Según sostiene el escrito de 65 páginas, los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca hicieron lugar al recurso de apelación interpuesto del fiscal Mauro Andrés Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil (UFEPJ).

Además, los magistrados apartaron del cargo a De Marinis y dispusieron el sorteo de un nuevo juez del fuero para que intervenga “en los autos principales”.

En este sentido, anularon también el sobreseimiento del menor, identificado con las iniciales “M.I.A”, y declararon la validez del artículo 1 de la Ley 27.801 que baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

De acuerdo al criterio de los jueces, De Marinis “confundió planos” al “usar la levedad del hecho” (el intento de robo) y “la vulnerabilidad para anular una regla general”, mientras que cometió un error técnico al aplicar la Ley 22.278 que ya estaba derogada por el artículo 48 de la ley que entró en vigencia a partir del 5 de septiembre.

El fallo señala que la funcionaria judicial hizo un juicio de conveniencia, no de constitucionalidad y resaltó que las Observaciones del Comité de Derechos del Niño no son vinculantes, al tiempo que mencionaron una contradicción: De Marinis dijo que la regresividad se analiza caso por caso, pero usó argumentos generales.

La jueza planteó en su fallo la idea de dar una respuesta social desde el Estado (educación, contención, salud) en lugar del castigo penal a jóvenes cuyas trayectorias vitales han estado marcadas por la vulneración de derechos básicos.

“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros”, remarcó.

Y añadió: “No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”.

De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la ley 27.801 que es el que establece el alcance de la nueva normativa.

En ese sentido, la norma en cuestión señala: “El objeto de la presente ley es el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los catorce (14) años de edad hasta las cero (0) horas del día en que cumplan dieciocho (18) años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”. NA

El Ministerio de Justicia de la Nación creó el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (Pronacib) y el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil (El Programa) por medio de dos resoluciones que se publicaron en el Boletín Oficial

La Resolución 483/2026 firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, indicó: “Créase el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (Pronacib) en el ámbito de la Subsecretaría de Política criminal de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia”.

“Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB), estará a cargo de un Coordinador, quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa”, señaló.

En tanto, la Resolución 484/2026 expresó: “Créase el Programa de implementación del Régimen Penal Juvenil (El Programa) en el ámbito de la Dirección de Política criminal en materia de Justicia y Legislación penal dependiente de la Subsecretaría de política criminal de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia”

El Programa “estará a cargo de un Coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco” y se le asignaron “ad honorem”, las funciones de Coordinadora a la asesora Sra. Débora Eliana Di Girolamo. NA

Dos menores de 14 y 16 años fueron aprehendidos durante la madrugada de este lunes, luego de ser detectados cuando sustraían una motocicleta en Las Heras al 1600.

El hecho fue advertido por operadores del Centro de Monitoreo Tandil, quienes observaron a través de las cámaras de seguridad a dos jóvenes mientras sustraían una Honda Wave de 110 cc y dieron aviso inmediato a la Policía.

A partir del alerta, efectivos del Comando de Patrullas Tandil, junto con personal de Centinela en Territorio, se dirigieron hacia el lugar. Al advertir la llegada de los móviles, los involucrados abandonaron la motocicleta y escaparon a pie.

La situación derivó en un despliegue policial por la zona para dar con ambos jóvenes. Uno de ellos fue interceptado en Cuba al 900, mientras que el segundo fue localizado en inmediaciones de Las Heras y Saavedra.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar la motocicleta que había sido sustraída. Además, recogieron una bicicleta tipo mountain bike que se encontraba en poder de los menores y cuya procedencia quedó bajo investigación.

En el caso intervino la UFI N° 18 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, que dispuso la realización de las actuaciones correspondientes por el delito de robo.

Una vez cumplidos los recaudos legales ordenados por la Justicia, los dos menores fueron entregados a sus progenitores.

La resolución fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de su libertad.

El fallo se conoció apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años, y modifica las condiciones para la aplicación de las penas: al bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.

Esa modificación implica que los adolescentes de entre 14 y 16 años pueden quedar sujetos a procesos judiciales por ciertos delitos contemplados en el Código Penal.

La magistrada puso el foco en la capacidad de la Provincia para afrontar el nuevo esquema, ante la posibilidad de que aumente la cantidad de jóvenes detenidos y el tiempo que permanezcan privados de su libertad.

En esa línea, Pascual afirmó que el Estado bonaerense no cuenta con la infraestructura y los recursos materiales necesarios para sumar a más jóvenes al sistema penal provincial. Advirtió que, con la modificación legal, el número de delincuentes juveniles va a aumentar, ya sea, por los nuevos ingresos como por aquellos casos en los que el tiempo de privación de la libertad se incremente.

Ante la posibilidad de este nuevo escenario, la jueza cuestionó que el territorio bonaerense disponga de las condiciones edilicias, institucionales y profesionales requeridas y sostuvo que el Poder Judicial tiene la obligación de actuar en forma anticipada si existen elementos que hagan pensar que ocurrirá una vulneración de derechos fundamentales, basándose en el principio precautorio. NA

La Ley 27.801, que fue aprobada por el Congreso en febrero de este año, modifica la normativa de la Ley 22.278 que regía desde la década del 80, brindando nuevos lineamientos sobre los delitos cometidos por menores de edad.

Según el texto, este nuevo régimen busca “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.

Por un lado, ahora los menores podrán ser juzgados por delitos a partir de los 14 años, a diferencia de los 16 años de la ley anterior, con penas que van hasta los 15 años. Además, los progenitores serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos.

Al igual que la normativa actual, queda prohibido difundir nombres, sobrenombres, filiación, parentesco o residencia del adolescente imputado, como también fotos o datos de identificación.

Los adolescentes que cometan delitos y sean juzgados podrán ser detenidos en dependencias acondicionadas especialmente para menores, sin compartir alojamiento con personas mayores de edad.

Según el régimen, los jóvenes tendrán derecho a acceder a programas educativos para concluir sus estudios obligatorios, como también a programas de formación ciudadana para su inserción social, de capacitación laboral y deportivos.

Según el texto, los adolescentes podrán recibir las siguientes penas: amonestaciones; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico con rastreador; reparación integral del daño a la víctima; y penas privativas de libertad en su domicilio, un instituto abierto o un instituto especializado de detención.

La ley remarca además que se puede evitar la pena de prisión en dos ocasiones: si la pena no supera los 3 años; y si va de entre 3 a 10 años, pero solo en el caso que el delito no implique la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o si no tuviese otras condenas o procesos en curso.

“En todos los casos, se deberán imponer al adolescente, conjuntamente, medidas específicas tendientes a desarrollar su educación, el trabajo y la conciencia de la gravedad del hecho cometido, con vistas a lograr su resocialización y desarrollo de su vida”, resalta.

Por otro lado, cuando el joven haya cumplido dos tercios de la pena en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para recibir la libertad condicional, podrá continuar cumpliendo su sentencia con otra pena a las establecidas.

Sin embargo, ante el incumplimiento injustificado de una pena alternativa a la que recibió como condena, el juez deberá modificarla por otra pena más severa. NA

Tres jóvenes fueron detenidos en las últimas horas en la provincia de Córdoba como presuntos responsables de la brutal golpiza que dejó a un adolescente de 15 años al borde de la muerte y con hundimiento de cráneo en pleno centro de la ciudad de Villa Carlos Paz.

Santiago Herrero permanece internado en el Hospital de Urgencias de la capital provincial y lucha por su vida tras haber sido operado de urgencia como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas.

Según informaron medios locales, entre los sospechosos capturados se encuentran un mayor de edad y dos chicos de 18 años, cuyas identidades aún no fueron dadas a conocer de manera oficial mientras interviene la Policía de Córdoba en las directivas de la causa.

El violento episodio se desencadenó el pasado jueves en momentos en que el adolescente caminaba junto a un amigo por la zona céntrica de la villa serrana y fue sorprendido por un grupo de personas que lo atacó por la espalda.

En medio de la agresión, uno de los atacantes le propinó un fuerte botellazo en la cabeza que le ocasionó de forma inmediata un hundimiento de cráneo, provocando que el menor cayera inconsciente al suelo al instante, donde continuó recibiendo golpes por parte de los agresores.

Los profesionales del establecimiento sanitario le diagnosticaron una fisura cerebral, una lesión de alta complejidad que derivó en la formación de múltiples coágulos de sangre en la zona afectada.

Ante el crítico cuadro de salud que presentaba el joven de 15 años, el equipo médico debió intervenir quirúrgicamente de inmediato al paciente para frenar el daño en el sistema nervioso. Su madre describió la complejidad del procedimiento médico llevado a cabo en el centro de salud y precisó que durante la cirugía los especialistas “extrajeron el más grande y descomprimieron el cerebro para volver a colocar el hueso en su posición”. NA

La jornada estuvo signada por un despliegue policial sin precedentes, giros en la investigación judicial y un lamentable episodio de salud que afectó a la madre de la menor durante una movilización masiva.

El fiscal a cargo del caso, Raúl Garzón, decidió levantar el secreto de sumario, lo que permitió conocer detalles de las medidas que se llevan adelante. Durante la mañana, peritos especializados trabajaron intensamente en la vivienda del único detenido, Claudio Gabriel Barrelier, buscando huellas y rastros biológicos que permitan determinar si la joven estuvo en ese lugar.

Simultáneamente, las fuerzas de seguridad concentraron operativos en los barrios Ferreyra y José Ignacio Díaz. La búsqueda se focalizó en el hallazgo de un automóvil rojo que habría sido abandonado hace días; un vehículo de similares características fue mencionado por Barrelier en su declaración previa.

En medio de la incertidumbre, la investigación sumó un elemento crucial: un mensaje de texto recibido por Melisa, la madre de Agostina, que reza: “Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila”. La mujer presentó el celular a la Policía de inmediato, señalando que en algunas de las llamadas recibidas cree reconocer voces familiares.

Por su parte, el nuevo abogado de la querella, Carlos Nayi, afirmó que, en base a las pruebas recolectadas hasta el momento, se sospecha firmemente que la adolescente "está en Córdoba y con vida". En tanto, se espera que el detenido vuelva a prestar declaración en las próximas horas, asistido por su defensor Jorge Sánchez Del Bianco.

A las 17:00, una multitudinaria marcha partió con el objetivo de exigir la aparición con vida de Agostina. Sin embargo, la movilización se vio interrumpida por un momento de gran dramatismo cuando Melisa, la madre de la menor, se descompensó en plena vía pública.

En el marco de una investigación exhaustiva y compleja, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan dictó una condena de diez años de prisión para los integrantes de una familia por delitos de trata de personas y matrimonio infantil. La causa se inició a partir del sometimiento de una menor de 13 años, perteneciente a la colectividad Romani, quien fue obligada a contraer una unión forzada y privada de su libertad.

Las actuaciones comenzaron en abril del año pasado tras una denuncia anónima al sistema de emergencias 911. El llamado alertó sobre el posible secuestro de una joven en el departamento de Caucete, en la provincia de San Juan. Ante esta situación, el personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Juan” de Gendarmería Nacional activó los protocolos correspondientes y logró interceptar el vehículo donde se trasladaba la víctima junto a su hijo recién nacido y sus captores.

A través de las pesquisas, se determinó que la joven había sido comprada para ser la esposa del hijo de la familia condenada. Durante su cautiverio, la menor sufrió agresiones físicas, explotación laboral, restricción al sistema de salud y privación alimentaria. Además, los investigadores reconstruyeron que fue trasladada de manera constante por las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe para evitar su localización y mantener el sometimiento.

El trabajo articulado entre la Unidad Fiscal Federal de San Juan, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y diversas unidades de Gendarmería Nacional permitió consolidar la hipótesis de explotación. El entrecruzamiento de datos y la recolección de pruebas fueron fundamentales para que la justicia federal dictaminara la sentencia de diez años para los responsables de este grave caso de vulneración de derechos humanos.

En una muestra más de la distancia política que mantiene con Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel conversó con representantes de la Iglesia Católica a exponer su posición -reconocida adversa- al proyecto para bajar la edad de punibilidad penal a los 14 años que impulsa el Ejecutivo.

La convocatoria fue puntualmente a representantes de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal y de Cáritas, y se produjo luego de que la cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto, según informó hoy el diario Clarín.

En el encuentro, los representantes del episcopado dejaron clara su posición de rechazo al proyecto, porque consideran que no hará disminuir el delito entre los menores. Y reclamaron un enforque de la problemática más centrado en la contención social.

Se trata de un tema espinoso para el Gobierno, que incluyó el proyecto en extraordinarias y busca avanzar en Senadores en la semana entrante, que expone además la distancia de Milei con la CEA, a la que no recibe hace dos años.

Los miembros de Pastoral Social y Cáritas expusieron en el encuentro los ejes de la “ Carta Abierta a los Legisladores Nacionales ”, un documento en el que plantean que la respuesta penal temprana no constituye una solución eficaz frente al delito juvenil.

También subrayan que “los adolescentes son sujetos en desarrollo y que la evidencia científica indica que el cerebro aún no ha alcanzado la madurez plena para evaluar completamente las consecuencias de los actos ”.

Días pasados, durante una visita a La Rioja con ocasión de la fiesta de La Chaya, la vicepresidente se reunió con el obispo provincial -y titular de la Pastoral Social, Dante Braida-, y por primera vez visitó la tumba de una víctima de la dictadura: la del beato monseñor Enrique Angelelli.

“La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada”, expresó desde sus redes sociales.

La legisladora planteó que “a las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables. Pero se terminó se terminó mirar para otro lado”.

La firma del dictamen del proyecto fue celebrada por el propio presidente Javier Milei, quien desde Estados Unidos expresó desde sus redes sociales que “todo marcha acorde al plan”.

La Cámara de Diputados sancionó el jueves último por una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba, y había sido respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

La propuesta plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado, alejado de los adultos criminales.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo. NA

Por Ramiro González Britez.

Federic dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y recordó que la administración del presidente Javier Milei busca retomar el proyecto original presentado en 2024, el cual proponía bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años: “Están empoderados porque ganaron las elecciones”.

La exfuncionaria durante el gobierno del exmandatario Alberto Fernández consignó que actualmente “hay tensiones”, motivo por el que “no está claro si se va a aprobar” la iniciativa que volvió a tomar relevancia tras el crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en la ciudad de Santa Fe.

Sin embargo, Frederic enfatizó que los menores de edad que cometen delitos graves, como los homicidios dolosos o culposos, merecen recibir un castigo.

“La discusión está mal planteada, no debe limitarse a la baja sí o la baja no. No es el debate que hay que dar. Hay que tratar qué sistema penal juvenil merece la Argentina, ya que está claro que el actual es obsoleto y antiguo”, subrayó.

En este contexto, afirmó que “se debe distinguir entre castigo y prevención”, al tiempo que agregó: “Hay 48 chicos de entre 12 y 15 años que están encerrados por ilícitos graves en lugares espantosos que no es posible reinserción. Son depósitos inhumanos, no son lugares donde los niños pueden mejorar su situación”.

Frederic abogó por “un trabajo artesanal” y “una batería de recursos” con el objetivo de prevenir estos hechos en la sociedad.

A su vez, citó el caso del Conurbano bonaerense, donde la tasa de homicidios “es más baja que la de Rosario. En municipios como Moreno, San Martín, Almirante Brown y Avellaneda se trabaja con la Justicia para que los menores puedan reintegrarse socialmente y tengan un mejor futuro”.

La extitular de la cartera de Seguridad instó al fortalecimiento de las políticas en materia penal y señaló que el sistema carcelario no debe centrarse únicamente en el “castigo a secas”.

“Acá se quiere correr el debate que plantean algunos sectores, con Bullrich a la cabeza, porque le quieren hacer creer a la gente que van a prevenir o reducir esos casos como el de Jeremías o el de Kim al hacer más rígido el castigo”, concluyó.

No obstante, insistió en que los niños o adolescentes que incurran en delitos graves “deben aprender que su comportamiento es criminal”, pero “hay que encontrar la manera en que su vida sea mejor porque de eso se trata el sistema carcelario”. NA

Maximiliano Jerez, el padre de Bastian Jerez, quedó imputado en la causa que tiene como víctima al niño de 8 años que continúa internado en grave estado, internado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.

La acusación al padre del menor fue impulsada por la fiscalía, bajo el delito de lesiones culposas, ya que no habría respetado las medidas de seguridad. Según la declaración de testigos, Maximiliano Jerez llevaba al niño sentado sobre sus muslos, “a upa”, ya que el vehículo cuenta con cuatro asientos y había cinco personas a bordo.

Las pruebas de la Policía Científica permitieron corroborar lo descrito, y tal conducta implica que la inercia hizo que el pequeño chocara contra el volante. Además, se aclaró que el niño no tenía protección alguna, como un cinturón de seguridad, lo que hubiera reducido el impacto.

Tanto el conductor de la camioneta que estuvo involucrada en el impacto, Manuel Molinari, como la mujer que conducía el vehículo "UTV" ya están imputados por el mismo delito.

Bastian quedó internado el lunes alrededor de las 21, minutos después del evento vial entre una camioneta y dos vehículos "UTV" - en uno iba él con dos menores más, la conductora y su padre - en la zona de La Frontera, en la localidad de Pinamar.

El jueves, tras mantenerse estable, pudo ser trasladado al hospital pediátrico de Mar del Plata. Por el impacto entre los rodados, el niño sufrió múltiples traumatismos en el cráneo y el torso, con grave compromiso hepático. Este viernes fue operado por tercera vez y continúa internado en estado grave y pronóstico reservado.

En la mañana de hoy, personal de Centinela en Territorio junto a UPPL Tandil, procedieron en calle Maritorena al 600 a la aprehensión de un menor de 15 años, quien instantes antes intentaba sustraer un motovehículo Honda XR 150 cc que se hallaba estacionado en la vía pública.

La maniobra fue advertida por el propietario del rodado, motivo por el cual el menor emprendió la fuga, siendo interceptado y aprehendido a pocos metros del lugar por el personal actuante.

Intervino la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (UFI N.º 18), la cual dispuso la notificación de recaudos legales de rigor y la entrega del menor a sus progenitores.

Una madre alertó porque un comercio de la zona de la Plaza del Tanque vende alcohol a menores. Además, hizo mención a un caso en el que una nena de 14 años debió ser atendida por una ambulancia y trasladada al Hospital Municipal luego de ingerir vino y una bebida a base de vodka.

Pero además, dio cuenta de la dificultad para denunciar el hecho. Contó que se dirigió a la Policía, donde la derivaron al Municipio. En la comuna le indicaron que se traslade a la Dirección General de Inspecciones y Habilitaciones, pero la oficina había culminado su horario de atención al público, por lo que la madre deberá esperar que pase el fin de semana para alertar del caso. En comunicación con el 103, sumó, le transmitieron sobre la dificultad de los controles.

“No está bueno que hay comercios cerca de las escuelas que vendan alcohol a menores de 18 años, no está bueno”, expresó Andrea. La mujer contó que supo del caso de la menor alcoholizada ya que su propia hija se encontraba con ella al momento en el que debieron llamar al servicio de salud.

“Hay locales habilitados que venden alcohol a menores. Le vendieron a chicos de 14 años”, relató la madre, quien sumó que “una de las chicas terminó alcoholizada siendo trasladada por la ambulancia y atendida en la Guardia”, precisó.

Andrea relató que fue su propia hija –de 14 años-, quien el jueves 13 entre las 2 y las 3 de la tarde la llamó por teléfono advirtiéndole que habían estado tomando alcohol, y que su amiga se encontraba descompuesta. La respuesta de Andrea fue que dieron aviso a la madre de la chica afectada, y por su parte llamó al colegio –que prefirió mantener en reserva-. 

“Ellos tienen libre un horario y vuelven a clase, estaban por entrar a un taller”, señaló la madre, quien agregó que la menor debió quedar internada en el nosocomio local.

“La mamá de la nena se acercó a mi hija después del colegio, nos pusimos a hablar y nos contó más detalles de lo sucedido”, sumó Andrea. La madre de la menor alcoholizada, indicó, revisó el resumen de la billetera virtual de su hija y comprobó la compra de alcohol en un comercio de la zona.

Tras el hecho, la comunidad de padres se puso en contacto y evalúan presentarse ante las autoridades de las escuelas para compartir la situación. “Estamos hablando con otros padres, para que tomen medidas en este sentido”, adelantó Andrea.

Sin embargo, no logró hacer la denuncia. Al terminar su horario de trabajo se dirigió a la Policía, donde fue derivada al Municipio. En la comuna fue nuevamente derivada pero a las oficinas de Inspección, ubicadas en la Terminal. Como ya había concluido el horario de atención al público, deberá esperar al lunes 17. En paralelo se propuso denunciar mediante la aplicación Centinela y el número 103, donde contó que le fue señalada la dificultad de controlar ese tipo de situaciones.

En un accionar conjunto entre el Comando de Patrullas y la Comisaría Segunda, con el apoyo del Centro de Monitoreo Municipal, la policía logró recuperar una motocicleta robada y detener al responsable, un menor de edad.

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando una alerta del Centro de Monitoreo informó sobre el robo de una motocicleta Yamaha XTZ 125 cc, color blanca, sustraída en calle Alberti al 1500. Gracias a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad y a la descripción aportada del autor, se desplegó un operativo cerrojo para dar con el sospechoso.

El operativo dio resultados minutos después, cuando el presunto ladrón fue avistado en la intersección de Kramer y Lisandro de La Torre. Al notar la presencia policial, el joven intentó escapar, iniciando una persecución que culminó en Ruta 226 y Dinamarca, donde fue interceptado.

El detenido resultó ser un menor de 15 años, quien fue puesto a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 18 bajo los cargos de Robo Agravado de Vehículo dejado en la vía pública y Desobediencia.

La motocicleta fue recuperada y devuelta a su legítimo propietario. La causa continúa bajo la intervención de la justicia de menores.

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del jueves movilizó a personal policial y servicios de emergencia en la intersección de las calles Ariztegui y La Pesquería. El hecho se registró alrededor de las 23:10 horas, cuando un automóvil Renault 11, patente RPJ473, impactó contra un poste de alumbrado público.

Según información proporcionada por fuentes policiales, el vehículo era conducido por una joven de 17 años, quien se encontraba acompañada por otra menor de la misma edad. Por causas que aún se investigan, el automóvil colisionó de manera violenta contra la estructura.

Las ocupantes fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas por una ambulancia del SAME al Hospital Municipal Ramón Santamarina, donde recibieron atención médica. Ambas sufrieron un traumatismo de cráneo con perdida de conocimiento, por lo que hasta el momento, permanecen internadas en dicho nosocomio.

Desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad comunicaron que encontraron a la menor que era buscada desde el pasado lunes.

La misma está en buen estado de salud. 

Este viernes ocurrió un nuevo accidente de tránsito en la ciudad, protagonizado por dos automóviles que terminaron encima de la vereda.

El hecho ocurrió cerca de las 17 horas en la intersección de las calles Pratt y Cabral, cuando un Renault 12 de dominio VQH 144, conducido por Fanny Rodríguez, de 24 años, impactó, por razones que restan establecerse, contra un Volkswagen Gol de patente TFU 517, en el que viajaban Leandro Montero y un menor de 8 años.

Producto de la colisión, el niño fue trasladado por personal del SAME al Hospital Ramón Santamarina, desde donde informaron que fue dado de alta a la brevedad, sin lesiones.

Un accidente de tránsito ocurrió esta tarde, en la intersección de avenida España y Rodríguez, y dejó como saldo el traslado de un bebé de 1 año al Hospital de Niños.

Según informaron fuentes policiales, un automóvil Ford Focus blanco, con patente AA675SG, conducido por Federico García Macchi (26), y un Citroën C4 blanco, patente NPO 939, que era manejado por Matías Canale (40), impactaron en esa esquina con semáforo.

En el vehículo de Canale viajaban, además, su esposa y su hijo de 1 año.

A raíz del primer impacto, el Ford Focus fue impulsado y colisionó contra un BMW negro, con patente AF164XF, conducido por Tomás Matías Larocca (50).

Testigos del impacto, señalaron que el Ford Focus circulaba por Rodríguez y se dispuso a cruzar la avenida con luz verde. En ese instante, el vehículo fue impactado por el Citroën que transitaba por España hacia la Ruta 226.

Por la violencia del golpe, el auto que manejaba García Macchi salió proyectado y terminó rozando al BMW que estaba detenido sobre el carril de la avenida que se dirige hacia El Calvario.

El personal del SAME llegó rápidamente al lugar del siniestro y trasladó al niño al Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas para su atención médica.

Efectivos policiales trabajaron en el sitio para realizar las pericias correspondientes y esclarecer las causas del accidente.