La Superintendencia de Servicios de Salud publicó este jueves en el Boletín Oficial la Resolución 492/2026, que crea una sección especial en el Registro de Agentes de Salud destinada a entidades dispuestas a recibir afiliados monotributistas provenientes de obras sociales o prepagas dadas de baja por el organismo.

La inscripción en esta sección implica el compromiso expreso de incorporar a estos afiliados, garantizando la continuidad de su cobertura. Podrán inscribirse los Agentes del Seguro de Salud que se encuentren activos en el sistema, registrados conforme al artículo 69 bis del Decreto N° 1/2010 y que no estén sujetos a procedimientos de crisis.

La medida se enmarca en los criterios establecidos por el Decreto 1400/2001, que regula la distribución de beneficiarios cuando una entidad es dada de baja, y fija los parámetros para su reasignación entre los agentes que acepten incorporarlos.

Es importante destacar que esta disposición aplica exclusivamente a monotributistas. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, se mantiene el derecho a ejercer la opción de cambio a través de la web de la Superintendencia, pudiendo elegir libremente entre las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS).

El objetivo central es garantizar que los afiliados no pierdan en ningún momento su cobertura de salud. En este sentido, la Superintendencia continúa avanzando en el ordenamiento del sistema, promoviendo la competencia, la transparencia y la libertad de elección.

La medida incorpora controles operativos e informáticos para que la reasignación de afiliados se realice de manera automática y segura, evitando interrupciones en la cobertura. El nuevo esquema de gestión, impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud, exige el cumplimiento estricto de los requisitos legales antes de admitir nuevos afiliados y promueve herramientas de auditoría para monitorear el sistema.

La resolución destaca que, hasta ahora, el esquema vigente dificultaba la reasignación de afiliados monotributistas frente a situaciones de incumplimiento, liquidación o crisis en las entidades. Con este reordenamiento, el objetivo es que ningún monotributista quede sin servicios médicos en caso de baja de su agente de salud.

El establecimiento de este registro busca fortalecer la competencia entre las obras sociales, que deberán mejorar la calidad de sus prestaciones para mantener y atraer afiliados. Los usuarios, en tanto, contarán con mayor información y alternativas, lo que incrementa su seguridad ante eventuales cambios en la estructura de la cobertura médica en Argentina.

La medida representa un avance en la transparencia y el ordenamiento del sistema, garantizando que los monotributistas no pierdan en ningún momento su derecho a la atención sanitaria, según lo señalado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la normativa publicada.

La Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación resolvió inscribir a la Obra Social de Comisarios Navales en el registro oficial de entidades de medicina prepaga y, de forma simultánea, dispuso la desvinculación de diez empresas del sistema. La medida se tomó como parte de un plan de fiscalización integral del sector que llevó adelante el organismo.

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 446/2026, que se publicó este viernes en el Boletín Oficial, la decisión responde al nuevo marco de control oficial. El objetivo de las autoridades consiste en garantizar que solo operen aquellas entidades que demuestren una actividad real, cumplan con los requisitos legales vigentes y fortalezcan la transparencia y la competencia en el mercado nacional.

La norma se fundamenta en la reactivación de las inscripciones, luego de una suspensión que se implementó en el año 2020 debido a la emergencia sanitaria. El procedimiento para las nuevas altas exige la presentación de documentación completa y el cumplimiento estricto de diversos requisitos administrativos y operativos para asegurar la solvencia de las prestadoras.

En relación a la exclusión de las diez empresas de medicina prepaga, el proceso regulatorio formó parte de una política de ordenamiento del sistema. Desde el inicio de la gestión que encabeza el presidente Javier Milei, un total de 162 entidades resultaron excluidas en este proceso. Cabe recordar que, a finales de enero, la Superintendencia de Servicios de Salud ya había concretado otras 13 bajas en el registro oficial.

Las entidades desvinculadas son:

El proceso de depuración impulsado por el Gobierno nacional para transparentar el sistema de salud privado sumó una nueva etapa. La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió la baja de otros 13 agentes del seguro, en el marco de un plan de revisión que apunta a depurar el padrón de empresas de medicina prepaga.

La publicación realizada por la SSS constituye una notificación formal para los usuarios de las compañías involucradas. Según indicaron fuentes oficiales, las auditorías detectaron que se trataba de “agentes fantasmas”, inscriptos en el registro pero sin actividad, sin afiliados y sin documentación respaldatoria.

El acto administrativo rechazó la inscripción definitiva de aquellas entidades que no completaron el proceso requerido por la Ley 26.682. Desde el Gobierno señalaron que “el objetivo es contar con un registro transparente, integrado únicamente por agentes que compitan libremente y brinden prestaciones de calidad a sus afiliados”.

La reciente disposición amplía el alcance del plan de revisión iniciado en 2024, definido por el Poder Ejecutivo como un “reordenamiento” del sistema. En el último tramo del año, el 20 de enero, ya se había informado la baja de cuatro empresas, lo que elevó en ese momento a 27 el total de compañías excluidas del sistema de medicina prepaga en 2026. Desde el Ejecutivo aclararon que las auditorías continúan y que no se descarta que se produzcan nuevas bajas en los próximos meses.

Las prepagas afectadas en esta oportunidad son Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud, Rescate Centro S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Grupo Gerenciador G4 S.A., Emergencia Cardio Asistencial S.A., Pangea S.A., la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra) y Armiento S.A. (Grupo A Mano).

De acuerdo con la resolución firmada por Silvia Noemí Viazzi, secretaria general del organismo, la medida alcanza a entidades que figuraban con inscripción provisoria o cuyos trámites de registro definitivo permanecían incompletos. El proceso administrativo contempla la baja de los registros provisorios y el rechazo de las inscripciones definitivas.

Estas 13 firmas se suman a las cuatro inhabilitadas el 20 de enero: Mutual del Sanatorio Garay, Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y Cámara de Tabaco de Misiones.

Con esta nueva resolución, ya son 152 las empresas de medicina prepaga irregulares dadas de baja durante la actual gestión. La nómina incluye compañías, mutuales, cooperativas y asociaciones que fueron excluidas del sistema por no cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo del proceso es depurar el sistema, fortalecer los controles y garantizar mayor transparencia en el funcionamiento del mercado de la medicina prepaga.

La Superintendencia de Servicios de Salud dio un nuevo paso en el proceso de reordenamiento del sistema y oficializó el inicio del procedimiento de baja de otras 20 empresas de medicina prepaga que figuraban inscriptas, pero no registraban actividad. La medida fue formalizada este jueves a través de la publicación de un edicto en el Boletín Oficial.

Según informaron fuentes oficiales, las auditorías realizadas detectaron que se trataba de firmas que no contaban con afiliados, no brindaban prestaciones médicas y carecían de documentación respaldatoria que acreditara su operatoria. El organismo aclaró que se trata de entidades que, pese a estar registradas formalmente, no desarrollaban ninguna actividad real dentro del sistema de salud.

Este nuevo procedimiento se suma a la baja de otras tres prepagas dispuesta a comienzos de la semana. Con estas decisiones, ya son 139 las empresas eliminadas del registro desde el inicio de la actual gestión, todas ellas sin actividad efectiva.

Desde la Superintendencia explicaron que el objetivo central del proceso es depurar el padrón de Agentes del Seguro de Salud y contar con un registro actualizado que refleje únicamente a las entidades que efectivamente operan. El reordenamiento comenzó en los primeros meses de la gestión, luego de constatar que la nómina oficial incluía un número significativo de empresas habilitadas que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente.

Las autoridades remarcaron que las bajas no afectan a empresas que estén prestando servicios ni generan consecuencias para los usuarios del sistema, ya que las firmas alcanzadas por la medida no tenían beneficiarios registrados al momento de las auditorías.

El decreto publicado este jueves da inicio al procedimiento administrativo de baja para 20 agentes del seguro de salud, entre los que se encuentran mutuales, cooperativas y sociedades comerciales que no acreditaron actividad médica ni administrativa. Las auditorías incluyeron la verificación de afiliados, la revisión de documentación contable y la constatación de la prestación efectiva de servicios.

Desde el sector señalaron que la depuración del padrón permitirá fortalecer la supervisión del sistema y contar con información más precisa sobre el universo real de prestadores. Además, anticiparon que el proceso continuará mientras se detecten entidades que no cumplan con las condiciones necesarias para operar como agentes del seguro de salud.

El último mes del 2025 inicia hoy y viene con aumentos en distintos rubros. Cuáles son los servicios que suben, desde las prepagas hasta las tarifas de luz y gas.

Prepagas

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las principales empresas de medicina prepaga ya definieron los aumentos en sus cuotas a partir de diciembre.

Los aumentos vienen en sintonía con el último dato de inflación de octubre difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) puesto en 2,3% para el décimo mes del año, las principales prepagas del país ya definieron sus incrementos en los valores de sus planes.

Los márgenes para aumentar el valor en las cuotas de los afiliados vienen quedando por encima de la inflación en el rubro de Salud.

Según lo difundido por el Indec, en octubre subió 1,5% en el Gran Buenos Aires (GBA) y 1,8% a nivel nacional. En lo que va del año, acumula un alza del 22,7% y contra el mismo mes del año anterior 28,9%.

Sin embargo, los incrementos en los valores de sus planes muestran una tendencia ya consolidada, que es de una desaceleración respecto de los meses previos en donde llegaron a duplicar los valores.

De esta manera, el valor de las cuotas queda en sintonía con el IPC de octubre:

-Galeno: 2,3%.

-Swiss Medical: 2,3%.

-OSDE: 2,1% a nivel nacional y 2,5% en la región de la Patagonia.

-Prevención Salud: 2,3%.

-Avalian: 2,3%.

-Hospital Alemán: 2,3%.

-Sociedad Italiana: 2,3%.

-Sancor: 2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Sin embargo, hubo una empresa de medicina prepaga le informó al Gobierno sobre los ajustes en sus valores mensuales que quedó por encima del último dato de inflación.

Se trata de Accord Salud, que incrementó su valor un 2,4% y se posiciona 0,1 puntos porcentuales (p.p.) por encima del IPC.

Transporte

Hoy volverán a aumentar los colectivos, subtes y peajes de la Ciudad, al igual que en la provincia de Buenos Aires.

El ajuste que se aplica es del 2% más el índice de inflación, por lo que el incremento esta vez será del 4,3%, al tiempo que el mismo aumento se aplicará en la provincia de Buenos Aires, que para el mes entrante le agregó una suba adicional del 10%.

Colectivos: el boleto mínimo de colectivos en la Ciudad costará $593,52, mientras que en el Gran Buenos Aires (GBA) el costo será de $658.

Para las 30 líneas de colectivos que gestiona el Gobierno porteño, el boleto iniciará en $593 y escalará hasta $760.

-0 a 3 kilómetros: $593,52.

-3 a 6 kilómetros: $659,5.

-6 a 12 kilómetros: $710,31.

-12 a 27 kilómetros: $761,15.

Para las líneas del 200 en adelante que circulen dentro del AMBA y en los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada el boleto mínimo comenzará en $650.

-0 a 3 kilómetros: $658,44.

-3 a 6 kilómetros: $733,5.

-6 a 12 kilómetros: $790.

-12 a 27 kilómetros: $846,57.

-más de 27 kilómetros: $902,73.

Subte y autopistas en CABA: el costo del viaje en subte se va a $1.206. En cuanto a los peajes, en hora pico costarán $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la autopista Illia.

Servicios públicos

Las facturas de electricidad y gas seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. Los incrementos para diciembre quedaron establecidos por una serie de resoluciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas).

Las facturas eléctricas recibirán un aumento del 3,6% para Edenor y del 3,53% para Edesur con relación a los precios pagados en noviembre.

El impacto final en las boletas dependerá de la categoría de cada usuario. Los de Nivel 1 pagarán la tarifa plena, mientras que Nivel 2 y Nivel 3 mantendrán bonificaciones pero atados a los rangos de consumo.

En ese sentido, el Gobierno presentó el nuevo esquema de subsidios focalizados en hogares vulnerables, en el marco del período de transición hacia subsidios focalizados, y dispuso la consulta pública en donde será sometido el nuevo diseño.

Dejarán de existir los niveles N1, N2 y N3 y pasarán a estar ubicados en dos grandes grupos: hogares con subsidios y hogares sin subsidios. Se espera implementar este nuevo esquema a partir del 2026.

Alquileres

Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres tendrán que afrontar un incremento del 28,67% para el último mes del año. De esta manera, se consolida la desaceleración en el incremento de los alquileres. (NA).

El Gobierno Nacional dispuso que, a partir de estos momentos, los excedentes de los aportes que los trabajadores realizan para su cobertura de salud pasarán a reducir el monto de las cuotas mensuales. La medida se oficializó a partir de la derogación de un artículo de la Resolución 2400/2023 de la Superintendencia de Salud.

Dicha normativa, que fue firmada por la gestión anterior, permitía que las empresas de medicina prepaga absorbieran esos fondos sin que impactaran en el servicio.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que "durante casi dos años, las prepagas se beneficiaron con miles de millones de pesos que correspondían a los afiliados". Según manifestó el funcionario, el artículo derogado "fue un favor que le hizo la gestión anterior a las prepagas a cambio de congelar la cuota en septiembre, octubre y noviembre de 2023, en plena campaña electoral".

"Ahora los excedentes serán de los trabajadores y no más de las prepagas", sentenció Adorni en su conferencia de prensa.

En la misma línea, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, detalló en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter) el mecanismo que quedará sin efecto. "Si un trabajador aportaba $120 y su plan cotizaba a $100, la diferencia se la quedaba la prepaga. Ahora, esos fondos vuelven a sus dueños", explicó.

Lugones, quien calificó a la norma derogada como un "privilegio" y como un "artículo oculto", agregó que a partir de ahora cada factura deberá detallar "de forma clara el subsidio automático que recibe cada afiliado, aplicado como descuento en la cuota".

"Durante casi dos años, 1.800.000 personas vieron cómo se les retuvieron miles de millones de pesos. Esa apropiación se termina", concluyó firmemente el ministro de Salud.

Hace poco más de una semana salía a la luz la historia de María Belén Di Santoro y su lucha por conseguir la aprobación de un oneroso tratamiento oncológico. La paciente lidia desde hace casi 15 años con la enfermedad y, en la búsqueda de una solución, su equipo médico recetó tres drogas necesarias para continuar con la vida de Di Santoro.

Luego de un tire y afloje con la prepaga, que incluso tuvo un cambio de escenarios durante la jornada del jueves, logró recibir las drogas necesarias para llevar adelante el tan necesitado tratamiento.

A la hora de ir a buscar en la mañana del jueves la droga a Plan Salud se encontró con una noticia inesperada. La obra social le ofreció solamente una de las tres drogas necesarias para completar el tratamiento excusándose en un anexo agregado por el doctor Walter Ponce a la historia clínica. Di Santoro, entre tristeza y bronca, decidió no aceptar ese medicamento y continuar por la vía legal mediante un recurso de amparo.

“He llorado un montón toda la mañana. La abogada ya le dio curso al amparo. Está en el Juzgado Federal 2 de Azul en carácter de urgente”, contó Di Santoro a El Eco de Tandil y luego aseguró que se esperan novedades entre hoy y el próximo lunes respecto a esa presentación.

No obstante, la historia tuvo otro giro con el correr las horas. “Me fui re mal y desde la obra social se comunicaron con el centro oncológico. Habrán hablado con mi médico, supongo, y mandaron la medicación que tenían que mandar”, narró la paciente que también señaló que esta novedad nada cambia en la presentación realizada por su abogada.

“El amparo sigue porque yo necesito la continuidad del tratamiento y no pasar por esta angustiante situación. Si no lo hago legal y público, va a seguir pasando”, afirmó. Días atrás, Di Santoro había comentado a este medio que no se sabe cuánto puede durar el tratamiento. Con la llegada de esta droga, tiene para un mes pero tienen que asegurarse la atención si los médicos deciden continuar con la misma medicina, la cual tiene un valor cercano a los 10 millones de pesos.

La jornada arrancó torcida para Di Santoro, quien se presentó en la mañana del jueves en la sede de Plan Salud, en Maipú al 300, para ir a buscar sus tres drogas necesarias para el tratamiento. En ese entonces se encontró con que desde la prepaga solamente le entregaban una. 

“Necesito las tres, con una sola estoy ahora. Necesito mis tres medicaciones y si ahora estoy con una sola es porque me lo recetó mi oncólogo para contener todo esto que está avanzando. No me la quisieron dar, me fui sin ninguna medicación”, relató.

Ya el miércoles, primer día indicado para retirar las dosis, no había podido realizarlo debido a que había existido un problema con el transportista y ayer, cuando se encontró con este contratiempo, tuvo enojo y tristeza al mismo tiempo porque los médicos fueron claros: “Necesito las tres drogas porque estoy con riesgo de vida”.

Di Santoro pudo hablar con la gerente de Plan Salud pero la experiencia no fue buena: “No me atendió bien, simplemente me dijo que se guiaban por ese último anexo que habían hecho los médicos a mi historia clínica, que no era un pedido de medicación, sino que era lo que estaba tomando actualmente mientras esperaba que llegue la medicación, por eso había una sola droga”. 

La charla no finalizó en los mejores términos lo que despertó mayor indignación en la paciente quien aseguró sentirse “burlada, estafada y vulnerada” y describió que todas estas situaciones no le hacen bien a las personas que transitan estas enfermedades por esa razón el médico la tuvo que revisar en horas de la tarde porque “estaba muy nerviosa”. 

La historia tuvo un desenlace feliz cuando cerca de las cinco de la tarde le llegó la comunicación de que el Centro oncológico había recibido la droga para su tratamiento. Ahora Di Santoro espera una serie de análisis de laboratorio que se realizará en la jornada de hoy y luego comenzará con el procedimiento de aplicación de estas drogas.

“Tengo mucha indignación de tener que lidiar con un cáncer, pero creo que es más cáncer tener que lidiar con la obra social, la burocracia de ellos es el cáncer más fuerte que he enfrentado hasta ahora”, concluyó, justificando la continuidad del amparo legal. 

La idea es que los aumentos ya no podrán ser generalizados para todos los afiliados de una misma compañía, sino que se deberá discriminar por planes. Para los adultos mayores, no podrán superar el triple del valor que se les cobre a los más jóvenes.

Las cuotas de la medicina prepaga fueron las que más subieron en 2024, muy por encima de la inflación, por lo que el Gobierno busca ponerle un tope a esos ajustes que causaron estragos en los presupuestos de los sectores medios y los jubilados.

Tras el dato de inflación de enero, que marcó una desaceleración al 2,2%, en la administración libertaria buscan como evitar que las empresas de medicina privada sigan remarcando sin cesar.

Según trascendió, el Gobierno analiza un decreto que limitará hacia adelante los aumentos de las empresas de medicina prepaga.

Para justificar los índices de ajuste, los representantes del sector de las prepagas argumentan que el costo de la salud es más alto que el promedio de precios.

Al menos cinco grandes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a enero, con un máximo del 4%.

El Gobierno anunció a mediados de diciembre último la imputación por supuesta cartelización a las empresas de medicina prepaga. Se trata de las firmas Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También fue imputada la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt.

Desde la Secretaría de Industria y Comercio detallaron que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fijará un plazo que no podrá ser mayor a 90 días hábiles para que se produzca la prueba concedida, pero de ser necesario se podrá presentar una prórroga por 90 días hábiles más. Una vez concluido este período, las partes imputadas tendrán seis días hábiles para presentar sus alegatos.

Asimismo, la cartera que conduce Pablo Lavigne precisó que “el artículo 2 de la Ley de Cartelización clasifica a los cárteles de núcleo duro como prácticas absolutamente restrictivas de la competencia, los cuales consisten en el acuerdo entre dos o más competidores para fijar precios, restringir la oferta, repartirse el mercado o coordinar posturas en licitaciones, concursos o subastas”.

Las cuotas de la medicina prepaga fueron las que más subieron en el 2024, muy por encima de la inflación, por lo que el Gobierno busca ponerle un tope a esos ajustes, que causaron estragos en los presupuestos de los sectores medios y los jubilados.

El año pasado, las prepagas subieron sus cuotas un 124 por ciento, apenas por debajo del costo de vida, que fue del 127,8.

Tras el dato de inflación de enero, que marcó una desaceleración al 2,2 por ciento, en la administración libertaria buscan cómo evitar que las empresas de medicina privada sigan remarcando sin cesar.

Lo curioso es que fue el propio Gobierno de Javier Milei el que le dio vía libre a los aumentos del sector financiador de servicios de salud a poco de asumir, cuando liberó sus precios.

Según trascendió, el Gobierno analiza un decreto que limitará hacia adelante los aumentos de las empresas de medicina prepaga.

La idea es que los aumentos ya no podrán ser generalizados para todos los afiliados de una misma compañía, sino que se deberá discriminar por planes.

Para los adultos mayores, no podrán superar el triple del valor que se les cobre a los más jóvenes.

Las prepagas anunciaron subas en enero de entre 3 y 3,9 por ciento según el plan, es decir casi el doble del IPC general.

Para justificar los índices de ajuste, los representantes del sector de las prepagas argumentan que el costo de la salud es más alto que el promedio de precios.

Al menos cinco grandes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a enero, con un máximo del 4 por ciento.

El Gobierno anunció a mediados de diciembre último la imputación por supuesta cartelización a las empresas de medicina prepaga. Se trata de las firmas Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También fue imputada la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt.

Desde la Secretaría de Industria y Comercio detallaron que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fijará un plazo que no podrá ser mayor a 90 días hábiles para que se produzca la prueba concedida, pero de ser necesario se podrá presentar una prórroga por 90 días hábiles más.

Una vez concluido este período, las partes imputadas tendrán seis días hábiles para presentar sus alegatos (NA).

Esta semana se dio a conocer la historia de María Belén Di Santoro, una vecina tandilense que transita un cuadro oncológico con la necesidad de afrontar un tratamiento muy costoso. El problema surgió a partir de que su obra social, Plan Salud de la Clínica Chacabuco, puso un sinfín de trabas a la hora de autorizar el medicamento solicitado el pasado 26 de diciembre.

El pedido de la droga por parte de su médico, el Dr. Walter Ponce, se generó a partir de una metástasis cutánea que surgió como recaída de un cáncer de mamas que Di Santoro había tenido hace casi cuatro años atrás. El equipo médico, a quien ella definió que la “mantiene con vida desde 2009”, indicó este tratamiento para atacar esta recaída con celeridad.

De acuerdo a lo que contó Di Santoro, desde la prepaga le solicitaron la realización de un montón de análisis y estudios antes de aprobar el tratamiento, el cual tiene un valor cercano a los 9 millones de pesos. Muchos de esos estudios solicitados por la obra social ya se encontraban en la historia clínica de la paciente, incluso llegaron a pedirle un test de embarazo por sangre a sabiendas que Di Santoro no tiene útero. 

Con una situación angustiante, donde llegó a creer que estaban esperando el peor desenlace para ahorrarse el tratamiento, finalmente en la tarde de ayer recibió la noticia más esperada. “Cerca de las 4 de la tarde me llega la notificación de la obra social vía mail y whatsapp de que me iban a dar la medicación por más que en teoría ellos no estaban de acuerdo con una de las drogas”, contó a El Eco de Tandil entre alegría y emoción.

En la mañana de ayer, la abogada de Di Santoro había presentado el recurso de amparo que se había anticipado para que la prepaga cumpla con lo que indica la Ley sobre los medicamentos oncológicos. Finalmente la resolución de la obra social de la Clínica Chacabuco llegó antes de dar recorrido al amparo. 

“Sociedad Italiana, sabiendo que esto era inminente, intercedió antes, me mandó un mensaje por mail. Ellos no estaban de acuerdo de una medicación que yo ya la he tomado anteriormente porque decían que era muy tóxica o podía tener consecuencias negativas para mí. Eso obviamente lo evalúan mis médicos, no una auditoría de la obra social”, confirmó la paciente.

Di Santoro había contado en diálogo con El Eco Multimedios que muchos vecinos de Tandil le habían propuesto hacer una colecta para afrontar el gasto de los medicamentos si es que la obra social continuaba dilatando su aprobación. 

La idea fue descartada por la paciente debido a que cada dosis tenía un valor cercano a los 9 millones y entonces no podía estar pidiéndole a la sociedad todos los meses juntar esa cantidad de dinero. 

A pesar de su postura, la propuesta de hacer distintas movidas, como bingos, rifas y demás, le llegaron a sus oídos constantemente. Di Santoro confiaba en que el recurso de amparo iba a destrabar esta situación pero en caso de que así no sucediera apareció un tercero como plan B. 

“Hubo alguien que se había puesto al hombro el pedido de mi medicación, con quien estuve reunida y obviamente ahora que se encargó la Obras Social no lo va a pedir, pero ya había averiguado todo. Fue el señor Raúl Escudero, de Farmacias Amemt, él me iba a pedir la medicación para que yo iniciara el tratamiento”, contó. 

Luego agregó: “Él quería que yo luchara por mi vida a pesar de todas estas trabas. Él sabía que de alguna forma u otra la íbamos a pagar, pero no le preocupaba eso, a él lo que le preocupaba era que yo tuviera mi medicación. De hecho cuando estuvimos reunidos, iba a pedir la medicación y me dijo que el lunes a más tardar el martes ya estaba acá. Hablé con mis médicos delante de él para que ya supieran que se iba a iniciar el tratamiento”.

Una vez solucionado el conflicto, Di Santoro contó que habló con Escudero para informarle que la situación se había encaminado y que, en teoría, la próxima semana el medicamento ya iba a estar disponible para que lo retire desde la obra social ubicada en calle Maipú.

Ahora la paciente afrontará el tratamiento indicado por sus médicos con la esperanza de encontrar la solución a su cuadro. “No está preestablecido que sean dos, tres o cinco ciclos. Los médicos van viendo, cuando se termina un ciclo se hacen análisis, ven si estoy apta para el segundo o si necesito algo de descanso. Se hacen imágenes, tomografías para ver cómo va evolucionando la enfermedad. La finalización la ven los médicos”, concluyó. 

Una vecina tandilense se encuentra en un litigio con la obra social Plan Salud de la Clínica Chacabuco para afrontar los gastos de un costoso tratamiento oncológico. María Belén Di Santoro tuvo cáncer de mamas hace cuatro años, el cual se fue controlando con cirugías y distintos tratamientos, pero tuvo una recaída en los últimos meses. Ante el pedido de nueva medicación, la prepaga retrasa la aprobación del tratamiento.

En diciembre del año pasado tuvo una metástasis cutánea que obligó a su doctor, Walter Ponce, a elaborar un pedido de medicación para el tratamiento. Se realizó la presentación a fin de que vaya a auditoría y le entreguen la medicación lo antes posible porque “sabemos que no tenemos mucha espera”. 

“Desde el 26 de diciembre que estoy esperando respuestas de mi medicación, obviamente el cuadro se me complicó. El día viernes me tuvieron que operar del pulmón, se me había infiltrado y tenía líquido. Gracias a dios pude salir bien de esa cirugía”, describió acerca de su presente Di Santoro que a su vez mostró cierta sospecha de que la operación a la que se sometió fue por consecuencias de esta dilatación en la aprobación de su tratamiento.  

A la hora de explicar el porqué de la demora, la paciente describió que desde la obra social le solicitan la realización de muchos estudios, los cuales ya están presentes en la historia clínica.

“Mi indignación viene porque yo sigo esperando mi medicación, la cual tiene un costo elevadísimo. Estoy pagando casi 170 mil pesos por mes de obra social, la tengo al día. Querían que fuera al hematólogo a hacer un estudio que lo piden médicos auditores de Buenos Aires. Me negué porque tengo reposo por la cirugía. Están dilatando el proceso de la entrega de medicación, entiendo que es costoso pero la Ley me ampara, ellos me tienen que proveer esta medicación”, aseguró. 

En su relato, María Belén contó que le tocó atravesar una situación de crueldad cuando le solicitaron un test de embarazo por sangre a sabiendas que está operada y no tiene útero. 

“Lo tomé como una burla. Ese estudio me lo pidieron el 16 de enero. Me siguen sometiendo y siguen dilatando esto, yo lo que les llegué a decir es que están esperando que yo me muera para no costear mi tratamiento oncológico”, afirmó.

En estos momentos la paciente trata con dos cuestiones. Por un lado la enfermedad propiamente dicha, y todo lo que conlleva el tratamiento del cáncer, y por el otro la lucha con la burocracia de la prepaga. 

“Lo siento como un abandono de persona. Yo tengo que estar tranquila, hacer mi tratamiento, el cual me va a permitir tener una vida como la que llevo ahora, pero necesito esa medicación para que mi salud no empeore”, comentó Di Santoro. 

Intentando buscar respuestas, contó que quiso hablar con la gerente de la prepaga pero que nunca la atendió en persona y que “una vez tuve la oportunidad de verla y se retiró, pegó la vuelta y yo me quedé ahí mirando. Después la mandó a llamar a mi mamá cuando yo estaba internada, ni siquiera me quiere atender. Es una persona que, por lo que me dijo mi mamá, es contadora no es que es una médica”.

La denunciante siente la situación también como un cuestionamiento a su médico, de quien describió como un profesional que hace más de 15 años que la mantiene con vida y que siempre tomó todos los recaudos posibles para los distintos tratamientos que le tocó realizar. 

“No me pueden demorar un mes y medio. Si me vienen y me dicen que ya está hecho el pedido de medicación, listo, en unos días llega, pero ni siquiera me dicen que está aprobado. Me van pidiendo estudios nuevos para ir dilatando el tiempo, por eso la idea es difundir para que lo sepa toda la ciudad de Tandil y ver si podemos destrabar esto”, concluyó al respecto.

Esta situación se da a conocer en el Día mundial contra el cáncer y María Belén es un ejemplo de esa lucha. Lleva más de 15 años transitando la enfermedad con las consecuencias físicas de todos los tratamientos pero con las fuerzas de seguir luchando por su vida. 

Su pedido es simplemente el cumplimiento de la Ley y que la prepaga acompañe en su tratamiento. “Le agradezco a la gente que está queriendo hacer una colecta pero yo les digo que esperen porque es un tratamiento extremadamente costoso. Sería aproximadamente entre 8 y 9 millones de pesos por mes”, contó.

Luego agregó: “Yo no puedo a la ciudad de Tandil decirle todos los meses que tengo que juntar 9 millones de pesos, no porque para eso pago una obra social y son ellos los que tienen que hacerse cargo”. 

Igualmente agradeció a toda la gente que se está movilizando en pos de que pueda conseguir el medicamento y realizar el tratamiento indicado para seguir viviendo. “Es lo que me está dando fuerza, me emociona y mucho”, cerró. 

A su vez explicó que su abogada va a presentar un recurso de amparo con la historia clínica del Centro oncológico en donde realiza su tratamiento. 

El gobierno de Javier Milei imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, por los aumentos que aplicaron por encima de la inflación, y apuntó sus críticas contra Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical Group.

“La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud (UAS) y a Claudio Belocopitt. A partir de ahora, las firmas del sector imputadas tienen 20 días hábiles para formular su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar las conductas imputadas”, anunció este jueves Manuel Adorni.

Las empresas alcanzadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, la confederación UAS, y Belocopitt, que en ese entonces ejercía el doble rol de presidente de esa entidad y de Swiss Medical.

El funcionario aclaró en conferencia de prensa que de comprobarse la presunta cartelización, el Gobierno podrá multar a las empresas de medicina prepaga con el 30% de su volumen de negocio o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.

En ese sentido, explicó que la medida surge a partir de una denuncia por cartelización que tenía por objetivo fijar precio entre los meses de diciembre 2023 y abril 2024. “En abril, el Ministerio de Economía intervino dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre, y dictaminó que los aumentos no podrán ubicarse por encima de la inflación”, detalló Adorni.

A partir del próximo lunes, 2 de diciembre, entrará en vigor el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), una medida que promete poner fin a la práctica de la triangulación de aportes entre obras sociales y prepagas.

Este sistema, instaurado en 1996 durante el gobierno de Carlos Menem, encareció los costos de la cobertura médica al obligar a los afiliados a derivar sus aportes a través de intermediarias que retenían un porcentaje en concepto de lo que llamaban “peaje”.

Con la implementación del RNAS, desde este lunes los afiliados podrán derivar sus aportes directamente a la obra social o prepaga de su elección, eliminando a los “intermediarios”. Entre los grandes cambios que este sistema supone, se enumeran:

Sistema simplificado: los trámites serán más ágiles, ya que no será necesario realizar el cambio a través de una tercera entidad.

Pero no es un sistema exento de riesgos. Es probable que estas entidades experimenten un aumento en la cantidad de afiliados, especialmente de aquellos con salarios más altos. Este incremento en la demanda podría presionar sus recursos y dificultar el financiamiento de las prestaciones obligatorias establecidas por el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Sin embargo, con la eliminación de esta práctica burocrática, el Gobierno busca devolver el control a los usuarios y garantizar un acceso más económico y eficiente a la salud. El desafío está en ver cómo evolucionará el sistema, ya que el fin de la triangulación representa un paso hacia un modelo más transparente, pero es materia pendiente conocer si logrará frenar el  elevado costo económico que viene escalando todo los meses en el sector de la cobertura médica privada en Argentina.

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, dio de baja a más de 50 empresas de medicina prepaga. La medida se justifica en que las compañías no respondieran a tiempo a solicitudes de presentar documentación, de acuerdo con la resolución 4309/2024 publicada en el Boletín Oficial.

A través de la resolución firmada por el titular de la Superintendencia, Gabriel Oriolo, se dio de baja la inscripción provisoria de 53 entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), tras reiterados incumplimientos en la presentación de documentación requerida por las normativas vigentes. De esta manera, ya son más de cien las que quedaron en esta situación.

La decisión está basada en la Ley N° 26.682, que regula el funcionamiento de las entidades de medicina prepaga. Establece condiciones como la presentación de balances, declaraciones juradas, tipificación de planes de cobertura y actualización de información prestacional y contable. Estas normativas tienen como objetivo garantizar la solvencia, calidad y transparencia de los servicios ofrecidos por las empresas del sector.

A partir de la resolución 1950/2021 se estableció un estricto protocolo para la tipificación de los servicios de salud que deben cumplir las entidades registradas. En este caso una “importante cantidad de entidades” incumplieron estos requisitos, pese a haber sido notificadas en reiteradas ocasiones a través de edictos publicados en el Boletín Oficial y la plataforma digital de trámites a distancia (TAD).

Después de anunciar que Swiss Medical inició el proceso para que los aportes de sus afiliados no triangulen con obras sociales y vayan directo a la empresa de salud, el ministro del área, Mario Lugones, se reunió con las principales prepagas del país para informarles el próximo paso del Gobierno.

Según confirmaron fuentes oficiales, “la semana que viene” se publicará una resolución que buscará que todas las prepagas se inscriban en el Registro de Agentes del Seguro de Salud. Ese es el listado en el que las compañías declaran que dejan de tener convenios con obras sociales o sindicatos que funcionan de intermediarios en el pago del servicio del afiliado.

Tal como detallaron, la resolución establecerá que “a partir del 1 de diciembre de 2024 todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social, deberán inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud (con encuadre en el inciso I) del artículo 1 de la Ley N 23.660″.

Según fuentes oficiales, de la reunión participaron representantes de OSDE, Medifé, Galeno, Swiss Medical, Medicus, Hospital Italiano y Hospital Aleman. “Hubo buena predisposición”, describieron.

Según cifras del Gobierno, el proceso de triangulación recauda mensualmente $8600 millones, dado que la intermediación puede costar entre un 3% y 7% según el caso.

¿Qué implica que los afiliados puedan dejar de triangular? Según explicaron fuentes oficiales, los fondos que perciben las prepagas ingresan primero en las obras sociales. En términos prácticos, un trabajador en relación de dependencia deriva parte de los aportes de su empleador a la obra social correspondiente de su rubro y luego ese dinero sigue su curso para pagar la prepaga. Entonces, sin triangulación, las obras sociales dejarían de percibir ese porcentaje. “Peaje de la salud”, en palabras de funcionarios del Gobierno.

Una fuente del sindicalismo relativizó el impacto que esto pueda tener en el universo gremial. “Son obras sociales chicas las que triangulan. Lo que quieren hacer ahora es que se les termine el chorro a esas”, definió. Además, opinó que las cuotas de las prepagas sin intermediación de las obras sociales pueden ser más caras ya que entre ambas partes existen convenios con precios acordados.

Según estimaciones oficiales, el 15% del sistema de salud argentino está compuesto por empresas de medicina privada. Esto significa que cerca de seis millones de personas tienen prepaga. De ellas, cinco millones acceden al servicio a través del pago de sus empleadores. Por lo tanto, dentro de este último grupo podría impactar la inscripción de compañías al listado de agentes de seguro de salud del Gobierno.

El comienzo de septiembre, como sucede en cada mes, trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.   

A pesar de la desaceleración de la variación de precios en los últimos meses y de la expectativa gubernamental de que dicho proceso se siga profundizando, los incrementos en diferentes sectores continúan presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En cuanto a los alquileres, los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regía al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 243,16% para septiembre.   

Esto aplica para los contratos firmados entre 2022 y 2023 bajo la ley 27.551. De este modo, un alquiler cuyo valor anual hasta agosto es de $100.000, en septiembre pasará a pagar $343.160 por los próximos 12 meses.

Los combustibles, por su parte, ya exhiben una nueva suba del 3% promedio a nivel nacional, aunque en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) el incremento trepó hasta cerca del 7% promedio debido a la determinación de las empresas de eliminar la brecha de los surtidores porteños con los del interior.   

El aumento en el noveno mes del año se debe al ajuste mensual del dólar, una nueva actualización en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y el impacto de la inflación en los costos del sector. De esta manera, los combustibles acumulan una suba del 85% en lo que va del año.

Las tarifas de electricidad y gas aumentan un 4% desde este mes en todo el país, según dispuso el Gobierno tras haber postergado las subas en los últimos meses. Con el aumento aplicado, los usuarios de altos ingresos (N1), industrias y comercios de todo el país, pagarán, en promedio, el 72% del costo del gas y el 90,5% de la electricidad. 

En tanto, los hogares de ingresos medios (N3) pagarán el 32% del valor del gas y el 40% de la generación eléctrica, mientras que los usuarios de bajos ingresos (N2), el 26% y 25%, respectivamente.

Los servicios de agua potable y cloacas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense prestados por Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA) se encarecen un 4,48% desde septiembre. El aumento se debe a la aplicación de la indexación mensual del costo del servicio acorde al avance de la inflación, dispuesta por el Ejecutivo Nacional.   

La boleta promedio para los usuarios del zonal bajo pasará de $16.155 en agosto a $16.878 en septiembre; para los de zonal medio la factura saltará de $20.104 a $21.005, mientras que los de zonal alto pasarán de abonar $22.137 a $23.129 de media.

En cuanto a las prepagas, los planes de salud tendrán una suba que rondará entre el 4,5% y el 5,8%, dependiendo de la empresa, ubicándose por segundo mes consecutivo por encima de la inflación previa, ya que en julio el IPC alcanzó el 4%.   

De esta manera, las firmas de medicina privada aplicarán un tercer aumento en los valores de sus planes tras quedar sin efecto la cautelar que impedía las subas por encima de la inflación y que dio vía libre para fijar la proporción de la actualización de precios de julio y agosto.

También las tarifas de los peajes de los corredores de jurisdicción nacional volverán a incrementarse en septiembre, como parte del sendero de subas mensuales trazado por el Gobierno hasta fin de año para los corredores de jurisdicción nacional, en línea con la inflación y el índice de salarios que publica el Indec.

Por su lado, las compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en septiembre, que rondan el 5%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable. (NA).

El comienzo de agosto, como sucede con cada mes, traerá aparejado la aplicación de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación del mes venidero y consecuentemente en el bolsillo de los argentinos.   

A pesar de la desaceleración de la variación de precios en los últimos meses y de la expectativa gubernamental de que dicho proceso se siga profundizando, los incrementos en diferentes sectores continúan presionando el IPC.   

El detalle de las subas que se vienen en agosto: 

Prepagas: Las cuotas de las prepagas tendrán en el octavo mes del año un ajuste que va entre el 4,9% y el 7,8% dependiendo de la empresa, por encima de la inflación de junio que se ubicó en 4,6%.   

De esta manera, las firmas de medicina privada aplicarán un segundo aumento en los valores de sus planes tras quedar sin efecto la cautelar que impedía las subas por encima de la inflación y que dio vía libre para fijar la proporción de la actualización de precios de julio, que rondó entre el 7% y 9%.   

Aumentos de las prepagas en agosto. 

Galeno: 7,8%. 

Omint: 6,9%.   

Avalian: 6,9%.   

Medicus: 4,96%.   

Swiss Medical: 4,90%. 

Accord Salud: 4,9%.   

Peajes: Las tarifas de los peajes de los corredores de jurisdicción nacional volverán a incrementarse en agosto, como parte del sendero de subas mensuales trazado por el Gobierno hasta fin de año para los corredores de jurisdicción nacional, en línea con la inflación y el índice de salarios que publica el Indec. El porcentaje de actualización se comunicará en los próximos días, a través del Boletín Oficial.   

Además, los peajes de las autopistas bonaerenses y las autovías hacia la Costa Atlántica también tendrán un aumento en agosto del 157% y 137%, respectivamente. El nuevo cuadro tarifario supera los $3.000 para los vehículos particulares en hora pico sentido a CABA. El alza incluye a la Autopista Buenos Aires-La Plata y las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74.   

Telefonía celular: Las compañías de telefonía celular aplicarán nuevos aumentos en agosto, que van entre un 5% y 6%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable.   

La desregulación que dejó sin efecto los topes del 10% a las subas de los servicios de telecomunicaciones se produjo a fines de junio y permite que las empresas tengan vía libre para estipular las actualizaciones en sus valores.   

Tarifas de agua: Las boletas del servicio de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) provisto por AySA, tendrán un incremento del 5,16% en agosto, sumando en lo que va del año un alza del 255%.   

La factura promedio sin impuestos pasará de $17.858 a $18.799; con impuestos de al menos 21%, la boleta mensual superará los $22.700. De todas maneras, las tarifas varían según la segmentación de los usuarios que aún reciben subsidios, según informó la Secretaría de Obras Públicas.   

Con respecto a las tarifas de luz y gas para el octavo mes del año, todavía no está definido que se aplique un nuevo ajuste, tras la postergación de las actualizaciones que estaban previstas realizar en julio.   

Naftas y gasoil: Los combustibles exhibirían otro aumento en el mes que está por comenzar, que rondaría entre el 2% y 3% a partir del ajuste mensual del dólar y el impacto de la inflación en los costos del sector.   

Asimismo, las estaciones de servicio deberán afrontar el pago de un aumento en los sueldos de los empleados, que se fijó en 7% para julio y un 3% en el octavo mes del año. Esto podría derivar en un incremento mayor en los valores que reflejarán los surtidores.   

Alquileres: Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regía al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 246,95% para el mes que viene.   

Esto aplica para los contratos firmados entre 2022 y 2023 bajo la ley 27.551. De este modo, un alquiler cuyo valor es de $200.000, pasará a valer en agosto $693.000, producto de la actualización. (NA).

El Gobierno de Javier Milei dispuso habilitar a las prepagas y obras sociales a fijar libremente los precios de los coseguros, que hasta el momento eran estipulados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), mediante la Resolución 1926/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Los coseguros, un plus de dinero que el paciente abona a la hora de utilizar distintas prestaciones de la llamada “atención ambulatoria”, afecta a las obras sociales nacionales y algunos clientes de prepagas, sobre todo a los de planes más básicos.

La normativa determinó dejar “sin efecto los aranceles vigentes en concepto de coseguros establecidos para las prestaciones médico-asistenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y sus normas complementarias, que no se encontraren exentas conforme el marco normativo vigente; los que podrán ser fijados libremente por parte de las entidades”.

El documento destacó que la decisión está vinculada “con el objetivo de garantizar una mayor competitividad y transparencia en el Subsistema de Salud, asegurando al mismo tiempo que los usuarios conozcan claramente qué servicios pueden requerir un costo adicional”.

De esta manera, los Agentes del Seguro de Salud y las entidades de medicina prepaga “podrán fijar libremente los valores de los coseguros de las distintas prestaciones médicas comprendidas”, lo que “permitirá más y mejor oferta para los beneficiarios”, según precisó el Ejecutivo. En ese sentido, puntualizó que la nueva normativa no incide en el sistema público y aseguró que “estos cambios impulsan la libre competencia”.  

Esta decisión, que no tiene vinculación directa con los llamados “bonos” o “copagos ilegales” que muchos profesionales de la salud e instituciones cobran, afectará a una población grande y en más de un tipo de prestación.

Esta nueva resolución afecta, por un lado, a unos 6 millones de afiliados a la medicina privada, que contrataron los planes más económicos con coseguros. Y por otro, impacta en unos 15 millones de personas con obras sociales nacionales que son las que están bajo el control de la Superintendencia.

La medida impacta en todas las prestaciones médicas menos las que ya estaban exceptuadas, que son las vinculadas a tratamientos oncológicos, discapacidad, plan materno infantil, y las previstas en las normativas para el tratamiento de Hepatitis, VIH y transmisibles, y de las comprendidas por el Sistema Nacional de Protección de Trasplantados.

Asimismo, la resolución dispone que los valores de los coseguros asociados a cada prestación médica deberán “ser debida y fehacientemente informados a los beneficiarios con 30 días de antelación y, además, serán publicados en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud”.

La Federación Médica de Buenos Aires (FEMEBA) confirmó que los más de 11mil médicos que representa en toda la provincia no atienden a los afiliados de Avalian por una rescisión “unilateral” del contrato que realizó la prepaga.

Mediante un comunicado, Femeba aclaró la situación de Avalian ante “las reiteradas consultas” que recibió por parte de los afiliados a esa prepaga.

“FEMEBA informa que lamenta enormemente las dificultades en las prestaciones médicas que están sufriendo sus asociados debido a la decisión unilateral de AVALIAN de rescindir el convenio que nos vinculaba”, indicó la Federación.

Femeba agregó que “los más de 11.000 médicos que representamos, en toda la provincia de Buenos Aires, están dispuestos a retomar inmediatamente la atención, con las condiciones necesarias para reestablecer nuestra relación contractual”.

Finalmente, la Federación agregó que “atendemos a nuestros pacientes de ACA SALUD y después AVALIAN, hace más de 30 años, queremos que ellos puedan seguir eligiendo a sus médicos”. 

Las 41 empresas de medicina prepaga ofrecieron devolver lo cobrado de más a sus afiliados en un plazo de 12 cuotas durante la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°3 a cargo del juez Juan Rafael Stinco.

De esta manera se devolvería a los afiliados un monto equivalente al 24% de la cuota de julio, en el plazo de un año. Los importes para reintegrar, según la iniciativa, tendrían una actualización de acuerdo con el índice de costos de la salud.

Además, las empresas habrían propuesto que en el tercer trimestre del año los precios de los planes de salud se ajusten al 95% de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec del mes previo, para luego a partir de octubre liberar la tarifa como establecía el DNU 70/2024.

La secretaría de Industria y Comercio, y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), no estarían de acuerdo con esta forma de devolución y la negociación se empantana. 

Adicionalmente, las prepagas que atraviesan la denuncia por cartelización, estarían solicitando que la investigación que lleva a cabo la secretaria de Industria y Comercio mediante la oficina de Defensa de la Competencia quede inactiva.

El encuentro pautado para hoy fue hecho por el juez Stinco a pedido de varias entidades prepagas, luego de que el 3 de este mes el juez hiciera lugar a la medida cautelar solicitada por la Superintendencia contra 23 empresas a las que se las acusó de cartelización para la suba de cuotas a partir de enero.

Días atrás las autoridades del área de Salud pidieron la incorporaron a la causa otras 18 entidades, con lo cual son en total 41 las involucradas.

Además como no pueden juntarse las empresas por la causa de cartelización, cada una llegó al juzgado con diversas propuestas por lo que primero debieron ponerse de acuerdo para hacer una propuesta íntegra para todos.

En su fallo, el magistrado dispuso que las prepagas deben hacer un recálculo de las cuotas para que, en lugar de los que fueron cobrados, los importes vayan siguiendo la variación del IPC con dos meses de retraso (por ejemplo, las cuotas correspondientes a enero deben contemplar la inflación de noviembre; las de febrero, la inflación acumulada entre noviembre y diciembre, y así sucesivamente).

Además, estableció originalmente que en un plazo de cinco días cada entidad debía plantear ante el Juzgado un plan concreto para la devolución de los montos cobrados en exceso del nuevo criterio.  Ante este segundo mandato, varias entidades presentaron un pedido de prórroga y de convocatoria a una audiencia para hacer oír sus argumentos, una solicitud a la que se accedió y esta ocurriendo.