A solo tres meses de que los diferentes espacios políticos deban oficializar sus listas, la legisladora de Tandil dialogó con El Eco TV. Allí, Melisa Greco se manifestó sobre la vida interna de la principal coalición opositora. En este sentido, expresó que “en quince días se va a juntar la mesa provincial para empezar a diagramar los reglamentos internos de competencia”. Este diagrama al cual se refirió la legisladora, se implementaría independientemente de las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligarías (PASO), con el propósito de elegir el candidato o candidata del espacio. Asimismo, Greco descartó la posibilidad de que el radicalismo realice elecciones internas para nominar a sus representantes. No obstante, mencionó que se apelará a “otros mecanismos como las encuestas y acuerdos dentro del partido”.

Een esta línea, también recalcó que “la alternancia y la emergencia de candidatos hace a los espacios más dinámicos, competitivos y democráticos”. A su vez, contó que su sector del radicalismo, a través de la Fundación Poder, viene trabajando en propuestas de políticas públicas, las cuales enunció que serán presentadas en la ciudad de La Plata el 14 de marzo. 

En relación al radicalismo local, confesó que la semana pasada estuvo junto a Miguel Lunghi. De su reunión con el Intendente, contó que conversaron sobre posibles acciones de cara al Bicentenario de la ciudad que se avecina. Asimismo, declaró “seguimos codo a codo con Lunghi”, y además, afirmó que el Intendente no le adelantó nada sobre su posible relección.

Sobre el discurso del Axel Kicilof

A su vez, Greco compartió su opinión sobre el discurso del Gobernador de la provincia de Buenos Aires en la apertura de sesiones legislativas. 

Al respecto, esgrimió que “fue un discurso de lanzamiento de campaña de su reelección”, según la diputada provincial, este tipo de mensaje no correspondía hacerlo en el ámbito de una asamblea legislativa. 

Asimismo, se refirió a la concreción de una comisión bicameral para evaluar los diferentes proyectos de autonomía municipal. Un tema, que a la Diputada y al radicalismo local le interesa que avance.

La premiación 

Por último, se le consultó por la premiación que recibió por su desempeño parlamentario. En este aspecto, reconoció que fue resultado del “trabajo que hacen los legisladores desde el recorrido del territorio hasta la labor en el parlamento”. Así, también remarcó que "más que un orgullo, es poder cumplir con las responsabilidades y las expectativas que se tienen puestas en este trabajo”.

En el marco del Operativo Verano, IOMA montó puestos en diferentes destinos turísticos e hizo entrega de “kit playeros” que incluyeron pelotas, gorros, entre otros elementos. La iniciativa causó indignación en afiliados de diferentes ciudades, como Tandil, con las que la obra social mantiene un conflicto de larga data. 

Por tal motivo, el bloque Juntos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, del que forma parte la tandilense Melisa Greco, consideró esta acción como un “despilfarro”, por lo que elevó un pedido de informes para conocer el monto gastado para tal fin.

Para conocer precisiones sobre el tema fue consultado por El Eco Multimedios el diputado provincial Claudio Frangul. Si bien la Cámara Provincial se encuentra en receso legislativo y las sesiones ordinarias se retomarán el 1 de marzo, el platense precisó que no querían dejar pasar la situación, y que avanzarán para que tome estado de tratamiento. 

“IOMA está padeciendo problemas estructurales, y encima esta conducción está realizando para nosotros un despilfarro, con este Plan Verano y estas 48 postas, donde además de tener inflables y estructuras, están entregando kit playeros”, lanzó Frangul.

El diputado agregó que así como existe un conflicto con la obra social en Tandil, en otras ciudades se replican problemáticas similares, en particular atrasos en los pagos a privados y públicos entre los que se encuentran los municipios. La situación, sostuvo, “es tremenda”.

El diputado señaló que “continuamente recibimos quejas por afiliados que tienen muchos inconvenientes”, entre los que mencionó una cobertura en medicamentos que no acompaña la suba de la inflación y que, por lo tanto, “es cada vez menor”, y el atraso a los pagos de acompañantes terapéuticos, entre otros. 

“Causa muchísima bronca que en esta situación en la que está IOMA se estén realizando estos despilfarros que para nosotros son cuestiones de politiquería barata”, lanzó. La difusión de las actividades realizadas en las postas, sostuvo, “no tienen nada que ver con las necesidades de los afiliados de IOMA”.

Cuestionó además qué sucede con el personal contratado para dichos fines y señaló que en el Boletín Oficial “vemos que están pasando gente a planta permanente”. 

El diputado transmitió que el pedido de informes elevado solicita también precisiones sobre la función que cumplen los policonsultorios dispuestos en diferentes ciudades de la provincia, “porque estamos viendo de que es una forma de sacarle protagonismo a los prestadores que están instalados desde hace tiempo”, planteó.

“Soy partidario de mejorar IOMA”

Frangul consideró que “está demostrado que una obra social cuantos más afiliados tiene, funciona mejor. IOMA siempre tuvo un sistema solidario y funcionó muy bien, en sus orígenes. Esto se ha ido deteriorando, el desafío es tratar de no llegar a extremos de que la gente no migre a otra obra social”.

En este sentido, el diputado planteó que es “partidario de mejorar el IOMA”, para no llegar a la situación de que los beneficiarios busquen acceder a otra cobertura.

A su vez, sostuvo que en la obra social provincial “hay una cuestión ideológica” y puso como ejemplo que a pocos meses de asumir el actual titular de la misma, Homero Giles, puso en duda el principio básico de la libre elección del médico por el afiliado. “Se armó tremendo revuelo”, lanzó.

Frangul consideró también que “necesitamos que una obra social como IOMA, que recibe dinero continuamente, atienda la demanda de los afiliados”.

Sobre este aspecto, manifestó que IOMA es una obra social “inmensa”, con más de 2 millones y medio de afiliados, que recepciona mensualmente “dinero seguro” de los descuentos de cada uno de los empleados públicos de la provincia y los municipios. 

Por tal motivo, se refirió a un proyecto de ley que presentó con el fin de que los recursos que ingresan a la obra social sean solamente utilizados por la misma, “y no como ahora, que una parte tiene que usarse por vía del Ministerio de Economía e IOMA no puede administrar todos los recursos como debería ser”, planteó.

En el mismo proyecto, precisó que presentó la propuesta de que en el Directorio de IOMA haya representantes de los afiliados, los cuales se elijan mediante voto directo. “Son los verdaderos dueños de la obra social”, concluyó.

La diputada provincial Melisa Greco, volvió a referirse al conflicto vigente en Tandil entre el Círculo Médico y IOMA, que pone en jaque a los servicios y prestaciones para los afiliados: “Creemos que esta situación se debe regularizar en lo inmediato siendo que los fondos de IOMA son solventados con el dinero que se descuenta todos los meses y sin atrasos de los sueldos de los empleados estatales y de los cobros a los afiliados voluntarios”.

“El 6 de diciembre de 2022, mediante la resolución RESO-2022.3662-GDEBA-IOMA se dio a conocer la decisión unilateral de IOMA respecto a rescindir de manera total el convenio existente entre la obra social y el Círculo Médico y de manera parcial con FECLIBA y FEMEBA de Tandil”, recordó Greco en su cuenta personal de Twitter.

Según explicó la diputada Greco, el reclamo por el deficiente funcionamiento del IOMA fue presentado durante los últimos tres años con varios proyectos de solicitud de informes. “Pedimos que se asegure la cadena de pagos y se informe sobre la falta de pago de distintas prestaciones, de las cuales ninguno ha sido tratado favorablemente”, apuntó.  

“Durante todo el año 2020, los primeros meses de 2021 y los últimos cuatro meses del 2022, hemos visto y recibido diversos reclamos de afiliados y prestadores por los atrasos de los pagos de IOMA, lo que conlleva a que se suspenda la atención a quienes tienen esa cobertura”, afirmó la parlamentaria.

En este sentido, la legisladora del radicalismo enfatizó que “es importante coordinar acciones con las entidades gremiales que nuclean a los distintos profesionales, proveedores de servicios e insumos prestadores de IOMA, a fin de llegar a un acuerdo por los pagos atrasados y garantizar el derecho a la salud de miles de tandilenses”.

El siniestro vial ocurrió entre el auto de la diputada provincial de Juntos, Melisa Greco, contra el conductor de un Volkswagen Vento, Daniel Echeverri, que circulaba sobre el carril contrario, el cual se desvió e impactó contra el otro coche que terminó volcando. 

En el marco general de la situación, ambos rodados resultaron con destrucción total, pero sin heridas de gravedad ni perdida de conocimiento por parte de los implicados. La diputada  se encuentra en un estado de salud controlado y en su domicilio, por éste motivo, decidió dialogar con El Eco de Tandil para dar más detalles sobre el accidente. 

El vehículo de Greco era conducido por su asesor personal y compañero de trabajo, Facundo, con quien volvía a la ciudad de Tandil luego de un brindis de fin de año en el que presenciaron la renovación de autoridades del Comité, en la ciudad de Chascomús . 

Por su parte, el conductor del Vento, oriundo de la ciudad de Ayacucho, manejaba en sentido opuesto desde la ciudad de Tandil. “Un señor de unos 60 o 70 años quedó en estado de shock”, detalló la representante del partido radical. Asimismo, los tres implicados fueron asistidos por personas que pasaron por el lugar, policía, cuerpo médico y bomberos.

Estos últimos “ son quienes nos dan cuenta de que los accidentes que suelen suceder a esta altura puede ser, a veces, por la falta de iluminación en ese acceso, por lo cual los conductores de los autos, terminan doblando antes para acceder a la ciudad de Ayacucho”, agregó Greco para leer que  la causa del mismo no fue una imprudencia de Echeverri, más bien una distracción la que terminó colisionando contra su vehículo. 

Ningún participante del choque perdió la conciencia , ni tuvieron lesiones graves. De todas maneras, fueron trasladados inmediatamente al nosocomio de Tandil donde recibieron atención médica primaria correspondiente a estos casos. “El mismo cuerpo médico, de bomberos y policía no lo podían creer porque cuando vieron el choque lo mínimo que se esperaban era una fractura expuesta de alguno . Asique la verdad que fue una desgracia con suerte”, reflexionó la diputada. 

La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires sancionó el jueves, en su quinta sesión ordinaria del año, el proyecto que prorroga la Ley 14.966, de expropiación de la planta donde funciona desde 2003 la Cooperativa Impopar SA de Tandil.

La iniciativa fue impulsada por la diputada radical y referente de la Quinta Sección Electoral, Melisa Greco. Al momento de la media sanción en la cámara baja, apuntó que “este proyecto viene a apoyar a una empresa emblemática, y a sus trabajadores en la lucha por mantener a flote y activa esta planta metalmecánica que brinda trabajo a muchas familias de la ciudad”.

La prórroga de la ley de expropiación en favor de Impopar llegó al recinto del Senado bonaerense, donde fue aprobada el jueves por la tarde después de que la Comisión de Organización Territorial y Vivienda le diera despacho favorable a mediados de septiembre.

Impopar fue a la quiebra en agosto de 2003. En diciembre de ese mismo año, la Justicia les otorgó a los trabajadores la planta en alquiler y poco tiempo después la instalación dedicada a la fabricación de calefactores y termotanques volvió a abrir sus puertas.

El 19 de octubre de 2004, la provincia de Buenos Aires expropió la planta y marcas de Impopar en favor de la cooperativa, lo que aún está vigente y permite los trabajos de mecanizado, matricería y todo lo relacionado con la manufactura de chapa doble decapada, electrocincada y aluminizada.

“Nos dieron esos días de vacaciones para tener la libertad de poder cerrar por quiebra. Soldaron las puertas, los portones y a nosotros nos entró la desesperación. Como estaba el país, quedarnos sin trabajo y con una familia detrás, no sabíamos que hacer”, contó en alguna oportunidad uno de sus socios.

Impopar actualmente comercializa sus calefactores, cocinas y termotanques en Tandil, donde está emplazada la planta, y en distintas ciudades de la región, entre ellas Rauch, Ayacucho, Benito Juárez, Olavarría y Bahía Blanca.

Además, la Cooperativa de Trabajo Industria Metalúrgica Popular Argentina (Impopar) Ltda. obtuvo respaldos de la Agencia de Desarrollo Territorial de Tandil (Centro IDEB), de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, del Municipio y del Concejo Deliberante.

“Empresa emblemática”

A través de sus redes sociales, la legisladora provincial celebró que la prórroga para la expropiación de Impopar sea ley y repasó que en la sesión del 12 de mayo, en la Cámara de Diputados provincial “dimos media sanción a un proyecto de ley que otorga una prórroga para la expropiación de la planta industrial a favor de la Cooperativa Impopar”.

El jueves, la cámara alta “lo convirtió en ley”, medida que permitirá a una “empresa emblemática” continuar con su desarrollo y “mantener a flote y activa ésta planta metalmecánica que brinda trabajo a muchas familias de Tandil”, destacó la diputada.

El plazo de expropiación estaba próximo a vencer, por lo que Greco redactó un proyecto para extenderlo, que fue aprobado por los diputados en mayo último y el jueves por los senadores.

La ley 14.966

La ley 14.966 sancionada en 2017 y prorrogada por la ley 15.289, en su artículo primero declara de utilidad pública y sujeto a expropiación “el inmueble, las maquinarias, instalaciones y herramientas que se encuentren en su interior”.

En el artículo segundo señala que “el inmueble, las maquinarias, instalaciones, herramientas y marcas expropiadas serán adjudicados en propiedad, a título oneroso y por venta directa a la Cooperativa de Trabajo Impopar (Industria Metalúrgica Popular Argentina Limitada), inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en la Matrícula 25.451 y registrada en la Subsecretaría de Acción Cooperativa de la provincia de Buenos Aires bajo el número 5.399, con cargo de ser las mismas destinadas a la consecución de sus fines cooperativos”.

Luego, en otro de los artículos agrega que “el gasto que demande el cumplimiento de la presente ley será atendido con cargo al Fondo de Recuperación de Fábricas de la Provincia de Buenos Aires”, y autoriza al Poder Ejecutivo “a proceder a la compensación de créditos fiscales que la Provincia posea contra los titulares de dominio en concepto de impuestos, sellados, tasas, multas, gravámenes y demás tributos provinciales”.

La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, Melisa Greco, se pronunció respecto a la problemática en cuanto al retraso en los pagos a los profesionales que prestan servicios en el área de discapacidad por parte del Gobierno nacional e impulsó un proyecto de declaración para tomar postura frente a los acontecimientos. 

En diálogo con el ciclo televisivo “Informadísimas” (EcoTV), la legisladora explicó que “escuchamos y seguimos fuertemente estas manifestaciones por parte de diferentes actores, desde prestadores a profesionales involucrados en la temática”.

En ese sentido, desde la bancada impulsó un proyecto de declaración por medio del cual busca que la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires exprese su “profunda preocupación por la decisión administrativa 826/2022 dictada por el Poder Ejecutivo Nacional por la cual se modifica el presupuesto general de la administración nacional vigente para el ejercicio 2022 determinando el recorte de servicios sociales por la suma de 10 mil millones de pesos, poniendo así en riesgo la garantía de atención a las personas con discapacidad” y también por la “demora en los pagos de prestaciones por servicios de salud a personas con discapacidad”.

Con la medida, buscan expresar “nuestra preocupación por el acto administrativo que deja entrever el recorte que afecta a uno de los colectivos más vulnerados”.

“Siempre impulsamos los mecanismos que tenemos a disposición”, como pedidos de informes o proyectos de declaración, y cuestionó que “este Gobierno nos tiene acostumbrados a que los informes nunca sean respondidos. Por eso es importante visibilizar y hacer pública la problemática en sí”. 

Sin estadísticas

En ese sentido, alertó que la administración provincial no cuenta con estadísticas desde 2018. Al no contar con esos datos sobre ese grupo poblacional, “es muy difícil que sepamos la implementación de las políticas públicas”.

“Tenemos acceso a portales estadísticos sobre el incremento del Certificado Único de Discapacidad (CUD)”, planteó Greco, que agregó que en función de esos registros referidos al año pasado, del crecimiento total a nivel país “el 40 por ciento corresponde a Buenos Aires”.

En este sentido, “lo que estamos empezando a reclamar es que se brinde información sobre estas cuestiones”, resaltó y señaló que “uno no puede diagramar políticas públicas sin datos, que nos hablan de la realidad de la manera más objetiva posible”.

Por eso, pidió “tener en cuenta que cada una de las personas tiene distintas realidades.  Y si queremos trabajar en la inclusión sostenible hay que hacer una estrategia de aplicación continua y una verdadera política pública”.

“La semana pasada, lo que veíamos con el anuncio de redistribución de partidas presupuestarias es un corte en la continuidad”, dijo Greco.

“Siempre digo que la política pública y la discapacidad requiere una relación necesaria y urgente, sobre todo en esta situación. La respuesta es urgente para dar tranquilidad a los sectores involucrados”, cerró.

Tras semanas intensas de movimientos en el oficialismo nacional, la UCR volvió a estar en el centro de la agenda a partir del estallido de la interna de Juntos, por el trascendido cruce entre el radical Gerardo Morales y Elisa Carrió. Al respecto fue consultada la tandilense Melisa Greco, diputada provincial por la quinta sección electoral.

En diálogo con El Eco de Tandil, la diputada se refirió a este y otros temas, como el rol del radicalismo en la coalición Juntos, su mirada sobre la Provincia, y el futuro político local. 

La diputada provincial por la Quinta Sección Electoral, Melisa Greco (Juntos), se refirió al trámite legislativo que siguió el proyecto que declara patrimonio histórico y arquitectónico al Dique del Lago del Fuerte y que contó con su acompañamiento durante el abordaje en el marco de la Comisión de Asuntos Culturales de la Cámara de Diputados bonaerense.

La iniciativa, presentada por el legislador del Frente de Todos, José Ignacio “Cote” Rossi, ahora deberá avanzar hacia otras comisiones, conseguir los dictámenes correspondientes para luego ser tratada en el recinto. En caso de ser aprobada, entonces, se habilita su ingreso a la Cámara de Senadores provincial.

Según indicó la diputada al El Eco Multimedios, declarar el Murallón como bien arquitectónico patrimonial a nivel provincial implica que la obra “no podrá sufrir ningún tipo de intervención que no sea consultada con la Comisión de Patrimonio Arquitectónico e Histórico de la provincia de Buenos Aires”. En esos casos, por lo general, se tiende a que los bienes patrimoniales se mantengan sin cambios, salvo que sean para su conservación o restauración. 

“Es una obra que pertenece a la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires”, punto a tener en cuenta a la hora de evaluar la injerencia del Municipio ante la eventual autorización de acciones sobre la estructura, indició.

En cuanto al posicionamiento adoptado, Greco indicó que, en su momento, “lo dialogamos con el intendente Miguel Lunghi, con la Jefatura de Gabinete y los concejales del bloque de concejales oficialista”.

“La posición fue votar a favor de esta protección del murallón”, afirmó y agregó que, en su caso, su paso por la coordinación de Patrimonio Cultural y Arquitectónico del Municipio le otorgaba “todo el marco para que se acompañe este proyecto”.

En cuanto a su eventual aprobación, sostuvo que dependerá de los tiempos legislativos y de la reanudación de la actividad luego de las elecciones, y no descartó un tratamiento sobre tablas.

En una sesión especial, el martes la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires aprobó por unanimidad el proyecto enviado por el gobernador Axel Kicillof, que autoriza al Gobierno bonaerense a iniciar negociaciones, contactos y contratos en el mercado internacional para la compra de vacunas contra el coronavirus para reforzar la campaña de inmunización.

En este sentido, la parlamentaria tandilense, Melisa Greco, acompañó el proyecto y sostuvo que desde Juntos por el Cambio tienen muy en claro que las vacunas no deben ser una cuestión ideológica, ni propiedad de un gobierno, sino que es “una obligación del Estado”.

Fue precisamente por esto, que decidieron ser “amplios” y darle el sustento político al Gobernador Axel Kicillof, aunque con modificaciones, para que no dependa únicamente de Nación y así cada bonaerense pueda tener acceso a la inoculación.

El alcance de las facultades

El proyecto faculta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a “iniciar negociaciones y celebrar los contratos -incluso en moneda extranjera- previo informe fundado de la autoridad sanitaria provincial, necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la Covid-19”.

Asimismo, establece que podrán incluirse en los contratos cláusulas de confidencialidad y que los acuerdos aprobados deberán ser informados a la Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia en el ámbito de la Legislatura.

Allí se estableció también que el informe deberá ser cada 60 días y que la Comisión tiene facultades para solicitar las cláusulas de confidencialidad de los contratos en los casos en que estas existan.

En sus fundamentos, el proyecto enviado por el gobernador, expresa que en el contexto actual “se presenta como imprescindible dotar al Poder Ejecutivo (bonaerense) de las facultades que resulten necesarias para contribuir a mejorar la disponibilidad de dosis, estableciendo el marco jurídico que demanda esta clase de transacciones en el mercado internacional”.

Buscando transparencia

Vale recordar que el último jueves la oposición parlamentaria le dio el visto bueno a la norma propuesta por el Ejecutivo en la sesión especial de la Cámara Baja bonaerense, aunque con la inclusión de algunas condiciones, vinculadas fundamentalmente a la creación de más organismos de control y a la búsqueda de transparencia en todo el proceso.

Al respecto, la Diputada detalló que sí hicieron muchísima fuerza en generar y crear un marco de transparencia mediante el cual los organismos de control puedan revisar los contratos, así como la creación de una comisión bicameral para que se pueda acceder a la información de cláusulas confidenciales.

Asimismo, precisó que la intención al respecto es que haya un control en la previa, en el durante y, “sobre todo”, en la ejecución de la obtención de las dosis.

Qué pasa con los Municipios

Finalmente, a pesar de que hubo una sugerencia, la ley no obtuvo consenso ni acuerdo político para que los intendentes sean alcanzados por la misma oportunidad.

En este sentid, de acuerdo a las palabras de Greco, “muchos Municipios no iban a tener la espalda financiera y económica para poder adquirir las vacunas”.

“A raíz de varias reuniones con el propio Ejecutivo provincial y con varios Municipios, indistintamente de la bandera política, lo que finalmente se acordó es que no se les otorgue esta facultad”, especificó y recordó que las vacunas se deberán conseguir a valor dólar y en moneda extranjera.

A raíz de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus, y teniendo en cuenta que algunos sectores se vieron muy afectados, Juntos por el Cambio impulsó un proyecto para que en la provincia de Buenos Aires se declare al sector gastronómico en emergencia. No es la primera vez que lo hace, el año pasado el mismo sector ya había presentado  una propuesta de similares características.

En esta oportunidad, el proyecto de ley tiene la firma del diputado provincial Daniel Lipovetzky y es acompañado por la legisladora tandilense Melisa Greco como coautora.

En conversación con El Eco de Tandil, la joven explicó que la iniciativa propone “una serie de exenciones fiscales para el sector, que atraviesa una fuerte crisis económica”, y agregó que “el proyecto de ley lo trabajamos con todas las Cámaras y representantes del sector gastronómico bonaerense“.

Asimismo, contó que se elaboraron dos propuestas que proponen exenciones fiscales y medidas de ayuda para un sector como el gastronómico, “que ha sido muy golpeado”.

Mitigar el impacto 

La  iniciativa en cuestión contempla a bares, restaurantes, confiterías o cafeterías y comercios de expendio de alimentos o bebidas para consumo dentro o fuera del mismo, como así también a quienes brindan servicio de catering y salones para eventos, que no hayan podido desarrollar total o parcialmente sus actividades debido a las restricciones impuestas en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Asimismo, Greco remarcó que la propuesta fue presentada el 6 de mayo en la cámara baja y tomó estado legislativo ayer para su tratamiento en comisiones. Esperan que obtenga sanción completa en un periodo de tiempo razonable para que no sea “demasiado”  tarde.

“Esta idea viene en línea con las emergencias turísticas y en pymes, son medidas pensadas para acompañar y mitigar el impacto de la pandemia y la reducción de actividad en uno de los  sectores más vulnerables en la cadena de la economía”, sostuvo.

Un sector golpeado 

En tanto, a la recesión de 2020, se le agregan las nuevas restricciones que encuentran a los bares y restaurantes trabajando de manera muy limitado, con aperturas al aire libre durante el día y el servicio de delivery y take away para mantener girando la rueda.

De acuerdo a los datos aportados por la diputada, en diciembre del año pasado cerca del 60 por ciento de los gastronómicos había pensado en cerrar sus y subrayó que las alternativas de retiro en el local y envío a domicilio representan “apenas”  un 15 por ciento de la facturación normal, lo que hace muy difícil el sostenimiento y la rentabilidad del sector.

Las ayudas estatales actuales se limitan al Programa de Recuperación Productiva (Repro) de Nación, al que solamente accede el 5 por ciento de los empresarios de la actividad.

En este sentido, indicó que se deben propiciar  medidas para acompañar desde la Provincia y evitar que los contribuyentes sigan generando deuda por no poder sostener su actividad.

“La recaudación de ARBA cayó bastante. Si se ahoga a un contribuyente con deudas y no puede abonarlas, tenemos que hacer los esfuerzos necesarios buscar incentivos fiscales,  alternativas de sostenimiento y reactivación porque si el sector está parado  no va a producir ingresos a las arcas provinciales”, evaluó.

Exenciones y beneficios 

El proyecto, que consta de 18 artículos, propone que se declare la emergencia en el sector gastronómico por un año, contando a partir de su entrada en vigencia.

Para ello, por un lado establece la exención en el impuesto a los Ingresos Brutos, la eximición del pago de todo tipo de multas por infracción a los deberes formales y materiales en el impuesto a los ingresos brutos; la eximición de pago del Impuesto Inmobiliario a los titulares de los inmuebles destinados a la realización de estas actividades; la  suspensión de ejecuciones judiciales por el incumplimiento de los pagos de los impuestos provinciales durante el plazo de un año; y la imposibilidad de corte de servicios públicos por atraso en los pagos.

Por último, se exhorta al Ejecutivo provincial y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, a generar líneas de crédito especialmente destinadas al sostenimiento de los emprendimientos vinculados al sector.

La diputada provincial por la Quinta Sección, la tandilense Melisa Greco, informó que desde la Cámara que integra están trabajando en forma conjunta a los senadores en el tema IOMA, que afecta puntualmente a asociados de esta ciudad.

Así, reveló que el 2 de febrero ingresaron un proyecto de declaración, que es la herramienta que poseen las legislaturas, para instar al poder ejecutivo provincial a que realice todas las gestiones pertinentes para poder garantizar los pagos por las prestaciones médicas.

En este sentido, al conversar con el ciclo radial “Cosas que Pasan”, de Tandil FM (104.1), recordó que hubo novedades en la última semana con respecto al Sistema Integrado de Salud Pública (SISP).

Por otro lado, también solicitaron que coordinen las acciones necesarias con las entidades gremiales que van nucleando a cada uno de los distintos profesionales de la salud, prestadores y proveedores de servicios e insumos de IOMA, con la intención de que lleguen a un acuerdo por los pagos atrasados.

“Sobre todo para poder garantizar el derecho a la salud de cada uno de los afiliados de Tandil, que son alrededor de 24 mil y, de esos, sólo el 10 por ciento son asociados voluntarios”, distinguió.

Destacó, entonces, que son 24 mil personas que mensualmente aportan obligatoriamente y en forma adecuada lo que corresponde para el abono de la obra social, con una prestación que ha agravado su servicio en el último año, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.

“Seguimos haciendo fuerza para que finalmente todos estos anuncios que hubo en la semana sean concretos, así como los diálogos que tuvimos con el presidente de la cartera, Homero Giles”, enfatixzó.

Intervenir y garantizar

La diputada aseguró que IOMA tiene dificultades estructurales y consideró que sería ingenuo negarlos. “Todos sabemos que viene con problemas hace 15 o 20 años”, identificó.

Sin embargo, explicó que este tipo de situación tan puntual como la que se está dando en Tandil no sucede en los demás distritos. No obstante, señaló que “obviamente” se han dado algunos retrasos de pagos a Hospitales municipales o provinciales, o prestadores, pero sin llegar al nivel de conflicto que se vive en esta ciudad.

“Esto también pasa por el tipo de contratación que hay con el Círculo Médico, el tipo de nomencladores y demás cuestiones que hacen que la obra social no pueda dar en Tandil la prestación necesaria para cada uno de sus afiliados”, explicó Greco.

En ese sentido, aseveró que están haciendo “muchísimo hincapié” en que el Estado tiene que “intervenir y garantizar” la prestación, ya que incluso si comparan a nivel nacional queda a la vista que IOMA es la segunda obra social más grande de la Argentina, luego de PAMI, con 2,5 millones de asociados solamente en Buenos Aires.

Derecho a la salud

En el caso de Tandil, relató lo común y frecuente que es que los asociados elijan ir a atenderse a otras ciudades cercanas donde la obra social sí funciona. Analizó que eso significa una vulneración del derecho a la salud de las personas, impidiéndoles elegir libremente quién los atienda o su preferencia por un especialista.

La funcionaria enumeró el listado de especialidades que no están pudiendo satisfacer la demanda de los pacientes locales, reconociendo que son cada vez más y a lo largo de este año han aumentado significativamente.

“Sobre todo en pandemia el cuidado de la salud se vuelve más importante y por eso le estamos solicitando al Ejecutivo que interceda de manera concreta y activa en este conflicto”, exhortó.

Contó que a lo largo del año han mantenido reuniones con Homero Giles en lo que son las bicamerales de emergencia en salud, con un diálogo más global sobre lo que hace a IOMA en la extensión del territorio bonaerense, pero nada en lo específico a esta problemática.

Celebró, una vez más, los anuncios emitidos el pasado viernes en cuanto a avances para subsanar la situación local, sin dejar de insistir en que es necesario que estos cambios se concreten realmente.

La diputado provincial de Juntos por el Cambio, la tandilense Melisa Greco, se refirió al turismo y señaló que “tenemos una gran diferencia con lo que es la Costa. Si uno analiza la tasa de reserva y ocupación en el mes de enero, llegamos a un 60 por ciento de ocupación, pero solo de cabañas y no de hoteles”

“Lo que podemos ver es que el turista ha elegido otras opciones para vacacionar y en nuestro caso, otro tipo de alojamiento. Las cabañas te permiten mantener más en una situación de burbuja con las familias porque hay espacios al aire libre y recreación”, explicó en declaraciones a un medio provincial.

Para la legisladora “es alentador ese número y hemos hablado con los cabañeros que han trabajado mejor que la temporada anterior. Se espera que febrero tenga un panorama favorable para lo que es el sector turístico y además trae un leve sostenimiento en la actividad gastronómica”.

“Tienen que venir a Tandil porque estamos trabajando de forma segura, para darle las mejores condiciones a nuestros visitantes. Nuestra campaña es ‘seguro descansar’, cuidamos todos los protocolos y porque no hemos tenido registro de contagios de turistas y mantenemos la calidez de siempre”, resaltó.

Elecciones

“Nos encontramos trabajando sobre las internas, sobre nuestro mecanismo de renovación de autoridades, trabajando fuertemente con Daniel Salvador, Carlos Fernández, Érica Revilla y seguir apostando a la línea de construcción”, destacó Greco.

La diputada provincial dijo que “esto lo venimos elaborando desde el 2015 con incorporación de nuevos concejales, consejeros escolares, intendentes y legisladores jóvenes. Sin duda, nuestro rumbo es seguir consolidando un radicalismo cada vez más fuerte”.

“Tenemos que estar presentes, afianzando nuestro compromiso para consolidar un radicalismo moderno, una continuidad de la renovación, apuntamos a un radicalismo de una sola bandera, colectivo, orgánico y representativo. Vamos a seguir trabajando para lograr eso”, subrayó.

La iniciativa que fue impulsada por la legisladora tandilense de Juntos por el Cambio, Melisa Greco, había sido aprobada hace 15 días en Diputados y finalmente logró sancionarse en el Senado.

La norma establece que el Poder Ejecutivo provincial deberá determinar la autoridad de aplicación para “implementar medidas para el sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística, en el marco de las leyes de emergencia” que sancionó la Legislatura”.

Tal como recordó la autora, fue una propuesta presentada en abril y consideró que “sin dudas se ha dado un gran paso para reconocer la situación del sector”. “Si bien sabemos que abarca la emergencia, fue presentado hace cinco meses con otra realidad distinta que hoy encuentra al rubro con un desastre turístico”, advirtió.

Los alcances de la Ley

De acuerdo al detalle que brindó Melisa Greco, la Ley contempla brindarle al Poder Ejecutivo (PE) la facultad para poder acompañar a este sector, poder “darle un poco de oxígeno y que no apaguen sus motores”, así puedan llegar a esa reapertura, “que seguramente será muy distinta a la dinámica que conocemos”.

Las herramientas que se le dan están divididas en cuatro ejes “bastante amplios”. Por un lado, lo que tiene que ver con ARBA y la carga impositiva sobre los prestadores de turismo. Esto faculta al PE poder convenir con el ente otros regímenes de beneficios, así como nuevas agendas de pago de vencimientos de impuestos anteriores e incluso la condonación de deuda.

Otro de los ejes, que se trabajó mucho con los protagonistas del sector, apunta a las líneas de crédito. Esto permite al Ejecutivo coordinar con el Banco Provincia de Buenos Aires, específicamente destinados a la reactivación y sostenimiento. “Obviamente tendremos que trabajar en profundidad para que estas tasas sean muy mínimas o cero”, anticipó.

En tanto que también apunta al otorgamiento de subsidios o fondos destinados específicamente por parte del PE Provincial a los prestadores turísticos. Por último, se contempló la coordinación con el Ejecutivo Nacional para articular políticas destinadas con ese fin de “sostenimiento y reactivación”.

Los desafíos por venir

Ahora, para la funcionaria “sin dudas” el desafío y compromiso más grande es el “cómo” se va a implementar la Ley, ya que ha pasado mucho tiempo.

“Dese el día cero, cuando empezamos a pensar desde la Legislatura en esta herramienta, fue considerada para que se complemente con otras leyes de emergencias y ahora queda el gran paso de la verdadera implementación”, señaló y advirtió que, si bien llegaron a grandes consensos con el oficialismo, estarán pendientes de que los anuncios no queden en medidas. “Necesitamos que llegue de forma inmediata”, agregó.

Recordó los datos arrojados por el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, allá por febrero cuando instaban a la promoción del turismo, detallando que a nivel provincial se habla de unos seis mil establecimientos hoteleros, sin contar cabañas ni aparts, con 273 mil trabajadores ligados al rubro y registrados formalmente.

En este escenario que consignó complejo, reveló que siguen manteniendo reuniones con el Ministerio de Producción, en las que se empiezan a diagramar posibles alternativas. Mencionó el planteo del intendente de Pinamar, que habló de una extensión de la temporada, aunque “sin dudas” a lo que más referencia se hace es al turismo de proximidad o cercanía.

“Es ahí donde la Provincia, entre tanta incertidumbre, tiene una oportunidad histórica de poder finalmente fomentar y fortalecer a esta industria”, consideró. En este sentido hizo hincapié en que no se trata “meramente” de un servicio, sino de un sector que genera calidad de empleo, competitividad y dinamiza la economía regional.

El gran trabajo hacia adelante está condicionado, a su decir, por una fuerte articulación entre el sector público y el privado. “Costó, pero salió”, dijo concluyendo, aunque admitió que no es la herramienta que va a suplir al 100 por ciento las demandas del rubro, aunque complementará y dará una mirada más integral.

En una jornada de arduo trabajo y mucho debate, el Congreso provincial aprobó la Ley Impositiva. El proyecto elevado por el gobernador Axel Kicillof sufrió seis modificaciones, tenientes a mitigar el impacto en sectores vulnerables y productivos.

El principio, el proyecto consiguió la media sanción en Diputados y fue girado al Senado, donde se realizaron algunas modificaciones. De regreso en la cámara baja, en los últimos minutos de ayer se convirtió en ley.

Con la iniciativa, que volvió a ingresar el martes pasado por la cámara baja, se definió el monto de los tributos que abonarán los bonaerenses en 2020. Ayer fue girada al Senado para su tratamiento y sanción, y la oposición incluyó modificaciones en algunos artículos, entre ellos el que establece incrementos en la alícuota de Ingresos Brutos para las explotaciones de las terminales portuarias.

La diputada de la provincia por la Quinta Sección Electoral, la tandilense Melisa Greco, destacó como aspecto positivo del debate el “trabajo continuo” y el diálogo para la búsqueda de los consensos necesarios para llegar a una ley que “sea lo más justa para los bonaerenses”.

“Todavía nos falta un gran tramo para llegar a esos puntos de acuerdo, pero venimos avanzando, siempre en un marco de diálogo, respeto y responsabilidad”, resumió la legisladora oriunda de Tandil.

En cuanto a la votación, que logró la media sanción, indicó que la bancada de Juntos por el Cambio se pronunció en contra de algunos artículos como el que contenía el gravamen a los puertos, el aumento en el inmobiliario urbano y en el rural, por lo que anticipó que en el Senado modificarán seis artículos: el 6, 20, 22, 25, 27 y 100.

En declaraciones a El Eco Multimedios, aclaró que “nunca se pensó en negarle el tratamiento de esta ley al Gobernador”, ya que representa una herramienta que “garantiza la gobernabilidad” pero que requiere “mucho trabajo y revisión”.

Los puntos en discusión

En diálogo con el ciclo radial “Buenas y santas” (104.1 Tandil FM), la diputada provincial definió los últimos días como jornadas de “mucho trabajo y de estudio” del proyecto que elevó el Ejecutivo provincial que ayer por la tarde logró media sanción.

En ese sentido, consideró que el texto que se presentó el martes en la cámara baja llegó con algunas modificaciones pero consideró que “todavía faltan pulir varios puntos”, por lo que apuntó a lo que pudiera suceder en la Cámara de Senadores.

Ejemplificó que uno de los aspectos a cambiar es uno de los artículos que contempla un incremento de 100 millones de dólares para el agro en los puertos, lo cual representa “un impacto negativo” para el sector productivo.

En tanto, agregó que mantienen las negociaciones para que se incorpore una reforma para que se baje el impacto de ajuste en el Inmobiliario Urbano.

En el proyecto original, “cerca de dos millones de partidas de contribuyentes, el 45 por ciento de la población bonaerense, que se veían afectadas por el 75 por ciento de aumento de este impuesto, que fue uno de los grandes puntos que trabajamos de la oposición para que se baje”. La negociación apunta a que se reduzca a un millón o menos la cantidad de contribuyentes alcanzados por esta actualización.

En cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, Greco indicó que “se incorporaron algunas modificaciones en las exenciones y descuentos cuando se realicen pagos por adelantado”, pero planteó que será un artículo que continuará en estudio al ingresar a la cámara alta.

También, quedaron exceptuados de la actualización de los valores del impuesto inmobiliario urbano a los jubilados y quienes perciben la Asignación Universal por Hijo, mientras que en torno a la patente se logró un consenso que permitió que los automóviles de hasta 2009 “queden en la órbita municipal”.

Presupuesto

Por último, la diputada provincial se refirió a las perspectivas en torno al proyecto de presupuesto para el Ejecutivo bonaerense correspondiente al actual ejercicio y precisó que en la anterior sesión extraordinaria se aprobó una prórroga hasta el 15 de abril para su presentación.

Y estimó que para mediados de marzo la gestión de Axel Kicillof podría contar con la herramienta para el presupuesto de gastos y cálculo de recursos, que tendrá relación con la proyección realizada por la Nación.