Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales representados en la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) anunciaron un paro que afectará la apertura de las casas de altos estudios, en los próximos dos meses. El cronograma plantea cese total de tareas los días 16 de marzo, 31 de marzo, 8 de abril, 17 de abril y 23 de abril.

La decisión se tomó en el marco de un nuevo encuentro del Consejo Directivo de la Federación, que contó con la participación de 55 representantes de todas las asociaciones adheridas a la organización y en el que se "se trató la delicada situación social, económica y política de las trabajadoras y trabajadores nodocentes y el contexto de las universidades nacionales".

En el encuentro, según precisaron, se realizó "un exhaustivo análisis de las acciones políticas, judiciales y gremiales en relación a la defensa de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, rechazando cualquier tipo de modificación a la misma".

En esa línea, se definió el paro de cinco días, el estado de emergencia permanente y se resolvió continuar las acciones judiciales para lograr la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y "r ealizar las gestiones pertinentes con los legisladores nacionales con el fin de lograr la no sanción del proyecto de modificación de la citada Ley 27.795".

El conflicto laboral menos pensado se desencadenó a días del clásico ante Estudiantes y horas antes de la asunción del nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima. El plantel profesional suspendió este jueves sus entrenamientos reclamando hasta “cuatro meses” de atraso en el pago de sus salarios.

El mensaje se distribuyó a través de un comunicado publicado en las redes sociales de los jugadores donde hablaron de “promesas incumplidas”. Tras suspender el entrenamiento, los integrantes de plantel se limitaron a hacer trabajos en el gimnasio.

Los futbolistas con los sueldos más altos son los que más atrasados están, pese a que en los últimos meses se acordó pagar las deudas en cuotas y de manera escalonada.

No es la primera vez que el plantel “tripero” lleva adelante un paro por falta de pago; en noviembre habían tomado la misma medida dos veces, en semanas consecutivas, tras salvarse del descenso y mientras se jugaba la clasificación a los playoffs.

"El plantel permanece unido, en permanente diálogo interno y abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto, esperando que la dirigencia actúe con la responsabilidad y seriedad que la institución merece", cerró el comunicado conocido pocas horas antes la asunción de Carlos Anacleto, el flamante presidente de la entidad.

Mientras tanto, la ciudad de La Plata espera con ansiedad el clásico del próximo lunes 8, cuando Gimnasia recibirá a Estudiantes, en una de las semifinales de la Copa de la Liga.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que el paro de empleados públicos de este miércoles “tiene más 90% de acatamiento”, mientras que el Gobierno nacional confirmó que le descontará el día a quienes adhirieron a la medida.

“En los últimos 23 meses los sueldos del sector público han sido destruidos. En pos del superávit fiscal, decenas de miles de estatales han sido expulsados por debajo de la línea de pobreza”, señaló Aguiar, y destacó que si para frenar la reforma laboral tienen que salir a las rutas en Navidad o Año Nuevo lo harán.

“A nosotros no nos mandan los funcionarios, nos mandan los trabajadores y hoy empezamos una ofensiva contra la reforma que no se va a detener hasta que sean garantizados todos nuestros derechos”, agregó en redes sociales el dirigente, quien dijo que el descuento con el que avanzará el Gobierno por el paro “es una amenaza ilegal” para desalentar la medida de fuerza.

Esta no es la primera vez que la Casa Rosada decide no pagarles a los trabajadores del sindicato verde que reclaman contra Javier Milei. En la representación de los empleados públicos, ATE es el gremio más combativo contra la gestión nacional, a diferencia de UPCN que suele tener una posición más acuerdista.

Además, la protesta se realiza horas después que el Gobierno nacional presentara una denuncia penal contra Aguiar por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática, en el marco de la pretendida reforma laboral que impulsa la gestión libertaria.

Docentes de la provincia de Buenos Aires pararán este martes 14 de octubre en el marco de una protesta que a nivel nacional impulsa la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para reclamar al Gobierno de Javier Milei mejores condiciones laborales.

Bajo el lema “La Escuela Enseña y Construye Esperanza”, los gremios le dan continuidad a un plan de lucha que comenzaron la semana pasada con clases públicas, radios abiertas y actividades espacios públicos de todo el país.

En tanto, este martes habrá una Marcha Federal Educativa con paro de 24 horas que, en la provincia de Buenos Aires, incluye a todos los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense, que integran Suteba, FEB, Amet (técnicos), Sadop (colegios privados) y Udocba.

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, Ctera reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal. Porque defender la educación pública es defender la Patria”, señaló la entidad gremial en un comunicado.

El paro convocado por Ctera es de alcance nacional, por lo que se espera que el impacto sea muy fuerte en la mayoría de las escuelas del país. Las instituciones educativas permanecerán cerradas y no se dictarán actividades durante toda la jornada, salvo en algunas instituciones privadas.

En el caso de Tandil, la secretaria general de la sede local de Suteba, Estela Sinópoli, aseguró en diálogo con El Eco Multimedios, que "la idea es hacerle saber al gobierno nacional y al Congreso de la Nación que la escuela pública no puede seguir esperando, que la educación pública debe sostenerse, debe sostenerla el Estado, que los fondos deben aparecer y dejemos de gastar plata en cosas que no son necesarias, como ya hemos visto todos esto este último tiempo”, manifestó.

La medida de fuerza formará parte de lajornada nacional de paro docente, y los sindicatos proyectan llevar a cabo una marcha federal con impacto en las diferentes provincias. En paralelo, los docentes tandilenses definen si acoplarse a dicha manifestación o realizar una medida a nivel distrital. Desde ya, desde Suteba afirmaron que la convocatoria será grande. 

El plan de lucha cerrará con un paro nacional y una movilización en todo el país, donde los docentes reclamarán:

El paro dispuesto por los Controladores Aéreos nucleados en por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) ya se hace sentir en los aeropuertos de todo el país con la reprogramación de los vuelos dispuestas por las compañías aéreas.

La protesta responde al fracaso de las negociaciones salariales con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y marca el inicio de un plan de acción escalonado que se desplegará a lo largo de los próximos días de agosto.

El Gobierno Nacional rechazó las medidas de fuerza anunciadas por ATEPSA, aduciendo que “afectan un servicio esencial garantizado por ley y las operaciones del sistema aeronáutico”, según señalaron esta mañana fuentes de EANA.

“Tras la finalización de la última conciliación obligatoria, EANA participó en las últimas semanas de 17 audiencias junto a los demás actores intervinientes en estas instancias de negociación, en las que fue imposible alcanzar algún tipo de acuerdo con el gremio ATEPSA debido a su postura intransigente”, indicaron las fuentes.

Y añadieron que, ante esta situación, “el gremio ratificó la aplicación del cronograma de paro que se extiende durante 5 días, desde el viernes 22 hasta el sábado 30 de agosto, en distintas franjas horarias de 3 horas cada una, llegando a un total de afectación de 6 horas diarias”, pese a “las observaciones de la ANAC sobre las medidas de fuerza planteadas por no cumplir con la reglamentación vigente para estos casos”.

Apuntaron también las fuentes que “la justicia rechazó oportunamente la cautelar presentada por el gremio ATEPSA, en relación a la reglamentación emitida por la ANAC sobre la prestación de los Servicios de Navegación Aérea (servicio esencial) ante la aplicación de medidas de fuerza”.

Desde esta mañana, Atepsa ejecuta las acciones definidas en su cronograma. Según el sindicato, las medidas afectan exclusivamente los despegues, ya que los controladores:

Los arribos, en cambio, no están alcanzados por la protesta, lo que mitiga parcialmente el impacto, aunque se espera que las demoras y reprogramaciones se acumulen durante la jornada.

El gremio detalló un esquema de cinco jornadas de restricciones que se aplicarán en distintos tramos horarios:

Las restricciones no alcanzan a vuelos en emergencia, ni a aeronaves afectadas a servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento, según aclaró el gremio.

El enfrentamiento gremial escaló luego de que, en julio pasado, el Gobierno dictara la conciliación obligatoria para evitar paros durante las vacaciones de invierno. Sin embargo, la extensión del proceso no logró destrabar la negociación.

El Ministerio de Trabajo ofreció una pauta de incremento salarial cercana al 1% mensual, en línea con lo acordado para el resto del sector público. La propuesta fue considerada insuficiente por Atepsa, que reclamó una “recomposición decente” para suspender el plan de lucha.

Argentina moviliza actualmente más de 200 mil pasajeros semanales en vuelos de cabotaje e internacionales. El plan de lucha amenaza con generar demoras acumuladas, cancelaciones puntuales y reprogramaciones masivas durante agosto, afectando a aerolíneas nacionales y extranjeras.

Desde EANA remarcaron que continúan las instancias de diálogo y que, en caso de persistir el conflicto, las compañías aéreas deberán reorganizar sus operaciones para minimizar el perjuicio a los pasajeros.

Los controladores aéreos confirmaron este martes una serie de paros que comenzará este viernes y se prolongará hasta el sábado 30 de agosto, afectando la actividad en los diferentes aeropuertos de la Argentina.

La medida fue anunciada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), después de no llegar a un acuerdo de aumento salarial con las cámaras y con el Gobierno nacional.

Es el mismo gremio que había anticipado medidas de fuerza en las vacaciones de invierno, aunque luego se dictó la conciliación obligatoria y quedaron desactivadas.

De acuerdo al cronograma, ATEPSA hará paro este viernes 22 de agosto en los “despegues de toda la aviación”, entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22. El domingo 24 habrá medidas en las mismas franjas horarias.

La agenda seguirá el martes 26, entre las 7 y las 11 y las 14 y las 17. En tanto, el jueves 28 y el sábado 30 el paro será, otra vez, entre las 13 y las 16 y entre las 19 y las 22.

“Ya teníamos notificada, pero como somos servicio público esencial pasa por muchas cuestiones. Ahora sí queda confirmada“, le dijeron a Clarín desde ATEPSA.

El gremio de controladores aéreos afirma que el conflicto colectivo por mejoras salariales lleva más de diez meses sin respuesta. A comienzos de julio habían anticipado un cronograma de paros que iba a afectar los vuelos en pleno desarrollo de las vacaciones de invierno. Comenzaba el 11 de julio y terminaba el 30. Como ahora, sólo iba a afectar los despegues. Sin embargo, el dictado de la conciliación obligatoria abrió una nueva etapa de negociaciones, que termino sin una resolución. El gremio califica de insuficiente el ofrecimiento de las cámaras y reclama un aumento salarial del 45 por ciento.

“Habiéndose agotado los plazos establecidos en el Decreto 272/06, y habiendo nuestra organización actuado con responsabilidad institucional en cada una de las instancias administrativas y legales disponibles, informamos que continuaremos con el plan de lucha oportunamente presentado, en defensa de los derechos de los trabajadores y con el objetivo de alcanzar una justa y necesaria recomposición salarial”, indicó ATEPSA en un comunicado.

“La medida legítima de acción sindical sólo afecta despegues de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. No se recibirán ni se transmitirán planes de vuelo en los horarios publicados“, aclararon sobre el cronograma.

También remarcaron que habrá excepciones en el caso de aeronaves que “eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presenten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”.

El gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE), con presencia en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), convocó a una medida de fuerza de controladores terrestres con afectación operativa para el próximo jueves, en reclamo por el reciente despido de 150 trabajadores contratados, entre inspectores y empleados administrativos.

Según el sindicato, ya se habían producido unas 40 desvinculaciones a fines del año pasado, pero ahora se sumaron otras 150 tras el cambio de gestión en el organismo, que desde fines de mayo está a cargo de Óscar Villabona, luego de la salida de Julia Cordero.

“Pretenden, de un día para el otro, prescindir de sus servicios, sin medir las consecuencias operativas ni el impacto profundo que esto tiene sobre el funcionamiento del organismo y sobre la seguridad operacional”, señaló ATE ANAC en un comunicado.

Además, sostuvo que la política de ajuste contradice las recomendaciones de la auditoría de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), que marcó un faltante de personal.

“Esto afecta gravemente la imagen de la Argentina ante el mundo y, lo que es aún más grave, pone en riesgo la seguridad aérea, que debe ser una prioridad absoluta e indelegable”, agregaron.

Consultadas al respecto, fuentes de la ANAC indicaron que “se continúan revisando y dando de baja contratos que no resultan imprescindibles para el normal funcionamiento del organismo”. Según las cifras que manejan, desde la intervención en julio de 2024 se recortaron al menos 100 contratos.

“En relación con lo mencionado sobre OACI, no hay ninguna disposición específica que se haya contravenido. De hecho, en la última auditoría se alcanzó un 85,8% de cumplimiento sobre los estándares recomendados por el organismo, mejorando los indicadores en todas las áreas evaluadas respecto de 2022”, agregaron, y remarcaron que no hay afectación de la seguridad operacional.

La medida del jueves se realizaría entre las 6 y las 12 del mediodía, y comprendería el control en tierra de los aeropuertos, además de las áreas de atención médica ante una urgencia.

Según Aeropuertos Argentina, que tiene la concesión de la mayor parte de los aeropuertos del país, la medida de fuerza podría ocasionar demoras en los vuelos en la antesala del fin de semana largo por el Día de la Bandera.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) confirmó este lunes el fallo de primera instancia que suspende los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, impulsado por el presidente Javier Milei y que limitaba el derecho a huelga en el transporte, la educación y la salud, entre otras actividades.

Estos artículos, que ampliaban las actividades obligadas a mantener servicios durante un paro, fueron declarados inconstitucionales por la jueza de primera instancia de Capital Federal, Moira Fullana, y ahora por la Sala IV de la CNAT, que responde a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Fullana había hecho lugar a la medida cautelar pedida por el gremio, que consideró que el decreto firmado por Milei “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Convenio 87 de la OIT y nuestra Constitución”. De acuerdo a la resolución, la reforma del régimen legal de huelga no puede realizarse mediante un decreto de necesidad y urgencia, sino a través de una ley sancionada por el Congreso.

La Cámara, con las firmas de Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, al confirmar esta resolución, subrayó que el DNU excedía las facultades del Poder Ejecutivo y vulneraba el principio de libertad sindical.

El decreto en cuestión limitaba el derecho de huelga ampliando los servicios esenciales. Es decir, aumentó la cantidad de actividades que deberían garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en conflicto. “En lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare. En el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”, aducía el decreto.

Frente a esto, la CGT y también ATE habían solicitado la acción de amparo para que se decretara la invalidez constitucional de esos artículos, al argumentar que violan el principio republicano de división de poderes y el derecho y principio de libertad sindical. Además, pidió una medida cautelar de no innovar para suspender la aplicación de los artículos hasta la sentencia definitiva.

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) evaluó la situación salarial y presupuestaria de las universidades públicas y definió un plan de lucha, dado que el poder adquisitivo de los trabajadores del sector “sigue deteriorado severamente”. En esa línea, determinaron dos jornadas de 48 horas de paro, para la semana próxima y la siguiente, y acciones de visibilización del conflicto en todas las casas de altos estudios. A fin de mes, además, habrá una marcha federal en todas las universidades del país.

“Mientras el Gobierno no sólo mantiene cerrada la paritaria nacional universitaria, sino que ha anunciado que el sector público nacional no recibirá ningún aumento, se planteó la necesidad de profundizar el plan de lucha frente al brutal ajuste que lleva a cabo”, indicó el gremio en un comunicado.

En tanto, tras haber presentado un proyecto de recomposición presupuestaria en el Congreso nacional, subrayaron “la importancia” de continuar reclamando al Legislativo que “tome cartas en el asunto”, de acuerdo a “los términos planteados en el Proyecto elaborado por la representación sindical docente y no docente, el movimiento estudiantil y el Consejo Interuniversitario Nacional”.

Por consiguiente, la CONADU confirmó “la realización de un paro de 48 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo los días 11 y 12 de junio, y de otras 48 horas de paro la semana del 23 al 27 de junio”.

La última semana del mes se llevará a cabo una Marcha Nacional Universitaria con movilizaciones simultáneas en todo el país y se impulsará la realización de acciones locales de visibilización que resulten adecuadas en cada institución.

El Plenario contó con la participación de representantes de ADUFOR, SIDIUNT, ADUC, ADIUNMA, SIDIUNLAR, ADUNM, ADUNSE, SIDIU, ADUNOBA, ADAI, ADIUNGS, COAD, ADUM, ADIUC, ADULP, ADIUNQ, ADUNA, FEDUBA, ADULP, AFUDI, AGDU, ADUNSADA, SIDUNCU, UNTREF, ADOI, SUDHUR, ADUC.

La CGT repudió este miércoles el decreto del Gobierno que limita el derecho a huelga de algunas actividades que consideró esenciales y advirtió que “el movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sea en los Tribunales o los puestos de trabajo”.

El comunicado, difundido a través de la redes sociales de la entidad, anticipó además que la CGT no permanecerá “en silencio” frente a lo que consideró “una grave avanzada” contra el derecho a huelga.

A través de un decreto que busca regular el funcionamiento de la marina mercante, el Gobierno resolvió volver a la carga con su objetivo de limitar el derecho a huelga, un apuesta que la gestión de Javier Milei ya había intentado a través del DNU 70/23 -cuyo capítulo laboral fue frenado por la Justicia- y una serie de artículos que fueron excluidos de la Ley Bases sancionada por el Congreso.

Ahora, mediante el DNU 340/25 que lleva la firma de buena parte del Gabinete, el Ejecutivo resolvió ampliar las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.

Vecinos de diversos barrios de Tandil y organizaciones nucleadas en la UTEP convocan a una jornada de lucha este martes 20 de mayo en el marco de una movilización nacional. La concentración está prevista para las 10 horas en las puertas del Palacio Municipal.

La protesta tiene como objetivo expresar el rechazo a las medidas de vaciamiento y el cierre de la Fisu. Según los convocantes, estas políticas impactan directamente en Tandil, afectando a 10 barrios y a cientos de familias que “no van a poder acceder a vivir dignamente”. Atribuyen estas acciones a la "imposición del FMI que vuelve a gobernar y saquear nuestra patria", señalando que esto afecta la vida de “5 millones de argentinos que viven en los barrios populares”.

Asimismo, enfatizan la gravedad de la situación, al considerar que estas medidas buscan “borrar de un plumazo la política pública más importante en términos de justicia social e igualdad que ha existido en los barrios”.

Además de la concentración, los vecinos y organizaciones de la UTEP tienen previsto solicitar un pedido de Banca 21 en el Honorable Concejo Deliberante, para visibilizar la situación de los barrios de Tandil. Mediante esta instancia, solicitarán al Municipio que acompañe el reclamo elevando una nota al estado nacional con el objetivo de lograr que se “reactiven las obras paralizadas y empiecen las obras comprometidas con los fondos ya recaudados”.

Finalmente, extendieron la invitación a “todos y todas a defender el derecho a una vida digna en nuestros barrios”.

Trabajadores del Sindicato Único de los Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) llevaron a cabo una medida de fuerza en el Peaje de La Vasconia. Si bien concurrieron al lugar de trabajo, levantaron las barreras y permitieron el pase de los vehículos para visibilizar su preocupación por la posible privatización de la empresa estatal Corredores Viales, y en solidaridad con los 500 despedidos tras el fin de la concesión en la llamada “Ruta del Mercosur” que administraba la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa).

“En Tandil estamos con las barreras levantadas y los autos pasan libremente. No cortamos la ruta ni nada. Estamos haciendo un paro con barreras levantadas, pero con la gente trabajando, fichando y en el lugar de trabajo”, transmitieron trabajadores de la ciudad.

La medida se llevó a cabo en gran parte del país. Fue a mediados de febrero pasado cuando el gobierno nacional anunció la pretensión de avanzar con la privatización de Corredores Viales, la empresa estatal que administra las principales rutas argentinas. Los sindicatos que agrupan a los trabajadores de los peajes encendieron las alarmas, por la continuidad de sus puestos laborales ante una posible concesión. La preocupación en particular es por el mantenimiento de sus categorías y antigüedades.

“La empresa mandaría a licitación todos los peajes de Corredores Viales, pero el que agarra los corredores deja a la gente sin antigüedad. El Estado, que es quien actualmente tiene la empresa, no se quiere hacer cargo, de pagar la indemnización y nada por el estilo. Entonces, estamos en esa lucha. A nosotros no nos llegó nada, y puede haber esperanza de algo. Seguramente el sindicato lo va a pelear”, manifestaron trabajadores locales.

Si avanza la privatización, sumaron, impactaría en el conjunto de los corredores viales. “Acá sería a toda la 226, toda la Ruta 3, la 205, y la autopista que entra directo a Mar del Plata, la Autopista del Sur. Aparte tienen Santa Fe, y por otras zonas”, informaron. A nivel local, estimaron que son casi 40 los trabajadores afectados.

“Ahora se ficha en la entrada, y nos quedamos ahí sin cobrar peajes ni nada. Que la gente pase libremente”, indicaron sobre la medida de fuerza que si bien se desarrolló por tiempo indeterminado, los trabajadores se encontraban a la espera del avance de las negociaciones del sindicato a nivel nacional para determinar la continuidad de la misma.

La medida de fuerza se llevó a cabo también en solidaridad con los trabajadores desdepedidos de la mencionada empresa Crusa, que hasta la jornada del 9 de abril administró la llamada “Ruta del Mercosur”, el Corredor Vial 18 que conecta al país con Uruguay y Brasil.

Concesionada por décadas a través de la firma Caminos del Río Uruguay, el cese del contrato anunciado por un resolución de Vialidad Nacional supuso la desvinculación de 500 trabajadores.

Por tal motivo, Sutpa anunció el paro con la consigna “No sobra nadie”, exigiendo certeza sobre la continuidad de las fuentes laborales.

“Para los chicos de Crusa ya no hay solución. Hoy ya no fueron a trabajar, y todos los compañeros de todos los peajes estamos en apoyo a ellos”, señalaron trabajadores de la ciudad.

“Estamos preocupados primero por lo de Crusa. Por los muchachos de Concepción del Uruguay y de Zárate que directamente los dejaron sin trabajo. Por eso estamos en apoyo a ellos, levantando barreras. Pero también por lo de nosotros, porque después van a venir por nosotros también, por Corredores Viales. Ya se está hablando por la televisión, por todos lados, que Corredores Viales del Estado, no se quieren hacer cargo. Y que las concesiones nuevas que vienen quieren personal sin antigüedad, o quieren el peaje sin trabajadores y ponerlos ellos”, concluyeron.

En el mismo sentido, desde Sutpa habían manifestado su preocupación porque en un contexto de incertidumbre, los 500 trabajadores de la empresa Caminos del Río Uruguay “han sido abandonados a su suerte”.

El gobierno nacional convocó a negociar un aumento de salarios a los empleados estatales, apenas horas antes de que ATE, una de los dos centrales sindicales que los nuclean, inicie un paro de 36 horas, aunque al mismo tiempo les advirtió que descontará el día no trabajado a los trabajadores.

ATE confluirá con el paro general de la CGT que arranca este jueves a las 00 pero arrancó esta tarde su propia protesta, apenas después de que el gobierno lanzara el llamado a paritarias, una negoción en la que también intervendrá la otra gran central de trabajadores estatales, UPCN, que solo se pliega a la medida general y a la marcha de esta tarde.

Fuentes del gobierno nacional aseguraron  que descontarán los días de paro, tanto el de esta tarde como el de mañana, aunque esta vez no hicieron declaraciones públicas al respecto.  En mayo del año pasado, durante el último paro general de la central obrera, el vocero presidencial Manuel Adorni había anunciado una medida similar en conferencia de prensa y calificó a los gremialistas de “fundamentalistas del atraso”.

Respecto de las paritarias, desde que comenzó el año, la administración pública nacional solo tuvo aumentos de 1,5% y 1,2% en enero y febrero, mientras que la inflación en esos meses fue de 2,2% y 2,4% respectivamente.

Al respecto, el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que “el Gobierno mantuvo la negociación salarial en cuarto intermedio sin posibilidad de diálogo en marzo“.

Desde su cuenta de X, el dirigente gremial agregó: “¿En serio Milei decidiste convocar a paritarias casi de madrugada y en la previa del paro?“, apuntó. Y siguió: “Queda en evidencia que la medida de fuerza te quita el sueño. Es patético el accionar de tu Gobierno”. En la misma línea, el sindicalista apuntó que la gestión ultraderechista tuvo “todo el mes de marzo para retomar las negociaciones”, y la acusó de querer hacerlo “justo ahora frente al temor de la huelga“.

Desde ATE Tandil Juarez anunciaron su adhesión al paro nacional convocado por su Consejo Directivo Nacional para este jueves 27 de marzo. La medida de fuerza tiene como principales reclamos la renovación de todos los contratos y la reincorporación de las y los trabajadores despedidos. 

Asimismo, la organización sindical manifestó su rechazo a la privatización de empresas públicas y al desguace del Estado, así como a la destrucción de las políticas públicas.

En el marco de esta jornada de protesta, informaron que se movilizarán y participarán de una actividad en el ex Ministerio de Trabajo y Empleo de Tandil, ubicado en 9 de Julio 860, el jueves 27 de marzo entre las 10 y las 14 horas.

A su vez, en el lugar se dispondrá un microfono abierto para cualquiera que desee brindar una palabras. La convocatoria busca visibilizar las demandas del sector y expresar su oposición a las políticas gubernamentales de la gestión de Javier Milei.

El gobierno nacional despidió hoy a 15 empleados de la empresa estatal Intercargo, a los que acusó de “tomar de rehenes” a pasajeros de varias aerolíneas durante la protesta gremial de ayer en el Aeroparque Jorge Newbery.

“Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo”, anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, en sus redes sociales.

Caputo agregó que “en la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”.

Ayer, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) realizó asambleas en Aeroparque, en reclamo por el despido de un empleado el fin de semana, que derivaron en la cancelación de algunos vuelos y la reprogramación de otros.

Pero la acusación de Caputo -que también realizaron su par de Seguridad, Patricia Bullrich y el secretario de Transportes, Flavio Mogetta- sobre secuestrar pasajeros se debe a la supuesta imposibilidad de descender de los aviones a raíz de la medida de los trabajadores. Desde el gobierno dijeron incluso que algunos de esos pasajeros tuvieron “ataques de pánico” a raíz de esa situación. Desde el gremio, en tanto, lo negaron.

Hoy Mogetta insistió en esa postura: “El derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente. Los salvajes de APA ayer mantuvieron encerrados por más de 3hs en los aviones a más de 1500 pasajeros para exigir la reincorporación de un empleado de Intercargo que fue despedido por ocasionar demoras el sábado pasado”, dijo el funcionario.

“No solo no vamos a reincorporar a ese irresponsable, sino que hoy identificamos a 15 de los que provocaron la tortura que vivieron ayer los pasajeros y ya están despedidos. Se acabó la Argentina donde era gratis joder a la gente”, sentenció luego Mogetta.

Se cumple una semana de la toma al Rectorado de Unicen. Fueron días intensos donde los estudiantes, con el apoyo de gran parte de la comunidad educativa, hicieron visible su repudio a la políticas del gobierno nacional para con la educación pública, y que tuvo como desencadenante principal la ratificación al veto de la Ley de Financiamiento Universitario. 

Tras siete días con múltiples acciones de visibilización; como folleteadas, ruidazos, clases públicas, entre otras; este jueves se realizó una nueva asamblea interclaustros en la que se definió, como punto principal, el cese de la ocupación al edificio a partir del viernes, y la continuidad del plan de lucha, con actividades como las mencionadas en las distintas facultades. 

La decisión se tomó con la certeza de que la medida logró cumplir con sus objetivos principales, que eran instalar el tema en la cotidianeidad de la sociedad tandilense y ampliar de esta manera la discusión. A su vez, se mostraron conformes por el apoyo que tuvieron por parte de los vecinos, ya que muchos de ellos acercaron donaciones y expresaron su acompañamiento. 

El debate público en la esquina de Pinto y Chacabuco estuvo marcado por un interesante intercambio de opiniones con un grupo de alumnos de Veterinaria que se acercaron a plantear sus reparos sobre la medida de fuerza y fueron recibidos para discusión en buenos términos en las que ambas partes expusieron sus argumentos. 

Entre otra de las definiciones de relevancia, se decidió elevar al rector Marcelo Aba el pliego de reivindicaciones, tanto a nivel local como nacional, redactado por la comisión de comunicación de la toma, para que sea leído ante los integrantes del Consejo Superior en la reunión extraordinaria del próximo 23 de octubre, programada para discutir justamente esta situación en la que se encuentra la Unicen. 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará el próximo martes 29 a partir de las 12 un paro de 36 horas a nivel nacional que incluirá una movilización al ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.

“No nos bancamos más a este Gobierno. Tenemos que profundizar el plan de lucha. Los salarios de los estatales ya no alcanzan para garantizar una vida digna. Tenemos que frenar a Milei antes que termine de aniquilar el derecho constitucional a una retribución justa”, justificó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

De acuerdo a un comunicado que emitió ATE, la decisión de realizar un paro se tomó “luego de un extenso plenario” que definió la realización de la medida de fuerza a través de una votación “unánime”.

“El Gobierno miente, se abraza a la casta y pierde apoyo popular. Tenemos que seguir en la calle y debemos poner en evidencia a Sturzenegger. Este es un funcionario que durante meses actuó en las sombras y su maldad no tiene límites. Hasta ahora la sacó bastante barata. Nos vamos a movilizar al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado para rechazar el cierre de organismos y las irregularidades y excesos en la reglamentación de la Ley bases”, agregó el Secretario General de ATE.

El sindicato informó que en lo que va del año las paritarias se ubican un 34% debajo de la evolución de los precios, por lo que Aguiar evaluó: “El Gobierno pretende utilizar las paritarias de la Administración Pública para disciplinar al resto de los sectores. El último aumento otorgado es miserable. Por estos días, los estatales estamos sólo sobreviviendo. El número de empleados públicos por debajo de la línea de la pobreza es el más alto de las últimas décadas. Se deben reabrir de manera inmediata las negociaciones salariales”.

Con respecto al protocolo de seguridad que pueda desplegar la ministra Patricia Bullrich el día de la protesta, el dirigente indicó: “Esperamos no tener que sufrir la represión de las protestas ni que el Ministerio de Seguridad implemente procedimientos ilegales. La paz social no la tiene que garantizar ni la Policía ni la Justicia, la tienen que asegurar los Gobiernos con sus políticas”.

Además del conflicto salarial, ATE reclamará por el cese de los despidos en el sector público, contra el cierre de organismos y la reforma del Estado que impulsa el Gobierno, y no se descartan protestas sobre las rutas en distintos puntos del país. En la semana se convocarán a asambleas en todos los organismos que adhieran a la medida.

De acuerdo con datos difundidos por la Asociación, más del 75% de los estatales perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza ($964.620), siendo principalmente afectados los trabajadores provinciales y, aún más, los municipales, quienes en muchos casos perciben ingresos por debajo de la línea de indigencia.

El sindicato también definió un paro en las universidades para el jueves 17 y como escala previa, el sindicato participará de la movilización convocada por la CTA Autónoma para el miércoles 23 de octubre al Congreso para presentar la junta de firmas por la anulación del DNU 70/23.

La Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, emitió hoy un dictamen que vuelve a cambiar la interpretación sobre las auditorías en las universidades. El sistema de control sobre las casas de altos estudios incorporará nuevamente a la Sindicatura General de la Nación sin necesidad de un convenio específico con cada institución. Este nuevo criterio da por tierra con el implementado por Carlos Zannini, ex procurador del Tesoro, en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Antes de ese año, las universidades tenían mayor grado de control por parte de la SIGEN. Pero en noviembre de 2022, Zannini resolvió que a las universidades nacionales no se les debía aplicar el artículo 100 de la ley de Administración Financiera (cuyas disposiciones abarcan a toda la administración nacional, incluidos los entes públicos con autarquía financiera), con la justificación de un artículo incluido en el presupuesto de 2020.

El efecto de esta interpretación por parte de Zannini -encolumnado con Cristina Kirchner- resultó en que las universidades sólo podían ser auditadas cuando la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso lo dispusieran. Más tarde, en 2023 Jaime Perzyck, exministro de Educación, firmó un convenio con la SIGEN por el que comenzó un esquema optativo por parte de las casas de altos estudios, que podían solicitar una auditoría por parte del organismo.

La AGN depende del Congreso de la Nación y en la actualidad es presidida por Juan Manuel Olmos, ex vicejefe de Gabinete de la administración anterior.

El dictamen de Barra surgió a partir de un reingreso remitido por la Secretaría de Educación para que este organismo asesor “se expida nuevamente y en forma específica sobre los alcances de la aplicabilidad a las Universidades Nacionales del sistema de control interno que impone la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional”. El procurador del Tesoro retomó el antecedente de Zannini, pero avanzó en otra dirección.

La conclusión, conocida esta tarde, estableció: “En síntesis, a la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.

El presidente Javier Milei, en el acto del sábado en el flamante Palacio Libertad y esta mañana en una entrevista con LN+, insistió con el conflicto con las universidades públicas luego de haber logrado apoyo legislativo la semana pasada blindar el veto contra la ley de financiamiento a las casas de altos estudios. “Si no quieren ser auditados, debe ser porque están sucios”, dijo el mandatario el fin de semana.

Esta mañana, Milei debió aclarar que el gobierno no pretende que las universidades dejen de ser públicas y no aranceladas. “Prefiero terminar con la imagen destruida”, sostuvo al ser consultado por el costo político que pagan él mismo y su administración por el conflicto con las universidades. Las declaraciones del presidente respecto de que los estudiantes son “ricos” o integrantes de las “clases altas o media altas” fogonearon las tomas en el inicio de esta semana

Transcurre el tercer día de la toma al Rectorado de Unicen, una medida que se realiza en concordancia con acciones similares en universidades de todo el país, como respuesta a los múltiples ataques a la educación pública por parte del gobierno nacional, con la ratificación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario como la gota que terminó de rebalsar el vaso. 

Luego de dos días de ocupación, donde se desarrollaron comisiones internas para la organización de la comunidad educativa dentro del edificio y el planeamiento de diferentes acciones, esta mañana se dio a conocer el cronograma de actividades para este sábado. 

A las 10 de la mañana, saldrán a repartir folletos con las principales consignas de la manifestación para dar mayor visibilidad a los reclamos. A las 14, se brindará una clase pública titulada “ESI para todes”, donde se repasarán los ítems principales de la Educación Sexual Integral, haciendo especial hincapié en el respeto de la diversidad y las disidencias. 

A las 15 se llevará a cabo el conversatorio “Reconstrucción histórica de las luchas del movimiento estudiantil de la Unicen”. Allí se recordarán otras medidas de fuerza realizadas a lo largo de la historia por alumnos de la casa de estudios, y se pondrán en comparación con las motivaciones actuales.

Posteriormente, tendrá lugar a las 16 una nueva asamblea interclaustro, donde se debatirá sobre los pasos a seguir, a la espera de alguna reacción por parte del gobierno nacional, que hasta el momento no ha hecho más que criticar la respuesta de la comunidad educativa de toda la Argentina a la ratificación del veto. 

Ya por la noche, cuando en la zona céntrica habrá un mayor movimiento de gente por el fin de semana largo, se volverán a repartir folletos en las calles. La lucha continúa y aun existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá a partir del lunes.