El Municipio enfrenta una reducción del 4 por ciento en su coeficiente de distribución de coparticipación provincial, lo que se traduce en una pérdida de fondos para el ejercicio actual, afectando la planificación de obras y servicios locales.

La noticia fue confirmada por Raúl Moyano, secretario de Economía, en el marco de Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, donde se detalló el impacto financiero que tendrá esta merma en los recursos que el distrito recibe por parte de la Provincia. La disminución del coeficiente de distribución, que pasó del 1,05 al 1,01, representa una cifra significativa para el presupuesto municipal.

Según explicó el funcionario, el cálculo de la coparticipación se basa en diversos atributos, como la superficie del partido y la población estimada tras el último censo. Sin embargo, uno de los factores determinantes es la capacidad tributaria local. En este sentido, el mecanismo actúa como un sistema redistributivo donde aquellos municipios que logran una mayor recaudación propia a través de sus contribuciones locales sufren una reducción en los fondos coparticipables, lo que fue calificado como una penalización por la eficiencia en la recaudación.

Otro de los pilares que inciden en el cálculo es el sistema de salud. El esquema actual de distribución prioriza indicadores como la cantidad de camas de internación y el porcentaje de ocupación, lo que, según se advirtió, desincentiva las políticas de prevención y atención primaria.

"Nosotros tenemos una red bastante grande, tenemos 14 centros de salud y un mecanismo de seguimiento, diagnóstico y entrega de medicamentos para evitar complicaciones ulteriores", se señaló durante la entrevista. No obstante, el modelo de cálculo no reconoce estas inversiones en prevención, sino que premia la mayor capacidad de internación, un enfoque que el gobierno municipal no está dispuesto a modificar, manteniendo la salud como uno de sus ejes fundamentales de gestión.

Para dimensionar el impacto de los 1800 millones de pesos perdidos, Moyano ejemplificó con una equivalencia directa con la infraestructura urbana: esa cifra representa el costo de aproximadamente 24 cuadras de hormigón. Ante este escenario, el Municipio ha tenido que implementar medidas de austeridad, incluyendo la supresión de algunos eventos y recortes en horas extras, buscando siempre que el estándar de los servicios esenciales no se vea resentido.

A pesar de la restricción presupuestaria, se confirmó la continuidad de proyectos estratégicos. En los próximos días se reiniciarán las obras de los consultorios externos en calle Pellegrini, un proyecto iniciado en 2022 con financiamiento nacional que fue suspendido a fines de 2023. El Municipio decidió retomar los trabajos con recursos propios, con una inversión estimada en 600 millones de pesos y un plazo de finalización de ocho meses.

En cuanto a la recaudación propia, se informó que, tras una caída del 10 por ciento en la cobrabilidad instantánea durante el segundo semestre del año pasado, se ha registrado una recuperación de tres puntos en lo que va de 2026. Si bien no se han alcanzado los niveles históricos, la situación permite sostener el funcionamiento del distrito, aunque con una planificación más ajustada.

Finalmente, se hizo referencia a la necesidad de una reforma en la ley de coparticipación provincial. Actualmente, los municipios reciben el 16,14 por ciento de lo recaudado por la Provincia, y existen proyectos en la Cámara de Senadores bonaerense que buscan elevar este porcentaje gradualmente hasta el 20 por ciento. 

Mientras tanto, Tandil continúa gestionando sus recursos con prudencia, enfrentando un contexto donde la retracción del consumo y la baja en el coeficiente de distribución obligan a priorizar las inversiones más urgentes para la comunidad.

El Departamento Ejecutivo autorizó el pago de una indemnización de 380.314,12 pesos a favor de un vecino de Tandil por los daños sufridos en su automóvil como consecuencia del impacto de un objeto despedido por una cortadora de pasto utilizada por personal de la Dirección General de Espacios Verdes Públicos.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 2108/2026, firmado el 30 de junio por el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Servicios Públicos, Claudio Marcelo Fuentes.

Según se desprende de la norma, el reclamo administrativo fue presentado por  un vecino propietario de una Ford EcoSport 1.6 XLS,  quien solicitó el resarcimiento por los daños ocasionados durante la realización de tareas de mantenimiento de espacios verdes.

En los considerandos del decreto se indicó que el expediente incluyó un informe elaborado por la Dirección General de Espacios Verdes Públicos y otro de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, los cuales analizaron las circunstancias del hecho y las actuaciones desarrolladas posteriormente.

El Ejecutivo sostuvo además que existió una "manifiesta predisposición del Municipio de Tandil para colaborar con el propietario del vehículo dañado", lo que derivó en la celebración de un convenio de compensación entre las partes.

El monto fue fijado según presupuestos de reparación

Durante la tramitación del expediente intervino la Dirección de Compras y Suministros, que evaluó los presupuestos presentados para reparar el vehículo.

De acuerdo con el decreto, el organismo concluyó que los valores se ajustaban a los precios de mercado existentes al momento del inicio del expediente y que se correspondían con los daños ocasionados, fijando el resarcimiento en 380.314,12 pesos.

Ese importe fue reconocido como indemnización "única, total y definitiva" por los perjuicios sufridos por el vehículo.

La indemnización no será cobrada en efectivo

Sin embargo, el dinero no será percibido directamente por el damnificado.

El decreto precisó que el 17 de junio ambas partes firmaron un Convenio de Compensación, mediante el cual se acordó aplicar la totalidad del monto reconocido a cancelar parte de las obligaciones tributarias que el vecino mantiene con la Municipalidad.

Previamente, la Dirección de Rentas y Finanzas informó que el vecino registraba una deuda total de 1.465.010,55 pesos, correspondiente a distintos conceptos.

Entre ellos figuran tasas municipales  de dos inmuebles y patentes automotor correspondientes a tres dominios distintos y obligaciones por Derechos Municipales.

De acuerdo con el convenio aprobado por el Ejecutivo, los 380.314,12 pesos serán imputados prioritariamente a la deuda por tasas municipales correspondiente a uno de los inmuebles. Solo si existiera un remanente dentro del monto reconocido, éste será aplicado a la deuda al otro inmueble.

Reconocimiento de responsabilidad

En su parte resolutiva, el decreto autorizó a la Contaduría General a emitir la correspondiente orden de pago por el monto establecido, aunque simultáneamente dispuso que esa suma sea utilizada como compensación de las deudas tributarias del contribuyente, conforme a lo acordado entre las partes.

De esta manera, el Municipio reconoció administrativamente la responsabilidad por los daños ocasionados al vehículo durante la realización de trabajos de mantenimiento de espacios verdes, evitando la continuidad del reclamo por la vía judicial mediante un acuerdo de compensación aceptado por ambas partes.

El Departamento Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 2109/2026, mediante el cual introdujo una serie de modificaciones a la reglamentación del régimen de Cocinas Domiciliarias (CODO), vigente desde 2021, con el objetivo de optimizar su funcionamiento, precisar procedimientos administrativos y adecuar la normativa a la experiencia recogida durante más de cuatro años de implementación.

La medida modificó distintos artículos del Decreto Nº 4152/2021, reglamentario de la Ordenanza Nº 17.060, que regula la elaboración y comercialización de alimentos caseros en domicilios particulares dentro del partido de Tandil.

En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que el crecimiento de los emprendimientos familiares vinculados a la producción de alimentos, impulsado tanto por la necesidad de generar ingresos como por nuevas modalidades de comercialización, hizo necesario actualizar la normativa para acompañar esos procesos sin descuidar los controles sanitarios.

El decreto señaló que muchas familias encontraron en la elaboración de alimentos una alternativa concreta de autoempleo frente a la inestabilidad laboral y la caída de los ingresos, por lo que consideró que el Estado municipal debe ofrecer herramientas que faciliten la formalización de esos emprendimientos y promuevan el desarrollo productivo local.

Dos autoridades con funciones diferenciadas

Uno de los principales cambios estableció con mayor precisión las responsabilidades de las áreas municipales involucradas.

La Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación quedó formalmente designada como autoridad de aplicación en todo lo referido al registro, acompañamiento, promoción y evaluación socio-productiva de los emprendimientos.

En tanto, la Dirección de Bromatología y Zoonosis mantendrá la responsabilidad técnica sobre las evaluaciones sanitarias, inspecciones, controles, habilitaciones y seguimiento de las condiciones de elaboración, conforme al Código Alimentario Argentino y la normativa vigente.

Nuevo procedimiento para obtener la habilitación

La reglamentación también reorganizó el trámite que deberán realizar quienes quieran incorporarse al régimen CODO.

Los interesados deberán iniciar el expediente en la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, donde serán registrados como emprendedores y participarán de una entrevista inicial destinada a relevar información sobre la actividad, el tipo de productos que elaborarán, la escala de producción y la modalidad de comercialización.

Solo una vez superada esa instancia serán derivados a Bromatología para solicitar la primera inspección del domicilio.

El decreto aclaró expresamente que la inscripción inicial y la entrevista no habilitan a elaborar ni vender alimentos. La autorización recién se otorgará después de que Bromatología verifique las condiciones higiénico-sanitarias del lugar y emita el permiso municipal correspondiente.

Asimismo, se estableció un procedimiento para corregir observaciones o documentación faltante antes de realizar la inspección definitiva y se previó la posibilidad de otorgar plazos para realizar adecuaciones edilicias o sanitarias cuando sean necesarias.

Más productos autorizados

Otro de los cambios más relevantes fue la actualización del listado de alimentos que podrán producirse bajo el régimen de Cocinas Domiciliarias.

Entre los productos habilitados se encuentran:

* dulces, mermeladas, jaleas y almíbares;

* chocolates, bombones de fruta, turrones y garrapiñadas;

* panificados, galletitas, bizcochos, alfajores, tortas fritas, buñuelos y churros;

* encurtidos, chutney y chimichurri;

* barras de cereal;

* frutas y verduras deshidratadas;

* fraccionamiento de frutos secos, cereales, legumbres y condimentos (con excepción del pimentón);

* pastas frescas no rellenas;

* tapas para empanadas y tartas;

* panqueques y prepizzas;

* aderezos;

* medallones veganos y milanesas de soja sin relleno;

* pasta de maní;

* té y blends;

* ensaladas de frutas, ensaladas de verduras frescas y sopas, siempre que la autoridad bromatológica considere que reúnen las condiciones sanitarias correspondientes.

En cambio, continuaron excluidos del régimen la elaboración de bebidas alcohólicas, licores, empanadas y cualquier otra preparación rellena que no resulte compatible con las condiciones previstas para las cocinas domiciliarias.

Además, la Dirección de Bromatología conservará la facultad de rechazar productos cuya elaboración considere incompatible con este tipo de habilitación.

Beneficios para nuevos emprendedores

La modificación también incorporó un incentivo económico para quienes ingresen por primera vez al régimen.

Los nuevos emprendimientos estarán exentos, por única vez, del pago de hasta cinco análisis bromatológicos correspondientes a los primeros productos que presenten para evaluación.

La exención será únicamente para la incorporación inicial. A partir de nuevos productos, renovaciones o análisis adicionales, los costos deberán abonarse de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente.

Formalización e inclusión productiva

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo remarcó que las Cocinas Domiciliarias constituyen una herramienta de inclusión productiva y una instancia de transición hacia mayores niveles de formalización para pequeños emprendedores.

También destacó que el régimen no reemplaza a las salas comunitarias de elaboración de alimentos ni a los establecimientos bromatológicamente habilitados, sino que complementa el esquema municipal de promoción de la producción local, diferenciando las distintas escalas de elaboración.

La norma lleva las firmas del secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, Diego Gabriel Martín; de la presidenta del Sistema Integrado de Salud Pública, Cecilia Martens; y del intendente Miguel Lunghi.

Mediante el Decreto Nº 2006/2026, el Departamento Ejecutivo dispuso un esquema especial de funcionamiento para la administración comunal con motivo de la participación de la Selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026.

La normativa, fechada el 19 de junio, autorizó al personal municipal de la Administración Central y del Sistema Integrado de Salud Pública a retirarse de sus puestos de trabajo a las 13.30 y a reincorporarse a las 16.30 del lunes 22 de junio, horario en el que se disputó el encuentro correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo fundamentó la decisión en la relevancia social y cultural que tiene el fútbol en el país y en el interés general que despiertan los encuentros de la Selección nacional.

El texto destacó que el deporte constituye una herramienta de integración comunitaria y señaló que el Mundial representa un acontecimiento que reúne a millones de personas alrededor de un mismo evento. Asimismo, remarcó que cada presentación del seleccionado argentino genera un amplio interés popular y suele convertirse en una ocasión de encuentro entre familiares y amigos.

En ese marco, se consideró oportuno contemplar una modificación temporal en la jornada laboral de los trabajadores municipales para facilitar el seguimiento del partido, otorgando un margen razonable para los traslados entre los domicilios y los lugares de trabajo.

La medida no alcanzó a todas las áreas de la administración pública local. El decreto estableció expresamente que debían mantenerse las guardias, emergencias y prestaciones consideradas esenciales o impostergables.

Entre los sectores exceptuados se incluyeron las guardias y servicios del Sistema Integrado de Salud Pública, la Dirección de Monitoreo municipal, las guardias de Obras Sanitarias y todas aquellas dependencias cuyas actividades no pudieran interrumpirse, diferirse o reducirse sin afectar la normal prestación de los servicios públicos.

De este modo, mientras gran parte de los empleados municipales contó con una ventana horaria para seguir el partido de la Selección argentina, el Municipio garantizó la continuidad de las prestaciones consideradas críticas para la comunidad.

El decreto fue refrendado por la Secretaría de Gobierno y comunicado a todas las dependencias del Departamento Ejecutivo y del Sistema Integrado de Salud Pública para su implementación.

El Municipio de Tandil rechazó el reclamo administrativo presentado por una vecina, quien había solicitado una compensación por los daños sufridos por su automóvil tras la caída de un poste de madera mientras se encontraba estacionado sobre la vereda de calle Lavalle al 600 , entre Mosconi y Sáenz Peña.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto Nº 1900/2026, firmado por Miguel Lunghi, y se fundamentó en que el elemento involucrado forma parte de la infraestructura destinada a la prestación de servicios de telefonía y, por lo tanto, se encuentra fuera de la órbita de control y mantenimiento del Municipio.

De acuerdo con la presentación realizada por la vecina, el hecho ocurrió el 26 de abril de 2026 y afectó a un Ford Ka. A partir del reclamo, la Secretaría Legal y Técnica analizó las circunstancias del caso y concluyó que no existían elementos que permitieran atribuir responsabilidad patrimonial a la administración comunal.

En los considerandos del decreto se señaló que, para que prospere una demanda indemnizatoria, es necesario acreditar no sólo la existencia del daño sino también la presencia de una acción u omisión imputable al Estado y una relación causal entre esa conducta y el perjuicio denunciado.

Sin embargo, del análisis de las actuaciones surgió que el poste caído pertenecía a la infraestructura utilizada por una empresa prestadora de servicios de telefonía, sobre la cual recaen las obligaciones de instalación, inspección, conservación y adopción de las medidas de seguridad necesarias para evitar daños a terceros.

En consecuencia, el Ejecutivo entendió que el eventual origen del daño se encontraba vinculado con bienes pertenecientes a un tercero ajeno a la estructura municipal, lo que excluía la posibilidad de responsabilizar al Estado local.

Con esos argumentos, la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos recomendó rechazar el pedido de resarcimiento, criterio que fue compartido por la administración comunal.

De esta manera, el reclamo iniciado por la vecina quedó desestimado y el expediente será archivado, mientras que la resolución deja abierta la posibilidad de que la damnificada impulse eventuales acciones contra la empresa responsable de la infraestructura involucrada en el incidente.

El Municipio de Tandil rechazó el recurso de reconsideración presentado por la empresa Vialerg S.A. y ratificó la rescisión del contrato derivado de una licitación pública para la adquisición de equipamiento destinado al mantenimiento vial urbano y de desagües pluviales. Además, confirmó la ejecución de las garantías constituidas por la firma, en proporción al monto adjudicado.

La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 1805/2026, firmado por el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse.

El conflicto se originó en la Licitación Pública Nº 08-01-2025, convocada para adquirir un camión desobstructor, una manguera termoplástica y un equipo desobstructor sobre acoplado. En junio del año pasado se presentaron cinco oferentes y posteriormente Vialerg S.A. resultó adjudicataria del ítem correspondiente a una manguera termoplástica de una pulgada y 152 metros de longitud.

La adjudicación se formalizó en julio de 2025 y el pliego establecía un plazo de 45 días para la entrega del insumo. Sin embargo, vencido ese período, la Dirección de Compras y Suministros intimó en dos oportunidades a la empresa ante la falta de cumplimiento.

En septiembre, la firma argumentó que la variación del tipo de cambio había provocado un incremento del 25 por ciento en el valor del producto y solicitó una actualización del precio. El pedido fue rechazado por la Secretaría Legal y Técnica, que recomendó exigir el cumplimiento de la entrega bajo apercibimiento de rescindir el contrato.

Posteriormente, y luego de nuevas intimaciones, Vialerg sostuvo que la manguera ofrecida era incompatible con el equipo desobstructor adquirido por la Municipalidad a otro proveedor, señalando que el producto había sido diseñado para equipos comercializados por la propia empresa.

No obstante, la Dirección General de Vialidad indicó que las especificaciones requeridas por el pliego eran claras y que todas las ofertas presentadas cumplían con las dimensiones exigidas. Asimismo, señaló que la empresa nunca había advertido sobre esa eventual incompatibilidad durante el proceso licitatorio ni al momento de aceptar la adjudicación.

Con esos antecedentes, en diciembre de 2025 el Ejecutivo dispuso la rescisión del contrato y la ejecución de las garantías de mantenimiento de oferta y cumplimiento contractual. Frente a esa medida, Vialerg presentó un recurso de reconsideración en enero de este año, en el que invocó circunstancias excepcionales del mercado, aseguró haber actuado de buena fe y pidió atenuar las consecuencias de la rescisión.

Sin embargo, el Municipio consideró que la empresa no aportó elementos nuevos que desvirtuaran los fundamentos del decreto original y sostuvo que la incompatibilidad técnica fue planteada recién después del rechazo al pedido de actualización de precios y frente a las intimaciones de cumplimiento.

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo remarcó que las reglas de las contrataciones públicas impiden modificar las ofertas una vez presentadas y destacó que Vialerg tuvo oportunidad de desistir durante las renovaciones automáticas del mantenimiento de oferta, sin formular objeciones ni reservas.

Asimismo, sostuvo que los principios de buena fe y colaboración invocados por la empresa exigen una conducta diligente desde el inicio del procedimiento y que no pueden ser utilizados para justificar el incumplimiento de obligaciones asumidas.

De esta manera, el Municipio confirmó la rescisión contractual y dispuso ejecutar la póliza de seguro de caución emitida como garantía, agotando además la vía administrativa al tratarse de una decisión adoptada por la máxima autoridad municipal.

Mediante el Decreto Nº 1613/2026, el Municipio de Tandil autorizó el pago de una indemnización a una vecina por los daños sufridos en su vehículo a raíz de un incidente ocurrido durante trabajos realizados por la Dirección General de Espacios Verdes Públicos.

Según se consignó en el expediente administrativo, la ventanilla lateral delantera izquierda de un Peugeot 207,  resultó dañada por el impacto de un elemento despedido por una cortadora de pasto utilizada por personal municipal.

En el marco de la actuación, la Dirección General de Espacios Verdes Públicos informó las diligencias realizadas tras el hecho y dejó constancia de la predisposición del Municipio para colaborar con la propietaria del automóvil.

Posteriormente, la Dirección de Compras y Suministros evaluó los presupuestos presentados para la reparación y determinó que el monto correspondiente al daño ascendía a 186.113,40 pesos, valor que consideró acorde a los precios de mercado vigentes al inicio del expediente.

Sin embargo, la Dirección de Rentas y Finanzas informó que la damnificada registraba una deuda de patente vinculada al mismo vehículo por un total de 87.235,91 pesos.

A partir de esa situación, ambas partes suscribieron un Convenio de Compensación el 27 de abril de 2026. Allí se estableció que del monto reconocido por los daños se descontaría la deuda tributaria existente, por lo que la suma final a percibir por la vecina quedó fijada en 98.877,49 pesos.

El decreto firmado por Miguel Lunghi y refrendado por el secretario de Servicios Públicos, Claudio Fuentes, autorizó a la Contaduría General a emitir la orden de pago correspondiente y dispuso la imputación presupuestaria de la erogación.

El Municipio de Tandil rechazó un reclamo administrativo iniciado por una vecina, quien había solicitado una compensación económica por los daños sufridos en su vehículo Volkswagen Up!, luego de un presunto impacto con una boca de tormenta ubicada sobre Garibaldi al 1600.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Nº 1489/2026, fechado el 13 de mayo, donde el Ejecutivo comunal concluyó que no se encontraban acreditados los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado municipal.

Según surgió del expediente administrativo, la conductora denunció que el episodio ocurrió el 27 de noviembre de 2025 y sostuvo que la boca de tormenta se encontraba deteriorada o rota.

Sin embargo, en los considerandos del decreto, el Municipio señaló que, aun cuando pudiera acreditarse la existencia de daños, también debía demostrarse de manera fehaciente la relación causal entre el hecho denunciado y la responsabilidad estatal.

Además, el Ejecutivo citó normativa nacional y provincial de tránsito vinculada a las maniobras de estacionamiento en la vía pública, que establece la obligación de maniobrar sin invadir la acera y mantener una distancia aproximada de 20 centímetros respecto del cordón.

En ese sentido, el Gobierno local consideró que existió “un aporte causal de la propia damnificada en la producción del perjuicio”, lo que, según indicó, interrumpió la relación causal entre el daño y el accionar municipal.

De acuerdo con un informe elaborado por la Dirección General de Vialidad, la boca de tormenta efectivamente presentaba deterioro y faltantes en su estructura de hormigón armado, aunque aclaró que “no sobresalía del cordón cuneta”.

A partir de esa evaluación técnica, el Municipio concluyó que “la única forma” de que se produjera el siniestro denunciado era mediante “una maniobra incorrecta” efectuada por la conductora, en infracción a la normativa de tránsito vigente.

Finalmente, tras la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos, el Ejecutivo resolvió desestimar el reclamo indemnizatorio y archivar las actuaciones.

El Honorable Concejo Deliberante de Tandil sancionó la Ordenanza Nº 19.269 mediante la cual se aceptó e incorporó al patrimonio municipal el Mástil del Bicentenario y la escultura del Argentinosaurus, ambos emplazados en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo a la normativa, el Mástil del Bicentenario se encuentra ubicado en el Parque Independencia, mientras que el Argentinosaurus está instalado en otro sector urbano. Ambos fueron recibidos en carácter de donación por parte de las firmas Distribuidora Gamma y Vialmani S.A., representadas por Marcelo Alonso y el ingeniero David Arian, respectivamente.

La medida se enmarca en lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades, que regula la incorporación de bienes al patrimonio público a través de donaciones.

La ordenanza fue firmada por el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y el secretario del cuerpo, Diego Palavecino, y remitida al Departamento Ejecutivo para su implementación.

Mediante el Decreto Nº 1218/2026, el intendente Miguel Lunghi dispuso desestimar el reclamo administrativo presentado por un vecino, quien había solicitado la cobertura de los daños sufridos en su vehículo tras la caída de una rama de gran tamaño mientras se encontraba estacionado en Alem al 24.

El hecho, según la presentación, ocurrió el 16 de noviembre de 2025 alrededor de las 12.45. Sin embargo, tras analizar las actuaciones, el Ejecutivo concluyó que no se verificaron los requisitos necesarios para atribuir responsabilidad patrimonial al Estado municipal.

Entre los fundamentos, se indicó que si bien el reclamante aportó documentación que daría cuenta del daño, no se logró acreditar un nexo causal directo entre el hecho y una acción u omisión imputable a la administración. En esa línea, se destacó que la caída de la rama estuvo vinculada a un fenómeno climático de magnitud.

De acuerdo a informes del Servicio Meteorológico Nacional, ese día se registraron vientos intensos con ráfagas que alcanzaron entre 75 y 88 km/h, en el marco de múltiples alertas amarillas emitidas para la región entre el 14 y el 16 de noviembre. Asimismo, desde el área de Espacios Verdes Públicos se señaló que no existían denuncias previas sobre el estado del arbolado en el lugar.

El decreto también ponderó la difusión pública de las alertas meteorológicas y consideró que el hecho de haber dejado el vehículo estacionado en un sector arbolado durante esas condiciones implicó la asunción de un riesgo previsible por parte del propio damnificado.

En ese contexto, el Municipio encuadró lo ocurrido como un caso fortuito o de fuerza mayor, lo que interrumpe el nexo de causalidad necesario para imputar responsabilidad al Estado. A ello se sumó que el arbolado urbano, según la normativa vigente, es responsabilidad de los frentistas, y que el siniestro fue parcialmente cubierto por la compañía aseguradora del reclamante.

Finalmente, con intervención de la Secretaría Legal y Técnica, se resolvió rechazar el pedido indemnizatorio y disponer el archivo de las actuaciones.

El Municipio de Tandil dispuso la suspensión preventiva de dos agentes de la Dirección General de Obras Sanitarias, en el marco de un sumario administrativo iniciado para investigar presuntas irregularidades en el área.

La decisión fue formalizada a través del Decreto Nº 1103/2026, firmado por Miguel Lunghi, y alcanza a dos trabajadores que se desempeñaban en la Gerencia Técnica del organismo.

Según se desprende del expediente, ambos agentes intervenían en tareas clave dentro del circuito administrativo, como el control, revisión técnica y visado de planos e instalaciones sanitarias, incluyendo plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Su función también abarcaba instancias de inspección y aprobación de obras.

En ese contexto, y ante la posibilidad de que su permanencia en dichos roles pudiera afectar el normal desarrollo de la investigación, se resolvió aplicar la suspensión preventiva y su reubicación en funciones que no impliquen intervención en los expedientes bajo análisis.

La medida se adoptó en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N° 14.656, que regula el empleo público municipal, y que habilita este tipo de decisiones cuando existen elementos que podrían entorpecer un proceso disciplinario en curso.

El decreto fija que la suspensión tendrá el plazo máximo previsto por la normativa vigente —hasta 60 días— y aclara que se trata de una medida precautoria, que no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad de los trabajadores involucrados.

Asimismo, se facultó al Director General de Obras Sanitarias a determinar la reubicación concreta de los agentes, de acuerdo a las necesidades operativas del área.

En las actuaciones intervino la Dirección de Asuntos Jurídicos Administrativos del Municipio, que avaló el dictado de la medida, mientras que el sumario continuará su curso para esclarecer los hechos denunciados.

La Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Tandil recordó cuáles son los requisitos que deben cumplir los comercios habilitados para la venta de bebidas alcohólicas, con el objetivo de promover el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer las pautas de convivencia en la ciudad.

Desde el área indicaron que los establecimientos que comercialicen este tipo de productos deben contar con la habilitación municipal correspondiente y con la licencia del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) vigente. Además, la normativa establece restricciones específicas respecto a los horarios de venta y la prohibición absoluta de expendio a menores de edad.

En ese sentido, se recordó que la Ley Provincial 14.050 prohíbe la venta de bebidas alcohólicas entre las 23 y las 8 horas, y establece que está estrictamente prohibido vender, suministrar o facilitar alcohol a personas menores de 18 años.

Asimismo, los comerciantes tienen la obligación de exigir el Documento Nacional de Identidad cuando exista duda sobre la edad del comprador, con el fin de verificar que la persona sea mayor de edad.

Este recordatorio se da en el marco de los operativos de control que el Municipio realiza de manera conjunta con la Policía Departamental de Seguridad, el programa Centinela en Territorio y el área de Inspección y Habilitaciones. Durante recientes inspecciones se detectaron infracciones que derivaron en la clausura de cuatro comercios.

Desde la Secretaría de Prevención Ciudadana señalaron que estos controles continuarán desarrollándose de manera periódica y remarcaron que el cumplimiento de la normativa es fundamental para evitar sanciones, multas y clausuras.

A su vez, destacaron la importancia de la prevención ciudadana e instaron a los vecinos a denunciar comercios que infrinjan los horarios de venta o suministren alcohol a menores, algo que puede realizarse a través de la app Centinela.

También recordaron que el consumo precoz de alcohol representa un riesgo para la salud y la integridad de los adolescentes.

La jornada del miércoles comenzó con una situación de incertidumbre para una pequeña de 9 años y alumna de la Escuela 1 que, ajena a las novedades del calendario escolar, cumplió con su rutina habitual. Sin embargo, lo que fue en principio una mañana complicada para la niña, se solucionó tras un gesto solidario de parte de dos funcionarios del Municipio.

El hecho se originó porque la niña ya se encontraba descansando cuando se notificó la suspensión de las clases. Su hermana mayor debía darle aviso por la mañana, pero el recado nunca llegó, lo que derivó en que la menor se despertara y se trasladara sola hasta la institución educativa como todos los días.

Al arribar a las puertas de la escuela, la pequeña se encontró con el edificio completamente cerrado, lo que le provocó un inmediato momento de angustia. Sin un teléfono celular para solicitar ayuda y desorientada ante la situación, optó por sentarse en un banco de la Plaza Independencia. Allí fue divisada por uno de los cuidadores del espacio público, quien, al notar su estado de vulnerabilidad, intervino de inmediato y le sugirió que se dirigiera a la Municipalidad de Tandil para buscar resguardo.

En el Palacio Municipal fue recibida por Matías Martínez –director de Ceremonial y Protocolo- a quien inicialmente le costó entablar un diálogo fluido con la niña debido al lógico susto que ella atravesaba. El funcionario intentó comunicarse telefónicamente con la madre de la alumna en reiteradas oportunidades, pero no logró establecer la conexión. Ante la imposibilidad de contactar a los tutores y la urgencia de llevar tranquilidad a la menor, se decidió organizar el traslado por cuenta propia.

Martínez, en su auto particular y acompañado por Alina, secretaria de la también funcionaria Guillermina Cadona, dispusieron el regreso de la niña hacia su domicilio. Durante el trayecto, la tensión inicial se transformó en gratitud. Según relataron los protagonistas, la pequeña se mostró sumamente agradecida por no haber sido dejada a su suerte en un momento de soledad y desconcierto en pleno centro tandilense.

La historia, que comenzó con una desinteligencia doméstica, concluyó con un gesto cargado de ternura que conmovió a los trabajadores municipales. Al llegar a su casa en el barrio La Movediza y descender del vehículo para reencontrarse con su familia, la niña se despidió con una frase que sintetizó el vínculo de confianza generado en pocos minutos: “Chau, tío Mati”. El episodio abrió también el debate sobre los horarios de aviso de la suspensión de clases, que muchas familias de la ciudad reciben cuando ya no pueden disponer de otra organización para el traslado o el cuidado de los niños.

El Municipio de Tandil adjudicó la licitación privada para la compra de losetas graníticas destinadas a obras de veredas en la Avenida Colón.

La medida fue formalizada a través del Decreto Nº 799/2026, firmado por el intendente Miguel Lunghi, mediante el cual se resolvió adjudicar la Licitación Privada Nº 04-02-26 a la firma Menchon Daniel por un monto total de 39.918.500 pesos.

El proceso licitatorio había sido convocado previamente con un presupuesto oficial de 44.812.250 pesos y contemplaba la adquisición de losetas graníticas para la ejecución de veredas en ese sector de la ciudad.

De acuerdo con lo informado en el expediente administrativo, se invitó a cotizar a nueve proveedores del rubro, aunque finalmente se presentaron tres ofertas en el acto de apertura realizado el 24 de febrero.

Tras evaluar las propuestas, la Dirección de Compras y Suministros recomendó adjudicar la contratación a la oferta de menor valor presentada, al considerarla conveniente para los intereses municipales.

En el trámite también tomaron intervención la Dirección de Compras y Suministros, la Contaduría General, la Dirección de Presupuesto y la Secretaría de Economía y Administración, que participaron en el análisis técnico y administrativo del proceso.

El Municipio de Tandil realizó gestiones formales ante las obras sociales PAMI e IOMA para solicitar la regularización de las deudas que mantienen con el Centro de Día Manos Abiertas, una institución fundamental en la atención y acompañamiento de personas con discapacidad en la ciudad.

A través de notas enviadas a ambas entidades, desde la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y la Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores se expresó la profunda preocupación por la situación que atraviesa la institución, producto de atrasos en los pagos, generando dificultades en los circuitos administrativos que afectan su normal funcionamiento.

En el caso de IOMA, se planteó que a la fecha se registran pagos pendientes correspondientes a los meses de diciembre de 2025 y enero y febrero de 2026, además de un desfasaje arancelario que impacta en la sostenibilidad de las prestaciones. Asimismo, se advirtió que la interrupción de giros durante diciembre generó retrasos en el pago de salarios y aguinaldos del personal .

Por su parte, en la nota dirigida a PAMI se solicitó la cancelación de deudas correspondientes a diciembre de 2025 y enero de 2026, y se expuso además la problemática vinculada a la falta de cobertura del servicio de transporte para afiliados, situación que dificulta la asistencia regular de los concurrentes al Centro de Día .

Desde el Municipio se remarcó el rol esencial que cumple Manos Abiertas en la comunidad, no solo en términos de atención y contención, sino también como espacio de inclusión y garantía de derechos para personas con discapacidad y adultos mayores.

En ese sentido, se solicitó a ambas obras sociales la pronta regularización de los pagos adeudados, la normalización de los circuitos administrativos y la actualización de los valores arancelarios, con el objetivo de asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones.

Acompañamiento del Municipio

En paralelo a estas gestiones, el Municipio viene sosteniendo distintas acciones de acompañamiento a la institución. Entre ellas, se destaca la asignación de un subsidio mensual de $750.000 por un período de seis meses, destinado a contribuir al sostenimiento de sus actividades, en el marco de políticas públicas orientadas a garantizar derechos y fortalecer a las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad .

Asimismo, se continúa con el aporte económico previsto por ordenanza y el acompañamiento a través de propuestas educativas y terapéuticas, como talleres de expresión corporal y danza inclusiva.

Desde el gobierno local reafirmaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con instituciones de la comunidad y garantizar las condiciones necesarias para que puedan continuar desarrollando su tarea.

El Municipio de Tandil adjudicó el servicio de vigilancia del Palacio Municipal a la Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda. por un monto total de 20.006.000 pesos, de acuerdo con lo establecido en el decreto Nº 741/2026 firmado el 7 de marzo.

La contratación se tramitó a través del Concurso de Precios Nº 19-03-26, destinado a cubrir el servicio de seguridad en el edificio de la sede comunal. Según se detalló en el expediente, la Dirección de Compras y Suministros cursó invitaciones a ocho proveedores vinculados al rubro.

Sin embargo, al momento de la apertura de sobres, realizada el 18 de febrero de 2026, solo se registró una propuesta formal. La única oferta presentada correspondió a la Cooperativa de Trabajo Solucionar Ltda.

Tras el análisis administrativo del proceso, el área de Compras y Suministros recomendó adjudicar el servicio a esa firma al considerar que el monto ofertado resultaba “razonable” para la prestación solicitada.

El procedimiento reflejó una situación que se repite con frecuencia en distintos concursos de precios municipales: pese a la convocatoria a varios proveedores, la competencia efectiva termina siendo limitada.

En este caso, la invitación se extendió a ocho empresas o entidades del rubro de seguridad, pero finalmente solo una formalizó una propuesta económica.

Ante ese escenario, la Dirección de Compras evaluó la oferta disponible y concluyó que cumplía con los requisitos establecidos en el pliego y que el valor cotizado se ajustaba a parámetros considerados aceptables para el servicio requerido.

Antes de formalizar la adjudicación, el expediente fue revisado por la Secretaría de Economía y Administración, que intervino a través de la Contaduría General y la Dirección de Presupuesto.

Ambas áreas analizaron la disponibilidad de partidas y la imputación presupuestaria correspondiente para afrontar el gasto derivado de la contratación.

Con esas intervenciones cumplidas, el intendente Miguel Lunghi dispuso mediante el decreto la adjudicación del concurso a favor de la cooperativa.

El decreto estableció que el servicio de vigilancia del Palacio Municipal tendrá un costo total de 20.006.000 pesos.

Además, la norma fijó que la adjudicación se aplica con retroactividad al 22 de febrero de este año, fecha desde la cual se considera vigente la prestación.

La erogación correspondiente se imputará a la partida presupuestaria indicada por la Dirección de Presupuesto dentro del expediente administrativo.

El decreto fue refrendado por la Secretaría de Gobierno y dispuso su registro en el Boletín Municipal, además de la notificación a las áreas administrativas involucradas en el proceso.

El Municipio de Tandil formalizó el llamado a licitación privada para la compra de losetas graníticas que serán utilizadas en trabajos de reparación de veredas en la avenida Colón.

La medida quedó establecida a través del Decreto Nº 570/2026, firmado por el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Economía y Administración, Raúl Moyano. La iniciativa corresponde a la Licitación Privada 04-02-26 denominada “Adquisición de losetas graníticas para veredas – obra Av. Colón”.

De acuerdo a lo detallado en el decreto, el presupuesto oficial destinado a esta compra asciende a 44.812.250 pesos. Los materiales estarán destinados a tareas de reparación en el sector comprendido por la avenida Colón, en el tramo vinculado al paseo denominado como “avenida de los Tilos”.

La adquisición contempla losetas de cemento tipo vainillas color amarillo PG de 20 por 20 centímetros, que serán utilizadas en la reconstrucción y mantenimiento de veredas en esa zona de la ciudad.

La convocatoria forma parte de las acciones que la administración local impulsa para avanzar con obras de mantenimiento y mejora del espacio público, en este caso vinculadas al estado de las veredas en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

El Municipio de Tandil formalizó la adjudicación de dos concursos de precios destinados a la provisión de materiales para la Planta de Hormigón, con una inversión total que superó los 26 millones de pesos.

A través del decreto Nº 524/2026, se adjudicó el Concurso de Precios Nº 07-03-26 para la adquisición de piedra partida y arena de río a la firma Materiales Tandil SRL por un monto de 9.434.250 pesos.

El proceso contó con un presupuesto oficial de 8.886.400 pesos y se invitó a nueve proveedores del rubro, de los cuales finalmente presentaron ofertas dos. Según el informe de la Dirección de Compras y Suministros, la propuesta adjudicada superó el presupuesto oficial en un 6 por ciento.

Por otra parte, mediante el decreto Nº 525/2026 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 08-03-26 para la adquisición de cemento portland a granel —correspondiente al segundo llamado— a la empresa Cementos Avellaneda S.A., por un total de 16.567.106,40 pesos.

En este caso se había fijado un presupuesto oficial de 16.567.105,68 pesos y también se cursaron invitaciones a nueve proveedores. Sin embargo, solo se recibió una oferta, que fue considerada acorde al monto previsto.

Los decretos fueron firmados por el intendente Miguel Lunghi y refrendados por el secretario de Servicios Públicos a cargo de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, Claudio Fuentes.

Tras la medida cautelar que paralizó las tareas de pavimentación en las inmediaciones de la Plaza Martín Rodríguez, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, confirmó que el gobierno trabaja en la recopilación de informes técnicos para responder al Juzgado Contencioso Administrativo de Azul. La intervención, que generó una fuerte polémica por el retiro del adoquinado, se encuentra suspendida por una orden judicial que hizo lugar al reclamo de un grupo de vecinos autoconvocados, quienes exigen la preservación del patrimonio histórico en el lugar.

La Municipalidad inició gestiones urgentes para intentar revertir la decisión del juez Quaranta, quien ordenó el cese de las actividades en la calle Sarmiento, entre 4 de Abril y Alsina. El conflicto se desató cuando diversas asambleas vecinales presentaron un recurso para evitar que se completara el retiro de los bloques de piedra, argumentando que forman parte de la identidad y el patrimonio histórico de la ciudad. Sin embargo, desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas defendieron la legalidad y la necesidad de la obra, subrayando que el tramo intervenido no se encuentra catalogado como bien protegido dentro del Plan de Desarrollo Territorial (PDT).

Luciano Lafosse manifestó su "sorpresa" ante la notificación judicial y explicó que el municipio dispone de un plazo de cinco días para contestar los requerimientos del magistrado. En diálogo con el programa "Ultimo Bondi" de la radio de El Eco, el funcionario señaló que la intención del Ejecutivo es "agilizar la respuesta" para evitar que la calzada permanezca obstruida por tiempo indeterminado. "Entendemos que el juez está tratando de recabar información ante un planteo que es bastante alarmista respecto a cuestiones de normativa ambiental más que patrimonial", consideró el secretario.

Al momento de la paralización, la obra presentaba diferentes estados de avance según el tramo. Mientras que la cuadra de Sarmiento entre Santamarina y 4 de Abril ya había sido pavimentada en su totalidad, el sector que se extiende hacia la calle Alsina quedó a medio camino, con unos 75 metros donde el adoquinado ya fue removido pero aún no se volcó el hormigón. Esta situación genera una preocupación adicional debido a que los tiempos de fraguado del material oscilan entre los 21 y 28 días, lo que mantendrá la calle cerrada al tránsito por varias semanas una vez que se autorice la reanudación de los trabajos.

El secretario de Planeamiento y Obras Públicas remarcó que la decisión de pavimentar estas cuadras responde a una planificación aprobada por el Concejo Deliberante y que busca mejorar la transitabilidad y seguridad vial. Lafosse sostuvo que el mantenimiento de las calles adoquinadas representa una dificultad técnica y económica superior para el Estado municipal, ya que requiere de un trabajo manual y artesanal que es mucho más lento que el bacheo tradicional en asfalto u hormigón.

"Una cosa es trabajar en un bacheo donde uno corta y vuelca la mezcla, y otra muy distinta es tener a una persona agachada removiendo pieza por pieza para acomodar la base y luego volver a colocar el adoquín manualmente", detalló el funcionario. Además, puntualizó que el tipo de adoquín de gran tamaño presente en esa zona dificulta el uso de nuevas formas de movilidad, como las bicicletas y los monopatines eléctricos, que hoy forman parte del paisaje urbano de Tandil y encuentran en la piedra una superficie "disconfortable" y peligrosa.

Otro de los puntos centrales de la defensa municipal radica en que el retiro de las piedras no implica su destrucción, sino su reutilización en proyectos de preservación. Lafosse recordó que existe una ordenanza que establece la prioridad de uso para los adoquines que se extraen de las arterias principales. Según el plan del gobierno, estos bloques serán destinados a la construcción de un paseo en la zona de Cerro Leones y a intervenciones en el área del Dique Viejo, buscando así mantener vivo el registro de la piedra granítica tan identitaria de la región pero en espacios donde no interfieran con el flujo vehicular masivo.

La preocupación oficial se acentúa ante el inminente inicio del ciclo lectivo. El sector afectado por la obra es un punto neurálgico de la ciudad debido a la cercanía de instituciones educativas con una matrícula masiva, como la Escuela Polivalente, la Escuela Normal, Comercio y el Jardín de la Sierra. La paralización de las tareas en la esquina de 4 de Abril y Sarmiento amenaza con generar un caos circulatorio en las horas pico, dado que la zona ya presenta una alta saturación por el tráfico que se desvía desde avenidas paralelas como Marconi.

Lafosse advirtió que "la calle hoy está cortada y el trastorno es funcional para todos los vecinos y frentistas". De hecho, el funcionario relató que durante una inspección realizada recientemente con un escribano para constatar el estado de la calzada, varios residentes se acercaron para reclamar por la continuidad de la obra, alegando que prefieren el pavimento por la mejora que representa para sus vehículos y la higiene urbana.

"Hay miradas encontradas; están quienes piden preservar y los frentistas que ven una mejora sensible con el hormigón", afirmó.

Finalmente, el titular del área de Obras Públicas reiteró que el Municipio se ajustó a derecho en todo el proceso licitatorio y de ejecución. Recordó que durante el año pasado se pavimentaron cuatro cuadras de similares características en la zona de las calles Mitre y Alsina sin que se registraran impedimentos legales. Por ello, la apuesta de la Municipalidad es que la Justicia de Azul analice con celeridad los informes técnicos y ambientales que se presentarán en las próximas horas, con el objetivo de liberar la zona antes de que el inicio de clases agrave la situación del tránsito en el barrio de la Plaza del Tanque.