El creciente endeudamiento familiar, que afecta a más de 5,5 millones de personas en el país por gastos básicos, ha motivado una nueva convocatoria de protesta. La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos CTA y diversos movimientos sociales, se movilizará este jueves hacia el Ministerio de Economía para reclamar soluciones urgentes ante la crítica situación financiera de los hogares.

La jornada de protesta tendrá su epicentro en las puertas del Palacio de Hacienda. Previamente, durante la mañana, un grupo de pymes se concentrará en la Plaza de Mayo con su propio pliego de demandas. Según datos del Banco Central de la República Argentina, más de 5,5 millones de ciudadanos registran créditos impagos o atrasos graves en circuitos oficiales, como tarjetas de crédito, billeteras virtuales y préstamos personales. No obstante, se estima que la cifra real es superior al considerar los circuitos informales, incluyendo préstamos entre vecinos o prestamistas de barrio.

Un informe de la consultora Management & Fit reveló que más del 50% de las familias argentinas enfrenta dificultades de ingresos que les impiden llegar a fin de mes, obligando al 71,9% de esos hogares a endeudarse. Ante este escenario, el gobierno nacional ha mantenido una postura de distancia. Al respecto, el presidente Javier Milei sostuvo que las deudas "son un problema entre privados", mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que son "empáticos" con los morosos pero que el Estado no intervendrá.

La marcha está programada para el jueves 20, con una concentración inicial a las 14 horas en Paseo Colón e Independencia, para arribar cerca de las 14.30 al ministerio ubicado en Hipólito Yrigoyen 250. Esta acción se enmarca en un plan de lucha iniciado el 22 de julio, que incluyó movilizaciones en apoyo a los jubilados, protestas frente al Congreso y la participación en la marcha de San Cayetano el 7 de agosto.

Si bien sectores combativos de la CGT impulsan un paro general, aún no existe una postura unánime en la central obrera. El cronograma de protestas continuará con una concentración durante la deliberación del Consejo del Salario Mínimo, actividades en la Semana Social de la Iglesia, una movilización por el Día de la Industria el 2 de septiembre y medidas en noviembre ante la visita del papa León XIV a la Argentina.

Los movimientos sociales y las centrales sindicales realizaron este jueves la tradicional marcha de San Cayetano, que por décimo año consecutivo unió el santuario ubicado en Liniers con Plaza de Mayo, donde reclamaron al gobierno de Javier Milei un cambio en la política económica y denunciaron el deterioro de las condiciones sociales y laborales.

La movilización comenzó a las 8 de la mañana, luego de la bendición impartida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. A lo largo del recorrido se fueron incorporando distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, que confluyeron en Plaza de Mayo, donde se instaló una feria popular y se realizó un "verdurazo", con entrega gratuita de alimentos.

En el acto central se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes, que estuvo a cargo de dirigentes mujeres de las centrales sindicales, entre ellas Leonor Cruz, de la CTA Autónoma, y Dina Sánchez, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

El texto sostuvo que la Argentina atraviesa "uno de los momentos sociales y económicos más difíciles de las últimas décadas" y cuestionó el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional. En ese sentido, afirmó que "no aceptamos una Argentina para unos pocos" y denunció que el rumbo económico "concentra la riqueza en pocas manos, privilegia la especulación financiera sobre la producción nacional y sacrifica el trabajo argentino para beneficiar a los sectores más poderosos".

Las organizaciones también expresaron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el aumento del costo de vida, la paralización de la obra pública y el cierre de empresas. Asimismo, defendieron el trabajo registrado, los convenios colectivos, la producción nacional, la industria, las pequeñas y medianas empresas, las economías regionales y el rol del Estado como garante de los derechos sociales.

El documento incluyó además un reclamo por la situación de los jubilados, los trabajadores de la economía popular y los sectores más vulnerables. En su tramo final, los convocantes señalaron: "Marchamos por quienes perdieron su empleo. Marchamos por quienes no llegan a fin de mes. Marchamos por nuestros jubilados, por nuestros jóvenes, por la producción nacional, por la industria, por la obra pública y por la soberanía", antes de reafirmar la consigna histórica de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo".

Durante el acto también tomaron la palabra el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, María Adela Antokoletz, integrante de FEDEFAM, y el secretario general de la UTEP, Alejandro "Peluca" Gramajo. Entre los presentes se destacaron además el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, y el secretario adjunto de Ctera, Roberto Baradel.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la movilización convocada en la Plaza de los Dos Congresos contra la extranjerización de tierras, una protesta que se mantuvo pese a que el Gobierno nacional decidió eliminar del proyecto ese apartado para facilitar su tratamiento en el Senado.

Durante el acto, Kicillof destacó como un logro que La Libertad Avanza haya retirado el capítulo referido a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, aunque advirtió que el Ejecutivo nacional podría volver a impulsar iniciativas similares.

“Se logró algo central, que el Gobierno nacional desestime la locura y la insensatez del capítulo de la ley sobre la venta de las tierras rurales a capitales extranjeros. Pero también es importante comprender que no van a dejar de insistir: estamos ante un Gobierno que quiere vender nuestro territorio y partir nuestra patria en pedacitos”, expresó el mandatario bonaerense.

La presencia de Kicillof fue una de las participaciones políticas de mayor relevancia dentro de la protesta, en una movilización que reunió a sectores gremiales, organizaciones sociales y espacios políticos, pero que también reflejó un rechazo que en las últimas semanas trascendió a las estructuras partidarias tradicionales.

El gobernador volvió a confrontar con el presidente Javier Milei y cuestionó la orientación del Gobierno nacional respecto de la soberanía territorial y la política exterior. “Se le cayó la careta de outsider: como un representante de los poderes más concentrados, está rodeado de lo peor de la casta y defiende intereses extranjeros que nada tienen que ver con nuestro país”, sostuvo.

Además, Kicillof pidió que el capítulo eliminado no vuelva a ser incorporado al debate legislativo y cuestionó el resto de los artículos de la iniciativa. “Los otros capítulos de esta ley también son nefastos”, afirmó.

En otro tramo de su discurso, el gobernador bonaerense criticó la política internacional del Ejecutivo nacional y la relación con los países vecinos. “El presidente ha subordinado nuestra política exterior a la de Estados Unidos e Israel. Es por eso que ahora se está peleando con Brasil, nuestro principal socio comercial. Si realmente pensara en lo mejor para nuestro país, se daría cuenta de que no podemos pelearnos con nuestros vecinos y nuestra región”, señaló.

La movilización se realizó mientras el Senado retomaba el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que finalmente llegó al recinto sin el cuestionado capítulo sobre la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras.

Una tarde fría, con el piso todavía húmedo tras una mañana atravesada por la lluvia, fue el escenario de la movilización que reunió este jueves a decenas de vecinos y representantes de distintos espacios en la pirámide de la Plaza Independencia. La convocatoria se realizó en simultáneo con manifestaciones desarrolladas en distintos puntos del país y ratificó, también en Tandil, el rechazo al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pese a que en las últimas horas el Gobierno nacional retiró el apartado que modificaba la Ley de Tierras.

La actividad comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino y continuó con la lectura de un documento consensuado entre las organizaciones convocantes. Como cierre, los participantes realizaron una vuelta simbólica alrededor de la Plaza Independencia, en una demostración que buscó expresar la continuidad del reclamo y la defensa de la soberanía, el ambiente y el derecho a la vivienda.

La movilización mostró un marcado carácter multisectorial. Participaron referentes de CTA, CGT, Adunce, Suteba, Udocba, Camioneros, Patria Grande, Memoria por la Vida en Democracia, el Centro de Veteranos de Malvinas, Flor de Murga, Frente de Izquierda, Amalu, La Cámpora, el Partido Justicialista y Mala Junta, entre otras organizaciones.

Entre la personalidades presentes estuvieron los concejales Rogelio Iparraguirre, Juan Salceda, Federico Martínez y Marilén Pogorzelski, el presidente del PJ local Dario Mendez además de representantes sindicales, sociales y de organismos de derechos humanos que acompañaron la convocatoria.

Antes del inicio del acto, Hernán Gasparini dialogó con El Eco y sostuvo que la decisión del Gobierno de retirar el capítulo vinculado a la venta de tierras no modifica el rechazo general al proyecto. "Hay dos cosas importantes para rescatar de esta jornada. En primer lugar, la importancia de la reacción del pueblo argentino frente a una ley que directamente atacaba nuestra soberanía", expresó.

En ese sentido, consideró que la convocatoria logró reunir a sectores con distintas pertenencias políticas y sociales alrededor de un objetivo común. "Nos pensamos colectivamente, apostando a un país para todos y todas. El pueblo argentino reacciona frente a los atropellos de un gobierno como el que tenemos hoy", afirmó.

No obstante, remarcó que la eliminación de uno de los capítulos no resuelve las objeciones centrales que mantienen las organizaciones. "Haber corrido un capítulo nefasto no implica dejar de discutir todo lo demás. Siguen existiendo aspectos abusivos y muy graves vinculados a los alquileres, los desalojos, las expropiaciones y otros puntos que afectan la vida cotidiana de miles de familias", señaló.

Para Gasparini, el proyecto continúa avanzando sobre derechos básicos. "Cuando una familia no puede pagar un alquiler, la iniciativa facilita desalojos en plazos muy breves, aun cuando existan chicos de por medio. Son cuestiones que afectan directamente la realidad de nuestro pueblo", cuestionó.

Asimismo, sostuvo que las movilizaciones cumplen un papel determinante para frenar iniciativas legislativas que generan rechazo social. "Este gobierno avanza y retrocede según la resistencia que encuentra. Sabemos que retiraron ese capítulo porque no tenían los votos suficientes en el Senado. Cuando vuelvan a intentarlo, van a encontrar nuevamente a un pueblo de pie defendiendo su soberanía", afirmó.

Otro de los aspectos destacados durante la entrevista estuvo vinculado a las modificaciones propuestas sobre la Ley de Manejo del Fuego, un tema que también ocupa un lugar central en las preocupaciones de las organizaciones convocantes.

Gasparini vinculó la discusión con los incendios forestales registrados en distintos puntos del país y con el crecimiento del negocio inmobiliario sobre áreas naturales. "Nuestro país permanentemente enfrenta desastres naturales y muchas veces detrás aparece un negocio inmobiliario. Nosotros pensamos la Argentina desde otro lugar, no desde la especulación financiera", sostuvo.

En ese sentido, consideró que la defensa del ambiente también forma parte del debate sobre la propiedad de la tierra y la soberanía nacional.

El pronunciamiento analiza detalladamente los principales capítulos de la reforma y advierte sobre el desmantelamiento de las políticas públicas de integración sociourbana en barrios populares. Al respecto, señala que la alteración de la Ley 27.453 desresguarda a unos cinco millones de personas que viven con deficiencias de infraestructura y servicios básicos, un cuadro agravado por el Decreto 312/2025 que disolvió el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), paralizando centenares de obras y dejando sin empleo a cooperativistas. Asimismo, el texto remarca que la descentralización de responsabilidades hacia las provincias sin recursos convierte la desigualdad fiscal en desigualdad territorial.

En relación con el mercado inmobiliario y el acceso a la vivienda, el documento denuncia que el proyecto acelera los mecanismos de desalojo en un contexto de extrema vulnerabilidad tras la derogación de la Ley de Alquileres por el DNU 70/2023, la cual provocó contratos más cortos y aumentos difíciles de afrontar para las familias. También cuestiona las modificaciones en el régimen de expropiaciones, alertando que la inclusión de conceptos como el lucro cesante encarece y alarga los procesos para declarar la utilidad pública, limitando la capacidad del Estado para construir escuelas, hospitales y parques.

Respecto de la tierra rural, las organizaciones recordaron que existen cerca de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras —una extensión equivalente al tamaño de Inglaterra— y rechazaron la eliminación de los topes de la Ley 26.737, indicando que la medida favorece la concentración en perjuicio de la agricultura familiar y los pequeños productores. A su vez, advirtieron que reducir las restricciones sobre suelos afectados por incendios reabre el incentivo económico para provocar quemas intencionales con fines especulativos.

El documento dedica además un apartado fundamental a la realidad local, donde se detalla que, según datos del Censo 2022 sistematizados por el Municipio, casi el 30% de los hogares tandilenses alquila, cerca de 1.500 familias propietarias carecen de documentación sobre su vivienda y existe un Registro de Demanda Habitacional en crecimiento. El texto subraya la contradicción de una ciudad que genera valor pero cuyo acceso al suelo se aleja del salario de los trabajadores, al tiempo que llama a proteger el sistema serrano y la tierra rural como bienes estratégicos frente a la especulación.

Aunque el oficialismo resolvió retirar del proyecto el capítulo referido a la derogación de los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, los organizadores entendieron que esa modificación no alteraba el núcleo de la iniciativa y decidieron sostener la convocatoria prevista.

La jornada transcurrió sin incidentes y estuvo marcada por un clima de escucha durante la lectura del documento, acompañado por banderas de organizaciones sindicales, sociales y políticas que rodearon la pirámide de la plaza. Con la vuelta simbólica alrededor del principal paseo público de la ciudad, los manifestantes cerraron una actividad que buscó dejar en claro que, más allá de las modificaciones introducidas durante el tratamiento parlamentario, el rechazo al proyecto continúa vigente y que seguirán atentos al debate legislativo en el Congreso.

La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y diversas organizaciones sindicales, sociales y ambientales, ratificaron la convocatoria a una movilización al Congreso para este jueves. El objetivo es rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno nacional.

La medida de fuerza se mantiene firme a pesar de que el oficialismo retiró del debate el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, ante la falta de respaldo de la oposición dialoguista en el Senado. Según explicaron los organizadores, la decisión del Gobierno de eliminar el apartado referido a la compra de tierras por parte de extranjeros no cambió la postura de las centrales obreras, que consideran que el proyecto mantiene otros puntos cuestionados.

El retroceso oficial sobre la Ley de Tierras ocurrió este miércoles por la tarde, cuando legisladores que habían anticipado su voto positivo comenzaron a anunciar su sufragio negativo. Entre los puntos más criticados figuraban la propuesta de elevar del 15% al 25% el límite de titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros y el mecanismo de autorización para empresas con participación estatal extranjera.

Durante una conferencia de prensa realizada este miércoles, los integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto con Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, ratificaron la concentración prevista para el mediodía. 

Al respecto, Jorge Sola sostuvo que “la discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto de país”, al defender la necesidad de que cualquier inversión preserve los recursos naturales y contribuya al desarrollo productivo, el empleo y los salarios.

Por su parte, Hugo Godoy definió la iniciativa como un proyecto de “extranjerización, coloniaje y fragmentación” del país y afirmó que los trabajadores deben manifestarse porque “la tierra involucra recursos estratégicos como el agua dulce, las zonas de frontera y la generación de empleo, por lo que no puede ser considerada únicamente una mercancía”.

Los gremios también cuestionan otros aspectos de la norma que se debatirán en la Cámara alta, entre ellos las modificaciones relacionadas con los procesos de desalojo, la Ley de Manejo del Fuego, las facultades estatales y la protección de los recursos naturales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su participación y convocó a concentrar desde las 12 horas en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña.

A la protesta se sumaron la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), la Federación de Trabajadores de las Universidades (FATUN) y diversas agrupaciones. Esta jornada será la primera de dos días de reclamos, ya que este viernes las centrales obreras participarán de la tradicional marcha de San Cayetano bajo la consigna “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”.

La CTA confirmó a El Eco que este jueves participará de la jornada de protesta convocada en todo el país contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional. La decisión fue ratificada luego de que el oficialismo retirara del texto el artículo que ampliaba los límites para la venta de tierras a extranjeros, en un intento por reunir apoyos para su tratamiento en el Senado.

Desde las centrales sindicales remarcaron que la modificación no altera los motivos de la protesta, ya que el proyecto mantiene otros aspectos que consideran regresivos. En ese marco, la convocatoria en Tandil continúa bajo la consigna "La Argentina no está en venta", con la participación de organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles, culturales y vecinos.

A nivel nacional, la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y organizaciones sociales como la UTEP confirmaron que sostendrán la movilización frente al Congreso. Desde la conducción cegetista señalaron que "se sostiene la movilización", mientras que otros sectores sindicales argumentaron que el proyecto aún incluye artículos que habilitan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, limitan la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y modifican la legislación sobre el manejo del fuego, permitiendo la venta de tierras incendiadas.

En Tandil, la CTA de los Trabajadores había convocado a la comunidad a sumarse a la manifestación en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, al considerar que afectan derechos sociales, laborales y el patrimonio del país.

El proyecto será debatido este jueves en el Senado, donde el oficialismo resolvió eliminar el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros para intentar destrabar la sesión. Sin embargo, el resto del articulado continúa generando un fuerte rechazo entre las centrales obreras y distintos sectores sociales, que consideran que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos y de capacidad de intervención del Estado.

En ese contexto, la movilización prevista en Tandil se desarrollará en sintonía con las protestas convocadas en distintos puntos del país para expresar el rechazo al proyecto de ley y reclamar que no avance su aprobación.

Las principales centrales sindicales y organizaciones sociales confirmaron que este jueves se movilizarán al Congreso en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a pesar de que el Gobierno nacional decidió eliminar del proyecto la cláusula que ampliaba la venta de tierras a extranjeros con el objetivo de reunir apoyos para la sesión en el Senado.

Desde uno de los sectores de la CGT señalaron que "se sostiene la movilización", por lo que la central obrera participará de la protesta convocada para las 14 frente al Parlamento.

La misma postura adoptó el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), espacio que reúne a gremios distanciados de la conducción cegetista. Desde ese sector anunciaron que comenzarán a concentrarse al mediodía y argumentaron que el proyecto todavía contiene artículos que consideran "nocivos".

Entre los puntos cuestionados mencionaron las disposiciones que habilitan desalojos exprés para inquilinos, comunidades indígenas y campesinos, la limitación de la capacidad del Estado para realizar expropiaciones y las modificaciones a la ley de manejo del fuego, que permitirían la venta de tierras incendiadas. Para el Fresu, esos aspectos justifican mantener la protesta.

La decisión también fue respaldada por la CTA Autónoma y por diversas organizaciones sociales. Desde la UTEP aseguraron que "se mantiene la convocatoria hasta nuevo aviso" y plantearon la necesidad de realizar una movilización masiva para expresar el rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei.

La ratificación de la marcha llegó luego de la conferencia de prensa realizada este miércoles en la sede de la CGT, en la calle Azopardo, donde las tres centrales obreras manifestaron su rechazo al proyecto oficial.

Del encuentro participaron integrantes del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, y Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores. Allí cuestionaron especialmente la iniciativa original que flexibilizaba los límites para la venta de tierras a extranjeros, al sostener que implicaba "ponerle un cartel de venta al país" para beneficiar a "unos pocos millonarios".

Este jueves 6 de agosto, en el marco de la sesión del Senado de la Nación en la que se tratará la ley vinculada a la extranjerización de la tierra promovida por el Gobierno nacional, el comité impulsado por la diputada Myriam Bregman en Tandil realizará una jornada de visibilización y protesta en Pinto y Rodríguez.

Desde las 14.30 se desarrollará una radio abierta, con intervenciones de trabajadores, jubilados, estudiantes, organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos y vecinos, para informar sobre el contenido del proyecto de ley y sus consecuencias.

La actividad continuará durante la jornada con volanteada y participación abierta de la comunidad.

Quienes integran el comité que en Tandil tiene como vocero a Miguel Iademarco convocaron a participar de la jornada en rechazo a la ley que habilitaría una mayor extranjerización de la tierra y señalaron la importancia de debatir públicamente sobre la soberanía territorial, el acceso a los bienes comunes y el modelo de desarrollo que se impulsa.

La convocatoria invita a todos los sectores de la comunidad a acercarse a la esquina de Pinto y Rodríguez para participar de la radio abierta y expresar su rechazo durante el tratamiento de la ley en el Senado.

Luego de la jornada de paro nacional, los movimientos sociales, las principales centrales sindicales y los gremios docentes anticiparon que preparan nuevas medidas de fuerza para todo agosto. Este escenario pondrá al Gobierno de Javier Milei frente a uno de los mayores desafíos en materia de conflictividad social desde el inicio de su gestión.

Según detalló la comunidad educativa, los sindicatos docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezarán en las próximas semanas clases públicas, volanteadas, actividades y nuevas movilizaciones. El objetivo es reclamar mejoras salariales, la reactivación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Creemos que hay un atentado muy fuerte contra el derecho a la huelga y a la libertad sindical, vamos a llevar adelante acciones legales a nivel nacional e internacional”, anticipó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en relación a los operativos de inspección que llevó adelante el gobierno durante el paro nacional. 

Cabe recordar que, con la reforma laboral, la educación fue declarada como servicio esencial, por lo que los gremios debían cumplir una cobertura del 75 por ciento para asegurar el dictado de clases. Ante esto, el Ministerio de Capital Humano inspeccionó escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de dicha cobertura.

Al respecto, Sonia Alesso denunció que el ejecutivo busca desalentar la adhesión a las medidas de fuerza mediante mecanismos de control sobre la asistencia del personal.

La agenda de protestas continuará este miércoles 5 de agosto, cuando la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilicen al Congreso para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo busca tratar en el Senado nacional. La jornada incluirá también los reclamos del sector docente.

En tanto, el jueves 6 de agosto tendrá lugar uno de los actos centrales del calendario. En el marco del día de San Cayetano, las centrales sindicales y diversas organizaciones sociales encabezarán una peregrinación desde la basílica de Liniers hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”, lema impulsado por el Papa Francisco. Los organizadores aseguraron que será “la marcha más grande de la década” y esperan la participación de agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos feministas, organizaciones territoriales y distintos sectores sindicales. La jornada comenzará con la tradicional bendición de herramientas.

Es preciso destacar que la movilización de San Cayetano cumplirá diez años desde su primera edición, realizada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, la cual marcó el inicio del reclamo por la Ley de Emergencia Social.

A once años del primer Ni Una Menos, cientos de personas volvieron a movilizarse por las calles de Tandil para reclamar justicia por las víctimas de violencia de género y exigir políticas públicas de prevención y asistencia. La convocatoria fue impulsada por la Asamblea Transfeminista y reunió a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y vecinos autoconvocados.

La marcha concluyó con la lectura de un documento en el que se renovaron los reclamos contra las violencias machistas y se expresaron preocupaciones por el desfinanciamiento de programas de acompañamiento y protección. A continuación, algunas imágenes de una jornada de memoria, lucha y visibilización en el centro de la ciudad, bajo el lente de El Eco, en la cámara de Rody Becchi.

A once años de la histórica movilización que marcó un punto de inflexión en la lucha contra las violencias por motivos de género en Argentina, este miércoles por la tarde Tandil volvió a ser escenario de una multitudinaria convocatoria bajo la consigna "Ni Una Menos".

La movilización, impulsada por la Asamblea Transfeminista de Tandil, reunió a integrantes de organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles y vecinos autoconvocados que se concentraron en el centro de la ciudad para luego marchar por las calles con banderas, pancartas y carteles con consignas contra la violencia machista. A lo largo del recorrido se escucharon cánticos reclamando justicia por las víctimas de femicidios y exigiendo la implementación de políticas públicas destinadas a la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género.

La columna avanzó acompañada por referentes de distintos espacios y por familias que se sumaron a la convocatoria. Durante el trayecto, las manifestantes realizaron intervenciones y recordaron que el movimiento Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 como respuesta a la creciente cantidad de femicidios en el país y que, más de una década después, los reclamos continúan vigentes.

Durante la jornada, las organizaciones recordaron a las víctimas de femicidios, transfemicidios, lesbicidios y crímenes de odio, al tiempo que reclamaron justicia por casos recientes que conmocionaron al país. Entre los nombres mencionados estuvieron Agostina, Dulce y Noelia, además de otras mujeres y disidencias víctimas de distintas formas de violencia.

La movilización culminó con un acto y la lectura de un documento consensuado por las organizaciones participantes. Allí se hizo un repaso de los once años transcurridos desde la primera marcha y se destacó la importancia de sostener la organización colectiva frente a un contexto que, según señalaron, presenta retrocesos en materia de derechos y protección para mujeres y diversidades.

En el documento leído al finalizar la marcha, las agrupaciones señalaron que desde el primer Ni Una Menos, realizado el 3 de junio de 2015, se registraron miles de femicidios y crímenes por razones de género en el país. También expresaron preocupación por el desfinanciamiento de programas de asistencia y prevención, así como por el incumplimiento de normativas destinadas a proteger a mujeres y diversidades.

Entre los principales reclamos, se cuestionaron iniciativas vinculadas a las supuestas "falsas denuncias" de las víctimas y se advirtió sobre el impacto que podrían tener en el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género. “Las mujeres y disidencias no mentimos, los mentirosos son el Presidente y su gobierno” sostuvieron. Asimismo, se denunció la persistencia de prácticas judiciales y mediáticas que revictimizan a quienes denuncian agresiones.

La Asamblea también puso el foco en otras problemáticas, como la violencia digital, los obstáculos para acceder a derechos sexuales y reproductivos, la situación de las infancias y adolescencias, y las consecuencias sociales de la crisis económica. Durante la lectura se reclamó la implementación de la Ley Olimpia, el fortalecimiento de las políticas de salud mental y el sostenimiento de programas de acompañamiento a víctimas, a partir se las siguientes palabras: 

La violencia digital también es violencia de género. Esta violencia aparece en la vida de les adolescentes como moneda corriente donde las pibas son las más afectadas. Se difunden sus fotos, se editan sus cuerpos, y mientras esto ocurre, son señaladas, culpabilizadas y aisladas, profundizando su sufrimiento. No se trata solamente de lo que pasa detrás de una pantalla. El hostigamiento, la difusión no consentida de imágenes, las amenazas, la suplantación de identidad y los discursos de odio, tienen consecuencias sobre nuestros vínculos y nuestras vidas.

Además, el documento vinculó la lucha contra las violencias de género con otros debates sociales y políticos, incluyendo la defensa de la democracia, el acceso a derechos laborales, la educación pública y las problemáticas ambientales.

La actividad concluyó con la lectura colectiva de las consignas que dieron origen al movimiento y que siguen vigentes once años después: "Ni Una Menos", "Paren de matarnos" y "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", reafirmando el compromiso de las organizaciones locales de continuar visibilizando las violencias y exigiendo respuestas concretas por parte del Estado.

Una movilización en reclamo por la agresión sufrida por un docente en un establecimiento educativo de la ciudad de Tandil se llevó adelante este miércoles por la mañana, en el marco de una convocatoria contra la violencia escolar.

La concentración comenzó en la denominada Plaza del Tanque, ubicada en la intersección de las calles Mitre y Santamarina, donde se reunieron docentes, familias y estudiantes en un número significativo. Los participantes expresaron su preocupación por los hechos de violencia registrados en el ámbito escolar y reclamaron medidas de prevención y abordaje institucional.

Desde allí, la columna de manifestantes inició una marcha que avanzó por calle Mitre hasta su intersección con Alem, para luego continuar por esa arteria hasta llegar a Belgrano. El recorrido finalizó en el sector de Belgrano al 700, frente a la Jefatura Distrital y Regional de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), donde los organizadores entregaron un petitorio ante las autoridades educativas. Finalmente, continuaron movilizándose hasta las puertas del colegio donde sucedieron los hechos.

Durante el desarrollo de la movilización se registraron cortes y restricciones temporales en el tránsito vehicular en las calles involucradas, lo que generó desvíos en la circulación habitual de la zona céntrica. Las autoridades recomendaron circular con precaución mientras se extendió la actividad.

La jornada se enmarcó en una serie de expresiones de preocupación de la comunidad educativa local ante situaciones de violencia en entornos escolares, que vienen siendo objeto de debate en distintos ámbitos institucionales. Cabe destacar que el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a una jornada de paro para este miércoles.

Este martes por la tarde, docentes autoconvocados de Tandil llevaron adelante una concentración y posterior movilización en respaldo al profesor que fue agredido por un estudiante en el Colegio San José, un hecho que generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa local y que abrió nuevamente el debate sobre la convivencia dentro de las instituciones escolares.

La actividad comenzó alrededor de las 17 30 horas en la glorieta de la Plaza Independencia, donde se reunieron docentes de establecimientos públicos y privados de la ciudad. Allí se leyó un comunicado consensuado por los organizadores, en el que expresaron su acompañamiento al docente afectado y manifestaron su preocupación por el incremento de situaciones de violencia y el deterioro de los vínculos de convivencia en las escuelas.

"Hoy nos encontramos reunidos para expresar nuestro acompañamiento al profesor agredido recientemente en un establecimiento de nuestra ciudad y para visibilizar una preocupación que crece en los ámbitos educativos: el aumento de los episodios de violencia y el progresivo deterioro de los vínculos de convivencia", señalaron durante la lectura del documento.

Los docentes remarcaron que el episodio ocurrido días atrás, que dejó al profesor con importantes lesiones tras un conflicto desarrollado durante una clase, trascendió el plano individual para convertirse en una señal de problemáticas más amplias que atraviesan a las comunidades educativas.

"Quienes trabajamos en las escuelas enfrentamos diariamente desafíos que exceden la enseñanza y aprendizaje de contenidos. A la tarea pedagógica se suman conflictos interpersonales, demandas sociales crecientes y situaciones complejas para las cuales muchas veces no existen recursos suficientes ni dispositivos de acompañamiento adecuados", expresaron.

En el mismo sentido, sostuvieron que cuando el conflicto desplaza al diálogo y la hostilidad comienza a ocupar un lugar central en la vida institucional, se ven afectadas las condiciones necesarias para enseñar y aprender.

Durante el acto también plantearon la necesidad de generar espacios de discusión más profundos sobre la convivencia escolar, el respeto hacia los trabajadores de la educación y las herramientas disponibles para prevenir y abordar situaciones críticas antes de que escalen.

"Desde esta organización sostenemos que resulta indispensable abrir una discusión profunda sobre la convivencia escolar, el respeto a los trabajadores de la educación y las herramientas disponibles para prevenir y abordar situaciones críticas antes de que escalen", indicaron.

Finalizada la lectura del comunicado, los participantes iniciaron una marcha alrededor de la plaza Independencia. Según pudo observarse, la columna avanzó por calle Belgrano entre aplausos y muestras de apoyo, continuó por Chacabuco, luego por Pinto y finalmente por Rodríguez para regresar nuevamente a la glorieta, donde concluyó la actividad.

La movilización se desarrolló en un clima pacífico y tuvo como eje central el acompañamiento al profesor agredido, aunque también buscó instalar una reflexión colectiva sobre las dificultades que atraviesan actualmente muchas instituciones educativas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, contención y resolución de conflictos.

De esta manera, el caso ocurrido en el Colegio San José volvió a poner en agenda una problemática que preocupa a docentes, directivos y familias, y que los organizadores consideran necesario abordar de manera integral para garantizar ámbitos escolares seguros y propicios para el aprendizaje.

En el marco de una nueva jornada de “Ni Una Menos”, la Asamblea Transfeminista de Tandil convocó a una movilización que se realizará el próximo martes 3 de junio en la ciudad, al cumplirse once años de la primera manifestación masiva contra las violencias de género en Argentina.

Bajo la consigna “Ni Una Menos. Transfeminismos para derrotar a Milei, al FMI y sus cómplices”, la convocatoria buscará reunir a organizaciones, colectivos, estudiantes y vecinos para visibilizar los reclamos vinculados a la violencia de género, los derechos de mujeres y diversidades, y las políticas públicas destinadas a su protección.

Según informaron desde la organización, la actividad comenzará a las 17 horas con una concentración en la Glorieta de la Plaza Independencia, donde se desarrollarán intervenciones y actividades previas. Posteriormente, a las 18 horas, se llevará adelante la marcha por las calles céntricas de la ciudad.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, las organizadoras señalaron que la movilización se realiza “por Agostina, por Dulce y por todas”, en referencia a víctimas de violencia de género, y remarcaron la necesidad de continuar reclamando justicia y fortaleciendo las redes comunitarias de acompañamiento.

Asimismo, expresaron su preocupación por el contexto social y político actual. "En un escenario de profunda preocupación por el recrudecimiento de los hechos de violencia contra mujeres, niñas y diversidades, donde las respuestas para la prevención y abordaje de las violencias por razones de género por parte de los organismos estatales distan mucho de resultar efectivas y las dificultades que enfrentan las mujeres al momento de denunciar y acceder a medidas de protección efectivas empiezan a ser cuestionadas bajo la falacia de la 'falsa denuncia', las organizaciones que conformamos la Asamblea Transfeminista de Tandil, convocamos a marchar", manifestaron.

Con el lema “El silencio nunca fue una opción. Nos vemos en las calles”, las organizaciones convocantes invitaron a la comunidad a sumarse a la concentración y marcha previstas para este 3 de junio.

Una multitudinaria columna de trabajadores de la salud, organizaciones sociales, asociaciones de pacientes y sindicatos protagonizó una nueva edición de la Marcha Federal de Salud en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La movilización, que comenzó frente a las puertas del Ministerio de Salud de la Nación y culminó en la histórica Plaza de Mayo, tuvo como objetivo visibilizar la profunda crisis del sector y rechazar las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional.

Bajo la consigna "La salud no puede esperar", la protesta expresó una creciente preocupación por el deterioro de las políticas públicas sanitarias y el desfinanciamiento de programas nacionales clave. La convocatoria contó con el respaldo político del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, en abierto rechazo al plan que lleva adelante la cartera nacional conducida por el ministro Mario Lugones.

Durante la jornada, que incluyó la lectura de un documento consensuado, diversas entidades como el Foro por el Derecho a la Salud y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron un recorte de 63.000 millones de pesos en las partidas destinadas a la salud pública. A esta denuncia se sumó el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), un espacio que nuclea a gremios de diversos sectores como metalúrgicos, aceiteros, aeronáuticos, docentes universitarios y papeleros.

De acuerdo con el documento presentado por las organizaciones, el ajuste presupuestario ya genera consecuencias directas sobre la población. Entre los datos más alarmantes, se destaca que más de 742 mil personas perdieron su cobertura médica en el último período. Asimismo, el Programa Remediar sufrió una drástica reducción, pasando de distribuir 79 medicamentos gratuitos a entregar únicamente tres, lo que afecta el acceso a la salud de más de 20 millones de personas.

La situación del PAMI también fue uno de los ejes centrales del reclamo. Los manifestantes advirtieron que la obra social de los jubilados sufrió un recorte del 40% en su presupuesto, acumulando deudas que superan los 500.000 millones de pesos con los prestadores, lo que se traduce en la falta de turnos y atención médica para los afiliados.

Por último, el documento denunció el desmantelamiento de políticas sanitarias esenciales. Entre ellas, se mencionaron la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA), el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación —que ya provocó brotes de sarampión y subas en casos de coqueluche, hepatitis A y meningitis—, y la destrucción del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Medicina Tropical.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó hoy de la cuarta Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo, donde se sumó al pedido para que el gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento. Durante la movilización, el mandatario provincial sostuvo que "Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino".

El gobernador, quien ya había formado parte de las convocatorias anteriores, aseguró que "el Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades". En ese sentido, Kicillof remarcó que en estos tres años muchos profesores e investigadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo por la tremenda caída de sus salarios.

Al referirse a la situación actual del sector, el funcionario agregó que "ese es el resultado de un Gobierno nacional que está empecinado en destruir el futuro del país". Asimismo, destacó la importancia de la presencia en las calles al afirmar: "Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor para ellos y para todos los argentinos".

En la Plaza de Mayo, el mandatario de la provincia de Buenos Aires estuvo acompañado por ministros de su gabinete, integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), legisladores, intendentes y diversos representantes del sector universitario, científico y tecnológico.

Este martes 12 de mayo se llevará a cabo la Cuarta Marcha Federal Universitaria, una movilización nacional que exige el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento 27.795. La normativa, aprobada el año pasado, se encuentra en el centro del reclamo de sindicatos y agrupaciones estudiantiles que, desde el inicio del ciclo lectivo, mantienen un plan de lucha por la recuperación salarial y la actualización presupuestaria.

La jornada de protesta es la culminación de una serie de medidas que incluyeron paros de una semana completa, clases públicas y marchas de antorchas en diversos puntos del país. Según informaron los organizadores, la convocatoria principal se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las grandes ciudades que albergan sedes académicas, en defensa de la educación, la universidad pública y el desarrollo de la ciencia nacional.

El cronograma previsto indica que la concentración en la Capital Federal y en el interior comenzará a las 15. Posteriormente, cerca de las 17.30, se dará lectura a un documento con las demandas dirigidas al gobierno nacional. Los representantes gremiales advirtieron que la gestión del presidente Javier Milei lleva más de seis meses sin actualizar las partidas presupuestarias, lo que contradice lo votado en el Congreso y lo dispuesto por el Poder Judicial.

En la ciudad de La Plata, centro de fuerte identidad universitaria, las actividades iniciarán este lunes a las 19 con una vigilia en la presidencia de la UNLP, ubicada en avenida siete y 48. El martes, los sectores docentes, no docentes y estudiantiles se reunirán a las 11 en la estación de trenes local para sumarse a la columna central que marchará hacia la Plaza de Mayo.

Tras una reunión del plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), los representantes gremiales ratificaron la necesidad de visibilizar la crisis que atraviesa el sector. Al respecto, la secretaria general de la Conadu, Clara Chevalier, sostuvo: “Desde los sindicatos sabemos que la vía judicial es un camino pero no es nuestra arena de construcción ni de lucha. La pelea es claramente política, y por eso la marcha del 12 de mayo cobra una relevancia aún mayor en este escenario. Porque vamos a salir a las calles a defender la universidad, pero también la democracia en un contexto de muchos malestares sociales”.

Finalmente, desde la federación destacaron que la movilización busca poner un freno a las políticas gubernamentales y articular las luchas de los distintos sectores para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios en todo el territorio argentino.

Organizaciones sociales, familiares de personas con discapacidad y trabajadores de la sanidad protagonizaron este miércoles una masiva movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en rechazo a la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. La protesta también se replicó en distintas ciudades del país.

La convocatoria, impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyó además un cese de actividades por parte de trabajadores de prestadoras, en el marco de lo que definieron como una “profunda crisis” en el sector.

Durante la jornada, los manifestantes advirtieron sobre atrasos arancelarios, irregularidades en los pagos y acumulación de deudas, una situación que —según denunciaron— está llevando al sistema de prestaciones “a un escenario terminal”. En ese contexto, también señalaron demoras en los pagos del programa Incluir Salud, que en algunos casos se arrastran desde octubre.

Mientras el Gobierno busca avanzar con modificaciones a la ley que había sido aprobada el año pasado por el Congreso con mayoría opositora —y que no pudo ser vetada tras su judicialización—, los manifestantes entregaron una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, con un detalle de los reclamos del sector.

En medio de la protesta, se multiplicaron las críticas por la “falta de respuestas concretas” del Estado, tanto en el funcionamiento de las instituciones como en las condiciones laborales de los prestadores y el acceso a derechos por parte de las personas con discapacidad.

Además de la concentración principal frente a la cartera sanitaria, otro grupo se movilizó hacia el Ministerio de Economía para exigir mayores partidas presupuestarias destinadas al área. Las protestas también se replicaron en ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata, reflejando el alcance federal del reclamo.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios ingresa en una etapa de máxima confrontación. En las últimas horas, la gestión que encabeza el presidente Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para apelar el fallo que obliga al Estado a transferir 2.5 billones de pesos a las facultades. En paralelo, la comunidad educativa respondió con el anuncio de una medida de fuerza contundente: un paro total de actividades que se extenderá durante una semana.

La protesta, que comenzará el lunes 27 de abril y finalizará el sábado 2 de mayo, promete paralizar no solo el dictado de clases en las diversas facultades del país, sino también en los colegios secundarios que dependen de las instituciones de educación superior. Se trata de la tercera medida de este tipo en lo que va del año, reflejando el malestar por la situación salarial y presupuestaria que atraviesa el sector.

Además del cese de actividades, los gremios, rectorados y agrupaciones estudiantiles se encuentran en sesión permanente para definir la fecha de una nueva Marcha Federal Universitaria. Según adelantaron, se espera que la convocatoria alcance niveles de masividad similares a las movilizaciones previas. 

Como antesala, este jueves 23 de abril a las 17 se realizará una marcha de antorchas en La Plata, que partirá desde el edificio de Presidencia de la universidad y concluirá con un evento musical en la Escuela Anexa.

Desde el sector educativo calificaron como una “provocación” el hecho de que el Gobierno nacional haya dejado vencer el plazo puesto por la Justicia para abonar las deudas en concepto de salarios y becas a las más de 60 universidades públicas del país. Ante esta situación, el presidente Javier Milei instruyó a la Procuración del Tesoro para que recurra en queja ante el máximo tribunal, negándose a liberar las partidas correspondientes.

La situación de los trabajadores de la educación es uno de los puntos centrales del conflicto. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), una de las organizaciones mayoritarias junto a Conadu Histórica, expresaron la gravedad del cuadro actual:

"La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos"

El impacto de la huelga será federal, alcanzando a instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR). También se sumarán la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la del Nordeste (UNNE), la del Chaco Austral (UNCAUS), la de Salta (UNSa), la de Entre Ríos (UNER) y la de José C. Paz (UNPAZ).

Por último, el sector no docente, nucleado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), también llevará adelante su propia medida de fuerza este jueves. Esta acción es clave, ya que al ser los encargados de la apertura y mantenimiento de los edificios, su ausencia garantiza el cierre total de las facultades y colegios dependientes de las altas casas de estudios.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro nacional con movilización el próximo martes 21 de abril. La medida se fundamenta en el reclamo por la reapertura de paritarias y se da en el marco de un profundo conflicto con el Gobierno nacional por la situación salarial y los recortes en organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con las políticas económicas vigentes. "Si no hay plata, no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento", manifestó. El dirigente gremial advirtió que "el poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total".

Desde el sindicato señalaron que la protesta también busca "rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal". Aguiar enfatizó que "las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata" y lanzó una advertencia a las autoridades: “Si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

La jornada de protesta tendrá un impacto directo en la provincia de Buenos Aires, donde se prevé el cese de actividades en diversas oficinas públicas. Asimismo, la medida afectará el normal dictado de clases en escuelas públicas, debido a la adhesión de los auxiliares afiliados al gremio.

Respecto a la pérdida del valor real de los ingresos, Aguiar arremetió contra la gestión de Javier Milei, asegurando que los trabajadores "ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei". En ese sentido, agregó que “se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”.

A fines del mes pasado, el Gobierno nacional oficializó un esquema de aumentos que fue rechazado por ATE, aunque contó con la aprobación de UPCN. Dicho cronograma contempla subas mensuales escalonadas del 2,5 por ciento en enero, 2,2 por ciento en febrero, dos por ciento en marzo, 1,7 por ciento en abril y 1,5 por ciento en mayo.

En este contexto, el titular de ATE se refirió a la controversia por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas por montos de hasta 350.000 dólares. “Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios”, reclamó Aguiar.

Finalmente, se informó que el gremio resolvió acompañar la movilización de los trabajadores de la fábrica FATE hacia la Plaza de Mayo, programada para el martes 14 de abril.