Tras la caída de la sesión opositora de la semana pasada, La Libertad Avanza convocó a una sesión para este miércoles con un temario que incluye Discapacidad, Morosidad y la Ley de Tierras, esta última integrada en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La estrategia del oficialismo consiste en presentar propuestas propias para competir por los votos de las bancadas intermedias y evitar que la oposición logre imponer su agenda.

El eje central de la disputa parlamentaria radica en la Ley de Tierras. Con el objetivo de evitar que el Mega DNU 70 del presidente Javier Milei sufra retrocesos, el Gobierno optó por una salida pragmática: restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros mediante una ley. Esta medida, que contradice la derogación original planteada en el decreto y en el proyecto enviado por Federico Sturzenegger, busca blindar la norma ante posibles fallos judiciales.

La oposición, afectada por el fracaso de su sesión anterior, analiza ahora si acompañará solo el capítulo de tierras o si rechazará el resto del proyecto, que incluye modificaciones al Código Procesal Civil para endurecer desalojos y cambios en las leyes de expropiaciones. En este escenario, los legisladores que responden a los gobernadores, como los de Córdoba y Santa Fe, volverán a ser decisivos para el resultado de la votación.

El temario también contempla dos iniciativas que cuentan con mayor consenso: la creación de un sistema nacional para rastrear medicamentos de alto riesgo y la modificación del Código Penal para tipificar el Vandalismo Rural. Finalmente, se discutirá el proyecto sobre Discapacidad. A diferencia de la propuesta opositora que buscaba extender la emergencia, el oficialismo presentó un texto que elimina dicho concepto pero mantiene el Certificado Único de Discapacidad, la actualización mensual por IPC de las prestaciones y la pensión no contributiva.

Mientras las refinanciaciones no logran resolver el problema de fondo sobre las deudas que tienen miles de hogares en todo el país, durante agosto se profundizó la crisis en las cuotas que deben pagar por algún tipo de préstamos personales los bonaerenses que recurrieron a financieras, operando por fuera del circuito de bancos tradicionales.

Al cierre de agosto, el último dato disponible de El Mapa de la Deuda que elabora el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC), muestra que la tasa de mora en la provincia de Buenos Aires se ubica en torno al 22,9%, mientras que los deudores en mora llegan al 28,02%. 

Si bien los índices negativos en bancos públicos son más bajos que en privados, la nota la dan las Fintech y puntualmente las financieras.

En este último caso, el promedio bonaerense de la tasa de mora se ubica en el 53,4%, mientras que los deudores en mora llegan al 57,1%. Ambas cifras son peores que las registradas en julio, y lejos de las de abril, primer mes de registro, cuando se ubicaron en 44,6% y 50,7%, respectivamente.

Entre los municipios que están por encima del promedio provincial aparecen Saavedra (55,3%); Coronel Rosales (66,9%); Villarino (57,7%); Patagones (55,8%); Tres Arroyos (53,6%); Olavarría (55,3%); Tapalqué y Roque Pérez (60,8%); Alvear y Saladillo (65,3%); General Belgrano, General Pueyrredon y La Plata (56,2%), Zárate (57%), Morón (61%); Ensenada (59,8%); Tres de Febrero (58,8%); San Martín y Avellaneda (60,3%).

Los datos surgen del Mapa de la Deuda, elaborado por el CEC y la Fundación Friedrich Ebert (FES) sobre la base de la Central de Deudores del Banco Central. Esta situación se da en un contexto donde la Legislatura bonaerense viene avanzando con proyectos para intentar traer alivio a las personas con deuda.

Cabe destacar que otro sector, el de comercios, presenta en la provincia de Buenos Aires uno de los niveles de morosidad más altos: llega al 56,8%, muy por encima del de los bancos públicos (14,4%), privados (25,2%) y las Fintech (31,3%).

El arrastre viene desde hace meses. La tasa de mora en el sector comercial trepó 6 puntos en julio, mientras que los deudores en mora, las personas físicas o jurídicas que acumulan un retraso en sus pagos, pasó de 40,1% a 42,8%.

La morosidad de los hogares se mantiene en niveles elevados y enfrenta un nuevo desafío: una parte de los clientes que habían logrado refinanciar sus deudas volvió a incumplir los pagos. Esta reincidencia genera preocupación en las entidades financieras, justo cuando algunos indicadores comenzaban a sugerir un techo para el deterioro del sistema.

Fuentes cercanas a un importante banco señalaron que, a pesar de los esfuerzos por ofrecer planes de refinanciación, una parte de los deudores no logró sostener los pagos y recayó en la mora. Según información a la que accedió este medio, para algunas instituciones, alrededor del 30% de quienes refinanciaron sus compromisos volvieron a incumplir.

El Banco Central informó que en julio la mora de las familias se ubicó en 12,9%, frente al 12,8% de junio, mientras que la irregularidad del crédito total al sector privado fue de 7,7%. No obstante, el organismo destacó una desaceleración en el crecimiento del saldo de la cartera en situación irregular. Asimismo, la mora temprana, que contempla atrasos menores a 90 días, mostró una mejora al pasar de un pico superior a los 6 puntos en noviembre de 2025 a cerca de 4 puntos en julio de este año.

Detrás del aumento de la morosidad aparecen factores como la falta de recuperación del ingreso real, el crecimiento del crédito al inicio de la gestión y la flexibilización de las condiciones de otorgamiento. Consultoras como Econviews advirtieron que la mora persiste a pesar de los planes de refinanciación, mientras que EcoGo señaló que la mora de las familias alcanzó niveles récord al considerar el crédito bancario y el no bancario.

En agosto, el crédito no bancario alcanzó un stock de 16,3 billones de pesos, con una morosidad que oscila entre el 25% y el 30%, superando ampliamente al sistema bancario. Ante este panorama, el Congreso se prepara para tratar el tema el próximo 15 de octubre, donde se debatirán propuestas que incluyen desde la transparencia en el costo financiero hasta topes en las tasas de interés.

El diputado provincial del bloque de Unión y Libertad, Martín Rozas, presentó en las últimas horas un proyecto de declaración para que el Ejecutivo provincial, a cargo de Axel Kicillof, implemente la educación financiera en las currículas de las escuelas bonaerenses. La iniciativa surge ante el creciente sobreendeudamiento y la morosidad familiar que afecta a diversos sectores.

Según advirtió el legislador, la complejidad del sistema económico actual y la expansión masiva de herramientas digitales de pago, crédito y consumo exigen fortalecer las capacidades de los adolescentes para desenvolverse de manera responsable. Al respecto, Rozas señaló que diversos indicadores muestran dificultades significativas en la población para administrar ingresos de esquemas laborales irregulares o utilizar adecuadamente las herramientas de crédito: “Si bien existen valiosas iniciativas y talleres orientados a la inclusión financiera masiva, su abordaje en el ámbito escolar resulta aún fragmentario, optativo o circunscrito a programas temporales“.

El diputado, representante de la Cuarta sección electoral, enfatizó que la alfabetización financiera es hoy una herramienta indispensable para el ejercicio de una ciudadanía plena. En este sentido, sostuvo que la formación debe brindar criterios de prevención frente a riesgos del ecosistema virtual, como las apuestas online, los consumos problemáticos digitales y las estafas electrónicas.

“La falta de una incorporación sistemática en la currícula educativa general limita el desarrollo de competencias esenciales para la vida cotidiana de millones de alumnos bonaerenses, hoy en día, la alfabetización financiera ya no puede ser considerada un saber secundario, sino una herramienta indispensable para el ejercicio de una ciudadanía plena”, declaró Rozas.

Organismos como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostienen que esta formación contribuye al desarrollo de comportamientos económicos responsables, fomentando el ahorro y el uso seguro de servicios financieros. El proyecto busca que la Dirección General de Cultura y Educación integre estos contenidos de forma progresiva.

“En definitiva, impulsar la efectiva implementación de estos contenidos en el sistema educativo provincial bajo las competencias plenas de la Dirección General de Cultura y Educación, promoviendo prácticas pedagógicas modernas que preparen a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI”, afirmó el diputado.

La Legislatura bonaerense acumula diversas iniciativas sobre el tema desde 2024. Entre ellas, destaca el proyecto de Maricel Etchecoin Moro, que alcanzó media sanción en agosto de 2024. “Queremos darle una herramienta a nuestros jóvenes en el secundario, donde se debe poder hablar de dinero, para que aprendan a administrar tanto los escases, como la abundancia, en los dos siempre hay desafíos”, destacó la autora de la iniciativa.

Otras propuestas incluyen el plan del diputado Carlos Puglelli, presentado originalmente en 2024 y reproducido en 2026, así como los proyectos del radical Valentín Miranda y la senadora del PRO, Aldana Ahumada, quienes han buscado incluir estas temáticas en todos los niveles educativos y en la formación docente. A pesar de los múltiples intentos, la iniciativa aún no ha logrado convertirse en ley.

El senador bonaerense de Hechos-UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un proyecto en las últimas horas con el objetivo de reforzar la transparencia en créditos y financiaciones. La medida surge en un contexto marcado por el crecimiento del sobreendeudamiento familiar y los altos índices de morosidad que afectan a los usuarios.

La iniciativa busca que los consumidores conozcan el costo real de las operaciones antes de asumir una deuda. Para ello, propone establecer al Costo Financiero Total (CFT) como el indicador obligatorio, principal y predominante para informar, publicitar y comparar cualquier tipo de crédito en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

“El objetivo del proyecto no es regular la actividad financiera ni establecer tasas de interés, materias que corresponden al Estado nacional y al Banco Central. Se propone ejercer las facultades provinciales en materia de protección del consumidor, transparencia comercial y defensa de sus intereses económicos”, señaló Leguizamón.

El alcance del proyecto es amplio, ya que comprende desde préstamos personales, prendarios e hipotecarios hasta adelantos de dinero, tarjetas de crédito, compras en cuotas y financiaciones comerciales. Asimismo, incluye a los créditos gestionados por plataformas digitales, billeteras virtuales, fintech, cooperativas, mutuales y entidades no financieras.

Según el articulado, toda publicidad o contrato deberá consignar el CFT expresado como tasa efectiva anual, calculada bajo la metodología del Banco Central. Al respecto, el senador de la Octava sección electoral precisó: “El CFT deberá incluir todos los intereses, comisiones, cargos, seguros obligatorios, gastos administrativos, impuestos y cualquier otro concepto que deba afrontar el consumidor como condición para obtener, mantener o cancelar el crédito”.

El proyecto también impone pautas estrictas para la publicidad. El CFT deberá aparecer de manera clara, con un tamaño igual o superior al de cualquier otra tasa o beneficio promocionado. En piezas audiovisuales, deberá mantenerse visible durante un tiempo suficiente para su lectura y ser informado de forma verbal.

La propuesta busca quitarle protagonismo a la Tasa Nominal Anual (TNA), que suele utilizarse como gancho comercial. El texto prohíbe que aparezca como indicador único o central. En caso de ser incluida, no podrá tener mayor tamaño, contraste o relevancia que el CFT.

Sobre esta problemática, los fundamentos de la iniciativa advierten: “Actualmente es frecuente que bancos, comercios, financieras y plataformas digitales destaquen una TNA relativamente baja, mientras el CFT aparece en caracteres pequeños, al final de la publicidad o en condiciones de difícil lectura. La información puede ser formalmente correcta, pero induce al consumidor a tomar una decisión basándose en un indicador incompleto”.

Finalmente, el proyecto establece que cualquier omisión o presentación engañosa constituirá una infracción. Si el costo real supera al informado, el consumidor tendrá derecho a que la operación se recalcule con el menor CFT publicitado. “Establecer el CFT como indicador principal permitirá que los bonaerenses conozcan cuánto cuesta realmente un crédito, comparen ofertas sobre bases homogéneas y eviten decisiones fundadas en tasas parciales que no representan el compromiso económico asumido”, concluyó Leguizamón.

El problema de la morosidad presenta múltiples aristas, pero un reciente análisis del Centro de Estudios de la Ciudad, basado en su Mapa de la Deuda con datos a julio de este año, permitió identificar que las situaciones más críticas se concentran en mujeres menores de 25 años. Este segmento poblacional se ve particularmente afectado por la informalidad laboral, la brecha de género y los bajos ingresos.

A nivel nacional, la tasa de morosidad para este grupo etario se ubicó en el 38,25 por ciento. Sobre un universo de 784.172 personas, 311.087 registran atrasos. Mientras que la deuda promedio general de este grupo es de 1.020.000 pesos, el monto entre quienes están en mora asciende a 987.660 pesos. Por su parte, los hombres de la misma edad presentan una tasa del 37,1 por ciento, mientras que el promedio nacional general se sitúa en el 17,94 por ciento.

San Luis encabeza el ranking provincial de endeudamiento femenino en este rango etario con un 46,35 por ciento, seguido por Chaco y Catamarca. En la provincia de Buenos Aires, la tasa es del 40,47 por ciento, aunque existen partidos con indicadores mucho más elevados, como Pila (65,18 por ciento), General Lavalle (63,53 por ciento) y Castelli (62,06 por ciento).

Desde el Centro de Estudios de la Ciudad aclararon que, si bien las tasas son extremadamente altas en estos municipios, se trata de distritos con poca población, por lo que el número absoluto de personas afectadas es menor. No obstante, advirtieron que en localidades como Pila la deuda promedio alcanza los 1.750.000 pesos, superando ampliamente la media nacional.

Un informe de la consultora Econviews destacó que los jóvenes entran en mora 3,6 veces más rápido que los mayores de 65 años. Además, el 82 por ciento de los morosos menores de 25 años tiene todas sus deudas atrasadas. La consultora también señaló el rol del crédito no bancario, que concentra más de una cuarta parte de los pesos en mora debido a la proliferación de préstamos de montos reducidos, donde las fintech tienen una presencia frecuente.

La tarjeta de crédito se convirtió en una herramienta cada vez más utilizada para afrontar gastos cotidianos entre los hogares argentinos que atraviesan dificultades financieras. Alimentos, vivienda y otras necesidades básicas aparecen detrás de buena parte del endeudamiento, en un escenario en el que apenas un tercio de los usuarios logra cancelar la totalidad del resumen.

Así surge de un relevamiento realizado por la consultora Inteligencia Analítica sobre un universo focalizado de 2.252 casos efectivos. El estudio indicó que el 48,2% de los consultados señaló a la tarjeta de crédito como su principal deuda, mientras que el 52,1% aseguró que se trata de la obligación a la que destina el mayor pago mensual.

Los números también evidenciaron las dificultades para cumplir con los compromisos asumidos. Actualmente, el 62,1% mantiene algún pago atrasado, mientras que el 77,2% reconoció que durante los últimos seis meses tuvo que recurrir a una nueva deuda para cancelar otra anterior.

De esta manera, el crédito dejó de aparecer exclusivamente como una alternativa para financiar compras de mayor valor y pasó a ocupar un lugar central en la economía cotidiana de numerosos hogares, tanto para cubrir gastos corrientes como para afrontar compromisos previamente contraídos.

En ese contexto, la forma en que los usuarios pagan los resúmenes de sus tarjetas constituye otro indicador de las dificultades financieras. Apenas el 36% logró cancelar la totalidad de su último resumen, mientras que el 27,6% abonó un monto superior al mínimo, pero inferior al total.

Por su parte, el 18,4% pagó solamente el mínimo y otro 11,8% ni siquiera alcanzó ese importe. Así, alrededor de tres de cada diez consultados quedaron por debajo del monto necesario para evitar o contener la financiación del saldo pendiente.

La situación representa un problema adicional porque los pagos parciales generan intereses sobre el saldo adeudado y pueden provocar que el costo de los consumos realizados con tarjeta aumente considerablemente con el paso de los meses.

El informe presentó una simulación para mostrar el impacto de esa dinámica. El ejemplo contempla una tarjeta con un límite de $2 millones, con consumos mensuales de $500.000 en un pago y otros $600.000 mediante compras financiadas en seis cuotas.

Si el usuario mantiene ese nivel de consumo y opta sistemáticamente por abonar solamente el mínimo, la deuda comienza a crecer rápidamente. En el segundo mes, el pago mínimo alcanza los $337.653 y en el tercero llega a $771.540.

Para el cuarto mes, la suma asciende a $1.102.369 y representa el 56% de la deuda. Hacia el sexto y séptimo mes, la relación entre el pago mínimo y el saldo adeudado se ubica aproximadamente en el 65%.

El relevamiento también puso el foco en otro fenómeno creciente: tomar deuda para pagar deuda. El 77,2% de los consultados reconoció haber recurrido a una nueva obligación para cancelar otra durante los últimos seis meses.

Dentro de ese universo, el 63,2% utilizó esa estrategia en más de una oportunidad, mientras que el 14% lo hizo una sola vez. En contrapartida, solamente el 21% afirmó no haber necesitado recurrir a una nueva deuda para cancelar compromisos anteriores durante ese período.

Los datos también muestran una relación entre esa práctica y la aparición de atrasos. Entre quienes no tomaron deuda para cancelar otra obligación, el 62,3% no registra pagos pendientes. En cambio, entre aquellos que recurrieron varias veces a ese mecanismo, la proporción de personas sin atrasos cae al 25,7%.

El escenario expuesto por el estudio refleja así un circuito de endeudamiento cada vez más difícil de interrumpir: la falta de ingresos suficientes para afrontar los gastos habituales lleva a recurrir al crédito, la acumulación de cuotas aumenta los compromisos mensuales y, posteriormente, obliga a buscar nuevas fuentes de financiamiento para cancelar obligaciones anteriores.

Como consecuencia, aumenta el nivel de endeudamiento de los hogares y también crece el riesgo de caer en mora, mientras la tarjeta de crédito adquiere un protagonismo cada vez mayor para sostener gastos que forman parte de la vida cotidiana.

El endeudamiento de los hogares encendió las alarmas durante el mes de julio. Según un informe basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), 5,9 millones de personas acumulan deudas con atrasos superiores a los 90 días. El relevamiento, realizado por la consultora 1816, anticipa cifras que formarán parte del próximo informe del Banco Central de la República Argentina.

Los datos indican que la morosidad de las familias dentro del sistema bancario llegó al 12,94%, mientras que en el sector empresarial se ubicó en el 3,61%. El deterioro es significativo si se considera que, en octubre de 2024, la irregularidad en los hogares era del 2,5%. Además, el problema se extendió a 23 de los 30 principales bancos relevados.

Ante la imposibilidad de afrontar los compromisos, las refinanciaciones alcanzaron un nivel récord de 2,6 billones de pesos, cifra que equivale al 3,7% del saldo total de crédito otorgado a los hogares. Estas reestructuraciones buscan reducir la mora, aunque el proceso requiere varios meses para que el deudor deje de figurar en situación irregular.

La situación es más crítica fuera del sistema bancario, donde la morosidad trepó al 33,69% en las entidades no financieras de crédito. En este segmento, Mercado Pago y Tarjeta Naranja concentran el 54% del mercado analizado. En total, los 5,9 millones de personas con atrasos representan cerca del 28% de los 20,8 millones de deudores contabilizados.

El informe destaca que la mitad de quienes presentan atrasos debe menos de 626.000 pesos, una cifra que adquiere un peso considerable frente a los ingresos actuales. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la mitad de los trabajadores ocupados percibe menos de 800.000 pesos mensuales. Desde la consultora 1816 advirtieron que, si bien esto no impide necesariamente el crecimiento económico, la cantidad de hogares afectados convierte a la morosidad en un problema relevante para una gran parte de la población.

El diputado de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, brindó este miércoles polémicas declaraciones sobre la situación de la morosidad en el país. El legislador sostuvo que en dicha problemática entra el tipo que compró la televisión para el Mundial y, ahora que Argentina no salió campeón, no quiere pagar la deuda.

En declaraciones a Radio Nacional, el diputado apuntó contra la oposición, a la que acusó de seguir un guion de llorar las deudas y de instalar la idea de que la gente no puede pagar sus cuentas. Según Benegas Lynch, este discurso carece de sustento si se analizan los números, especialmente tras la baja de la pobreza reportada por el oficialismo.

“Entra el tipo que compró la televisión para el Mundial y, ahora que Argentina no salió campeón, no quiere pagar la deuda. También hay deudas por apuestas. Uno mismo compra en el súper con tarjeta y entra en el crédito”, señaló.

El legislador argumentó que en los cálculos de morosidad se incluyen diversos consumos, como motos, electrodomésticos y apuestas. Esta postura se alinea con lo expresado recientemente por el presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde el mandatario atribuyó el aumento de la mora a la compra de pantallas para el evento deportivo.

Por otro lado, Benegas Lynch criticó el rol de las entidades bancarias, señalando que ensuciaron sus balances en la comodidad de ser acreedores del Gobierno. El diputado enfatizó que los bancos deben hacerse cargo de los préstamos otorgados y se manifestó en contra de cualquier intervención estatal: Jamás socializar una deuda de un tipo que no tomó un préstamo y, a través del Estado, pagarle la deuda a otro.

Cabe recordar que la mora total del crédito a personas, que abarca tanto al sistema financiero como al no financiero, se quintuplicó en los últimos 18 meses. Pese a este escenario, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó el martes que el Gobierno no intervendrá para asistir a quienes mantienen deudas con bancos y fintech.

El fundador y ceo de Mercado Libre, Marcos Galperin, utilizó sus redes sociales para responder a los cuestionamientos públicos sobre la situación de la mora en los créditos otorgados a través de Mercado Pago, la billetera digital más grande de Argentina.

En su mensaje, el empresario remarcó: “la mediana de mora de los Bancos Públicos es 1.4 millones mientras que la de Mercado Libre es de 0.1 millón... Del total de la mora del sistema, menos del 3% es de Mercado Libre mientras que Banco Nación y Provincia concentran el 15 por ciento”.

El comentario de Galperin surgió como respuesta a una publicación de Fernando Marull, economista, quien compartió datos acerca del bajo monto individual de mora en la plataforma. El empresario se refirió a los sectores que cuestionan a la firma y subrayó que no mencionan el aumento en la cantidad y montos de créditos que sí se pagan en tiempo y forma.

La discusión pública sobre la morosidad se intensificó tras la difusión de un informe elaborado por Matías Fernández, exfuncionario y fundador de la consultora Pública, quien analizó la base completa de deudores del país cruzando información de la Central de Deudores del Banco Central con el padrón de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El análisis detalla que el 17% de los morosos debe menos de 100.000 pesos y casi el 40% debe menos de un salario mínimo, fijado en 376.600 pesos. Por otro lado, el 14,5% de los deudores con mayores compromisos concentra el 73% del volumen total en mora.

Sobre el rol de las fintech, el informe sostiene: “Mercado Pago es el mejor alumno, no el peor. Si uno viera muchas de las notas, programas de streaming, radios, editoriales y redes sociales de los últimos días pareciera que el problema de la mora es casi 1 a 1 el problema de Mercado Pago".

Según el relevamiento, la mediana de la mora en Mercado Libre se sitúa en 116.000 pesos, una cifra significativamente menor a la registrada en la banca tradicional, donde entidades como el Banco Provincia presentan una mediana de 1.75 millones de pesos.

El presidente Javier Milei retomó este lunes su actividad en Casa Rosada luego de permanecer durante 24 días trabajando exclusivamente desde la quinta de Olivos. El mandatario encabezó una reunión de Gabinete que se extendió por casi tres horas y tuvo como principales ejes la evolución de la morosidad, el rumbo económico y el escenario político.

Durante el encuentro, Milei ratificó que no modificará las ideas que orientan su gestión y sostuvo que “al populismo no se le gana con más populismo”. Según precisaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, el Presidente también remarcó que “para ganar no se hacen trampas” y que no está dispuesto a traicionar sus convicciones en busca de resultados electorales.

En el análisis económico, los funcionarios repasaron las principales variables y se detuvieron especialmente en el debate sobre el nivel de morosidad. De acuerdo con fuentes oficiales, el Gobierno consideró que los indicadores no reflejan una situación de crisis y sostuvo que el incremento de la mora comenzó a revertirse, con una tendencia descendente.

Milei también hizo referencia al escenario político y planteó la necesidad de responder a “los discursos que buscan generar incertidumbre y temor en la sociedad y en los mercados” con los resultados que, según su evaluación, alcanzó la gestión nacional.

De la reunión participaron prácticamente todos los integrantes del Gabinete, con excepción de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, y Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, quienes se encuentran fuera del país.

También estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala.

La reunión de Gabinete se produjo además en la previa de una semana de fuerte actividad legislativa, luego de dos meses de escasa actividad en la Cámara de Diputados.

Para este jueves está prevista una sesión en la que se tratarán distintos proyectos vinculados con las reformas del Banco Central, Inocencia Fiscal y la adhesión al sistema internacional de patentes.

Además, Milei se mostró optimista respecto de la posibilidad de habilitar el tratamiento de otros temas durante la jornada, entre ellos la denominada Ley de Hojarasca, una serie de pliegos judiciales y el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur.

El regreso del Presidente a Casa Rosada y la convocatoria a su equipo de ministros se producen así en un momento de reordenamiento de la agenda económica y política del Gobierno, con especial atención sobre la evolución de los indicadores y el avance de sus iniciativas en el Congreso.

En el marco de la Banca 21 del Honorable Concejo Deliberante de Tandil, se presentará un proyecto de ordenanza que propone declarar por el plazo de dos años la Emergencia en materia de Endeudamiento Familiar en el Partido de Tandil.

La iniciativa fue impulsada desde Patria Grande y plantea la puesta en marcha de una serie de políticas públicas orientadas a conocer, prevenir y aliviar las situaciones de endeudamiento que atraviesan familias trabajadoras de la ciudad.

El proyecto parte de considerar que el endeudamiento familiar dejó de constituir únicamente un problema privado para convertirse en una cuestión de carácter político y social. Según se sostiene en la propuesta, cuando los ingresos laborales resultan insuficientes para afrontar gastos cotidianos como alimentos, alquileres, servicios, medicamentos, transporte o educación, el crédito comienza a funcionar como un complemento permanente de los ingresos.

“El salario dejó de sostener la vida y la deuda ocupó su lugar. Pero la deuda no es solamente un problema de quienes deben: es el resultado de una transformación profunda de las condiciones en las que trabajamos y vivimos”, señaló Yanina Venier, referenta de Patria Grande e impulsora de la iniciativa.

Entre los fundamentos del proyecto se incorporan datos del Banco Central de la República Argentina que, según la iniciativa, indican que alrededor de 15.000 personas en Tandil se encuentran alcanzadas por situaciones de mora, con diferencias según el tipo de entidad a la que adeudan.

El documento también advierte sobre el crecimiento de las plataformas digitales, las fintech y otras modalidades de crédito, que ampliaron las posibilidades de acceso al financiamiento, pero al mismo tiempo incorporaron a nuevos sectores al circuito del endeudamiento.

Desde Patria Grande remarcaron que el fenómeno no debería ser interpretado únicamente como consecuencia de decisiones individuales.

“No estamos frente a una suma de malas decisiones individuales. Cuando una familia tiene que endeudarse para comprar alimentos o pagar la luz, el problema no puede resolverse diciéndole que aprenda a administrar mejor su dinero. Necesitamos discutir salarios, costo de vida, condiciones de crédito y, sobre todo, qué responsabilidad tiene el Estado frente a esta situación”, sostuvo Venier.

El proyecto señala además que las situaciones de sobreendeudamiento, pluriendeudamiento y mora impactan de manera diferente de acuerdo con los sectores sociales y adquieren características particulares entre mujeres, personas mayores, jóvenes y quienes sostienen tareas de cuidado.

La propuesta contempla tres instrumentos principales para abordar la problemática.

En primer lugar, establece la declaración de Emergencia en materia de Endeudamiento Familiar por dos años, que funcionaría como marco para desarrollar medidas extraordinarias de prevención, acompañamiento y alivio.

En segundo término, plantea la creación de un Programa Municipal de Alivio frente al Endeudamiento Familiar, que incluiría un Observatorio Municipal del Endeudamiento, un Centro de Orientación y Acompañamiento, programas locales de alivio y espacios de encuentro sectorial.

El tercer componente sería la creación del Fondo del Régimen Esencial de Desendeudamiento de las Familias, destinado a financiar acciones de orientación y acompañamiento, producción de información, campañas de prevención, alivio fiscal y programas extraordinarios de asistencia.

De acuerdo con la iniciativa, ese fondo se financiaría a través del tributo que se cobre a las empresas que ofrecen servicios financieros, créditos y préstamos y que actualmente no tributarían en Tandil debido a que desarrollan sus actividades mediante plataformas digitales, aplicaciones móviles u otros formatos no bancarios.

El proyecto también contempla que el Municipio avance en mecanismos específicos de alivio para personas y familias endeudadas con la propia administración municipal.

En ese sentido, propone implementar planes especiales de regularización de tasas, quitas de intereses punitorios y facilidades extraordinarias de pago, además de promover convenios con prestadores de servicios esenciales para atender situaciones de vulnerabilidad.

“Así como el Estado interviene cuando entra en crisis una entidad financiera, también tiene que intervenir cuando se rompe la economía cotidiana de quienes viven de su trabajo. No queremos que el Estado aparezca solamente para garantizar que los bancos cobren: queremos un Estado que también cuide a quienes trabajan, producen y sostienen esta ciudad”, planteó Venier.

Desde el espacio impulsor remarcaron que la intención no es abordar el endeudamiento desde una lógica de asistencia a quienes son considerados “malos pagadores”, sino incorporar la problemática a la agenda pública local y discutir las condiciones económicas que llevan a las familias a recurrir de manera permanente al crédito.

“No estamos proponiendo una política de asistencia para ‘malos pagadores’. Estamos proponiendo discutir quiénes tienen la responsabilidad de generar las condiciones para que una familia pueda vivir sin tener que endeudarse todos los meses. La deuda familiar tiene que entrar en la agenda pública de Tandil”, concluyó la referenta de Patria Grande.

La morosidad de las familias registró un fuerte incremento en los últimos meses, alcanzando el 12,8% en mayo de 2026, lo que representa un salto significativo respecto al 2,5% reportado en octubre de 2024. Este dato implica que la proporción de hogares con atrasos superiores a 90 días en sus compromisos financieros se multiplicó por más de cinco en menos de dos años.

El informe presentado por el Gobierno bonaerense advierte que, al considerar los préstamos otorgados por entidades no bancarias, como fintech, cadenas comerciales y financieras, el nivel de morosidad asciende al 33%. En el caso específico de las tarjetas de consumo, el indicador pasó del 10,5% al 36,4%, mientras que en las fintech aumentó del 5,7% al 24,5% en el mismo período.

Durante su habitual conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, puso el foco en el crecimiento del endeudamiento y rechazó que el fenómeno pueda atribuirse exclusivamente a decisiones individuales. “No es culpa de la gente, es de Milei”, dijo.

El funcionario señaló que el aumento registrado tiene características generales y afecta a todas las provincias, franjas etarias y géneros. Según los datos expuestos, a mayo de 2026 había 20,9 millones de personas con algún tipo de deuda con bancos o billeteras virtuales. De ese total, 5,8 millones se encontraban en mora, lo que significa que casi tres de cada diez deudores presentan atrasos superiores a 90 días.

La distribución de los afectados muestra que 2,9 millones de personas tenían deudas únicamente con billeteras virtuales, 1,6 millones solo con bancos y 1,3 millones mantenían compromisos con ambos tipos de entidades. La cantidad de personas morosas aumentó un 132% desde febrero de 2024, alcanzando a casi una de cada cinco personas adultas.

Al comparar el nivel de morosidad con períodos de gobierno anteriores, el informe detalla que el indicador se ubicaba en 2,2% en diciembre de 2011, 2,3% en diciembre de 2015, 4,2% en diciembre de 2019 y 2,8% en diciembre de 2023. Finalmente, el ministro sostuvo que el incremento no se relaciona con un mayor volumen de endeudamiento individual, ya que la deuda promedio bajó de 1,3 millones a 1 millón de pesos en términos reales, y el 75% de los nuevos morosos ya tenía deudas que anteriormente podía mantener al día.

La morosidad de las familias registró un fuerte incremento y alcanzó el 12,8% en mayo de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. Este dato implica que la proporción de hogares con atrasos superiores a 90 días en sus compromisos financieros se multiplicó por más de cinco en menos de dos años.

El informe presentado por el Gobierno bonaerense también señala que, si se consideran los préstamos otorgados por entidades no bancarias -como fintech, cadenas comerciales y financieras-, el nivel de morosidad llega al 33%. En el caso de las tarjetas de consumo, el indicador pasó del 10,5% al 36,4%, mientras que en las fintech aumentó del 5,7% al 24,5% en el mismo período.

En su habitual conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, puso el foco en el crecimiento del endeudamiento de las familias y cuestionó que el fenómeno pueda atribuirse exclusivamente a decisiones individuales: “No es culpa de la gente, es de Milei”,

El funcionario planteó que el aumento registrado tiene características generales y señaló que la mora creció en todas las provincias, franjas etarias y géneros. El informe utilizado como base de la presentación sostiene, en la misma línea, que el fenómeno no se explica por conductas individuales aisladas.

De acuerdo con los datos expuestos, a mayo de 2026 había 20,9 millones de personas con algún tipo de deuda con bancos y/o billeteras virtuales. De ese total, 5,8 millones se encontraban en mora, es decir, con atrasos superiores a 90 días. El informe señala que casi tres de cada diez deudores presentan atrasos de ese nivel.

La distribución muestra que 2,9 millones de personas tenían deudas únicamente con billeteras virtuales, 1,6 millones solo con bancos y 1,3 millones mantenían compromisos con ambos tipos de entidades. La cantidad de personas morosas aumentó un 132% desde febrero de 2024 y el documento señala que el fenómeno alcanza a casi una de cada cinco personas adultas.

Carlos Bianco también comparó el nivel de morosidad registrado durante distintos períodos de gobierno. Según los números presentados, el indicador se ubicaba en 2,2% en diciembre de 2011, 2,3% en diciembre de 2015, 4,2% en diciembre de 2019 y 2,8% en diciembre de 2023, antes de llegar al 12,8% en mayo de 2026.

El ministro sostuvo que el incremento tampoco estaría relacionado con un mayor volumen de endeudamiento individual. Según los datos que presentó, alrededor de un millón de personas ingresaron en situación de mora mientras que la deuda promedio, medida en términos reales, bajó de 1,3 millones a 1 millón. Además, el 75% de los nuevos morosos ya tenía deudas que anteriormente podía mantener al día.

El nivel de morosidad en las cuotas de las instituciones educativas de gestión privada en la provincia de Buenos Aires alcanzó un promedio del 11 por ciento durante el primer cuatrimestre del año. Según informó el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Educación Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, la cifra presenta variaciones geográficas significativas, con picos que llegan al 14 por ciento en el conurbano, mientras que en el interior del territorio bonaerense el índice se ubica en torno al 8 por ciento.

Martín Zurita calificó la cifra como alta, al compararla con los registros históricos del sector, que históricamente se situaban alrededor del 4 por ciento. El referente de la entidad señaló que la situación actual es consecuencia de múltiples factores, entre los que destacó el contexto socioeconómico y la relación directa con la informalidad laboral.

La morosidad promedia el 11 por ciento, con picos que llegan al 14 por ciento en el conurbano.

Ante este escenario, las instituciones han comenzado a implementar estrategias para contener la situación, tales como la aplicación de planes de pago y la gestión de becas, aunque el margen de acción es limitado. No todas las escuelas tienen la misma espalda económica y financiera, advirtió el dirigente, quien además subrayó que muchos establecimientos atraviesan problemas financieros derivados de la actualización de aranceles y el impacto de las paritarias docentes.

Otro desafío estructural que enfrenta el sector es la baja en la natalidad. Según explicó Martín Zurita, en los últimos cinco años nacieron 400 mil niños menos, lo cual impacta directamente en la matrícula del sistema educativo. Esta tendencia, lejos de revertirse, amenaza con profundizarse, afectando tanto los ingresos de las instituciones como la estabilidad de la planta de personal docente y no docente.

La situación financiera de los jubilados se deterioró con fuerza durante el último año. En mayo, la morosidad entre los adultos mayores alcanzó el 11,4 por ciento, lo que equivale a 457.596 personas con deudas en situación irregular. Un año antes, ese porcentaje era del 4,1 por ciento, por lo que el nivel de incumplimiento prácticamente se triplicó.

Así surge de un informe de Provincia Microcréditos, del Banco Provincia, que también mostró que el endeudamiento entre los jubilados continúa en ascenso. Sobre un universo de más de 9 millones de personas en edad de jubilarse, el 44,6 por ciento mantiene actualmente saldos de financiamiento activos.

La evolución de este indicador refleja un cambio de tendencia. Desde 2021, la proporción de adultos mayores con créditos activos se mantuvo en torno al 40 por ciento hasta la segunda mitad de 2023. A partir de entonces, comenzó una aceleración que llevó el porcentaje a niveles superiores a los registrados previamente.

En paralelo, la calidad de esa deuda se deterioró. Luego de la reducción de la morosidad registrada tras el pico alcanzado durante la pandemia, el incumplimiento volvió a aumentar desde enero de 2025. Desde entonces, la proporción de deudas irregulares casi se cuadruplicó, lo que refleja las crecientes dificultades de los adultos mayores para cumplir con sus compromisos financieros.

La combinación de mayores niveles de deuda con una creciente incapacidad para afrontar los pagos configura un escenario de fragilidad financiera cada vez más pronunciado para los adultos mayores.

El estudio atribuye parte de este deterioro a la caída del poder de compra de las jubilaciones. Según el informe, la jubilación mínima, incluso considerando los bonos compensatorios, perdió un 19 por ciento de su poder adquisitivo en términos reales respecto de noviembre de 2023. Como consecuencia de este escenario, también creció la participación laboral de los adultos mayores. En el Gran Buenos Aires, la proporción de personas en edad jubilatoria que continúan trabajando pasó de aproximadamente uno de cada cinco a cerca de uno de cada cuatro hacia finales de 2025.