El Municipio de Tandil dispuso la cesantía de un trabajador municipal que participó en dos encuentros oficiales de futsal mientras se encontraba usufructuando licencias médicas. La medida quedó formalizada mediante el Decreto Nº 3065/2026, firmado el 7 de octubre por el intendente Miguel Lunghi.

La sanción recayó sobre un trabajador quien fue considerado responsable de los hechos investigados en un sumario administrativo iniciado a partir de una denuncia presentada el 21 de julio de 2025 por el subsecretario de Protección Ciudadana.

Según consta en el decreto publicado en el Boletín Oficial municipal, la investigación se centró en dos episodios ocurridos el 28 de junio y el 19 de julio de 2025. En ambas oportunidades, el trabajador contaba con licencias médicas de 48 horas otorgadas por la Unidad de Medicina Laboral y, durante esos períodos, concurrió a encuentros oficiales de futsal en representación del Club y Biblioteca Ramón Santamarina.

Para acreditar lo sucedido, durante el procedimiento se incorporaron informes médicos, documentación de los Consultorios de la Familia – Ament, registros del club y datos aportados por la Liga Tandilense de Fútbol. De esas actuaciones surgió que la persona había concurrido a los partidos y formaba parte formalmente de la delegación del club en ambas fechas.

A partir de los elementos reunidos, el Municipio dispuso la apertura del sumario administrativo mediante el Decreto Nº 3550/2025, del 19 de diciembre de ese año, con el objetivo de determinar las responsabilidades que pudieran corresponderle al agente.

Concluida la investigación, se formuló un auto de imputación por presunto incumplimiento de los deberes establecidos en la Ley provincial Nº 14.656, que regula el empleo municipal, y en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 09/2019. La conducta también fue encuadrada en posibles causales disciplinarias previstas en el artículo 107 de la ley.

Durante el trámite, el trabajador ejerció su derecho de defensa con patrocinio letrado. En su descargo cuestionó la valoración de las pruebas y sostuvo, en lo sustancial, que la licencia médica lo eximía de cumplir sus tareas laborales, pero no le impedía desarrollar otras actividades.

La prueba presentada por el trabajador fue incorporada al expediente y, una vez concluida esa etapa, intervino la Junta de Disciplina, conforme al procedimiento previsto en el convenio colectivo.

El 18 de agosto de 2026, la instructora sumariante emitió su opinión fundada y concluyó que los hechos imputados estaban acreditados. En consecuencia, recomendó aplicar la sanción de cesantía.

Posteriormente, el 15 de septiembre, la Junta de Disciplina emitió un dictamen unánime en el mismo sentido.

La Secretaría de Legal y Técnica también intervino en el expediente y consideró que el procedimiento se había desarrollado con respeto del debido proceso y del derecho de defensa, sin vicios sustanciales que afectaran su validez.

En su análisis, el área jurídica sostuvo que la participación del trabajador en los encuentros deportivos durante las licencias médicas resultaba incompatible con la finalidad de esas licencias. Asimismo, consideró que la conducta implicaba un incumplimiento de los deberes de lealtad, buena fe, diligencia y responsabilidad propios de la relación de empleo público.

El dictamen también ponderó la reiteración de los hechos y las circunstancias en que ocurrieron como elementos que justificaban una sanción de carácter expulsivo.

Con esos antecedentes, el intendente resolvió adherir a las conclusiones de la instrucción sumariante y a los fundamentos del dictamen jurídico, y dispuso la cesantía del trabajador por aplicación de los artículos 105 y 107 de la Ley Nº 14.656 y de las disposiciones correspondientes del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 09/2019.

El decreto ordenó dejar constancia de la sanción en el legajo personal del trabajador y notificarlo formalmente a través de la Secretaría Legal y Técnica. También dispuso comunicar la medida a la Dirección de Recursos Humanos, a la Secretaría de Protección Ciudadana y a la Dirección de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad.

El Municipio de Tandil autorizó el pago de $844.000 a una agente municipal en concepto de resarcimiento por los daños que sufrió su vehículo particular mientras se encontraba cumpliendo una comisión de servicios vinculada a una capacitación obligatoria.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto Nº 2677/2026, firmado el 1 de septiembre por el intendente Miguel Lunghi, a partir de un reclamo administrativo iniciado por una trabajadora municipal. 

De acuerdo con lo establecido en el expediente, la agente solicitó el reconocimiento económico por los daños ocasionados en su automóvil, un Renault Scenic 1.9 DTI. El hecho se produjo mientras se encontraba realizando una tarea encomendada por el Municipio.

Según surge del decreto, la agente había sido autorizada a utilizar su vehículo particular para cumplir con la comisión de servicios y contaba con un viático para afrontar el traslado.

El reclamo había sido iniciado mediante el expediente EX-2023-00262679-MUNITAN-SG y atravesó distintas instancias administrativas antes de que se resolviera el pago.

Una de las intervenciones incorporadas al expediente correspondió a la Dirección de Parque Automotor municipal.

Ese organismo analizó los presupuestos de reparación presentados por la reclamante y determinó que los valores consignados se ajustaban a los precios de mercado correspondientes a la fecha de inicio del expediente administrativo.

Además, estableció que los presupuestos presentados se correspondían con los daños que habían sido denunciados en el vehículo.

Con esa evaluación como antecedente, intervino posteriormente la Secretaría Legal y Técnica, que emitió un dictamen favorable al reclamo.

El organismo jurídico municipal concluyó que correspondía hacer lugar al pedido presentado por la trabajadora y reconocer a su favor la suma de $844.000, equivalente al valor de los presupuestos de reparación que habían sido incorporados al expediente.

La resolución administrativa quedó encaminada con la celebración de un acuerdo entre las partes.

El documento fue firmado el 11 de agosto de 2026 y quedó incorporado al expediente como parte de la documentación que respaldó la decisión municipal.

A partir de ese acuerdo, y luego de las intervenciones de la Dirección de Recursos Humanos, Contaduría General, la Dirección de Presupuesto y la Secretaría de Economía y Administración, el Ejecutivo municipal autorizó formalmente el desembolso.

El decreto establece que Contaduría General deberá extender una orden de pago a favor de la trabajadora por un total de $844.000.

La suma tendrá carácter de resarcimiento "único, total y definitivo" por el hecho denunciado en el expediente.

La erogación será imputada a la partida presupuestaria indicada por la Dirección de Presupuesto en su informe.

De esta manera, el Estado municipal asumirá el costo de los daños ocasionados al vehículo particular de la agente mientras ésta se encontraba cumpliendo una actividad vinculada con sus funciones.

El caso pone de manifiesto también una situación que puede presentarse en las administraciones públicas: la utilización de vehículos particulares por parte de agentes para cumplir tareas oficiales, cuando existe autorización previa para hacerlo y el traslado forma parte de una comisión de servicios.

El Municipio de Tandil adjudicó por un total de 19.360.000 pesos la adquisición de cuerpos y motores destinados a las electrobombas sumergibles de los pozos S1 y P3, en el marco de un concurso de precios llevado adelante por la administración comunal.

La contratación quedó formalizada a través del Decreto Nº 2574/2026, firmado el 20 de agosto por el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse.

El proceso correspondió al Concurso de Precios N° 72-03-26, denominado “Adquisición de Cuerpo y Motor para Electrobombas Sumergibles POZOS S1 y P3”, y se tramitó mediante el expediente EX-2026-00165640-MUNITAN-DCS#SEA.

De acuerdo con lo establecido en el decreto, el Municipio había invitado a siete proveedores del rubro a participar de la compulsa. El acto de apertura de ofertas se realizó el pasado 7 de agosto, instancia en la que finalmente se presentaron dos oferentes.

Tras analizar las propuestas recibidas, la Dirección de Compras y Suministros recomendó avanzar con la adjudicación a Ghezan Hnos. S.C., por considerar que su oferta resultaba conveniente para los intereses municipales y se encontraba por debajo del Presupuesto Oficial.

La decisión contó además con la intervención de la Contaduría General, la Dirección de Presupuesto y la Secretaría de Economía y Administración.

La adquisición está vinculada al equipamiento de las electrobombas sumergibles correspondientes a los pozos identificados como S1 y P3, infraestructura que forma parte del sistema de abastecimiento de agua de la ciudad.

El decreto estableció que la erogación será imputada a la partida presupuestaria indicada por la Dirección de Presupuesto.

La medida se encuadró dentro de las facultades del Ejecutivo municipal y fue refrendada por la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas. La Dirección General de Obras Sanitarias quedó incluida entre las áreas a las que se remitió el expediente para continuar con las actuaciones correspondientes.

El Municipio de Tandil puso en marcha un nuevo operativo destinado a recuperar deudas correspondientes a tasas, derechos y contribuciones municipales vencidas, con un esquema de incentivos económicos para los agentes que participen de las tareas de intimación y cobranza.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 2472/2026, firmado el 11 de agosto por el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Economía y Administración, Raúl Moyano. La norma prorrogó hasta el 10 de octubre la vigencia del Decreto 1596/2026 y estableció un nuevo mecanismo de productividad para los empleados afectados al operativo.

Según los fundamentos del decreto, existen contribuyentes con tributos municipales vencidos desde el ejercicio 2021 que no habían sido intimados durante el corriente año, además de vecinos y contribuyentes que habían adherido a planes de financiación y dejaron de cumplir con las cuotas acordadas.

El aspecto central de la medida será el denominado “Fondo por Productividad - Rentas”. El decreto establece que el 1,5 por ciento de la deuda efectivamente recuperada e ingresada a las arcas municipales será destinado a ese fondo, que se distribuirá en partes iguales entre los agentes alcanzados por el operativo.

A ese esquema se sumarán incentivos individuales. En caso de que un agente supere el objetivo de recaudación que le haya sido asignado, recibirá adicionalmente un 2 por ciento sobre el excedente obtenido por encima de esa meta.

La normativa establece además un segundo objetivo equivalente al 60 por ciento del primero. Sobre el excedente correspondiente a ese nuevo parámetro se aplicará un incentivo del 2,5 por ciento.

El decreto no establece un monto fijo máximo para esos adicionales, ya que su valor dependerá de los niveles de recupero alcanzados durante el operativo.

El operativo comprenderá deudas correspondientes a inmuebles y vehículos vencidas desde 2021, siempre que se encuentren bajo las condiciones administrativas establecidas por el decreto.

También se incluirán deudas por planes de pago vinculados a obras de infraestructura municipales, obligaciones vencidas de la Tasa Unificada de Actividades Económicas hasta diciembre de 2025 y cuotas impagas de planes de financiación otorgados por el Municipio.

El esquema contempla además determinadas deudas vencidas durante 2026, de acuerdo con las condiciones previstas en el decreto anterior.

Quedarán afuera, entre otros casos, los contribuyentes sin domicilio postal declarado, los exentos de tributos municipales, propiedades estatales, inmuebles con destino social, cuentas judiciales y determinadas situaciones vinculadas al Derecho de Cementerio.

El procedimiento contempla la distribución domiciliaria de intimaciones bajo el concepto “Última Oportunidad para Obtener los Descuentos”.

Los contribuyentes recibirán información sobre el monto de la deuda, los recargos y el beneficio disponible para su regularización. Las comunicaciones podrán incluir un código de barras para efectuar el pago y un código QR con el detalle de la deuda.

Los agentes municipales tendrán además la obligación de realizar un seguimiento de cada caso mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, entrevistas y visitas domiciliarias.

Cada contacto deberá quedar registrado en una hoja de ruta y posteriormente incorporado al Sistema Integrado de Administración Municipal (SIAM). El decreto establece que, sin ese registro, no se liquidará la productividad correspondiente.

El esquema contempla un adicional específico por cada intimación de deuda distribuida durante el operativo.

El artículo 9 del decreto establece que los agentes designados como notificadores ad hoc percibirán un monto por cada intimación distribuida. En el texto de la norma aparece consignado un valor de 2.300 pesos, aunque el mismo artículo refiere previamente a una cifra de 2.500 pesos, por lo que existe una inconsistencia interna en la redacción del decreto que deberá ser considerada al momento de liquidar ese concepto.

También se establecieron pagos adicionales por determinadas tareas vinculadas con la regularización de las cuentas, como la adhesión al Domicilio Especial Electrónico, la Factura Digital y el débito automático de cuotas futuras.

El operativo tendrá vigencia durante la aplicación del decreto y los adicionales serán liquidados a partir de los haberes correspondientes a agosto de 2026 y hasta la finalización del esquema.

La Agencia de Ingresos Municipales (AGIM) será el organismo encargado de aplicar y coordinar el procedimiento. El decreto también previó incentivos específicos para agentes de Tesorería y Contaduría que intervengan en determinados recuperos de deuda.

En el caso de Tesorería, se destinará otro 1,5 por ciento de los montos recuperados mediante determinadas transferencias bancarias a un fondo de productividad que será distribuido entre los agentes involucrados. Para Contaduría se estableció un mecanismo similar respecto de deudas canceladas mediante compensaciones con pagos a proveedores.

De esta manera, el Ejecutivo municipal busca reforzar durante los próximos meses el recupero de obligaciones tributarias atrasadas, combinando las intimaciones a los contribuyentes con un sistema de incentivos económicos para los trabajadores municipales encargados de llevar adelante la gestión de cobranza.

El Honorable Concejo Deliberante de Tandil aprobó la Ordenanza Nº 19.400, mediante la cual se dispuso denominar "Plaza de los Escritores" al espacio verde público delimitado por las calles Primera Junta, Rauch, Franklin y Peyrel.

La iniciativa estableció oficialmente el nombre de ese sector de la ciudad y encomendó al Departamento Ejecutivo la implementación de la señalización informativa reglamentaria para identificar el lugar.

Asimismo, la normativa determinó que los gastos que demande la colocación de la cartelería y la ejecución de las tareas necesarias serán imputados a la partida correspondiente del presupuesto municipal vigente.

La ordenanza fue sancionada el 30 de julio de 2026 y lleva las firmas del presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y del secretario legislativo, Diego Palavecino.

El Municipio enfrenta una reducción del 4 por ciento en su coeficiente de distribución de coparticipación provincial, lo que se traduce en una pérdida de fondos para el ejercicio actual, afectando la planificación de obras y servicios locales.

La noticia fue confirmada por Raúl Moyano, secretario de Economía, en el marco de Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, donde se detalló el impacto financiero que tendrá esta merma en los recursos que el distrito recibe por parte de la Provincia. La disminución del coeficiente de distribución, que pasó del 1,05 al 1,01, representa una cifra significativa para el presupuesto municipal.

Según explicó el funcionario, el cálculo de la coparticipación se basa en diversos atributos, como la superficie del partido y la población estimada tras el último censo. Sin embargo, uno de los factores determinantes es la capacidad tributaria local. En este sentido, el mecanismo actúa como un sistema redistributivo donde aquellos municipios que logran una mayor recaudación propia a través de sus contribuciones locales sufren una reducción en los fondos coparticipables, lo que fue calificado como una penalización por la eficiencia en la recaudación.

Otro de los pilares que inciden en el cálculo es el sistema de salud. El esquema actual de distribución prioriza indicadores como la cantidad de camas de internación y el porcentaje de ocupación, lo que, según se advirtió, desincentiva las políticas de prevención y atención primaria.

"Nosotros tenemos una red bastante grande, tenemos 14 centros de salud y un mecanismo de seguimiento, diagnóstico y entrega de medicamentos para evitar complicaciones ulteriores", se señaló durante la entrevista. No obstante, el modelo de cálculo no reconoce estas inversiones en prevención, sino que premia la mayor capacidad de internación, un enfoque que el gobierno municipal no está dispuesto a modificar, manteniendo la salud como uno de sus ejes fundamentales de gestión.

Para dimensionar el impacto de los 1800 millones de pesos perdidos, Moyano ejemplificó con una equivalencia directa con la infraestructura urbana: esa cifra representa el costo de aproximadamente 24 cuadras de hormigón. Ante este escenario, el Municipio ha tenido que implementar medidas de austeridad, incluyendo la supresión de algunos eventos y recortes en horas extras, buscando siempre que el estándar de los servicios esenciales no se vea resentido.

A pesar de la restricción presupuestaria, se confirmó la continuidad de proyectos estratégicos. En los próximos días se reiniciarán las obras de los consultorios externos en calle Pellegrini, un proyecto iniciado en 2022 con financiamiento nacional que fue suspendido a fines de 2023. El Municipio decidió retomar los trabajos con recursos propios, con una inversión estimada en 600 millones de pesos y un plazo de finalización de ocho meses.

En cuanto a la recaudación propia, se informó que, tras una caída del 10 por ciento en la cobrabilidad instantánea durante el segundo semestre del año pasado, se ha registrado una recuperación de tres puntos en lo que va de 2026. Si bien no se han alcanzado los niveles históricos, la situación permite sostener el funcionamiento del distrito, aunque con una planificación más ajustada.

Finalmente, se hizo referencia a la necesidad de una reforma en la ley de coparticipación provincial. Actualmente, los municipios reciben el 16,14 por ciento de lo recaudado por la Provincia, y existen proyectos en la Cámara de Senadores bonaerense que buscan elevar este porcentaje gradualmente hasta el 20 por ciento. 

Mientras tanto, Tandil continúa gestionando sus recursos con prudencia, enfrentando un contexto donde la retracción del consumo y la baja en el coeficiente de distribución obligan a priorizar las inversiones más urgentes para la comunidad.

El Departamento Ejecutivo autorizó el pago de una indemnización de 380.314,12 pesos a favor de un vecino de Tandil por los daños sufridos en su automóvil como consecuencia del impacto de un objeto despedido por una cortadora de pasto utilizada por personal de la Dirección General de Espacios Verdes Públicos.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 2108/2026, firmado el 30 de junio por el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Servicios Públicos, Claudio Marcelo Fuentes.

Según se desprende de la norma, el reclamo administrativo fue presentado por  un vecino propietario de una Ford EcoSport 1.6 XLS,  quien solicitó el resarcimiento por los daños ocasionados durante la realización de tareas de mantenimiento de espacios verdes.

En los considerandos del decreto se indicó que el expediente incluyó un informe elaborado por la Dirección General de Espacios Verdes Públicos y otro de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, los cuales analizaron las circunstancias del hecho y las actuaciones desarrolladas posteriormente.

El Ejecutivo sostuvo además que existió una "manifiesta predisposición del Municipio de Tandil para colaborar con el propietario del vehículo dañado", lo que derivó en la celebración de un convenio de compensación entre las partes.

El monto fue fijado según presupuestos de reparación

Durante la tramitación del expediente intervino la Dirección de Compras y Suministros, que evaluó los presupuestos presentados para reparar el vehículo.

De acuerdo con el decreto, el organismo concluyó que los valores se ajustaban a los precios de mercado existentes al momento del inicio del expediente y que se correspondían con los daños ocasionados, fijando el resarcimiento en 380.314,12 pesos.

Ese importe fue reconocido como indemnización "única, total y definitiva" por los perjuicios sufridos por el vehículo.

La indemnización no será cobrada en efectivo

Sin embargo, el dinero no será percibido directamente por el damnificado.

El decreto precisó que el 17 de junio ambas partes firmaron un Convenio de Compensación, mediante el cual se acordó aplicar la totalidad del monto reconocido a cancelar parte de las obligaciones tributarias que el vecino mantiene con la Municipalidad.

Previamente, la Dirección de Rentas y Finanzas informó que el vecino registraba una deuda total de 1.465.010,55 pesos, correspondiente a distintos conceptos.

Entre ellos figuran tasas municipales  de dos inmuebles y patentes automotor correspondientes a tres dominios distintos y obligaciones por Derechos Municipales.

De acuerdo con el convenio aprobado por el Ejecutivo, los 380.314,12 pesos serán imputados prioritariamente a la deuda por tasas municipales correspondiente a uno de los inmuebles. Solo si existiera un remanente dentro del monto reconocido, éste será aplicado a la deuda al otro inmueble.

Reconocimiento de responsabilidad

En su parte resolutiva, el decreto autorizó a la Contaduría General a emitir la correspondiente orden de pago por el monto establecido, aunque simultáneamente dispuso que esa suma sea utilizada como compensación de las deudas tributarias del contribuyente, conforme a lo acordado entre las partes.

De esta manera, el Municipio reconoció administrativamente la responsabilidad por los daños ocasionados al vehículo durante la realización de trabajos de mantenimiento de espacios verdes, evitando la continuidad del reclamo por la vía judicial mediante un acuerdo de compensación aceptado por ambas partes.

El Departamento Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 2109/2026, mediante el cual introdujo una serie de modificaciones a la reglamentación del régimen de Cocinas Domiciliarias (CODO), vigente desde 2021, con el objetivo de optimizar su funcionamiento, precisar procedimientos administrativos y adecuar la normativa a la experiencia recogida durante más de cuatro años de implementación.

La medida modificó distintos artículos del Decreto Nº 4152/2021, reglamentario de la Ordenanza Nº 17.060, que regula la elaboración y comercialización de alimentos caseros en domicilios particulares dentro del partido de Tandil.

En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que el crecimiento de los emprendimientos familiares vinculados a la producción de alimentos, impulsado tanto por la necesidad de generar ingresos como por nuevas modalidades de comercialización, hizo necesario actualizar la normativa para acompañar esos procesos sin descuidar los controles sanitarios.

El decreto señaló que muchas familias encontraron en la elaboración de alimentos una alternativa concreta de autoempleo frente a la inestabilidad laboral y la caída de los ingresos, por lo que consideró que el Estado municipal debe ofrecer herramientas que faciliten la formalización de esos emprendimientos y promuevan el desarrollo productivo local.

Dos autoridades con funciones diferenciadas

Uno de los principales cambios estableció con mayor precisión las responsabilidades de las áreas municipales involucradas.

La Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación quedó formalmente designada como autoridad de aplicación en todo lo referido al registro, acompañamiento, promoción y evaluación socio-productiva de los emprendimientos.

En tanto, la Dirección de Bromatología y Zoonosis mantendrá la responsabilidad técnica sobre las evaluaciones sanitarias, inspecciones, controles, habilitaciones y seguimiento de las condiciones de elaboración, conforme al Código Alimentario Argentino y la normativa vigente.

Nuevo procedimiento para obtener la habilitación

La reglamentación también reorganizó el trámite que deberán realizar quienes quieran incorporarse al régimen CODO.

Los interesados deberán iniciar el expediente en la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, donde serán registrados como emprendedores y participarán de una entrevista inicial destinada a relevar información sobre la actividad, el tipo de productos que elaborarán, la escala de producción y la modalidad de comercialización.

Solo una vez superada esa instancia serán derivados a Bromatología para solicitar la primera inspección del domicilio.

El decreto aclaró expresamente que la inscripción inicial y la entrevista no habilitan a elaborar ni vender alimentos. La autorización recién se otorgará después de que Bromatología verifique las condiciones higiénico-sanitarias del lugar y emita el permiso municipal correspondiente.

Asimismo, se estableció un procedimiento para corregir observaciones o documentación faltante antes de realizar la inspección definitiva y se previó la posibilidad de otorgar plazos para realizar adecuaciones edilicias o sanitarias cuando sean necesarias.

Más productos autorizados

Otro de los cambios más relevantes fue la actualización del listado de alimentos que podrán producirse bajo el régimen de Cocinas Domiciliarias.

Entre los productos habilitados se encuentran:

* dulces, mermeladas, jaleas y almíbares;

* chocolates, bombones de fruta, turrones y garrapiñadas;

* panificados, galletitas, bizcochos, alfajores, tortas fritas, buñuelos y churros;

* encurtidos, chutney y chimichurri;

* barras de cereal;

* frutas y verduras deshidratadas;

* fraccionamiento de frutos secos, cereales, legumbres y condimentos (con excepción del pimentón);

* pastas frescas no rellenas;

* tapas para empanadas y tartas;

* panqueques y prepizzas;

* aderezos;

* medallones veganos y milanesas de soja sin relleno;

* pasta de maní;

* té y blends;

* ensaladas de frutas, ensaladas de verduras frescas y sopas, siempre que la autoridad bromatológica considere que reúnen las condiciones sanitarias correspondientes.

En cambio, continuaron excluidos del régimen la elaboración de bebidas alcohólicas, licores, empanadas y cualquier otra preparación rellena que no resulte compatible con las condiciones previstas para las cocinas domiciliarias.

Además, la Dirección de Bromatología conservará la facultad de rechazar productos cuya elaboración considere incompatible con este tipo de habilitación.

Beneficios para nuevos emprendedores

La modificación también incorporó un incentivo económico para quienes ingresen por primera vez al régimen.

Los nuevos emprendimientos estarán exentos, por única vez, del pago de hasta cinco análisis bromatológicos correspondientes a los primeros productos que presenten para evaluación.

La exención será únicamente para la incorporación inicial. A partir de nuevos productos, renovaciones o análisis adicionales, los costos deberán abonarse de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente.

Formalización e inclusión productiva

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo remarcó que las Cocinas Domiciliarias constituyen una herramienta de inclusión productiva y una instancia de transición hacia mayores niveles de formalización para pequeños emprendedores.

También destacó que el régimen no reemplaza a las salas comunitarias de elaboración de alimentos ni a los establecimientos bromatológicamente habilitados, sino que complementa el esquema municipal de promoción de la producción local, diferenciando las distintas escalas de elaboración.

La norma lleva las firmas del secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, Diego Gabriel Martín; de la presidenta del Sistema Integrado de Salud Pública, Cecilia Martens; y del intendente Miguel Lunghi.

Mediante el Decreto Nº 2006/2026, el Departamento Ejecutivo dispuso un esquema especial de funcionamiento para la administración comunal con motivo de la participación de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

La normativa, fechada el 19 de junio, autorizó al personal municipal de la Administración Central y del Sistema Integrado de Salud Pública a retirarse de sus puestos de trabajo a las 13.30 y a reincorporarse a las 16.30 del lunes 22 de junio, horario en el que se disputó el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo fundamentó la decisión en la relevancia social y cultural que tiene el fútbol en el país y en el interés general que despiertan los encuentros de la Selección nacional.

El texto destacó que el deporte constituye una herramienta de integración comunitaria y señaló que el Mundial representa un acontecimiento que reúne a millones de personas alrededor de un mismo evento. Asimismo, remarcó que cada presentación del seleccionado argentino genera un amplio interés popular y suele convertirse en una ocasión de encuentro entre familiares y amigos.

En ese marco, se consideró oportuno contemplar una modificación temporal en la jornada laboral de los trabajadores municipales para facilitar el seguimiento del partido, otorgando un margen razonable para los traslados entre los domicilios y los lugares de trabajo.

La medida no alcanzó a todas las áreas de la administración pública local. El decreto estableció expresamente que debían mantenerse las guardias, emergencias y prestaciones consideradas esenciales o impostergables.

Entre los sectores exceptuados se incluyeron las guardias y servicios del Sistema Integrado de Salud Pública, la Dirección de Monitoreo municipal, las guardias de Obras Sanitarias y todas aquellas dependencias cuyas actividades no pudieran interrumpirse, diferirse o reducirse sin afectar la normal prestación de los servicios públicos.

De este modo, mientras gran parte de los empleados municipales contó con una ventana horaria para seguir el partido de la Selección argentina, el Municipio garantizó la continuidad de las prestaciones consideradas críticas para la comunidad.

El decreto fue refrendado por la Secretaría de Gobierno y comunicado a todas las dependencias del Departamento Ejecutivo y del Sistema Integrado de Salud Pública para su implementación.

El Municipio de Tandil rechazó el reclamo administrativo presentado por una vecina, quien había solicitado una compensación por los daños sufridos por su automóvil tras la caída de un poste de madera mientras se encontraba estacionado sobre la vereda de calle Lavalle al 600 , entre Mosconi y Sáenz Peña.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto Nº 1900/2026, firmado por Miguel Lunghi, y se fundamentó en que el elemento involucrado forma parte de la infraestructura destinada a la prestación de servicios de telefonía y, por lo tanto, se encuentra fuera de la órbita de control y mantenimiento del Municipio.

De acuerdo con la presentación realizada por la vecina, el hecho ocurrió el 26 de abril de 2026 y afectó a un Ford Ka. A partir del reclamo, la Secretaría Legal y Técnica analizó las circunstancias del caso y concluyó que no existían elementos que permitieran atribuir responsabilidad patrimonial a la administración comunal.

En los considerandos del decreto se señaló que, para que prospere una demanda indemnizatoria, es necesario acreditar no sólo la existencia del daño sino también la presencia de una acción u omisión imputable al Estado y una relación causal entre esa conducta y el perjuicio denunciado.

Sin embargo, del análisis de las actuaciones surgió que el poste caído pertenecía a la infraestructura utilizada por una empresa prestadora de servicios de telefonía, sobre la cual recaen las obligaciones de instalación, inspección, conservación y adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a terceros.

En consecuencia, el Ejecutivo entendió que el eventual origen del daño se encontraba vinculado con bienes pertenecientes a un tercero ajeno a la estructura municipal, lo que excluía la posibilidad de responsabilizar al Estado local.

Con esos argumentos, la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos recomendó rechazar el pedido de resarcimiento, criterio que fue compartido por la administración comunal.

De esta manera, el reclamo iniciado por la vecina quedó desestimado y el expediente será archivado, mientras que la resolución deja abierta la posibilidad de que la damnificada impulse eventuales acciones contra la empresa responsable de la infraestructura involucrada en el incidente.

El Municipio de Tandil rechazó el recurso de reconsideración presentado por la empresa Vialerg S.A. y ratificó la rescisión del contrato derivado de una licitación pública para la adquisición de equipamiento destinado al mantenimiento vial urbano y de desagües pluviales. Además, confirmó la ejecución de las garantías constituidas por la firma, en proporción al monto adjudicado.

La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 1805/2026, firmado por el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse.

El conflicto se originó en la Licitación Pública Nº 08-01-2025, convocada para adquirir un camión desobstructor, una manguera termoplástica y un equipo desobstructor sobre acoplado. En junio del año pasado se presentaron cinco oferentes y posteriormente Vialerg S.A. resultó adjudicataria del ítem correspondiente a una manguera termoplástica de una pulgada y 152 metros de longitud.

La adjudicación se formalizó en julio de 2025 y el pliego establecía un plazo de 45 días para la entrega del insumo. Sin embargo, vencido ese período, la Dirección de Compras y Suministros intimó en dos oportunidades a la empresa ante la falta de cumplimiento.

En septiembre, la firma argumentó que la variación del tipo de cambio había provocado un incremento del 25 por ciento en el valor del producto y solicitó una actualización del precio. El pedido fue rechazado por la Secretaría Legal y Técnica, que recomendó exigir el cumplimiento de la entrega bajo apercibimiento de rescindir el contrato.

Posteriormente, y luego de nuevas intimaciones, Vialerg sostuvo que la manguera ofrecida era incompatible con el equipo desobstructor adquirido por la Municipalidad a otro proveedor, señalando que el producto había sido diseñado para equipos comercializados por la propia empresa.

No obstante, la Dirección General de Vialidad indicó que las especificaciones requeridas por el pliego eran claras y que todas las ofertas presentadas cumplían con las dimensiones exigidas. Asimismo, señaló que la empresa nunca había advertido sobre esa eventual incompatibilidad durante el proceso licitatorio ni al momento de aceptar la adjudicación.

Con esos antecedentes, en diciembre de 2025 el Ejecutivo dispuso la rescisión del contrato y la ejecución de las garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento contractual. Frente a esa medida, Vialerg presentó un recurso de reconsideración en enero de este año, en el que invocó circunstancias excepcionales del mercado, aseguró haber actuado de buena fe y pidió atenuar las consecuencias de la rescisión.

Sin embargo, el Municipio consideró que la empresa no aportó elementos nuevos que desvirtuaran los fundamentos del decreto original y sostuvo que la incompatibilidad técnica fue planteada recién después del rechazo al pedido de actualización de precios y frente a las intimaciones de cumplimiento.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo remarcó que las reglas de las contrataciones públicas impiden modificar las ofertas una vez presentadas y destacó que Vialerg tuvo oportunidad de desistir durante las renovaciones automáticas del mantenimiento de oferta, sin formular objeciones ni reservas.

Asimismo, sostuvo que los principios de buena fe y colaboración invocados por la empresa exigen una conducta diligente desde el inicio del procedimiento y que no pueden ser utilizados para justificar el incumplimiento de obligaciones asumidas.

De esta manera, el Municipio confirmó la rescisión contractual y dispuso ejecutar la póliza de seguro de caución emitida como garantía, agotando además la vía administrativa al tratarse de una decisión adoptada por la máxima autoridad municipal.

Mediante el Decreto Nº 1613/2026, el Municipio de Tandil autorizó el pago de una indemnización a una vecina por los daños sufridos en su vehículo a raíz de un incidente ocurrido durante trabajos realizados por la Dirección General de Espacios Verdes Públicos.

Según se consignó en el expediente administrativo, la ventanilla lateral delantera izquierda de un Peugeot 207,  resultó dañada por el impacto de un elemento despedido por una cortadora de pasto utilizada por personal municipal.

En el marco de la actuación, la Dirección General de Espacios Verdes Públicos informó las diligencias realizadas tras el hecho y dejó constancia de la predisposición del Municipio para colaborar con la propietaria del automóvil.

Posteriormente, la Dirección de Compras y Suministros evaluó los presupuestos presentados para la reparación y determinó que el monto correspondiente al daño ascendía a 186.113,40 pesos, valor que consideró acorde a los precios de mercado vigentes al inicio del expediente.

Sin embargo, la Dirección de Rentas y Finanzas informó que la damnificada registraba una deuda de patente vinculada al mismo vehículo por un total de 87.235,91 pesos.

A partir de esa situación, ambas partes suscribieron un Convenio de Compensación el 27 de abril de 2026. Allí se estableció que del monto reconocido por los daños se descontaría la deuda tributaria existente, por lo que la suma final a percibir por la vecina quedó fijada en 98.877,49 pesos.

El decreto firmado por Miguel Lunghi y refrendado por el secretario de Servicios Públicos, Claudio Fuentes, autorizó a la Contaduría General a emitir la orden de pago correspondiente y dispuso la imputación presupuestaria de la erogación.

El Municipio de Tandil rechazó un reclamo administrativo iniciado por una vecina, quien había solicitado una compensación económica por los daños sufridos en su vehículo Volkswagen Up!, luego de un presunto impacto con una boca de tormenta ubicada sobre Garibaldi al 1600.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 1489/2026, fechado el 13 de mayo, donde el Ejecutivo comunal concluyó que no se encontraban acreditados los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado municipal.

Según surgió del expediente administrativo, la conductora denunció que el episodio ocurrió el 27 de noviembre de 2025 y sostuvo que la boca de tormenta se encontraba deteriorada o rota.

Sin embargo, en los considerandos del decreto, el Municipio señaló que, aun cuando pudiera acreditarse la existencia de daños, también debía demostrarse de manera fehaciente la relación causal entre el hecho denunciado y la responsabilidad estatal.

Además, el Ejecutivo citó normativa nacional y provincial de tránsito vinculada a las maniobras de estacionamiento en la vía pública, que establece la obligación de maniobrar sin invadir la acera y mantener una distancia aproximada de 20 centímetros respecto del cordón.

En ese sentido, el Gobierno local consideró que existió “un aporte causal de la propia damnificada en la producción del perjuicio”, lo que, según indicó, interrumpió la relación causal entre el daño y el accionar municipal.

De acuerdo con un informe elaborado por la Dirección General de Vialidad, la boca de tormenta efectivamente presentaba deterioro y faltantes en su estructura de hormigón armado, aunque aclaró que “no sobresalía del cordón cuneta”.

A partir de esa evaluación técnica, el Municipio concluyó que “la única forma” de que se produjera el siniestro denunciado era mediante “una maniobra incorrecta” efectuada por la conductora, en infracción a la normativa de tránsito vigente.

Finalmente, tras la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, el Ejecutivo resolvió desestimar el reclamo indemnizatorio y archivar las actuaciones.

El Honorable Concejo Deliberante de Tandil sancionó la Ordenanza Nº 19.269 mediante la cual se aceptó e incorporó al patrimonio municipal el Mástil del Bicentenario y la escultura del Argentinosaurus, ambos emplazados en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo a la normativa, el Mástil del Bicentenario se encuentra ubicado en el Parque Independencia, mientras que el Argentinosaurus está instalado en otro sector urbano. Ambos fueron recibidos en carácter de donación por parte de las firmas Distribuidora Gamma y Vialmani S.A., representadas por Marcelo Alonso y el ingeniero David Arian, respectivamente.

La medida se enmarca en lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades, que regula la incorporación de bienes al patrimonio público a través de donaciones.

La ordenanza fue firmada por el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y el secretario del cuerpo, Diego Palavecino, y remitida al Departamento Ejecutivo para su implementación.

Mediante el Decreto Nº 1218/2026, el intendente Miguel Lunghi dispuso desestimar el reclamo administrativo presentado por un vecino, quien había solicitado la cobertura de los daños sufridos en su vehículo tras la caída de una rama de gran tamaño mientras se encontraba estacionado en Alem al 24.

El hecho, según la presentación, ocurrió el 16 de noviembre de 2025 alrededor de las 12.45. Sin embargo, tras analizar las actuaciones, el Ejecutivo concluyó que no se verificaron los requisitos necesarios para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado municipal.

Entre los fundamentos, se indicó que si bien el reclamante aportó documentación que daría cuenta del daño, no se logró acreditar un nexo causal directo entre el hecho y una acción u omisión imputable a la administración. En esa línea, se destacó que la caída de la rama estuvo vinculada a un fenómeno climático de magnitud.

De acuerdo a informes del Servicio Meteorológico Nacional, ese día se registraron vientos intensos con ráfagas que alcanzaron entre 75 y 88 km/h, en el marco de múltiples alertas amarillas emitidas para la región entre el 14 y el 16 de noviembre. Asimismo, desde el área de Espacios Verdes Públicos se señaló que no existían denuncias previas sobre el estado del arbolado en el lugar.

El decreto también ponderó la difusión pública de las alertas meteorológicas y consideró que el hecho de haber dejado el vehículo estacionado en un sector arbolado durante esas condiciones implicó la asunción de un riesgo previsible por parte del propio damnificado.

En ese contexto, el Municipio encuadró lo ocurrido como un caso fortuito o de fuerza mayor, lo que interrumpe el nexo de causalidad necesario para imputar responsabilidad al Estado. A ello se sumó que el arbolado urbano, según la normativa vigente, es responsabilidad de los frentistas, y que el siniestro fue parcialmente cubierto por la compañía aseguradora del reclamante.

Finalmente, con intervención de la Secretaría Legal y Técnica, se resolvió rechazar el pedido indemnizatorio y disponer el archivo de las actuaciones.

El Municipio de Tandil dispuso la suspensión preventiva de dos agentes de la Dirección General de Obras Sanitarias, en el marco de un sumario administrativo iniciado para investigar presuntas irregularidades en el área.

La decisión fue formalizada a través del Decreto Nº 1103/2026, firmado por Miguel Lunghi, y alcanza a dos trabajadores que se desempeñaban en la Gerencia Técnica del organismo.

Según se desprende del expediente, ambos agentes intervenían en tareas clave dentro del circuito administrativo, como el control, revisión técnica y visado de planos e instalaciones sanitarias, incluyendo plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Su función también abarcaba instancias de inspección y aprobación de obras.

En ese contexto, y ante la posibilidad de que su permanencia en dichos roles pudiera afectar el normal desarrollo de la investigación, se resolvió aplicar la suspensión preventiva y su reubicación en funciones que no impliquen intervención en los expedientes bajo análisis.

La medida se adoptó en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N° 14.656, que regula el empleo público municipal, y que habilita este tipo de decisiones cuando existen elementos que podrían entorpecer un proceso disciplinario en curso.

El decreto fija que la suspensión tendrá el plazo máximo previsto por la normativa vigente —hasta 60 días— y aclara que se trata de una medida precautoria, que no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad de los trabajadores involucrados.

Asimismo, se facultó al Director General de Obras Sanitarias a determinar la reubicación concreta de los agentes, de acuerdo a las necesidades operativas del área.

En las actuaciones intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos del Municipio, que avaló el dictado de la medida, mientras que el sumario continuará su curso para esclarecer los hechos denunciados.

La Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil recordó cuáles son los requisitos que deben cumplir los comercios habilitados para la venta de bebidas alcohólicas, con el objetivo de promover el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer las pautas de convivencia en la ciudad.

Desde el área indicaron que los establecimientos que comercialicen este tipo de productos deben contar con la habilitación municipal correspondiente y con la licencia del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) vigente. Además, la normativa establece restricciones específicas respecto a los horarios de venta y la prohibición absoluta de expendio a menores de edad.

En ese sentido, se recordó que la Ley Provincial 14.050 prohíbe la venta de bebidas alcohólicas entre las 23 y las 8 horas, y establece que está estrictamente prohibido vender, suministrar o facilitar alcohol a personas menores de 18 años.

Asimismo, los comerciantes tienen la obligación de exigir el Documento Nacional de Identidad cuando exista duda sobre la edad del comprador, con el fin de verificar que la persona sea mayor de edad.

Este recordatorio se da en el marco de los operativos de control que el Municipio realiza de manera conjunta con la Policía Departamental de Seguridad, el programa Centinela en Territorio y el área de Inspección y Habilitaciones. Durante recientes inspecciones se detectaron infracciones que derivaron en la clausura de cuatro comercios.

Desde la Secretaría de Prevención Ciudadana señalaron que estos controles continuarán desarrollándose de manera periódica y remarcaron que el cumplimiento de la normativa es fundamental para evitar sanciones, multas y clausuras.

A su vez, destacaron la importancia de la prevención ciudadana e instaron a los vecinos a denunciar comercios que infrinjan los horarios de venta o suministren alcohol a menores, algo que puede realizarse a través de la app Centinela.

También recordaron que el consumo precoz de alcohol representa un riesgo para la salud y la integridad de los adolescentes.

La jornada del miércoles comenzó con una situación de incertidumbre para una pequeña de 9 años y alumna de la Escuela 1 que, ajena a las novedades del calendario escolar, cumplió con su rutina habitual. Sin embargo, lo que fue en principio una mañana complicada para la niña, se solucionó tras un gesto solidario de parte de dos funcionarios del Municipio.

El hecho se originó porque la niña ya se encontraba descansando cuando se notificó la suspensión de las clases. Su hermana mayor debía darle aviso por la mañana, pero el recado nunca llegó, lo que derivó en que la menor se despertara y se trasladara sola hasta la institución educativa como todos los días.

Al arribar a las puertas de la escuela, la pequeña se encontró con el edificio completamente cerrado, lo que le provocó un inmediato momento de angustia. Sin un teléfono celular para solicitar ayuda y desorientada ante la situación, optó por sentarse en un banco de la Plaza Independencia. Allí fue divisada por uno de los cuidadores del espacio público, quien, al notar su estado de vulnerabilidad, intervino de inmediato y le sugirió que se dirigiera a la Municipalidad de Tandil para buscar resguardo.

En el Palacio Municipal fue recibida por Matías Martínez –director de Ceremonial y Protocolo- a quien inicialmente le costó entablar un diálogo fluido con la niña debido al lógico susto que ella atravesaba. El funcionario intentó comunicarse telefónicamente con la madre de la alumna en reiteradas oportunidades, pero no logró establecer la conexión. Ante la imposibilidad de contactar a los tutores y la urgencia de llevar tranquilidad a la menor, se decidió organizar el traslado por cuenta propia.

Martínez, en su auto particular y acompañado por Alina, secretaria de la también funcionaria Guillermina Cadona, dispusieron el regreso de la niña hacia su domicilio. Durante el trayecto, la tensión inicial se transformó en gratitud. Según relataron los protagonistas, la pequeña se mostró sumamente agradecida por no haber sido dejada a su suerte en un momento de soledad y desconcierto en pleno centro tandilense.

La historia, que comenzó con una desinteligencia doméstica, concluyó con un gesto cargado de ternura que conmovió a los trabajadores municipales. Al llegar a su casa en el barrio La Movediza y descender del vehículo para reencontrarse con su familia, la niña se despidió con una frase que sintetizó el vínculo de confianza generado en pocos minutos: “Chau, tío Mati”. El episodio abrió también el debate sobre los horarios de aviso de la suspensión de clases, que muchas familias de la ciudad reciben cuando ya no pueden disponer de otra organización para el traslado o el cuidado de los niños.

El Municipio de Tandil adjudicó la licitación privada para la compra de losetas graníticas destinadas a obras de veredas en la Avenida Colón.

La medida fue formalizada a través del Decreto Nº 799/2026, firmado por el intendente Miguel Lunghi, mediante el cual se resolvió adjudicar la Licitación Privada Nº 04-02-26 a la firma Menchon Daniel por un monto total de 39.918.500 pesos.

El proceso licitatorio había sido convocado previamente con un presupuesto oficial de 44.812.250 pesos y contemplaba la adquisición de losetas graníticas para la ejecución de veredas en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con lo informado en el expediente administrativo, se invitó a cotizar a nueve proveedores del rubro, aunque finalmente se presentaron tres ofertas en el acto de apertura realizado el 24 de febrero.

Tras evaluar las propuestas, la Dirección de Compras y Suministros recomendó adjudicar la contratación a la oferta de menor valor presentada, al considerarla conveniente para los intereses municipales.

En el trámite también tomaron intervención la Dirección de Compras y Suministros, la Contaduría General, la Dirección de Presupuesto y la Secretaría de Economía y Administración, que participaron en el análisis técnico y administrativo del proceso.