Con un mayor impulso en las exportaciones del sector energético y minero, dos de los tres rubros clave para el ingreso de divisas al país, la recaudación podría superar los 50.000 millones de dólares para 2030. El Gobierno nacional impulsa distintas políticas orientadas al crecimiento de estos sectores estratégicos con el objetivo de sumar más dólares y reactivar la economía.

A partir de la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado "Súper RIGI", la energía y la minería se posicionan como los grandes captadores de divisas. En el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central (BCRA), se recalcularon las estimaciones de ingreso de dólares respecto al primer período. Este documento, que se publica de manera trimestral, analiza los principales puntos de la economía argentina.

La guerra en Medio Oriente, iniciada a finales de febrero, provocó que los precios del petróleo internacional se dispararan, permitiendo proyectar una mayor captación de divisas. Este factor se suma a las exportaciones realizadas desde Vaca Muerta y la puesta en marcha de distintos proyectos bajo el marco del RIGI. El IPOM del segundo trimestre revaluó sus estimaciones y calculó que, entre ambos sectores, habría un ingreso extra de 3.000 millones de dólares entre 2026 y 2029.

"El Gobierno se encuentra impulsando una agenda de reformas que abarca múltiples dimensiones económicas (rebajas impositivas, desregulación de mercados, apertura económica, estabilidad jurídica). Estas reformas introducen incentivos que impulsan el potencial que tiene la economía argentina en varios sectores proveedores de divisas tales como la energía, la minería, el agro y los servicios basados en el conocimiento", se indica en el texto oficial.

El BCRA estima que los ingresos pasarán de 13.000 millones de dólares en 2025 hasta los 50.000 millones en 2030, lo que representa un salto de más del 290% en cinco años. Desglosado por años, en 2026 la balanza combinada sería de 19.000 millones de dólares (8.000 millones de energía y 5.000 millones de minería) y saltaría a los 24.000 millones en 2027 (16.000 millones de energía y 8.000 millones de minería), con la puesta en marcha del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

Para 2028, el saldo entre ambos sectores dejaría un total de 28.000 millones de dólares (20.000 millones de energía y 8.000 millones de minería), llegando al 2029 con una balanza combinada de 34.000 millones de dólares. El mayor salto se proyectó para 2030, año en el que la autoridad monetaria pronosticó un ingreso de 51.000 millones de dólares, de los cuales 34.000 millones provendrían de la energía y 17.000 millones de la minería.

"La administración está corrigiendo décadas de sesgo antiexportador de la política económica y apoyando un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones", finaliza el documento.

En junio de 2026, el índice de producción industrial minero (IPI minero) muestra una suba de 11,4% respecto a igual mes de 2025, según el Indec.

El acumulado enero-junio de 2026 presenta un aumento de 8,4% respecto a igual acumulado del año anterior.

En junio de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una suba de 1,7% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,8% respecto al mes anterior.

En junio de 2026, el índice de “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural” muestra una suba de 8,9% respecto a igual mes de 2025.

El acumulado enerojunio de 2026 presenta un aumento de 6,3% respecto a igual acumulado del año anterior.

En junio de 2026, el índice de “Extracción de minerales metalíferos” muestra una suba de 1,3% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-junio de 2026 presenta un aumento de 1,3% respecto a igual acumulado del año anterior.

En junio de 2026, el índice de “Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación” muestra una suba de 46,8% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-junio de 2026 presenta un aumento de 36,0% respecto a igual acumulado del año anterior. (NA).

Mientras la atención internacional continúa concentrada en el narcotráfico, otra economía ilícita crece silenciosamente hasta convertirse en uno de los principales motores financieros del crimen organizado. La explotación ilegal de oro actualmente financia guerrillas, carteles, mafias, redes de corrupción y estructuras de lavado de activos que disputan el control territorial en buena parte de América Latina. El fenómeno ya no constituye un problema ambiental, representa una amenaza estratégica para la seguridad de los Estados.

Durante décadas, el narcotráfico fue considerado el principal motor financiero de las organizaciones criminales latinoamericanas; guerrillas, carteles, organizaciones mafiosas y grupos armados encontraron en la cocaína una fuente extraordinaria de recursos (aún vigente) que les permitió expandirse, corromper instituciones, adquirir armamento, controlar territorios y desafiar la autoridad de los Estados. La imagen del crimen organizado quedó así inevitablemente asociada a las rutas de la droga, los grandes cargamentos, los laboratorios clandestinos y las redes internacionales de distribución. Sin embargo, mientras la mayor parte de los esfuerzos estatales continuaban concentrándose en combatir ese fenómeno, otra economía ilícita comenzó a expandirse de manera constante, silenciosa y con una capacidad de adaptación extraordinaria.

Lejos de ocupar un lugar secundario dentro de las actividades criminales, la minería ilegal se convirtió en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado transnacional, modificando profundamente la estructura económica de estas organizaciones, posibilitando a su vez la diversificación de sus fuentes de ingresos. El cambio no resulta casual, responde a una lógica empresarial que las organizaciones criminales han perfeccionado durante décadas. Como cualquier estructura económica compleja, el crimen organizado busca reducir riesgos, diversificar inversiones y asegurar la continuidad de sus ingresos frente a escenarios inestables o cambiantes.

La presión internacional sobre el narcotráfico, el fortalecimiento de algunos mecanismos de cooperación judicial y financiera y la mayor capacidad de los Estados para interceptar cargamentos de distintos tipos de drogas impulsaron a estas organizaciones a explorar mercados ilícitos con menor exposición y similares niveles de rentabilidad. En ese proceso, el oro apareció como un recurso excepcional. A diferencia de la cocaína, cuya producción, transporte y comercialización requieren una infraestructura logística, compleja y, (aunque clandestina), potencialmente detectable, el oro posee una característica que lo convierte en un activo particularmente atractivo para las economías criminales, ya que, una vez extraído, resulta extremadamente difícil distinguir el origen legal del ilegal. Puede fundirse, mezclarse con producción formal, incorporarse rápidamente al circuito financiero internacional y comercializarse como un producto aparentemente legítimo; en otras palabras, el oro ofrece algo que pocos activos ilegales proporcionan simultáneamente, como el alto valor económico, la estabilidad de precio, la aceptación universal y enormes posibilidades de lavado de activos.

Esta condición explica por qué numerosas organizaciones criminales comenzaron a desplazar parte de sus recursos hacia la explotación ilegal de minerales preciosos. El fenómeno ya no se limita a pequeños grupos de buscadores informales ni a explotaciones artesanales desarrolladas en zonas aisladas; la minería ilegal evolucionó hasta convertirse en una compleja industria clandestina que demanda maquinaria pesada, logística internacional, redes financieras, sistemas de transporte, protección armada, estructuras orientadas a explotar la corrupción y mecanismos sofisticados de comercialización. Lo verdaderamente novedoso es que esta actividad dejó de ser un simple delito ambiental para transformarse en un fenómeno que afecta seriamente a la seguridad regional. Durante muchos años, la minería ilegal fue analizada casi exclusivamente desde la perspectiva de la protección del medio ambiente. La preocupación principal giraba alrededor de la deforestación, la contaminación con mercurio, la degradación de los cursos de agua y la destrucción de ecosistemas estratégicos.

Todos esos efectos continúan existiendo y representan una amenaza de enorme magnitud, sin embargo, esa mirada resulta hoy ciertamente insuficiente ya que, detrás de cada explotación minera ilegal a gran escala, suele encontrarse una estructura criminal mucho más amplia. Allí donde aparecen dragas clandestinas, retroexcavadoras, campamentos ilegales y pistas aéreas improvisadas, rara vez opera un único delito, emergiendo un verdadero ecosistema criminal en el que convergen el lavado de activos, la trata de personas, la explotación laboral, el tráfico de armas, el narcotráfico, la corrupción pública, el contrabando y la violencia organizada; la diversificación criminal les proporciona a estas estructuras delictivas, mayor resiliencia, reduciendo riesgos y multiplicando su capacidad para adaptarse a las respuestas estatales. La minería ilegal financia organizaciones capaces de controlar territorios completos, imponer sistemas paralelos de autoridad, regular actividades económicas, cobrar extorsiones, administrar justicia por mano propia e incluso sustituir al Estado en vastas regiones de América Latina. En definitiva, el oro dejó de ser únicamente un metal precioso, convirtiéndose en extensos lugares de América Latina, en la moneda con la que el crimen organizado compra poder, construye gobernanza, financia violencia y consolida su expansión.

Evolución criminal en la región - patrones y mutaciones de la minería ilegal

La evolución del crimen organizado demuestra que las organizaciones más exitosas no son necesariamente las más violentas. Son aquellas que logran adaptarse con mayor rapidez a las transformaciones económicas, regulatorias y geopolíticas. Allí donde los Estados concentran sus esfuerzos sobre una actividad específica, estas estructuras desplazan parte de sus recursos hacia nuevos mercados, reducen riesgos y preservan su capacidad financiera. La minería ilegal representa, precisamente, una de esas mutaciones estratégicas.

La Amazonía y la Zona Andina comparten profundas semejanzas en sus crisis de inseguridad debido a que la minería ilegal funciona bajo las mismas lógicas del crimen organizado transnacional. Aunque difieren drásticamente en su geografía, el auge en el precio internacional del oro ha convertido a ambas regiones en objetivos de mafias internacionales que aprovechan la debilidad del Estado. Esto ha homogenizado las amenazas que sufren las poblaciones locales de la selva y de la montaña en extensos sectores de la región.

Colombia - minería criminal como sustituto del narcotráfico

En Colombia, por extraño que nos parezca, la minería ilegal ha llegado a equiparar e incluso superar al narcotráfico en ciertas regiones como principal fuente de ingresos para grupos armados organizados. Estructuras como el Clan del Golfo o disidencias de las FARC y estructuras posparamilitares (las llamadas bandas criminales emergentes - BACRIM – ) han incorporado la explotación aurífera como eje estratégico.

Las características relevantes, del fenómeno Colombiano están dadas por el control territorial directo de zonas de extracción; en regiones como Chocó, Antioquia, Cauca o el sur de Bolívar, estos actores controlan dragas, retroexcavadoras, insumos químicos y rutas de comercialización, imponiendo impuestos a mineros informales y sus comunidades, empleando la violencia como método de disciplinamiento territorial. La relación con comunidades indígenas y afrodescendientes es ambivalente, en algunos casos hay cooptación y participación directa de comuneros en la cadena de extracción; en otros, resistencia y desplazamiento forzado.

La minería ilegal se superpone con cultivos ilícitos y corredores de narcotráfico, generando un mapa de economías ilícitas integradas donde el oro funciona como lavado de activos y diversificación criminal. La minería ilegal demuestra una alta sofisticación logística y financiera, con vínculos que atraviesan fronteras. Colombia muestra un alto grado de criminalización de la minería ya que, no es solo una actividad informal, sino un componente estructural de la economía de guerra de grupos armados, con capacidad de controlar ríos, pasos y centros poblados, además de condicionar la vida comunitaria mediante extorsión, reclutamiento y regulación violenta de la actividad.

Venezuela y el arco minero del Orinoco

En Venezuela, el Arco Minero del Orinoco y otras zonas auríferas del sur del país ilustran un modelo aún más extremo, la minería ilegal (y semi-legal, bajo paraguas estatal) se articula con sindicatos mineros, pranes y grupos armados que ejercen un control casi total sobre campamentos, poblaciones y rutas fluviales. En territorios indígenas del estado Bolívar y áreas cercanas al amazonas Venezolano, estos actores imponen reglas propias, cobran impuestos, regulan el acceso a insumos y ejercen violencia sistemática, incluyendo masacres y desplazamientos.

A ello se suma la presencia de grupos armados de carácter irregular, colombianos como el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), que han sido señalados como partícipes del negocio minero en zonas fronterizas, lo que refuerza la idea de una economía criminal transnacional donde oro, armas y drogas circulan en un mismo circuito. La gobernanza estatal se ve sustituida por una gobernanza criminal híbrida, esto es, actores armados locales, estructuras carcelarias (pranato) y segmentos de fuerzas de seguridad que participan o protegen la actividad ilegal. Para las comunidades que habitan esos espacios, esto se traduce en pérdida de control sobre su territorio, contaminación masiva de ríos, ruptura de formas tradicionales de organización y una dependencia creciente de la economía del oro para sobrevivir, aun sabiendo que esa misma economía destruye su entorno y su tejido social.

Perú - la guerra por el control minero en el Pataz

En el Perú, la minería ilegal ha superado al narcotráfico como la economía ilícita más rentable y destructiva. Esta crisis ya se extiende a 11 regiones amazónicas y a enclaves críticos de la sierra andina, generando un escenario de violencia que desafía directamente la soberanía del Estado. La situación en el territorio Peruano evidencia el cruce de estas dos realidades geográficas bajo el control del crimen organizado.

En la sierra de La Libertad, la provincia de Pataz se ha convertido en el símbolo de la violencia andina por el oro. Organizaciones transnacionales operan allí controlando socavones. El uso de armamento militar pesado de largo alcance (fusiles de asalto AR-15 y AKM, granadas y explosivos) ha transformado la zona en un campo de batalla. El Gobierno mantiene a Pataz bajo un constante estado de emergencia con control de las Fuerzas Armadas y toque de queda. Pese a millonarias incautaciones y la destrucción de campamentos, la violencia (sicariato, secuestros y extorsión) y los enfrentamientos armados persisten. La enorme capacidad económica de estas redes delictivas ha penetrado la política local, detectándose candidatos municipales y regionales con nexos directos a la minería ilegal.

Brasil - el garimpo ilegal

En la Amazonia—especialmente en territorios yanomami y otras tierras indígenas—la actividad minera artesanal (garimpo), muestra otro patrón de convergencia entre minería, crimen organizado y captura territorial. Miles de garimpeiros operan con apoyo logístico que incluye avionetas, combustible, maquinaria pesada y cadenas de suministro que no pueden sostenerse sin algún grado de protección política y criminal.

En los últimos años se ha documentado la articulación de facciones como el PCC y otras organizaciones con el negocio minero, ya sea en la provisión de armas, en el control de rutas fluviales y aéreas, o en el uso del oro como mecanismo de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Las comunidades indígenas sufren invasiones masivas, destrucción de fuentes de agua, epidemias y violencia, mientras el Estado oscila entre operativos de interdicción y períodos de tolerancia o desregulación de facto. Brasil aporta el componente de industrialización del garimpo, ya que la minería ilegal no es solo un conjunto de campamentos improvisados, sino una cadena productiva con financistas, proveedores, pilotos, intermediarios y compradores internacionales, donde el crimen organizado se inserta como garante de la seguridad y la logística.

Argentina observador participante

También en nuestra Cordillera se han registrado incidentes a lo largo de la historia reciente, siendo quizá el más conocido, aquel que se difundiera públicamente como el incidente del ZANCARRON.

Los hechos tuvieron lugar en la mina El Zancarrón, un yacimiento de oro inactivo y sin custodia, ubicado a 3.550 metros sobre el nivel del mar en la alta cordillera de la Provincia de San Juan, departamento de Iglesias, Jáchal, justo en el límite fronterizo entre Argentina y Chile; allí cuatro mineros chilenos (conocidos históricamente en la región como "pirquineros") cruzaron la frontera por un paso ilegal no habilitado utilizando para ello, una camioneta. El grupo se instaló de forma clandestina en el yacimiento argentino y extrajo rocas con alto contenido de oro en bruto. Efectivos del Escuadrón 25 Jáchal de la Gendarmería Nacional Argentina recibieron una alerta sobre movimientos sospechosos en la alta montaña y desplegaron un operativo cerrojo a resultas del cual lograron detener a los incursores ilegales, quienes se resistieron a la detención, llegando a utilizar armas de fuego. No obstante, estos antecedentes, nuestro país aún conserva una ventaja estratégica dado que puede observar y entender antes de padecer el problema. Argentina posee recursos minerales de enorme valor, especialmente oro, plata, cobre y litio, compartiendo además extensas fronteras internacionales, corredores logísticos complejos y zonas de baja densidad poblacional que requieren una vigilancia permanente.

No se trata únicamente de incrementar controles policiales, sino de integrar organismos ambientales, aduaneros, tributarios, judiciales, financieros y de inteligencia criminal bajo una conducción estratégica común. La cooperación internacional también ocupa un lugar decisivo. Ninguna organización criminal opera exclusivamente dentro de las fronteras nacionales; las rutas financieras, logísticas y comerciales atraviesan varios países de forma simultánea. Compartir inteligencia criminal, coordinar investigaciones patrimoniales y realizar operaciones conjuntas constituye una condición indispensable para enfrentar este fenómeno de alcance transnacional. Sin embargo, ninguna herramienta será suficiente si el Estado actúa únicamente cuando el delito ya se encuentra consumado.

La principal enseñanza que ofrece América Latina es que el éxito del crimen organizado depende mucho menos de su capacidad que de las oportunidades que encuentran para crecer. Las organizaciones criminales no crean las vulnerabilidades, simplemente las identifican, las estudian y las explotan con extraordinaria rapidez.

La pregunta, entonces, ya no consiste en determinar cuál de estas economías ilícitas resulta más rentable. La verdadera cuestión es comprender cómo interactúan entre sí para fortalecer la capacidad de expansión del crimen organizado, porque el oro, por sí solo, no explica la magnitud del fenómeno. Lo verdaderamente preocupante es que ha pasado a convertirse en el punto de encuentro donde confluyen violencia, corrupción, captura institucional, devastación ambiental y sofisticadas redes financieras internacionales. Es allí donde la minería ilegal deja de ser un problema sectorial para transformarse en uno de los mayores desafíos estratégicos para la seguridad y la gobernabilidad de América Latina, región de la que somos parte.

El presidente Javier Milei afirmó este domingo que “el crecimiento de los sectores energético y minero” permitirá avanzar hacia la eliminación definitiva de las retenciones al agro, en respuesta al reclamo que minutos antes había formulado el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

Aunque no realizó anuncios concretos durante su exposición, el mandatario nacional dejó planteado que esos recursos serán la base para reemplazar uno de los principales ingresos fiscales vinculados al sector.

“Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido. Entendemos que eliminarlas es una obsesión para nuestro Gobierno y hemos dado muchos avances en esa dirección. Sin embargo, no le sirve a nadie que las eliminemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos”, sostuvo Milei durante un discurso de casi 40 minutos en la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo.

En ese sentido, el Presidente remarcó que “eliminar las retenciones es una prioridad” y aseguró que la estrategia oficial es hacerlo de manera sostenible.

“El crecimiento de la producción energética y minera permitirá generar los recursos necesarios para seguir reduciendo impuestos hasta eliminarlos por completo”, afirmó.

Las palabras de Milei llegaron inmediatamente después del discurso de Nicolás Pino, quien reclamó que las retenciones “dejen de existir por ley y para siempre” y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos 215.000 millones de dólares mediante ese tributo.

Ante un predio colmado de productores, dirigentes rurales y funcionarios nacionales, el Presidente calificó a los hombres y mujeres del campo como “héroes” y sostuvo que “desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país”.

En ese marco, afirmó que “se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos” y aseguró que la agroindustria atraviesa el comienzo de una nueva etapa.

En el predio de Palermo se encontraban el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo, y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

En tanto, en el palco se encontraban la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios y legisladores.

Durante su intervención, Milei definió a los productores agropecuarios como “héroes” y sostuvo que el país atraviesa un cambio de paradigma.

“Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”, afirmó al iniciar su discurso, donde repasó las medidas adoptadas por su gestión desde 2024 para favorecer al sector.

El mandatario cuestionó duramente las políticas aplicadas durante las últimas décadas y aseguró que el agro fue “castigado con impuestos, cepos, cupos y precios máximos”.

“Convirtieron al sector más pujante del país en el pagador de última instancia de la Argentina. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre”, sostuvo.

También defendió el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno y afirmó que se le quitó “al campo una por una las capas de estatismo que le habían puesto durante años”.

Otro de los ejes del discurso fue el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será debatido próximamente en el Senado. Según Milei, la iniciativa permitirá atraer fuertes inversiones hacia el sector agropecuario.

“Con la aprobación de esta ley estimamos inversiones por 15.000 millones de dólares en estas industrias”, señaló.

El Presidente sostuvo que la norma brindará mayor seguridad jurídica y facilitará la llegada de capitales para potenciar actividades productivas hoy subexplotadas.

En buena parte de su exposición, Milei responsabilizó a los gobiernos anteriores por haber convertido al agro en “el pagador de última instancia” del Estado.

“En vez de pagarle con justicia al campo por lo que había hecho por el país, lo castigó con impuestos, cepos, cupos y precios máximos. Ese es el campo que fue, el exprimido y atado de manos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre”, sostuvo.

También rechazó las críticas históricas al sector y reivindicó su aporte a la economía nacional.

“Nunca más debemos permitir que alguien nos venga con la cantinela de que el campo no agrega valor ni genera empleo”, afirmó, antes de remarcar que el complejo agroindustrial explica cerca de un cuarto del empleo formal del país y que detrás de cada productor existe una extensa cadena de trabajo integrada por veterinarios, ingenieros, transportistas, biotecnólogos, molinos, aceiteras y numerosos proveedores.

El mandatario repasó las reducciones impositivas implementadas desde el inicio de su gestión y sostuvo que los resultados productivos demuestran el impacto positivo de esas medidas.

“Solo por la baja de retenciones, la relación entre nuestros precios en Rosario y los de Chicago mejoró hasta un 19% en el maíz y un 12% en la soja”, señaló, al tiempo que recordó que el productor pasó de recibir alrededor del 65% del precio internacional de la soja a percibir actualmente cerca del 75%.

“Va a seguir subiendo hasta que el día de mañana reciba el precio pleno, el 100% de lo que genera su esfuerzo”, prometió. En ese sentido, afirmó que “todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda” y sostuvo que el Gobierno está “camino a terminar de liberarlos por completo”.

Luego detalló el cronograma de reducción de derechos de exportación para los principales productos agropecuarios: recordó que las economías regionales, los lácteos, los productos porcinos y varias categorías de carne ya quedaron con retenciones cero; que la soja bajó del 33% al 24% y continuará descendiendo hasta el 15% en diciembre de 2028; que sus derivados pasarán del 31% al 14%; que el maíz caerá al 5,5%; y que el trigo y la cebada ya tributan el 5%, otorgando -según afirmó- previsibilidad al productor.

Uno de los conceptos centrales del discurso fue la vinculación entre el desarrollo de nuevos sectores productivos y el alivio fiscal para el agro.

Milei sostuvo que el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras permitirá reemplazar progresivamente el peso que históricamente tuvo el campo como principal generador de divisas.

“Hoy la energía y la minería están rápidamente acompañando el despegue exportador del país”, indicó, para luego afirmar que esos recursos serán los que financiarán la eliminación definitiva de las retenciones.

Al mismo tiempo, insistió en que cualquier reducción de impuestos dependerá de mantener el equilibrio de las cuentas públicas. “No hay baja de impuestos posible sin superávit fiscal sostenido”, aseguró, y advirtió que el déficit implicaría “la vuelta de las diez plagas de Egipto”.

El Presidente dedicó varios minutos a enumerar las reformas implementadas por su administración para el sector. Destacó la eliminación del cepo y del Impuesto PAIS, la reducción de aranceles para fertilizantes, herbicidas y maquinaria agrícola, la autorización para importar maquinaria usada, el régimen especial del RIGI para inversiones agropecuarias, la digitalización de trámites laborales, la baja del IVA para sistemas de riego y una profunda desregulación del Senasa.

También mencionó la eliminación del peso mínimo de faena, el levantamiento de restricciones para exportar ganado en pie y cortes bovinos, la digitalización del movimiento de carne, la eliminación del RUCA, la ampliación de la circulación de bitrenes, la privatización del Belgrano Cargas y el nuevo plan sanitario para la vacunación contra la fiebre aftosa, que, según indicó, permitirá ahorrar unos 25 millones de dólares al sector.

“De las más de 16.000 reformas que llevamos hechas, más de mil fueron para liberar específicamente al campo”, aseguró.

Milei también resaltó las medidas destinadas a ampliar el acceso al financiamiento privado para los productores. Mencionó la desregulación del mercado de warrants, la creación del pagaré mercancía y la flexibilización del mercado de capitales para facilitar nuevas inversiones.

En materia tecnológica, celebró la expansión del servicio satelital de Starlink y anunció que 6.000 escuelas rurales recibirán kits de conectividad, mientras que el Enacom financiará un año adicional del servicio. “Gracias, Elon”, expresó al referirse al empresario Elon Musk.

En paralelo, destacó la apertura de más de 500 mercados internacionales desde el inicio de su gestión, la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, las negociaciones con Singapur y el ingreso de productos argentinos en mercados como Indonesia, Japón, India, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.

Otro de los ejes del mensaje fue la defensa del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno.

Según explicó, la iniciativa protegerá a los productores frente a posibles expropiaciones y permitirá atraer inversiones estimadas en 15.000 millones de dólares para sectores como la industria forestal, la lechería, el riego y distintas economías regionales.

Asimismo, destacó el proyecto para modificar el régimen de navegación de los ríos, ampliar la hidrovía, habilitar nuevos puertos privados y reducir los costos logísticos, especialmente para los productores del norte del país.

Sobre el cierre, Milei proyectó un fuerte crecimiento de la producción agropecuaria y aseguró que el país está en condiciones de duplicar la cosecha de granos hasta alcanzar los 300 millones de toneladas.

“El campo que se viene va a producir récord tras récord gracias a que el Estado por fin se corrió del medio”, afirmó.

También sostuvo que el capital internacional “está volviendo a votar por la Argentina” y concluyó que el objetivo de su gestión es que el país recupere el lugar que alguna vez ocupó entre las economías más prósperas del mundo.

“Queremos volver al país que cuando le dio libertad al campo se convirtió en el granero del mundo y en una de las naciones más ricas del planeta”, concluyó.

La liquidación de divisas proveniente de los complejos agropecuario, minero y energético alcanzaría un récord de US$57.168 millones en 2026 e ingresarían más dólares en el segundo semestre que en el primero, según estimó en un informe la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De confirmarse esta cifra, la entidad destacó que se superaría el máximo histórico registrado en 2022 (US$56.722 millones) y representaría un salto significativo respecto de los US$50.381 millones liquidados en 2025.

La principal novedad del reporte radica en el cambio en la composición del ingreso de dólares. Tradicionalmente, el flujo de divisas se concentra en el primer semestre debido a la cosecha gruesa del agro.

Sin embargo, para 2026 se espera que el segundo semestre aporte US$29.793 millones, superando los US$27.375 millones de la primera mitad del año.

Este fenómeno se explica por el peso creciente de la energía, impulsada por Vaca Muerta, y de la minería, sectores que no dependen del calendario agrícola y proporcionan un flujo más estable de divisas a lo largo del año.

El detalle por sector

Agro: sigue siendo el principal aportante con una liquidación proyectada de US$34.897 millones. Aunque esta cifra sufrió un recorte de US$1.200 millones respecto a estimaciones previas debido a una baja en los precios internacionales de exportación.

Minería: el sector se consolida como un pilar fundamental, proyectando exportaciones por más de US$9.000 millones para 2026. Esto implica que la minería pasará a explicar 1 de cada 10 dólares exportados por el país, gracias al dinamismo del litio y la mejora en los precios del oro y la plata.

Energía: se encamina a un año histórico con la mayor producción de petróleo de la historia argentina, superando el récord de 1998. Se estima que las exportaciones de combustibles y energía superen los US$14.400 millones, dejando un superávit comercial energético récord superior a los US$12.000 millones.

El informe destaca que la puesta en marcha del oleoducto VMOS hacia finales de 2026 será determinante.

Esta obra permitirá evacuar 190.000 barriles diarios adicionales, lo que garantiza que el flujo de divisas sea creciente y menos estacional, fortaleciendo la posición externa del país hacia el cierre del año y de cara a 2027. (NA).

La agroindustria, la minería y la energía sumaron un ingreso neto de 17.605 millones de dólares por comercio exterior de bienes durante el primer cuatrimestre del año. Esta cifra marca un récord e implica un incremento del 20,9 por ciento frente al mismo periodo del 2025, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elaborado en base a datos del Banco Central (BCRA).

El reporte destaca que el sector energético y la agroindustria se consolidan como los motores principales de la economía. En cuanto al desempeño de la minería y la energía, el documento detalló que, en conjunto, estos rubros registraron ingresos netos por 5.568 millones de dólares, el valor más alto desde al menos 2003. Además, el análisis proyectó que este año “se perfilan a batir un récord de liquidación de dólares”.

Al puntualizar en los impulsos del avance, el informe precisó que la minería aportó 2.927 millones de dólares en los primeros cuatro meses del año, lo que implica un salto del 88% respecto a 2025, beneficiada por buenos precios internacionales. En paralelo, hizo hincapié en el petróleo, al destacar que registró un ingreso de 2.877 millones de dólares, un aumento interanual del 38 por ciento, gracias al incremento de la producción que permite potenciar exportaciones y reducir importaciones.

A pesar de no alcanzar sus máximos históricos, debido a que los precios internacionales actuales son menores a los picos de 2021 y 2022, la agroindustria sigue siendo el principal proveedor de divisas del país. En el primer cuatrimestre, el sector liquidó 12.037 millones de dólares netos, un 8,6 por ciento más que en 2025.

Al referirse al rendimiento al interior del sector, el informe expuso que el complejo oleaginoso y cerealero explicó cerca de dos tercios del saldo con 7.590 millones de dólares, mientras que el rubro de alimentos, bebidas y tabaco mostró una notable mejora interanual de 902 millones de dólares. Por su parte, la agricultura y ganadería primaria alcanzaron los 1.211 millones de dólares, el valor más alto de su serie.

El análisis de la BCR señaló que, fuera de estos tres grandes pilares, la mayoría de las actividades económicas presentan saldos netos negativos en su comercio exterior de bienes. Sin embargo, rescató que los principales sectores con déficit “muestran una reducción en dicho saldo al comparar con igual período de 2025”. 

En este sentido, indicó que sectores como la industria automotriz, maquinaria y equipo e industria química han logrado achicar su saldo negativo en un 52, 20 y 12 por ciento respectivamente, mediante una combinación de mayores cobros por exportaciones y menores pagos por importaciones en comparación con el año pasado.

La Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (Asimra) criticó la importación de una ciudad modular proveniente de China, destinada a hospedar a miles de trabajadores de la minería, argumentando que perjudica a los proveedores y trabajadores nacionales.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Asimra fue crítica con la decisión del consorcio liderado por PowerChina, Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A.

“Destruye a los proveedores nacionales, impacta en la cadena de valor regional y reduce la posibilidad de generar empleo genuino para la población local”, sentenció sobre la importación de una ‘ciudad modular’ cuyo fin es armar el campamento Batidero, en la provincia cuyana de San Juan, donde se realizará un megaproyecto de cobre.

Asimra, liderado por Javier Escobar, referente de los trabajadores mineros de Salta, San Juan, Catamarca, Jujuy y Santa Cruz, no fue el único que levantó la bandera de la queja, ya que se sumaron diferentes sectores industriales y empresariales de las provincias afectadas, quienes también alertaron sobre la pérdida de empleo y la relegación de proveedores nacionales en uno de los proyectos de inversión más grandes del país.

Si bien el foco de Asimra está puesto en el interés nacional, también valoró la llegada de las inversiones y, al mismo tiempo, expuso la necesidad de “buscar y facilitar soluciones integrales para PyMEs locales y para todos los trabajadores”.

Al respecto amplió: “Es inadmisible la decisión de traer una ciudad, con trabajadores chinos, e implantarla en medio de la cordillera argentina”, reforzaron y reivindicaron la participación de centenares de PyMEs locales que “están en condiciones de realizar las tareas”.

Se trata de la instalación inicial de 2.500 camas en el complejo habitacional Batidero, pero que por la dinámica de los trabajos rotativos en la minería la cifra se elevará para rondar entre las 3.500 y las 5.000 personas. A su vez, con el avance del emprendimiento, la demanda de trabajadores podría escalar a 12.000, requiriendo ampliar el complejo a 6.000 plazas.

El modelo de ciudad proveniente de China consiste en módulos prefabricados con estructura de acero, que se ensamblan y apilan en la montaña. Los mismos están listos para su uso y equipados con mobiliario y electrodomésticos. NA

La adjudicación del campamento Batidero para un megaproyecto de cobre en San Juan desató una fuerte controversia en la industria argentina. El consorcio liderado por PowerChina, junto a Beijing Chengdong y la firma santafesina RAFA S.A., obtuvo el contrato para importar desde China una ciudad modular destinada a albergar a miles de trabajadores mineros.

Esta decisión provocó un marcado rechazo en sectores industriales y empresariales locales, que advirtieron sobre la pérdida de empleo y la relegación de proveedores nacionales en uno de los proyectos de inversión más grandes del país. La obra prevé la instalación inicial de 2.500 camas, aunque la dinámica de trabajo rotativo llevará la cifra a entre 3.500 y 5.000 personas, con una demanda que podría escalar hasta 12.000 trabajadores.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Modular, Juan Pablo Rudoni, destacó que la decisión impacta de manera directa sobre la cadena de valor local. Según sus cálculos, la producción nacional podría haber generado al menos 400 empleos directos, frente a los 50 que requiere la logística y montaje de los módulos importados.

Rudoni subrayó que la empresa china accedió a exenciones impositivas a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que representa una ventaja decisiva. El dirigente recordó que la industria local cuenta con capacidad instalada suficiente, mencionando que empresas del rubro montaron 11 hospitales modulares en 40 días durante la pandemia.

El proyecto Vicuña, impulsado por Lundin Mining y BHP, se presenta como el emprendimiento minero más relevante de la historia argentina, con una inversión estimada de 18.000 millones de dólares hasta 2040. Ante este escenario, representantes de cámaras sectoriales solicitaron una mesa de diálogo con las empresas mineras para analizar el impacto real de la importación de infraestructura y buscar mecanismos que permitan una mayor participación de la industria nacional.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) correspondiente a marzo e informó que creció 10,4 por ciento interanual.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el primer trimestre del presente 2026 el acumulado del IPI minero se ubicó en el 6,4 por ciento.

“En marzo de 2026, el índice de producción industrial minero (IPI minero) muestra una suba de 10,4 por ciento respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 6,4 respecto a igual acumulado del año anterior”, comienza informando el informe del Indec sobre el IPI minero de marzo de 2026.

Para el mismo período, el índice de la serie desestacionalizada muestra una suba de 2,4 por ciento respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,8% respecto al mes anterior.

A su vez, la extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural marca que, en marzo de 2026, la “extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural” da cuenta de la suba de 6,9 por ciento respecto a igual mes de 2025 y el acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 4,9 respecto a igual acumulado del año anterior. NA

La expansión de la actividad minera en la Argentina ha reavivado un viejo desafío: cómo gestionar conflictos sociales complejos en los territorios, donde convergen intereses económicos, políticos, ambientales y comunitarios. En este contexto, la adecuada gestión de los conflictos no es meramente un accesorio útil, sino una condición indispensable para la viabilidad de los proyectos y la estabilidad institucional, especialmente en un escenario atravesado por cambios regulatorios sensibles, como la reciente reforma de la Ley que establece el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley de Glaciares).

Durante los últimos años, las iniciativas mineras —en particular en las provincias cordilleranas— han enfrentado importantes resistencias. Estas tensiones no responden únicamente a características de proyectos específicos, sino a factores estructurales: desconfianza hacia las autoridades y las empresas, percepciones de inequidad en la distribución de beneficios y preocupación sobre impactos ambientales irreversibles. La modificación de la Ley de Glaciares ha intensificado estas preocupaciones, al tratarse de una normativa que amplios sectores perciben como un pilar del resguardo ambiental.

Frente a este escenario, se suele cometer el error de abordar los conflictos como si fueran simples problemas comunicacionales o de coyuntura política. Sin embargo, los conflictos mineros, como todo conflicto social, son fenómenos complejos que requieren de intervención profesional especializada. No basta con voceros, campañas informativas o mesas de diálogo improvisadas. Se requiere de la participación de técnicos formados en gestión de conflictos, negociación, mediación, análisis de actores, narrativas y diseño de procesos participativos.

La gestión experta implica, en primer lugar, un diagnóstico riguroso. Esto supone identificar actores, analizar sus objetivos e intereses, comprender dinámicas territoriales y anticipar escenarios de escalada y desescalada de la intensidad conflictiva.

En segundo lugar, la intervención profesional permite estructurar procesos de diálogo que no sean meramente formales, a través de reglas claras, equilibrio entre las partes y mecanismos para construir acuerdos sostenibles y alcanzar la necesaria licencia social.

En tercer lugar, los especialistas aportan herramientas para gestionar aspectos críticos del conflicto que suelen ser subestimados: la emocionalidad, la percepción de riesgo, la construcción de confianza y la legitimidad de los procesos.

En este marco, la información, la transparencia y la seguridad jurídica adquieren una nueva dimensión. La información accesible reduce la incertidumbre; la transparencia fortalece la legitimidad; y la seguridad jurídica aporta previsibilidad tanto a las inversiones como a las comunidades.

La reciente reforma de la Ley de Glaciares ilustra con claridad este punto. Su implementación efectiva dependerá no solo de su contenido técnico, sino de la capacidad de gestionar los conflictos relevantes mediante procesos participativos, transparentes y profesionalmente conducidos.

La Argentina enfrenta una gran oportunidad y un enorme desafío. La minería puede ser un motor fundamental del desarrollo económico, pero su viabilidad depende de que pueda operar con legitimidad social y sostenibilidad ambiental.

La evidencia es clara: los conflictos mal gestionados derivan en proyectos paralizados, litigios judiciales y pérdida de inversiones. En cambio, aquellos abordados por especialistas desde etapas tempranas tienen mayores probabilidades de resolverse de manera sostenible y beneficiosa para las comunidades y las empresas involucradas.

En suma, la gestión experta de conflictos debe ser entendida como una inversión estratégica: en un escenario donde la reforma de la Ley de Glaciares ya es un hecho, resulta clave para evitar escaladas innecesarias y construir soluciones beneficiosas, justas y duraderas.

El ingreso oficial al RIGI del proyecto minero quedó autorizado mediante la Resolución 6/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, donde se explicó que el “Carbonatos Profundos” se encuentra enmarcado en el sector minería.

La solicitud de adhesión fue presentada por Minas Argentinas SA en calidad de Vehículo de Proyecto Único (VPU) para el proyecto que se ubica en la región de Gualcamayo, a 270 kilómetros al norte de la capital provincial de San Juan.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado días atrás, al momento de anunciar su aprobación, que “este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear 1.700 personas en forma directa”.

El proyecto representará una inversión total en activos computables de 519.647.635 dólares, superando el monto mínimo de inversión requerido, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En este sentido, la empresa informó que el monto inicial a invertir para el primer año es de 46,7 millones de dólares y para el segundo año 43,9, conformando un total de 90.6 millones, para lograr superar el 40 por ciento del monto mínimo de inversión dispuesto en la Ley Bases.

El texto oficial precisó que en la solicitud presentada al Ejecutivo, la empresa declaró que la fecha límite comprometida para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables para el proyecto es el 31 de diciembre de 2028.

En el plan de desarrollo de proveedores, se estipuló que el 69 por ciento de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura, durante las etapas de construcción y operación, corresponde a proveedores locales, porcentaje que excede el 20 por ciento exigido por la normativa vigente.

El Comité Evaluador de Proyectos RIGI “efectuó un análisis de los antecedentes obrantes en el expediente y, con sustento en los informes técnicos producidos por las dependencias y reparticiones con competencia técnica en la materia, recomendó aprobar la solicitud de adhesión al RIGI del Proyecto Único denominado “Carbonatos Profundos (DCP)” y su plan de inversión”, lo que termina efectivizando este jueves el Ministerio de Economía.

“Carbonatos Profundos” se convirtió en el décimo proyecto RIGI aprobado, por lo cual el régimen ya suma un total de inversiones superior a los 25 mil millones de dólares. NA

La Asamblea por la Preservación de las Sierras elevó a las autoridades provinciales de Minería un pedido de información sobre la reciente voladura en la cantera Cerro Federación que se escuchó en gran parte de la ciudad.

Sin desconocer que se trata de un establecimiento habilitado, y que funciona por fuera de la poligonal que protege el cordón natural serrano de Tandil, desde la Asamblea plantearon que las canteras que continúan en actividad “tienen la obligación de presentar estudios de impacto ambiental y de realizar trabajos de mitigación en todas las etapas, así como de cumplir normas técnicas a la hora de hacer explosiones. La magnitud de lo ocurrido con las explosiones del 11 de agosto abre muchos interrogantes sobre el cumplimiento de esas obligaciones. ¿Quién podría afirmar que es normal que una explosión le mueva el piso a gran parte de la ciudad? Que la Ley de Paisaje Protegido no las haya incluido no significa que pueden hacer cualquier cosa”, expresaron.

Cabe recordar, fue el pasado lunes 11 de agosto por la tarde cuando se sintieron una serie de explosiones que encendieron las alarmas de vecinos y vecinas de Tandil. Tanto a través de redes sociales como de mensajes a El Eco, los frentistas transmitieron su preocupación por la magnitud de lo ocurrido.

El martes 12 se confirmó que se había tratado de una detonación en la cantera Cerro Federación. Las autoridades municipales tomaron nota del asunto y solicitaron información a los responsables del establecimiento. Estos transmitieron que se trató de una pared que cedió en el marco de tres explosiones llevadas a cabo para remediar un frente de cantera.

“Basta de explosiones”

Más allá de la explicación que recibió la Comuna de parte de la empresa, desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras solicitaron a la Dirección Provincial de Minería información sobre lo ocurrido.

“La Dirección de Minería acusó recibo y respondió que había derivado la solicitud al sector correspondiente. Ante esto, solicitamos conocer cuál es ese sector para seguir el pedido y requerirle la respuesta”, transmitieron.

Si bien se trata de un establecimiento habilitado, los integrantes de la Asamblea manifestaron su preocupación por “el impacto irreversible de toda explotación sobre las Sierras de Tandil. Si bien la Ley de Paisaje Protegido es un avance que logró detener las canteras más cercanas  al casco urbano, las que quedaron en actividad están destruyendo Sierras de igual valor ambiental”.

Desde la Asamblea recordaron además que “hace más de 20 años un grupo de vecinos de La Movediza iniciaron un juicio contra la cantera por daños y perjuicios individuales y también en representación de la comunidad por el daño colectivo. Lo referido a los perjuicios individuales fue sentenciado a favor de los vecinos, veinte años después, cuando la mitad habían fallecido y con la intervención de una jueza de segunda instancia que admitió los perjuicios pero que, con criterio de equidad cuestionable, les bajó el resarcimiento por las condiciones constructivas de sus viviendas”.

En la misma línea, explicaron que el juicio por daño colectivo continúa en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y que la “lenta e insuficiente respuesta para vecinos que sufrían con frecuencia los efectos de las voladuras como la que hoy nos ocupa”.

El antecedente, señalaron, “podría ser tenido en cuenta para que toda la ciudadanía afectada se dirija a las autoridades con los reclamos por rajaduras, roturas de vidrios, así como cualquier otro perjuicio, y todos mancomunadamente sigamos planteando y exigiendo a las autoridades que se detenga la destrucción de las Sierras más antiguas de la Argentina”.

Este jueves, el Gobierno nacional eliminó las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero y derogó un régimen especial para envíos al exterior de cobre. La medida fue oficializada a través del Decreto 563/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La nueva normativa fijó la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) en 0% para mercaderías del sector minero. Entre las mismas se encuentran productos que pertenecen al universo de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas.

En el texto oficial, el Ejecutivo destacó que “la presente medida busca impulsar la competitividad del sector minero, en concordancia con los principios de libertad económica y apertura comercial, asegurando, al mismo tiempo, el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de equilibrio de las cuentas públicas y promoviendo un desarrollo productivo sostenible, respetuoso de la estabilidad fiscal”.

Al mismo tiempo, remarcó que “en materia de fomento de la actividad económica, la generación de empleo y el ingreso de divisas, el Gobierno Nacional ha establecido como prioridad la simplificación administrativa y la reducción de la carga impositiva, con el propósito de estimular la inversión y el desarrollo productivo”.

En este sentido, se explicó que “esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”.

Al profundizar la argumentación de la eliminación de las retenciones, la administración de Javier Milei expuso que “dicho sector representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca”.

Además, sostuvo que “el sector posee un significativo potencial de crecimiento, especialmente en el contexto de la transición energética global que impulsa la demanda de minerales de los que la República Argentina posee abundantes reservas, existiendo una considerable brecha de desarrollo en comparación con economías mineras de la región, donde la actividad representa hasta un 10% del PBI, frente al 1,2% en nuestro país”.

En este contexto, consideró que “resulta necesario generar las condiciones para que dicho potencial contribuya a la recuperación económica, se traduzca en nuevos empleos y mayor volumen de exportaciones, en línea con otras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de simplificación, desburocratización, reducción de trámites, facilitación del comercio, eliminación de impuestos distorsivos, apertura de nuevos mercados y un mayor posicionamiento internacional”.

El Decreto 563/2025 también eliminó el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, que se había creado con el objetivo de promocionar la actividad minera a través de un esquema de derechos de exportación.

Al fundamentar dicha determinación, el Gobierno nacional precisó que “el citado Registro nunca resultó operativo, por lo cual no hay beneficiarios inscriptos en dicho régimen promocional”. Debido a este motivo, el organismo fue dado de baja a través de la derogación del Decreto 308/22.

Un reciente pedido de exploración minera despertó interés en Necochea y Tandil, ya que podría revelar la presencia de metales preciosos como oro y plata en la región. La solicitud fue presentada por Osvaldo Di Giorgio y Marcos Iván Ayerza, el exjugador de Los Pumas, quienes buscan realizar estudios sobre un territorio de casi 9.900 hectáreas.

Según Ecos Diarios de Necochea, el proyecto, que cuenta con una inversión estimada de casi 2 millones de dólares, apunta a identificar minerales de primera y segunda categoría según el Código Minero Nacional. Entre estos se incluyen metales como oro, plata, cobre y hierro, así como cuarzo y feldespato, entre otros. La exploración estaría centrada en la zona de “La Numancia”, un sector que podría albergar valiosos recursos en su subsuelo.

El plan de trabajo incluye diferentes fases, con estudios específicos en el Sistema de Tandilia, abarcando puntos como Sierra Los Barrientos, Cerro Reconquista y otras áreas en Benito Juárez y Necochea. En una tercera etapa se realizarán perforaciones con equipos especializados, con 40 sondeos iniciales de 50 metros de profundidad cada uno, lo que podría extenderse a otras 40 perforaciones adicionales según los resultados obtenidos.

Si bien el hallazgo de oro y plata aún es una posibilidad que debe ser confirmada, el interés por la zona se ha disparado. La evaluación técnica determinará si la región podría albergar estos codiciados minerales y, de ser así, podría significar una revolución para la economía local.

Según averiguó Ecos Diarios, La Numancia es un paraje rodeado de sierras que se encuentra a la vera de la Ruta 30 en el partido de Tandil. Se accede desde la ciudad ingresando desde ruta asfaltada 74 para luego tomar la ruta entoscada 30. El paraje tiene un club, una escuela muy bien mantenida y un par de almacenes antiguos y se encuentra casi en el límite con el partido de Necochea y a 30 kilómetros de la localidad de San Manuel, en el partido de Lobería.

Osvaldo Di Giorgio es un explorador, evaluador y propietario de muchas minas en casi todas las provincias mineras argentinas y algunas en Perú. Fundador de Di Giorgio y Asociados Geología Argentina, empresa propietaria de más de 70.000 hectáreas de salares con litio y otros cloruros en las provincias de Catamarca y Jujuy y asociado en Natural Resources, propietaria de minas de oro cobre y cobalto. Por su parte, Marcos Ayerza fue un reconocido jugador de rugby de “Los Pumas” y del club inglés Leicester Tigers desde 2006 hasta 2017. Además, estudió Administración de empresas en Inglaterra.

Agencia DIB

Con el objetivo de regular la explotación del suelo bonaerense, el gobernador Axel Kicillof creó una mesa interministerial de seguimiento y prevención de riesgos vinculadas a las actividades extractivistas.

Mediante la Resolución 95 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la administración creó una mesa para regular las actividades extractivas, como la minería o la petrolera, que implica riesgos ambientales y de seguridad.

La Mesa Interministerial de Seguridad Socioambiental para Aperturas de Suelo estará conformada por los Ministerios de Producción, Seguridad, Ambiente y también por la Autoridad del Agua (ADA). Cada dependencia designará a un titular para conformar el organismo que estará abocado al “seguimiento y prevención de riesgos vinculados a la habilitación, explotación, cese, cierre y uso posterior de las aperturas de suelo”.

Según se explicó, “la Mesa tendrá como objetivo realizar el seguimiento y abordaje de situaciones de riesgo y emergencias, llevar registros unificados de aperturas de suelo, realizar diagnósticos, y planificar y ejecutar políticas conjuntas para la prevención y mitigación de los riesgos para el ambiente y las poblaciones aledañas”.

En ese sentido, la apertura de suelos implica “diversos riesgos para el ambiente y la población en general”, como ahogamiento por sumersión, contaminación por acumulación de residuos, incendios de basura o vegetación o caídas por deslizamiento del suelo.

Actualmente, la Provincia ya cuenta con un mapa, un indicador de riesgo y empezó a revisar las normas que regulan la actividad. La idea de esta nueva mesa interministerial es seguir avanzando con estas tareas para planificar y ejecutar políticas de prevención y mitigación de los riesgos.