El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) correspondiente a marzo e informó que creció 10,4 por ciento interanual.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en el primer trimestre del presente 2026 el acumulado del IPI minero se ubicó en el 6,4 por ciento.

“En marzo de 2026, el índice de producción industrial minero (IPI minero) muestra una suba de 10,4 por ciento respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 6,4 respecto a igual acumulado del año anterior”, comienza informando el informe del Indec sobre el IPI minero de marzo de 2026.

Para el mismo período, el índice de la serie desestacionalizada muestra una suba de 2,4 por ciento respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,8% respecto al mes anterior.

A su vez, la extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural marca que, en marzo de 2026, la “extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural” da cuenta de la suba de 6,9 por ciento respecto a igual mes de 2025 y el acumulado enero-marzo de 2026 presenta un aumento de 4,9 respecto a igual acumulado del año anterior. NA

La expansión de la actividad minera en la Argentina ha reavivado un viejo desafío: cómo gestionar conflictos sociales complejos en los territorios, donde convergen intereses económicos, políticos, ambientales y comunitarios. En este contexto, la adecuada gestión de los conflictos no es meramente un accesorio útil, sino una condición indispensable para la viabilidad de los proyectos y la estabilidad institucional, especialmente en un escenario atravesado por cambios regulatorios sensibles, como la reciente reforma de la Ley que establece el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley de Glaciares).

Durante los últimos años, las iniciativas mineras —en particular en las provincias cordilleranas— han enfrentado importantes resistencias. Estas tensiones no responden únicamente a características de proyectos específicos, sino a factores estructurales: desconfianza hacia las autoridades y las empresas, percepciones de inequidad en la distribución de beneficios y preocupación sobre impactos ambientales irreversibles. La modificación de la Ley de Glaciares ha intensificado estas preocupaciones, al tratarse de una normativa que amplios sectores perciben como un pilar del resguardo ambiental.

Frente a este escenario, se suele cometer el error de abordar los conflictos como si fueran simples problemas comunicacionales o de coyuntura política. Sin embargo, los conflictos mineros, como todo conflicto social, son fenómenos complejos que requieren de intervención profesional especializada. No basta con voceros, campañas informativas o mesas de diálogo improvisadas. Se requiere de la participación de técnicos formados en gestión de conflictos, negociación, mediación, análisis de actores, narrativas y diseño de procesos participativos.

La gestión experta implica, en primer lugar, un diagnóstico riguroso. Esto supone identificar actores, analizar sus objetivos e intereses, comprender dinámicas territoriales y anticipar escenarios de escalada y desescalada de la intensidad conflictiva.

En segundo lugar, la intervención profesional permite estructurar procesos de diálogo que no sean meramente formales, a través de reglas claras, equilibrio entre las partes y mecanismos para construir acuerdos sostenibles y alcanzar la necesaria licencia social.

En tercer lugar, los especialistas aportan herramientas para gestionar aspectos críticos del conflicto que suelen ser subestimados: la emocionalidad, la percepción de riesgo, la construcción de confianza y la legitimidad de los procesos.

En este marco, la información, la transparencia y la seguridad jurídica adquieren una nueva dimensión. La información accesible reduce la incertidumbre; la transparencia fortalece la legitimidad; y la seguridad jurídica aporta previsibilidad tanto a las inversiones como a las comunidades.

La reciente reforma de la Ley de Glaciares ilustra con claridad este punto. Su implementación efectiva dependerá no solo de su contenido técnico, sino de la capacidad de gestionar los conflictos relevantes mediante procesos participativos, transparentes y profesionalmente conducidos.

La Argentina enfrenta una gran oportunidad y un enorme desafío. La minería puede ser un motor fundamental del desarrollo económico, pero su viabilidad depende de que pueda operar con legitimidad social y sostenibilidad ambiental.

La evidencia es clara: los conflictos mal gestionados derivan en proyectos paralizados, litigios judiciales y pérdida de inversiones. En cambio, aquellos abordados por especialistas desde etapas tempranas tienen mayores probabilidades de resolverse de manera sostenible y beneficiosa para las comunidades y las empresas involucradas.

En suma, la gestión experta de conflictos debe ser entendida como una inversión estratégica: en un escenario donde la reforma de la Ley de Glaciares ya es un hecho, resulta clave para evitar escaladas innecesarias y construir soluciones beneficiosas, justas y duraderas.

El ingreso oficial al RIGI del proyecto minero quedó autorizado mediante la Resolución 6/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, donde se explicó que el “Carbonatos Profundos” se encuentra enmarcado en el sector minería.

La solicitud de adhesión fue presentada por Minas Argentinas SA en calidad de Vehículo de Proyecto Único (VPU) para el proyecto que se ubica en la región de Gualcamayo, a 270 kilómetros al norte de la capital provincial de San Juan.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado días atrás, al momento de anunciar su aprobación, que “este proyecto permite la extensión de vida de una mina en etapa de agotamiento con el desarrollo de un tipo distinto de mineralización y va a emplear 1.700 personas en forma directa”.

El proyecto representará una inversión total en activos computables de 519.647.635 dólares, superando el monto mínimo de inversión requerido, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En este sentido, la empresa informó que el monto inicial a invertir para el primer año es de 46,7 millones de dólares y para el segundo año 43,9, conformando un total de 90.6 millones, para lograr superar el 40 por ciento del monto mínimo de inversión dispuesto en la Ley Bases.

El texto oficial precisó que en la solicitud presentada al Ejecutivo, la empresa declaró que la fecha límite comprometida para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables para el proyecto es el 31 de diciembre de 2028.

En el plan de desarrollo de proveedores, se estipuló que el 69 por ciento de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura, durante las etapas de construcción y operación, corresponde a proveedores locales, porcentaje que excede el 20 por ciento exigido por la normativa vigente.

El Comité Evaluador de Proyectos RIGI “efectuó un análisis de los antecedentes obrantes en el expediente y, con sustento en los informes técnicos producidos por las dependencias y reparticiones con competencia técnica en la materia, recomendó aprobar la solicitud de adhesión al RIGI del Proyecto Único denominado “Carbonatos Profundos (DCP)” y su plan de inversión”, lo que termina efectivizando este jueves el Ministerio de Economía.

“Carbonatos Profundos” se convirtió en el décimo proyecto RIGI aprobado, por lo cual el régimen ya suma un total de inversiones superior a los 25 mil millones de dólares. NA

La Asamblea por la Preservación de las Sierras elevó a las autoridades provinciales de Minería un pedido de información sobre la reciente voladura en la cantera Cerro Federación que se escuchó en gran parte de la ciudad.

Sin desconocer que se trata de un establecimiento habilitado, y que funciona por fuera de la poligonal que protege el cordón natural serrano de Tandil, desde la Asamblea plantearon que las canteras que continúan en actividad “tienen la obligación de presentar estudios de impacto ambiental y de realizar trabajos de mitigación en todas las etapas, así como de cumplir normas técnicas a la hora de hacer explosiones. La magnitud de lo ocurrido con las explosiones del 11 de agosto abre muchos interrogantes sobre el cumplimiento de esas obligaciones. ¿Quién podría afirmar que es normal que una explosión le mueva el piso a gran parte de la ciudad? Que la Ley de Paisaje Protegido no las haya incluido no significa que pueden hacer cualquier cosa”, expresaron.

Cabe recordar, fue el pasado lunes 11 de agosto por la tarde cuando se sintieron una serie de explosiones que encendieron las alarmas de vecinos y vecinas de Tandil. Tanto a través de redes sociales como de mensajes a El Eco, los frentistas transmitieron su preocupación por la magnitud de lo ocurrido.

El martes 12 se confirmó que se había tratado de una detonación en la cantera Cerro Federación. Las autoridades municipales tomaron nota del asunto y solicitaron información a los responsables del establecimiento. Estos transmitieron que se trató de una pared que cedió en el marco de tres explosiones llevadas a cabo para remediar un frente de cantera.

“Basta de explosiones”

Más allá de la explicación que recibió la Comuna de parte de la empresa, desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras solicitaron a la Dirección Provincial de Minería información sobre lo ocurrido.

“La Dirección de Minería acusó recibo y respondió que había derivado la solicitud al sector correspondiente. Ante esto, solicitamos conocer cuál es ese sector para seguir el pedido y requerirle la respuesta”, transmitieron.

Si bien se trata de un establecimiento habilitado, los integrantes de la Asamblea manifestaron su preocupación por “el impacto irreversible de toda explotación sobre las Sierras de Tandil. Si bien la Ley de Paisaje Protegido es un avance que logró detener las canteras más cercanas  al casco urbano, las que quedaron en actividad están destruyendo Sierras de igual valor ambiental”.

Desde la Asamblea recordaron además que “hace más de 20 años un grupo de vecinos de La Movediza iniciaron un juicio contra la cantera por daños y perjuicios individuales y también en representación de la comunidad por el daño colectivo. Lo referido a los perjuicios individuales fue sentenciado a favor de los vecinos, veinte años después, cuando la mitad habían fallecido y con la intervención de una jueza de segunda instancia que admitió los perjuicios pero que, con criterio de equidad cuestionable, les bajó el resarcimiento por las condiciones constructivas de sus viviendas”.

En la misma línea, explicaron que el juicio por daño colectivo continúa en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y que la “lenta e insuficiente respuesta para vecinos que sufrían con frecuencia los efectos de las voladuras como la que hoy nos ocupa”.

El antecedente, señalaron, “podría ser tenido en cuenta para que toda la ciudadanía afectada se dirija a las autoridades con los reclamos por rajaduras, roturas de vidrios, así como cualquier otro perjuicio, y todos mancomunadamente sigamos planteando y exigiendo a las autoridades que se detenga la destrucción de las Sierras más antiguas de la Argentina”.

Este jueves, el Gobierno nacional eliminó las retenciones a las exportaciones de productos del sector minero y derogó un régimen especial para envíos al exterior de cobre. La medida fue oficializada a través del Decreto 563/2025 publicado en el Boletín Oficial.

La nueva normativa fijó la alícuota del Derecho de Exportación (D.E.) en 0% para mercaderías del sector minero. Entre las mismas se encuentran productos que pertenecen al universo de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y/o semipreciosas.

En el texto oficial, el Ejecutivo destacó que “la presente medida busca impulsar la competitividad del sector minero, en concordancia con los principios de libertad económica y apertura comercial, asegurando, al mismo tiempo, el cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de equilibrio de las cuentas públicas y promoviendo un desarrollo productivo sostenible, respetuoso de la estabilidad fiscal”.

Al mismo tiempo, remarcó que “en materia de fomento de la actividad económica, la generación de empleo y el ingreso de divisas, el Gobierno Nacional ha establecido como prioridad la simplificación administrativa y la reducción de la carga impositiva, con el propósito de estimular la inversión y el desarrollo productivo”.

En este sentido, se explicó que “esta medida se fundamenta en el impacto del sector minero en la economía argentina, las consecuencias directas e indirectas en cuanto a la generación de empleo, el valor agregado que promueve y el potencial de crecimiento que tiene”.

Al profundizar la argumentación de la eliminación de las retenciones, la administración de Javier Milei expuso que “dicho sector representa el quinto complejo exportador del país y explica, en promedio, el 80% de la canasta exportadora de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca”.

Además, sostuvo que “el sector posee un significativo potencial de crecimiento, especialmente en el contexto de la transición energética global que impulsa la demanda de minerales de los que la República Argentina posee abundantes reservas, existiendo una considerable brecha de desarrollo en comparación con economías mineras de la región, donde la actividad representa hasta un 10% del PBI, frente al 1,2% en nuestro país”.

En este contexto, consideró que “resulta necesario generar las condiciones para que dicho potencial contribuya a la recuperación económica, se traduzca en nuevos empleos y mayor volumen de exportaciones, en línea con otras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de simplificación, desburocratización, reducción de trámites, facilitación del comercio, eliminación de impuestos distorsivos, apertura de nuevos mercados y un mayor posicionamiento internacional”.

El Decreto 563/2025 también eliminó el “Registro Optativo de Exportaciones de Cobre”, que se había creado con el objetivo de promocionar la actividad minera a través de un esquema de derechos de exportación.

Al fundamentar dicha determinación, el Gobierno nacional precisó que “el citado Registro nunca resultó operativo, por lo cual no hay beneficiarios inscriptos en dicho régimen promocional”. Debido a este motivo, el organismo fue dado de baja a través de la derogación del Decreto 308/22.

Un reciente pedido de exploración minera despertó interés en Necochea y Tandil, ya que podría revelar la presencia de metales preciosos como oro y plata en la región. La solicitud fue presentada por Osvaldo Di Giorgio y Marcos Iván Ayerza, el exjugador de Los Pumas, quienes buscan realizar estudios sobre un territorio de casi 9.900 hectáreas.

Según Ecos Diarios de Necochea, el proyecto, que cuenta con una inversión estimada de casi 2 millones de dólares, apunta a identificar minerales de primera y segunda categoría según el Código Minero Nacional. Entre estos se incluyen metales como oro, plata, cobre y hierro, así como cuarzo y feldespato, entre otros. La exploración estaría centrada en la zona de “La Numancia”, un sector que podría albergar valiosos recursos en su subsuelo.

El plan de trabajo incluye diferentes fases, con estudios específicos en el Sistema de Tandilia, abarcando puntos como Sierra Los Barrientos, Cerro Reconquista y otras áreas en Benito Juárez y Necochea. En una tercera etapa se realizarán perforaciones con equipos especializados, con 40 sondeos iniciales de 50 metros de profundidad cada uno, lo que podría extenderse a otras 40 perforaciones adicionales según los resultados obtenidos.

Si bien el hallazgo de oro y plata aún es una posibilidad que debe ser confirmada, el interés por la zona se ha disparado. La evaluación técnica determinará si la región podría albergar estos codiciados minerales y, de ser así, podría significar una revolución para la economía local.

Según averiguó Ecos Diarios, La Numancia es un paraje rodeado de sierras que se encuentra a la vera de la Ruta 30 en el partido de Tandil. Se accede desde la ciudad ingresando desde ruta asfaltada 74 para luego tomar la ruta entoscada 30. El paraje tiene un club, una escuela muy bien mantenida y un par de almacenes antiguos y se encuentra casi en el límite con el partido de Necochea y a 30 kilómetros de la localidad de San Manuel, en el partido de Lobería.

Osvaldo Di Giorgio es un explorador, evaluador y propietario de muchas minas en casi todas las provincias mineras argentinas y algunas en Perú. Fundador de Di Giorgio y Asociados Geología Argentina, empresa propietaria de más de 70.000 hectáreas de salares con litio y otros cloruros en las provincias de Catamarca y Jujuy y asociado en Natural Resources, propietaria de minas de oro cobre y cobalto. Por su parte, Marcos Ayerza fue un reconocido jugador de rugby de “Los Pumas” y del club inglés Leicester Tigers desde 2006 hasta 2017. Además, estudió Administración de empresas en Inglaterra.

Agencia DIB

Con el objetivo de regular la explotación del suelo bonaerense, el gobernador Axel Kicillof creó una mesa interministerial de seguimiento y prevención de riesgos vinculadas a las actividades extractivistas.

Mediante la Resolución 95 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la administración creó una mesa para regular las actividades extractivas, como la minería o la petrolera, que implica riesgos ambientales y de seguridad.

La Mesa Interministerial de Seguridad Socioambiental para Aperturas de Suelo estará conformada por los Ministerios de Producción, Seguridad, Ambiente y también por la Autoridad del Agua (ADA). Cada dependencia designará a un titular para conformar el organismo que estará abocado al “seguimiento y prevención de riesgos vinculados a la habilitación, explotación, cese, cierre y uso posterior de las aperturas de suelo”.

Según se explicó, “la Mesa tendrá como objetivo realizar el seguimiento y abordaje de situaciones de riesgo y emergencias, llevar registros unificados de aperturas de suelo, realizar diagnósticos, y planificar y ejecutar políticas conjuntas para la prevención y mitigación de los riesgos para el ambiente y las poblaciones aledañas”.

En ese sentido, la apertura de suelos implica “diversos riesgos para el ambiente y la población en general”, como ahogamiento por sumersión, contaminación por acumulación de residuos, incendios de basura o vegetación o caídas por deslizamiento del suelo.

Actualmente, la Provincia ya cuenta con un mapa, un indicador de riesgo y empezó a revisar las normas que regulan la actividad. La idea de esta nueva mesa interministerial es seguir avanzando con estas tareas para planificar y ejecutar políticas de prevención y mitigación de los riesgos.

El gobierno bonaerense oficializó este lunes el programa “La Minería en tu Municipio”, una iniciativa del Ministerio de Producción que busca “acompañar y fortalecer” los trabajos de las comunas en el sector de la minería.

El programa impulsado por la Provincia tiene como destinatarios a los municipios y a los productores mineros. Entre sus objetivos están los de generar capacitaciones y asistencia técnica, aportar a la disminución de las brechas de género y fortalecer interacciones entre el sector, la comunidad e instituciones y autoridades.

“El sector minero-industrial representa una significativa parte del entramado socio-económico en numerosos municipios de nuestra provincia, e influye en la producción, recaudación, empleo y logística”, señala el plan.

Sin embargo, advierte que “la ausencia o las deficientes herramientas de gestión del sector en los territorios municipales es una realidad con la que conviven los diferentes actores sociales que participan en el mismo”.

En este contexto, explica que a través de la iniciativa “se busca contribuir en la consecución de un desarrollo extractivo responsable, sin perder de vista el desarrollo de la actividad de manera sustentable y aportando al achicamiento de brechas en cuanto a cuestiones de género”.

La actividad minera de la región se encuentra en momentos de inestabilidad, a través de un paro de trabajadores que podría culminar en una medida general. El disparador ocurrió en la cantera “Cristo”,  de la compañía “El Destino S.A” ubicada en el kilómetro 98 de la Ruta Nacional 226, perteneciente a su vez, a la empresa “Plantel”.

Los mineros venían denunciando desde hace meses amenazas y malos tratos por parte de los encargados, y el despido sin causa de uno de ellos fue la gota que rebalsó el vaso. Desde la empresa explicaron que la medida se tomó debido a que la persona había dejado su puesto para ir a almorzar, pero sus compañeros aseguran que estaba en el horario permitido, y que a su vez, no es razón suficiente para dejar en la calle a un trabajador. 

Por esta razón, tras varios intentos fallidos de establecer un diálogo con la empresa y ante la falta de apoyo del Ministerio de Trabajo, han decidido establecer un paro por tiempo indeterminado hasta obtener alguna respuesta, y ya se han comunicado con trabajadores de otras empresas mineras, para analizar la posibilidad de una medida de fuerza general.

En comunicación con El Eco de Tandil, Walter Marcovich, secretario general de AOMA Tandil (Asociación Obrera Minera Argentina), explicó en profundidad las razones de este cese de actividades.

Primeramente relató que tras el extraño y apresurado despido, se acercó a la empresa “Plantel”, para solicitar las causas, “y me dicen que el muchacho había dejado una máquina y se había ido a comer, sin otra explicación, pero nosotros sabemos el porqué, y viene de mucho antes el problema”, deslizó.

Hostigamiento y amenazas

El gremialista contó que hasta hace poco tiempo, había en dicha cantera un encargado de producción que hostigaba, discriminaba y amenazaba a los empleados, diciéndoles por ejemplo que si no hacían horas extra se les iba a quitar el premio por producción, y otras situaciones similares de violencia laboral, “los controlaban para ir al baño, para ir a comer, estaba encima constantemente”, aseguró.

Por la lucha de los trabajadores, este superior fue removido de su puesto, pero no sin antes incentivar al encargado de cantera, otra de las autoridades con la potestad para solicitar un despido, a que sea muy riguroso con la persona que finalmente fue destituida por una vaga razón.

“Hemos denunciado esto al ministerio desde un principio, antes que lo echen, pero no nos han escuchado, ni siquiera dictaron la conciliación obligatoria, estuvieron medio tibios, y el miedo de los trabajadores es que sigan con los malos tratos, porque el mes que viene nada me asegura a mí que no echen a otro”, expresó el sindicalista.

“Si la empresa continúa con esta metodología va a llegar el momento en el que los empleados van a trabajar 16 horas, porque van a estar amenazados que los van a echar, bancándose las malas condiciones para no perder su fuente de ingresos”, agregó.

A su vez, contó que la entidad solo se comunica a través de una abogada, con la cual Marcovich ha tenido ya dos audiencias. La letrada argumenta que como el trabajador fue indemnizado, no hay ninguna razón para continuar el diálogo, obviando los maltratos denunciados con anterioridad a este hecho particular.

Por otra parte, el secretario general denuncia que hubo ciertos movimientos malintencionados por parte de la compañía. “Se están portando muy mal y tomando medidas que no aportan, a mí me cerraron la tranquera y no puedo estar en contacto con los trabajadores, me pusieron un candado para que no ingrese, y no me dejan hacer mi actividad gremial, que es un derecho”.

Además, una vez establecida la medida de fuerza, más mineros han sido amenazados con despidos, por lo que tres de ellos han decidido volver a su puesto. Por si fuera poco, hace algunos días “mandaron un mensaje general en que el que dijeron que si no iban podrían haber suspensiones, recortes, despidos y demás”.

Ante esta difícil situación, el gremio local se ha comunicado con otras seccionales de la zona, las cuales manifestaron su apoyo a la medida, sin descartar la posibilidad de unirse en el caso de que sigan sin obtener respuestas. “Nosotros no queremos perjudicar a las otras canteras, si llegamos a esta instancia es porque ya agotamos las líneas de diálogo, hicimos audiencias, quisimos charlar, pero no hay predisposición, y no aseguramos ni negamos que pueda haber un paro general, porque la adhesión la tendríamos”, finalizó Marcovich.

El 2022 representó un año récord para la minería de la provincia de Buenos Aires, con un total de 25.607.271 toneladas producidas entre los diversos materiales. Con este nivel, superó en un 18 por ciento a lo registrado en 2021, convirtiéndose en el año con mayor producción desde 2016 y hay una decena de municipios que destaca sobre el resto.

En los datos finos evaluando cada material producido en el último periodo, el granito triturado completó un año y medio con una tendencia superior a 1.000.000 de toneladas mensuales.

Así, el total del 2022 superó las 15 millones de toneladas y logró un aumento del 16 por ciento respecto de 2021 representando más del 60 por ciento del total de la Producción Transportada de Minerales (PTM) de la provincia De Buenos Aires. 

Por su parte, la caliza cuadriplicó su PTM con respecto a 2021 y se acercó al millón y medio de toneladas. En tanto la cuarcita y las arcillas varias son los minerales con PTM superior al millón de toneladas anuales, luego siguió la arena de río, con 804.773 toneladas anuales.

En cuanto a los Municipios productores, se destaca por amplia diferencia Olavarría, el distrito minero por excelencia, que incrementó su PTM en casi un 38 por ciento con respecto al 2021 y sigue encabezando el ranking aportando casi el 45 por ciento del total de la Provincia.

Al distrito lo sigue en segundo lugar su vecino Azul; luego el municipio de Tandil; luego se destaca la capital de la Provincia, La Plata.

Completan el ranking los municipios de Mar del Plata; Benito Juárez, Lobería, General Las Heras, Balcarce y San Pedro, según el último informe difundido por la Subsecretaría de Minería, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación tecnológica de la Provincia.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica abrió formalmente las puertas de las nuevas oficinas que funcionarán en el segundo piso del edificio de IOMA, ubicado en Independencia al 2903, de la vecina localidad de Olavarría.

Esta apertura permite un acercamiento a los productores mineros de la zona, quienes podrán realizar diversos trámites sin la necesidad de concurrir a la sede central en la localidad de La Plata.

Gracias al trabajo hecho por la Subsecretaría de Minería, en la nueva sede se pueden realizar solicitudes para aperturas de canteras con la respectiva Inscripción en el Registro, presentaciones de Evaluación o Actualización de Impacto Ambiental, asistencia en el proceso de renovación de Productor Minero, asesoramiento en el uso del sistema de Guías Mineras y la presentación de documentación relacionada con requerimientos realizados desde La Plata.

Además, un cuerpo de inspectores con base en la delegación realizará tareas de asistencia, control y apoyo en campo a cada uno de los productores.

Las nuevas oficinas, cuyo horario de atención durante la pandemia será de lunes a viernes de 9 a 13, se encuentran en el edificio de IOMA, en la calle Independencia número 2903, esquina Belgrano.

A fin de preservar la salud y garantizar el protocolo sanitario, se recomienda coordinar previamente de manera telefónica la asistencia al lugar. Contacto: 221-6164083 ó 2284-426902; correo electrónico: deolavarriamineria.gba@gmail.com.