Al menos 500 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires participan desde la madrugada de este martes en un megaoperativo de saturación antinarco en el barrio Ejército de los Andes, conocido popularmente como Fuerte Apache, en la localidad de Ciudadela. El procedimiento incluye 14 allanamientos en búnkers de drogas, el despliegue de 30 móviles y el apoyo de un helicóptero que sobrevoló la zona desde las primeras horas del día.

Las acciones policiales fueron impulsadas tras un violento enfrentamiento ocurrido la semana pasada, que dejó un saldo de tres personas heridas. Entre los afectados se encuentra un vecino de 68 años que recibió un disparo en una pierna sin tener relación con el conflicto, además de dos jóvenes de 23 y 30 años con antecedentes penales que permanecen bajo investigación en el marco de la causa.

La investigación judicial está a cargo de la fiscal Fabiana Ruiz, titular de la Fiscalía N°2 de San Martín. En el lugar también colaboran efectivos de la Gendarmería Nacional, quienes mantienen su presencia habitual en el complejo habitacional del partido de Tres de Febrero. Según trascendió, el tiroteo original involucró más de 30 disparos y estaría vinculado a disputas territoriales entre bandas narco por el control de los puntos de venta.

“Me levanté por los helicópteros. Fue todo un quilombo. Se cagan a tiros y yo no puedo laburar. El año pasado hubo un megaoperativo, pero la verdad que no sirvió de mucho porque estamos igual. Ya me acostumbré. De chiquito ya me crié con los tiros, así que ya es costumbre, pero da miedo, obviamente”, relató un vecino en diálogo con la señal TN.

Hasta el momento, los resultados finales del operativo se desconocen, ya que las fuerzas de seguridad continúan trabajando en los distintos sectores del barrio. Los investigadores buscan desarticular las estructuras criminales que generaron la escalada de violencia en la zona durante los últimos días y secuestrar material estupefaciente vinculado a las organizaciones denunciadas.

Autoridades del Municipio de Tandil participaron este viernes de una reunión ampliada junto a integrantes de los Ministerios Públicos Fiscales Federal y de la Provincia de Buenos Aires y representantes del Poder Judicial Federal, con el objetivo de tratar la problemática de la narcocriminalidad y los consumos problemáticos en la ciudad.

El encuentro reunió a funcionarios de distintas instancias y jurisdicciones, y marcó un hecho relevante en nuestra ciudad al incorporar por primera vez al gobierno municipal en este ámbito de trabajo, reconociendo su tarea en la prevención en la iniciación del consumo problemático, destacando los programas de las áreas de Salud y Desarrollo Humano, como así también el valioso aporte de los registros fílmicos del Centro de Monitoreo como prueba central en la investigación y enjuiciamiento de delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

En representación del Municipio participaron el intendente Miguel Lunghi; la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri; la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink; y el secretario de Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, entre otros funcionarios.

Por parte de los organismos judiciales y de los Ministerios Públicos estuvieron presentes el fiscal general federal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Raúl Pleé; el fiscal general federal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Dr. Daniel Eduardo Adler; el fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires del Departamento Judicial de Azul, Dr. Marcelo Sobrino; el juez federal a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Azul, Dr. Gabriel Hernán Di Giulio; la fiscal federal subrogante a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Azul, Dra. María José Buglione; el fiscal federal subrogante a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Tandil, Dr. Marcos Silvagni; el fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nº 13 de Azul, Dr. Adrián Peiretti; junto a demás funcionarios federales y provinciales.

Durante la reunión, las autoridades comunales expusieron el trabajo sostenido que se lleva adelante desde el Sistema Integrado de Salud Pública, la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría de Protección Ciudadana, áreas que intervienen diariamente en situaciones vinculadas al consumo problemático, la vulnerabilidad social y las consecuencias de la venta ilegal de estupefacientes.

En ese marco, se puso a disposición de las autoridades judiciales la información relevada a partir del trabajo territorial, las denuncias vecinales y el análisis del sistema de videovigilancia, para su evaluación y eventual incorporación en procesos investigativos.

Luego del encuentro, el intendente Miguel Lunghi valoró la instancia de trabajo conjunto y sostuvo: “Es muy importante poder contar con estos espacios de diálogo y articulación con las autoridades judiciales y los Ministerios Públicos. Como Municipio, sabemos que no tenemos competencia directa, pero también sabemos que somos el nivel del Estado más cercano al vecino, y el de mayor contacto, por lo que recibimos de manera cotidiana sus preocupaciones. Por eso venimos a aportar información, a colaborar y también a plantear la necesidad de avanzar con mayor celeridad y coordinación en las respuestas”.

Las autoridades locales plantearon la necesidad de fortalecer los canales de intercambio de información y establecer mecanismos de devolución que permitan conocer el estado de las actuaciones iniciadas a partir de los aportes realizados desde el ámbito local.

Por su parte, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, señaló: “Desde el Municipio venimos realizando un trabajo sostenido de relevamiento, análisis y aporte de información a las distintas áreas competentes. Valoramos la posibilidad de poder compartir estos diagnósticos y esperamos que esto se traduzca en acciones concretas. Es fundamental mejorar los niveles de articulación, contar con canales de intercambio y poder hacer un seguimiento efectivo de las intervenciones”.

En este sentido, se remarcó que la respuesta a esta problemática requiere una política criminal coordinada, con mayor presencia operativa en el territorio y el despliegue de fuerzas federales en puntos estratégicos, incluyendo controles en rutas de acceso por parte de las fuerzas de seguridad federales.

“Consideramos de suma importancia como tarea preventiva poder contar con el despliegue de operativos de fuerzas federales, como Gendarmería Nacional, en rutas estratégicas, a fin de implementar controles regulares de carga en diversos tipos de transporte, como se visualiza en localidades de la zona, pero no así en nuestra ciudad. También contar con un mecanismo de intercambio de información que nos permita cargar en el sistema de lectores de patentes aquellos vehículos involucrados en causas de narcocriminalidad”, agregó.

Asimismo, Alejandra Marcieri puntualizó la necesidad de contar con operativos con fuerzas federales de identificación de extranjeros para dar cumplimiento con la normativa migratoria.

Desde el Municipio se ratificó la voluntad de continuar colaborando activamente con los organismos competentes mediante el aporte de información territorial, recursos tecnológicos y presencia preventiva en los barrios y se recalcó la importancia de optimizar los canales de comunicación con las distintas jurisdicciones con el fin de mejorar el seguimiento de las causas en curso, evitar superposiciones y garantizar una respuesta ante las demandas de la comunidad.

Finalmente, todos los participantes acordaron continuar trabajando en forma conjunta entre todos los niveles de gobierno para abordar la problemática, celebrando el encuentro de esta tarde.

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien permanece detenido en Estados Unidos desde comienzos de este año, se presentará este jueves ante un tribunal de Nueva York. Junto a su esposa, Cilia Flores, brindará declaración por segunda vez en el marco de la causa que los vincula con delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

De acuerdo a lo establecido por el Código Penal estadounidense, los cargos que enfrenta el matrimonio contemplan penas que oscilan entre los 30 años de prisión y la cadena perpetua. En esta audiencia, el juez Alvin Hellerstein analizará una moción presentada por la defensa, que denuncia interferencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el derecho constitucional a la defensa, al impedirles utilizar fondos del estado venezolano para costear el proceso legal.

Las autoridades de ese país identificaron y bloquearon activos vinculados a la pareja por un valor cercano a los 700 millones de dólares dentro de su jurisdicción. No obstante, la investigación financiera, que rastrea movimientos en paraísos fiscales, estima que la red de corrupción habría movilizado hasta 4.000 millones de dólares. Los abogados argumentaron que la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de bloquear los pagos afecta la libre elección de sus representantes legales.

Maduro y Flores se encuentran alojados en una prisión de Brooklyn desde el tres de enero de este año, tras ser destituidos luego de una incursión de fuerzas estadounidenses. El proceso continuó bajo la gestión de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió la conducción del país tras un acuerdo con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En paralelo al avance judicial, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el envío de una delegación diplomática a Washington para iniciar una nueva etapa de diálogo. Durante un encuentro con inversores en Caracas, la funcionaria precisó que la comitiva partirá esta semana para asumir el inicio de esta etapa de relaciones políticas entre ambos gobiernos.

Rodríguez señaló que considera necesario

“construir verdaderas relaciones bilaterales a largo plazo, sólidas, con bases políticas sólidas, económicas sólidas, con una agenda de cooperación clara”

Cabe recordar que el pasado cinco de marzo, ambas naciones acordaron formalmente reanudar los vínculos diplomáticos, los cuales habían sido interrumpidos por el gobierno de Maduro en 2019.

La Justicia de Rosario inició un histórico juicio contra la banda narco comandada por Francisco Riquelme, en la que se pide doce cadenas perpetuas por 38 hechos delictivos denunciados, 16 de ellos asesinatos.

Según pudo la Agencia Noticias Argentinas, los fiscales comprenden que funcionó una asociación ilícita a la que se le atribuyen once hechos delictivos cometidos entre 2021 y 2022 en los barrios de Ludueña, Empalme Graneros y barrio Industrial y a estos se le suman casi 30 episodios violentos atribuidos a la banda que no serán juzgados en este proceso pero demuestran el accionar de la organización comandada por Riquelme.

Por ello, la organización -con el propio Riquelme dentro de los acusados- fue llevada a juicio oral y se elevó el inusual pedido de 12 cadenas perpetuas.

Los fiscales solicitaron para Riquelme una condena a prisión perpetua como jefe de una asociación ilícita, rol que ejerció incluso desde la cárcel, y como artífice de dos crímenes por encargo. El acusado se dio a conocer en marzo de 2020 por el intento de asesinato de Mariana Ortigala, allegada al narco Esteban Alvarado que actualmente está detenido en Ezeiza.

La mujer en cuestión sobrevivió a una balacera que tuvo 27 disparos y de los cuales recibió cinco en el frente a su casa. Al mes, Riquelme cayó preso y fue señalado como “jefe de sicarios” de Alvarado, siendo imputado como uno de los tres tiradores.

En enero de 2024, fue imputado por amenazas al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y, en diciembre de ese mismo año, Riquelme fue condenado a cinco años de prisión por insultar a dos guardias que le habían impedido recibir visitas en la cárcel de Ezeiza. A la semana, una sábana con los nombres de los guardias apareció colgada del tejido del penal.

La banda irrumpió en 2021 en la escena criminal rosarina con el narcomenudeo como telón de fondo y con extorsiones, balaceras, asesinatos y atentados a edificios públicos en su prontuario. Sin embargo, su máximo pico de violencia lo tuvieron con la aparición de una organización narcocriminal asociada a ´Los Monos´, generando así una guerra con decena de muertes. (NA). 

Militares mexicanos capturaron a un presunto narcotraficante que fue clave para lanzar el operativo que le costó la vida al capo mexicano Rubén Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, informó el domingo la secretaría de la Defensa.

El detenido es José “N”, apodado “El Pepe”. Él habría sido el encargado de trasladar a la pareja del poderoso capo a una lujosa cabaña en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco (oeste), informó un breve comunicado de Defensa, reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Oseguera, líder del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió el 22 de febrero tras resultar herido en un operativo de fuerzas federales en un exclusivo club campestre donde se había visto con una mujer con la que tenía una relación.

Según detallaron autoridades tras el operativo, los servicios de inteligencia militares descubrieron que la mujer se reuniría con Oseguera y así dieron con su paradero.

“El Pepe” es señalado como uno de los hombres de confianza del líder del CJNG, por el que Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares.

La captura del operador del CJNG fue en el municipio de Tlajomulco, Jalisco.

“Al detenido se le incautó drogas, armamento y un vehículo”, detalló el comunicado de la Defensa.

Tras conocerse la muerte de Oseguera, el CJNG respondió con acciones violentas como quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

El operativo y los choques armados posteriores entre fuerzas de seguridad y criminales dejaron más de 70 muertos. (NA).

La Policía boliviana arrestó este viernes al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en un operativo policial realizado durante la madrugada en el barrio Las Palmas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Si bien las autoridades de Gobierno aún no emitieron un informe oficial, fuentes policiales confirmaron la captura del hombre que permanecía prófugo desde el año pasado.

El procedimiento, que contó con la participación de agentes de la Fuerza Especial Contra el Narcotráfico y la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), se inició a las 2:30. Horas más tarde, el Ministerio de Gobierno informó sobre el traslado de 200 policías de élite desde El Alto hacia Santa Cruz para reforzar el resguardo y la seguridad en la zona tras la detención.

Durante el operativo, se observó a efectivos fuertemente armados mientras custodiaban a cuatro personas enmanilladas que salían de una vivienda de color blanco. Según las primeras informaciones, se presume que los detenidos formaban parte del equipo de seguridad personal del ciudadano uruguayo.

Marset era considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica en los últimos años. Se lo acusó de liderar una red internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero con operaciones que vinculaban a Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.

En 2023, el sospechoso logró escapar de un intento de captura en la misma ciudad boliviana, donde residía bajo una identidad falsa y mantenía una vida pública activa. Desde aquel episodio, en el que burló el cerco policial, se desconocía su paradero hasta la madrugada de este viernes, cuando finalmente fue localizado por las fuerzas de seguridad.

En el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes al menudeo, personal policial del Destacamento María Ignacia Vela llevó adelante un procedimiento que terminó con un hombre de 33 años puesto a disposición de la Justicia.

La pesquisa se desarrolló a partir de tareas encubiertas, análisis de material fílmico y testimonios, elementos que permitieron comprobar maniobras vinculadas a la venta de drogas por parte del implicado.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías 3 de Tandil otorgó una orden de allanamiento para un domicilio ubicado en avenida Tandil al 200, diligencia que fue concretada por los efectivos con resultado positivo.

Durante el operativo, los uniformados procedieron al secuestro de envoltorios con clorhidrato de cocaína, envoltorios con marihuana, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la sustancia, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El procedimiento contó con la colaboración de personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de Tandil y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Finalmente, el sospechoso quedó a disposición de la UFI 22 de Tandil, imputado por infracción al artículo 5 inciso C de la Ley 23.737, que sanciona la comercialización de estupefacientes.

Un ciudadano colombiano de 33 años fue imputado formalmente por comercializar estupefacientes, aunque ya tenía antecedentes de narcotráfico en Argentina, en 2023, cuando fue expulsado y, en el último tiempo, regresó al país de manera ilegal para instalarse en el macrocentro de la ciudad santafesina de Rosario.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó Fiscales.gob, el identificado con las iniciales V.S.A.F, y conocido por apodos como “Colombianito” o “Nene”, había sido condenado a cinco años de prisión por narcotráfico y portación de armas. Sin embargo volvió a ser detenido en el marco de dos allanamientos en domicilios particulares en donde se encontraron más de un kilo de cocaína, otras drogas y armas.

Los operativos corresponden a una investigación llevada adelante por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de esa ciudad santafesina, en coordinación con la región NEA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

El hombre tenía en su poder un total de 1.156 gramos de cocaína en un paquete rectangular de 1.027 gramos con el sello en bajo relieve del logo de “Rolex” y dos bolsas con 63 y 66 gramos. Además, se secuestró una balanza de precisión, dos pistolas, 266 municiones calibre 9 milímetros y .38 y documentación personal.

La imputación fue formulada el lunes pasado por el fiscal federal Matías Scilabra —a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario y titular de la Procunar región NEA— y el fiscal coadyuvante Matías Mené, en una audiencia de formalización de la investigación penal realizada ante el juez de Garantías Carlos Vera Barros.

En esa audiencia, los representantes del MPF solicitaron se le imponga la prisión preventiva al acusado, la que fue dispuesta por el plazo de 180 días.

El imputado participó de manera remota desde su lugar de detención y solo requirió que se notificara al Consulado de Colombia sobre su situación procesal.

El imputado ingresaba y egresaba de su domicilio en reiteradas oportunidades, principalmente en horario nocturno y a bordo de su auto, en maniobras compatibles con la venta y distribución de estupefacientes, tal como indicó la fiscalía. (NA).

Rubén Oseguera Cervantes, identificado como “El Mencho”, murió durante su traslado aéreo a la Ciudad de México tras ser detenido y herido en una operación militar realizada en Tapalpa, Jalisco, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional.

El despliegue se ejecutó el 22 de febrero de 2026 como parte de una acción coordinada entre la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

Este lunes, durante La Mañanera desde Palacio Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo detalló el operativo y explicó que la pareja sentimental de Oseguera Cervantes fue clave para su ubicación.

A través de Inteligencia Militar Central se localizó a un hombre de confianza de una de sus parejas sentimentales, quien la trasladó a Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con él. Tras su salida del inmueble, se obtuvo información de que “El Mencho” permanecía en una cabaña en esa zona.

Con la presencia confirmada, se organizó una fuerza operativa integrada por fuerzas especiales del Ejército, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana.

Al detectar la presencia militar, los integrantes del grupo armado abrieron fuego contra los soldados y guardias nacionales. Según el reporte oficial, se hizo uso de la fuerza conforme a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza para repeler la agresión.

En un primer informe se reportó la muerte de cuatro delincuentes, aunque posteriormente se informó que el saldo fue de siete abatidos y dos detenidos. También se aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes, ocho vehículos, dos racer, cartuchos y cargadores. Dos militares resultaron heridos.

“El Mencho” y su círculo cercano huyeron hacia una zona boscosa, donde se tendió un cerco. Durante la operación, los agresores impactaron un helicóptero, que debió realizar un aterrizaje de emergencia.

Debido a las lesiones, fue necesaria la evacuación de Oseguera Cervantes a una instalación médica en Jalisco. Sin embargo, murió durante el traslado aéreo. Posteriormente, fue llevado a Morelia, Michoacán, y después a la Ciudad de México.

Las autoridades confirmaron que uno de los fallecidos es “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aunque no se precisaron las identidades del resto de las personas abatidas.

Como parte de los trabajos de inteligencia, también se ubicó a Hugo “H”, alias “Tuli”, señalado como operador financiero en El Grullo, Jalisco. Al intentar escapar en un vehículo y disparar contra la fuerza, se produjo su deceso.

Tras el operativo, integrantes del CJNG realizaron bloqueos carreteros, quema de vehículos y agresiones a instalaciones militares en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Puebla y Tamaulipas.

Las autoridades señalaron que la intervención fue resultado de trabajos de inteligencia conjunta, incluido el intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

La operación marca un punto clave en la estrategia federal, tras un despliegue que dejó enfrentamientos, aseguramientos y la muerte del líder del CJNG durante su traslado.

El Ejército mexicano abatió ayer a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), asestando uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en la historia reciente de la región.

Aunque todavía se aguardaba ayer la confirmación oficial del Gobierno federal, la caída del peligroso capo narco ya fue ratificada por diversos medios locales de primera línea como El Universal, Reforma y la cadena Televisa.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el operativo militar desplegado por las fuerzas federales generó una violenta e inmediata respuesta por parte de las células criminales del CJNG.

Sujetos fuertemente armados bloquearon distintas vías y rutas estratégicas de los estados de Jalisco y Michoacán (donde la banda tiene fuerte presencia) utilizando decenas de autos y camiones incendiados para sembrar el terror e intentar frenar el avance de las tropas.

Con la caída de figuras históricas como Joaquín “El Chapo” Guzmán y el reciente arresto de Ismael “El Mayo” Zambada (ambos líderes del Cártel de Sinaloa que hoy se encuentran en prisiones norteamericanas), “El Mencho” se había erigido como el principal objetivo de las agencias de seguridad a nivel internacional.

El prontuario del líder abatido acumulaba graves acusaciones a ambos lados de la frontera:

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o abatimiento.

En relación a este cartel narcocriminal, se formó en 2009 y fue catalogado por Washington directamente como una “organización terrorista” debido a la extrema crudeza de sus métodos y su poder de fuego.

Se acusa a su estructura criminal de controlar gran parte de las rutas internacionales para el tráfico a gran escala de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

La muerte de Oseguera Cervantes marca un punto de inflexión decisivo en la llamada guerra contra el narcotráfico, abriendo ahora un fuerte interrogante sobre la posible fragmentación del cártel más violento del país y el inminente estallido de una nueva y sangrienta disputa interna por la sucesión del poder. (NA).

Según el parte oficial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el operativo se llevó a cabo en el contexto del Plan Güemes, que se lleva adelante en la frontera norte salteña, donde trabajan efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

En tanto, la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Ramón de la Nueva Orán, junto a personal de la DUOF Jujuy, la DUOF La Quiaca y la División Antidrogas San Ramón de la Nueva Orán ordenaron la detención de un vehículo particular para realizar la correspondiente requisa e identificación de sus ocupantes.

Los uniformados advirtieron que los cuatro sujetos mostraban un marcado nerviosismo durante la inspección, lo que motivó a profundizar la revisión y encontraron un paquete tipo ladrillo que contenía más de un kilogramo de clorhidrato de cocaína de alta pureza, además de otro envoltorio con cuatro kilos y medio de picadura de marihuana.

Con autorización de la fiscalía, los cuatro involucrados quedaron detenidos y los estupefacientes fueron decomisados, asimismo, se secuestró el vehículo, un cuchillo, dos teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.

Los cuatro aprehendidos, todos argentinos y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor junto con los elementos incautados, acusados de infringir la Ley Nacional de Drogas. NA

Según el parte policial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el operativo se llevó a cabo por el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal, en el contexto del Plan Bandera, dispuesto por el Ministerio de Seguridad de La Nación.

La investigación inició en febrero, tras haber detectado distintos puntos de venta de drogas al menudeo, espacios que eran operados por ambas organizaciones que, a su vez, se enfrentaban por el control territorial de la zona norte y sur de la ciudad.

A partir de tareas de campo, seguimientos, puestos de observación e intervenciones telefónicas autorizadas por la justicia, se identificó a los sospechosos y los roles que cumplían dentro de cada estructura criminal.

Con las pruebas reunidas, el Colegio de Jueces de Primera Instancia, a cargo de Rodrigo Santana, ordenó la realización de 28 allanamientos en domicilios ubicados en las calles Bielsa, Esquiú, Gorriti, De la Salle, Juan Vucetich, Francia, Calle 1323, Riobamba, Pedro Lino Funes, Humberto Primo, Campbell, Casilla y Schweitzer.

Además de las mencionadas aprehensiones, se notificaron a otros 35 señalados y se secuestraron varias dosis de cocaína, marihuana, 51 teléfonos celulares, más de seis millones de pesos, 730 dólares, una réplica de revólver, un DVR y cajas de papel para armar cigarrillos.

Además, una buena parte de los domicilios ya habían sido allanados por la Policía de Investigación y los detenidos quedaron a disposición del juzgado interviniente por infracción a la Ley de Drogas. NA

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 864/2025 que establece por primera vez en más de 20 años los lineamientos estratégicos del Sistema de Inteligencia Nacional, con foco en ciberseguridad, Malvinas, terrorismo y crimen organizado.

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó la "Política de Inteligencia Nacional", un documento de 34 páginas que define los objetivos estratégicos y lineamientos que guiarán el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y todo el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) en los próximos años. En las últimas horas, el gobierno anunció nueva cúpula en la SIDE.

El Decreto 864/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, representa la primera definición formal de política de inteligencia en más de dos décadas, según reconoce el propio texto oficial.

La medida instruye además a la SIDE a dictar una "Estrategia de Inteligencia Nacional" que determinará los cursos de acción concretos para implementar los objetivos establecidos en el documento marco.

El decreto parte de un diagnóstico crítico sobre el estado del Sistema de Inteligencia Nacional, al que describe con "un deterioro relevante" de más de tres décadas que "socava el funcionamiento de las instituciones democráticas y vuelve vulnerable a la República Argentina frente a diversos riesgos y amenazas".

El documento menciona expresamente los atentados terroristas de 1992 contra la Embajada de Israel y de 1994 contra la AMIA, "cuyos hechos aún no han sido del todo esclarecidos", así como la muerte del fiscal Alberto Nisman, que "constituyó un hecho de suma gravedad institucional".

También se refiere a las sucesivas intervenciones que sufrió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desde 2019, que según el Gobierno "implicó un notorio retroceso institucional". La AFI fue disuelta mediante el Decreto 614/24 y reemplazada por la actual SIDE, que cuenta con cuatro órganos desconcentrados:

La política de Inteligencia Nacional define cinco intereses estratégicos que orientarán todas las actividades del sistema: asegurar la soberanía y autonomía de la Nación, proteger la integridad territorial y la legitimidad del Estado, proteger la vida, libertad, bienes y derechos de los habitantes, asegurar la vigencia del sistema democrático republicano y federal, y preservar los recursos estratégicos.

En relación con la soberanía, el documento establece la necesidad de identificar amenazas, detectar oportunidades de protagonismo internacional, proteger el conocimiento nacional y monitorear la influencia externa en procesos decisionales que puedan "condicionar la autonomía institucional".

Sobre la integridad territorial, se propone detectar "dinámicas de fragmentación territorial, conflictividad latente y presencia extranjera en espacios sensibles, incluyendo zonas de frontera, áreas marítimas y regiones de proyección antártica".

El anexo del decreto desarrolla diez lineamientos estratégicos con sus respectivos objetivos generales que abarcan las principales áreas de interés para la inteligencia nacional.

El primer lineamiento aborda la "disputa de poder en el escenario de política exterior", donde se reconoce que la competencia entre potencias globales "impacta directamente en regiones periféricas como América Latina". El objetivo es identificar riesgos, amenazas y oportunidades con impacto en la política exterior y seguridad nacional.

El segundo eje se refiere a la "superioridad de la información y riesgo de influencia externa", con foco en operaciones de desinformación que "buscan erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales, alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional".

El tercer lineamiento analiza el "poder integral de la Nación", incluyendo aspectos económicos, institucionales, sociales, de defensa y desarrollo científico-tecnológico. Se advierte sobre riesgos como "la captura de talento altamente calificado por actores extranjeros" y "la dependencia tecnológica de plataformas extranjeras".

Malvinas, Antártida y recursos naturales

Los lineamientos 4.a y 4.b abordan respectivamente la proyección antártica nacional y la presencia extranjera en el Atlántico Sur, Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Respecto a la Antártida, el documento destaca que Argentina mantiene presencia ininterrumpida desde 1904 con 13 bases activas, y se propone monitorear las acciones de actores estratégicos con interés geopolítico o económico en ese espacio.

Sobre el Atlántico Sur, el texto señala que "la intensificación de actividades científicas, logísticas y militares por parte de potencias extrarregionales" ha generado "un entorno de competencia silenciosa con implicancias geopolíticas". Se menciona expresamente "la ocupación ilegítima del territorio nacional" en referencia a las Islas Malvinas.

El quinto lineamiento aborda los recursos naturales estratégicos, destacando que Argentina "por su dotación estratégica de litio, gas no convencional, acuíferos y biomas de alto valor ecológico, enfrenta escenarios de presión simultánea por parte de actores estatales y corporativos".

Ciberseguridad y tecnologías de frontera

El sexto eje estratégico se centra en las "amenazas dentro y desde el ciberespacio", definiendo a este dominio como "vector de influencia y superficie de ataque" que permite a actores estatales y no estatales "proyectar poder de forma encubierta, transnacional y con bajo costo relativo".

El séptimo lineamiento aborda las "ventajas estratégicas del dominio de tecnologías de frontera", incluyendo inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología avanzada y sistemas autónomos, que "redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística".

Terrorismo y crimen organizado

Los lineamientos octavo y noveno se enfocan en terrorismo y crimen organizado respectivamente.

Sobre terrorismo, el documento advierte que Argentina enfrenta "exposición a redes trasnacionales vinculadas a Medio Oriente, particularmente en zonas de frontera y circuitos informales", mencionando "el precedente de atentados con impacto regional".

En cuanto al crimen organizado, se lo describe como "una estructura de poder paralela" que en Argentina se beneficia de "la convergencia de rutas estratégicas, zonas de frontera permeables y circuitos financieros informales" que han favorecido "la consolidación de redes criminales con vínculos regionales y extrarregionales".

El décimo y último lineamiento corresponde a la contrainteligencia, definida como "herramienta crítica para detectar interferencias, negar vectores de cooptación y preservar la integridad de los procesos estratégicos del Estado Nacional".

El Gobierno avanzará con la creación de la Policía Migratoria, contemplada en la Ley de Migraciones, y que reemplazará a la Gendarmería en la cobertura de seguridad en las fronteras y a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) en aeropuertos.

Fuentes del Ejecutivo señalaron que “está la decisión política de crearla” para mejorar el control y los patrullajes en las fronteras, sobre todo lo relacionado al ingreso de delincuentes y delitos como el contrabando, y para eso se está trabajando en “el diseño de la estructura, la dirección y el presupuesto”.

“Hay que hacerlo inmediatamente, es un cambio cultural. Se adecuará Migraciones que sigue en la órbita de Seguridad”, la cartera que pasó a estar a cargo de Alejandra Monteoliva ya que su jefa política, Patricia Bullrich, asumirá su banca en el Senado, según se indicó.

Y agregaron: "Lo lógico es que Migraciones controle los pasos sino es un desperdicio. Habría reasignación de recursos. La estructura administrativa ya está armada por Migraciones".

Se prevé que la Policía Migratoria estará integrada con efectivos de otras fuerzas que deberán ser capacitados para intensificar los controles en las fronteras.

En el marco de las modificaciones que está estableciendo la gestión libertaria, meses atrás, el presidente Javier Milei anunció la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en un acto junto a Bullrich, una suerte de FBI estadounidense.

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, detuvo este jueves a ocho personas y secuestró armas de fuego, droga y municiones en una serie de allanamientos simultáneos realizados en Rosario, Capitán Bermúdez e Ibarlucea, en el marco de una investigación por microtráfico.

Entre los detenidos se encuentran Melani Ariadna N. —quien tenía pedido de captura federal activa—, Emilse Soledad M., Sandra Viviana C., Nicolás Ezequiel M., Alejandra Beatriz V., Ares Jonas B., Aquiles Alejandro B. y Macarena Joana L.

Durante las requisas, el personal de la PDI secuestró:

Las órdenes fueron ejecutadas en viviendas ubicadas en:

Los operativos fueron ordenados por la Unidad de Microtráfico de la Fiscalía General del MPA, a cargo de César Pierantoni, y ejecutados por la División Microtráfico del Departamento Operativo Región II, junto a grupos tácticos de la Policía de Santa Fe.

Las medidas se originaron a partir de tareas investigativas que incluyeron análisis de escuchas telefónicas y material obtenido en 18 allanamientos previos realizados el 15 de agosto, lo que permitió identificar nuevos domicilios vinculados con una organización dedicada al narcomenudeo en la zona de Empalme Graneros.

Los procedimientos se enmarcan en la Ley Nacional 23.737 y en la política de combate al microtráfico impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad, orientada a desarticular puntos de venta, debilitar organizaciones barriales y reducir la violencia asociada a las economías ilegales.

Fuente: Gobierno de Santa Fe.

Efectivos de Gendarmería encontraron un envoltorio con cocaína en una avioneta que había realizado un aterrizaje de emergencia esta madrugada en Arequito, ubicada a unos 100 kilómetros al oeste de la ciudad de Rosario.

De todas maneras, cuando el personal de la fuerza halló la droga ya no había nadie en el interior de la aeronave, una Cessna 210, matrícula LV-ESR que quedó enredada en unos campos de maíz y no pudo continuar viaje. Durante el operativo también se secuestró un GPS, un teléfono celular, una pistola Glock 9 milímetros y comida de origen extranjero.

Un vecino, propietario de un campo cercano, avisó a la policía sobre el hecho, que quedó a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad de Rosario, cuyo personal intentará establecer el origen del vuelo.

El episodio se produjo poco después del arresto de Brian Bilbao, un jefe narco, quien fue atrapado en Exaltación de la Cruz, en la zona norte del conurbano bonaerense, cuando aguardaba la llegada de otra avioneta -también cargada de drogas- junto a otras personas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, declaró este martes que la megaoperación ocurrida la semana pasada en Río de Janeiro fue una “masacre”, al referirse a la acción de las fuerzas de seguridad que dejó 121 muertos entre sospechosos y policías en los complejos Alemão y Penha.

La declaración del mandatario brasileño se realizó esta mañana en una entrevista con agencias de noticias internacionales y reflejó CNN Brasil.

Según Lula, “la orden del juez era para que se ejecutaran notificaciones de arresto, no para una masacre; sin embargo, ocurrió una masacre. Creo que es importante examinar las circunstancias en las que sucedió”.

Lula también calificó la operación de “desastrosa”. “La cruda realidad es que, en términos del número de muertos, algunos pueden considerar la operación un éxito. Pero, desde el punto de vista de la actuación del Estado, creo que fue desastrosa”, dijo el mandatario.

Además, Lula dijo que el gobierno federal impulsará una investigación independiente sobre la megaoperación policial que terminó con 121 personas muertas en Río de Janeiro la semana pasada, incluidos cuatro policías.

“Es importante analizar las circunstancias en las que ocurrió”, declaró Lula en la entrevista con la prensa internacional en Belém.

“Estamos llevando adelante esta investigación. Incluso estamos tratando de ver si es posible que los expertos forenses de la policía federal participen en el proceso de investigación de las muertes, cómo ocurrió, porque hay muchos relatos, hay mucha información”, argumentó.

La denominada Operación Contención del 28 de octubre, que tuvo como objetivo a la facción criminal CV (Comando Vermelho) fue la más mortífera de la historia de Brasil .

Las autoridades de Río de Janeiro calificaron la acción de las fuerzas de seguridad de exitosa, y el gobernador Cláudio Castro (PL) afirmó que las “únicas víctimas reales” fueron los policías muertos, alegando que todos los demás fallecidos eran delincuentes.

Vestida con ropa camuflada y un chaleco antibalas, Penélope, conocida como “Japinha do CV”, murió durante la megaoperación policial más letal registrada en Río de Janeiro. Su fallecimiento, el martes 28 de octubre, en los complejos del Alemão y la Penha, marcó el final de una de las figuras más visibles del Comando Vermelho, según informaron O Globo y CNN Brasil.

La operación movilizó a 2.500 agentes con el objetivo de desarticular la estructura de la organización criminal y dejó un saldo de decenas de muertos, lo que volvió a encender el debate sobre la violencia policial en la ciudad.

Apodada también “musa del crimen”, Penélope se había convertido en un rostro conocido tanto dentro como fuera de las favelas. De acuerdo con O Globo, las fuerzas de seguridad la identificaban como una de las principales combatientes del Comando Vermelho, responsable de proteger rutas de fuga y defender puntos estratégicos de venta de drogas.

Su presencia en redes sociales, donde posaba con fusiles y atuendos tácticos, alimentó su notoriedad. Terra añadió que su cuenta de Instagram, que superaba los 50.000 seguidores, fue eliminada tras su muerte, aunque antes mostraba imágenes de la joven armada, consumiendo drogas y participando en tendencias virales.

El enfrentamiento que terminó con su vida ocurrió cuando, según investigaciones preliminares citadas por CNN Brasil, Penélope abrió fuego contra los agentes durante la incursión. Un disparo de fusil la alcanzó en el rostro, y su cuerpo fue hallado cerca de uno de los accesos a la comunidad. Imágenes del lugar circularon ampliamente en redes sociales, provocando la reacción de su familia.

Las consecuencias de la operación generaron reacciones encontradas. La Defensoría Pública calificó el operativo como una “matanza”, mientras que el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió la acción y la consideró un “éxito”.

En una rueda de prensa, Castro expresó su solidaridad únicamente con las familias de los policías caídos y minimizó las muertes civiles, afirmando que “las verdaderas víctimas fueron los agentes que dieron la vida para liberar a la población”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, aseguró que la operación fue planificada y ejecutada por el gobierno regional de Río, sin conocimiento del Ejecutivo federal. Dijo además que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no había sido informado previamente del despliegue y que el gobierno se mostró “aterrado” por la cifra de muertes.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su “horror” por la magnitud de la acción y pidió investigaciones exhaustivas para determinar las responsabilidades. En la misma línea, el secretario general António Guterres solicitó la apertura inmediata de una investigación.

Tras la operación, O Globo y Terra indicaron que varios líderes del Comando Vermelho continúan prófugos, entre ellos Edgar Alves Andrade, alias Doca da Penha o Urso, identificado como el principal dirigente en el Complejo de la Penha. También permanecen buscados Pedro Paulo Guedes (“Pedro Bala”), Carlos Costa Neves (“Gadernal”) y Washington Cesar Braga da Silva (“Grandão”), todos señalados por el Ministerio Público como miembros de la cúpula de la organización.

Río de Janeiro amaneció este martes bajo fuego. Desde las primeras horas, helicópteros, blindados y drones de la policía irrumpieron en los complejos de Alemão y Penha, dos de las mayores favelas del norte carioca, en una ofensiva contra el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. El balance al cierre de la jornada fue estremecedor: 64 muertos, entre ellos cuatro agentes, y más de 80 detenidos.

La operación comenzó antes del amanecer con bloqueos vehiculares en autopistas y el cierre de avenidas estratégicas. Helicópteros sobrevolaron las favelas desde la noche anterior, mientras vehículos blindados rompían barricadas de neumáticos incendiados. Drones detectaron movimientos y guiaron el avance de 2.500 agentes por las callejuelas estrechas.

Las autoridades incautaron 42 fusiles de alto calibre y detuvieron a 81 personas, además de desplegar una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones de reconocimiento y ataque, y diez vehículos de demolición para abrir paso en rutas obstruidas.

El principal objetivo era Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, señalado por la Fiscalía como jefe regional del Comando Vermelho en el conjunto de favelas de Penha. Nacido en Paraíba en 1970, Doca acumula más de un centenar de causas judiciales por homicidio, tráfico de drogas, tortura y asociación criminal. Está vinculado con la coordinación del narcotráfico en Vila Cruzeiro y Morro do São Simão, así como con ataques a delegaciones policiales en 2025. Las autoridades mantienen una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que conduzca a su captura.

“El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha sido especialmente implacable en su política contra el Comando Vermelho. Este ataque fue, según fuentes locales y la propia prensa brasileña, el más letal contra grupos criminales en la historia de la ciudad. Tres de las cuatro operaciones con más muertos han ocurrido durante su mandato”, explicó Chris Dalby, director del observatorio World of Crime, a Infobae.

Dalby añadió: “Durante años, ‘Doca’ ha sido el arquitecto de la expansión violenta del grupo criminal hacia otras favelas y también hacia otros estados, donde mantiene conflictos con las milicias, organizaciones criminales vinculadas a sectores de la ultraderecha brasileña y formadas en muchos casos por policías y militares en activo o retirados. ‘Doca’ es, sin duda, uno de los criminales más poderosos de Río de Janeiro”.

El Comando Vermelho, fundado en 1979 en una cárcel de Río, se ha transformado en una estructura de alcance nacional y es considerada una de las dos organizaciones criminales más grandes de Brasil. Opera con una red descentralizada: capos en cárceles, lugartenientes en favelas y soldados que controlan los puntos de venta, junto a una sofisticada red de lavado de dinero. Su poder se sustenta tanto en el narcotráfico como en el control territorial de zonas donde el Estado históricamente ha estado ausente.

De acuerdo con la fiscalía coordinadora del combate al crimen organizado, el complejo de Penha y Alemão constituye “un punto estratégico para el flujo de drogas y armas” por su cercanía a autopistas y accesos logísticos de la ciudad. El gobernador Castro calificó la acción como una “guerra” y afirmó que Río está “sola en este enfrentamiento”. Señaló que el narcotráfico cuenta con armamento de redes internacionales y que las Fuerzas Armadas rechazaron hasta tres veces su pedido de apoyo con blindados.

Mientras tanto, la población del norte de Río vivió escenas propias de un conflicto bélico: ráfagas de tiros, granadas lanzadas desde drones insurgentes, autobuses desviados y más de 200.000 personas afectadas por la interrupción de servicios públicos. Las clases fueron suspendidas en 45 centros educativos, y doce líneas de colectivos cambiaron su itinerario. Comercios cerrados, transporte ausente y aulas vacías definieron la jornada de tensión, miedo y parálisis.

En este contexto, vuelve a plantearse un dilema clásico de las operaciones en favelas: la frontera entre el combate al crimen y la vulneración de derechos ciudadanos. Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente este tipo de intervenciones. En septiembre de 2025, Human Rights Watch advirtió que un proyecto de ley aprobado en Río podría establecer incentivos económicos para que la policía dispare a sospechosos, creando “un incentivo financiero para que los oficiales disparen en lugar de arrestar”.

Ya son nueve los detenidos por el triple femicidio en Florencio Varela de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez: la mujer de Víctor Sotacuro Lázaro fue arrestada en la Ciudad de Buenos Aires. La aprehensión de Mónica Débora Mujica se concretó esta madrugada, según informaron fuentes policiales.

La mujer fue detenida en un refugio ubicado en el barrio de La Boca por detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza y a pedido del fiscal Adrián Arribas.

La orden de captura se efectuó luego de la declaración de un testigo que señaló que Mujica formaba parte de la banda narco que integraban su esposo, alias “El Duro” o “El Chato”, y su sobrina Milagros Florencia Ibáñez (20), también presa por el caso.

Ibáñez, en una de sus primeras declaraciones indagatorias, sostuvo que Mujica le había pedido que le borrara toda la información del teléfono celular a Sotacuro Lázaro horas después del triple crimen.

“Me lo solicitó mi tía de nombre Débora, quién resulta ser la esposa de Víctor. Que el procedimiento lo realicé viendo un video por YouTube”, declaró Ibánez el 9 de octubre.

Arribas le había tomado a Mujica declaración testimonial el 6 de octubre. En esa oportunidad, la mujer aseguró que “no sabía nada” y que el 19 de septiembre su esposo “había ido hacer de remis” a un vecino que identificó con el nombre David y sus apodos, “El Loco” o “El Tarta”.

La ahora sospechosa hacía referencia a David Gustavo Huamani Morales (36), uno de los tres prófugos -y con pedido de captura internacional- que tiene la investigación.

Mientras tanto, el fiscal Arribas pidió las prisiones preventivas de todos los apresados y el traspaso de la investigación al fuero federal. La medida fue tomada contra Víctor Sotacuro Lázaro, señalado como uno los líderes de la banda; Celeste Magalí Guerrero, dueña de la propiedad donde se hallaron los cuerpos junto con su pareja Miguel Silva; Daniela Ibarra, a quien encontraron lavando manchas de sangre en la vivienda y que estaba acompañada por Maximiliano Parra. La lista sigue con Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro y que aparece en el auto de apoyo; Ariel Giménez, quien tuvo la tarea de cavar el pozo donde se enterró a las chicas; y Matías Agustín Ozorio, quien fue capturado en Perú.