A once años del primer Ni Una Menos, cientos de personas volvieron a movilizarse por las calles de Tandil para reclamar justicia por las víctimas de violencia de género y exigir políticas públicas de prevención y asistencia. La convocatoria fue impulsada por la Asamblea Transfeminista y reunió a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y vecinos autoconvocados.

La marcha concluyó con la lectura de un documento en el que se renovaron los reclamos contra las violencias machistas y se expresaron preocupaciones por el desfinanciamiento de programas de acompañamiento y protección. A continuación, algunas imágenes de una jornada de memoria, lucha y visibilización en el centro de la ciudad, bajo el lente de El Eco, en la cámara de Rody Becchi.

A once años de la histórica movilización que marcó un punto de inflexión en la lucha contra las violencias por motivos de género en Argentina, este miércoles por la tarde Tandil volvió a ser escenario de una multitudinaria convocatoria bajo la consigna "Ni Una Menos".

La movilización, impulsada por la Asamblea Transfeminista de Tandil, reunió a integrantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y vecinos autoconvocados que se concentraron en el centro de la ciudad para luego marchar por las calles con banderas, pancartas y carteles con consignas contra la violencia machista. A lo largo del recorrido se escucharon cánticos reclamando justicia por las víctimas de femicidios y exigiendo la implementación de políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género.

La columna avanzó acompañada por referentes de distintos espacios y por familias que se sumaron a la convocatoria. Durante el trayecto, las manifestantes realizaron intervenciones y recordaron que el movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 como respuesta a la creciente cantidad de femicidios en el país y que, más de una década después, los reclamos continúan vigentes.

Durante la jornada, las organizaciones recordaron a las víctimas de femicidios, transfemicidios, lesbicidios y crímenes de odio, al tiempo que reclamaron justicia por casos recientes que conmocionaron al país. Entre los nombres mencionados estuvieron Agostina, Dulce y Noelia, además de otras mujeres y disidencias víctimas de distintas formas de violencia.

La movilización culminó con un acto y la lectura de un documento consensuado por las organizaciones participantes. Allí se hizo un repaso de los once años transcurridos desde la primera marcha y se destacó la importancia de sostener la organización colectiva frente a un contexto que, según señalaron, presenta retrocesos en materia de derechos y protección para mujeres y diversidades.

En el documento leído al finalizar la marcha, las agrupaciones señalaron que desde el primer Ni Una Menos, realizado el 3 de junio de 2015, se registraron miles de femicidios y crímenes por razones de género en el país. También expresaron preocupación por el desfinanciamiento de programas de asistencia y prevención, así como por el incumplimiento de normativas destinadas a proteger a mujeres y diversidades.

Entre los principales reclamos, se cuestionaron iniciativas vinculadas a las supuestas "falsas denuncias" de las víctimas y se advirtió sobre el impacto que podrían tener en el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género. “Las mujeres y disidencias no mentimos, los mentirosos son el Presidente y su gobierno” sostuvieron. Asimismo, se denunció la persistencia de prácticas judiciales y mediáticas que revictimizan a quienes denuncian agresiones.

La Asamblea también puso el foco en otras problemáticas, como la violencia digital, los obstáculos para acceder a derechos sexuales y reproductivos, la situación de las infancias y adolescencias, y las consecuencias sociales de la crisis económica. Durante la lectura se reclamó la implementación de la Ley Olimpia, el fortalecimiento de las políticas de salud mental y el sostenimiento de programas de acompañamiento a víctimas, a partir se las siguientes palabras: 

La violencia digital también es violencia de género. Esta violencia aparece en la vida de les adolescentes como moneda corriente donde las pibas son las más afectadas. Se difunden sus fotos, se editan sus cuerpos, y mientras esto ocurre, son señaladas, culpabilizadas y aisladas, profundizando su sufrimiento. No se trata solamente de lo que pasa detrás de una pantalla. El hostigamiento, la difusión no consentida de imágenes, las amenazas, la suplantación de identidad y los discursos de odio, tienen consecuencias sobre nuestros vínculos y nuestras vidas.

Además, el documento vinculó la lucha contra las violencias de género con otros debates sociales y políticos, incluyendo la defensa de la democracia, el acceso a derechos laborales, la educación pública y las problemáticas ambientales.

La actividad concluyó con la lectura colectiva de las consignas que dieron origen al movimiento y que siguen vigentes once años después: "Ni Una Menos", "Paren de matarnos" y "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", reafirmando el compromiso de las organizaciones locales de continuar visibilizando las violencias y exigiendo respuestas concretas por parte del Estado.

El colectivo Ni Una Menos volverá a movilizarse este miércoles 3 de junio en distintos puntos del país, con epicentro frente al Congreso Nacional. La convocatoria, fijada para las 17, se realiza a 11 años de la primera movilización que dio origen al movimiento feminista tras el femicidio de Chiara Páez en 2015.

La jornada se llevará a cabo bajo las consignas "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" y "Justicia por Dulce y Agostina". Este último reclamo hace referencia a los femicidios de Agostina Vega, una adolescente cordobesa de 14 años, y de Dulce Candia, una joven misionera de 17 años.

En la previa de la marcha, la organización realizó una conferencia de prensa para exigir justicia por Agostina Vega, cuyo cuerpo fue hallado el fin de semana en Córdoba. Al respecto, desde la organización remarcaron que no es un caso aislado.

La protesta busca visibilizar la persistencia de la violencia de género y reclamar respuestas estatales ante los femicidios y las desapariciones. Según datos del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en el país. Desde la primera marcha de Ni Una Menos, se han contabilizado más de 3.400 asesinatos de mujeres por razones de género, en un contexto donde ocurre un femicidio cada 31 horas.

Organizaciones feministas, agrupaciones sociales, sindicatos y colectivos de derechos humanos ratificaron su participación en la jornada, que volverá a poner en agenda las demandas vinculadas a la prevención de las violencias, el acceso a la justicia y el acompañamiento a víctimas y familiares.

Este martes por la tarde, docentes autoconvocados de Tandil llevaron adelante una concentración y posterior movilización en respaldo al profesor que fue agredido por un estudiante en el Colegio San José, un hecho que generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa local y que abrió nuevamente el debate sobre la convivencia dentro de las instituciones escolares.

La actividad comenzó alrededor de las 17 30 horas en la glorieta de la Plaza Independencia, donde se reunieron docentes de establecimientos públicos y privados de la ciudad. Allí se leyó un comunicado consensuado por los organizadores, en el que expresaron su acompañamiento al docente afectado y manifestaron su preocupación por el incremento de situaciones de violencia y el deterioro de los vínculos de convivencia en las escuelas.

"Hoy nos encontramos reunidos para expresar nuestro acompañamiento al profesor agredido recientemente en un establecimiento de nuestra ciudad y para visibilizar una preocupación que crece en los ámbitos educativos: el aumento de los episodios de violencia y el progresivo deterioro de los vínculos de convivencia", señalaron durante la lectura del documento.

Los docentes remarcaron que el episodio ocurrido días atrás, que dejó al profesor con importantes lesiones tras un conflicto desarrollado durante una clase, trascendió el plano individual para convertirse en una señal de problemáticas más amplias que atraviesan a las comunidades educativas.

"Quienes trabajamos en las escuelas enfrentamos diariamente desafíos que exceden la enseñanza y aprendizaje de contenidos. A la tarea pedagógica se suman conflictos interpersonales, demandas sociales crecientes y situaciones complejas para las cuales muchas veces no existen recursos suficientes ni dispositivos de acompañamiento adecuados", expresaron.

En el mismo sentido, sostuvieron que cuando el conflicto desplaza al diálogo y la hostilidad comienza a ocupar un lugar central en la vida institucional, se ven afectadas las condiciones necesarias para enseñar y aprender.

Durante el acto también plantearon la necesidad de generar espacios de discusión más profundos sobre la convivencia escolar, el respeto hacia los trabajadores de la educación y las herramientas disponibles para prevenir y abordar situaciones críticas antes de que escalen.

"Desde esta organización sostenemos que resulta indispensable abrir una discusión profunda sobre la convivencia escolar, el respeto a los trabajadores de la educación y las herramientas disponibles para prevenir y abordar situaciones críticas antes de que escalen", indicaron.

Finalizada la lectura del comunicado, los participantes iniciaron una marcha alrededor de la plaza Independencia. Según pudo observarse, la columna avanzó por calle Belgrano entre aplausos y muestras de apoyo, continuó por Chacabuco, luego por Pinto y finalmente por Rodríguez para regresar nuevamente a la glorieta, donde concluyó la actividad.

La movilización se desarrolló en un clima pacífico y tuvo como eje central el acompañamiento al profesor agredido, aunque también buscó instalar una reflexión colectiva sobre las dificultades que atraviesan actualmente muchas instituciones educativas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, contención y resolución de conflictos.

De esta manera, el caso ocurrido en el Colegio San José volvió a poner en agenda una problemática que preocupa a docentes, directivos y familias, y que los organizadores consideran necesario abordar de manera integral para garantizar ámbitos escolares seguros y propicios para el aprendizaje.

El Gobierno de Bolivia admitió la muerte de un manifestante de 24 años, un hecho que había negado apenas un día antes, según informaron medios internacionales este 26 de mayo de 2026. El deceso se produjo el sábado pasado durante un operativo policial y militar destinado a desbloquear La Paz, sede de gobierno, la cual permanecía sitiada desde hace tres semanas como medida de presión para exigir la renuncia del presidente.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se refirió al episodio y expresó las condolencias del Ejecutivo hacia los allegados de la víctima.

“Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”.

De acuerdo con la información oficial contenida en el acta de defunción, el manifestante falleció a causa de un proyectil de arma de fuego. Pese a este diagnóstico, Gálvez sostuvo que los agentes antidisturbios cuentan con instrucciones precisas de no utilizar armas de fuego ni balines de goma durante los operativos de despeje.

Finalmente, el portavoz presidencial enfatizó que se investigará el origen del disparo y afirmó:

“Esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley”.

El presidente Javier Milei utilizó este miércoles sus redes sociales para fijar su postura luego de la masiva movilización en defensa de la universidad pública que se realizó el martes en Plaza de Mayo. Lejos de tender puentes con los sectores que participaron de la protesta, el mandatario compartió una publicación en la que comparó su salario con el de los rectores de las universidades nacionales.

Según el posteo difundido por el jefe de Estado en la red social X, Milei percibe un sueldo bruto de 4 millones de pesos mensuales. En contraposición, la publicación sostuvo que los rectores de las casas de altos estudios cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente”, con ingresos que podrían alcanzar los 18 millones de pesos por mes.

A lo largo de la jornada, el mandatario también replicó distintos mensajes críticos hacia la convocatoria universitaria. En esa línea, insistió en que la protesta no respondió únicamente a un reclamo académico, sino que estuvo atravesada por intereses partidarios y políticos.

En sus publicaciones, Milei lanzó fuertes cuestionamientos a los sectores de la oposición que participaron de la Marcha Federal Universitaria. Sostuvo que los dirigentes opositores buscan preservar “sus cajas” y que utilizan la defensa de la educación pública como una bandera para encubrir intereses económicos.

Desde el oficialismo, el discurso se mantuvo en sintonía con las expresiones del Presidente. La cuenta oficial de La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que aseguró que el Gobierno nacional cumple regularmente con la transferencia de los fondos presupuestarios destinados a las universidades.

En ese documento, el espacio político rechazó las acusaciones de desfinanciamiento deliberado y afirmó que la administración nacional realiza mes a mes los giros correspondientes. En el mismo sentido se expresó la Subsecretaría de Políticas Universitarias, encabezada por Alejandro Álvarez, que defendió durante toda la jornada la política del Ejecutivo en materia de financiamiento universitario.

El Gobierno Nacional respondió a los rectores, docentes y estudiantes que se movilizaron para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la administración central calificaron a la cuarta Marcha Federal Universitaria como una movilización de carácter "opositor" y desmintieron las acusaciones por falta de pago.

A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza, la gestión del presidente Javier Milei sostuvo que se pretende "instalar" en la sociedad un discurso en el que se busca "desfinanciar" las universidades públicas o bien "cerrarlas".

Al respecto, desde el sector oficial señalaron que el Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. En ese sentido, destacaron que en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las instituciones creció y pasó a 4,8 billones de pesos.

Por otra parte, las autoridades recordaron que durante el mandato del ex presidente Alberto Fernández se transferían los fondos a las universidades "hasta con cuatro meses de atraso" y con una inflación del 211,4 por ciento anual. En contraste, indicaron que actualmente esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5 por ciento.

Respecto a la normativa reclamada, el comunicado detalló que la Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629. Según explicaron, esto se debe a que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento, debido a que su aplicación equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos.

Finalmente, desde el Ejecutivo subrayaron que el presidente y su equipo no van a salirse del compromiso "inquebrantable" de sostener el equilibrio fiscal. En esta línea, rechazaron cualquier cambio en el presupuesto porque eso "implicaría más impuestos" o mayor "emisión monetaria" y, por consiguiente, generaría "más inflación y más pobreza".

La comunidad universitaria volvió ayer a ocupar las calles en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria. A 203 días de la sanción de la Ley de Financiamiento (27.795), estudiantes, docentes, investigadores y vecinos de la ciudad marcharon para reclamar el cumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso nacional y ratificada tras el veto presidencial.

La movilización reflejó un fuerte respaldo al reunir a distintos sectores políticos, sindicales, sociales y académicos detrás de una consigna común: la defensa de la universidad pública y del sistema científico-tecnológico.

La concentración comenzó alrededor de las 17 en la esquina de Garibaldi y Rodríguez, donde una importante cantidad de personas se dio cita para manifestar su rechazo a las políticas nacionales que afectan el presupuesto de las casas de altos estudios.

La convocatoria fue amplia y heterogénea. Hubo representantes de los sindicatos docentes y no docentes de la Unicen (Adunce, ATE, Atuncpba), además de representantes del Conicet Tandil. También se sumaron agrupaciones como Amalu, Suteba, Flor de Murga, Casa Violeta, Patria Grande, Mala Junta, PTS y miembros del Comedor y del área de Extensión de la Unicen.

El carácter institucional de la movilización estuvo representado con la presencia del rector de la Unicen, Marcelo Aba, junto a la vicerrectora, Alicia Spinello, que encabezaron la movilización desde el principio hasta el final.

No obstante, el respaldo político fue otro de los datos salientes de la jornada. Entre los presentes estuvieron el intendente Miguel Lunghi, el diputado bonaerense Matías Civale y el exfuncionario Julio Elichiribehety. También participaron concejales de distintas fuerzas políticas, al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y el titular del Partido Justicialista, Darío Méndez.

El operativo de seguridad, que incluyó cortes a cargo de los agentes de Control Urbano Vehicular coordinados por personal policial, permitió el desarrollo de la marcha sin inconvenientes.

La movilización

Minutos después de las 17.30, la columna de personas inició su recorrido por Rodríguez. Los participantes se ubicaron detrás de una bandera que rezaba la consigna de la convocatoria: “Exigimos que se cumpla la ley”. Detrás, las autoridades universitarias y los gremios docentes y no docentes, que marcaron el paso hacia el microcentro.

Los manifestantes hicieron su primera escala al llegar a España, donde desplegaron banderas y reacomodaron filas antes avanzar por el adoquinado céntrico.

Los carteles que portaban algunos de los participantes reflejaron el mensaje y el descontento hacia el Ejecutivo nacional: “Milei tramposo, cumplí con la ley”, “Milei no sos rey, cumplí con la ley” y “la educación pública es política porque nos enseña a cuestionar y no a obedecer”.

El despliegue, que sumó el ritmo de los bombos y redoblantes de una murga local, captó la atención de vecinos y comerciantes que se asomaron a las veredas para observar la movilización y la amplia respuesta que logró en su cuarta edición.

El final

La segunda escala sucedió en la esquina de Rodríguez y Mitre. Allí, la movilización recibió el aplauso de un grupo de personas que esperaba en la esquina -entre quienes se encontraba el dirigente Carlos Fernández-, que se sumó y acompañó el último tramo del trayecto.

Alrededor de las 18.05, cuando la columna alcanzó la esquina de Pinto, la caída del sol transformó la estética de la protesta. Casi en silencio, las velas comenzaron a encenderse en la cabecera de la marcha, cumpliendo con la decisión de los organizadores.

Al doblar por Belgrano, el sonido de los bombos y redoblantes mermó para dar paso a un clima de respeto, con dos breves paradas adicionales donde se multiplicó el encendido de velas entre los asistentes.

En la esquina de Pinto y Chacabuco aguardaba otro nutrido grupo de vecinos frente a un escenario montado especialmente para la ocasión, donde se desarrolló el acto central. Sobre la fachada del histórico edifico del Rectorado de la Unicen, una enorme bandera sintetizaba el espíritu de la convocatoria con cuatro conceptos clave: “universidad, futuro, esperanza y educación”.

La llegada definitiva a este punto se produjo a las 18.25, bajo una atmósfera de compromiso institucional y social.

Los locutores del evento dieron la bienvenida formal a la cuarta marcha federal y agradecieron el acompañamiento de la comunidad tandilense. En la apertura, se hizo especial hincapié en el tiempo transcurrido sin respuestas oficiales, señalando que se cumplieron 203 días sin aplicar una ley votada por el Congreso nacional.

Tras la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, las autoridades subieron al escenario y, de cara a una multitud, brindaron el mensaje.

La cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo una convocatoria multitudinaria en el centro de Tandil. Desde las 17 horas comenzaron a concentrarse estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, investigadores, jubilados, referentes sindicales y familias enteras que acompañaron la marcha con banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional.

“Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende!”, señaló el rector Aba para cerrar una nueva jornada histórica en defensa de la educación publica.

A continuación, la mejores fotos de la jornada, bajo el lente de Rody Becchi, fotografo de El Eco: 

En la movilización estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, UDA, Ctera y por la Federación de no docentes (Fatun).

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fueron los encargados de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades “no ha superado”, en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, “el 64 por ciento del que tenía en enero de 2023”.

“El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, remarcaron.

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 “se ha perdido el equivalente a casi nueve meses de transferencias”; asimismo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades “no es solo presupuestaria”, porque como ciudadanos “deben denunciar con dolor y firmeza” la “ruptura del acuerdo democrático” de la división de poderes que tenemos en la Nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, “son factores fundamentales de la economía del país” y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda “competir en el mundo” y “generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables”: “Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo”, añadieron.

“No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia”, concluyeron.

Debajo del escenario estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como de las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

También estuvieron representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan “una situación límite”, marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la “recomposición salarial para docentes y nodocentes” y la aplicación del “presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios”. NA

Una multitud se concentró este martes en Tandil para participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria en el gobierno de Milei, en el marco de una jornada de protesta que se replicó en distintas ciudades del país para exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición del presupuesto destinado a las universidades públicas.

La movilización, que tuvo como epicentro la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), reunió a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, graduados, sindicatos, organizaciones sociales y vecinos que se sumaron a la consigna en defensa de la educación superior pública, gratuita y de calidad.

La convocatoria se dio a 203 días de la sanción de la Ley 27.795, norma que establece un piso de recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional y que, según denunciaron las autoridades y los gremios, continúa sin ser aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional.

La iniciativa volvió a mostrar una convocatoria multitudinaria en el centro. Desde las 17 horas miles de tandilenses acompañaron la marcha con banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional. Entre los mensajes más repetidos se pudieron leer reclamos por “más presupuesto para educación”, “salarios dignos para docentes y nodocentes”, “cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario” y “la educación pública no se vende, se defiende”, en una manifestación que volvió a colmar las calles y a expresar el amplio respaldo de la comunidad tandilense a la Unicen y a la educación superior gratuita y de calidad.

Durante el acto central se leyó el documento consensuado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y los gremios docentes y nodocentes, en el que se advirtió que el financiamiento del sistema universitario atraviesa una situación crítica.

Según el texto, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026, lo que representa una reducción inédita de los recursos disponibles para sostener el funcionamiento de las instituciones.

También se expuso el fuerte impacto sobre los salarios del sector. De acuerdo al documento, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumulada fue del 293,3 por ciento, mientras que los salarios aumentaron 147,3 por ciento, lo que implicó una pérdida del poder adquisitivo del 37,13 por ciento. Los firmantes señalaron que los sueldos universitarios se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 23 años.

Otro de los puntos destacados fue el deterioro de las políticas de acompañamiento estudiantil. El documento advirtió que programas como las Becas Progresar y las Becas Estratégicas Manuel Belgrano permanecen congelados o desfinanciados, mientras que las becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC) continúan suspendidas, lo que compromete la permanencia de miles de jóvenes en el sistema universitario.

Los organizadores remarcaron que la crisis excede la cuestión presupuestaria y cuestionaron al Gobierno nacional por no cumplir con una ley aprobada por el Congreso y ratificada por la Justicia. En ese sentido, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga y garantice el cumplimiento de la normativa vigente.

En el tramo final del documento, se destacó que la universidad pública argentina constituye un “instrumento de justicia social” que promueve la movilidad ascendente, genera conocimiento estratégico para el desarrollo del país y ofrece oportunidades a miles de jóvenes. Además, se advirtió que el debilitamiento del sistema pone en riesgo el futuro científico, tecnológico, cultural y productivo de la Argentina.

Con banderas, carteles y cánticos, la comunidad tandilense volvió a expresar su respaldo a la educación pública en una jornada de amplia participación y fuerte contenido simbólico. Al igual que en las marchas anteriores, el reclamo se centró en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para que las universidades continúen cumpliendo su rol en la formación de profesionales, la producción de conocimiento y la construcción de una sociedad más igualitaria.

El documento concluyó con un llamado a defender el sistema universitario y evitar que docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados por la falta de recursos. “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora. ¡La universidad pública se defiende!”, señalaron los organizadores.

La comunidad universitaria protagonizará hoy una nueva jornada de protesta en las calles de Tandil. En una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria, a la que adhirió la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes se movilizarán para denunciar la crisis presupuestaria que afecta a la educación superior y al entramado científico-tecnológico del país.

La convocatoria está prevista para las 17 en Garibaldi y Rodríguez, con el objetivo de iniciar la movilización a las 17.30 hacia las puertas del Rectorado, en Pinto y Chacabuco.

La Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo en todo el país y tiene como objetivo de exigirle al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente y no docente.

La adhesión a la movilización fue confirmada la semana pasada en una conferencia de prensa encabezada por el rector Marcelo Aba, junto al secretario general de Atuncpba, Diego Jongewaard de Boer; la representante de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Micaela Di Rocco; el secretario adjunto de Adunce, Marcelo Stipcich; y el delegado de ATE por los trabajadores del Conicet, Ignacio Simoy.

Una situación que se agrava

En esa oportunidad, el rector fue contundente al describir el escenario que enfrentan las casas de estudio: “La situación se va agravando. Hoy los retrasos tanto salariales como en los gastos de funcionamiento como en las partidas de ciencia y técnica a nivel nacional van todas en retroceso, algunas ya tendiendo a cero”.

La máxima autoridad académica subrayó que el retraso salarial se acerca al 50 por ciento, una cifra que pone en riesgo la continuidad de los equipos de trabajo.

Sin embargo, el reclamo va más allá del ámbito académico sino que responde a la defensa de un modelo a partir del impacto que tienen las universidades en el desarrollo de un país.

“Queremos resaltar ese valor que se defendió en aquella marcha del 23 de abril del año pasado por toda la sociedad, de lo que representa la educación y el conocimiento para el desarrollo de una nación. Estamos absolutamente convencidos de lo que está en juego”, expresó el rector.

Impacto en el sector científico y gremial

Desde el sector gremial, Diego Jongewaard de Boer remarcó que la pérdida del poder adquisitivo obliga a los trabajadores a buscar empleos alternativos.

Por su parte, Marcelo Stipcich aportó datos del Consejo Interuniversitario Nacional, indicando que desde diciembre de 2023 los trabajadores universitarios perdieron el equivalente a cerca de 11 sueldos en su capacidad de consumo.

“Quisiera preguntar quién puede sobrevivir sin pagar el alquiler 11 meses o cuánto te dura la heladera si empezás a deber 11 cuotas”, graficó el dirigente durante la conferencia de prensa, que calificó el desfinanciamiento como un posicionamiento profundamente político.

Por su parte, Ignacio Simoy advirtió que el ajuste afecta a un entramado que incluye al INTI, el INTA y el Servicio Meteorológico Nacional. “Menos ciencia es menos soberanía”, sentenció el delegado de ATE.

El compromiso estudiantil

La comunidad estudiantil expresó su preocupación a través de Micaela Di Rocco, presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Arte. La referente hizo hincapié en los retrasos de las becas Progresar y la incertidumbre de los alumnos. “No caemos en la universidad pública, sino que la elegimos y como la elegimos, también la defendemos y la cuidamos”, afirmó.

Hacia el cierre de la presentación, los referentes universitarios invitaron a todas las instituciones de la sociedad civil y a la ciudadanía a sumarse a la marcha, manteniendo el carácter de anteriores convocatorias.

Marcha federal

La Marcha Universitaria se replicara en otras provincias del país, entre ellas, Córdoba, Salta, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

El acto central será en Plaza de Mayo, en Capital Federal, a las 17 y previamente las distintas organizaciones se concentrarán en diversos puntos y a diferentes horarios.

La convocatoria partió de diversas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y docentes, incluyendo al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), las cuales denuncian la situación crítica que atraviesan las distintas universidades públicas provocada por el desfinanciamiento impartido por la gestión del presidente Javier Milei, desde diciembre de 2023.

La movilización busca visibilizar también la situación salarial, por lo que también exigen la recomposición de los haberes docentes y no docentes. Las instituciones denuncian una caída real del 45,6 por ciento en las transferencias presupuestarias entre 2023 y 2026.

Para los grupos convocantes, esta crisis presupuestaria, que converge en el desfinanciamiento que atraviesa el área educativa, “pone en riesgo el funcionamiento” de todas las universidades nacionales.

El Gobierno nacional informó este jueves que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario impulsado por el Ejecutivo en la causa relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario y resolvió suspender una medida cautelar vigente hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia.

La decisión judicial fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que precisó que la presentación se realizó en el expediente “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”, iniciado tras cuestionamientos vinculados con la aplicación de la Ley N° 27.775.

Según indicó la cartera nacional, el planteo estuvo dirigido contra la resolución dictada el pasado 31 de marzo por la Sala III de la Cámara y fue acompañado por un pedido de efecto suspensivo, que finalmente fue aceptado por el tribunal.

De esta manera, la cautelar quedará suspendida hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie de manera definitiva sobre el caso.

El Ejecutivo recordó además que la Ley de Financiamiento Universitario había sido promulgada mediante el Decreto 759/25, aunque su implementación quedó paralizada bajo el argumento de que el Congreso no estableció las fuentes específicas de financiamiento necesarias para solventarla.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la puesta en marcha de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”, uno de los principales lineamientos económicos de la administración encabezada por Javier Milei.

Por último, desde el Ministerio de Capital Humano ratificaron el compromiso oficial con “el derecho de enseñar y aprender”, aunque remarcaron que ese objetivo debe sostenerse dentro de un esquema de “sostenibilidad fiscal” y de utilización “eficiente” de los recursos estatales.

La novedad judicial se conoció además en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes. La movilización, impulsada por rectores, gremios docentes y centros de estudiantes, buscará volver a poner en agenda el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y cuestionar la decisión del Gobierno de trasladar el conflicto al plano judicial.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen) confirmó su participación en la Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12 de mayo, en el marco de una jornada nacional de protesta en defensa de la educación pública, la ciencia y el financiamiento del sistema universitario.

A través de un comunicado institucional difundido por la Asociación Gremial de Docentes de la Unicen (Adunce) en sus distintos espacios, la casa de altos estudios expresó su adhesión a la movilización que se realizará en todo el país bajo el lema “Milei, no sos rey, cumplí la ley”, en referencia al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El texto difundido por la universidad señala: “El martes 12 de mayo defendemos a la universidad pública en las calles de todo el país, exigiendo al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario”. En esa misma línea, el gremio docente convoca a la participación conjunta de la comunidad educativa.

Asimismo, la Unicen remarcó que en sus distintas sedes “docentes, nodocentes y estudiantes marchamos por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”, en una expresión conjunta de los claustros universitarios. De esta forma, se confirma que la medida impactará en Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

El comunicado también enmarca la medida dentro de un plan de acción más amplio, al sostener que “seguimos con el plan de lucha, porque defender la educación y la ciencia es defender la democracia y la soberanía”.

La adhesión de la Unicen se inscribe en una serie de pronunciamientos de universidades públicas de todo el país que manifestaron su apoyo a la Marcha Federal Universitaria, en un contexto de creciente debate por el financiamiento del sistema de educación superior en Argentina.

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se suma así a la jornada nacional convocada para el 12 de mayo, que tendrá expresiones en distintas ciudades y sedes universitarias del país bajo la consigna de defensa de la universidad pública.

El gendarme Héctor Jesús Guerrero, responsable de herir gravemente al fotoperiodista Pablo Grillo durante una marcha de jubilados en marzo de 2025, deberá enfrentar un juicio oral. La medida surge tras la resolución elevada por el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Eduardo Taiano.

Para el fiscal, el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, de 30 años, debe ser juzgado por los delitos de lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función en carácter de miembro integrante de una fuerza de seguridad y abuso de armas agravado cometido en cinco oportunidades. Según la resolución, el comportamiento de Héctor Jesús Guerrero representó un peligro concreto para la vida e integridad física de los manifestantes.

El hecho ocurrió el 12 de marzo de 2025, cuando Pablo Nahuel Grillo resultó herido con una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica a raíz del impacto de un proyectil. La Fiscalía concluyó que, tras una exhaustiva investigación, se verificó que los efectivos actuaron de manera desproporcionada e irracional durante el operativo de seguridad.

“Esa situación comprendió los disparos efectuados de forma antirreglamentaria por el cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, Héctor Jesús Guerrero, que le ocasionaron lesiones al fotorreportero Pablo Nahuel Grillo”.

Peritajes técnicos e informes de especialistas establecieron que el uniformado efectuó seis disparos sin que existiera un contexto de agresión previa. Según la investigación, el gendarme disparó de forma antirreglamentaria, en ángulo horizontal, con su pistola lanza gases marca FM desde la intersección de la Avenida Hipólito Yrigoyen y Solís.

A raíz de las heridas, el reportero gráfico presenta hoy un marcado deterioro de sus funciones cognitivas y comunicativas, lo que podría derivar en secuelas permanentes en su esfera neurológica. El fiscal recalcó que Héctor Jesús Guerrero contaba con la formación necesaria para aplicar correctamente el uso de la fuerza, pero ejerció sus potestades de manera abusiva contra un trabajador de prensa y manifestantes que no representaban amenaza alguna.

En medio de una compleja estrategia judicial contra la reforma laboral y crecientes presiones internas, la CGT conmemorará este jueves el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo. La concentración, prevista para las 15, tendrá como eje central un acto donde los tres cotitulares de la central, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, brindarán discursos con una marcada impronta crítica hacia la gestión del presidente Javier Milei.

Durante la jornada se leerá un documento titulado “El trabajo es con derechos o es esclavo”, el cual contiene duras observaciones contra la reforma laboral y las medidas económicas que han provocado el cierre de empresas y despidos. Además, se proyectará un video en homenaje al Papa Francisco, fallecido en abril de 2025, y dos curas villeros realizarán una oración reivindicando las ideas sociales de Jorge Bergoglio.

La movilización contará con columnas de diversos sindicatos como Camioneros, UOCRA, UPCN, Sanidad y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). También se sumarán sectores del PJ alineados con Axel Kicillof y La Cámpora, junto a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). En contraste, la izquierda realizará su propio acto el 1 de mayo, mientras que el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU), integrado por la UOM y ATE, debatirá su propio programa el viernes en Pilar.

La interna sindical atraviesa un momento de alta temperatura. Dirigentes como Luis Barrionuevo, Omar Maturano y Roberto Fernández exigen mayor dureza contra el Gobierno.

“¿Qué carajo vamos a hacer en la CGT si no hace nada? No nos defienden, el Gobierno nos pega a todos y nadie dice nada”, planteó Omar Maturano, líder ferroviario, quien incluso amenazó con renunciar a la central obrera si no se convoca a un plan de lucha.

Desde el sector dialoguista, Gerardo Martínez advirtió que, “agotada la instancia judicial contra la reforma laboral, pensamos en un plan de lucha”. Por su parte, Cristian Jerónimo remarcó que “el pueblo la está pasando mal” y que la conflictividad seguirá escalando, mientras que Jorge Sola aseguró: “Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte”.

El clima se recalentó aún más tras el anuncio del Gobierno de imponer una multa de 21.241.500.000 pesos al sindicato La Fraternidad por no acatar una conciliación obligatoria. Asimismo, se espera una sanción similar para la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que podría alcanzar los 70 mil millones de pesos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezará este jueves una nueva marcha nacional en rechazo a las políticas del Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei. La movilización, prevista para las 15 horas, se produce en la antesala del Día del Trabajador y busca visibilizar el descontento por la situación económica y social actual.

El co-secretario de la central cegetista, Cristián Jerónimo, advirtió sobre la realidad que atraviesan los trabajadores. “El costo de vida es altísimo, los salarios tienen un desajuste terrible, y los acuerdos salariales van por detrás de la inflación”, manifestó.

En esa misma línea, el referente de la central obrera planteó la necesidad de abrir instancias de diálogo para discutir un modelo económico centrado en la producción y el empleo, al tiempo que subrayó la intención de construir consensos más amplios para el futuro. “Esta movilización es una expresión de rechazo a las políticas actuales y un llamado a reabrir el diálogo”, destacó, tras señalar que la marcha también incluirá un homenaje al Papa Francisco, en reconocimiento a su rol en la defensa del trabajo y de las organizaciones sindicales.

Según indicaron desde la CGT, la convocatoria será de carácter abierto y buscará reunir a distintos sectores sociales. El punto más sensible será el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que ya viene sufriendo una reducción de frecuencias de colectivos. En este sector, la situación dependerá de cada línea y de la adhesión sindical local, por lo que se recomienda planear los viajes con antelación.

En cuanto a los trenes, podría haber alteraciones en las líneas Sarmiento y Mitre, dado que La Fraternidad confirmó el cese de actividades. Por el contrario, en los vuelos no se espera un paro total, aunque la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la adhesión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), lo que podría generar demoras operativas.

En el ámbito educativo, no se prevé un paro en escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria, aunque algunos gremios docentes podrían sumarse a la columna. La situación varía en las casas de altos estudios: los docentes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) mantendrán una medida de fuerza durante toda la semana.

Finalmente, confirmaron un cese de actividades para la jornada los empleados de recolección de residuos, atención en organismos públicos, correo, logística y algunas dependencias estatales. En el sistema de salud pública, se garantizó la atención mediante guardias mínimas.

En una acción similar a la movilización realizada el 14 de abril hacia el Palacio de Hacienda, un grupo de jefes comunales de la provincia de Buenos Aires se dirigirá este miércoles al Ministerio de Capital Humano. El objetivo es presentar un reclamo formal ante la ministra Sandra Pettovello por la falta de envío de fondos destinados a la asistencia alimentaria.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, surgió tras un encuentro del Consejo del PJ bonaerense en La Plata. Durante la reunión, se resolvió avanzar con la protesta para exigir el pago de deudas que permitan sostener el funcionamiento de los comedores y el Sistema Alimentario Escolar (SAE).

El documento elaborado por las autoridades partidarias advierte sobre un "desfinanciamiento inédito" que "se conjuga con indicadores sociales alarmantes: familias que ya no llegan a fin de mes, salarios que se pulverizan y una demanda alimentaria desesperada que el Gobierno Nacional se niega a asistir recortando el financiamiento al Sistema Alimentario Escolar y los Comedores Comunitarios".

En este contexto, el ministro Andrés Larroque precisó que la deuda de la Nación con la Provincia asciende a 220.000 millones de pesos en concepto del SAE. El funcionario apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei por la profundización de la crisis y envió una nota formal a la ministra Sandra Pettovello, quien recientemente desmintió la responsabilidad nacional en estos programas.

La situación se agrava tras la decisión del gobernador Axel Kicillof de aumentar la asistencia propia pero suspender el programa MESA, que entregaba alimentos secos, debido a la falta de financiamiento externo. A través de esta marcha, los intendentes buscan obtener una respuesta concreta ante el recorte de recursos esenciales para los sectores más vulnerables.

Tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno nacional analiza alternativas para readecuar las partidas presupuestarias y cumplir con el fallo judicial que ordena su aplicación. Según trascendió, el oficialismo planea una nueva convocatoria a rectores y autoridades para los primeros días de mayo, con el objetivo de destrabar el conflicto y alcanzar un acuerdo entre las partes.

En los despachos de la Casa Rosada se recuerda un intento de acuerdo en febrero, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo. Aquella propuesta buscaba recomponer los salarios en un 12,3 por ciento, pero no logró avanzar debido a los tiempos legislativos. Desde el entorno presidencial apuntan contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la demora en el tratamiento del proyecto, aunque cerca del legislador aseguran que las prioridades las marca el Ejecutivo en función de las necesidades.

"Tenemos que acomodar los números para que funcione. No lo podemos pagar, en el mientras tanto vamos ganando tiempo para poder modificar la ley", admitió un alfil libertario ante la consulta periodística. En este sentido, la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, presentó un recurso extraordinario para ganar tiempo, especialmente luego de que la inflación de marzo se ubicara en el 3,4 por ciento, lo que complejizó los planes oficiales.

Mientras tanto, las autoridades universitarias manifiestan su impaciencia y evalúan una nueva movilización para principios de mayo. Niegan que haya existido un acuerdo previo con el Ejecutivo y sostienen que en febrero solo hubo un aviso. Entre los reclamos principales se encuentra la falta de compensación por el poder adquisitivo perdido en 2024 y la incertidumbre sobre la proyección presupuestaria para el 2026.

Ante este panorama, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, mantuvo un encuentro con el ministro de economía, Luis Caputo, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para coordinar la estrategia legal y económica. Desde el gobierno nacional, algunas voces evalúan incluso la posibilidad de avanzar mediante un decreto para resolver la discusión parlamentaria, bajo la premisa de que "los votos estaban".

A pesar de la presión, en el entorno presidencial confían en una resolución del conflicto. "La gente está cansada, no veo clima social como en aquel entonces", señaló una fuente oficial en referencia a la masiva marcha federal de 2024. No obstante, las universidades mantienen el estado de alerta a la espera de una propuesta concreta que garantice el funcionamiento de las instituciones.