El Gobierno comunal dio el primer paso hacia la actualización del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), una herramienta que cumplirá dos décadas de vigencia el próximo año, y puso en marcha un proceso que busca diagnosticar y proyectar la ciudad de los próximos años.

En este marco, el exsecretario de Obras Públicas y concejal mandato cumplido, Mario Civalleri, definió la convocatoria como el inicio de un proceso que “necesariamente será ampliamente participativo porque hay muchas voces que van a opinar” sobre el desarrollo de la ciudad.

Tras encabezar la reunión con representantes de colegios profesionales, recordó que el intendente Miguel Lunghi había anunciado esta convocatoria durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, marcando la hoja de ruta para una “revisión” que se considera impostergable.

La elección de los colegios profesionales como primer eslabón de la cadena de consultas no fue casual. Según explicó, estas instituciones participaron activamente durante los últimos 20 años en la Comisión de Gestión Territorial, por lo que ese les solicitó una devolución sobre el funcionamiento del plan en estas dos décadas y la propuesta de “tres o cuatro ejes” sobre los cuales debería girar la revisión normativa.

Los desafíos del crecimiento vertiginoso

En su análisis sobre la situación actual, Civalleri reconoció que Tandil experimentó un “crecimiento vertiginoso” que puso a prueba la capacidad de respuesta del Estado municipal en cuanto a una demanda de servicios básicos y conectividad. El concejal consideró que, si bien el PDT cumplió con su objetivo de orientar el desarrollo, las “tensiones” actuales requieren de una mirada técnica renovada.

“El Tandil que hoy tenemos, afortunadamente, tuvo un plan que pudo de alguna manera orientar su crecimiento, pero ese mismo crecimiento somete a muchas tensiones, inclusive al Estado municipal, en el sentido de la necesidad de cada vez mayor cantidad de infraestructura para sostenerlo”, reflexionó Civalleri.

En este sentido, la etapa de diagnóstico se extenderá durante el resto del año, con la intención de avanzar hacia propuestas concretas que permitan equilibrar el desarrollo urbano con la calidad de vida de los vecinos.

La revisión no solo tendrá un componente político, sino fundamentalmente científico. El exfuncionario adelantó que se buscará integrar a actores de la Unicen y otros especialistas locales, entendiendo que el PDT es un instrumento técnico. La idea es que la normativa resultante sea el fruto de un consenso amplio que trascienda la gestión de gobierno de turno y se consolide como un producto de toda la ciudad.

En tanto, la Ruta Nacional 226 será uno de los puntos a abordar por las mesas de trabajo a cargo de revisar los alcances del PDT a partir del impacto urbano que genera como una barrera física que divide a la ciudad. El crecimiento plantea desafíos de seguridad vial e integración urbana que, según Civalleri, no encontraron soluciones de fondo en los planes de infraestructura nacionales.

La preservación de las sierras será otro de los ejes central en la agenda del desarrollo territorial, por lo que el desafío será mantener un “paraguas de protección importante” sobre el sector serrano.

El 10 de diciembre Mario Civalleri dejó su banca en el Concejo Deliberante. Figura clave dentro de la estructura de gobierno, experimentó una transición al Legislativo donde cerrará un ciclo de ocho años como concejal con la satisfacción del deber cumplido, en medio de una dinámica marcada por la pandemia primero y pérdida de la mayoría después, y la necesidad del diálogo político en un contexto desafiante.

Su paso por el Legislativo, precedido por una intensa labor en la Secretaría de Obras Públicas, le brindó una perspectiva distinta del Gobierno, fue como mirarlo “desde un dron”, definió, a diferencia de un enfoque más acotado que le dio la tarea en el área comunal.

En una entrevista con El Eco de Tandil, trazó un balance de su trayectoria y compartió su visión sobre el legado de la gestión municipal y sus planes para el futuro, reconociendo que no tiene “deudas pendientes” en relación a su deseo para postularse al sillón de Duffau.

El concejal, que presidió el bloque oficialista durante dos períodos consecutivos, debutó en el rol legislativo en 2017, tras acompañar al intendente Miguel Lunghi desde el inicio de su mandato, en 2003.

Transición

La mayor parte de su paso por el Ejecutivo fue como secretario de Obras Públicas, rol que desempeñó durante los tres primeros mandatos del jefe comunal, que “fueron muy potentes”.

Antes de su llegada al Legislativo, entre 2015 y 2017, pasó por la Jefatura de Gabinete, área que le brindó una perspectiva integral del funcionamiento municipal.

En las elecciones de medio término de 2017, encabezó la lista de concejales por el oficialismo en la alianza Juntos por el Cambio, obteniendo una “muy buena elección” que le permitió acceder a una banca en el Concejo.

Ese primer mandato, que se extendió hasta 2021, fue formativo y le sirvió para descubrir una perspectiva diferente. “En el Concejo Deliberante es como mirar el Gobierno desde un dron porque uno tiene una mirada muy 360 de todo”, dijo.

Esta visión abarcadora lo obligó a familiarizarse con temas diversos como salud, economía, presupuesto y obras públicas, una experiencia que definió como “muy diversa, entretenida y desafiante” en comparación con la visión más acotada que se tiene desde un área específica del Ejecutivo.

Durante los ocho años que permaneció en el Legislativo, Civalleri presidió el bloque oficialista. “Más allá de lo que la gente cree o a veces ve que se producen algunos debates virulentos en términos verbales en el Concejo, el trato en general es cordial”, afirmó.

Remarcó que uno de los aprendizajes en este ámbito es que “en las discusiones hay un piso y un techo, nunca se roza ninguna cuestión de tipo personal”. De hecho, aseguró no haber visto “enemigos íntimos” dentro del recinto, sino “diferencias marcadas”.

Dos mandatos, dos contextos

En 2021, Civalleri volvió a encabezar la lista de concejales en el marco de una alianza que integraba diversas fuerzas políticas, además del radicalismo, el MID y el PRO, entre otros sectores. Esta lista permitió el ingreso al Concejo Deliberante de figuras de diferentes trayectorias y partidos que, con el tiempo, derivó en una fragmentación del bloque oficialista (la actual composición cerró con seis espacios políticos).

En términos de comparación entre uno y otro período legislativo, Civalleri enfatizó que “es inevitable pensar la diferencia en los contextos”, entre la post pandemia y la irrupción del gobierno de Javier Milei.

“Después de la pandemia cambiaron muchas cosas, como cambió cada uno de nosotros”, manifestó y vinculó las modificaciones en las rutinas personales con el ocurrido en la gestión pública y legislativa.

El primer mandato fue más “formativo”, mientras que el segundo lo encontró presidiendo el bloque en un escenario de transformaciones profundas.

Los desafíos de gobernar en minoría

“Los concejales que pertenecemos al oficialismo nos toca un rol diferente” al de los concejales de la oposición, ya que obliga a “defender algunas cuestiones” y a asumir la responsabilidad de generar el marco normativo y las aprobaciones necesarias para el buen funcionamiento del Ejecutivo. “Es un desafío mucho más grande y exige esfuerzos mayores”, consideró.

Civalleri, junto con el presidente del Concejo, Juan Pablo Frolik, tiene participación en las reuniones de Gabinete, lo que permitió aportar su voz en los debates preliminares y “trasladar esa información al bloque” para la preparación de temas, especialmente aquellos “delicados o que tienen una entidad fuerte”.

A modo de ejemplo, recordó la venta del predio de Santamarina 450, donde funcionó la Dirección de Servicios, “un tema que era un desafío, que había cosas importantes en juego” y que fue debatido “horizontalmente” para construir el proyecto final que llegó al Legislativo.

Sin embargo, aseguró que el desafío “más grande” llegó con la pérdida de la mayoría legislativa. En 2021 la bancada contaba con diez concejales, que, sumado al voto doble del presidente en caso de empate, permitía resolver la mayoría de las situaciones. Pero en 2023, el bloque oficialista se redujo a siete integrantes. “Hubo que construir acuerdos, mucho de ellos se lograron”, enfatizó.

En este escenario, “gobernar cuando tenés una minoría en el Legislativo exige esfuerzos mayores”, sentenció Civalleri, que calificó este segundo período como “más complicado”.

Esta dinámica “nos fue obligando a hacer acuerdos cada vez más amplios” y, en algunas ocasiones, los consensos no se lograron y citó algunos ejemplos que no obtuvieron el apoyo suficiente en el recinto, como el proyecto de las fotomultas y la tarifa del transporte público, que requirió un decreto del Intendente ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos legislativos.

“Se trata de agotar el diálogo, pero hay veces que las condiciones no se dan para cerrar acuerdos”, justificó el concejal.

Diálogo y consensos 

A pesar de pérdida de la mayoría, el concejal valoró el acompañamiento del bloque de Unión por la Patria en determinados temas, como la aprobación del presupuesto y la venta del predio de Santamarina 450, en  un contexto marcado por un escenario donde el Gobierno nacional “retira muchos de los apoyos o subsidios” en su política de “ajustar y ajustar y ajustar”.

Apuntó a las consecuencias directas que tuvo para los municipios, que vieron cómo diversas problemáticas recayeron en su órbita, impactando en áreas como la salud pública, el transporte, los comedores y la asistencia alimenticia. “Hubo muchas cuestiones que hubo que reparar en este tramo”, admitió y evaluó que estas condiciones llevaron a que “tuviéramos una mirada bastante común y coincidente con el bloque de Unión por la Patria, que realmente nos dio votos para resolver algunos temas importantes”.

Entonces, argumentó que, “cuando uno ve que el tema no se va a resolver, tenés que terminar pensando en los vecinos que te votaron”, afirmó. En última instancia, se trata de “construir gobernabilidad y gobierno” en el día a día para que “la gente pueda acceder a la mejor calidad de vida, a la solución de sus problemas y demás”, sentenció.

En su balance de estos años en minoría, consideró que “hemos cumplido una tarea razonable” y “hemos llegado a bastante buen puerto, no exentos de dificultades”.

Balance personal y compromiso con los vecinos

En otro pasaje de la entrevista con este Diario, Civalleri realizó un balance positivo de su paso por el Concejo Deliberante, de los aprendizajes y los desafíos que le tocó atravesar.

En lo personal, se mostró orgulloso de haber estado “siempre muy a disposición de la gente”, atendiendo a “cantidad y cantidad de personas” y “a todas traté de acercarles soluciones o respuestas”.

“Me da mucha satisfacción el tema que toda la gente que me viene a ver se va o con un tema resuelto o por lo menos con una respuesta que le da claridad a su enfoque”, confesó y remarcó que esa es la esencia de la tarea del concejal, “ser una partecita del Estado a la cual la gente accede con bastante facilidad”.

En los ocho años y aproximadamente 180 sesiones transcurridas entre ambos períodos, aseguró haber faltado solo a dos encuentros legislativos, además de su compromiso diario permaneciendo “una pila de horas” en el Concejo, “trabajando en comisiones y atendiendo a los vecinos”.

“Es cierto que la tarea del concejal tiene la libertad de estar en la calle, pero hay que estar”, sentenció, en referencia a la importancia de la presencia y el compromiso con la labor pública.

“Necesito una pausa”

Sobre su futuro inmediato, Civalleri anunció que “necesito una pausa” después de 20 años de trabajo ininterrumpido en la función pública, aunque reconoció que este largo proceso le genera una mezcla de “sentimientos y sensaciones”.

“Me siento tan parte del Gobierno”, que su nombre, según dijo, “está asociado a los mejores momentos, pero también a las deudas no cumplidas”.

A pesar de esta decisión de alejarse de la actividad pública, aseguró que no se alejará completamente del espacio político. “Voy a estar cerca de lo que me necesiten”, afirmó, en relación a los aportes que pueda hacer en temas específicos.

“Estoy muy orgulloso de un Gobierno que produjo la transformación que produjo en la ciudad”, y que “será mirado en el tiempo como un Gobierno súper transformador”, defendió el exfuncionario, que si bien reconoció que la última elección no fue favorable, la gestión actual “deja una vara muy alta en muchos aspectos”.

Destacó la “honestidad” de la gestión, la dedicación del intendente Lunghi, que “todos los días de su vida está al pie del cañón”, y aseguró que esto “deja la vara muy alta” para las futuras gestiones.

En su lectura sobre el futuro político, se mostró optimista de cara a 2027, confiando en los “nuevos cuadros que tienen potencialidad” para “renovar, dar vuelta algunas cosas y ser nuevamente competitivos”.

Sin “deudas pendientes”

Finalmente, al ser consultado sobre sus aspiraciones para suceder al intendente Lunghi, Civalleri admitió que “fue una posibilidad bastante concreta o posible”, pero que “las cosas se dieron de otra manera”.

De todos modos, sostuvo que, en última instancia, no dependía de una voluntad individual sino de la decisión del partido. “El tema de las candidaturas no son cuestiones de voluntades individuales”, justificó.

Sin “deudas o saldos pendientes” sobre aquel deseo “porque son las circunstancias a las cuales te somete la política”, agradeció la oportunidad de haber encabezado dos veces la lista de concejales que se impusieron en elecciones legislativas, un recorrido que “me lo llevo en el corazón”.

Se mostró satisfecho con su trayectoria y el afecto recibido de los vecinos: “Creo que la gente tiene respeto por mi persona y tiene aprecio porque he tratado siempre de colaborar”, concluyó.

A poco de cumplir cuatro meses del inicio del debate en el Concejo Deliberante por la actualización de la tarifa del transporte público de pasajeros, el presidente del bloque Juntos – UCR Mario Civalleri defendió la decisión del intendente Miguel Lunghi de avanzar con un decreto que fijó el nuevo cuadro para el servicio público concesionado. 

En diálogo con el ciclo Último Bondi (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), el concejal admitió que, pese a los múltiples encuentros de Comisión de Transporte y a la coincidencia generalizada sobre la necesidad de actualizar el boleto, no hubo acuerdo en torno al tema, aunque defendió los intentos del oficialismo por acercar posturas.

Entonces, ante la falta de consensos, el Ejecutivo municipal intervino con una medida que generó críticas de la oposición. “El Intendente tomó la decisión de resolver por decreto lo que nosotros no supimos resolver por la vía del diálogo”, sentenció.

En declaraciones a El Eco Multimedios, el presidente de la bancada oficialista compartió su mirada en torno a lo sucedido desde que se inició la discusión a instancias de un pedido que elevó la Cámara de Transporte el 10 de marzo para la prórroga de la ordenanza que fijaba aumentos bimestrales por IPC.

Sin acuerdo

“No nos hemos podido poner de acuerdo a pesar que todo el mundo coincide en que hay que actualizar el valor del boleto y la mayoría coincidimos en que el mecanismo razonable es hacerlo a través del IPC”, sostuvo el concejal sobre la alternativa que estuvo vigente durante seis meses.

En ese sentido, ofreció un análisis sobre los motivos por los cuales no lograron alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar con un enfoque que permita el transporte contar con una actualización del cuadro tarifario.

Desde su perspectiva, observó que el tema generó la “oportunidad” de “desempolvar viejos proyectos”, por lo que “cada cual pide en esto que es una obligación de otorgar tarifa” para un servicio público concesionado, mientras que las empresas “tienen que cumplir una serie de condiciones que establece el pliego”.

Civalleri consideró que a partir de la discusión “se pusieron arriba de la mesa otras cuestiones, que pueden ser discusiones válidas y que parecieron transformarse en las más importantes”, por lo que “algunos concejales perdieron de vista que había que otorgarle tarifa a las empresas de transporte”.

En su repaso, citó que, cuando este escenario comenzó a agravarse y la entidad que nuclea a las seis líneas anunció recortes en los servicios nocturnos, “empezamos a traer reclamos” de distintas instituciones de la comunidad por el impacto que generó en los usuarios.

Frente a este escenario, “casi como última instancia, el Intendente sacó un decreto” que sucedió a un proyecto de ordenanza elevado anteriormente que solicitó al Concejo la delegación de facultades, cuyo tratamiento también fracasó.

Casi en respuesta a los cuestionamientos, Civalleri defendió que el jefe comunal “fue votado para gobernar y lo único que hizo fue otorgar un aumento que venía otorgando una ordenanza que había sido votada por todos los bloques en el Concejo Deliberante”.

Minimizó entonces las reacciones de sus pares de la oposición y ratificó que lo que hizo Lunghi “no es un una maniobra extraña” sino “simplemente prorrogar el mecanismo de aumento que se venía dando hasta ahora a través del IPC”.

“Hay que actuar”

En otro pasaje de la entrevista, Civalleri rechazó que el bloque oficialista se haya mantenido cerrado al diálogo, sin admitir ningún tipo de negociación. Por el contrario, corrió el foco a las acusaciones al expresar que “hay una postura casi extorsiva” ya que los proyectos presentados por las demás bancadas están en tratamiento en el marco de la Comisión de Transporte. “Hay algunas cuestiones que no se resuelven con por arte de magia”, remarcó en alusión a los alcances de los lineamientos propuestos y el tiempo que demandará su estudio.

“Voy a asumir que a pesar del enorme esfuerzo de diálogo que hemos hecho, no ha sido fructífero y obviamente no hemos tenido la capacidad de resolverlo”, expresó a modo de autocrítica.

No obstante, fue categórico al afirmar que “cuando uno hace una concesión de un servicio público tiene obligación de dar tarifa y lo que había que tratar era la tarifa, si era la tarifa justa o no era justa”. Y si bien “la política te enseña que tenés que negociar, no sé si es la oportunidad”.

“No se puede tener en vilo a una ciudad y mirar de costado cuando los pibes en el campus no pueden tomar el colectivo porque empiezan a cortar los servicios; ante eso hay que actuar”, argumentó.

Defendió de manera enfática la postura que adoptó el Intendente y dijo que, “aun asumiendo los costos políticos tuviera que asumir” y en virtud del impacto que generó en los usuarios el recorte en el servicio, “tomó la decisión de resolver por decreto lo que nosotros no supimos resolver por la vía del diálogo”.

Un aumento inferior

En función del incremento propuesto y que llevará al boleto plano a 1.333 pesos, Civalleri argumentó que es “inferior” a la cifra que resultó del último estudio de costos, que fue agregado al expediente.

“Creo que los elementos para tratar el debate de la tarifa estaban todos arriba de la mesa”, defendió el presidente de la bancada oficialista, que insistió con su mirada en torno a que “se trató de aprovechar esta oportunidad pensando que es un problema del Gobierno y no un problema que atañe a un sector muy grande de la ciudadanía”.

Instancia judicial y gobernar por decreto

-¿Qué cree sobre la posibilidad que esto llegue a una instancia judicial?

-Cuando esta decisión se tomó se realizaron las consultas internas. Creemos que hay elementos sobrados que justifican que el Intendente actúa dentro de sus atribuciones, pero aparte el Intendente planteó dos instancias. Por un lado, un proyecto solicitando se delegaran las facultades. El proyecto no fue tratado porque obviamente no tuvo adhesión por parte de las distintas fuerzas políticas. Y ahora envió un decreto ad referéndum del Concejo otorgando lo mismo que el Concejo había votado que se otorgara porque, en definitiva, hasta el mes de marzo se venía haciendo un ajuste bimestral por IPC. Lo que estábamos tratando infructuosamente era de prorrogar esa ordenanza para mantener el ajuste por IPC bimestral ahora que los índices están más calmados para no desfinanciar al transporte público. Y el decreto debería haber sido acompañado por el Concejo.

-¿Al radicalismo le hace más ruido que a otras fuerzas políticas esta decisión que tomó el Intendente en cuanto a la defensa de la república y de los poderes del Estado?

-Pero la Ley Orgánica, el Reglamento de Contabilidad establece que cuando el intendente debe asumir cuestiones excepcionales, y esta lo es, tiene atribuciones para resolver cuestiones por decreto. También es una vía que le queda liberada a las empresas si sienten que se les está produciendo un quebranto en la ecuación económica que no les permite funcionar. No es un juego donde el poder político es ilimitado. Uno tiene que entender que está formando parte de un acuerdo contractual que tiene que cumplir.

-Parece que la oposición los quiso dejar expuestos en ese sentido al acusarlos que gobiernan por decreto.

-Creo que el Intendente asume que le toca gobernar. Y sabiendo que obviamente no es grato aumentar el precio del boleto, cuando todo el mundo juega las escondidas lo hizo.

El presidente del bloque de la UCR en el Concejo Deliberante, Mario Civalleri, descartó ayer que el radicalismo local esté pensando en alguna alianza de cara a las próximas elecciones legislativas, mucho menos con La Libertad Avanza (LLA), “con el cual tenemos una mirada diferente en el plano ideológico”, aseguró. 

En su paso por “Tandil Despierta”, por ECO TV y la 104.1 FM, el concejal se refirió también al posible acuerdo entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires con miras a ganarle al oficialismo que representa el gobernador Axel Kicillof y dijo que, a nivel local, “a eso lo veo absolutamente lejano”.

“Este principio de acuerdo del que había indicios se ha puesto en crisis en estos días”, señaló Civalleri sobre las conversaciones entre Cristian Ritondo (PRO) y referentes libertarios, dado que “el grado de volatilidad de este tipo de cuestiones es muy fuerte”, opinó.

“Nosotros no vamos a ir por ese camino, difícilmente lo hagamos”, reiteró el edil de Tandil y sostuvo que el radicalismo “en los documentos que se hacen por estos días marca una diferencia importante y algunos límites de cualquier principio de acuerdo”.

“Uno de ellos es con La Libertad Avanza –mencionó-, con el cual tenemos una mirada diferente en el plano ideológico”. 

En este punto, el concejal de Tandil se aferró los valores originarios de la fuerza política nacida a fines del siglo XIX y aseguró que “yo me siento identificado con un Partido más de centro, con una mirada socialdemócrata, cosa que el Presidente (Javier Milei) obviamente repudia, descalifica, insulta y critica”.

“Así que yo a eso (un acuerdo electoral) lo veo absolutamente lejano; nosotros no vamos a ir por ese camino, difícilmente lo hagamos”, ratificó.

Consultado sobre qué podría ocurrir a nivel local en el caso de que efectivamente la conducción provincial llegue a un consenso con la fuerza libertaria, el titular del bloque de la UCR –cuyo mandato terminará en diciembre próximo- dijo que “lo que surgió del Foro de Intendentes (realizado el viernes pasado en Tandil) es un pedido general de que se respeten las estrategias locales”.

Y manifestó que “de última, acá vamos a tener una lista que va a tener dos cuerpos, uno que va a ser Seccional donde puede haber un marco de acuerdo del partido a nivel Seccional, y va a haber listas locales”.

“Lo que los intendentes en general piden es libertad de acción, poder desplegar la mejor estrategia a nivel local”, indicó en referencia a lo dialogado días atrás con jefes comunales bonaerenses de la UCR.

Además aseguró que “es difícil que haya una decisión provincial que desembarque con un imperio de orden sobre los distritos locales, así que nosotros vamos a pelear por ese camino”.

“Vamos a ir con una lista bastante pura”

El lunes pasado, la Legislatura bonaerense aprobó la modificación de los plazos electorales en la Provincia, tal como había pedido el gobernador Kicillof al lograr la suspensión de las PASO.

De esta manera, se dispuso que la presentación de las nóminas de los candidatos tenga como límite el sábado 19 de julio, 50 días antes de la elección prevista para el 7 de septiembre, mientras que el tope para las alianzas será con 60 días de antelación, es decir, el 9 de julio.

Del bloque de concejales del oficialismo en Tandil, este año terminarán su mandato Civalleri, Juan Antonio Salceda y Guillermina Cadona.

Consultado acerca de la conformación de la lista para septiembre, el edil no aportó nombres propios pero expresó que “vamos a ir con una lista bastante pura”.

“No hay todavía conversaciones de nombres. Obviamente en el bolillero cada cual tiene sus nombres, sus afectos, pero no los hay todavía formalmente”, dijo ayer Civalleri y añadió que “supongo que en los próximos días se va a empezar a hablar”.

“Nosotros, como equipo que a su vez tiene a cargo la conducción, vamos a tratar de plantear una cuestión seria, concentrada, en los actores que el Gobierno (municipal) tiene para mostrar”, indicó.

Y repitió que “no veo que sean situaciones muy propicias para desarrollar un marco de alianza a nivel local”.

En Tandil “el PRO tiene un rol bastante opositor”

En otro tramo de la entrevista, manifestó que “a nivel local con el PRO, que es un partido que no ha tenido una enorme expansión en términos de dirigencia, pero sí a nivel de repercusión electoral, tenemos diferencias con la conducción”.

“De hecho el bloque del PRO en el Concejo Deliberante en realidad tiene un rol bastante opositor al Gobierno y lo manifiesta, con lo cual es difícil cruzar esos puentes más allá de los acuerdos que se produzcan”, señaló Civalleri.

También aseguró que “nosotros a nivel local seguramente vamos a ir con una lista bastante pura”, es decir, sin acuerdos con otras fuerzas políticas.

“Nosotros vamos a seguir tratando de aportar gobernabilidad a un Gobierno local que no tiene el mismo marco de gobernabilidad que hace unos años atrás”, reconoció el presidente del bloque radical.

Y amplió: “Me refiero a tener la dispersión de algunos actores que han llegado a las bancas a través de listas que impulsó el Gobierno y que ahora han formado –aunque respeto la decisión- bloques aparte, muchos de los cuales no acompañan las acciones del Gobierno”.

En ese sentido, rescató la actitud de Unión por la Patria en el Concejo, que aportó los votos necesarios para aprobar importantes iniciativas del oficialismo como el Presupuesto 2025 y la venta del predio ubicado en Avenida Santamarina Nro. 450.

“Yo lo atribuyo a que el kirchnerismo tiene la responsabilidad de gobernar la Provincia y enfrenta dificultades, a veces en el plano legislativo, similares a las que tiene cualquier intendente a nivel local”, dijo Civalleri.

“Y eso ha hecho –creo yo- que el kirchnerismo tenga una mirada despojada de la cuestión del adversario a la hora de votar algunas cosas que son importantes y que, evidentemente, le han permitido al Gobierno poder ejecutar acciones”, expresó.

“Algunos le atribuyen al peronismo el acompañamiento, por ejemplo, a la venta del predio de Santamarina. Pero eso fue parte de un acuerdo donde el 70% de los fondos que se recauden van a ir para el desarrollo de suelo urbano, que es una de las consignas que el peronismo viene defendiendo desde hace mucho tiempo”, sostuvo el concejal.

Y encontró similitudes con lo que sucede a nivel provincial en el parlamento bonaerense.

“De hecho el radicalismo en la Provincia ha apoyado decisiones que, por ahí, algunos sectores más cercanos al Gobierno no apoyaron”, concluyó.

En diálogo con El Eco Multimedios, Mario Civalleri se refirió además a la venta del predio municipal ubicado en Av. Santamarina 450, donde funcionó la Dirección de Servicios de la Comuna, más precisamente a uno de los destinos previstos para el dinero recaudado: la creación de una planta de pavimentación local.

“Tandil tiene un universo enorme de calles que lo demandan, nosotros lo vemos a diario”, dijo Civalleri y contó que existe la posibilidad de que “el Municipio tercerice una parte”, aunque todavía no hay nada definido.

“Hay distintos mecanismos para llevarlo a cabo”, aseguró y destacó que “lo importante es que el Estado esté presente en el desarrollo de esa iniciativa”.

En este punto marcó una diferencia “más de tipo ideológica” con “la Libertad Avanza, que no ha acompañado este proyecto porque no está de acuerdo con que el Municipio tenga un rol empresario en algunos temas”.

“En eso nosotros tenemos una mirada diferente”, se distanció el radical.

Y puso como ejemplo una iniciativa llevada adelante en la ciudad de Mar del Plata: “En la década del ’90 se armó una empresa pavimentadora local, que lo que hizo fue empezar a generar obras y, en base a eso, a manejar costos reales de pavimentación”, contó.

Y siguió: “Y en un momento abrió el juego a empresas pavimentadoras de otro tipo y dijo: ‘bueno, estos son los números que nosotros manejamos, ¿quién quiere hacer pavimento en base con estos números?’, obviamente con un porcentaje nacional de beneficio”.

Civalleri destacó en este punto la importancia de la iniciativa para crear dos plantas de pavimento, una de hormigón y otra de asfalto, y contó que “una cuadra de pavimento sale aproximadamente 100 millones de pesos. Si uno calcula aproximadamente 20 frentistas por cuadra, estamos hablando ahora de 5 millones de pesos por frentista”.

“Son muy pocos los lugares de Tandil donde la gente que está enfrentando una serie de grandes dificultades puede enfrentar costos de ese tipo”, señaló.

Y remarcó que “yo creo en un proyecto obviamente solidario donde un fondo de pavimentación municipal como el que tenemos aporte en la construcción de una cuadra, porque después el pavimento lo usamos todos”.

“Tandil tiene una -entre comillas- deuda histórica con una enorme cantidad de sectores que no pueden acceder al pavimento”, reconoció el presidente del bloque radical en el Concejo.

“Sectores que, por supuesto, ya han desarrollado las obras básicas primarias: ya tienen el gas, la cloaca, el agua y que esperan acceder al pavimento y no pueden hacerlo porque los costos y la falta de financiamiento por ahí no se los permite”, agregó.

“Así que para nosotros es una apuesta importante y la defendemos. Nos parece un proyecto importante para Tandil”, finalizó.

Una semana después de la habilitación de la plataforma, la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante retomó ayer el debate en torno a la irrupción de Uber en Tandil. Durante un encuentro, que se celebró en el primer piso de la Municipalidad, los concejales volvieron a enfocarse en el tema luego del tratamiento que quedó pendiente en junio pasado cuando la empresa anunció la apertura de registro de conductores para la posterior puesta en funcionamiento en la ciudad de una nueva alternativa para la movilidad de las personas.

Una vez más, el abordaje trajo a colación una normativa que el Legislativo sancionó en diciembre de 2020 en respuesta a la demanda que impulsaron oportunamente representantes del sector ante preocupación por la llegada de aplicaciones móviles para el servicio.

Se trata de la ordenanza 17.032 que incorporó modificaciones a la 8.113 y que regula el transporte privado de personas a través de vehículos con chofer, prestado por empresas particulares a solicitud del usuario “conocido como servicio de autos al instante o servicio de remises”.

El enfoque contempla a las plataformas electrónicas y les aplica similares condiciones a las que se les exige a las empresas de remises para su funcionamiento en el partido de Tandil.

En líneas generales, contempla la presencia de un responsable local, un local a la calle, entre otros requisitos exigidos para el traslado de pasajeros, que obliga a pensar el modo en que se debería controlar a este tipo de alternativas digitales. 

Asimismo, el lunes el Departamento Ejecutivo emitió un comunicado en el que sentó posicionamiento en torno al tema en discusión. En ese sentido, informó que hasta el momento no cumplen con la normativa vigente y adelantó que inició contactos con referentes de la empresa Uber con el objetivo de exigir el cumplimiento de la ordenanza y regularizar la situación.

En diálogo con El Eco Multimedios, el concejal de Juntos - UCR Mario Civalleri se mostró en sintonía con el planteo del Gobierno comunal y dijo que el compromiso apunta a “tratar de regularizar el funcionamiento para que se ajuste a las condiciones que impone” la normativa vigente.

“Hay una normativa que no se está cumpliendo totalmente”, ratificó y estimó que el Departamento Ejecutivo les otorgará un “plazo razonable” para su adecuación. Mientras tanto, “nosotros como concejales vamos a repasar las ordenanzas vigentes” que la comuna debe hacer cumplir. 

Coincidencias y 

compromiso de avance 

Sobre el encuentro de ayer, precisó que repasaron las distintas ordenanzas que regularon la actividad desde sus inicios hasta la última, la 17.032 del año 2020, que incorporó modificaciones a la 8.113, la original de remises, “previendo la aparición de plataformas como Uber u otras, incluso hay una local”, Vamox, desarrollada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas.

En cuanto al intercambio en el marco de la comisión, el concejal reconoció una “coincidencia muy grande” respecto a un punto central del debate: la homologación de los vehículos por parte del Municipio. Para el presidente de la bancada oficialista, ese debería ser un requisito “inalterable” dado que hace a la seguridad de las personas transportadas.

Por caso, el cumplimiento de los estándares requeridos para el vehículo, la documentación del chofer, entre otros. “Así como hoy hay más de 400 remises y más de 600 de choferes de remises homologados; 150 taxis y casi 300 choferes de taxi homologados, en algún momento los choferes de Uber deberían cumplir básicamente con los requisitos”, sentenció.

A más datos, en el comunicado el Municipio advirtió que en caso de persistir el incumplimiento de la norma podría “aplicar sanciones a los vehículos que operen al margen de la legislación”.

En efecto, señaló que los vehículos que actualmente operan a través de la plataforma “no están homologados” por la comuna, lo que “impide constatar su estado y el cumplimiento de los requisitos necesarios para circular con seguridad”.

Otro de los puntos abordados en la comisión giró en torno a los tributos que deben afrontar y, por último, el acuerdo en garantizar “de la mejor manera posible” la equidad en cuanto al nivel de exigencia para remiseros y taxistas.

“Nosotros nos comprometimos, en el término de una semana, a estudiar minuciosamente la legislación vigente para evaluar si hay alguna propuesta de modificación o no respecto a la normativa vigente”, resaltó.

Entonces, el martes próximo el espacio legislativo volverá a reunirse para exponer las conclusiones y avanzar en el tratamiento del tema.

“En la informalidad”

En otro pasaje de la entrevista, Civalleri se refirió al tiempo que transcurrió desde el anuncio de apertura del registro de conductores hasta la habilitación de la plataforma, y reconoció que “no es novedoso” el mecanismo.

Graficó en ese sentido que Uber está funcionando desde hace “bastante tiempo” en Bahía Blanca, en Mar del Plata y en otras ciudades, “casi todas más grandes” que Tandil, y en cada una de ellas “arrancó de la misma forma que acá y se mantiene trabajando en la informalidad”.

Entonces, independientemente de los “vericuetos legales” que les permitirían operar, sentenció que “lo hacen en el marco de una cierta informalidad”.

Bajo esa perspectiva, el presidente de la bancada oficialista planteó que es necesario considerar la vigencia de una ordenanza sancionada hace cinco años y que anticipaba el desembarco de este tipo de plataformas. 

De allí, la importancia de contribuir en la igualdad en la competencia, “pero por sobre todas las cosas garantías para las personas transportadas”, aclaró Civalleri.

Independientemente de la cuestión tarifaria, el Estado “debe mantener presencia en defensa del consumidor” en cuanto a la seguridad de la persona transportada y esa responsabilidad “le cabe al Municipio como autoridad de aplicación”, evaluó.

En definitiva, se trata de un transporte de personas “instantáneo” y que se genera a partir de un acuerdo “entre un una persona que transporta y otra transportada, pero circula por las calles de la ciudad y son ciudadanos de Tandil”, por lo que “el Estado debe mantener cierta presencia”.

Por último, dijo Civalleri que el abordaje del escenario no pierde de vista que “obviamente son cuestiones que la modernidad va imponiendo” y que incluso observa el avance en otras ciudades del país y del mundo. 

En la sesión del viernes 27, el Concejo Deliberante de Tandil aprobó el Presupuesto 2025. Fue a través de la mayoría lograda por los bloques de la UCR-Juntos y Unión por la Patria, que sumaron 13 votos afirmativos contra los 7 negativos de Alternativa Tandil, PRO, MID y Acción Tandilense/La Libertad Avanza. En el centro del debate estuvo la modalidad de los aumentos de las tasas municipales, pero la iniciativa del oficialismo logró tener el visto bueno tras incorporar las propuestas del peronismo para establecer las subas de manera escalonada y con topes. Entre otros proyectos también se aprobó el Registro de comedores y la creación de un fondo afectado para la generación de suelo urbano.

Cabe recordar, el proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos elevado por el Ejecutivo contempla un monto que supera los 102 mil millones de pesos – de los cuales 99 mil millones se proyectan para la administración central y 38 mil millones para el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP).

Con respecto a las tasas, si bien el artículo 139 de la Ordenanza Impositiva faculta al Ejecutivo a actualizar los valores tributarios de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el artículo 139 Bis pasó a establecer que los incrementos no podrán superar el 5 por ciento sobre los valores vigentes en el bimestre inmediato anterior. Por otra parte también se aprobó por mayoría la condonación de pagos de Obras Sociales y demás que adeudan al SISP.

“Va a ser un presupuesto magro. Sin anuncios rimbombantes y de sostenimiento de los servicios. Con un volumen para obras que supera apenas los 10 mil millones, siempre a partir de fondos afectados”, sostuvo la concejal María Haydeé Condino, presidenta de la Comisión de Economía y Presupuesto y referente oficialista en el tema. Además, explicó el escalonamiento en la suba de tasas -por ejemplo la que afecta a Salud, que contempla uno de los mayores aumentos- y marcó que dicho incremento “no fue el elevado por el Intendente”.

Por su parte el concejal Severiano Mon -de Unión por la Patria-, señaló que la propuesta del bloque de desdoblar las subas tuvo que ver con que “la carga tributaria sea la menor posible para los vecinos”, pero también remarcó que en el Presupuesto en general “la información es muy escueta” en relación al desglose de los gastos proyectados para cada área.

El resto de los bloques hicieron diferentes observaciones sobre lo expeditivo del tratamiento de la iniciativa -17 días desde que el oficialismo elevó el proyecto-, y sobre los mencionados aumentos de tasas. Sobre este último punto, los ediles opositores volvieron sobre el Presupuesto 2024 y el “desajuste” entre lo que se previó gastar y la diferencia con lo que se terminó recaudando.

La sesión se extendió desde las 9 hasta casi las 13 de viernes 27. Más allá de que suelen ser álgidos los intercambios que se dan en el recinto al tratarse temas vinculados al financiamiento municipal y en particular el presupuesto, el debate no subió de tono salvo algunos señalamientos de Mario Civalleri hacia Federico Sánchez Chopa. “Desde que él se fue, parece que el Gobierno no es bueno”, lanzó el referente oficialista luego de que el libertario haya expresado que durante su paso por el lunghismo en la Dirección de Bromatología le sugerían determinar presupuestos sumando al monto del período la inflación prevista para el año siguiente.

El eje de la sesión pasó por el tratamiento, intercambio y posterior votación del Presupuesto 2025. Cabe recordar, en el caso de que la ordenanza no hubiese sido aprobada antes del 31 de diciembre del año en curso, se prorrogaría el Presupuesto 2024. La discusión estuvo marcada por la suba de tasas, pero también por la celeridad con la que el Ejecutivo buscó debatir la iniciativa, en concreto 17 días desde que fue elevada al Legislativo, y por la falta de detalle en relación a lo destinado para cada área.

De parte del oficialismo local justificaron el proyecto presentado, repasaron las principales dependencias municipales afectadas, e hicieron mención a que en el marco de las negociaciones siempre hay pérdidas o aspectos que cada espacio cede para lograr un acuerdo que -en este caso- permita a la Comuna planificar el próximo año.

La primera en tomar la palabra fue la concejal María Haydeé Condino. La referente oficialista explicó que el Sistema de Salud Pública tendrá destinado el 35, 87 por ciento del Presupuesto, a lo que hay que sumar los recursos propios del área. Por su parte Planeamiento y Obras Públicas tendrá un 28,60 por ciento, seguido de Gobierno percibirá el 14,4 por ciento, Desarrollo Humano tendrá un 7,52 por ciento y Protección Ciudadana el 4,95 por ciento. El resto de las secretarías municipales, precisó, rondarán entre el punto y los 2 puntos del total de los fondos comunales.

Sobre la suba de tasas -un elemento de debate que se reitera año tras año-, la presidenta de la Comisión de Economía sostuvo que “va a ser un presupuesto magro. Sin anuncios rimbombantes, de sostenimiento de los servicios. Con un volumen que supera apenas los 10 mil millones para obras, siempre con fondos afectados”. En el mismo sentido puso como ejemplo que en el último tiempo el valor de una cuadra de asfalto aumentó 18 veces, muy por encima de las subas del dólar oficial. “Los recursos tienen que tener una inyección solo para sostenerse, por eso hay que hacer un ajuste de tasas”, planteó.

En concreto, las tasas prediales tendrán una suba del 18, 3 por ciento. En el caso de la tasa de Salud se estableció un aumento escalonado del 50 por ciento en el primer bimestre, 50 por ciento en el segundo bimestre, 10 por ciento en el tercero y cuarto, y luego por IPC con techo en los últimos dos bimestres. La tasa de Servicios Sanitarios -con un rojo comunal de 50 millones mensuales por el aumento de la tarifa eléctrica y su afección local a las bombas de agua- subirá un 25 por ciento en cada uno de los primeros dos bimestres, 10 en el tercero y luego por el porcentaje de IPC con límite. Además, se actualizarán las tasas de Publicidad y Propagandas y la de Soporte de Antenas. El resto de los tributos tendrán un límite del 5 por ciento.

“Quiero invitar una vez más a que pensemos que para que Tandil gane todos debemos perder un poco. Este presupuesto es un reflejo de lo que la mayoría de este Concejo pudo negociar, escribir, ir y volver, redactar, llegar a un acuerdo, y es un reflejo de lo que Tandil necesita”, cerró la concejal.

El peronismo acompañó el proyecto luego de consensuar la incorporación de las sugerencias de Unión por la Patria en relación al escalonamiento de las subas y el establecimiento de límites al momento de aumentar por IPC. Fue el concejal Severiano Mon el encargado de plantear la postura del bloque, justificar el voto positivo y a su vez señalar tanto los “pendientes” de la ordenanza como la falta de precisión sobre el destino específico de los fondos.

El edil destacó la incorporación de los topes y el desdoblamiento para que “el aumento, en el mes de enero tenga una carga tributaria que sea la menor posible para los vecinos”. Se refirió a que el tratamiento fue muy “expeditivo” y a que “la información es muy escueta” con respecto a los gastos de cada área.

Entre otros aspectos manifestó que más allá del acompañamiento, el Presupuesto marca también “los pendientes de la gestión”, y en ese sentido puso como ejemplo el futuro del Estacionamiento Medido, la necesidad de repensar los montos del Presupuesto Participativo para las localidades rurales, poner en común temas vinculados a la recolección de residuos y a la continuidad del reacondicionamiento del nuevo predio del Relleno Sanitario. Planteó además la necesidad de fortalecer políticas de construcción de veredas más allá del casco céntrico de la ciudad, avanzar sobre la coordinación de las cámaras privadas y públicas del sistema de vigilancia, e hizo referencia a que el Presupuesto establece la creación de un “Observatorio Legislativo en Seguridad” cuyo destino no estaría claro.

“Nos parece importante desde este bloque que se siga recuperando el poder adquisitivo de los trabajadores”, expresó con respecto al acompañamiento al personal municipal que “por primera vez han podido recuperar ago del atraso salarial”, consideró

De parte de los bloques opositores, el concejal Matías Meli tomó la palabra para anunciar el voto negativo de Alternativa Tandil en base a lo que consideró un “impuestazo”. Al respecto -y haciendo mención a la modificación del artículo 139 de la Ordenanza Impositiva- manifestó que “nuestra propuesta es evitar las facultades delegadas al Intendente para actualizar los aumentos de tasas tomando como base el índice de IPC. Proponemos revisiones periódicas a partir del segundo trimestre tomando como parámetro la inflación publicada de los trimestres del 2025. Contribuyendo a que el reacomodamiento de las tasas sea de acuerdo a la inflación vigente y no a la pasada”.

Tras brindar precisiones con respecto a los porcentajes de cada tasa, agregó que “con esta propuesta no le negamos recursos al Ejecutivo, y no le negamos la razón de ser a este cuerpo. Le hemos planteado un esquema de evaluación trimestral para revisar la necesidad de aumento de las tasas y en caso de ser necesarias que sean votadas por este Concejo”.

En representación de Acción Tandilense / La Libertad Avanza, Federico Sánchez Chopa señaló que “en estos 17 días pudimos analizar muy escuetamente este Presupuesto”. Recordó además que cuando se desempeñó como director municipal de Bromatología, de parte del gobierno local le sugerían proyectar un Presupuesto solo a partir de sumarle el estimado de la inflación.

Por lo tanto adelantó el voto en disidencia ya que “una familia tipo, de acuerdo al Ejecutivo, va a pagar 2 millones 733 mil pesos en el año. Acá los únicos que pierden son los tandilenses. Nuestro voto va a ser no positivo”, cerró.

En el mismo sentido Juan Manazzoni, del bloque PRO, justificó su voto negativo en funcion de no acompañar la delegación de facultades en el Ejecutivo. Natalia Chacón, del bloque MID, expresó que “3 años acompañé el Presupuesto. Cuando 

entré escuché que a un Intendente no se lo deja sin presupuesto. Pero este año va a ser diferente viendo lo sucedido y teniendo en cuenta que se viene un año electoral. Considero que existe un incremento del gasto que no es necesario. Partidas como la de la Unidad Intendente se superponen a la de Jefatura de Gabinete y es paralela. Se le va a dar más que a las partidas de Vela y de Gardey”, indicó en referencia a lo destinado a las localidades rurales como parte del Presupuesto Participativo.

Durante el inicio de la sesión se hizo entrega del reconocimiento a Martín Michel como personalidad destacada de Tandil. El ídolo de Santamarina recibió la distinción de mano del concejal Darío Méndez y expresó tanto el orgullo por el homenaje como el agradecimiento a su familia, a las dirigencias del club local y a la hinchada aurinegra que acompañó el acto. También fue reconocido el autor Luis Locurcio por su obra literaria “El Tesoro de Tandil”.

A su vez se aprobó -finalmente- la habilitación del complejo deportivo de cuya inauguración participó el Intendente, pese a que entonces el predio no contaba con el aval municipal necesario para su funcionamiento. “El local fue claramente inaugurado sin tener habilitación ni siquiera provisoria”, manifestó al respecto la concejal Natalia Chacón.

Por otra parte se aprobaron por unanimidad dos iniciativas del concejal Nicolás Carrillo. Por un lado la creación de un fondo afectado a desarrollo urbano que establece que parte de lo obtenido por el Municipio por convenios urbanísticos se destine a la construcción de viviendas, mejoramientos habitacionales u obras de integración socio urbana. En segundo término se dio el visto bueno al Registro Municipal de Apoyo a Comedores Barriales, Comunitarios y Merenderos. Tal como señala la ordenanza, se creará el registro junto a una mesa de abordaje integral de problemáticas sociales con la intención de transformar estos establecimientos en espacios productivos.

A través de una carta a la Defensoría del Pueblo de Tandil, solicitaron que se convoque a una audiencia pública para que la comunidad en general pueda aportar su parecer sobre el proyecto de venta del predio de Santamarina al 400. El mencionado organismo ya elevó el pedido al Concejo Deliberante.

“Ese predio no es un predio cualquiera. Es el único en el que la sociedad de Tandil podría tener para generar un espacio administrativo y social como planteaba el anteproyecto de ideas del año 2011. Y porque es el único, no tiene valor. Una cosa que es única no tiene valor. Y por más que digan que son cuatro millones de dólares, para la gente del ´real estate’ no es nada. Se va a vender una joya que no se va a poder recuperar nunca”, sostuvo en diálogo con El Eco de Tandil el arquitecto Roberto Ardissone, quien presentó a la Defensoría del Pueblo de Tandil un texto titulado “Algo tuyo está por venderse”.

Desde sus conocimientos e inquietudes por el urbanismo, Ardissone planteó su intención de que la población en general profundice sus conocimientos sobre la situación en torno a la posible venta del predio. En referencia a que en el lugar podría concretarse un desarrollo inmobiliario señaló que “el gran edificio te quita calidad de vida de la ciudad. Te produce sombra, aceleración del viento, y te quita el cielo”.

El arquitecto manifestó además que hizo pública su carta para que la misma colaborara “a la toma de conciencia de la población del alto riesgo que se corre si este predio se vende. Lo que quiero es que la gente esté al tanto, y por eso planteo lo que debería haber existido desde un vamos que son las audiencias públicas, una consulta”.

Ardissone agregó que el propio Plan de Desarrollo Territorial (PDT), contempla la posibilidad de audiencias públicas “como medios para que la población participe”. Y en la misma línea agregó que “el PDT exige al Ejecutivo que administre los medios para que la sociedad pueda participar en el conocimiento y la toma de decisión, aunque no son vinculantes, pero que pueda participar para dar su opinión respecto de las cosas”.

Cabe recordar, fue a fines de junio pasado cuando el Ejecutivo local elevó al Concejo Deliberante el proyecto para desprenderse del predio de Santamarina 450. Tras observaciones de diferentes bloques -algunos de los cuales plantearon que la iniciativa es “invotable”-, representantes del propio Ejecutivo brindaron precisiones de la iniciativa a los ediles.

El tema no se discutió en la última reunión de la Comisión de Obras Públicas y Urbanización, por lo que al momento está en duda si podría finalmente tratarse en la próxima sesión del Legislativo local.

Tasado -si bien la tasación fue uno de los puntos observados por ediles de la oposición- en un monto de poco más de cuatro millones de dólares, el gobierno local -hasta el momento con el aval de parte del bloque de Unión por la Patria-, anunció que proyecta utilizar el dinero para la construcción de una planta de pavimentación y en la generación de suelo urbano.

Parte de la motivación de Ardissone para presentar la carta a la Defensoría del Pueblo de Tandil tuvo que ver con su recuerdo del concurso impulsado en el año 2011 por el gobierno local, en el que se evaluaron proyectos de diferentes partes de todo el país con iniciativas para generar en el predio de Santamarina al 400 un centro cívico.

“El proyecto se complementaba con una plaza pública en el corazón de la manzana que servía para socializar, la ciudadanía podía concurrir ahí con intención de realizar cuestiones administrativas o simplemente disfrutar de un espacio público de libre acceso y que fuese integrador de las diferentes actividades que hay dentro de una sociedad”, sostuvo.

Fue a comienzos de 2011 cuando se dieron a conocer los resultados del Concurso de Ideas lanzado por el Municipio de Tandil y el Colegio de Arquitectos. El ganador resultó el estudio EMMES de la ciudad de Neuquén.

“El mismo intendente, cuando presenta el proyecto, dijo que sería un puntapié inicial para sentar las bases de algo que puede llegar a ser. Que en ese momento no se podía materializar, pero que se dejaban sentadas las bases para que en un futuro alguna administración tuviese los recursos como para poder llevarlo adelante. O sea, una cosa correctísima que era planificar con tiempo para el día de mañana”, planteó al respecto Ardissone.

Cuestionando la celeridad con que el Ejecutivo local requiere tratar el proyecto, Ardissone reiteró la posibilidad de que se establezca una instancia de audiencia pública en la cual se pongan en consideración las diferentes posturas ciudadanas con respecto al destino del predio.

El presidente del bloque Juntos – UCR Mario Civalleri respondió a los cuestionamientos de la oposición y salió a defender el proyecto que elevó el Departamento Ejecutivo para la venta del predio ubicado en Santamarina 450.

En principio, se enfocó en las observaciones que expuso el concejal Juan Manazzoni (PRO) sobre las desprolijidades que detectó en el expediente y que demandaron que su regreso al Ejecutivo para su revisión, y a los cuestionamientos por parte del edil Federico Sánchez Chopa (Acción Tandilense – La Libertad Avanza) sobre el destino que se pretende dar a los más de 4 millones de dólares que podrían ingresar por la venta del lote.

Como se informó, con los recursos obtenidos la gestión de Miguel Lunghi proyecta la creación de una planta de pavimentación y la inversión en infraestructura para la generación de suelo urbano, retomando dos iniciativas en las que había apostado para el desprendimiento del espacio donde funcionaba Vialidad. 

En diálogo con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), el exjefe de Gabinete sentó posicionamiento en tono del rol del Estado, respaldó la “expertise suficiente” del Centro de Martilleros para tasar el inmueble y descartó que este tema sea un impedimento.

Asimismo, sostuvo que los concejales “tenemos la obligación ante la ciudadanía de despojarnos del interés político partidario para pensar en cuestiones que sean buenas para la ciudad” y llamó a discutir si el proyecto es “bueno o no para la ciudad". 

En esa línea, garantizó que “nuestra misión es seguir dialogando” y que “todos acompañen”, por lo que “voy a hacer todos los esfuerzos para hacerlo en estos términos, pidiendo que pongamos el caballo delante del carro. Discutir si debe tener o no informe del contador es subalterno a lo principal. Lo honesto intelectualmente es si estamos dispuestos a discutir el proyecto global”.

Debate público, pero también político 

En el inicio de la entrevista con El Eco Multimedios, el concejal trazó los principales lineamientos de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Miguel Lunghi, un tema “muy importante” como es la venta del inmueble para instalar en la agenda del “debate público, porque está dirigido a la ciudadanía en muchos sentidos, y político”.

Entre los argumentos, defendió que el Municipio considera que en este momento, de “dificultades para la obtención de financiamiento para obra pública”, disponer de un inmueble que hoy tiene un uso “bastante limitado”, permitiría abordar algunos proyectos claves para la ciudad.

Por un lado, el armado de una “especie de empresa pavimentadora municipal”, como le gusta definirla, y por otro, la obtención de financiamiento para el desarrollo de infraestructura urbana.

Planta de pavimentación

Con una inversión cercana a los 2 millones de dólares, aproximadamente la mitad de lo que fija la tasación del predio, el Gobierno podría armar un equipo “muy potente” para afrontar la demanda en materia de pavimentación urbana, una de las cuestiones que representa una “deuda” de la gestión.

Al exponer algunos números, Civalleri mencionó que Tandil tiene unas dos mil cuadras con pavimento. De ese total, aproximadamente 1.150 cuentan con pavimento negro (flexible), 600 con hormigón y alrededor de 200 con granitullo. “Y tiene pendiente 3.900”, remató.

De esas cuadras no pavimentadas, existe un porcentaje que cuenta con la densidad o los servicios básicos para avanzar en una mejora de infraestructura. “Y lo vemos en la demanda de barrios que han crecido”, dijo y argumentó que resulta “difícil dar respuesta porque el costo es alto para el Municipio”.

En detalle, implica una inversión de entre 80 y 90 millones de pesos por cuadra, mientras que “el costo para la ejecución pública rondaría los 50 millones”, comparó en caso de disponer de esos elementos en debate.

Generación de suelo urbano

El otro proyecto apunta a la generación de suelo urbano. Para la administración comunal, esos dos millones de dólares restantes podrían invertirse en la generación de infraestructura (gas, cloacas, agua, energía eléctrica, cordón cuneta y arenado) para aproximadamente 700 lotes.

“Es un destino que está dirigido a cuestiones que son muy importantes, caras y difíciles de afrontar de otra manera, y que están dirigidas a muchos barrios”, valoró el exsecretario de Obras Públicas.

En definitiva, objetivos de relevancia que resultan de un proyecto que debería formar parte de un “debate amplio”, que incluya la mirada del conjunto de los tandilenses y que implicaría “cambiar capital de lugar porque el pavimento y la infraestructura urbana son capitales sociales”.

Cuestionamientos de la oposición 

-¿Cómo tomó los cuestionamientos de la oposición en torno al proyecto?

-Vi lo que dijo (Federico) Sánchez Chopa y creo que asumió rápidamente el rol de libertario, a pesar que se presentó en sociedad como un espacio vecinalista, y le pegó fuerte el tema del Estado ausente. Nosotros tenemos una mirada diferente. Creemos que ese Estado ausente que tanto se proclama a nivel nacional termina haciendo que empiecen a rebalsar necesidades y gastos sobre otros niveles del Estado. Lo vemos en la atención de la salud pública o seguridad. Y nosotros somos un Gobierno sensible a esas necesidades. No tenemos una mirada de Estado ausente. Ahora me pregunto si a esta gente le tocara gobernar a nivel local, cuando se presentan estas demandas, qué le dirían a la gente. Creo que hay algunas cuestiones que son difíciles de soslayar. Un costo de esas características tiene una incidencia de 4 millones por lote, que no es fácil afrontarlo sin el auxilio del Estado.

-¿Y la posibilidad de juntarse entre los vecinos para pagarlo entre todos?

-Buena parte de la infraestructura básica todos la hemos pagado porque es tan grande el universo de demanda que es difícil de resolver. Pero el tema de la pavimentación, por eso en 2008 generamos un fondo exclusivo, es tan oneroso frente a los otros servicios que vimos la necesidad de instrumentar algún otro mecanismos más virtuoso que permitiera avanzar. Porque si no la posibilidad de acceder al asfalto estaría prácticamente reservada para sectores más pudientes y habría pilas de lugares donde no llegaría. Esta visión que tenemos es diferente. Por eso digo que no sólo forma parte de la política, sino que también pretendemos un involucramiento en la opinión de los vecinos.

-¿Qué pasa con las otras observaciones? 

-El expediente tiene una fundamentación desde el punto de vista urbanístico. Si el predio sale a la venta tendría los indicadores de la zona central, la más valiosa en esos términos. Y lo que se planteó fueron algunas observaciones muy particulares. Respecto de la tasación, no pongo en duda lo que hizo el Centro de Martilleros. El Banco Provincia tuvo un equipo de tasación para algunas cuestiones puntuales, vinculadas básicamente a créditos que otorgaba el propio banco, pero no era que trabajaran en eso. Lo que nosotros veíamos es que además tiene una tarifa que para el Municipio era costosa. Y en ese mecanismo de ahorro se hizo un acuerdo muy bueno con el Centro de Martilleros. Hay que ser claros en esto. Las demás observaciones son cuestiones menores, salvables, muchas de ellas se obviaron cuando votamos la ordenanza del Centro de Convenciones. 

-Estos cuestionamientos surgieron de sectores que no habían acompañado el expediente anterior.

-Eso es verdad también y hemos notado que a algunos se les nubla la mirada a la hora de aprobar cuestiones que promueve el Gobierno. A veces se mezcla la cuestión política.

-¿Cuesta mucho hacer las cosas bien, completas?

-La dinámica de funcionamiento del Departamento Ejecutivo es muy intensa y es cierto que tal vez hay veces que no atiende minuciosamente cosas que para los concejales, que tenemos más tiempo para mirar, se nos ocurre observarlas. Pero nunca evitó modificar esas cosas.

En medio de críticas entre concejales de los distintos bloques en torno a la toma del predio en el barrio La Movediza, el lunes próximo el oficialismo local presentará en el Concejo Deliberante un proyecto de Resolución dirigido al subsecretario de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja, solicitando que revise la medida de diciembre pasado que incluye al terreno ocupado en Piccirilli al 1100 en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y, por lo tanto, lo exime del desalojo.

Entrevistado por El Eco Multimedios, el presidente del bloque Juntos - UCR en el deliberativo local, Mario Civalleri, contó los alcances del proyecto de Resolución que presentará en el Concejo, ratificó la postura del Ejecutivo a favor de la desocupación del predio y le respondió a sus pares de La Libertad Avanza (LLA), Federico Sánchez Chopa, y de Unión por la Patria, Nicolás Carrillo. 

“Vamos a presentar un proyecto de Resolución dirigido a la Subsecretaría de Integración Socio Urbana a cargo de Sebastián Pareja para que revise esa Resolución, a nuestro criterio ilegal, del 6 de diciembre”, contó ayer Mario Civalleri ante el micrófono de “La Mañana de El Eco”, por ECO TV y la 104.1 FM.

La norma mencionada es la Resolución 254/2023 de la entonces Secretaría de Integración Socio Urbana del exMinisterio de Desarrollo Social que, a pocos días de finalizarse el Gobierno de Alberto Fernández, incluyó al predio propiedad de Daniel Moauro en el Renabap, con lo cual sus ocupantes no pueden ser desalojados compulsivamente.

“Cuando asume este nuevo Gobierno, que nos ha dado cátedra en materia de derechos a la propiedad privada, nos encontramos con que un funcionario, actualmente a cargo de esa Subsecretaría -Sebastián Pareja- le informa al tribunal que interviene en el tema que esa Resolución está vigente y la vuelve a fundamentar”, dijo Civalleri en referencia a la medida emitida por el armador político del Presidente Javier Milei en la Provincia el último 6 de julio. 

Y agregó: “nos encontramos con la curiosa situación de que un funcionario de un Gobierno que como punto 1 del Pacto de Mayo rescata la inviolabilidad de la propiedad privada, ratifica una Resolución que lo que está haciendo justamente es violarla".

En ese marco, el edil radical se preguntó: “un Gobierno al que no le ha temblado el pulso para tomar la decisión de suspender cosas mucho más dolorosas, como por ejemplo el subsidio al transporte que está judicializado a lo largo y lo ancho del país y que lastima el bolsillo de la gente, ¿no puede cambiar una Resolución que es irregular e ilegal?”

“Nosotros vamos a ir por la positiva”, aseguró Civalleri y se expidió sobre el proyecto de Resolución que en este momento está siendo revisado por el área de Legales y que será presentado el próximo lunes ante el Concejo. 

“Después cada bloque decidirá; en la próxima sesión del Concejo Deliberante se someterá a votación y veremos cuáles son los argumentos de uno y otro lado y quién está en cada lugar”, expresó. 

“Lo que todos dicen querer es que se desaloje y se respete la propiedad privada así que, para que eso ocurra, lo que tenemos que lograr es que el señor Pareja revise esa Resolución y que finalmente termine modificándola o derogándola, con ajuste a los términos de lo que la propia Ley o la propia Justicia han planteado”, agregó.

“Fue impecable” la labor de Marcieri

El martes pasado, la secretaria de Protección Ciudadana del Municipio, Alejandra Marcieri, tildó de “situación realmente incoherente” la decisión del Gobierno libertario de prolongar una medida emitida con anterioridad por el Ejecutivo a cargo del bloque Unión por la Patria.

Sus declaraciones le valieron la fuerte crítica del concejal de LLA, Federico Sánchez Chopa, quien las enmarcó en “una clara intención de pegarle al Gobierno nacional” y sostuvo que, a la gestión de Miguel Lunghi, “le ha pasado una toma por las narices y no tomaron ningún recaudo”.

Ayer Civalleri defendió, “en todos los términos, los dichos de Alejandra Marcieri” y valoró que la labor de la funcionaria –que durante los primeros meses de la toma y por un largo período estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat- fue “impecable”.

“La verdad que suena bastante ridículo que precisamente una persona que trabajó muchísimo sobre el tema sea acusada de mirar para el costado”, resaltó.

También dijo lamentar “mucho las declaraciones de Sánchez Chopa, que además ha sido funcionario de nuestro Gobierno”, y consideró que "lo hizo por desconocimiento y no por mala fe, porque si supiera de toda la intervención del Municipio, no lo diría". 

“Con Federico tengo algunas coincidencias porque él se manifiesta en contra de la usurpación y en contra de la violación de la propiedad privada, que es un concepto al que nosotros obviamente adherimos”, expresó Civalleri.

Y declaró: “después veremos si Sánchez Chopa y (la concejal de LLA) Luján Fiego acompañan (el proyecto de Resolución) porque como él dice que no son libertarios… por ahí lo acompañan, porque no le deben nada a nadie”.

“Carrillo es parte del problema”

En la entrevista de ayer, Civalleri también apuntó contra el concejal Nicolás Carrillo (Unión por la Patria), que días atrás vinculó la existencia de tomas en el partido a un fracaso de la política en general. 

“Me molestan las declaraciones altisonantes de Marcieri que, como declaraciones, son llamativas”, había dicho Carrillo a este Multimedios. 

“Decir que son todos extranjeros y que hay que desalojarlos, pero estas gobernando vos. ¿Cuántos años estuviste en Desarrollo Social? Ahora estás en Seguridad y no resolviste el tema”, había indicado el referente peronista.

En este plano, Civalleri consideró que “Carrillo forma parte un poco del problema”. 

“Creo que él tiene una mirada muy particular del tema y, más allá de que también se declara a favor del derecho a la propiedad privada, entiendo que es una verdad de Perogrullo”, sostuvo el radical.

“Por un lado dice eso, pone el guiño para la derecha pero después dobla a la izquierda a los dos minutos”, ironizó.

El presidente del bloque Juntos argumentó además que el Ejecutivo comunal tiene “vocación de generación de suelo urbano” y ejemplificó con la intención de poner en venta el predio ubicado en Avenida Santamarina 450, el que –según señaló- tendrá “un destino espectacular” ya que, de acuerdo a lo explicado oficialmente, el producido por la venta se destinará, por un lado, al montaje de una Planta de Pavimentación Municipal y, por el otro, a la adquisición de macizos de tierra para generar lotes con servicios para la comunidad local.

Asimismo, Civalleri recalcó que “buena parte de lo que hoy incluye la Ley de Hábitat tiene que ver con algunas medidas individuales que hace unos años este Gobierno local puso en marcha a través del Plan Familia, incorporando a organizaciones de la comunidad para poder desarrollar urbanizaciones”. 

“El mecanismo de la toma no funciona”

Finalmente, el edil se mantuvo muy firme en la postura del gobierno lunghista: el desalojo compulsivo de los ocupantes de Piccirilli al 1100.

“Acá hay que pensar que la Justicia intervino desde el primer momento, que en dos ocasiones ordenó el desalojo y que por distintos motivos no prosperó”, señaló Civalleri. 

Y continuó: “en algunos momentos hubo motivos políticos, como por ejemplo el armado de una mesa de diálogo donde se intentó 'seducir' al propietario con una promesa de compra o cosa parecida, situación que después no prosperó”.

Cabe recordar que la toma comenzó en febrero de 2023, cuando un grupo de mujeres con dificultades para el acceso a la vivienda se asentó en el predio con unas pocas pertenencias.

Con el paso del tiempo se fue incrementando la cantidad de familias que llegaron al macizo. Según el último relevamiento, ordenado por el poder Judicial y realizado por la comisaría Segunda, en este momento hay más de 144 familias viviendo en la toma.

“No solo queremos resolver el problema de esa toma; nosotros queremos dar una señal, como la hemos dado a lo largo de todos estos años, de que el mecanismo de la toma no funciona”, aseguró Civalleri y se refirió al posible desalojo. 

“Obviamente lo haremos en el marco de respetar y de ayudar a las familias que en estos momentos están haciendo la ocupación”, adelantó. 

Y dijo que “esto, el Gobierno siempre lo ha hecho pero nosotros tenemos una responsabilidad trascendental como Gobierno, que es decirle a la comunidad de los tandilenses que nosotros nos vamos a manifestar siempre en contra de este tipo de situaciones”.

Para terminar, remarcó que “no vamos a dejar nunca de asistir, como lo hemos hecho en cada momento, a las personas (que viven en el terreno) y sobre todo a los más vulnerables, como lo son los niños”.