El gobernador bonaerense Axel Kicillof participó hoy de la cuarta Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo, donde se sumó al pedido para que el gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento. Durante la movilización, el mandatario provincial sostuvo que "Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino".

El gobernador, quien ya había formado parte de las convocatorias anteriores, aseguró que "el Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades". En ese sentido, Kicillof remarcó que en estos tres años muchos profesores e investigadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo por la tremenda caída de sus salarios.

Al referirse a la situación actual del sector, el funcionario agregó que "ese es el resultado de un Gobierno nacional que está empecinado en destruir el futuro del país". Asimismo, destacó la importancia de la presencia en las calles al afirmar: "Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor para ellos y para todos los argentinos".

En la Plaza de Mayo, el mandatario de la provincia de Buenos Aires estuvo acompañado por ministros de su gabinete, integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), legisladores, intendentes y diversos representantes del sector universitario, científico y tecnológico.

Este martes 12 de mayo se llevará a cabo la Cuarta Marcha Federal Universitaria, una movilización nacional que exige el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento 27.795. La normativa, aprobada el año pasado, se encuentra en el centro del reclamo de sindicatos y agrupaciones estudiantiles que, desde el inicio del ciclo lectivo, mantienen un plan de lucha por la recuperación salarial y la actualización presupuestaria.

La jornada de protesta es la culminación de una serie de medidas que incluyeron paros de una semana completa, clases públicas y marchas de antorchas en diversos puntos del país. Según informaron los organizadores, la convocatoria principal se realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las grandes ciudades que albergan sedes académicas, en defensa de la educación, la universidad pública y el desarrollo de la ciencia nacional.

El cronograma previsto indica que la concentración en la Capital Federal y en el interior comenzará a las 15. Posteriormente, cerca de las 17.30, se dará lectura a un documento con las demandas dirigidas al gobierno nacional. Los representantes gremiales advirtieron que la gestión del presidente Javier Milei lleva más de seis meses sin actualizar las partidas presupuestarias, lo que contradice lo votado en el Congreso y lo dispuesto por el Poder Judicial.

En la ciudad de La Plata, centro de fuerte identidad universitaria, las actividades iniciarán este lunes a las 19 con una vigilia en la presidencia de la UNLP, ubicada en avenida siete y 48. El martes, los sectores docentes, no docentes y estudiantiles se reunirán a las 11 en la estación de trenes local para sumarse a la columna central que marchará hacia la Plaza de Mayo.

Tras una reunión del plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), los representantes gremiales ratificaron la necesidad de visibilizar la crisis que atraviesa el sector. Al respecto, la secretaria general de la Conadu, Clara Chevalier, sostuvo: “Desde los sindicatos sabemos que la vía judicial es un camino pero no es nuestra arena de construcción ni de lucha. La pelea es claramente política, y por eso la marcha del 12 de mayo cobra una relevancia aún mayor en este escenario. Porque vamos a salir a las calles a defender la universidad, pero también la democracia en un contexto de muchos malestares sociales”.

Finalmente, desde la federación destacaron que la movilización busca poner un freno a las políticas gubernamentales y articular las luchas de los distintos sectores para garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios en todo el territorio argentino.

Organizaciones sociales, familiares de personas con discapacidad y trabajadores de la sanidad protagonizaron este miércoles una masiva movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en rechazo a la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. La protesta también se replicó en distintas ciudades del país.

La convocatoria, impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, incluyó además un cese de actividades por parte de trabajadores de prestadoras, en el marco de lo que definieron como una “profunda crisis” en el sector.

Durante la jornada, los manifestantes advirtieron sobre atrasos arancelarios, irregularidades en los pagos y acumulación de deudas, una situación que —según denunciaron— está llevando al sistema de prestaciones “a un escenario terminal”. En ese contexto, también señalaron demoras en los pagos del programa Incluir Salud, que en algunos casos se arrastran desde octubre.

Mientras el Gobierno busca avanzar con modificaciones a la ley que había sido aprobada el año pasado por el Congreso con mayoría opositora —y que no pudo ser vetada tras su judicialización—, los manifestantes entregaron una carta al ministro de Salud, Mario Lugones, con un detalle de los reclamos del sector.

En medio de la protesta, se multiplicaron las críticas por la “falta de respuestas concretas” del Estado, tanto en el funcionamiento de las instituciones como en las condiciones laborales de los prestadores y el acceso a derechos por parte de las personas con discapacidad.

Además de la concentración principal frente a la cartera sanitaria, otro grupo se movilizó hacia el Ministerio de Economía para exigir mayores partidas presupuestarias destinadas al área. Las protestas también se replicaron en ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata, reflejando el alcance federal del reclamo.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios ingresa en una etapa de máxima confrontación. En las últimas horas, la gestión que encabeza el presidente Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para apelar el fallo que obliga al Estado a transferir 2.5 billones de pesos a las facultades. En paralelo, la comunidad educativa respondió con el anuncio de una medida de fuerza contundente: un paro total de actividades que se extenderá durante una semana.

La protesta, que comenzará el lunes 27 de abril y finalizará el sábado 2 de mayo, promete paralizar no solo el dictado de clases en las diversas facultades del país, sino también en los colegios secundarios que dependen de las instituciones de educación superior. Se trata de la tercera medida de este tipo en lo que va del año, reflejando el malestar por la situación salarial y presupuestaria que atraviesa el sector.

Además del cese de actividades, los gremios, rectorados y agrupaciones estudiantiles se encuentran en sesión permanente para definir la fecha de una nueva Marcha Federal Universitaria. Según adelantaron, se espera que la convocatoria alcance niveles de masividad similares a las movilizaciones previas. 

Como antesala, este jueves 23 de abril a las 17 se realizará una marcha de antorchas en La Plata, que partirá desde el edificio de Presidencia de la universidad y concluirá con un evento musical en la Escuela Anexa.

Desde el sector educativo calificaron como una “provocación” el hecho de que el Gobierno nacional haya dejado vencer el plazo puesto por la Justicia para abonar las deudas en concepto de salarios y becas a las más de 60 universidades públicas del país. Ante esta situación, el presidente Javier Milei instruyó a la Procuración del Tesoro para que recurra en queja ante el máximo tribunal, negándose a liberar las partidas correspondientes.

La situación de los trabajadores de la educación es uno de los puntos centrales del conflicto. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), una de las organizaciones mayoritarias junto a Conadu Histórica, expresaron la gravedad del cuadro actual:

"La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos"

El impacto de la huelga será federal, alcanzando a instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR). También se sumarán la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la del Nordeste (UNNE), la del Chaco Austral (UNCAUS), la de Salta (UNSa), la de Entre Ríos (UNER) y la de José C. Paz (UNPAZ).

Por último, el sector no docente, nucleado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), también llevará adelante su propia medida de fuerza este jueves. Esta acción es clave, ya que al ser los encargados de la apertura y mantenimiento de los edificios, su ausencia garantiza el cierre total de las facultades y colegios dependientes de las altas casas de estudios.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro nacional con movilización el próximo martes 21 de abril. La medida se fundamenta en el reclamo por la reapertura de paritarias y se da en el marco de un profundo conflicto con el Gobierno nacional por la situación salarial y los recortes en organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con las políticas económicas vigentes. "Si no hay plata, no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento", manifestó. El dirigente gremial advirtió que "el poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total".

Desde el sindicato señalaron que la protesta también busca "rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal". Aguiar enfatizó que "las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata" y lanzó una advertencia a las autoridades: “Si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

La jornada de protesta tendrá un impacto directo en la provincia de Buenos Aires, donde se prevé el cese de actividades en diversas oficinas públicas. Asimismo, la medida afectará el normal dictado de clases en escuelas públicas, debido a la adhesión de los auxiliares afiliados al gremio.

Respecto a la pérdida del valor real de los ingresos, Aguiar arremetió contra la gestión de Javier Milei, asegurando que los trabajadores "ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei". En ese sentido, agregó que “se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”.

A fines del mes pasado, el Gobierno nacional oficializó un esquema de aumentos que fue rechazado por ATE, aunque contó con la aprobación de UPCN. Dicho cronograma contempla subas mensuales escalonadas del 2,5 por ciento en enero, 2,2 por ciento en febrero, dos por ciento en marzo, 1,7 por ciento en abril y 1,5 por ciento en mayo.

En este contexto, el titular de ATE se refirió a la controversia por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas por montos de hasta 350.000 dólares. “Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios”, reclamó Aguiar.

Finalmente, se informó que el gremio resolvió acompañar la movilización de los trabajadores de la fábrica FATE hacia la Plaza de Mayo, programada para el martes 14 de abril.

Alrededor de 85 organizaciones sociales iniciarán este martes un plan de lucha progresivo en todo el territorio nacional, que incluirá cortes de ruta y movilizaciones. El reclamo central se dirige contra la decisión del Gobierno nacional de eliminar cerca de 900.000 planes sociales de 78.000 pesos mensuales, para reemplazarlos por un esquema de vouchers destinados a la capacitación laboral.

La iniciativa impulsada por la gestión del presidente Javier Milei, que entrará en vigencia plena desde noviembre, busca transformar las transferencias monetarias directas en instancias de formación profesional. Sin embargo, la medida despertó fuertes críticas de diversos gremios y agrupaciones, que advierten sobre el impacto negativo en la economía de los barrios populares.

En este marco, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) confirmó que se manifestará en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y llevará adelante cortes en los accesos que conectan a la capital con ciudades vecinas, incluyendo el Puente Pueyrredón. En el interior de la provincia de Buenos Aires, las protestas se replicarán en la Ruta 2, a la altura de Mar del Plata, y en las localidades de San Nicolás, Pergamino y Bahía Blanca.

Desde las organizaciones sostuvieron que la eliminación del programa Volver al Trabajo, prevista para esta semana, afectará gravemente la red comunitaria. Según detallaron, solo en la ciudad de La Plata existen 38.000 beneficiarios que dejarán de percibir el estipendio actual.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones para ofrecer títulos profesionales con aval del sector productivo. La intención oficial es que los beneficiarios accedan a herramientas que mejoren su inserción laboral. Como antecedente, en enero se inició una prueba piloto con 20 desocupados en un centro de formación del barrio porteño de Paternal.

Ante este escenario, desde la CCC calificaron la medida como un "ataque" que pretende desarticular "la red comunitaria que nuestro pueblo creó en los barrios populares". A través de un comunicado, la organización sentenció: "No podemos permitir esta masacre social y económica sin luchar".

La segunda instancia de la justicia en lo Contencioso Administrativ o ratificó hoy la vigencia del “protocolo anti piquetes”, la herramienta legal diseñada por Patricia Bullrich y aplicada desde el inicio del gobierno de Javier Milei para ordenar la protesta social, que había sido declarado nulo por un tribunal de ese fuero.

El fallo fue firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, los dos titulares de la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y dejó sin efecto una decisión previa del juez Martín Cormick, que en diciembre pasado había suspendido la vigencia del protocolo, que como medida más visible prohíbe que las manifestaciones corten calles.

Cormick había entendido que Bullrich, al momento de dictar el protocolo -resolución 943/2023 del ministerio de Seguridad, entonces a su cargo-, se había excedido en sus competencias: no era solo una orden a las fuerzas de seguridad federales que de ella dependían, sino también una intromisión en las atribuciones propias del Congreso.

Pero la Cámara dio por tierra con ese argumento: “ Los suscriptos no advierten que el denominado ‘Protocolo de Seguridad’ constituya una reglamentación que colisione con derechos constitucionales y/o normas supranacionales, sino que resulta una limitación legítima en tanto no existen derechos absolutos”, escribieron Fernández y Morán.

En esa línea, los camaristas ponderaron el derecho a la libre circulación y consideraron que “la resolución recurrida tiende a proteger el derecho a transitar libremente por el territorio, sin que sus alcances restrinjan de manera ilegítima los demás derechos involucrados”.

Luego de conocido el fallo, la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, lo celebró: “Las fuerzas federales continuarán interviniendo cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar el orden y hacer cumplir la ley ”, señaló esa cartera en un comunicado.

Desde la aplicación del protocolo los cortes de calle han disminuido casi hasta desaparecer, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sectores de la oposición política ligan ese instrumento a lo que describen como una política represiva de la protesta por pate del gobierno nacional.

En una jornada atravesada por la tensión y la protesta, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Tandil - Juárez, junto a la Mesa Intersindical, llevó adelante este jueves una concentración y “abrazo” simbólico frente a la sede de la Agencia Territorial local, ubicada en 9 de Julio 860. 

La medida surgió como respuesta a las versiones sobre una posible reestructuración o cierre de dependencias nacionales de la Secretaría de Trabajo, lo que pondría en riesgo el sustento de 33 familias y dejaría sin cobertura a numerosas localidades de la región.

Durante el acto, el secretario general de ATE Hernán Gasparini brindó un encendido discurso en el que destacó la unidad del sector gremial frente al escenario planteado. “No hay nada, absolutamente ninguna diferencia que detenga la unidad de los trabajadores y trabajadoras de este ministerio para enfrentar lo que tenemos que enfrentar”, afirmó, y remarcó que esa cohesión constituye un “orgullo” para la seccional.

Gasparini hizo hincapié en la función social que cumple el espacio, al señalar que no se trata simplemente de una estructura edilicia. “No es una mole de cemento ni cuatro oficinas”, expresó, al tiempo que describió el trabajo cotidiano que allí se realiza.

“Aquí hay compañeros y compañeras que todos los días reciben, escuchan, asesoran y acompañan a trabajadores que no tienen otra alternativa cuando son despedidos, sufren acoso laboral o atraviesan situaciones de violencia de género”, sostuvo.

En la misma línea, otros delegados advirtieron que un eventual cierre implicaría el retiro del Estado de funciones esenciales, como la fiscalización del trabajo no registrado, la lucha contra el trabajo infantil y la capacitación laboral. Además, remarcaron que ciudades como Ayacucho, Azul, Benito Juárez, Olavarría y Rauch quedarían sin atención presencial.

Críticas al Gobierno y reclamos locales

Uno de los momentos del discurso estuvo dirigido a las explicaciones oficiales que minimizan la situación como un “rumor”. Gasparini recordó antecedentes recientes: “Con rumores cerraron el Centro de Referencia de Desarrollo Social… esto no es un rumor. Esto es el inicio de la política concreta de desguace, de una política de achicamiento del Estado”, afirmó.

Asimismo, vinculó las medidas actuales con procesos económicos anteriores, al considerar que responden a “las mismas lógicas” implementadas durante la dictadura de 1976, los años 90 y el macrismo.

En el plano local, si bien el Concejo Deliberante aprobó un repudio al posible cierre, el dirigente cuestionó con dureza a sectores políticos que —según señaló— hoy no acompañan el reclamo. “Sepan todos aquellos que hoy no tuvieron los huevos para bancar a estos laburantes… no nos vamos a olvidar de la actitud de miedo que hoy están teniendo”, sentenció.

Durante la movilización también se manifestó inquietud por la posible venta de inmuebles del IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, lo que podría afectar la atención de miles de afiliados en Tandil.

La jornada concluyó con una clara señal de continuidad del conflicto. Los trabajadores reafirmaron que no están solos y que sostendrán las medidas necesarias para defender tanto la continuidad de la agencia como los puestos laborales.

“Vamos a dar todas las peleas que tengamos que dar para sostener no solamente a la agencia territorial en pie, sino también a cada uno de los puestos de laburo”, aseguraron.

Por su parte, la delegada Carolina Gallardo adelantó que continuarán informando a la comunidad sobre el impacto que tendría el cierre, con el objetivo de visibilizar la importancia de estos servicios públicos en la vida cotidiana de la región.

“Son 30 mil y que nos digan dónde están”, expresaron los organismos en el documento, que redactaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

La lectura del texto tuvo a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sentados en primera fila del escenario.

“Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando”, manifestaron los organizadores en la lectura.

Al cuestionar la postura del Gobierno, que relativiza la cifra de desaparecidos, los organismos señalaron que “son 30 mil y fue genocidio”.

“No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Combatían a los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia yanqui”, arengaron.

También hubo referencias a la militancia de los detenidos desaparecidos. “Lucharon por una sociedad sin opresión sin explotación, venimos de esas tradiciones y recrear la lucha popular contra el gobierno de (Javier) Milei y (Victoria) Villarruel”.

La frase despertó gritos de los manifestantes, con “Milei basura, vos sos la dictadura” como consigna preponderante.

“Hay gobiernos de derechas junto con el imperialismo que atacan a pueblos de nuestro continente. El golpe de Estado de 1976 instaló un nuevo modelo económico, con la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado con una apertura indiscriminada de las importaciones. El terrorismo de Estado intentó desarticular el alto nivel de organización y participación política y consciencia social que amplios sectores del pueblo alcanzaron”, expresaron los organizadores.

Y remarcaron que “se pusieron en funcionamiento 800 centros clandestinos, se robaron bebés. La mayoría de los detenidos desaparecidos fueron torturados y fusilados”, agregaron.

También denunciaron que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. La desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente”, aseguraron.

Organismos de derechos humanos concretaron la marcha en Plaza de Mayo para conmemorar el 50mo. aniversario del Golpe de Estado de 1976, por lo que se realizaron movilizaciones en las ciudades más importantes del país por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. NA

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, cuestionó al presidente Javier Milei por su visión sobre el golpe militar y señaló que el Gobierno “está en otro mundo, en otro lugar” y “quizás pronto este entre rejas”.

Carlotto, que está por cumplir 100 años, concurrió al acto del 50 aniversario del golpe militar que se realizó en Plaza de Mayo, donde señaló que “me siento como todos los años, vengo a compartir con el pueblo en general y con el mundo todo lo que sufrimos y que no tenemos que volver a sufrir.”

Fustigó las “malas intenciones que tiene el Gobierno en cuanto a todo esto que dice que no existió, que no era así, que era menos… No es como lo manifestamos, es mucho más todavía”, dijo.

“El Gobierno está en otro mundo, en otro lugar. Quizás pronto esté entre rejas. Pero el pueblo es el mismo, el sufrido antes, el sufrido ahora. Todavía existen circunstancias injustas que nos duelen”, apuntó en diálogo con C5N.

Carlotto destacó que saca “fuerzas del corazón de las 30 mil víctimas… Víctimas fueron todos, pero a ellos los torturaron, les sacaron los hijos. La obligación y la necesidad de no dejar que esto se repita Nunca Más”.

“Pronto voy a cumplir 100 años. Estoy acá todavía, no sé cómo tengo todavía la posibilidad de tener sentido común, que es lo que falta”, concluyó. NA

Con el condimento especial de realizarse a 50 años del golpe militar que impuso en Argentina un “proceso de reorganización nacional” que incluyó terrorismo de Estado, la desaparición de 30 mil personas, represión sistemática, clausura del Congreso y una profunda reestructuración económica; tuvo lugar en distintos puntos del país la tradicional marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que, como siempre, tuvo su versión en Tandil.

El acompañamiento fue multitudinario, con una presencia juvenil marcada y múltiples mensajes tanto para los represores de aquella época como para el actual gobierno nacional. La misma partió, así como hace 30 años y coincidiendo con la fecha en la que se creó el grupo Memoria por la Vida en Democracia, desde el Murallón del Lago del Fuerte.

Desde las 17:30, la columna de tres cuadras de longitud desfiló por avenida Alvear, al canto de “Ole ole ole ola, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”, tomando por calle Libertad para llegar a la plaza céntrica avanzando por Fuerte Independencia.

Además de los familiares y allegados de los desaparecidos que aún llora la ciudad y sobre los que se exige saber qué ocurrió, cientos de vecinos, junto con agrupaciones sociales, ONG, movimientos políticos, murgas, entre otros, protagonizaron un evento igual de alegre que emotivo, que marcó una vez más el contundente apoyo de una gran parte de los tandilenses a las causas que reivindican la verdad, la memoria y la justicia.

Con una fuerte presencia de niños y jóvenes, la multitud arribó a la plaza Independencia portando carteles con las imágenes de los desaparecidos locales y frases tales como “sembrar memoria evita el olvido”, “los arrojaron al mar y no cayeron al mar, lo hicieron sobre nosotros”, “un pueblo con memoria es democracia para siempre”, “plantaremos memoria, regaremos verdad y sembraremos justicia”, entre muchos otros mensajes.

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Durante el recorrido, que tuvo su paso por la comisaría 1ra, se realizaron algunas paradas en las que se repasaron historias de aquella época y se remarcaron algunos Sitios de Memoria, donde se llevaron a cabo delitos de lesa humanidad. Asimismo, frente al Palacio Municipal se instaló un escenario, desde donde múltiples referentes leyeron un emotivo documento final que ofició como cierre de una jornada que sumará otro capítulo a la memoria colectiva de Tandil.

POR LA VERDAD Y LA MEMORIA: QUE LA JUSTICIA NO SEA UNA FARSA

Memoria por la Vida en Democracia24 de marzo de 2026

50 años que entraron en nuestras casas y nos arrebataron a nuestros familiares para desaparecerlos. 50 años que se llevaron a nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, hijos e hijas, y se robaron nuestras pertenencias. 50 años que nos asesinaron. 50 años que se llevaron los bebés de nuestras familias, a quienes todavía buscamos. 50 años que nos detuvieron y llevaron a centros clandestinos de detención y exterminio, a cárceles con regímenes que apuntaban a la destrucción moral y psicológica. 50 años que nos obligaron a exiliarnos afuera del país o adentro, en el ostracismo. 50 años que debimos guardar silencio por miedo.

Los huesos son una prueba patente, irrefutable, científica de lo que fue capaz de hacer el Estado genocida. Los huesos nos interpelan en plena tormenta de crueldad y negacionismo. Frente a un Estado que niega y miente en lugar de generar respuestas, volvemos a reafirmar una consigna histórica: ¡Que digan dónde están!

Lo que alguna vez conquistamos colectivamente —salud, trabajo, educación— hoy se desmorona bajo una lógica de destrucción sistemática. Frente a eso, no venimos solo a denunciar: venimos a recordar que la memoria es el único territorio donde la impunidad no puede habitar.

La represión a la protesta social ya no es la excepción: es moneda corriente. Enfrentamientos en las calles, quita sistemática de derechos, retroceso en políticas de derechos humanos: nada de esto es colateral. Es el eje central de un plan que busca desarticular toda forma de organización popular, hecho a medida de los cómplices comprados por el gobierno y bajo la inacción de la burocracia sindical.

Se está destruyendo el aparato productivo: generaciones enteras condenadas al desempleo. La soberanía se juega hoy en la Ley de Glaciares, en el cuidado de los recursos naturales, en la defensa del agua y la tierra frente a quienes solo ven mercancía.

Porque sin soberanía no hay Estado ni futuro.

Asistimos atónitos y atónitas a la fabricación de causas penales motorizadas por el poder político que, como en el caso de la ex presidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner, no hacen más que empañar el funcionamiento del poder judicial y ponerlo al servicio de los intereses de otros poderes.

El poder judicial ya no protege ni garantiza derechos: por el contrario, criminaliza y castiga la promoción y defensa de los derechos, la protesta social y los intentos de defensa contra la injusticia embestida desde el mismo Estado. Las acciones amparadas por la Constitución Nacional se pagan con cárcel y represión.

Lo que vivimos en Tandil y la región durante los años anteriores es una prueba de esto: condenas bajas y absoluciones. Sabemos, y así lo vivimos, que los procesos se sostienen por los familiares y las organizaciones que continúan reclamando por verdad y justicia.

De allí que el negacionismo no es una postura ideológica: es la coartada para borrar el terrorismo de Estado y justificar la persecución actual.

Por eso reafirmamos la necesidad de un trabajo articulado entre distintos sectores:

Es la convicción de que el juicio a los responsables de este presente de horror también llegará. Porque la historia no se construye sobre el olvido, sino sobre la verdad.

Hoy, el mejor homenaje a nuestros queridos compañeros y compañeras desaparecidos es sostener que el terrorismo de Estado no impidió ni impedirá que continúe la lucha del pueblo trabajador.

Por ellos sostenemos las banderas de ayer y de hoy:

¡Que digan dónde están los desaparecidos!¡Libertad de todas las presas y presos políticos!¡Por un Estado presente que garantice salud, educación, soberanía y justicia!¡No a la represión ni a la judicialización de la protesta social!¡Que la memoria sea nuestra trinchera y venza a la impunidad!¡No al alineamiento con los estados genocidas de EEUU e Israel!¡No a la guerra con Irán!¡No al bloqueo a Cuba y al intervencionismo en Venezuela!

Por todo ello, hoy como hace 50 años decimos:

30.000 COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOSPRESENTES. AHORA Y SIEMPRE.

A 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Tandil volverá a marchar en reclamo de memoria, verdad y justicia, así como también para exigir respuestas sobre el paradero de las personas desaparecidas oriundos de la ciudad. 

Tras la vigilia realizada el lunes 23 de marzo, la movilización de este martes partirá a las 17 horas desde el Murallón del Lago del Fuerte y culminará en la Plaza Independencia. Participarán organizaciones de derechos humanos, familiares de desaparecidos, representantes de la Unicen, entidades locales y vecinos en general.

La convocatoria retomará el recorrido de una marcha histórica realizada en 1996, hace 30 años, de la cual surgió el espacio Memoria por la Vida en Democracia. “Va a ser una marcha emulando la que hicimos hace 30 años, desde el Dique hasta el centro,  que fue una movida tan importante y hubo tanta convocatoria. A partir de ese movimiento tan importante, hubo un grupo de personas que decidieron formar un organismo de derechos humanos ya permanente en Tandil”, contaron desde la organización a El Eco de Tandil. 

El recorrido incluirá el paso por espacios emblemáticos de la memoria local, como centros clandestinos de detención –entre ellos la Comisaría 1era- y establecimientos educativos a los que asistieron desaparecidos de la ciudad. Además, contará con la presentación de grupos musicales y artísticos. 

La marcha avanzará por las avenidas Avellaneda y Libertad, con paradas en la Comisaría 1era, el Colegio San José, la Escuela Primaria N°1 y el monumento a los desaparecidos. Durante el trayecto participarán murgas y comparsas como el Rejunte Murguero y Candombe del Encuentro. El cierre tendrá lugar en el escenario principal de la Plaza Independencia, con la presentación de Taba Re Cargosa y la lectura de relatos en vivo.

Con los organismos de derechos humanos a la cabeza, este martes se realizará una movilización en Plaza de Mayo para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976. La jornada tendrá una simbología especial en esta oportunidad, ya que se cumplen 50 años del inicio del quiebre institucional. En este marco, se llevarán a cabo manifestaciones en las ciudades más importantes del país por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

La convocatoria principal tendrá lugar frente a la Casa Rosada. A las 16.30 se desarrollará el acto central, que contará con la presencia de referentes históricos como "Taty" Almeida, Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto. Se prevé que los discursos sobre el escenario mantengan un tono crítico hacia la gestión del presidente Javier Milei y su posicionamiento respecto a las políticas de derechos humanos.

Diversas organizaciones políticas y gremiales convocaron a concentrar desde el mediodía en las inmediaciones de la plaza. La agrupación La Cámpora iniciará su habitual caminata desde la ex ESMA, en el barrio de Núñez, a partir de las nueve, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En la previa de la jornada, las Abuelas de Plaza de Mayo impulsaron la campaña "Florecerán pañuelos". La iniciativa invitó a intervenir los pañuelos blancos con bordados, dibujos y flores "para que florezcan historias en todos los rincones del país". Asimismo, durante el fin de semana se realizó el Festival Feria y Memoria en el predio de la ex ESMA, con disertaciones y música en vivo.

Por su parte, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) citó a sus afiliados a las 14 en el cruce de Diagonal Sur y Bolívar. “Porque la memoria no se negocia. Porque la lucha sigue. Porque florecerán pañuelos”, expresó la central obrera a través de un comunicado oficial. En tanto, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) también confirmó su participación de forma independiente junto a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros organismos.

La movilización del 8M en el marco del Día Internacional de la Mujer volvió a replicarse en Tandil con una masiva convocatoria de mujeres y disidencias que marcharon por el centro de la ciudad para visibilizar reclamos vinculados a la igualdad de derechos, el rechazo a los discursos de odio y las políticas de ajuste.

A diferencia de años anteriores, la actividad se realizó este lunes 9 de marzo, ya que las organizaciones convocantes resolvieron trasladarla un día para evitar que coincidiera con el domingo y así lograr mayor impacto y participación.

Durante la tarde comenzaron a congregarse cientos de personas en la glorieta de la Plaza Independencia, punto tradicional de encuentro para esta jornada en la ciudad. Predominaron los pañuelos, banderas y maquillajes en tonos violeta y verde, símbolos históricos del movimiento feminista y de las luchas por los derechos de las mujeres y las disidencias.

Cerca de las 18.30 comenzó la movilización. Con una bandera con la frase “Precarización no es libertad” en el frente, el recorrido partió desde la esquina de Rodríguez y Belgrano. Desde allí la columna avanzó por Rodríguez hasta Maipú, continuó por esa arteria hasta 9 de Julio, y luego siguió por esa calle hasta Mitre, desde donde regresó hacia la Plaza Independencia por Rodríguez, completando el circuito por el centro de la ciudad.

Durante el trayecto se escucharon cánticos históricos del movimiento, como el que reclama justicia ante los femicidios: “Señor, señora, no sea indiferente, nos matan a las pibas delante de la gente”, junto con otras consignas vinculadas a la coyuntura política y económica del país.

Entre los planteos más repetidos se destacó el rechazo a los discursos de odio, las políticas de ajuste y el desmantelamiento de programas estatales vinculados a género y diversidad.

La marcha contó con la presencia de organizaciones sociales y políticas, agrupaciones estudiantiles, sindicatos y colectivos feministas, además de vecinas y vecinos que acompañaron el paso de la columna con aplausos, fotos y videos desde las veredas y comercios del centro. Asimismo, se generaron algunos gritos y bocinazos de ciudadanos que circulaban con sus autos por la zona céntrica.

Al finalizar el recorrido, la movilización volvió a concentrarse en la plaza, donde se realizó la lectura del documento elaborado por las organizaciones convocantes en el marco del Noveno Paro Internacional de Mujeres y Disidencias Trabajadoras.

El texto comenzó celebrando el reencuentro en las calles y planteó que la movilización local forma parte de un movimiento feminista internacional que se organiza frente a las políticas económicas y sociales que afectan especialmente a mujeres y diversidades. En ese sentido, una de las consignas centrales que se repitió durante la lectura fue que “precarización no es libertad”.

Durante el documento también se cuestionaron las políticas impulsadas por el gobierno nacional, a las que se caracterizó como un modelo basado en ajuste, precarización laboral y recorte del rol del Estado. Las organizaciones manifestaron su rechazo a las iniciativas de reforma laboral y advirtieron sobre su impacto en las condiciones de trabajo, especialmente en los sectores más vulnerables.

Otro de los ejes del texto estuvo vinculado a la situación económica de las trabajadoras, la informalidad laboral, la sobrecarga de tareas de cuidado y el impacto de las políticas públicas en áreas como educación, salud, ciencia y desarrollo social.

Además, se expresó preocupación por el desfinanciamiento de programas sociales, cooperativas y políticas de integración socio-urbana, al tiempo que se reclamó mayor presupuesto para la educación pública, la ciencia y la implementación de la Educación Sexual Integral.

En el plano local, durante la lectura se mencionaron datos sobre el mercado laboral en la ciudad, donde casi la mitad de los hogares están sostenidos por mujeres, aunque la tasa de desempleo femenino —especialmente entre jóvenes— continúa siendo más alta que la de los varones.

El documento también incluyó referencias a la defensa de los derechos humanos y la memoria histórica, al recordar que este año se cumplen 50 años del golpe de Estado de 1976, reafirmando la consigna de “Nunca Más” y el reclamo por los 30 mil desaparecidos.

La lectura concluyó con un llamado a fortalecer la organización colectiva y la unidad de las luchas, y con una consigna que sintetizó el espíritu de la jornada: volver a las calles para enfrentar el ajuste, el odio y la precarización.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres y Disidencias Trabajadoras, la Asamblea Transfeminista de Tandil llevará adelante una nueva edición del Paro Internacional Feminista, que este año celebrará su novena convocatoria. La jornada central tendrá lugar el lunes 9 de marzo, con una concentración prevista a las 18 en la glorieta de la Plaza Independencia.

En esta oportunidad, desde la organización impulsarán la consigna “Precarización no es libertad”. Desde el espacio señalaron que la convocatoria se inscribe en un contexto nacional atravesado por el avance de una reforma laboral que, según sostienen, implica un retroceso en los derechos de quienes viven de su trabajo.

Desde la Asamblea Transfeminista local expresó que “este es un año clave para nuestro país y nuestra democracia, porque se cumplen 50 años del golpe de Estado más sangriento que conoció nuestra historia, y que persiguió a quienes se organizaron para poder instalar un régimen económico que hoy está cumpliendo sus objetivos más profundos”. En esa misma línea, las organizadoras advirtieron sobre el impacto del cierre de industrias, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y diversas fuentes laborales, tanto a nivel nacional como local.

A pocos días de la aprobación en el Congreso de la Nación de la reforma laboral, desde la Asamblea remarcaron la necesidad de fortalecer la organización colectiva en todos los ámbitos de la economía y de sostener las luchas por mejores condiciones de vida. “Este año y como venimos proponiendo históricamente, la tarea central es unir todas las luchas. Porque el camino al que quiere llevarnos el gobierno nacional es de fragmentación, desesperanza y agotamiento. Nosotres en cambio sabemos de luchas, conocemos de unidad y no bajaremos los brazos”, señalaron.

En la antesala del paro, se desarrollarán diversas actividades abiertas a la comunidad. El viernes 6 a las 10 se realizará el conversatorio “Trabajo y derechos en discusión: Diálogos para pensar la reforma laboral” en el Campus Universitario de la Facultad de Exactas, Aula 1.

Ese mismo día, desde las 18, se llevará a cabo la actividad “Se enciende la huelga! Mística laburante” en el espacio Arte y Parte (Yrigoyen 882), con el objetivo de organizar la jornada del 9 de marzo y preparar cantos y banderas.

El domingo 8 a las 18 se proyectará el documental “En las camas, en las casas y en las plazas”, producido por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en el Espacio Incaa (Yrigoyen 662), con entrada libre y gratuita.

Finalmente, el lunes 9 a las 18 se realizará la concentración y posterior marcha por las calles de la ciudad, en el marco del IX Paro Internacional Feminista.

El paro general en contra de la reforma laboral  se hizo notar en Tandil, con un acatamiento dispar según el rubro y una amplia movilización convocada por la Mesa Intersindical de Tandil que puso fin a una jornada de protesta nacional.

Mientras la Cámara de Diputados mantenía el debate del proyecto de ley, gremios, agrupaciones políticas, organizaciones sociales y vecinos marcharon ayer por la tarde para visibilizar su rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

La jornada, encabezada por el espacio que reúne a sindicatos locales, partió desde la esquina de Rodríguez y España y culminó con un acto central en la Glorieta de la Plaza Independencia, donde se dio lectura a un documento conjunto en defensa de los derechos de los trabajadores.

La concentración

Alrededor de las 19, la esquina de Rodríguez y Garibaldi comenzó a cambiar su habitual ritmo al recibir a los primeros manifestantes. A los pocos minutos, el arribo de más personas anticipaba una buena convocatoria.

La concentración se inició sobre la vereda, mientras el personal policial y de Control de Urbano Vehicular de la Municipalidad coordinaba la seguridad para el normal desarrollo de la movilización.

Para ese momento, entre los presentes se mezclaban banderas del Partido Justicialista, estudiantes universitarios y trabajadores de diversos sectores que compartían charlas previas al inicio de la protesta en medio de una agradable tarde de verano. 

La presencia de representantes sindicales fue el eje central de la convocatoria. Entre los participantes estuvieron dirigentes y afiliados del Sindicato de Empleados de Comercio y Docentes en Lucha, junto a representantes del Sindicato de Camioneros. Smata también aportó su impronta con una hilera de paraguas verdes y blancos que los identificó desde el comienzo.

Entre las instituciones y gremios presentes se encontraban ATE, Suteba, Adunce, Fatun y Satsaid, además de militantes de Patria Grande y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). También tuvo participación la agrupación Adultos Mayores en Lucha (Amalu).

Cerca de las 19.25, los manifestantes se desplazaron hacia la esquina de España y Rodríguez y se ubicaron detrás de la bandera de la Mesa Intersindical de Tandil con la leyenda “para un trabajador no puede haber nada mejor que otro trabajador”.

Recorrido

A las 19.40, a paso lento, la columna de personas comenzó a avanzar por Rodríguez en dirección al microcentro. El sonido rítmico de los bombos y los aplausos constantes marcaron el pulso de la movilización, mientras los vecinos y comerciantes de la zona salían a sus balcones o a la puerta de sus locales para observar el paso de la nutrida columna de personas.

La manifestación fue pacífica y permitió visibilizar el reclamo, mientras se mantenía el debate en la Cámara de Diputados en torno al proyecto que logró media sanción en el Senado.

Finalmente, a las 20, los manifestantes llegaron a la Glorieta, en la Plaza Independencia, donde ya se había montado el equipamiento necesario para el acto de cierre.

La multitud se acomodó rápidamente alrededor de la estructura circular y sobre el adoquinado, por lo que la circulación vehicular por Rodríguez estuvo interrumpida.

A las 20.12 los presentes entonaron las estrofas del Himno Nacional. Tras la canción patria, los referentes de la Mesa Intersindical subieron a la glorieta para dar inicio a la lectura del documento central.

La jornada concluyó minutos después de la lectura, sin que se registraran inconvenientes. Los asistentes comenzaron a desconcentrarse de manera tranquila, mientras el tránsito se normalizaba paulatinamente.

El documento

La Mesa Intersindical dio lectura al documento conjunto a través del cual expresó su preocupación por la situación que atraviesan los trabajadores de Fideos Italia y la incertidumbre que rodea a la sucursal del Banco Hipotecario ante un posible cierre.

En el marco de un escenario económico complejo, la agrupación advirtió sobre la creciente desocupación y llamó a la comunidad a no “naturalizar” la pérdida de fuentes de trabajo, señalando que son vecinos que hoy quedan postergados en los márgenes del desempleo.

“Detrás de cada puesto de trabajo está el sustento de una familia y si hay algo en lo cual este Gobierno es insuperable, es en la pérdida de empleo registrado”, sentenciaron los referentes sindicales.

La organización basó sus afirmaciones en informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los cuales indicaron que el país perdió aproximadamente más de 280 mil puestos de trabajo. “En la Argentina de La Libertad, se pierden 400 empleos registrados por día”, alertaron.

Los representantes de los trabajadores aseguraron que, desde el inicio del mandato, el presidente Javier Milei demostró su “desprecio por la clase obrera” y una “desconsideración por quienes somos el eje central del mundo laboral”.

En otro pasaje de su análisis, la Mesa Intersindical puso el foco en lo que consideró un ataque constante contra la educación pública. Detallaron que se produjo una “reducción drástica” de los presupuestos, junto con el “recorte de programas, obras de infraestructura y becas”.

La agrupación gremial apuntó al impacto que las políticas nacionales al mencionar el cierre de las oficinas locales de la Agencia de Discapacidad y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Según la Mesa, estas acciones “demostraron una clara intención de retirar al Estado de sus funciones ligadas a la solidaridad y el fortalecimiento de lo colectivo”.

Dimensionaron también el impacto de los despidos en el sector público y dedicaron un espacio al “histórico industricidio” que se desplegó en el territorio nacional.

Para los integrantes de la Mesa Intersindical, este fenómeno no obedeció a “factores económicos impredecibles”, sino que fue la consecuencia directa de la “caída abrupta de la actividad económica y el desmantelamiento del aparato productivo nacional”.

Rechazo a la reforma laboral

El eje central del posicionamiento gremial se centró en el rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. La Mesa Intersindical calificó la iniciativa como una “reforma laboral regresiva” que, bajo la promesa de una presunta modernización, “intenta retrotraer las leyes del trabajo a 1930”.

De acuerdo con el análisis de los gremios, la reforma es “perjudicial para los trabajadores” y afirmaron que no se encontró “un solo artículo a favor del empleado”.

Entre los puntos más cuestionados, mencionaron “indemnizaciones más bajas de lo correspondido; ampliar las jornadas laborales por el mismo salario; salarios variables por productividad impuesta por el empleador; limitaciones en los convenios colectivos de trabajo a favor del empleador; restricciones en los derechos a huelga o asamblea; sustituir las paritarias colectivas por individuales o por empresa”.

Ante este escenario, la Mesa Intersindical Tandil ratificó que continuará “unánimes” enfrentando este contexto “triste y hostil” y reafirmó su compromiso en la defensa del trabajo digno como el principal ordenador social para el futuro de las familias tandilenses.

“Trabajadores únanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa Patria la unidad de todos los Argentinos”, concluyeron.

Acatamiento dispar: el impacto de la medida

El paro general tuvo sus repercusiones en el movimiento habitual de la cuidad, pese al acatamiento dispar.

Uno de los sectores que mayor impacto tuvo sobre la rutina de los tandilenses fue el transporte de pasajeros. Los choferes nucleados en la Unión Tranviarios Automotor se plegaron a la medida y no hubo servicio durante toda la jornada.

En tanto, la Asociación Bancaria reportó un 85 por ciento de acatamiento, mientras que los gremios vinculados a los docentes y no docentes universitarios relevaron entre un 85 y un 85 por ciento de adhesión. “Fue dispar. No es un paro típico”, expresaron a este Diario sobre el modo en que se llevó a cabo la medida.

En tanto, desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil indicaron que el acatamiento fue “bastante bajo”, por lo que las áreas administrativas y de servicios mantuvieron la actividad, pese a algunas ausencias. Las guardias y urgencias en el Hospital Municipal “Ramón Santamarina” y en el de Niños “Dr. Debilio Blanco Villegas” estuvieron garantizadas.

Desde el Sindicato de Camioneros informaron que la adhesión alcanzó entre un 50 y un 60 y advirtieron sobre el “temor” por la pérdida de la fuente de trabajo entre los choferes.

Finalmente, la Asociación Bancaria señaló que entre un 80 y un 85 por ciento de los trabajadores se plegaron al paro general, mientras que los empleados de comercio lo hicieron en menor escala, alrededor de un 50 por ciento en líneas general. “Más o menos lo mismo que sucede para un paro generar”, resaltaron.

ATE y el “contundente” paro

En el marco del paro general, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), reportó una adhesión superior al 65 por ciento en diversos sectores.

En diálogo con El Eco Multimedios, el secretario general de ATE Tandil-Benito Juárez, Hernán Gasparini, calificó la jornada de protesta como un “día histórico para el movimiento obrero organizado”.

En el marco del paro nacional convocado contra la reforma laboral que se debatió en la Cámara de Diputados, el dirigente destacó que el acatamiento fue “contundente” tanto en el sector público como en el privado.

Según los relevamientos de la organización, la medida de fuerza superó el 50 por ciento en diversos sectores del Estado nacional, mientras que en los ámbitos municipal y provincial los niveles de adhesión también fueron elevados.

En definitiva, Gasparini observó que la respuesta de los trabajadores reflejó una “conciencia de clase” frente a un proyecto de ley que busca recortar derechos laborales conquistados tras años de lucha.

La movilización realizada en la ciudad esta tarde en contra la reforma laboral que se debate en Diputados, reunió a vecinos docentes, jubilados y jóvenes que expresaron su preocupación por el impacto social y económico que significaría la sanción del proyecto. Con consignas, carteles y testimonios, la protesta se convirtió en un espacio donde distintas generaciones coincidieron en advertir sobre lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.

Entre los manifestantes estuvo Alicia, una vecina de 82 años que, pese a no estar jubilada, decidió participar pensando en el futuro de los más jóvenes. “Lo que está haciendo este gobierno es retroceder más de 100 años”, afirmó con firmeza. Con la experiencia de haber atravesado distintas crisis, agregó: “Ya lo viví muchas veces y no aprendemos nunca... me da mucha pena que sigan votando estas cosas”. Para Alicia, la historia demuestra que “Todos los derechos se consiguen con luchas; de otra manera es imposible”, y cerró con un llamado a la solidaridad: “Pensemos un poco más en el prójimo y dejemos el individualismo de lado”.

El sector educativo también tuvo una presencia destacada. Lucía, docente y madre de dos hijos que asisten a una escuela pública, cuestionó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En su relato puso el acento en la realidad de los jubilados: “Mi mamá es jubilada, gana la mínima. La tengo que ayudar. Su situación es desesperante”, sostuvo, señalando que su caso refleja el de muchos hogares.

Docentes del programa Fines sumaron su voz y manifestaron inquietud por el futuro de los estudiantes adultos. En particular, advirtieron sobre un punto del proyecto que consideran sensible: “Imaginémonos lo que va a ser que las indemnizaciones, según esta ley, van a ser pagadas por el fondo de los jubilados. Es decir, los abuelos van a estar pagando las indemnizaciones de sus nietos”, expresaron, planteando su preocupación por el impacto en el sistema previsional.

La juventud también estuvo representada. Matías, profesor de Juegos Dramáticos graduado este mismo día de la universidad pública, dirigió un mensaje a los legisladores: “Hay que escuchar un poco más la calle; no siempre los discursos son de un solo lado”. Además, defendió el valor del estudio y el trabajo frente a ciertos prejuicios: “Se corre el mensaje que dicen que no queremos laburar... haber trabajado igual y tener la posibilidad de haberme recibido es una manera de demostrar lo que me dio la universidad pública y quiero devolverselo acá en la calle marchando”, señaló, con su cartel de recibido en las manos y las secuelas del festejo aún en su ropa y cabello.

En el cierre de la jornada, Miguel, otro de los vecinos sintetizó el sentimiento compartido por muchos de los presentes al definir el proyecto como un “retroceso para el trabajador” respecto de conquistas históricas. Al evocar la tradición obrera local, recordó: “En la calle también estuvieron los picapedreros; hay que acordarse que acá en 1910 se hizo la huelga grande”. Y explicó su presencia con una frase que se repitió entre los manifestantes: “Salir es trascender”.

La Mesa Intersindical de Tandil (M.I.T.) convocó a una concentración para este jueves 19 a las 19 en la esquina de Rodríguez y Garibaldi. La medida se realiza en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que será debatida en el Congreso. Si bien todavía resta saber cómo se desarrollará la actividad, la idea inicial es marchar hasta la plaza Independencia y allí leer un documento.

La concentración se enmarca en una jornada de protesta a nivel nacional impulsada por centrales sindicales y distintos sectores gremiales. El objetivo es "defender los derechos conquistados y expresar el rechazo a cualquier retroceso en materia laboral".

En las últimas horas, la CGT resolvió que paralizará todas las actividades en el país durante 24 horas el próximo jueves, cuando la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. El paro será sin movilización y representará la cuarta medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei.

Desde la M.I.T. señalaron que la reforma laboral, un proyecto que ya tiene media sanción en el Senado, es el tercer ataque a los trabajadores por parte del Gobierno nacional. Los anteriores intentos de precarización fueron el DNU y la ley Bases.

Sobre el Decreto de Necesidad de Urgencia, comentaron que luego de la asunción de Milei intentaron realizar una modificación laboral regresiva. “Estos quedaron suspendidos luego de que la Justicia laboral fallara a favor de una presentación que realizó la CGT. Recordemos que mencionada presentación ante la Justicia se hizo en el marco de una masiva movilización a tribunales”, indicaron.

A su vez, de la ley Bases recordaron que se incluyó un capítulo laboral que retomaba buena parte de lo expresado en el DNU 70/2023, frenado por la Justicia laboral. “El capítulo laboral fue retirado durante la negociación en el Congreso. La ley Bases se aprobó, pero sin la reforma laboral estructural que pretendía el Ejecutivo”, señalaron.

Ante lo que entienden como un nuevo ataque al sector de los trabajadores, la Mesa Intersindical de Tandil decidió convocar con la premisa de “No a la reforma laboral”. El objetivo será sumar fuerzas al paro convocado por la CGT para cambiar el rumbo de un proyecto que deberán tratar los diputados entre miércoles y jueves.

Varios gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), confirmaron la realización de un nuevo paro nacional que tendrá lugar el próximo 11 de febrero. Es en rechazo al proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno argentino y se debate en el Congreso, en medio de las negociaciones paritarias que tienen lugar en la Provincia.

El FUDB reúne a representantes de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (UDOCBA), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

La huelga, según se indicó, se llevará adelante a raíz del "ajuste en educación" que lleva adelante el Ejecutivo a cargo del presidente Javier Milei.

En esa misma línea, el frente gremial también volvió a exigir "la devolución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de las sumas retenidas por el Gobierno nacional".

La protesta se desarrollará durante 24 horas y aunque fue confirmada por gremios provinciales tendría un alcance nacional.

El paro se da en medio de las negociaciones salariales entre los educadores y las autoridades bonaerenses, quienes volvieron a verse las caras el último jueves y no lograron llegar a un acuerdo.

La Provincia ofreció un 2% de aumento, que no fue bien recibido. “Las organizaciones sindicales que conforman el FUDB plantearon con claridad las demandas del sector frente a la difícil coyuntura actual, marcada por las políticas del Gobierno Nacional que deterioran el poder adquisitivo de los salarios de las y los docentes”, aseguró el Frente en un comunicado.

Y señaló: “La propuesta presentada por el Gobierno Provincial resultó insuficiente y, en consecuencia, fue rechazada por nuestro Frente, pasando a un cuarto intermedio. Exigimos la inmediata convocatoria a una nueva reunión que permita avanzar hacia un aumento salarial genuino, capaz de dar respuesta a las necesidades de las y los Trabajadores de la Educación”.

Un sector de los empleados de Astilleros Río Santiago rechazó el aumento del 4,5% que acordó el gobierno de Axel Kicillof con los gremios mayoritarios la semana pasada y marchó al edificio de la gobernación para exigir una suba mayor, además de amenazar con repetir la protesta, que provocó hoy un importante caos de tránsito.

La protesta fue definida por la Comisión Administra de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional Ensenada, que se opuso así a la aceptación que la conducción de la central a nivel provincia hizo del acuerdo. En la marcha a la gobernación participaron partidos políticos de izquierda, que respaldan la protesta.

En un comunicado, ATE Ensenada adelantó que repetirá la marcha el 9 del mes que viene, cuando se realice una mesa técnica de paritarias. Y agregó una serie de demandas no estrictamente salariales entre las que figuran la prioridad para que las vacantes de personal se cubran con los hijos de los empleados que se van jubilando.

José “Pancho” Benegas, el secretario general de ATE Ensenada, fue recibido por autoridades en la casa de gobierno, a quienes trasladó las demandas. “Quedaron en darnos una respuesta lo más rápido posible. Los que estuvieron en la mesa asumieron el compromiso de trabajar para que el gobernador nos reciba ”, contó el dirigente gremial.

Astilleros, una empresa que depende del ministerio de la Producción de la Provincia, está en un momento de “transición ” -según definen en el gobierno- después de la renuncia de Pedro Wasiejko al Ente de Administración.

La interna gremial también juega un papel en el conflicto: en la Asamblea de representantes que anoche votó la medida de fuerza tienen una alta influencia sectores ligados a la izquierda y disidentes de ATE que se oponen a la conducción de Benegas, incluso un grupo ligado al intendente de Ensenada, Mario Secco.

Esa dinámica explica que ATE apruebe la oferta salarial a nivel provincial pero la rechace en el Astillero. Fuentes ligadas a la compañía indicaron a DIB que esa misma tensión está detrás de la posición contra el acuerdo con Provincia de los allegados a Secco, un aliado clave de Kicillof en la interna del peronismo.

El conflicto en Astilleros es la segunda respuesta negativa al acuerdo generalizado de paritarias de la semana pasada: Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) también lo rechazó, aunque en este caso no realizó medidas de fuerza.

El juez titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 11, Martín Cormick, declaró hoy la nulidad del llamado “protocolo antipiquetes” que puso en práctica la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich hace dos años para contener las movilizaciones sociales y cortes de calle.

Para declarar la nulidad del marco de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales establecido mediante la resolución 943/2023, el magistrado hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que consideró que el protocolo antipiquetes pone en jaque el derecho a la protesta social.

En el fallo, Cormick sostuvo, en línea con el organismo civil y de Derechos Humanos, que la administración pública gubernamental no tiene la facultad de dictar normas que lesionen derechos constitucionales básicos y fundamentales como la libertad de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.

El protocolo antipiquetes habilitaba a las fuerzas de seguridad a actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación vehicular, con luz verde para reprimir, bajo la premisa de que se trata de delitos cometidos en flagrancia.

El juez, en la fundamentación de su fallo, consideró que la protesta social de ningún modo puede ser interpretado como equivalente a un delito penal que justifique el accionar represivo policial expreso sin la debida autorización de un juez.

La sentencia de Cormick vuelve a colocar en la esfera del juez (y no la de un funcionario del Poder Ejecutivo ni la de un jefe policial) la decisión de ordenar o no la intervención de la fuerza pública para disuadir, repeler o dispersar una protesta en la vía pública.

El juez también cuestionó las “tareas de inteligencia” que el protocolo antipiquete habilitaba para obtener información sobre la identidad de los manifestantes, a través de registros fílmicos y fotográficos.

Según expresó Cormick, estas tareas (muchas veces realizadas por agentes encubiertos vestidos de civil) vulneran la Ley de Inteligencia Nacional, norma que prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos por razones ideológicas, político-partidarias o su filiación a cualquier tipo de organización.

En tanto, el magistrado cuestionó que el protocolo antipiquetes no establece distinciones en cuenta a la acción represiva sobre manifestantes, sin tener en cuenta la condición de grupos vulnerables (niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados), que requieren una protección especial.

Por todo esto, el juez exhortó al Ministerio de Seguridad a abstenerse en la implementación del protocolo antipiquetes y a adecuar su actuación a las normas vigentes del Código Procesal Penal.

De todos modos, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo ante instancias superiores de la Justicia. La semana pasada, el mismo magistrado había dictado un fallo conminando al Gobierno a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Financiamiento Universitario.