La edición número 35 de la Marcha del Orgullo LGBT incluyó canticos, banderas, asociaciones y reclamos, bajo el lema "¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”, mientras que la concentración de los camiones y manifestantes tuvo lugar en la intersección de la avenida Belgrano y Lima.

Durante la jornada, hubo una "previa" musical, de la mano de DJ's, música y una gran feria de artesanos.

Mientras ambas calles se llenaron de carteles de "Señor presidente, esta es la libertad que avanza", testimonios de familiares y personas trans  en reclamo de reparación histórica e igualdad de derechos; el camión de ATE se situó en el centro de la escena.

"Travestis estatales en la calle, reparación histórica es la deuda del Estado. Tenemos derecho a salarios dignos, estabilidad laboral. Javier Milei dictador. Revolución sindical y sexual. Queremos traVajar, no queremos ser más esta humanidad. Lesbicidio nunca más", sostuvo el extenso comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Entre los carros, se encontraron Sanidad es diversas de ATSA, bares LGBT como Contramano 1984, el frente Orgullo y Lucha, Barrios de Pie, Argentina Afros LGBT, la Comunidad Eslovaca Queer, CGT y CHA (Comunidad Homosexual Argentina). Además, se encontraban puestos como el de Argentina Intersex que pidió: "Que la obsesión médica binaria por 'normalizar' los cuerpos intersex, no permita la muerte".

La movilización concentró reclamos de distintas índoles, desde cuestiones netamente políticas a problemáticas de salud, como el recorte en medicamentos para el VIH, la falta de preservativos y de prevención desde el factor de Educación Sexual Integral.

En tanto, La Joaqui dio cierre al primer escenario ubicado en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Lima. La cantante señaló: "Ojalá a algunos padres les diera vergüenza tener un hijo acosador, en lugar de por un hijo gay". En esa instancia, los manifestantes se acercaron al segundo escenario donde se mantuvo el clima.

El escenario del Congreso fue uno de los protagonistas de la velada. En la conducción, el periodista Franco Torchia saludó: "Somos millones en la resistencia". En línea, comunicó: "Este año, la COMO (Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo) definió como consigna principal 'Cuando el odio avanza, en las calles, el orgullo es resistencia'. Argentina tiene su propia comunidad que resiste. Esto lo ve el mundo, es una Argentina que resiste".

Además, el presentador enumeró las demandas: Resistir es insistir, Ley integral trans y Ley antidiscriminatoria ya. Ante el vaciamiento de salud y el avance de las ETS, salud sexual.

Acto seguido, ingresó el Consejo Asesor Histórico de la Marcha Nacional del Orgullo y realizaron un homenaje a Taty Almeida.

En la voz de Pedro Paradiso Sottile, llegaron las palabras conmemorativas para la Madre de Plaza de Mayo: "Este año marchamos con una ausencia que duele. Está marcha que inicia desde la plaza que fue su casa no podía dejar de nombrarla. A las madres, la dictadura las llamó las locas y les encantaba que le digan eso. Loca de amor por su hijo y por la alegría".

"Nos enseñó que la lucha también es alegría, año, tras año también marchó con nosotros que fuimos perseguidos por edictos policiales. Taty fue y será siempre una madre para todos los militantes. Nos quiso como éramos y cómo sentíamos. Nos abrazó cuando nos daban la espalda", continuó el fundador de la Fundación Igualdad.

"El discurso de odio que segrega a los 30 mil, contamos con su ejemplo que marca el camino. Taty descansa en la Plaza de Mayo y hoy no descansa, viene marchando con nosotros", cerró. NA

La 35ª Marcha del Orgullo LGBTINB+ se llevará a cabo este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, con una jornada que combinará actividades culturales, homenajes y reivindicaciones políticas y sociales. La convocatoria tendrá como una de sus principales consignas “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”, en una edición definida por sus organizadores como antifascista y antirracista.

La concentración convocada por el Frente Orgullo y Lucha y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica (OLH) comenzará a las 14 en la intersección de Lima y avenida Belgrano, donde se desarrollará una previa con artistas y DJs.

A partir de las 17 se realizará una intervención para reclamar la Reparación Histórica destinada a travestis y personas trans adultas mayores sobrevivientes de la violencia estatal. En ese mismo espacio se llevará adelante un homenaje a Taty Almeida y las Madres de Plaza de Mayo, con la participación de la agrupación H.I.J.O.S. Capital.

Posteriormente tendrá lugar el acto central y, según el cronograma difundido por este sector de la organización, a las 17.30 comenzará la movilización hacia el Congreso de la Nación. Desde las 18, las actividades continuarán en el escenario Carlos Jáuregui, ubicado en las inmediaciones del Congreso.

La edición de este año tendrá una particularidad: el recorrido tradicional fue modificado debido al operativo de seguridad organizado por la visita del papa León XIV a la Argentina.

A diferencia de años anteriores, cuando la movilización comenzaba en Plaza de Mayo, las actividades se concentrarán sobre el corredor de la avenida 9 de Julio, desde donde los participantes avanzarán hacia el Congreso.

Además de la convocatoria de la Línea Histórica, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) anunció actividades desde las 10, con una feria, propuestas culturales y presentaciones musicales. Este cronograma contempla el inicio de la movilización general a las 16.

La jornada incluirá dos espacios musicales principales: el escenario Nadia Echazú, en las inmediaciones de Lima y avenida de Mayo, y el escenario Carlos Jáuregui, frente al Congreso, donde se desarrollará el festival de cierre.

Uno de los ejes centrales de la convocatoria será el pedido de aprobación del proyecto de ley “Reconocer es Reparar”, una iniciativa que propone una reparación histórica para travestis y personas trans adultas mayores que atravesaron situaciones de violencia institucional y persecución por motivos de identidad de género.

Según explicaron las organizaciones convocantes, el proyecto busca dar respuesta a la situación de vulnerabilidad social que atraviesan muchas de estas personas y garantizar mayores posibilidades de inclusión, reconocimiento y acceso integral a la salud.

En el comunicado difundido para anunciar la movilización, las entidades cuestionaron las políticas del Gobierno nacional y expresaron su rechazo a lo que consideran un intento de exclusión del colectivo LGBTINB+.

También reclamaron que la inclusión de la diversidad sexual y la prevención de la violencia por prejuicio recuperen un lugar central en las políticas públicas.

La convocatoria es impulsada por el Frente Orgullo y Lucha, integrado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA) y 100% Diversidad y Derechos, junto con numerosas organizaciones de todo el país.

Asimismo, se prevé el acompañamiento de organismos de derechos humanos, entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Capital y NIETES, además de sindicatos vinculados a ambas CTA y representantes de las secretarías de Género y Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo (CGT).

De esta manera, la Marcha del Orgullo volverá a reunir expresiones culturales, manifestaciones sociales y demandas vinculadas con los derechos de la diversidad sexual y de género, en una jornada que tendrá como punto de llegada el Congreso de la Nación.

Con el pedido de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, se realizó la quinta marcha federal en todo el territorio argentino. En Tandil, pese a la jornada gris y fría, vecinos se concentraron en Rodríguez y Garibaldi para marchar por la universidad pública.

Tal como se había anunciado el pasado martes por la mañana, integrantes de los distintos claustros que componen la Universidad Nacional del Centro (Unicen), estudiantes, jubilados, representantes de los gremios de los trabajadores y vecinos se dieron cita cerca de las 17.

La Quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada a nivel nacional, con epicentro en Capital Federal y réplicas en todas las ciudades que albergan casas de estudio. En el caso de la Unicen, además de en Tandil, también se realizaron movilizaciones en las sedes de Azul, Olavarría y Quequén.

En la extensa columna que se formó por Rodríguez pudieron visibilizarse a las autoridades de la Unicen: el rector Marcelo Aba y la vicerrectora Alicia Spinello; los decanos de las facultades de Ciencias Económicas, Marcelo Rébori; de Ciencias Exactas, Claudio Aciti; de Arte, Daniela Ferrari; y de Ciencias Humanas, Josefina Di Nucci; Verónica Gargiulo y Marcelo Stipcich por Adunce; y Diego Jongewaard de Boer por Atuncpba.

Por fuera del sistema universitario, también acompañaron la movilización el intendente Miguel Lunghi, junto a los concejales radicales Maridé Condino, Juan Salceda y Juan Pablo Frolik; también estuvieron los legisladores peronistas Rogelio Iparraguirre, Severiano Mon, Marilen Pogorzelski y Marcelo Valle. El presidente del Pj Darío Méndez, además de referentes gremialistas de ATE y la Mesa Intersindical Tandil.

La convocatoria se hizo en cámara lenta, incluso hasta minutos antes de las 17 no había el público esperado para una movilización que se presumía que iba a ser puntual y masiva como en las ediciones anteriores. La llegada de los centros de estudiantes y la militancia política le dio otro color a la convocatoria.

La columna formada por Rodríguez fue encabezada por una bandera de Argentina con la frase “Universidad pública es: + Educación, + Soberanía, + Democracia”, la cual fue portada por las autoridades universitarias y de los sindicatos de los trabajadores y estudiantes de la Unicen.

Por detrás se ubicaron los trabajadores nodocentes, los docentes, investigadores de ATE-Conicet y preuniversitarios. Continuaron la columna que se extendió por más de tres cuadras las distintas facultades, la Federación Estudiantil, gremios docentes, la Mesa Intersindical, jubilados de Amalu, organizaciones sociales y los partidos políticos.

Con aplausos y el sonido de los bombos comenzó la caminata por Rodríguez. A buen ritmo y en línea recta la columna fue avanzando por el centro de la ciudad. El canto “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode” sonó repetidas veces, como así también algunas canciones en contra del Presidente de la Nación.

La gran mayoría de los carteles que portaron los manifestantes también se expresaron a favor de la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y en contra del gobierno de Javier Milei. Algunas pancartas hicieron referencia a la lucha de los jubilados, a la Ley de Tierras y las Islas Malvinas y, como consecuencia, en contra de los jueces de la Nación.

Desde Rodríguez caminaron hasta Belgrano, pasaron por el frente del Municipio y doblaron en Chacabuco. La columna tardó alrededor de una hora en llegar hasta la esquina del Rectorado, donde se montó un escenario y los representantes de cada agrupación gremial universitaria leyeron una parte del comunicado.

Tras la movilización, se dio lectura a un escrito conjunto que advirtió sobre el riesgo institucional y financiero que atraviesan las casas de altos estudios, exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamó cambios de fondo en el Presupuesto.

El documento, el cual se leyó en cada réplica de la manifestación, se tituló “Defender nuestros sueños, garantizar el futuro”. En el mismo se exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, la cual cuenta con el respaldo del Congreso y fallos judiciales cautelares que ordenan la recomposición inmediata de los artículos 5 (salarios) y 6 (becas).

“El incumplimiento sistemático de las leyes y medidas judiciales es la expresión de la voluntad de gobernar por decretos de necesidad y urgencia”, señaló el escrito, al tiempo que ratificó la adhesión al pedido ciudadano para la derogación del DNU 70/23.

En cuanto a la situación económica de los trabajadores, el texto denunció un "ataque sistemático" al salario. Advirtió sobre la precarización laboral, la pérdida de capacidades técnicas acumuladas durante décadas y la falta de respuesta oficial ante el pedido de la restitución del FONID, la revisión del nomenclador preuniversitario, el pase de sumas no remunerativas a montos bonificables y la situación crítica de las obras sociales y el sistema previsional.

En otro tramo, el enunciado advirtió que garantizar la gratuidad universitaria no alcanza si no existen condiciones socioeconómicas para la permanencia de los estudiantes. Se denunció el congelamiento de los montos de la Beca Progresar en 35 mil pesos desde el año 2024, valor que resulta insuficiente para cubrir costos básicos de transporte o materiales. También advirtió sobre la desinversión y paralización de las becas de estímulo a las vocaciones científicas.

Respecto a la proyección financiera, el documento calificó la partida ejecutada como el presupuesto educativo más bajo de la historia (menos del 1 por ciento del PBI). De cara al debate legislativo, la comunidad universitaria rechazó el Proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el Ejecutivo y respaldó la contrapropuesta elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la cual requiere un incremento del 33,4 por ciento sobre el proyecto oficial. De no contemplarse, advirtieron que las universidades están en riesgo real de no poder sostener sus actividades básicas.

El documento también expuso la paralización de proyectos de investigación, la falta de insumos, el corte de acceso a publicaciones internacionales y la reducción de jóvenes investigadores. Se alertó sobre la urgencia de frenar el éxodo de profesionales formados en el país: "Cada persona que sale del sistema es una carrera que se apaga y una región que se empobrece".

De cara al futuro, el escrito concluyó reafirmando el valor histórico del modelo universitario argentino —basado en la autonomía, el cogobierno, la gratuidad, la extensión y el desarrollo territorial— y apeló a la responsabilidad del Estado para garantizar derechos fundamentales como la educación, la ciencia, la salud y la industria nacional. “La universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución”, concluyó.

La comunidad universitaria volverá a las calles este jueves 15 de octubre en Tandil, en el marco de la Quinta Marcha Federal Universitaria, una convocatoria que encuentra al sistema público de educación superior frente a un conflicto que continúa abierto. El reclamo por el financiamiento, la recomposición salarial y los recursos necesarios para sostener la actividad académica y científica volverá a ocupar el centro de la escena, esta vez con un elemento que le agrega urgencia: el debate del Presupuesto nacional para 2027.

La concentración local está prevista para las 17, en la intersección de Garibaldi y Rodríguez, desde donde se sumarán estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, investigadores y distintos sectores de la comunidad. La convocatoria forma parte de una jornada nacional que tendrá réplicas en las ciudades donde funcionan universidades públicas. En el caso de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Unicen), también habrá movilizaciones en Azul, Olavarría y Quequén.

En la presentación de la movilización, el rector de la Unicen, Marcelo Aba, advirtió que la discusión excede la cuestión presupuestaria y puso el foco en la falta de aplicación de una ley aprobada por el Congreso y respaldada judicialmente. También cuestionó los fondos contemplados en el proyecto presupuestario para el próximo año. “Hay un conflicto que involucra a los tres poderes, porque es una ley del Congreso, pero que ha sido avalada por la Justicia y que el Poder Ejecutivo no cumple”, sostuvo Aba.

De acuerdo con los datos difundidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades reclaman alrededor de 11 billones de pesos para 2027, mientras que la propuesta del Gobierno nacional contempla aproximadamente 7,3 billones.

A los reclamos presupuestarios se suman la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, las dificultades para sostener las becas y las preocupaciones por la continuidad de las actividades académicas y científicas.

Aba también vinculó el financiamiento universitario con la defensa de la democracia y la soberanía, al destacar el papel de las universidades en la formación profesional, la investigación y el desarrollo científico y tecnológico.

Con ese marco, la Quinta Marcha Federal Universitaria se desarrollará en un escenario atravesado por dos discusiones simultáneas: la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y la definición de los recursos para el próximo año.

Este jueves, desde las 17, Tandil volverá a sumarse a la movilización nacional. El desafío para la comunidad universitaria será convertir los reclamos que se sostienen en el ámbito gremial, parlamentario y judicial en una nueva expresión pública de apoyo a la educación superior, mientras el financiamiento y el futuro del sistema continúan en discusión.

El deterioro del financiamiento universitario suele medirse en salarios, obras o cantidad de becas, en definitiva pesos, pero sus consecuencias son más profundas. Para Claudio Aciti, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, el problema tiene una dimensión territorial: cuando una universidad pública se debilita, también se resiente la capacidad de las ciudades y regiones donde está instalada.

Durante los últimos años, la discusión sobre el financiamiento de las universidades nacionales quedó concentrada, en buena medida, en una cuestión presupuestaria. Cuánto se asigna, cuánto se ejecuta, cuánto perdieron los salarios y cuánto aumentaron los gastos de funcionamiento.

Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las universidades nacionales acumularon entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 una caída real del 45,6%. El mismo informe señala que, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios universitarios aumentaron un 158%, mientras que la inflación acumulada en ese período alcanzó el 280%. El resultado fue una pérdida del poder adquisitivo cercana al 32%.

Para Aciti, sin embargo, quedarse solamente con estos números puede llevar a perder de vista una parte central del problema.

“Cuando hablamos de financiamiento tenemos que tener una visión más amplia, no se reduce a la cuestión salarial o de funcionamiento. También hay un desfinanciamiento que impacta en otros rubros de la ciudad y alrededores”, sostuvo.

La cuestión adquiere una dimensión particular cuando se observa lo que ocurre fuera de las universidades nacionales de los grandes centros urbanos como la UBA o la Universidad de Córdoba. El impacto presupuestario que tienen las universidades regionales en ciudades intermedias es mucho más notorio, ya que permiten que miles de jóvenes puedan acceder a estudios superiores sin tener que trasladarse cientos de kilómetros y que, al mismo tiempo, forman profesionales para las empresas, las industrias, los organismos públicos y las organizaciones de sus propias ciudades y regiones.

“Estudiar una carrera lejos de la ciudad de origen supone, en muchos casos, afrontar alquiler, transporte, alimentación y otros gastos durante varios años. Para una familia de ingresos medios o bajos, estos costos pueden determinar si un joven puede estudiar o no” pondera Aciti acerca del impacto de la proximidad de la Unicen.

Consultado acerca de la relación entre universidades medianas y desarrollo local plantea “La universidad forma profesionales, pero también genera conocimiento, investigación, tecnología y capacidades que son utilizadas por el sector productivo”.

Son problemas que pueden parecer diferentes, pero tienen un punto en común: la disponibilidad de capacidades: “Las ciudades que cuentan con universidades capaces de formar profesionales, investigar y vincularse con su entramado productivo tienen más herramientas para pensar nuevos proyectos. Pueden aspirar a desarrollar actividades que antes no existían, incorporar conocimiento a sus industrias y generar oportunidades para que sus jóvenes permanezcan en ellas, sin embargo Tandil y la región ya sufren el desfinanciamiento universitario”.

Cuando esas capacidades se deterioran, el horizonte puede empezar a achicarse, en palabras de Aciti: “Por eso, discutir el financiamiento universitario no es solamente discutir el presupuesto de una institución educativa, es discutir qué capacidades tendrá el país fuera de sus grandes centros urbanos, si un joven podrá estudiar sin abandonar su ciudad, si una empresa podrá encontrar los profesionales que necesita si una región podrá generar conocimiento propio para resolver sus problemas, y, finalmente, es discutir qué futuro podrán imaginar esas ciudades”.

En ese sentido el desfinanciamiento universitario puede medirse en porcentajes, pero como finaliza el decano de Exactas “sus consecuencias más profundas probablemente se midan dentro de algunos años, cuando una generación de jóvenes haya tenido menos oportunidades de formarse y muchas comunidades hayan perdido parte de las capacidades que necesitaban para crecer”.

Este martes, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Unicen para anunciar la Quinta Marcha Federal Universitaria, el Congreso de la Nación comenzaba a tratar el Presupuesto 2027. Allí se desarrollará otro escenario donde las sesenta universidades públicas del país, representadas en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) darán batalla en el reclamo por financiamiento.

En ese sentido, el rector de la Unicen, Marcelo Aba, expuso que el inicio del debate del presupuesto en las comisiones “le da un valor aún mayor a esta marcha, porque si no logramos que se incluya en el Presupuesto 2027 lo que representa la ley, finalmente la ley madre pasará a ser, como corresponde, el presupuesto”.

Indicó que si no se logran garantizar los recursos para implementar la ley, “tendremos una ley vigente que no va a tener correlato con un presupuesto que no la contempla”.

La Ley de Financiamiento fue aprobada dos veces por el Congreso, vetada otras dos, judicializada y avalada por una medida cautelar que planteó la inconstitucionalidad del segundo veto presidencial.

En tanto, Aba sostuvo que el inicio de la discusión de la Ley Madre, se erige como “un elemento más de por qué esta marcha es fundamental” y puso el foco en “el momento que estamos atravesando como sociedad y como universidad”.

El rector de la Unicen destacó que ayer “comenzó la discusión en el único espacio donde se puede llegar a concretar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Si no logramos que el Congreso revierta la falta de fondos para el sistema universitario en el presupuesto nacional, va a ser muy difícil que logremos luego la aplicación de la ley”.

Por ese motivo, expuso “una razón más y de mucho peso para pedir que nos acompañen en esta quinta marcha, justamente en el día en que la estamos convocando, en que se inicia el tratamiento del presupuesto nacional”.

Sobre las gestiones en el Congreso, Marcelo Aba confirmó que se están dando reuniones con integrantes de la Comisión de Educación y anticipó un pedido formal que ya cursó el bloque de Diputados de Unión por la Patria.

Indicó que ya elevaron un pedido formal a Jefatura de Gabinete para que Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación, asista a la Comisión de Educación “con las instrucciones de cómo quedaría el presupuesto con la aplicación de la ley, sobre todo a partir de este fallo”.

Si bien Aba reconoció que la cautelar sorteó la primera instancia, dijo que “es un fallo judicial que establece la inconstitucionalidad del decreto. Por lo tanto, ya no solamente está la cuestión legal parlamentaria, sino la propia Justicia diciendo que tendría que cumplirse”.

Volviendo a las negociaciones, señaló que “lógicamente” cada rector “por la cuestión regional o por algún tipo de afinidad, está trabajando con sus propios congresistas, en principio diputados, para tratar de sostener esa mayoría que nos dio en su momento la validez de la ley”.

Al evaluar los números, el rector de la Unicen ratificó que el CIN solicitó 11 billones para el funcionamiento del sistema universitario en 2027. “Es un número que surge de aplicar el IPC al presupuesto 2023. No tiene incremento en términos reales, es simplemente la aplicación sistemática de la inflación que ha habido, lo llevaría alrededor de 11 billones”, detalló.

Como contrapartida, señaló que “el Gobierno está ofreciendo 7,3”, aunque subrayó “una salvedad de la que poco hablamos. Además de faltar casi 4 billones de pesos, hay casi un billón que se lo reserva. O sea, de los 7 hay un billón que se lo reserva a la Subsecretaría para políticas propias”.

Reconoció que “históricamente ha habido fondos que se reservan, son los que se conocen como debajo de la línea y son cifras menores frente al presupuesto. En este caso estamos hablando de un billón de pesos que se reserva a la Subsecretaría (de Políticas Universitarias) para políticas de promoción que nadie las conoce, nadie sabe lo que es”.

Aba insistió con que “en realidad distribuido hay 6 billones, estamos prácticamente en la mitad. Ese billón que ha quedado debajo de la línea es de manejo discrecional de la propia subsecretaría. Nadie sabe muy bien para qué. O sea, que en realidad es más grave la situación todavía”.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por la administración de Javier Milei prevé un crédito de 7.349.082.049.312 pesos para el conjunto de las universidades nacionales durante 2027. De ese total, 6.326.177.949.919 pesos corresponden a gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes, mientras que otros 1.022.904.099.393 pesos figuran en partidas “debajo de la línea”.

El monto del proyecto está lejos de los 11 billones que reclama el CIN, que representa a los rectores de las 60 universidades públicas del país. La diferencia ronda el 33 por ciento y se concentra en el componente salarial, que representa cerca del 90 por ciento de los recursos del sistema.

 En la sede del Rectorado, integrantes de distintos claustros de la Unicen anunciaron formalmente la Quinta Marcha Federal Universitaria, que se desarrollará este jueves 15 de octubre, desde las 17, con concentración en Garibaldi y Rodríguez. Tras la cautelar por la inconstitucionalidad del decreto que la derogó por segunda vez, el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento sumó la defensa de la democracia.

“Hay un conflicto que involucra a los tres poderes, porque es una ley del Congreso, pero que ha sido avalada por la Justicia y que el Poder Ejecutivo no cumple”, refrendó el rector Marcelo Aba.

En ese sentido, puso como ejemplo la derogación de la ampliación de Zona Fría, publicada ayer en el Boletín Oficial, y que todos los ciudadanos estarán obligados a acatar. “Son dos leyes exactamente iguales, a la cual una tendremos que atender sin ningún tipo de atenuante, cueste lo que cueste, y la otra está sin cumplirse. Algo está fallando en la democracia argentina”.

En la mesa del anuncio, además del rector, participaron los decanos de las facultades de Ciencias Económicas, Marcelo Rébori; de Ciencias Exactas, Claudio Aciti; de Arte, Daniela Ferrari; de Ciencias Humanas, Josefina Di Nucci; y la vicedecana de Ciencias Veterinarias, Andrea Caselli; el secretario adjunto de Adunce, Marcelo Stipcich; el secretario general de ATE, Hernán Gasparini, y su par de Atuncpba, Diego Jongewaard de Boer.

“Parece increíble que ya estemos transitando una quinta marcha reclamando por la aplicación de una ley que está vigente, que tiene todos sus atributos para ser ejecutada, pero sin embargo el Poder Ejecutivo sigue negando su validez”, expresó Aba, en el inicio de la convocatoria dirigida a la comunidad en defensa de la universidad pública, pero también de la soberanía y la democracia.

La Quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada a nivel nacional, con epicentro en Capital Federal y réplicas en todas las ciudades que albergan casas de estudio. En el caso de la Unicen, además de en Tandil, también se realizarán movilizaciones en las sedes de Azul, Olavarría y Quequén.

Respecto de la ley, el rector Marcelo Aba repasó que “hemos recorrido todo lo que tiene que ver con la vía parlamentaria; hemos recorrido la vía legal, la vía de la Justicia con la cautelar, pero ahora también el amparo que va al fondo de la cuestión, que es la aplicación plena de toda la ley, tiene un fallo favorable. Y sin embargo, no logramos que esa ley se aplique”.

De inmediato, resaltó los “enormes problemas” que el desfinanciamiento acarrea al interior de la casa de estudios.  

En primer lugar, consignó “un retraso salarial que seguramente supera largamente el 30 por ciento, que estaría de alguna manera atendido si la ley se cumpliera. Eso lógicamente trae para todos los trabajadores de la Universidad, serias dificultades para llegar a fin de mes sobre todo en las escalas iniciales”.

Por otro lado, apuntó que “tenemos serias dificultades para mantener la universidad funcionando; no ya para crecer, sino simplemente para mantener lo que hemos logrado construir”.

Y como otros puntos, remarcó que “en ese contexto también entran las becas estudiantiles; también entra la ciencia y la tecnología, que en buena parte no es presupuesto universitario directo, pero es un presupuesto que se vuelca a la universidad para el funcionamiento de los distintos grupos” de investigación.

Aba afirmó que el presupuesto “ nos resulta totalmente exiguo” e informó que el Consejo Interuniversitarios Nacional (CIN) estimó un presupuesto de 11 billones  para 2027, cuando el Gobierno propuso alrededor de 7,2 billones.

“Allí está la diferencia salarial y está la diferencia que tiene que ver con la parte de funcionamiento, algo de ciencia y tecnología, algo de infraestructura”, sostuvo sobre los números contemplados para el año próximo.

En tanto, aclaró que “este empecinamiento en no cumplir con la ley es lo que ha llevado a convocar a esta quinta marcha” y precisó que “el llamado es tanto a nuestra propia comunidad universitaria como a la comunidad en general, una vez más, a la defensa de la universidad pública, a la defensa de lo que significa esa universidad pública para una sociedad que pretende crecer, que pretende ser soberana”.

En igual sentido, advirtió que “empieza a estar en riesgo el funcionamiento de un sistema que ha sido el modelo sobre el cual se ha desarrollado el país y ahora, además de lo que significa para la vida universitaria, también se suma el significado que adquiere sobre la propia democracia, porque tenemos una ley que, insisto, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de no estar vigente. El decreto es absolutamente inconstitucional, lo acaba de decir la Justicia”.

En tanto, indicó que para las universidades la aplicación de la Ley de Financiamiento “hoy es sustancial” y precisó que “es lo que estamos necesitando para recuperar de alguna manera lo que era la universidad en el 2023, en términos salariales, en términos de funcionamiento, en términos de ciencia y técnica”.

Por ese motivo, llamó a la comunidad a “encontrarnos” para “volver a demostrar en todo el país lo que significa la universidad, lo que representa la universidad”.

Como otra cuestión sumó como consignas la defensa de la democracia y de la soberanía. “Entendemos que conocimiento, ciencia, tecnología son componentes fundamentales de lo que es la soberanía de un país y hoy también está terriblemente amenazados”, dijo.

Deseó que la quinta marcha concentre a una multitud, porque “hay mucho por defender” y evaluó que “no es solamente la universidad en sí como institución, sino lo que ese sistema universitario genera para el desarrollo del país”.

Por Adunce, el secretario adjunto Marcelo Stipcich cambió el eje del reclamo y evitó referirse a la pérdida salarial para enfocarse en que se aplique la Ley de Financiamiento.

En ese sentido, expuso que junto con los gremios nucleados en Adunce, optaron por evitar “un recuento de las penurias que estamos pasando” pese a que “las situaciones, en algunos casos, de docentes es crítica”.

Y señaló que “ponemos el acento fuerte y ponemos la discusión en el cumplimiento de la ley, porque la verdad es que no sabemos cómo puede pasar en un país democrático que no se cumple una ley que fue promulgada con todos los puntos que debe tener una ley para ser promulgada”.

Como mensaje, expuso que “eso nos debería sorprender más de lo que nos sorprende” y remarcó que “quizá estamos normalizando que el Gobierno no haga las cosas que tiene que hacer”.

En cuanto a la situación salarial, Stipcich evaluó hasta parece injusto, “porque decir cuánto estamos perdiendo hasta ahora es empezar a compararnos con todo el resto de la sociedad que está perdiendo lo mismo. Un poco más algunos, un poco menos, pero estamos todos igual; estamos todos en el mismo tren, en un Gobierno que básicamente está haciendo un montón de cosas que le conviene económicamente para después compartirlas con un grupo de amigos que se queda con el agua, que se queda con la tierra, que se queda con la soberanía”.

En tanto, llamó a reflexionar sobre “cualquier empresa que esté aprovechando los conocimientos que genera Argentina para hacer dinero. Y hay un montón. La verdad que es una locura pensar en eso. Y ahí es que hablamos para esta marcha de defender la soberanía y la democracia”.

En tanto, insistió en que “pongamos el eje en donde tiene que estar, en donde una ley cuando es promulgada se debe cumplir, así como la cumplimos nosotros, así como tenemos que pagar el alquiler todos los meses o la factura de la luz o la cuota de lo que hayamos comprado”.

El representante de Atuncpba, Diego Jongewaard de Boer, definió que se trata de “un momento como de inflexión”, por lo cual consideró que “no solo tenemos que movilizarnos porque la educación pública en la Argentina está en riesgo” y apuntó que “es un momento como para convocar porque tenemos un adversario común, no solo la educación pública en Argentina, sino la salud, los jubilados, los discapacitados”.

El secretario general de los nodocentes convocó a unirse ante “un gobierno que que vino a esto, que dijo que venía a destruir la educación pública en la Argentina, a destruir la salud, a ir contra los estatales, contra el trabajo en Argentina. Entonces creo que es un momento para empezar a juntarnos, a unirnos y pensar también en el mañana”.

Por ATE, Hernán Gasparini, resaltó que “para nosotros es muy importante ser parte de esta discusión por lo que venimos padeciendo los estatales en todos los términos respecto de las políticas públicas que el Gobierno nacional viene llevando adelante”.

Y refrendó la importancia de poder transmitir a la comunidad “este mensaje de la necesidad de unidad para poder enfrentar el modelo que venimos padeciendo los trabajadores, las trabajadoras, los empleados públicos, es fundamental”.

Gasparini se enfocó en “la dimensión del daño que estamos recibiendo los laburantes y el daño que está recibiendo el desarrollo de las políticas públicas en términos nacionales, pero también en términos de lo que sucede en nuestra ciudad”.

Además, consideró que “de verdad” Javier Milei “es un topo que vino a destruir el Estado, en cuanto al ataque hacia las políticas públicas, y destruir el Estado es destruir nuestras vidas, nuestro futuro, nuestros proyectos, es destruir el proyecto de nuestros pibes y pibas, de los estudiantes, de las estudiantes. Entonces, me parece que poder plantear la necesidad de pensar en unidad, una resistencia clara, concreta, al daño que este Gobierno nacional viene siendo hacia nuestros estudiantes, hacia la salud, hacia la universidad, hacia la educación es fundamental”.

Poco después de la conferencia, ATE anunció un paro por 24 horas para el próximo jueves, en coincidencia con la marcha. Ante lo cual, Gasparini recalcó que “pensar el desarrollo de la ciencia y la tecnología sin un financiamiento concreto real a las universidades es imposible” y afirmó que en Tandil es palpable ese desarrollo que no podría concretarse en términos de infraestructura si se lo separa de la universidad.

En relación con el salario, informó que los trabajadores del Conicet “vienen sufriendo una pérdida del 47,5 por ciento en los últimos 3 años. Es otro convenio colectivo de trabajo, con lo cual el 20 por ciento que han recibido de aumento los docentes no lo recibieron”.

Por último, recalcó que “es imposible pensar el desarrollo científico y tecnológico sin financiamiento a las universidades y sin un presupuesto que acompañe lo que nuestros investigadores y lo que nuestra sociedad requiere y necesita”.

El Nuevo MAS y Las Rojas anunciaron la organización de un evento denominado After Marcha, que se llevará a cabo el sábado 10 de octubre a las 20 en la provincia de Córdoba. La actividad se desarrolla en el marco del 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries.

El encuentro contará con la presencia de Manuela Castañeira, dirigente nacional del Nuevo MAS y Las Rojas, junto a Julia Di Santi, referente de la fuerza en Córdoba y organizadora del evento. Según Castañeira, la jornada representa una oportunidad para que mujeres y diversidades se organicen contra lo que definió como el gobierno oscurantista de Javier Milei, además de servir como preparativo para la marcha del 15 de octubre. 

La dirigente afirmó que el movimiento feminista abraza distintas causas contra el gobierno, entre las que destacó la defensa de la universidad pública, los reclamos por discapacidad y la oposición a la extranjerización de tierras. Asimismo, advirtió sobre la sospecha de que el presidente Javier Milei busque aprovechar una eventual visita del Papa a la Argentina para avanzar contra el derecho al aborto, por lo que llamó a defender la ley vigente.

La primera quincena de octubre contará con una intensa agenda de movilizaciones contra las políticas del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. Las convocatorias, impulsadas por organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles y ambientales, pondrán el foco en el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras, la situación de la industria nacional y el rechazo al DNU 70/2023.

El cronograma de protestas iniciará el martes 6 de octubre frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. La movilización es impulsada por el Centro de ExCombatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, con el objetivo de manifestarse contra la decisión de la Corte Suprema que dejó vigente el artículo 154 del DNU 70/2023, el cual derogó la Ley de Tierras y eliminó las restricciones sobre la extranjerización de tierras rurales.

La organización, que había promovido la demanda judicial para declarar la inconstitucionalidad de dicha norma, convocó a las 15 horas en Plaza Lavalle bajo la consigna “La patria no se vende, la soberanía tampoco”. Al respecto, el secretario de Derechos Humanos del CECIM, Ernesto Alonso, cuestionó el fallo firmado por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El dirigente sostuvo que “la resolución afecta la defensa de la soberanía nacional”. La jornada contará con la adhesión de las dos CTA y la Autoconvocatoria Coordinar la Bronca, que se sumará a partir de las 16 horas.

Por otro lado, el jueves 8 de octubre, la Confederación General del Trabajo (CGT) movilizará en defensa de la producción y el empleo. La convocatoria está prevista para las 15 horas en Diagonal Sur y Perú, frente al edificio donde funcionó el ex Ministerio de Industria. Bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, la central obrera manifestó que “el movimiento obrero vuelve a las calles”.

Esta protesta se da en un contexto de caída de la actividad fabril. Según datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), la industria retrocedió un 0,3% en agosto frente a julio y un 5,7% interanual. En los primeros ocho meses de 2026, el sector acumuló una baja del 3% respecto del mismo período de 2025, ubicándose un 11% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

Finalmente, el jueves 15 de octubre se realizará una movilización frente al Congreso en coincidencia con la Marcha Federal Universitaria. La Autoconvocatoria Coordinar la Bronca anunció una concentración desde las 12 horas para reclamar el rechazo integral del DNU 70/2023, en una jornada donde se espera que la Cámara de Diputados trate el decreto. La protesta buscará confluir con el reclamo universitario, que exige la aplicación de la ley de financiamiento del sector.

Los gremios que representan a los trabajadores de las universidades ratificaron que el 15 de octubre impulsarán una nueva Marcha Federal, a pesar del reciente fallo judicial favorable a sus reclamos. Según fuentes sindicales, la decisión de movilizarse permanece inalterable al considerar que el reclamo va más allá de la resolución del juez federal Martín Cormick.

El magistrado había intimado al Estado Nacional y al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar los fondos destinados a las universidades en el marco del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En su fallo, el juez expuso:

“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.

Los sindicatos, encabezados por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y la Federación de Docentes de las Universidades, buscan que la gestión del presidente Javier Milei cumpla con la normativa vigente. El malestar del sector se profundizó tras el rechazo al ofrecimiento salarial del 3% realizado por el Gobierno.

De acuerdo con el último informe de la FEDUN-CIICTI, las remuneraciones del personal universitario requieren un incremento del 33,4% para lograr recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023. Ante este escenario, los dirigentes sindicales celebraron la decisión de la justicia, pero confirmaron que mantendrán la convocatoria para visibilizar la situación del sector en las próximas semanas.

La organización Adultos Mayores en Lucha (Amalu) decidió realizar un nuevo ‘semaforazo’ este miércoles 23 en el centro en reclamo por el cumplimiento de sus derechos y una movilización el miércoles 30, en la que marcharán vestidos de negro, en señal de luto por los recortes a sus prestaciones aplicados por el Gobierno nacional.

El viernes pasado los referentes de Amalu se reunieron para organizar el próximo ‘semaforazo’, que llevarán a cabo este miércoles a las 10.30 en la esquina de Sarmiento y 9 de Julio.

Además definieron marchar el miércoles 30 de septiembre a las 18. La movilización será una nueva instancia para visibilizar los reclamos que la organización viene planteando en Tandil en particular pero que forman parte de una serie de acciones impulsadas a nivel nacional.

Según explicaron desde Amalu, los manifestantes marcharán vestidos de negro como una forma simbólica de expresar el “luto” frente a los recortes que, según sostuvieron, afectan las prestaciones destinadas a los adultos mayores.

En la reunión del viernes estuvieron presentes integrantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte de la Unicen, de la Asociación de Trabajadores Nodocentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Atuncpba) y de la organización Barrios de Piedra, entre otros.

Desde Amalu continúan convocando a otras organizaciones locales para que se sumen a la movilización del miércoles 30.

Colecta de firmas

La agenda de actividades contempla además la continuidad de la recolección de firmas en el marco del denominado ‘jubilazo’, una iniciativa de alcance federal que busca reunir adhesiones para acompañar los reclamos del sector.

La organización viene desarrollando distintas acciones públicas en la ciudad.

En agosto, los jubilados nucleados en Amalu realizaron un ‘semaforazo’ en San Martín y 9 de Julio, en una jornada que incluyó también una colecta de firmas para el 'jubilazo federal'.

En aquella oportunidad, entre las consignas planteadas figuraron un aumento de emergencia de los haberes jubilatorios, el acceso a medicamentos sin cargo y el rechazo a la utilización de fondos del sistema previsional para financiar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), así como a un eventual regreso de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

La campaña de firmas forma parte de las actividades que Amalu sostiene en distintos puntos de Tandil. La organización había informado entonces que las adhesiones serían reunidas para posteriormente ser presentadas ante senadores y diputados en el Congreso de la Nación.

Este sábado 19 de septiembre se llevará a cabo la denominada Marcha de la Bronca, una jornada de protesta de alcance nacional que busca manifestar el rechazo a las políticas económicas implementadas por el gobierno del presidente Javier Milei. La convocatoria, impulsada por referentes como Myriam Bregman y Nicolás del Caño, agrupa a partidos de izquierda, movimientos piqueteros, sindicatos independientes, agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos y colectivos de artistas.

El epicentro de la movilización será la Plaza de Mayo, aunque la jornada contará con réplicas en más de 30 ciudades del país. En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal está prevista para las 15:30 en la Plaza Congreso. A partir de las 16, las columnas iniciarán su avance por la Avenida de Mayo hacia el punto final de la marcha.

La organización ha dispuesto puntos de encuentro específicos para las distintas agrupaciones. Desde las 15, la cabecera de la columna se reunirá en Avenida de Mayo y San José, integrada por organismos de derechos humanos como el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, seguidos por agrupaciones estudiantiles, socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles. Paralelamente, la Coordinadora Sindical Clasista concentrará desde las 15 en Avenida de Mayo y Callao.

Ante este escenario, el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmó que aplicará el protocolo antipiquetes. Se han dispuesto vallados reforzados tanto en las inmediaciones del Congreso como en Plaza de Mayo. El recorrido afectará el tránsito en la Avenida de Mayo con cortes progresivos, y no se descarta la utilización de las diagonales Norte y Sur para el desplazamiento de las columnas.

Al llegar a la Casa Rosada, los organizadores tienen prevista la lectura de un documento unitario y un cierre musical que contará con la participación de artistas como Miguel Cantilo, La Bersuit y Los Gardelitos. La protesta tendrá un alcance federal con movilizaciones confirmadas en ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Bahía Blanca y Mar del Plata, entre otras localidades del interior del país.

Diferentes agrupaciones de Izquierda en Tandil convocaron para este sábado 19 al denominado “Festival de la Bronca”, una jornada que se desarrollará de 15 a 20 en la glorieta de la Plaza Independencia.

Según informaron los organizadores, la propuesta combinará música, danza, poesía y actividades destinadas a las infancias, junto con una convocatoria de carácter político y de protesta.

Plantearon que el encuentro buscará “transformar la bronca en lucha colectiva” y reivindicaron la organización de los trabajadores y la movilización en las calles como herramientas frente a las políticas del Gobierno nacional.

“Demostramos que la clase trabajadora organizada, desde abajo y combativa no se arrodilla”, expresaron en la convocatoria.

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La actividad se inscribirá, de acuerdo con los organizadores, en una jornada de alcance nacional bajo la consigna de sacar “la bronca afuera” y manifestarse contra las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

“Podemos frenar el ajuste de Milei y sus cómplices. No hay nada que esperar. Ahora es cuando”, señalaron.

La actividad será abierta y se desarrollará durante la tarde del sábado en uno de los espacios centrales de Plaza Independencia.

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales definió la continuidad de su plan de lucha tras el fracaso de la reunión paritaria celebrada el pasado 1 de septiembre y la contundencia del paro que tuvo lugar este miércoles en las casas de estudios de todo el país. Tras consultar a las bases de los gremios que representan a trabajadores docentes y no docentes, se confirmó un nuevo paro total para el próximo martes 8 de septiembre.

Asimismo, los sindicatos avanzan en la organización de la 5ta Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre. 

Al respecto, desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) expresaron: "Con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional, llamamos a construir una V Marcha Federal Universitaria a realizarse la primera semana de octubre".

El sector gremial detalló que las medidas de fuerza durante septiembre buscan visibilizar diversos reclamos. Entre los puntos principales, destacaron: “Por la Ley de Financiamiento Universitario, por paritarias para recuperar lo perdido por inflación, por actualización de las Becas Progresar y Belgrano, y por un presupuesto universitario que no asfixie a nuestras universidades”.

La decisión de profundizar las medidas surge luego de que los docentes rechazaran el aumento del 3% ofrecido por el Gobierno nacional en la reunión con funcionarios del Ministerio de Capital Humano. Tras ese encuentro, los gremios manifestaron: “De manera unánime, el Frente Sindical Universitario rechazó el vergonzoso aumento del 3% que ofreció el Gobierno nacional y llamó a un paro total de actividades para el miércoles 2 de septiembre”.

Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, fue contundente al calificar la propuesta oficial afirmando que “no fue una oferta, fue una provocación". Además, aseveró que asistieron a la convocatoria a paritarias “con la determinación de recuperar lo perdido”.

Según los gremios, la deuda salarial asciende al 31,2%, a lo que se suma el impacto de la inflación de agosto, los salarios adeudados y la necesidad de abordar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Finalmente, los representantes sindicales subrayaron que la única vía de resolución al conflicto es el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los movimientos sociales y las centrales sindicales realizaron este jueves la tradicional marcha de San Cayetano, que por décimo año consecutivo unió el santuario ubicado en Liniers con Plaza de Mayo, donde reclamaron al gobierno de Javier Milei un cambio en la política económica y denunciaron el deterioro de las condiciones sociales y laborales.

La movilización comenzó a las 8 de la mañana, luego de la bendición impartida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. A lo largo del recorrido se fueron incorporando distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, que confluyeron en Plaza de Mayo, donde se instaló una feria popular y se realizó un "verdurazo", con entrega gratuita de alimentos.

En el acto central se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes, que estuvo a cargo de dirigentes mujeres de las centrales sindicales, entre ellas Leonor Cruz, de la CTA Autónoma, y Dina Sánchez, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El texto sostuvo que la Argentina atraviesa "uno de los momentos sociales y económicos más difíciles de las últimas décadas" y cuestionó el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional. En ese sentido, afirmó que "no aceptamos una Argentina para unos pocos" y denunció que el rumbo económico "concentra la riqueza en pocas manos, privilegia la especulación financiera sobre la producción nacional y sacrifica el trabajo argentino para beneficiar a los sectores más poderosos".

Las organizaciones también expresaron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el aumento del costo de vida, la paralización de la obra pública y el cierre de empresas. Asimismo, defendieron el trabajo registrado, los convenios colectivos, la producción nacional, la industria, las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales y el rol del Estado como garante de los derechos sociales.

El documento incluyó además un reclamo por la situación de los jubilados, los trabajadores de la economía popular y los sectores más vulnerables. En su tramo final, los convocantes señalaron: "Marchamos por quienes perdieron su empleo. Marchamos por quienes no llegan a fin de mes. Marchamos por nuestros jubilados, por nuestros jóvenes, por la producción nacional, por la industria, por la obra pública y por la soberanía", antes de reafirmar la consigna histórica de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

Durante el acto también tomaron la palabra el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, María Adela Antokoletz, integrante de FEDEFAM, y el secretario general de la UTEP, Alejandro "Peluca" Gramajo. Entre los presentes se destacaron además el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, y el secretario adjunto de Ctera, Roberto Baradel.

Organizaciones sociales, gremiales y políticas se encuentran concentradas bajo la lluvia frente al Congreso de la Nación, en rechazo a la Ley de Propiedad Privada, previo al inicio del debate en el Senado que impulsa el espacio político La Libertad Avanza.

Entre las agrupaciones presentes se encuentran el Movimiento Evita, Libres del Sur, Izquierda Socialista y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales, las cuales se han posicionado sobre la Avenida Entre Ríos y en la plaza situada frente al Parlamento.

A pesar de que el Gobierno decidió dar de baja la cláusula que permitía la venta de tierras a extranjeros con el objetivo de asegurar la sesión en la Cámara alta, la medida no logró desactivar la movilización. Los gremios y las organizaciones sociales mantienen su postura de rechazo hacia la totalidad de la iniciativa legislativa.

En cuanto al operativo de seguridad, las áreas con mayor presencia de vallados y efectivos policiales se ubican en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que partieron desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo hacia la zona del Palacio Legislativo.

La CTA confirmó a El Eco que este jueves participará de la jornada de protesta convocada en todo el país contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. La decisión fue ratificada luego de que el oficialismo retirara del texto el artículo que ampliaba los límites para la venta de tierras a extranjeros, en un intento por reunir apoyos para su tratamiento en el Senado.

Desde las centrales sindicales remarcaron que la modificación no altera los motivos de la protesta, ya que el proyecto mantiene otros aspectos que consideran regresivos. En ese marco, la convocatoria en Tandil continúa bajo la consigna "La Argentina no está en venta", con la participación de organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles, culturales y vecinos.

A nivel nacional, la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y organizaciones sociales como la UTEP confirmaron que sostendrán la movilización frente al Congreso. Desde la conducción cegetista señalaron que "se sostiene la movilización", mientras que otros sectores sindicales argumentaron que el proyecto aún incluye artículos que habilitan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, limitan la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y modifican la legislación sobre el manejo del fuego, permitiendo la venta de tierras incendiadas.

En Tandil, la CTA de los Trabajadores había convocado a la comunidad a sumarse a la manifestación en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, al considerar que afectan derechos sociales, laborales y el patrimonio del país.

El proyecto será debatido este jueves en el Senado, donde el oficialismo resolvió eliminar el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros para intentar destrabar la sesión. Sin embargo, el resto del articulado continúa generando un fuerte rechazo entre las centrales obreras y distintos sectores sociales, que consideran que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos y de capacidad de intervención del Estado.

En ese contexto, la movilización prevista en Tandil se desarrollará en sintonía con las protestas convocadas en distintos puntos del país para expresar el rechazo al proyecto de ley y reclamar que no avance su aprobación.

Las principales centrales sindicales y organizaciones sociales confirmaron que este jueves se movilizarán al Congreso en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a pesar de que el Gobierno nacional decidió eliminar del proyecto la cláusula que ampliaba la venta de tierras a extranjeros con el objetivo de reunir apoyos para la sesión en el Senado.

Desde uno de los sectores de la CGT señalaron que "se sostiene la movilización", por lo que la central obrera participará de la protesta convocada para las 14 frente al Parlamento.

La misma postura adoptó el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), espacio que reúne a gremios distanciados de la conducción cegetista. Desde ese sector anunciaron que comenzarán a concentrarse al mediodía y argumentaron que el proyecto todavía contiene artículos que consideran "nocivos".

Entre los puntos cuestionados mencionaron las disposiciones que habilitan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, la limitación de la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y las modificaciones a la ley de manejo del fuego, que permitirían la venta de tierras incendiadas. Para el Fresu, esos aspectos justifican mantener la protesta.

La decisión también fue respaldada por la CTA Autónoma y por diversas organizaciones sociales. Desde la UTEP aseguraron que "se mantiene la convocatoria hasta nuevo aviso" y plantearon la necesidad de realizar una movilización masiva para expresar el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei.

La ratificación de la marcha llegó luego de la conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede de la CGT, en la calle Azopardo, donde las tres centrales obreras manifestaron su rechazo al proyecto oficial.

Del encuentro participaron integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores. Allí cuestionaron especialmente la iniciativa original que flexibilizaba los límites para la venta de tierras a extranjeros, al sostener que implicaba "ponerle un cartel de venta al país" para beneficiar a "unos pocos millonarios".

Cientos de vecinos se movilizaron este miércoles en Mar del Plata para reclamar mayores medidas de seguridad y exigir respuestas de las autoridades, luego de un fin de semana marcado por una serie de hechos violentos en los que tres personas fueron asesinadas.

La marcha comenzó en la intersección de las avenidas Luro e Independencia, pasó frente al Palacio Municipal y continuó por la Peatonal San Martín hasta la Jefatura Departamental de Policía. Fue precisamente en ese último punto donde se registraron momentos de tensión, cuando un grupo de manifestantes intentó derribar una reja y protagonizó forcejeos con efectivos policiales. Minutos después, personal de Infantería intervino para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara.

En paralelo, familiares y allegados de Mailén Antonich marcharon hacia los Tribunales ubicados en Tucumán y Almirante Brown para reclamar justicia y el esclarecimiento del femicidio, cuya investigación continúa en curso.

La movilización también contó con la presencia de familiares de Alberto Rodríguez, el remisero asesinado en Villa La Palangana, y de Ricardo Ruiz, el ferretero del barrio Marinas Argentinas que perdió la vida durante un robo. Los distintos grupos coincidieron en exigir mayor seguridad y respuestas concretas frente al incremento de la violencia.

Durante la protesta, varios manifestantes expresaron su preocupación por la situación que atraviesa la ciudad. Claudia, una de las vecinas que participó de la convocatoria, sostuvo: "Queremos seguridad, no puede ser que los comerciantes de la ciudad tengan que vivir con miedo, asustados, encerrados en sus propias casas. En este país tiene que haber un cambio de leyes. No a favor del asesino, sino del inocente, del ciudadano que paga impuestos".

Por su parte, integrantes de la Asociación Madres del Dolor reclamaron una actuación más rápida por parte de las fuerzas de seguridad ante denuncias por desapariciones de personas. "Una madre denuncia porque ve una alerta, porque sabe que no es normal la situación", señalaron.

En tanto, Jésica, referente del barrio San Carlos, afirmó que la indignación de los vecinos viene creciendo desde hace tiempo debido a los reiterados episodios delictivos. "Sentimos indignación, porque es algo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo. Crece el delito, la violencia y la criminalidad. Estas son crónicas de muertes anunciadas. Pedimos seguridad y justicia, que la cúpula de la Jefatura Departamental se vaya. Tienen la responsabilidad de brindarnos seguridad y nos han estado viendo la cara todo este tiempo", expresó.

La referente vecinal también sostuvo que los homicidios ocurridos en los últimos días no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un contexto de creciente inseguridad que, según los manifestantes, requiere respuestas urgentes por parte de las autoridades provinciales y municipales.

El secretario General del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (Seoca), Julio Rubén Ledesma, propuso la realización de una “gran marcha nacional de restitución de los derechos”, en respuesta a la coyuntura política y económica actual.

“Tenemos que levantarnos y hacer una gran marcha nacional de restitución de los derechos de los argentinos”, sentenció el dirigente sindical al cierre de la Asamblea General Ordinaria de la organización, al realizar un llamamiento al movimiento obrero.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la convocatoria tuvo lugar en el marco del encuentro institucional en el cual se aprobó de forma unánime, la Memoria y Balance correspondiente al último ejercicio fiscal del gremio mercantil del oeste del Gran Buenos Aires.

Durante su discurso frente a la militancia y representantes de los trabajadores del sector, Ledesma calificó al Gobierno Nacional como una administración de corte “anti obrero” y advirtió sobre el impacto del ajuste en los ingresos y las condiciones laborales de las familias trabajadoras.

“Tenemos que ponernos al frente de los conflictos. Si no ejercemos nuestro derecho a decir lo que hay que decir, van a seguir avasallando las conquistas históricas del pueblo”, enfatizó el líder del Seoca Zona Oeste, instando al resto de las conducciones sindicales a adoptar una postura de mayor confrontación colectiva.

En el plano económico-financiero, el informe presentado por la Tesorería de la entidad arrojó un saldo positivo.

No obstante, las autoridades remarcaron la creciente dificultad para gestionar prestaciones y servicios asistenciales en medio de un contexto signado por la alta inflación y la pérdida de puestos de trabajo en el comercio regional.

Entre los presentes en la ocasión, estuvo el exministro de Trabajo de la Nación Enrique Rodríguez, quien indicó: “Creo y creí en los líderes sindicales”.

Asimismo, ponderó la figura del histórico líder sindical Saúl Ubaldini, al recordar que “nunca se olvidaba de sus representados” y la emparentó con la prédica de Ledesma.

“Ledesma fue muy claro, sin trabajo y sin empleo, no hay ninguna posibilidad de subsistencia de los sindicatos. Ahora, de las crisis como las de hoy surgen los nuevos liderazgos”, expresó quien estuvo a cargo de la cartera laboral durante la Presidencia de Carlos Menem. (NA).