El Municipio formalizó este jueves una solicitud ante el Ministerio de Seguridad de la Nación para que se disponga la desafectación del predio ocupado en la zona de La Movediza del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), al considerar que su incorporación se realizó de manera irregular y que esa situación ha generado consecuencias que afectan la seguridad y el orden público de la ciudad.

La presentación fue realizada en representación del intendente Miguel Lunghi por la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, el secretario Legal y Técnico, Juan Maciá y el subsecretario de Protección Ciudadana, Juan Ibáñez.

La delegación tandilense fue recibida por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Martín Kusnier; el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el director nacional de Migraciones, Sebastián Pablo Seoane; y la directora nacional de Cooperación Internacional, Misiones Internacionales y Asuntos Externos, Cornelia Schmidt-Liermann.

En el escrito se solicitó, además de la exclusión del predio del Registro Nacional de Barrios Populares, la realización de un relevamiento migratorio, a la luz de los diversos procedimientos policiales y penales en el que intervienen personas de nacionalidad extranjera y en el marco de las recientes modificaciones introducidas en la legislación migratoria nacional.

Durante el encuentro, los funcionarios nacionales escucharon los planteos formulados por la representación municipal y manifestaron su predisposición para analizar la situación expuesta y coordinar acciones con las distintas áreas del Estado nacional con competencia en la materia.

Desde el Municipio valoraron especialmente la apertura al diálogo y la posibilidad de exponer de manera directa los antecedentes, alcances y consecuencias que la situación genera para la ciudad.

En el escrito firmado por Lunghi el Gobierno comunal remarca además que la desafectación del predio constituye una medida necesaria para resguardar el derecho de propiedad, fortalecer las políticas de seguridad y brindar una respuesta institucional a una problemática que, según sostiene, “ha trascendido el ámbito del asentamiento para impactar sobre toda la comunidad tandilense”.

Además, durante el encuentro los funcionarios plantearon la necesidad de que se gestione, a través de la Dirección Nacional de Migraciones, operativos en el barrio, en cumplimiento de las modificaciones incorporadas recientemente a la Ley de Migraciones y a la luz de los antecedentes relevados por las fuerzas de seguridad y la Justicia. A la vez que solicitaron que se conceda una audiencia con las autoridades nacionales para exponer y ampliar los fundamentos del planteo realizado por el gobierno local.

En la nota, el Municipio sostiene que la consolidación del asentamiento se produjo luego de una decisión nacional que incorporó al Renabap un predio cuya ocupación comenzó en 2023, situación que considera incompatible con los alcances de la normativa vigente.

Asimismo, se expone que la permanencia de esa incorporación condiciona las acciones destinadas al mantenimiento del orden público y demanda una importante utilización de recursos humanos y materiales por parte del Estado municipal y de las fuerzas de seguridad.

Toma en La Movediza: desde la Usina apuntaron contra Provincia y Nación por respaldar el asentamiento

Desde el inicio de la ocupación del predio, registrada en febrero de 2023 tras la denuncia presentada por su propietario, el Municipio participó de las distintas instancias institucionales y judiciales vinculadas al conflicto, sosteniendo de manera permanente su postura de rechazo a la consolidación de la toma sobre tierras privadas.

En el marco del protocolo dispuesto por la Justicia, representantes municipales participaron de las mesas de trabajo junto a organismos provinciales y nacionales y manifestaron que cualquier política de acceso al suelo con fines sociales debía desarrollarse mediante mecanismos transparentes y abiertos a toda la comunidad, y no a partir de la ocupación irregular de inmuebles particulares.

Tras la incorporación del predio al Renabap en diciembre de 2023, el Departamento Ejecutivo continuó realizando gestiones para obtener su desafectación.

En noviembre de 2024 solicitó formalmente una audiencia con la Subsecretaría de Integración Socio Urbana de la Nación y requirió la realización de los actos administrativos necesarios para revertir una incorporación que, según expuso, se produjo durante un proceso judicial de desalojo y sin consulta al Gobierno local.

A lo largo de ese proceso, el Gobierno local también impulsó distintas gestiones institucionales para acercar la problemática a las autoridades nacionales a través de diferentes canales y representantes del Gobierno Nacional. Sin embargo, esos intentos no permitieron generar una instancia de trabajo directo sobre el tema.

Paralelamente, el Concejo Deliberante acompañó ese planteo mediante distintas resoluciones solicitando la revisión de la medida y la exclusión del macizo del Registro Nacional de Barrios Populares.

Sin embargo, las respuestas recibidas desde el ámbito nacional hasta el momento se limitaron a informar que el inmueble continuaba comprendido dentro del barrio popular "Movediza I", sin avanzar en el pedido de desafectación.

En la presentación elevada este jueves, el Municipio reafirma que la inclusión del predio en el Renabap careció de sustento jurídico por tratarse de una ocupación iniciada con posterioridad al período temporal previsto por la normativa nacional para la incorporación de barrios populares.

Por ese motivo, desde el Ejecutivo destacaron la importancia de la reunión mantenida este jueves, que permitió exponer personalmente la situación ante funcionarios con responsabilidad directa en las áreas involucradas y abrir un canal de diálogo institucional para su análisis.

A propósito del encuentro, el secretario Legal y Técnico municipal, Juan Maciá, brindó precisiones en el programa Ultimo Bondi en la radio de El Eco.

Durante la reunión, el eje principal de la preocupación municipal giró en torno al cambio en la naturaleza del conflicto. Lo que comenzó como un problema habitacional se transformó en un foco de alta peligrosidad y conflictividad vecinal. Maciá puntualizó que, mientras los índices de delitos disminuyeron en el resto de la ciudad de acuerdo a los relevamientos locales, en el asentamiento de La Movediza la tendencia es opuesta y los hechos de violencia continúan en ascenso.

La secretaria Marcieri aportó datos sobre las intervenciones diarias en el lugar, destacando que la Secretaría de Protección Ciudadana trabaja codo a codo con la Justicia para suministrar pruebas obtenidas a través de las cámaras de vigilancia y el rastreo de vehículos. En este contexto, se denunció la detección de actividades vinculadas al narcomenudeo y el tráfico de estupefacientes dentro del predio. La preocupación mayor radica en que estas actividades ilícitas no solo afectan a los habitantes del asentamiento, sino que irradian inseguridad hacia los barrios periféricos.

Un punto crítico del informe presentado ante Nación fue la detección de ciudadanos extranjeros, principalmente de nacionalidad paraguaya, que estarían relacionados con estas redes delictivas. El secretario Maciá confirmó que existen elementos probatorios en expedientes de la justicia penal que vinculan a personas no nacidas en el país con la comisión de delitos dentro y fuera de la toma. Por este motivo, la presencia del director nacional de Migraciones fue fundamental para coordinar mecanismos de control más estrictos.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, se mostraron receptivos ante la posibilidad de aplicar el decreto vigente que permite la expulsión de extranjeros que cuenten con antecedentes penales o sean detectados cometiendo delitos en territorio argentino. Las autoridades nacionales se comprometieron a articular acciones con la delegación de Migraciones de Mar del Plata para realizar relevamientos de identidad en la zona y verificar la situación registral de quienes habitan el macizo usurpado.

La resolución del conflicto administrativo ahora depende del Ministerio de Capital Humano, bajo la órbita de Sandra Pettovello, ya que es dicha cartera la que tiene la potestad sobre el Renabap. No obstante, el secretario Ferlauto aseguró que mantendrá una comunicación directa con sus pares de Nación para evaluar la revisión del acto administrativo que otorgó la protección al asentamiento. La intención es que, al quedar fuera del registro, la Justicia pueda reactivar las órdenes de desalojo compulsivo que quedaron suspendidas.

En el ámbito local, la Municipalidad mantiene su postura firme de defensa de la propiedad privada. Maciá recordó que el propietario del terreno se encuentra litigando y a la espera de una indemnización o una resolución de fondo que le permita recuperar su patrimonio. Además, se subrayó que existen muchas familias en Tandil que se encuentran en lista de espera para acceder a planes habitacionales de forma legal, y que la consolidación de esta toma genera una injusticia social manifiesta.

El Gobierno de Axel Kicillof salió con dureza a cuestionar el proyecto impulsado por la administración de Javier Milei que propone modificar el funcionamiento del fondo compensador destinado a las cooperativas eléctricas y reformar el régimen de zona fría. Desde la Provincia advirtieron que, si la iniciativa prospera, acudirán a la Justicia para frenarla.

“Creo que no prosperará. Habla de la ignorancia del Gobierno. No es constitucional, no hay manera que lo hagan”, sostuvo el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la Gobernación.

El funcionario explicó que el fondo compensador tarifario funciona desde 1996 y permite que las grandes distribuidoras y las cooperativas de mayor escala aporten recursos para asistir a unas cien cooperativas pequeñas del interior bonaerense, muchas de las cuales no podrían sostener el servicio sin ese respaldo.

“Las 200 cooperativas llegan al 40 por ciento de la provincia. Por el Fondo reciben más que por las tarifas. Eso estaría prohibido por ley”, señaló Ghioni, quien también recordó que el cobro del alumbrado público está contemplado por la legislación vigente desde 1989.

En ese sentido, remarcó que la eliminación de ese esquema tendría un fuerte impacto en los usuarios de localidades más pequeñas. “Si el pueblo al lado tiene que pagar cinco o seis veces más, lo tendrá que hacer, pero nosotros vamos a recurrir”, afirmó.

Otro de los artículos objetados por la Provincia es el que prohíbe incluir en las facturas conceptos ajenos al servicio. Según Ghioni, esa disposición constituye “un avasallamiento sobre la propia jurisdicción”, ya que son las provincias las que tienen la potestad de definir sus cuadros tarifarios.

“La autoridad ante las distribuidoras y cooperativas somos nosotros”, enfatizó el subsecretario, al sostener que la propuesta del oficialismo nacional desconoce el funcionamiento del sistema eléctrico bonaerense y responde a una visión “ideológica” que no contempla las desigualdades entre los distintos prestadores.

En relación con la deuda que las distribuidoras mantienen con Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Ghioni se mostró de acuerdo con la necesidad de revisar la situación, aunque pidió “hacer las cuentas bien claras para definir activos y pasivos regulatorios”.

El Gobierno bonaerense también rechazó el proyecto que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados para modificar el régimen de zona fría, que subsidia parte del consumo de gas en regiones con bajas temperaturas.

“Denunciamos que es otro intento de castigar a los bonaerenses, que representan casi el 40 por ciento de los beneficiarios”, afirmó Ghioni. Y agregó que la iniciativa busca reducir tanto la cantidad de usuarios alcanzados como el nivel de cobertura de los subsidios, en un contexto de fuerte deterioro económico y social.

La ampliación del régimen aprobada en 2021 extendió el beneficio de unos 800.000 hogares a cerca de 4 millones en todo el país. En la provincia de Buenos Aires, alcanzó a 95 municipios y sumó aproximadamente 1.260.000 hogares del interior bonaerense.

Actualmente, el programa otorga descuentos del 30 por ciento para la mayoría de los usuarios y del 50 por ciento para sectores vulnerables, como jubilados, beneficiarios de la AUH, personas electrodependientes y quienes perciben seguros de desempleo.

Sin embargo, según explicó Ghioni, el nuevo esquema reduciría el alcance del subsidio incluso para quienes continúen dentro del régimen, ya que “se subsidiaría solamente el 50 por ciento del precio del gas, dejando afuera el transporte, la distribución y el resto de los componentes de la tarifa”.

El Himno Nacional Argentino suena en actos escolares, eventos oficiales y estadios, consolidado como un símbolo inamovible de la identidad nacional. Sin embargo, detrás de las estrofas que se cantan de memoria existe una historia de discusiones políticas y cambios necesarios para evitar conflictos diplomáticos. Lo que hoy conocemos es apenas una parte de la Marcha Patriótica aprobada por la Asamblea del Año XIII el 11 de mayo de 1813.

La letra original, escrita por Vicente López y Planes, no buscaba la neutralidad. En pleno proceso revolucionario, el texto era una toma de posición directa contra el poder colonial español. Con un tono encendido, las estrofas originales incluían referencias explícitas como “A sus plantas rendido un león”, en alusión a España, o frases como “aquí el fiero opresor de la Patria, su cerviz orgullosa dobló”. No había metáforas diplomáticas: el himno estaba escrito para marcar una ruptura definitiva.

Con el paso del tiempo, esos versos comenzaron a generar incomodidad. A fines del siglo XIX, cuando la Argentina ya mantenía relaciones estables con España y buscaba mostrarse como un país moderno, seguir cantando versos abiertamente antiespañoles dejó de tener sentido político. Como reconstruye el periodista e investigador Esteban Buch en el libro O juremos con gloria morir, la pieza original tenía nueve estrofas y una duración cercana a los 20 minutos.

Los cambios más profundos ocurrieron antes de fijarse la versión actual. La música de Blas Parera fue revisada y adaptada en 1860 por Juan Pedro Esnaola. Sin embargo, el recorte definitivo llegó con el decreto firmado por el presidente Julio Argentino Roca en 1900, que redujo drásticamente la obra. En ese proceso desaparecieron las referencias más bélicas y las imágenes sangrientas, dejando solo la introducción, el coro y parte de la última estrofa.

El relato histórico ubica la primera vez que sonó la obra en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. En aquel salón, entre tazas de té y conversaciones, el poeta Esteban de Luca leyó la letra en voz alta mientras Vicente López y Planes escuchaba y Blas Parera comenzaba a dar forma a la música. Aquella tarde nació la base de lo que, a partir de 1847, empezaría a denominarse oficialmente como el Himno Nacional.

En una reciente entrevista televisiva, la exdiputada Elisa Carrió analizó la actualidad política y puso el foco en la situación judicial que atraviesa el funcionario Manuel Adorni. La referente de la Coalición Cívica calificó como "muy raro" el incremento patrimonial del integrante del Poder Ejecutivo, quien enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita.

La causa se inició tras conocerse un viaje en avión privado a Punta del Este realizado por el funcionario junto a su familia. Posteriormente, la situación se complejizó con la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito en noviembre de 2025, por un monto de 230.000 dólares. Según trascendió, los valores de mercado de la propiedad superarían ampliamente la cifra declarada en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Al ser consultada sobre las hipotecas privadas que habrían financiado parte de la operación, una de ellas otorgada por una jubilada que manifestó no conocer al funcionario, Carrió fue tajante:

“Esas hipotecas privadas, además con un sueldo de 2.800.000, todo muy raro”. Asimismo, la ex legisladora señaló que no conoce el origen de Adorni y remarcó su confianza en la labor judicial: "Yo le creo al fiscal Pollicita, que lo determine la justicia". Por este caso, la escribana interviniente deberá presentarse a declarar el ocho de abril.

Otro de los puntos centrales de su intervención fue la posible modificación de la Ley de Glaciares, que se trataría esta semana en la Cámara de Diputados. Carrió advirtió que los cambios propuestos por el oficialismo podrían afectar recursos estratégicos. "Van a violar las reglas de los periglaciares y de los glaciares", sostuvo, y agregó que el agua dulce es lo más importante del mundo y que "se lo van a llevar puesto".

A pesar de las críticas, el oficialismo contaría con un número holgado para el debate en el recinto. Según las estimaciones, la Libertad Avanza alcanzaría entre 130 y 134 votos, sumando el apoyo de bloques aliados como el PRO, el MID y sectores de la UCR, además de nueve diputados de provincias mineras pertenecientes a Innovación Federal.

Durante la entrevista, Carrió también reflexionó sobre la figura de la ex presidenta Cristina Kirchner. Al ser consultada sobre la posibilidad de verla detenida, manifestó que le genera "pena" y consideró que "hubiera sido una gran presidenta". En ese sentido, reflexionó sobre la ética y el poder: "El dinero no sirve para nada, la única riqueza es la conciencia tranquila".

Finalmente, la referente política destacó algunos aspectos de la gestión de Javier Milei, como la apertura de las importaciones de medicamentos, calificándola como un "avance enorme". También celebró que la empresa Techint haya perdido una licitación, aunque mantuvo sus reservas respecto a los valores de la clase media y el enfrentamiento con el Presupuesto nacional.

La Confederación General del Trabajo atraviesa su primera crisis interna a apenas cuatro meses de haber renovado su conducción. El foco del conflicto es Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), quien impulsa una postura más confrontativa frente a la reforma laboral que el Gobierno prevé tratar en el Senado durante febrero.

El dirigente metalúrgico convocó para el próximo miércoles, a las 16, a una reunión en la sede de la UOM, en Alsina 477, con el objetivo de definir un paro con movilización contra la iniciativa oficial. La convocatoria incluye no solo a sindicatos que integran la CGT, sino también a organizaciones que se encuentran por fuera de la central obrera, en una jugada que fue leída dentro del sindicalismo como un desafío directo al triunvirato cegetista.

La estrategia de Furlán contrasta con la postura de la conducción de la CGT, que por el momento prioriza la negociación con el Gobierno para introducir cambios en el proyecto de reforma laboral antes de avanzar con una medida de fuerza. Desde ese sector aseguran que las conversaciones se retomarán la semana próxima en el Senado, con el impulso del ala política del oficialismo, para facilitar la sanción de la ley.

Fuentes de la UOM indicaron que la intención de promover una protesta más dura ya había sido anticipada a integrantes del triunvirato cegetista durante una reunión de sindicatos industriales realizada el 17 de diciembre, un día antes de la movilización a Plaza de Mayo contra el proyecto oficial. Sin embargo, la iniciativa no fue debatida formalmente dentro de la estructura de la CGT.

Desde el sector dialoguista de la central obrera cuestionaron con dureza el accionar del líder metalúrgico. Un dirigente cegetista moderado señaló que la movida de Furlán responde a su situación interna en la UOM, donde habrá elecciones en marzo, y lo acusó de buscar reposicionarse políticamente tras quedar aislado dentro de las distintas líneas del espacio sindical.

La postura combativa de Furlán no es nueva. En junio de 2025 había reclamado un plan de lucha “sostenido y escalonado” contra el ajuste y la detención de Cristina Kirchner, y en agosto del mismo año se desmarcó de la renovación de autoridades de la CGT al exigir que se discutiera primero un proyecto sindical. En septiembre, durante un encuentro con delegados, comparó al gobierno de Javier Milei con la dictadura militar y llamó a organizar la resistencia.

Entre los dirigentes convocados a la reunión figura Pablo Biró, titular del gremio de pilotos (APLA), quien respaldó la necesidad de una postura más dura. Según afirmó, solo un plan de lucha con paros nacionales podría interpelar al Gobierno, mientras que una estrategia más moderada dejaría a la CGT sin respuesta ante las demandas de las bases.

La convocatoria de Furlán expone así una interna creciente dentro de la CGT, con dos estrategias enfrentadas frente a la reforma laboral: la negociación impulsada por la conducción y la confrontación que promueve el sector más combativo del sindicalismo.

Este jueves, tras el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, la Unicen compartió una declaración pública en la que expresó la profunda preocupación de la comunidad educativa “frente a una medida que atenta contra el normal funcionamiento del sistema universitario nacional y sus posibilidades de contribuir fuertemente al desarrollo de la Nación”. 

En ese sentido, la institución enfatiza que esta decisión no solo niega la expresión ampliamente mayoritaria de ambas cámaras del Congreso de Nación "en las que se representa la voluntad del pueblo argentino", sino que también “desconoce la genuina expresión de la sociedad, que se vió reflejada en dos históricas marchas en defensa de la universidad pública, y da la espalda a sus trabajadores y a más de 2 millones de jóvenes que hoy concurren a ella".

Ante este escenario, la casa de estudios reiteró su llamado a los legisladores nacionales, instándolos a "conformar las mayorías especiales necesarias para revertir este veto y consolidar las herramientas que permitan sostener un sistema universitario público gratuito, inclusivo y de calidad". La universidad fundamenta su postura en la convicción de que "la educación, la ciencia, el arte y la tecnología generan oportunidades de progreso individual y social, y constituyen un pilar fundamental para el crecimiento y soberanía nacional". 

Finalmente, convocaron a la comunidad en general a sumarse a marchar en defensa de la universidad pública, en el día que el rechazo al veto sea tratado en el Congreso. 

Horas antes de compartir la declaración, la Unicen ya había confirmado su adhesión al plan de lucha nacional propuesto por la Conadu, por lo que este viernes se llevará a cabo un paro total de actividades en todas sus sedes, ubicadas en Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

La Asociación Gremial de Docentes de la Unicen (Adunce) manifestó que resulta fundamental sostener múltiples acciones locales y nacionales de visibilización del conflicto. “Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario pero no puede vetar nuestro derecho a una universidad pública, gratuita y de calidad”, expresaron a través de las redes sociales.

Además del paro de actividades docentes y no docentes, desde el gremio convocan a toda la comunidad a participar de una marcha para evidenciar la situación. La misma se realizará, en coincidencia, el día que el Congreso deba tratar la reversión del decreto presidencial que se prevé que será el 17 o el 24 de septiembre.

“Seguimos peleando por el salario, el presupuesto y las becas. Porque la universidad pública es un derecho del pueblo argentino”, concluyeron desde Adunce.

“El Gobierno nacional le debe $ 12,1 billones a la Provincia”, dijo el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien anticipó que se va a “presentar un nuevo pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando esos fondos”.

La cifra, detalló Bianco, se compone de deudas directas ($ 3,04 billones), saldos de obras públicas comprometidas y paralizadas por el Gobierno nacional ($ 6,90 billones) y deuda estimada por discontinuidad o retrasos de programas nacionales ($ 2,16 billones). “Se produjeron movimientos en causas similares que llevaron adelante otras provincias, pero no en la causa que en abril de 2024 presentó la Provincia de Buenos Aires”.

A su vez, la administración bonaerense compartió “información detallada sobre las deudas del Gobierno nacional con la Provincia”. Bianco habló en una conferencia de prensa junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), Romina Barrios, realizada en la sede de la Gobernación bonaerense.

Katopodis se refirió a la paralización de la obra pública que llevaba adelante el Gobierno nacional y afirmó: “En la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei frenó mil obras y se robó la plata de los impuestos que están destinados por ley a infraestructura”. En este sentido, detalló que en 2024 y el primer semestre de 2025 el Gobierno nacional recaudó $ 3,6 billones a través de impuestos que la ley establece que deben ser destinados a obras de infraestructura, los cuales, sin embargo, no fueron ejecutados para tal fin. “En un año y medio destruyeron la infraestructura. Es muy sencillo destruirla, pero cuesta mucho volver a ponerla en condiciones. Nos va a salir muy caro”, sostuvo.

El documento compartido por la administración bonaerense presenta un detallado informe sobre las deudas que el Gobierno nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires, con cifras actualizadas a junio de 2025. Según el relevamiento, el monto total adeudado asciende a $ 12,1 billones y está compuesto por tres grandes rubros: deudas directas, saldos impagos de obras públicas comprometidas y fondos correspondientes a programas nacionales discontinuados o demorados. La información está organizada por organismo, tipo de fondo y destino específico, con el objetivo de dar visibilidad al impacto financiero de estas transferencias incumplidas.

Las deudas directas alcanzan los $ 3 billones e incluyen partidas como transferencias de Anses a la caja provincial, compensaciones del Consenso Fiscal, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y convenios de asistencia financiera. También figuran fondos para salud sexual y reproductiva, medicamentos, equipamiento sanitario y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, entre otros.

El segundo bloque, correspondiente a obras públicas comprometidas y no saldadas, suma $ 6,9 billones e involucra convenios con municipios, programas de vivienda como Procrear y Casa Propia, obras educativas, sanitarias y de infraestructura urbana en toda la provincia.

Por último, el informe estima una deuda adicional de $ 2,2 billones por la paralización o retraso de programas nacionales como Acompañar, Potenciar Trabajo, Clubes a la Obra y Remediar, además de asistencia alimentaria y emergencias climáticas. Esta categorización busca evidenciar no solo las cifras, sino también el alcance social y territorial de las obligaciones incumplidas por Nación.

El padre de Catalina Gutiérrez, la joven de 21 años que fue asesinada en la ciudad de Córdoba, afirmó que está “muy convencido” que Néstor Aguilar Soto va a ser condenado a prisión perpetua por el femicidio de su hija, a la vez que calificó de “psicópata” al acusado.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Marcelo Gutiérrez explicó que él no declaró en el juicio por jurados populares porque el 17 de julio de 2024 (día del asesinato) prestaron testimonio ante la Policía su mujer Eleonora Vollenweider y su hija menor Lucía.

El arquitecto señaló que “con mi familia estamos recontra convencidos que Néstor la mató a Catalina y va a ser sentenciado a prisión perpetua porque confiamos en la Justicia”.

En este contexto, el hombre resaltó que varios testigos, entre ellos amigos en común de la facultad de Catalina y Néstor, describieron al imputado como una persona “tóxica” y agregó que “hay un patrón de comportamiento de este psicópata que se repite constantemente. Todas las chicas sostienen que al principio éramos amigos y después Soto empezaba a reclamar cosas”.

“La pericia determinó que no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica. Él sabía perfectamente lo que hacía el día que mató a mi hija. Quisieron hacerlo pasar como loco y en un momento la defensa dijo que era gay. Eso es un mamarracho. Ser homosexual no te da derecho a asesinar a nadie”, sentenció el padre de la joven.

El femicidio

Gutiérrez recordó que el 17 de julio de 2024, el novio de Catalina, Ezequiel García salió a buscarla al no tener noticias de ella y que Soto se sumó para encontrar a la joven.

“En un momento, Lucía lo llama a Ezequiel para decirle que habían ubicado el auto y que Catalina falleció. Soto atendió el teléfono y le dijo ‘No puede ser, Catalina estaba muerta’. Luego fue a la comisaría donde estábamos nosotros, la abraza a mi mujer diciéndole ‘¿quién le hizo esto a Cata?’ y se ponía contra la pared conmovido”, sostuvo Marcelo sobre la actitud del presunto femicida.

Soto fue detenido ese día a las 6 de la mañana. El hombre agradeció que el oriundo de San Carlos de Bariloche no lo abrazó: “Gracias a Dios no lo hizo”.

Eleonora, madre de la damnificada, aseguró desde un principio que para ella “Néstor mató a Catalina”, a lo que Lucía le respondió: “No, ni se te ocurra. Era su amigo”.

“Y fue así, las madres tienen un sexto sentido”, consideró Marcelo Gutiérrez.

Las actitudes del acusado

El padre de Catalina describió al joven de 21 años como una persona “normal”, con quien apenas se saludaban con un “hola, ¿cómo estás? Era el compañero de la universidad de mi hija. ¿Qué vas a desconfiar?”, se preguntó Marcelo.

“La defensa es igual o peor que Soto”, opinó tras la opinión de Ángela Burgos Niño, la defensora del imputado, quien había declarado a un medio de Bariloche: “Lo que pasó fue un juego de niños donde a él se le fue la mano”.

“Vergüenza debería tener por lo que está diciendo. Se le cayó la careta. No hay coartada. Está probado por la autopsia cómo la asesinó, no es cuestión de inventar una historia. Si no tenés pruebas, no existe el relato. Femicidio. Cadena perpetua. No hay otra”, insistió.

El fiscal Marcelo Sicardi modificó la carátula del caso a raíz de que quitó el agravante de la alevosía y añadió el homicidio criminis causa.

Sicardi cree que el sindicado mató a la joven para ocultar el hecho de golpearla, según explicó el abogado querellante, Carlos Hairabedián.

“El caso está calificado como criminis causa, sin modificar el de violencia de género, tal cual fue planteado por el fiscal Marcelo Sicardi”, agregó el letrado.

Hairabedián sostuvo que Sicardi argumentó que Soto “golpeó primero” a Catalina “sin darle muerte”, al tiempo que luego, “al advertir las lesiones producidas y “para lograr la impunidad” la estranguló.

“Son dos secuencias y eso se llama homicidio criminis causa, matar para asegurarse que la víctima de la golpiza no pueda incriminarlo”, describió, a la vez que afirmó: “En parte coincido con la postura del fiscal, pero voy a mantener la alevosía y le agregaré la privación ilegítima de la libertad”. (Por Ramiro González Britez. NA)

El caso Sofía Herrera, la menor desaparecida en un camping de Tierra del Fuego en 2008, tuvo un giro en la causa tras revelarse los nuevos resultados del ADN a partir del parecido con la hija de Carlos Pérez, implicado en la desaparición de Loan Peña.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas María Elena Delgado, la madre de Sofía explicó lo sucedido y cómo dio la prueba: “El resultado salió anoche  (por el viernes), me enteré porque me llamó nuestro abogado, Francisco Ibarra y ahí me dijo que el resultado había sido negativo”.

“Este resultado lo esperábamos”, reconoció y agregó que, por la foto que vio de la pequeña “ya sabía que no era mi hija, pero la Justicia es la que decidió hacer el ADN”.

Por último, manifestó: “Estamos muy apenados, pero ya también descartamos definitivamente que no se trata de mi hija Sofía”, por lo que ratificó que “seguiremos adelante con la búsqueda”. (NA)

El rapero Camilo Joaquín Villarruel, más conocido como Milo J, suspendió su recital ayer, tras una medida cautelar solicitada por el gobierno de Javier Milei y artistas como Charly García, Soledad Pastorutti, Nito Mestre y Nonpalidece, se solidarizaron con el intérprete.

Con una fila de más de tres cuadras y 20 mil jóvenes que aguardaban por el espectáculo gratuito, el rapero debió cancelar el espectáculo ante un fuerte operativo policial. Si bien la resolución señalaba que el concierto no contaba con las medidas correspondientes, la manager y madre de Milo J aseguró que disponían de las condiciones necesarias.

En este sentido, Aldana Ríos explicó: “Estaba todo en regla, había plan de evacuación, baños químicos y grupos electrógenos porque ni la luz les íbamos a usar”. Más tarde y luego de una gran repercusión, artistas de renombre se comunicaron con Milo.

Además de intérpretes que comparten género con el cantante, como Trueno, Dillom y Yamila Cafrune, Charly García se contactó telefónicamente con el músico y se solidarizó: “Quedate tranquilo, ¡sabés las veces que me censuraron a mí cuando estaba en Sui Generis!”.

Además, artistas como Ricardo Mollo, Juanchi Baleiron y Conociendo Rusia, brindaron su apoyo a su colega de 18 años.

El incendio en el Parque Nacional Los Alerces continúa "activo en todos los frentes con un comportamiento variable" y por el pronóstico de viento se prevé que se "complejice el escenario del combate" del fuego, que ya arrasó más de 2.300 hectáreas de bosque nativo en la provincia de Chubut, según informaron esta tarde autoridades locales.En el operativo trabajan 348 personas, de las cuales 246 se despliegan en el terreno dedicadas específicamente al combate del fuego, indicó el parte emitido a las 14.Durante la mañana de hoy continuaron los trabajos con líneas de agua y herramientas manuales en los ocho sectores del incendio forestal denominado El Centinela.Parques Nacionales informó que este jueves a las 7 de la mañana "se utilizaron los medios aéreos para el traslado de personal hacia los puntos de distribución de las cuadrillas en los sectores con fuego".También se informó que prosigue el análisis de situación sobre la evolución del incendio con observadores aéreos y en el terreno, quienes determinan las coordenadas para orientar las descargas de agua en los focos ígneos activos.También advirtieron que "durante la tarde de hoy se espera un fuerte aumento del viento proveniente del sector sector Oeste, con ráfagas de variada intensidad, hecho que dificultará la tarea de los brigadistas por los focos secundarios que se activan dentro del sistema de contención".

El dispositivo de apoyo aéreo consta de 5 medios del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), con la operación de 3 helicópteros equipados con helibalde; 2 aviones hidrantes y un avión de observación; a los que se suman la flota de maquinaria vial y los drones de observación de los puntos calientes.Las autoridades reportaron que mañana se sumará un avión anfibio tipo Fireboss que operará cargando agua directamente del Lago Futalaufquen, por lo que se establecerá una restricción total para las actividades náuticas en el espejo de agua.Por la mañana, el jefe del departamento de Incendios Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Los Alerces, Mario Cárdenas, informó a la agencia Télam que el incendio "continúa activo, un poco más tranquilo porque aún no se ha levantado viento, pero sí tenemos para la tarde un pronóstico de mucho viento"."Vamos a tener vientos de 50 a 60 kilómetros por hora, así que calculamos que nos complicará un poco", detalló.Por otro lado, desde la Dirección de Comunicación de la Municipalidad de la ciudad chubutense de Esquel informaron que en la zona de Alto Rio Percy, hasta el momento, "no hay ningún corte, ni evacuación, ni nada"."Se están haciendo trabajos preventivos con máquinas para armar cortafuegos. El fuego está en la zona de la laguna Trafipán", indicaron desde el Municipio.

En Tandil, se disputó el primer torneo de fin de semana de Copa Nacional de Campeones, que tiene 6 fechas fijadas entre enero y febrero para torneos de fútbol amateur en modalidad de reducido y de F11. En el estadio San Martín y la cancha de La Movediza, se realizó el Nacional Senior +40 y +45. 

Del certamen participaron un total de 17 elencos, en un torneo organizado por el staff de Cosa de Serranos. 

En la división +40, el Pura FT2 de Tandil se consagró bicampeón, al golear 3-0 en la final a Pergamino FC, con un triplete de Pablo Cerfoglia. En semis, triunfaron 2-0 ante Matadores de Mendoza -también con goles de Cerfoglia-, mientras en la zona aventajaron a Alonsitos de Bolívar 4-2 (Cristian Pérez, Julio Prezioso, Jorge Weimann y Cerfoglia) y empataron 0-0 con Pandemials Club, también de Bolívar. El plantel estuvo compuesto por: Agustín Aguirre, Damián Barandarian, Javier Barandarian, Sergio Caruso, Gastón Castriota, Emiliano Cela, Pablo Cerfoglia, Lucas Delfante, Bruno Distéfano, Pedro Goñi, Agustín Harguindeguy, Claudio Juárez, Facundo Larricq, Matías Méndez, Emanuel Morondo, Cristian Pérez, Julio Prezioso, Juan Sánchez, Jorge Weimann y Juan Weimann. Fue director técnico Fernando Echeverría. 

La Copa de Plata fue para Los Alonsitos de Bolívar, que en una linda final superó 2-0 a Minimercado Colo de Olavarría, con goles de Diego Herrera y Franco Ibáñez. 

En la categoría mayores de 45, por su parte, Pergamino FC fue el campeón, metiendo a sus dos equipos en las finales. En el debut igualó 1-1 con Matadores de Mendoza y luego superó 2-1 al Club Atlético Ventana. Por diferencia de gol tuvo que jugar una instancia extra, por lo que el domingo largó de cuartos de final. Allí le ganó 1-0 a La Pinotea de Ayacucho y luego eliminó en semifinales a Pilar FC por penales, tras igualar 0-0. En la final, se consagró campeón con un penal de su gran figura, Ignacio Ferreyra (1-0). La Copa de Plata aquí quedó en poder de Atlético Ventana, que goleó 6-0 a La Mordida de Suárez en el partido definitorio. 

El próximo fin de semana se va a disputar el Nacional de F11 Libre (con 24 elencos) y el F11 Fair Play (con 12), siendo el segundo de la saga de torneos de Copa Nacional de Campeones de este año.