"Juicio contra luchadores". Con esa frase, el Movimiento 1 de Octubre, anunció que el próximo lunes a las 8.30, se llevará a cabo una concentración frente a la Municipalidad de Tandil para luego realizar una movilización hasta Tribunales.

"Denunciamos complicidad del Poder Judicial con el intendente Miguel Angel Lunghi para encubrir el crimen de Sebastián Simón. Quieren condenar a los que acompañamos a la familia pidiendo justicia y el asesino Luciano Jaureguiber y sus cómplices del gobierno local el intendente Miguel Ángel Lunghi y Roberto Pérez siguen libres", remarcó el anuncio de la marcha.

Además puntualizaron: "De todo lo que nos puede pasar por ser pobres... lo peor es que nos maten un hijo"

El lunes 26 de agosto era la fecha pactada para el inicio de las audiencias del juicio contra la militante social y política Griselda Altamirano y otros cuatro dirigentes, luego de que hayan finalizado las investigaciones de lo ocurrido el 6 de diciembre de 2021 en las puertas y el interior del Palacio Municipal, donde el grupo encabezado por la acusada, el Movimiento 1° de Octubre y la Corriente 1° de Mayo llevó a cabo intensas manifestaciones que culminaron en destrozos, accidentes y enfrentamientos con el personal policial. El debate oral y público de las imputaciones por “Daño agravado por ser causado en bienes de uso público” fue suspendido entonces por el juez Carlos Alberto Pocorena, tras la renuncia de los abogados particulares de los imputados. 

Según el oficio del magistrado, la decisión de la suspensión fue tomada “a fines de salvaguardar el derecho de defensa en juicio” de los mismos, quienes solicitaron la intervención del defensor oficial.  

Ahora, los imputados fueron notificados de las nuevas fechas establecidas por el Poder Judicial: el lunes 30 de septiembre y el miércoles de 2 de octubre. Así lo confirmaron a El Eco de Tandil fuentes implicadas en la causa.  En un principio se había especulado con la posibilidad de que las audiencias se realicen el año próximo, pero la causa se aceleró y ya hay fechas en el corto plazo.

En el fondo de la charla con Marcelino Simón se escucha que llora un bebé. "Es mi nieto, nació el mismo día que Sebastián. Es lo único que me sostiene", le contó a El Eco de Tandil. Hoy se cumplen dos años de la muerte de su hijo, quien falleció horas después de ser atropellado por Luciano Jaureguiber, por entonces director de Espacios Verdes Públicos de la Municipalidad de Tandil. 

Hoy, el exfuncionario goza de la libertad condicional, mientras la Suprema Corte analiza la apelación al juicio abreviado al que fue sometido Jaureguiber, y tras el cual obtuvo la excarcelación en marzo de este año.

"Estamos cansados de esperar", aseguró Simón, quien repitió insistentemente que “la Justicia tiene otros tiempos para los pobres". 

Sebastián tenía 20 años cuando fue atropellado y era el más chico de ocho hermanos. “Trabajaba conmigo en las obras y me acompañaba a todos lados”, recuerda Marcelino. 

La causa

En junio de este año, el fiscal general Marcelo Sobrino apeló la resolución del tribunal de alzada, que había desestimado el juicio abreviado por el que fue condenado Luciano Jaureguiber y ordenó realizar un nuevo debate. Además, declaró la inconstitucionalidad del artículo 402 que alude a las limitaciones del rol de la víctima en el proceso penal. 

Con severas críticas a lo resuelto por los camaristas, el jefe de los fiscales realizó la presentación ante la Suprema Corte, a cuyos integrantes les pidió que dejen sin efecto la resolución de la Cámara de Apelación y Garantías de Azul y se revoque la misma.

Como oportunamente se informó, Jaureguiber había sido sometido a un juicio abreviado arribado entre las partes, las cuales acordaron una sentencia condenatoria. En ese momento, una reunión entre los familiares del joven asesinado con el fiscal José Ignacio Calonje terminó abruptamente cuando uno de los hermanos Simón comenzó a golpearlo. 

A finales de marzo del corriente año, Jaureguiber finalmente recibió la excarcelación por parte de la Justicia.

Quien fuera declarado autor del delito de "Homicidio culposo agravado” y  condenado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y cinco años de inhabilitación para conducir, dejó de estar bajo arresto domiciliario y cesó el monitoreo electrónico que pesaba sobre su persona. 

Dicha resolución fue apelada por el particular damnificado, cuestionando la calificación y consecuente pena acordada, lo que fue analizado por la Cámara y por mayoría no sólo avalaron la petición de los letrados de la familia Simón, sino que fueron por más, decretando la inconstitucionalidad de un artículo normativo que rige en el código. 

Ahora, resta esperar esa decisión del máximo tribunal.

El hecho

El 5 de diciembre de 2021, Luciano Jaureguiber, por aquel entonces director de Espacios Verdes Públicos de la comuna, conducía el vehículo Volkswagen Gol Trend, por la calle Azucena entre Chubut y Misiones.Alrededor de las 4.20 atropelló a Simón, quien caminaba por la cinta asfáltica con un amigo, y nunca se detuvo a socorrerlo. La víctima fue trasladada por una ambulancia del SAME y falleció 24 horas más tarde en el Hospital Santamarina, pese al esfuerzo de los médicos. 

De acuerdo a las pericias, el punto de impacto se produjo en la vía pública a 1,50 metros del cordón cuneta y la velocidad del automóvil fue, en promedio, entre los 66 a 68 kilómetros por hora. En paralelo, los análisis toxicológicos arrojaron resultados negativos. 

De acuerdo a la crónica policial de aquellos días, Jaureguiber se entregó horas más tarde del episodio en la comisaría, actitud que generó todo tipo de especulaciones y fue motivo de investigación. En su declaración, el exfuncionario aseguró que no se dio cuenta de que había atropellado a una persona sino hasta la mañana, cuando notó las abolladuras en su auto.

Por Carlos P. Pagliere (h.)*

La siguiente escena es una de las tantas iguales que se ven en los tribunales bonaerenses: Sos víctima de un delito. Tal vez se metieron a robar en tu casa; tu pareja se puso violenta; vos o algún familiar sufrió un abuso sexual; o llorás la pérdida de un ser querido, ya sea a manos de un asesino o de un conductor temerario.

Nunca quisiste ni pensaste ser una víctima; pero ahí estás, sin remedio. Y nada podés hacer al respecto, salvo pedir justicia.

Arranca el proceso penal. Habiéndose juntado la prueba necesaria, se cierra la etapa de investigación y se eleva la causa a juicio. Ahora estás a la espera del debate oral y público, con la ilusión de que darán a tu victimario la pena que merece.

Pero un día te citan a tribunales, y el juez te notifica que en tu causa presentaron un juicio abreviado. “¿Qué es eso?”, preguntás. Y te explican: “Es un acuerdo entre el fiscal y el imputado (y su defensor), por el que pactan la pena a imponer en la sentencia”. Te la dicen (es el mínimo legal) y vos no estás para nada conforme.

“A mí nadie me consultó…”, balbuceás. Te responden que no es necesario preguntarte nada, porque el acuerdo es solamente entre el fiscal, el imputado y su defensor. Vos, que sos víctima, no participás. El juez agrega: “Pero aquí estoy para escucharte…” (la ley lo obliga, en realidad).

Abrigando una última esperanza, te hacés escuchar: “Lo que quiero decir es que me opongo al juicio abreviado…” y, seguidamente, pedís un debate oral y público para exigir una pena mayor a la pactada. Tenés tus razones: el delito es atroz; el daño causado es enorme; hay un montón de circunstancias agravantes; y tu victimario está lleno de antecedentes.

“Muy bien –dice el juez–, que conste en acta”. Lo mirás expectante y nada. Preguntás: “¿Eso significa que va a rechazar el juicio abreviado?”. “¡De ninguna manera! –se horroriza el magistrado–. La ley lo prohíbe”.

Y es cierto: el artículo 402 del Código Procesal Penal bonaerense prohíbe a las víctimas –o sus representantes– oponerse al juicio abreviado.

“¡Pero la pena es injusta!”, te quejás. “¡Usted es el juez! ¡Haga algo!”. El magistrado responde: “Lo siento mucho. Sin importar lo que digas, yo no puedo hacer nada: estoy atado de manos”.

Lo triste es que eso también es cierto. Si la pena acordada está dentro de la escala penal prevista para el delito, la ley procesal no permite al juez desestimar el juicio abreviado.

Vos te exasperás y gritás: “Si nada de lo que diga importa, ¿para qué me llamaron?”. Te responden: “Para cumplir con lo que manda la ley”.

Invariablemente, acabás desencajado y aullando: “¡Esto es un atropello! ¡Una canallada! ¡Una falta de respeto!”.

Y tenés toda la razón del mundo.

Estas escenas, tan indignantes e injustas, no sólo hacen descrédito y vergüenza a los miembros del Poder Judicial; sino que, además, generan situaciones de zozobra y violencia, que ya han derivado en agresiones verbales y físicas a funcionarios públicos.

Mal que nos pese, debido a una mala técnica legislativa, la Justicia Penal bonaerense destrata y maltrata a las víctimas. Y como nos corre sangre por las venas, a todos nos da mucha pena.

Porque una cosa es que, tras de un juicio –en que la víctima pudo oír, hablar, preguntar, responder, argumentar y alegar– no obtenga la sentencia pretendida; pero otra cosa, muy distinta, es que tenga que observar, pasivamente, cómo pactan a sus espaldas una pena hecha a medida de su victimario.

Antes de la Ley Provincial 15.232 (vigente desde enero de 2021), a la víctima no le informaban del acuerdo de juicio abreviado, ni la citaban para ser escuchada. Se enteraba de todo con el hecho consumado, cuando le notificaban la sentencia. Era cruel, sin dudas. Pero lo que ocurre hoy, es doblemente cruel: se la convoca para decirle que no se la tuvo en cuenta al pactar el juicio abreviado, y a la vez, para hacerle saber que diga lo que diga, tampoco le van a llevar el apunte.

Además de ser una falta de respeto y una pérdida de tiempo para la víctima, es una violación flagrante de sus derechos. Y es por eso, que la Cámara Penal de Azul (que integro), en la causa N° 45.415 “Jaureguiber, Luciano. Homicidio culposo. Tandil. Víctima: Jorge Sebastián Simón”, a través de mi voto –al que adhirió el Dr. Gustavo Agustín Echevarría–, declaró la inconstitucionalidad del artículo 402 del Código Procesal Penal bonaerense.

Es decir, con esta resolución –sin precedentes en la Justicia provincial–, la Cámara Penal de Azul habilita a la víctima de un delito oponerse al juicio abreviado, tanto por sí misma, como a través de su representante legal.

Gracias a este fallo, la víctima convocada para expedirse sobre el juicio abreviado ahora sí podrá emitir su oposición; y el juez deberá analizar si esa oposición es fundada y razonable, en cuyo caso rechazará el acuerdo entre el imputado y la fiscalía.

En definitiva, ahora el juez, si estima que –por fundadas razones– el monto de pena acordado resulta exiguo, o que no corresponde imponer una pena en suspenso (sino de efectivo cumplimiento), puede desestimar el juicio abreviado y ordenar que el proceso se resuelva sin pactos, en un juicio oral y público.

La importancia de este fallo de la Cámara Penal de Azul reside en que invalida –por inconstitucional– la norma procesal bonaerense más discriminatoria para las víctimas (el art. 402, CPP), colocándolas verdaderamente en un plano de igualdad frente a la ley.

Claro que esta resolución no es gratuita, ya que incrementará –algo más– la labor a todos los trabajadores judiciales. Pero ese esfuerzo adicional se lo debemos a las víctimas. Quienes sufren y están en dolor merecen ser escuchados en sus fundamentos y atendidos en sus reclamos.

Algunos operadores judiciales tienen sus lógicos reparos, porque la administración de justicia precisa de los juicios abreviados.

El sistema funciona así: como no hay recursos humanos ni medios materiales suficientes para que cada proceso se resuelva mediante un juicio oral; a fin de reducir la cantidad de debates, los fiscales ofrecen al imputado –mediante el juicio abreviado– una pena inferior a la que presumiblemente le correspondería luego del debate.

El problema es que la pena ofrecida, por ser más baja y benigna, no siempre es compartida por la víctima. Y los fiscales temen no poder firmar la cantidad de juicios abreviados necesarios para que la Justicia no colapse.

Afortunadamente, se trata de un miedo infundado.

Para empezar, hay muchos delitos que no tienen una víctima individualizable (por ejemplo, tenencia o comercialización de estupefacientes, tenencia o portación ilegal de armas de fuego, encubrimiento, etc.), por lo que en relación a ellos no habrá oposiciones al juicio abreviado.

Además, la experiencia judicial indica que no todas las víctimas asisten al ser convocadas, sea por miedo, ocupaciones personales o desinterés. Y de las concurrentes, sólo una parte se disconforma con la pena ofrecida. Número que se reduce drásticamente si la fiscalía explica adecuadamente las ventajas y desventajas del trámite escogido. Porque el juicio abreviado ofrece una pena menor, pero segura; en cambio un juicio oral tal vez derive en una pena mayor, pero el resultado siempre es incierto.

Luego de todos estos filtros, que de por sí son suficientes para sostener la gran mayoría de los juicios abreviados; el juez sólo podrá rechazar los remanentes (en que haya oposición), si la víctima formula sus reparos de modo fundado y razonable. Es decir, no basta con que la víctima diga que se opone al juicio abreviado o que no está conforme con la pena, sino que debe dar sus fundamentos, y éstos deben ser razonables. 

A ello se suma que, ya de antemano, los fiscales bonaerenses –de cuyo compromiso y dedicación puedo dar fe– suelen tomarse el trabajo de consultar a la víctima previo a firmar un juicio abreviado. Y en caso de apreciar que ella tiene serios motivos para ir a un juicio oral, no optan por dicho trámite. Sabia precaución que, afortunadamente, disminuye los casos en que la víctima se ve en el trance de tener que concurrir a los estrados judiciales para oponerse al juicio abreviado.

En suma, la invalidez del artículo 402 del Código Procesal Penal bonaerense no ocasiona un peligro real de colapso judicial, pues una adecuada práctica tribunalicia reduce al mínimo los casos en que se verifica una oposición de la víctima; pero como ventaja saliente, nos brinda un necesario fusible que, en casos concretos y graves –como se verificó en la causa “Jaureguiber” que resolvió la Cámara Penal de Azul–, permite a las víctimas emitir una oposición fundada y razonable al juicio abreviado.

Los jueces de sentencia, por su parte, ahora tendrán que decidir sobre la procedencia de la oposición de las víctimas; pero es lo que hacen a diario: conceden o deniegan peticiones y planteos. Es su función. Y mejor es eso, que estar “atados de manos”.

Los imputados, por último, no perderán nada. Si por la oposición fundada y razonable de la víctima debieran ir a un debate, en definitiva, no deja de ser el modo natural de culminar todo proceso: a través de un juicio oral y público, luego del cual un juez imparcial habrá de dictar una sentencia justa.

Hay quienes afirman, maliciosamente, que el fallo es “populista” y que vendría a validar los deseos vindicativos de las víctimas. Semejante objeción no hace más que demostrar una pobreza de argumentos. Porque permitir que la víctima –por fundados y razonables motivos– acceda a un juicio oral y público, no es otra cosa que validar el acceso irrestricto a la justicia, que es un derecho constitucional del que gozamos todos los habitantes de la Nación.

Así las cosas, creo fervientemente que no existen fundamentos válidos para defender la vigencia del artículo 402 del Código Procesal Penal bonaerense. Esta disposición legal discrimina a la víctima de un modo cruento. La ignora y desoye deliberadamente. La coloca en una situación de evidente desventaja procesal. La somete a un “manoseo” injusto e inadmisible.

Todas las víctimas tienen derechos constitucionalmente consagrados que los operadores de Justicia debemos defender y garantizar. Incluso, aunque ello nos demande más trabajo (que se sumará al mucho que ya tenemos).

La pregunta es ¿qué vamos a escoger? ¿Nuestra propia comodidad o los derechos de las víctimas? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Defender una norma injusta y cruel que discrimina a las víctimas, o declarar su invalidez?

La Cámara Penal de Azul ya tomó partido. ¿Qué harán los tribunales superiores de la provincia de Buenos Aires?

* Juez de la Cámara Penal de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de Azul.

Autor del tratado “Nueva teoría del delito (paradigma voluntarista)” en 15 tomos; y de los libros “Cómo ganar un juicio por jurados” y “Homicidio insidioso”.

La familia del joven atropellado por el ex funcionario municipal Luciano Jaureguiber continúa reclamando justicia por el lamentable hecho ocurrido en diciembre de 2021.

Durante la jornada colocaron una bandera con la inscripción “Justicia por Sebastián Simón” en el Hito del Bicentenario, monumento que se inaugurará en el marco de las celebraciones por los 200 años de la ciudad.

Cabe recordar que el exfuncionario condenado fue recientemente excarcelado, luego de que el juez Arecha dictara su libertad condicional. 

En febrero pasado, el Juzgado Correccional 1 de Tandil convalidó  el juicio abreviado y sentenció a Jaureguiber a tres años de prisión. Sin embargo por el tipo de pena con el que fue condenado, a los ocho meses el encausado puede recuperar su libertad.

Luego de que se conociera la resolución de juez Arecha de dictarle la libertad condicional a Luciano Jaureguiber, el exfuncionario comunal condenado por el accidente vial en el que murió Sebastián Simón, Marcelo Argeri, abogado de la familia Simon, reveló que estaba previsto que eso ocurriera.

“Ese resultado lo tenía previsto desde el principio, era una de las posibilidades que había”, declaró Argeri en diálogo con el programa Buenas y Santas, que se emite por Tandil FM 104.1, y agregó: “Lo único que está hecho es la apelación de la sentencia del juicio abreviado que firmó el Ministerio Público con la defensa; es lo único que se puede hacer”.

En tanto, contó que tras la excarcelación de Jaureguiber dialogó con Marcelino, el padre de Sebastián, y reveló que “está muy dolido; hay que entender que es el padre de la víctima”.

Tras varios capítulos y la sumatoria incesante de fojas al expediente judicial, el exfuncionario municipal Luciano Jaureguiber finalmente recibió la excarcelación por parte de la Justicia. 

De este modo, quien fuera declarado autor del delito de "Homicidio culposo agravado” y  condenado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y cinco años de inhabilitación para conducir por el incidente vial en el que perdió la vida Sebastián Simón el 5 de diciembre de 2021, dejará de estar bajo arresto domiciliario y en las próximas horas cesará el monitoreo electrónico que pesa sobre su persona. 

El juez Guillermo Arecha, subrogante del Juzgado Correccional 1 de Tandil en reemplazo del doctor Pocorena, le otorgó este miércoles la inmediata libertad condicional conforme lo establece la ley y le endilgó una serie de reglas de conducta que Jaureguiber deberá cumplir hasta que se venza la condena. Al dictar sentencia, el juez Pocorena había ordenado “formar incidente de excarcelación por libertad condicional”, por lo que ya se especulaba que en ocho meses Jaureguiber podía recuperar su libertad, un plazo que finalmente resultó ostensiblemente menor.

En tal sentido, el abogado defensor, Luciano Tumini, informó que el encausado deberá observar ciertas normas de sujeción al proceso, como por ejemplo mantener el domicilio real y no ausentarse de la ciudad sin previo aviso; realizar un curso de educación vial; desarrollar tareas comunitarias cuatro horas por semana; y no consumir alcohol ni estupefacientes. Asimismo, la inhabilitación para conducir continúa vigente durante un lapso de cinco años. 

“Esto es un beneficio que se le otorga a toda persona que haya cumplido el tiempo que prevé la ley encontrándose detenido. De conformidad con la pena que le fue impuesta en este caso en particular, al haberse impuesto a una condena de tres años de efectivo cumplimiento, la ley establece que a los ocho meses de estar privado de su libertad personal puede gozar justamente de la libertad condicional”, expuso Tumini en diálogo con el programa “Cosas que Pasan” (ECO TV y 104.1 Tandil FM).

El cumplimiento de prisión 

El exdirector de Espacios Verdes de la comuna fue detenido el 11 de abril de 2022 y al respecto, el letrado explicó que “efectivamente estuvo tres meses en la Unidad Penitenciaria de Barker y poco más de ocho meses, prácticamente un año en total, con arresto domiciliario, que a los fines de la ley penal se computa como encarcelamiento efectivo de la misma manera que se hubiese estado en una unidad penitenciaria”.

Por otra parte, ante la eventual apelación de la excarcelación, Tumini expuso que al menos hasta ayer no se había interpuesto ningún recurso. “De hecho, profesionalmente considero que, si bien obviamente están en toda la libertad de hacerlo siempre, esto es una cuestión meramente de tiempo y es lo que establece la ley”, manifestó el patrocinante de Jaureguiber.

En correlación, resaltó que el artículo 169 del Código Procesal Penal establece que, ante este tipo de penas, a los ocho meses el encausado debe recuperar la libertad, salvo que hubiese existido algún error en el cómputo. 

“Él estuvo privado de su libertad, no existen mucho más motivos. Es decir, el presupuesto de la ley es ese y está cumplido, y por eso es que se le otorga la excarcelación. No es un capricho de ningún funcionario ni de nadie en particular, es simplemente lo que dice la norma”, completó.

El juicio abreviado 

Vale recordar que en febrero último el juez interviniente en el caso, Carlos Alberto Pocorena, desestimó en un juicio abreviado la oposición que había interpuesto el particular damnificado respecto a la pena impuesta y ratificó que Luciano Jaureguiber resultó autor del delito de "Homicidio culposo agravado”, por lo cual fue sentenciado a la mencionada pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y 5 años de inhabilitación para conducir.  

El acuerdo entre el juez correccional y el fiscal José Ignacio Calonje -quien instruyó la causa- para acceder a un juicio abreviado generó la contundente reacción de la familia de la víctima, que el pasado 13 de febrero se presentó en la sede local del Poder Judicial bonaerense para pedir explicaciones. El episodio derivó en una agresión física por parte de algunos hermanos del joven fallecido al representante del Ministerio Público Fiscal, que había viajado desde Azul para reunirse con la familia. Por el hecho se abrieron otros expedientes judiciales y el magistrado también mencionó el incidente en la sentencia.

No obstante, cabe consignar que los abogados Marcelo y Gastón Argeri, en representación de la familia Simón, consideraron que la punición era “irrisoria” y apelaron el fallo condenatorio, que quedó a instancia  de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Azul para su revisión. 

El exfuncionario comunal Luciano Jaureguiber, quien fuera declarado autor del delito de "Homicidio culposo agravado” por el cual fue condenado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y cinco años de inhabilitación para conducir por el incidente vial en el que perdió la vida Sebastián Simón, finalmente recibió la noticia de la excarcelación por parte de la Justicia.

El abogado defensor del imputado, Luciano Tumini, informó que se deberán cumplir ciertas normas de sujeción al proceso, como por ejemplo mantener el domicilio real y no ausentarse de la ciudad, y que en las próximas horas le retirarán la tobillera electrónica. Asimismo, la inhabilitación para conducir continúa vigente.

“Esto es un beneficio que se le otorga a toda persona que haya cumplido el tiempo que prevé la ley encontrándose detenido. De conformidad con la pena que le fue impuesta en este caso en particular, al haberse impuesto a una condena de tres años de efectivo cumplimiento, la ley establece que a los ocho meses de estar privado de su libertad personal puede gozar justamente de la libertad condicional”, expuso Tumini en diálogo con el programa Cosas que Pasan, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1.

En ese sentido, explicó que “él efectivamente estuvo tres meses en la Unidad Penitenciaria de Barker y poco más de ocho meses, prácticamente un año en total, con arresto domiciliario, que a los fines de la ley penal se computa como encarcelamiento efectivo de la misma manera que se hubiese estado en una unidad penitenciaria”.

Vale recordar que en febrero el juez interviniente en el caso, Carlos Alberto Pocorena, desestimó en un juicio abreviado la oposición que había interpuesto el particular damnificado respecto a la pena impuesta y ratificó que Luciano Jaureguiber resultó autor del delito de "Homicidio culposo agravado”, por lo cual fue condenado a  la pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo y 5 años de inhabilitación para conducir.

De todas maneras, Pocorena había ordenado “formar incidente de excarcelación por libertad condicional”, por lo que ya se especulaba que en ocho meses Jaureguiber podía recuperar su libertad.

Ante la eventual presentación de algún recurso de apelación por parte de los abogados de la familia Simón, a pesar de lo que trascendió, Tumini expuso que no se ha presentado nada.

“De hecho, profesionalmente considero que, si bien obviamente están en toda la libertad de hacerlo siempre, esto es una cuestión meramente de tiempo y que es lo que establece la ley”, manifestó el abogado de Jaureguiber.

En ese sentido, resaltó que la normativa establece que, ante este tipo de penas, a los ocho meses el imputado debe recuperar la libertad, salvo que hubiese existido algún error en el cómputo

“Él estuvo privado de libertad, no existen mucho más motivos. Es decir, el presupuesto de la ley es ese y está cumplido, y por eso que se le otorga. No es un capricho de ningún funcionario ni ni nadie en particular, es simplemente lo que dice la norma”, completó.

El abogado de la familia Simón, Gastón Argeri, habló con el programa Eco Noticias, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, y reconoció que esperaba que el juez Carlos Pocorena no aceptara la pena mínima pedida para Luciano Jaureguiber, quien protagonizó el accidente que le costó la vida a Sebastián Simón en diciembre de 2021. Como se anticipó ayer en estas páginas, la querella apelará el fallo.

“Nos opusimos a la condena, no nos podemos oponer al acuerdo”, resaltó Argeri, haciendo referencia al juicio abreviado que se había acordado. Dicha instancia fue objeto de polémica y la familia de la víctima se manifestó en contra de una pena “tan baja”. 

En el acuerdo rubricado entre el fiscal José Ignacio Calonje y la defensa del acusado -ejercida por Luciano Tumini- se solicitó tres años de prisión más cinco de inhabilitación para conducir, lo cual corresponde a la pena mínima del delito en cuestión, calificado como homicidio culposo, que contaba con el agravante de la fuga en la carátula. 

La conflictividad escaló a tal punto que el pasado lunes, en el marco de una movilización pública, las autoridades judiciales recibieron a la familia y el fiscal resultó agredido físicamente por uno de los hermanos del joven fallecido. A raíz de este episodio, se abrió una causa por “Lesiones y amenazas”. 

Apelación

Al respecto, Argeri indicó que recurrirán a la Cámara de Azul y apelarán: “Tenemos un plazo de 20 días para interponer el recurso. Es una sentencia bastante extensa, pero creemos que la cantidad de años es insuficiente para el hecho que se cometió. El actuar del fiscal no nos convence”.

“Nosotros nos opusimos y obviamente esperábamos que Pocorena no lo aceptara, no lo confirmara, pero lo hizo”, lamentó y aseveró que “estamos trabajando con los pasos a seguir”.

Si bien evaluó que cualquier ciudadano puede protagonizar un siniestro con desenlace fatal, en este caso esgrimió que la situación se agravó porque el culpable se dio a la fuga y sostuvo que después del accidente luctuoso intentó "manipular la prueba”.

Asimismo, el letrado explicó que la pena endilgada habilita a Jaureguiber a pedir su libertad y explicó al respecto que “tres años de cumplimiento efectivo de condena te habilitan, a los ocho meses, a pedir la salida. Y él ya lleva diez, entonces podría pedirla; ya está en esa posibilidad”.

Vale recordar que el exdirector de Espacio Verdes de Tandil lleva diez meses detenido y cumple actualmente con la figura del arresto domiciliario. 

El abogado de la familia Simón, Gastón Argeri, habló con el programa Eco Noticias, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, y reconoció que esperaba que el juez Pocorena no aceptara la pena mínima pedida para Luciano Jaureguiber, quien atropelló y mató a Sebastián Simón, de modo que aseguró que ahora apelará el fallo.

“Nos opusimos a la condena, no nos podemos oponer al acuerdo”, comenzó resaltando Argeri, haciendo referencia al juicio abreviado que se había acordado.

En ese sentido, destacó que se habían pedido tres años de prisión más cinco de inhabilitación, lo cual corresponde a la pena mínima del delito en cuestión, que contaba con el agravante de la fuga.

“Nosotros nos opusimos y obviamente esperábamos que Pocorena no lo aceptara, no lo confirmara, pero lo hizo”, lamentó y aseveró que “estamos trabajando con los pasos a seguir”.

Al respecto, indicó que recurrirán a la Cámara y apelarán: “Tenemos un plazo de 20 días para interponer el recurso. Es una sentencia bastante extensa, pero creemos que la cantidad de años es insuficiente para el hecho que se cometió. El actuar del fiscal no nos convence”.

Si bien evaluó que cualquier ciudadano puede protagonizar un siniestro con desenlace fatal, en este caso el agravante fue la fuga y que “después se intentara manipular la prueba”.

Asimismo, explicó que esta pena le habilita a pedir la salida de Jaureguiber: “Tres años de cumplimiento efectivo de condena te habilitan, a los ocho meses, a pedir la salida. Y él ya lleva diez, entonces podría pedirla; ya está en esa posibilidad”.

Tras el grave desenlace que tuvo la manifestación del jueves en torno al caso Simón y las críticas al juicio abreviado arribado entre las partes para acordar la pena al imputado, desde el Colegio de Magistrados departamental como de Amafutan salieron a solidarizarse con el fiscal agredido física y verbalmente, como así también referirse a la sensible situación que impera en materia de violencia en la sociedad y en su labor en particular. 

Como se informó oportunamente, el fiscal José Ignacio Calonje fue blanco de golpes de puño cuando se aprestaba a mantener una entrevista con los padres y uno de los hermanos de Sebastián Simón, el joven que murió tras ser atropellado por un auto conducido por el exfuncionario comunal Luciano Jaureguiber, quien terminó imputado y detenido (actualmente bajo arresto domiciliario) por el delito tipificado como “Homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente, y antirreglamentaria de vehículo automotor, agravado por haberse dado el conductor a la fuga y no haber intentado socorrer a la víctima”.

Precisamente dicha carátula habilitó al ministerio público arribar a un juicio abreviado con el defensor particular del acusado, acordando una pena de tres años de prisión y cinco de inhabilitación para conducir (el Código delimita una eventual condena de tres a seis años por la calificación optada). 

La familia Simón se dijo sorprendida y molesta por el acuerdo, independientemente que sus abogados, los doctores Marcelo y Gastón Argeri, como particulares damnificados,  habían participado de la audiencia en la que expusieron su oposición a la pena citada, quedando al aguardo de la definición del juez Correccional Carlos Alberto Pocorena, de quien se aguarda por su opinión al respecto en las próximas horas. 

Repudio y solidaridad

“La violencia es el límite”, expuso la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil –Amafutan- quien expresó su más enérgico repudio a las agresiones físicas y verbales que sufrió el agente fiscal José Ignacio Calonje, junto al funcionario judicial Federico Ramos, haciéndoles llegar su solidaridad y acompañamiento.

Desde la Asociación actualmente presidida por el defensor oficial Diego Araujo, se señaló que “las decisiones adoptadas en el marco del ejercicio de la función judicial están sujetas -como todo acto de gobierno- a las críticas y cuestionamientos de la ciudadanía en general, como derivación del derecho a la libertad de expresión y de reunión a través de diversos mecanismos institucionales”.

A su vez, en el caso particular de las decisiones adoptadas por el Ministerio Público Fiscal y por la magistratura, se aclaró que los damnificados cuentan con las vías impugnativas y otras herramientas de participación previstas por el ordenamiento procesal penal bonaerense, y en particular con todos los derechos y garantías contemplados en la Ley de Víctimas 15.232.

Por ello, “aun entendiendo el dolor que comporta la pérdida de un ser querido, Amafutan reafirma el trascendental valor que para la sociedad tiene la actividad de magistrados y funcionarios, rechazando cualquier hecho de violencia cometido contra quienes desempeñan dicha tarea, entendiendo que por su propia naturaleza las agresiones físicas y acusaciones verbales infundadas, en nada contribuyen ni se condicen con la finalidad de la misma, esto es la resolución pacífica de conflictos aplicando la ley”.

Más adhesiones

Asimismo, desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Azul, también se expresó su enérgico repudio a la agresión de la que fuera víctima el fiscal en cumplimiento de sus funciones, en un hecho que “atenta contra la convivencia pacífica y respetuosa en el marco del Estado de Derecho”.

Desde el  Colegio detallaron que “en todo el territorio provincial se registra un incremento de los actos de violencia contra magistrados y funcionarios, dentro y fuera de los tribunales. Es imperativo que las autoridades de todos los niveles del Estado tomen medidas urgentes para proteger a quienes deben adoptar decisiones trascendentes, por mandato de sus conciudadanos y de la Constitución Nacional”.

Cerrando, el Consejo Departamental de este Colegio hizo llegar su solidaridad al doctor Calonje ante este episodio lamentable.