "se conjuga con indicadores sociales alarmantes: familias que ya no llegan a fin de mes, salarios que se pulverizan y una demanda alimentaria desesperada que el Gobierno Nacional se niega a asistir recortando el financiamiento al Sistema Alimentario Escolar y los Comedores Comunitarios".

En este contexto, el ministro Andrés Larroque precisó que la deuda de la Nación con la Provincia asciende a 220.000 millones de pesos en concepto del SAE. El funcionario apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei por la profundización de la crisis y envió una nota formal a la ministra Sandra Pettovello, quien recientemente desmintió la responsabilidad nacional en estos programas.

La situación se agrava tras la decisión del gobernador Axel Kicillof de aumentar la asistencia propia pero suspender el programa MESA, que entregaba alimentos secos, debido a la falta de financiamiento externo. A través de esta marcha, los intendentes buscan obtener una respuesta concreta ante el recorte de recursos esenciales para los sectores más vulnerables.

Tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno nacional analiza alternativas para readecuar las partidas presupuestarias y cumplir con el fallo judicial que ordena su aplicación. Según trascendió, el oficialismo planea una nueva convocatoria a rectores y autoridades para los primeros días de mayo, con el objetivo de destrabar el conflicto y alcanzar un acuerdo entre las partes.

En los despachos de la Casa Rosada se recuerda un intento de acuerdo en febrero, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo. Aquella propuesta buscaba recomponer los salarios en un 12,3 por ciento, pero no logró avanzar debido a los tiempos legislativos. Desde el entorno presidencial apuntan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la demora en el tratamiento del proyecto, aunque cerca del legislador aseguran que las prioridades las marca el Ejecutivo en función de las necesidades.

"Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley", admitió un alfil libertario ante la consulta periodística. En este sentido, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un recurso extraordinario para ganar tiempo, especialmente luego de que la inflación de marzo se ubicara en el 3,4 por ciento, lo que complejizó los planes oficiales.

Mientras tanto, las autoridades universitarias manifiestan su impaciencia y evalúan una nueva movilización para principios de mayo. Niegan que haya existido un acuerdo previo con el Ejecutivo y sostienen que en febrero solo hubo un aviso. Entre los reclamos principales se encuentra la falta de compensación por el poder adquisitivo perdido en 2024 y la incertidumbre sobre la proyección presupuestaria para el 2026.

Ante este panorama, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, mantuvo un encuentro con el ministro de economía, Luis Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para coordinar la estrategia legal y económica. Desde el gobierno nacional, algunas voces evalúan incluso la posibilidad de avanzar mediante un decreto para resolver la discusión parlamentaria, bajo la premisa de que "los votos estaban".

A pesar de la presión, en el entorno presidencial confían en una resolución del conflicto. "La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces", señaló una fuente oficial en referencia a la masiva marcha federal de 2024. No obstante, las universidades mantienen el estado de alerta a la espera de una propuesta concreta que garantice el funcionamiento de las instituciones.

En el marco del conflicto por el financiamiento de las universidades públicas, los gremios nucleados en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) definieron la realización de una marcha nacional educativa para el próximo martes 12 de mayo en la Plaza de Mayo. La convocatoria se realizará bajo el lema “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.

La medida se da en un contexto de creciente tensión con el Ejecutivo nacional, al que acusan de incumplir la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que —según remarcan desde el sector— fue aprobada por el Congreso, vetada posteriormente y luego ratificada por una mayoría especial.

Como parte del plan de lucha, también se confirmó un paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo que se extenderá del 27 de abril al 2 de mayo en todas las casas de altos estudios del país. La medida será acompañada por acciones locales en cada universidad, en articulación con CONADU y CONADU Histórica.

Además, los gremios impulsarán la instalación de las denominadas “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, una iniciativa que retoma el antecedente de la histórica carpa blanca docente de fines de los años ‘90. Bajo la consigna “Milei, cumplí la ley”, buscarán visibilizar el reclamo por el financiamiento del sistema universitario.

La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, cuestionó con dureza la postura del Gobierno: “Javier Milei lleva más de 180 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, seis meses. Es una ley votada, vetada y ratificada por dos tercios del Congreso de la Nación”, señaló. Y agregó: “Ya contamos con fallos de primera y segunda instancia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el único de los tres poderes que se niega a cumplir la ley”.

El conflicto escaló en las últimas semanas con la judicialización del tema, luego de que el Gobierno nacional recurriera a la Corte Suprema en un intento por frenar la obligación de transferir fondos a las universidades.

La convocatoria cuenta con el respaldo de numerosos gremios docentes de todo el país, entre ellos ADIUNGS, AGD Río Cuarto, ADUM, ADUNCe, ADUNTREF, FEDUBA, ADIUC, ADULP, ADUNSE y ADUC, entre otros, que ratificaron su adhesión a las medidas de fuerza.

De este modo, el sistema universitario argentino se encamina a una nueva jornada de protesta nacional, en reclamo de recursos para garantizar el funcionamiento de las instituciones y la continuidad de la educación pública.

Intendentes de distintos puntos del país, con una fuerte representación de la provincia de Buenos Aires y agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), protagonizaron este mediodía una movilización hacia el Ministerio de Economía. El objetivo de la columna, que se concentró frente a la Casa Rosada, fue entregar un petitorio dirigido al ministro Luis Caputo para exigir la liberación de fondos retenidos y la reactivación de la obra pública paralizada.

La delegación estuvo encabezada por el intendente de La Matanza y presidente de la FAM, Fernando Espinosa, junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. También acompañaron el reclamo autoridades bonaerenses como el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco. Pese a la movilización, el documento no fue recibido personalmente por Caputo, quien se encontraba participando en una disertación en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

El reclamo central de los jefes comunales se basa en la transferencia de partidas pendientes para infraestructura. Según el documento presentado, la suma retenida por el impuesto a los combustibles líquidos asciende actualmente a seis coma uno billones de pesos. Los mandatarios locales solicitan que estos recursos sean distribuidos para financiar obras en municipios de todo el país, además de pedir el restablecimiento del precio de los combustibles al nivel vigente el primero de marzo.

Desde la FAM destacaron que es la primera vez en más de dos años que los intendentes se congregan para reclamar de forma directa ante la cartera económica nacional. Según explicaron, la decisión de evitar la intermediación de los gobernadores responde a la necesidad de clarificar que la responsabilidad por la falta de alimentos, medicamentos y ejecución de obras recae sobre la administración central.

Finalmente, los funcionarios manifestaron su preocupación por la caída en la recaudación, un fenómeno que afecta la coparticipación y pone en riesgo el cumplimiento de obligaciones básicas, como el pago de aguinaldos en varias provincias y municipios. "No vamos a irnos sin dejar constancia formal de nuestro reclamo en la mesa de entradas del Ministerio", aseguraron desde la conducción de la entidad antes de formalizar la entrega del texto.

La segunda instancia de la justicia en lo Contencioso Administrativ o ratificó hoy la vigencia del “protocolo anti piquetes”, la herramienta legal diseñada por Patricia Bullrich y aplicada desde el inicio del gobierno de Javier Milei para ordenar la protesta social, que había sido declarado nulo por un tribunal de ese fuero.

El fallo fue firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, los dos titulares de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y dejó sin efecto una decisión previa del juez Martín Cormick, que en diciembre pasado había suspendido la vigencia del protocolo, que como medida más visible prohíbe que las manifestaciones corten calles.

Cormick había entendido que Bullrich, al momento de dictar el protocolo -resolución 943/2023 del ministerio de Seguridad, entonces a su cargo-, se había excedido en sus competencias: no era solo una orden a las fuerzas de seguridad federales que de ella dependían, sino también una intromisión en las atribuciones propias del Congreso.

Pero la Cámara dio por tierra con ese argumento: “ Los suscriptos no advierten que el denominado ‘Protocolo de Seguridad’ constituya una reglamentación que colisione con derechos constitucionales y/o normas supranacionales, sino que resulta una limitación legítima en tanto no existen derechos absolutos”, escribieron Fernández y Morán.

En esa línea, los camaristas ponderaron el derecho a la libre circulación y consideraron que “la resolución recurrida tiende a proteger el derecho a transitar libremente por el territorio, sin que sus alcances restrinjan de manera ilegítima los demás derechos involucrados”.

Luego de conocido el fallo, la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo celebró: “Las fuerzas federales continuarán interviniendo cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar el orden y hacer cumplir la ley ”, señaló esa cartera en un comunicado.

Desde la aplicación del protocolo los cortes de calle han disminuido casi hasta desaparecer, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sectores de la oposición política ligan ese instrumento a lo que describen como una política represiva de la protesta por pate del gobierno nacional.

Una multitud de tandilenses respondió a la convocatoria de Memoria por la Vida en Democracia para una manifestación especial a 50 años del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar. Desde antes de las 17, hora señalada para el inicio de la actividad, asociaciones civiles, gremios, movimientos políticos y un gran número de vecinos se dieron cita a metros del Dique.

La gente se acercó con pañuelos blancos que portaban la frase “Nunca Más”, banderas y carteles con mensajes alusivos al gobierno de facto que dirigió el destino del país entre 1976 y 1983. La concentración tuvo muchos sectores musicales: los Sikuris de las Sierras, las mujeres de Mala Junta y Flor de Murga le ofrecieron distintos ritmos a los manifestantes, mientras se acomodaban en la esquina de Alvear y Larrea.

La marcha la encabezaron los familiares de los desaparecidos portando una bandera con la cara de cada uno de ellos. La columna tuvo una extensión inmensa: mientras la cabeza pisaba la esquina de Alvear y Lobería, la parte superaba el inicio del murallón en la loma de Saavedra Lamas. "Olé olé olé, olé olá, como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar", fue el canto que acompañó el inicio de la caminata.

En la extensa columna se divisaban banderas que identificaban a la Biblioteca Popular de las Mujeres, Adultos Mayores en Lucha, Mala Junta y el centro de estudiantes de la Facultad de Arte. También movimientos políticos como el Partido Justicialista, el Frente de Izquierda, Patria Grande y el Movimiento Patria y Futuro. También dijeron presentes las autoridades de la Universidad Nacional del Centro, Marcelo Aba y Alicia Spiniello.

En una fecha especial, el trazado realizado por la movilización también tuvo su particularidad. La convocatoria se realizó en el Lago del Fuerte y a través de una caminata de más de once cuadras culminó en el Monumento a los Desaparecidos, frente al Municipio de Tandil.

La decisión de realizar este recorrido se tomó ya que en 1996, cuando nació Memoria por la Vida en Democracia, se realizó una ruta similar a 20 años del golpe. "Este 24 de marzo volvemos a reencontrarnos con la memoria golpeando fuerte en el pecho. Mismo recorrido, misma lucha. El compromiso intacto. Ya dijimos Nunca Más", señalaron desde la convocatoria.

La caminata se hizo a un ritmo lento con cantos en contra de la dictadura, del Gobierno nacional y un reclamo constante de saber dónde están los desaparecidos. La ruta trazada inició en el murallón del Dique, continuó por Alvear hasta Libertad. "Madres de la Plaza, el pueblo las abraza" se escuchó bien fuerte al tomar por Fuerte Independencia. En la esquina de esta y Avellaneda el Rejunte de tambores se sumó a la movilización.

Al llegar a la comisaría Primera, una agrupación de murgueros pertenecientes a distintos grupos esperaba a los manifestantes. Allí se hizo la primera parada y se leyó una parte de un documento que trazó un recorrido histórico. Contaron que a partir de la creación de H.I.J.O.S. en 1996 comenzó la práctica de los “escraches” de las personas que habían cometido “los peores crímenes contra la humanidad”.

En Tandil, el primer escrache se hizo a 25 años del golpe de Estado en la calle Necochea frente a la casa de los hermanos Méndez. Ese día, el recorrido se inició en la plaza San Martín con los militantes de H.I.J.O.S. —entre ellos los hijos del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno—, el Grupo Memoria, Flor de Murga y un pequeño número de vecinos. Caminaron hasta el domicilio mientras coreaban: “Alerta, alerta, alerta los vecinos: al lado de su casa está viviendo un asesino”.

“El escrache quería mostrar que lo vivido en tiempos de terror, aun cuando imperaba la impunidad, no se olvidaba. Y que toda la sociedad debía conocer a quienes habían ejecutado y colaborado con el terror”, aseguraron a través de un megáfono en la puerta de la comisaría Primera.

La segunda parada del recorrido se realizó en la esquina de Fuerte Independencia y Maipú. Allí se recordó la inauguración del Monumento a los Desaparecidos y Juicio por la Verdad. Aprobado por ordenanza en 2004, el 24 de marzo de 2005 se inauguró la obra realizada por Eduardo Rodríguez del Pino y José Ambrosio Rossanigo. A través de una serie de columnas de hierro inclinadas a 45 grados, cada una de ellas recuerda a las y los desaparecidos tandilenses.

Además, en esta parada se evocó la única audiencia del proceso de Juicios por la Verdad que hubo en Tandil. Estos juicios por la verdad fueron un procedimiento judicial sin efectos penales, pero sí una instancia de reconocimiento de los testimonios de las víctimas que en muchos casos y una vez derogadas las leyes de impunidad, se utilizaron como prueba en los procesos por delitos de lesa humanidad abiertos desde ese mismo año.

La última parada se realizó en el escenario montado en la vereda de la Plaza Independencia frente al Monumento a los Desaparecidos. Tres micrófonos aguardaban a quienes encabezaron la manifestación. Recordaron el primer Juicio por delitos de lesa humanidad en Tandil (el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno) y el Juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región centro de la Provincia de Buenos Aires.

Sobre el último, detallaron que contó con 104 audiencias desde las que se conocieron los casos de 191 víctimas, varias fallecidas al momento del juicio. “El proceso finalizó en octubre de 2025 dejando un triste saldo de ocho condenas y 27 absoluciones”, señalaron y cerraron: “Con todo, el Grupo Memoria no bajó ni baja los brazos. Como hace 30 años, como ahora, continúa en marcha, caminando, abriendo surcos, guiando a quienes venimos detrás”.

Mientras más de seis cuadras de manifestantes se acomodaba entre la vereda del Municipio de Tandil, la Plaza Independencia y el empedrado de Belgrano, desde los micrófonos del escenario principal pedían a la gente que avance para que los más rezagados puedan ubicarse lo más cerca de los parlantes posibles.

“A 50 años del golpe cívico, militar-eclesiástico-empresarial, nos volvemos a encontrar junto al Monumento de nuestras compañeras y compañeros detenidos-desaparecidos, para comprometernos una vez más a sostener principios y banderas que son irrenunciables y cada vez más necesarias”, comenzó el comunicado leído ante una multitud que acompañó con aplausos.

Recordaron que hace 50 años se iniciaba “la dictadura más sangrienta y se profundizaba la lógica del terror de Estado”. En donde “entraron en nuestras casas y nos arrebataron a nuestros familiares para desaparecerlos… Se llevaron a nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, y se robaron nuestras pertenencias. 50 años que se llevaron los bebés de nuestras familias a quienes todavía buscamos”.

Destacaron que en un momento donde desde las esferas públicas oficiales avanzan los discursos de una memoria completa, en Córdoba están apareciendo los restos de desaparecidos. “Los huesos son una prueba patente, irrefutable, científica de lo que fue capaz de hacer el Estado genocida. Los huesos nos interpelan en plena tormenta de crueldad y negacionismo. Frente a un Estado que niega y miente en lugar de generar respuestas, volvemos a reafirmar una consigna histórica: ¡Que digan dónde están!”, enfatizaron.

En otro tramo tuvieron críticas hacia las políticas nacionales que marcan un retroceso en materia de conquistas colectivas como salud, trabajo y educación. “Frente a eso, no venimos solo a denunciar. Venimos a recordar que la memoria es el único territorio donde la impunidad no puede habitar”, indicaron. Agregaron sobre la reforma laboral: “Es un mecanismo para precarizar el trabajo y silenciar a quienes reclaman derechos”.

Sobre el cierre dedicaron un párrafo dedicado al poder judicial. “Cuando la Justicia no es justa, las detenciones se convierten en secuestros”, señalaron asegurando que no protege, ni garantiza derechos sino que criminaliza y castiga la defensa de los mismos. Además, sobre los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad añadieron: “Se tornan cada vez más lentos, se les saca recursos humanos y materiales para investigar, para colaborar en la recolección de testimonios y pruebas. Lo que vivimos en Tandil y la región durante los años anteriores, es una prueba de esto. Condenas bajas y absoluciones”.

Por todo esto, aseguraron con fuerza que “no cabe neutralidad. La defensa de la vida y la democracia exige un compromiso ciudadano activo”. Marcaron que “que la memoria venza la impunidad no es una consigna más. Es la certeza de que ningún retroceso es eterno cuando los pueblos se organizan. Es la convicción de que el juicio a los responsables de este presente de horror también llegará”.

Para el cierre recordaron que “la historia no se construye sobre el olvido, sino sobre la verdad” y que la reforma laboral pretende echar atrás la enorme conquista de derechos que supieron conseguir en los ‘70. “Por todo ello, hoy como hace 50 años decimos: 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre”.

A medio siglo del Golpe de Estado en Argentina de 1976, la ciudad volvió a movilizarse en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La tradicional marcha, con su versión local en Tandil, reunió a una multitud con fuerte presencia juvenil y mensajes dirigidos tanto al pasado como al presente.

La columna partió desde el Murallón del Lago del Fuerte y recorrió distintas calles hasta llegar a la Plaza Independencia, en una movilización que se extendió por varias cuadras y combinó emoción, memoria y participación colectiva. Familias, organizaciones, murgas y vecinos acompañaron con carteles, cantos y consignas que volvieron a poner en el centro el reclamo por los detenidos desaparecidos.

Durante el recorrido también se destacaron sitios de memoria y se compartieron testimonios, hasta llegar al cierre frente al Palacio Municipal, donde se leyó un documento final. 

A continuación, la galería de impagenes de una jornada que reafirma el compromiso de gran parte de la comunidad con la memoria, la verdad y la justicia.

Con el condimento especial de realizarse a 50 años del golpe militar que impuso en Argentina un “proceso de reorganización nacional” que incluyó terrorismo de Estado, la desaparición de 30 mil personas, represión sistemática, clausura del Congreso y una profunda reestructuración económica; tuvo lugar en distintos puntos del país la tradicional marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que, como siempre, tuvo su versión en Tandil.

El acompañamiento fue multitudinario, con una presencia juvenil marcada y múltiples mensajes tanto para los represores de aquella época como para el actual gobierno nacional. La misma partió, así como hace 30 años y coincidiendo con la fecha en la que se creó el grupo Memoria por la Vida en Democracia, desde el Murallón del Lago del Fuerte.

Desde las 17:30, la columna de tres cuadras de longitud desfiló por avenida Alvear, al canto de “Ole ole ole ola, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”, tomando por calle Libertad para llegar a la plaza céntrica avanzando por Fuerte Independencia.

Además de los familiares y allegados de los desaparecidos que aún llora la ciudad y sobre los que se exige saber qué ocurrió, cientos de vecinos, junto con agrupaciones sociales, ONG, movimientos políticos, murgas, entre otros, protagonizaron un evento igual de alegre que emotivo, que marcó una vez más el contundente apoyo de una gran parte de los tandilenses a las causas que reivindican la verdad, la memoria y la justicia.

Con una fuerte presencia de niños y jóvenes, la multitud arribó a la plaza Independencia portando carteles con las imágenes de los desaparecidos locales y frases tales como “sembrar memoria evita el olvido”, “los arrojaron al mar y no cayeron al mar, lo hicieron sobre nosotros”, “un pueblo con memoria es democracia para siempre”, “plantaremos memoria, regaremos verdad y sembraremos justicia”, entre muchos otros mensajes.

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Durante el recorrido, que tuvo su paso por la comisaría 1ra, se realizaron algunas paradas en las que se repasaron historias de aquella época y se remarcaron algunos Sitios de Memoria, donde se llevaron a cabo delitos de lesa humanidad. Asimismo, frente al Palacio Municipal se instaló un escenario, desde donde múltiples referentes leyeron un emotivo documento final que ofició como cierre de una jornada que sumará otro capítulo a la memoria colectiva de Tandil.

POR LA VERDAD Y LA MEMORIA: QUE LA JUSTICIA NO SEA UNA FARSA

Memoria por la Vida en Democracia24 de marzo de 2026

50 años que entraron en nuestras casas y nos arrebataron a nuestros familiares para desaparecerlos. 50 años que se llevaron a nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, hijos e hijas, y se robaron nuestras pertenencias. 50 años que nos asesinaron. 50 años que se llevaron los bebés de nuestras familias, a quienes todavía buscamos. 50 años que nos detuvieron y llevaron a centros clandestinos de detención y exterminio, a cárceles con regímenes que apuntaban a la destrucción moral y psicológica. 50 años que nos obligaron a exiliarnos afuera del país o adentro, en el ostracismo. 50 años que debimos guardar silencio por miedo.

Los huesos son una prueba patente, irrefutable, científica de lo que fue capaz de hacer el Estado genocida. Los huesos nos interpelan en plena tormenta de crueldad y negacionismo. Frente a un Estado que niega y miente en lugar de generar respuestas, volvemos a reafirmar una consigna histórica: ¡Que digan dónde están!

Lo que alguna vez conquistamos colectivamente —salud, trabajo, educación— hoy se desmorona bajo una lógica de destrucción sistemática. Frente a eso, no venimos solo a denunciar: venimos a recordar que la memoria es el único territorio donde la impunidad no puede habitar.

La represión a la protesta social ya no es la excepción: es moneda corriente. Enfrentamientos en las calles, quita sistemática de derechos, retroceso en políticas de derechos humanos: nada de esto es colateral. Es el eje central de un plan que busca desarticular toda forma de organización popular, hecho a medida de los cómplices comprados por el gobierno y bajo la inacción de la burocracia sindical.

Se está destruyendo el aparato productivo: generaciones enteras condenadas al desempleo. La soberanía se juega hoy en la Ley de Glaciares, en el cuidado de los recursos naturales, en la defensa del agua y la tierra frente a quienes solo ven mercancía.

Porque sin soberanía no hay Estado ni futuro.

Asistimos atónitos y atónitas a la fabricación de causas penales motorizadas por el poder político que, como en el caso de la ex presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner, no hacen más que empañar el funcionamiento del poder judicial y ponerlo al servicio de los intereses de otros poderes.

El poder judicial ya no protege ni garantiza derechos: por el contrario, criminaliza y castiga la promoción y defensa de los derechos, la protesta social y los intentos de defensa contra la injusticia embestida desde el mismo Estado. Las acciones amparadas por la Constitución Nacional se pagan con cárcel y represión.

Lo que vivimos en Tandil y la región durante los años anteriores es una prueba de esto: condenas bajas y absoluciones. Sabemos, y así lo vivimos, que los procesos se sostienen por los familiares y las organizaciones que continúan reclamando por verdad y justicia.

De allí que el negacionismo no es una postura ideológica: es la coartada para borrar el terrorismo de Estado y justificar la persecución actual.

Por eso reafirmamos la necesidad de un trabajo articulado entre distintos sectores:

Es la convicción de que el juicio a los responsables de este presente de horror también llegará. Porque la historia no se construye sobre el olvido, sino sobre la verdad.

Hoy, el mejor homenaje a nuestros queridos compañeros y compañeras desaparecidos es sostener que el terrorismo de Estado no impidió ni impedirá que continúe la lucha del pueblo trabajador.

Por ellos sostenemos las banderas de ayer y de hoy:

¡Que digan dónde están los desaparecidos!¡Libertad de todas las presas y presos políticos!¡Por un Estado presente que garantice salud, educación, soberanía y justicia!¡No a la represión ni a la judicialización de la protesta social!¡Que la memoria sea nuestra trinchera y venza a la impunidad!¡No al alineamiento con los estados genocidas de EEUU e Israel!¡No a la guerra con Irán!¡No al bloqueo a Cuba y al intervencionismo en Venezuela!

Por todo ello, hoy como hace 50 años decimos:

30.000 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOSPRESENTES. AHORA Y SIEMPRE.

En ese marco se realizarán movilizaciones en las ciudades más importantes del país por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, mientras que la principal convocatoria, como siempre, será en la histórica plaza frente a la Casa Rosada.

A las 16.30 será el acto central con las presencias de referentes de los organismos, como “Taty” Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto.

Se espera que sobre el escenario haya discursos críticos hacia la gestión de Javier Milei y hacia su postura sobre las políticas de derechos humanos.

Las distintas organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales convocaron a marchar desde el mediodía con diferentes puntos de concentración en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

La agrupación kirchnerista La Cámpora hará su habitual caminata a la plaza desde la ex ESMA, en el barrio de Núñez, y que comenzará a las 9, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

En los días previos a la marcha se realizaron decenas de actividades para exigir Memoria, Verdad y Justicia, como la de las Abuelas de Plaza de Mayo, que lanzó la campaña “Florecerán pañuelos”.

La iniciativa consistió en intervenir pañuelos blancos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados “para que florezcan historias en todos los rincones del país”.

Además, el sábado y domingo se llevaron a cabo distintas actividades alusivas en la ex ESMA en el marco del Festival Feria y Memoria, con la presencia además de bandas en vivo y disertaciones de Taty Almeida y Pérez Esquivel.

“A 50 años del Golpe cívico-militar, marchamos. Este 24 de marzo volvemos a las calles por Memoria, Verdad y Justicia. La CGT sale a la calle para reafirmar nuestro compromiso con la democracia, los derechos humanos y la memoria de las y los 30 mil compañeros detenidos-desparecidos”, informó la CGT en su cuenta de X.

Convocó a las 14 en Diagonal Sur y Bolívar. “Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, expresó la central.

Por su parte, la UOM, que mantiene una postura crítica de la cúpula de la CGT, difundió su propia convocatoria a la movilización junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.

El sindicato metalúrgico que conduce Abel Furlán llamó a concentrar desde las 12 en la esquina de Avenida de Mayo y la 9 de Julio. NA

La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata resolvió profundizar su plan de lucha y confirmó la realización de dos semanas de paro durante abril, en el marco del conflicto universitario por presupuesto y salarios.

La decisión fue tomada en una masiva asamblea de afiliados y afiliadas, donde se ratificó la medida en línea con lo definido en el último Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Las jornadas de paro quedaron programadas para las semanas que comienzan los lunes 30 de marzo y 27 de abril.

El encuentro se desarrolló en la sede Fonseca de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, con una importante participación del cuerpo docente.

Además, durante la asamblea se resolvió proponer a CONADU la realización de una Marcha Federal Universitaria el próximo 23 de abril, con el objetivo de visibilizar el reclamo en unidad con todos los sectores que integran el sistema universitario.

Por otra parte, el gremio acordó convocar a un nuevo paro en caso de que el Gobierno Nacional avance con el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre los principales reclamos, ADULP exige el cumplimiento de la Ley 27.759, mayor presupuesto para las universidades, actualización de becas estudiantiles, paritarias libres y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes. La norma fue aprobada por el Congreso, que la confirmó después de un veto del presidente Javier Milei, que hasta ahora no la aplicó pese a una orden judicial para hacerlo.

La controversia en materia salarial tiene que ver con que la norma original dispone un incremento del 50% en los salarios, mientras que en el proyecto de reforma que anuncio el gobierno el incremento es del 12%, en cuotsa.

De esta manera, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo, con medidas de fuerza que impactarán en el normal desarrollo de las actividades académicas durante las próximas semanas.