Cada 21 de marzo, el mundo se une para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2011. 

Este día no solo sirve como una oportunidad para crear conciencia pública sobre el síndrome de Down, sino también para reconocer la dignidad inherente de las personas con discapacidad intelectual y celebrar la diversidad dentro de nuestras comunidades.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) utiliza esta celebración para resaltar la importancia de la autonomía e independencia individual de las personas con síndrome de Down, subrayando su capacidad para tomar sus propias decisiones y contribuir al bienestar de la sociedad en su conjunto.

Es crucial entender que no es una enfermedad, sino una alteración genética conocida como trisomía 21, ya que dentro de los 23 pares de cromosomas que todas las personas tenemos, aquellas con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par número 21, lo que genera discapacidad intelectual además de ciertas características físicas.

Esta condición se presenta en el momento de la concepción y acompaña a la persona a lo largo de toda su vida. En lugar de verlo como una limitación, es fundamental adoptar un enfoque de derechos al hablar sobre las personas con síndrome de Down.

Asimismo, es esencial comprender también que no están limitadas en su capacidad para vivir una vida plena y significativa. Con el apoyo adecuado desde una edad temprana, pueden alcanzar sus metas y contribuir de manera significativa a la sociedad.

En el ámbito familiar, pueden participar en las tareas del hogar, asumir responsabilidades y tomar decisiones por sí mismas. En la escuela, pueden recibir educación inclusiva con el apoyo de maestros integradores, interactuando y aprendiendo junto con sus compañeros sin discapacidad. En el mundo laboral, tienen la capacidad de capacitarse y desarrollarse en áreas de interés en el mercado laboral abierto.

Además, pueden disfrutar de una vida social plena, formar relaciones, practicar deportes, divertirse y viajar de manera autónoma. Su contribución a la sociedad es valiosa y significativa.

El acceso adecuado a la atención médica, programas de intervención temprana y educación inclusiva, junto con la investigación continua, son cruciales para el crecimiento y desarrollo óptimo de las personas con síndrome de Down.

La inclusión laboral es un derecho de las personas con discapacidad a poder contar con un trabajo en igualdad de condiciones en el mercado laboral abierto. 

Resulta importante remarcar que implica igualdad de condiciones y no solo de oportunidades, ya que un joven o adulto con una discapacidad intelectual requerirá de ayudas y de ajustes para desenvolverse, para tener condiciones que sean equitativas. 

Es así como la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad establece que se debe “asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo”. (CDPD, ONU, 2006, Art. 27.1. inc.i).

Las empresas e instituciones deben poder planificar puestos de trabajo acordes a las posibilidades de una persona con discapacidad, realizar ajustes razonables. Garantizar el derecho a la inclusión implica obligaciones para el Estado y la sociedad en este sentido. Con más razón en las empresas de servicios públicos.

Normativas argentinas exigen un 4 por ciento de trabajadores con discapacidad incluidos en empresas públicas y privadas. Esta obligación que el Estado debe hacer cumplir sería una herramienta fundamental en orden a garantizar ese derecho, posibilitando ciertas condiciones de equidad. 

Sin embargo, al no obligar a ser cumplida, al no realizar los controles necesarios para asegurar que suceda, esta equidad potencial queda en el vacío.

La organización Cascos Verdes lanzó su campaña de recaudación anual Derribando Barreras 2023, con el objetivo de recaudar $4.000.000 para becar en el próximo año a 15 nuevos estudiantes que se sumarán al Programa de Educación Ambiental. 

El Programa de Educación Ambiental (PEA) forma a alumnos y alumnas con discapacidad intelectual en temáticas ambientales y promueve el desarrollo de habilidades sociales. Cuenta con modalidades de cursada presencial y virtual, y tiene una duración de 4 años. Las clases se complementan con visitas y talleres educativos, además de prácticas en instituciones públicas y privadas. Al finalizar, reciben su título honorífico de Casco Verde, convirtiéndose en Educadores Ambientales. 

Nicolás Brown, alumno de Tandil que actualmente cursa el segundo año del Programa de Educación Ambiental en su modalidad virtual, comparte: "Lo que más me gusta de ser estudiante es compartir con mis compañeros y profes. Aprendí a tener paciencia y a cuidar el medio ambiente. Mis expectativas son poder terminar y recibirme. Disfruto de Cascos Verdes, estoy muy feliz".

El Programa de Educación Ambiental de Cascos Verdes realiza un doble aporte a la sociedad: por un lado, contribuye a generar un mejor presente y futuro compartiendo información clave para cuidar el ambiente y mitigar los efectos del cambio climático. Además, promueve de manera concreta la inclusión de personas con discapacidad, otorgándoles la posibilidad de formarse en el ámbito universitario, capacitarse en temáticas específicas y fortalecer su autonomía. 

Marcos Lanusse, director ejecutivo de Cascos Verdes, cuenta: “Creemos en el poder transformador de la educación y por eso buscamos que haya cada vez más Educadores Ambientales. Apuntamos con el Derribando Barreras 2023 a que las personas conozcan nuestro trabajo y nos acompañen en nuestra misión de transformar la realidad, aportando además a la concientización sobre el cuidado del ambiente. Desde Cascos Verdes sabemos que la inclusión real de las personas con discapacidad es posible porque lo vemos todos los días en las experiencias de estudiantes, profesores, familias, organizaciones y personas que se suman”.

Para realizar un aporte, se puede ingresar al sitio web de Cascos Verdes. Hay varias opciones de pago, y se puede donar un monto a elección. Todo lo recaudado será destinado a becas para poder sumar 15 estudiantes nuevos en 2024.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, Nicolás Brown, el joven con síndrome de down que lucha por continuar estudiando en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y Patricia, su madre, hicieron entrega de una nota y de las firmas que juntaron durante nueve días en el Campus en el edificio del Rectorado.

Cada 3 de diciembre, a fin de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por tal motivo fue que Nicolás y Patricia decidieron acercarse hasta la mesa de entrada del inmueble ubicado en la esquina de Pinto y Chacabuco.

“Estamos haciendo entrega de las 630 firmas que se juntaron de estudiantes de la Universidad en los nueve días que duró la proclama, la cual se inició porque hay una falta de respuestas y una ausencia de trabajo”, declaró Patricia en diálogo con El Eco Multimedios.

Tal como había señalado a este medio semanas atrás, remarcó una vez más que “se hizo hincapié en la estigmatización de mi hijo y no en la persona, en el estudiante y las reales necesidades que él tiene”.

En este martes, un día tan particular y especial, tomaron una medida para que efectivamente quede el sentado el expediente y los firmantes adheridos a la campaña sean tenidos en cuenta, ya que “fueron firmas genuinas y la proclama fue acompañada por el colectivo de alumnos”.

Cabe recordar que Nicolás ingresó a la Unicen en el 2016, cuando optó por estudiar la Licenciatura en Turismo en la Facultad de Humanas. Desde aquel día, según expuso su mamá, no han tenido una propuesta clara y coherente de un trabajo integrado y real. Nicolás ha perdido cursadas y compañeros “porque la Universidad no contempla lo que el artículo 24 de la convención de derechos de personas con discapacidad establece: los ajustes razonables”.

Enfatizó Patricia que Nicolás se siente muy bien con la carrera y muy a gusto con la facultad y sus compañeros, pero que solo estaría faltando la educación inclusiva.

Semanas atrás, ante la falta de acciones concretas advertidas desde su parte y al no saber a dónde recurrir, optaron por acudir a la Defensoría del Pueblo. No obstante, desde que la noticia trascendió y la iniciativa de la colecta de firmas se viralizó, varios organismos decidieron acompañar la demanda, como la Asociación Síndrome de Down República Argentina, el Grupo 24 de Educación Inclusiva e, incluso, algunas organizaciones internacionales.

Advirtió que en caso de no tener respuestas luego de esta acción que llevaron adelante, “estamos en gestiones con otros organismos de educación, de derechos humanos, y con el Inadi. Hay otro tipo de acciones, porque literalmente acá hay un hecho de discriminación. La Universidad es pública, es para todos.

El caso

Nicolás Brown nació en Buenos Aires hace 25 años. Tiempo atrás se mudó con su familia a Tandil y en 2016, luego de finalizar la secundaria, se dispuso a estudiar la Licenciatura en Turismo en la Facultad de Humanas de la Universidad Nacional del Centro.

Al cabo de un par de años en la carrera, Nicolás notó que la institución no le adaptaba los contenidos y que sus posibilidades de continuar estudiando se esfumaban. Por tal razón, con su madre como respaldo, inició una colecta de firmas para visibilizar el caso.

Patricia, su mamá, exclamó indignada en diálogo con este medio que la Universidad no le garantiza los ajustes razonables a la educación aludiendo que no pueden quitar contenido. Sin embargo, ella remarcó que en realidad lo que piden es que adecuen los temas.

La colecta de firmas que iniciaron hace algunas semanas, a la cual adhirieron alumnos y profesores de las diferentes facultades, tuvo como fin visibilizar lo que estaba aconteciendo y ejercer presión sobre las autoridades.

De hecho, tras tomar público conocimiento el caso, Mabel Pacheco, secretaria Académica de la Unicen, tomó la palabra y aseveró que “la Universidad se hizo cargo y se trabajó desde las estrategias de ingreso. Hemos tenido reuniones de trabajo interdisciplinario con la Secretaría Académica del Rectorado, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, la Secretaría Legal y Técnica, y la Secretaría de Extensión, donde también hay una comisión de discapacidad”.

Incluso, desde la propia Facultad de Humanas elevaron un comunicado citando las acciones que se llevaron a cabo para facilitar el pasó de Brown por el establecimiento: “Para favorecer su recorrido académico, diversas fueron las acciones desarrolladas: Se trabajó en forma mancomunada desde la Secretaría Académica con el Consejo de Carrera de Turismo; se mantuvo el contacto permanente con los sucesivos Acompañantes Terapéuticos (cuatro desde el 2016 al 2019); al iniciar las cursadas de primer año y durante las mismas se realizaron encuentros con los profesores, con el asesoramiento de una docente especialista, referente de la Comisión de Discapacidad de la Unicen; al avanzar las cursadas se diseñaron con los equipos docentes los ajustes que hemos considerado y acordados como razonables a fin de acompañar el proceso de enseñanza y evaluación. Esto consta en más de 150 correos intercambiados y acuerdos que quedaron registrados en actas”.

“No tuvimos diálogo”

Tras la polémica y el revuelo que se armó en torno a la juntada de firmas que organizaron Nicolás Brown y su mamá, y las declaraciones cruzadas entre ellos y la Universidad, se preveía que se juntarían a dialogar para limar asperezas.

Sin embargo, la propia Patricia aseguró que no han recibido ningún llamado y que las acciones mencionadas por el establecimiento nunca existieron. “La Universidad dice ‘no podemos quitar contenido’. Y qué bueno que manifiesta todas las adaptaciones que hace, pero por lo menos en el caso de Nicolás Brown no están plasmadas”, exclamó.

Asimismo, señaló que las adecuaciones pertinentes “no han sido sostenidas” y que sí advirtieron la buena voluntad de varios docentes pero que “desde arriba inhabilitaban esas acciones”.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, Nicolás Brown, el joven con síndrome de down que lucha por continuar estudiando en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y Patricia, su madre, hicieron entrega de una nota y de las firmas que juntaron durante nueve días en el Campus en el edificio del Rectorado.

Cada 3 de diciembre, a fin de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Por tal motivo fue que Nicolás y Patricia decidieron acercarse hasta la mesa de entrada del inmueble ubicado en la intersección de Pinto y Chacabuco.

“Estamos haciendo entrega de las 630 firmas que se juntaron de estudiantes de la Universidad en los nueve días que duró la proclama, la cual se inició porque hay una falta de respuestas y una ausencia de trabajo”, declaró Patricia en diálogo con El Eco Multimedios.

Tal como había señalado a este medio semanas atrás, remarcó una vez más que “se hizo hincapié en la estigmatización de mi hijo y no en la persona, en el estudiante y las reales necesidades que él tiene”.

En este martes, un día tan particular y especial, tomaron una medida para que efectivamente quede el sentado el expediente y los firmantes adheridos a la campaña sean tenidos en cuenta, ya que “fueron firmas genuinas y la proclama fue acompañada por el colectivo de alumnos”.

Mabel Pacheco, la secretaria Académica de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, dialogó con El Eco Multimedios respecto al caso de Nicolás Brown, el chico de 25 años con síndrome de down que decidió iniciar una colecta de firmas para que el establecimiento le adaptara los contenidos y él pudiera continuar estudiando, y reconoció que están trabajando en al respecto.

“Estamos trabajando con este caso, como con tantos otros. Porque tenemos una política de inclusión, de ingreso y permanencia de nuestros estudiantes”, aseguró la Secretaria Académica y agregó que tienen una protección de los alumnos para no exponerlos.

Tal como había manifestado Patricia, la madre de Nicolás, en diálogo con El Eco de Tandil, Pacheco confirmó que Nicolás presentó un título de secundaria, razón por la cual se pudo inscribir a la universidad, puesto que es la condición necesaria para ser un alumno de nivel superior. “Algunos títulos en ese momento tenían alguna leyenda que no los hacía aptos para estudios de nivel superior, pero no era el caso de Nicolás”, completó.

“Por lo tanto, la Universidad se hizo cargo y se trabajó desde las estrategias de ingreso. Hemos tenido reuniones de trabajo interdisciplinario con la Secretaría Académica del Rectorado, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, la Secretaría Legal y Técnica, y la Secretaría de Extensión, donde también hay una comisión de discapacidad”, cercioró Pacheco.

Por otra parte, contó que si bien no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Patricia, sí la ha visto asistir al programa especial de charlas sobre discapacidad que coordina la Secretaría de Políticas Universitarias: “No he tenido la oportunidad de conocerla, pero sí sé que se les facilitó una computadora portátil, porque la mamá planteó su dificultad económica y era un ajuste razonable acceder a ese tipo de elemento. Además, se le ha ofrecido atención de los servicios psicopedagógicos y psicológicos de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Hay trabajo interdisciplinario, pero es con todos los estudiantes”.

No se pueden modificar los planes de estudio

Si bien Patricia planteó en la nota que brindó a este medio que lo que querían eran algunos ajustes razonables y no que quitaran contenidos, igualmente la secretaria Académica aclaró que, como entidad de nivel superior, no pueden realizar modificaciones en los planes de estudio.

“Un plan de estudio es un documento público aprobado por resolución ministerial que tiene unas incumbencias y contenidos mínimos que no se pueden modificar”, refirió y añadió que al momento de entregar el diploma “debemos garantizar la calidad de los aprendizajes”.

Lo que sí se puede hacer, y se debe llevar a cabo, es lo que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Convención de los Derechos Humanos del 2006, definió como ajustes razonables.

Explicó Pacheco que se trata de una adaptación procedimental que no prevé cambios en los contenidos mínimos, en el plan de estudio ni en los programas. En todo caso, las modificaciones se hacen en el modo de enseñar a través de diferentes estrategias, y en el modo de evaluar. “Y eso es lo que se ha hecho. Extender validez de alguna cursada, por ejemplo, lo hemos realizado”, aseveró.

El caso fue trasladado a la Defensoría de la Nación

La defensora del Pueblo, Paula Lafourcade, dialogó con El Eco de Tandil respecto a este caso y declaró que el asunto fue elevado a la Defensoría de la Nación.

La madre de Nicolás había comentado a este medio que ante la falta de respuestas por parte de la Universidad decidieron acercarse a la Defensoría del Pueblo de Tandil para ver qué se podía hacer. Agregó que días más tarde los llamaron desde la Defensoría y les entregaron el expediente de Nicolás, “un expediente de 64 folios que literalmente es el de la universidad. ¡Y las cosas que dice! Pone en tela de juicio si está homologado, o no, el título de secundaria, si es real o no. ¿Por qué? Porque lo estigmatizan”.

Al respecto, Lafourcade reconoció que efectivamente Patricia se había presentado para realizar el reclamo y que ellos pidieron un informe en su momento en la Universidad, “pese a que no somos competentes porque tenemos un ámbito local”.

“Pero desde la Facultad igualmente nos contestaron y por tal razón nos comunicamos con la mamá de Nicolás para notificarle del hecho”, manifestó la defensora del Pueblo y completó que, tras la situación, le dieron intervención a la Defensoría del Pueblo de la Nación.

“Por competencia, le corresponde a la Defensoría de la Nación, y por tal motivo es que nosotros decidimos hacer la derivación. No obstante, seguimos la gestión y articulamos todas las presentaciones que no van pidiendo”, indicó Lafourcade.

Informó que, según pudo averiguar, desde el ente nacional le pidieron un nuevo informe a la Universidad Nacional del Centro, el cual ya fue contestado. Por el último contacto telefónico que mantuvieron, “estaban analizando la respuesta de la Unicen. Hasta ahora, esa es toda nuestra intervención ya que, repito, no es de nuestra competencia”, concluyó.

El caso

Nicolás Brown es un joven con síndrome de down que nació en Capital Federal pero desde hace algunos años vive en Tandil. En 2016 comenzó a estudiar la Licenciatura en Turismo en la Unicen y, tras transitar dos años allí, hoy se encuentra envuelto en una polémica que no le permite continuar con su carrera estudiantil y por tal razón decidió comenzar una colecta de firmas.

Su madre, indignada, exclamó en diálogo con este medio que la Universidad no le garantiza los ajustes razonables a la educación aludiendo que no pueden quitar contenido. Sin embargo, ella remarcó que en realidad lo que piden es que adecuen los temas.

La colecta de firmas que iniciaron hace algunas semanas, y a la cual adhirieron alumnos y profesores de las diferentes facultades, tuvo como fin visibilizar lo que estaba aconteciendo y ejercer presión sobre las autoridades.

Explicando de manera sintetizada la situación, pero remarcando qué es la discriminación y qué debería hacer el Estado y la Unicen, madre e hijo hicieron circular una hoja para que estudiantes y profesores se adhirieran a la causa.

Un hecho que inspiró tanto a Nicolás como a su madre a comenzar con esta iniciativa fue el caso de Eva Godoy, una chica salteña de 20 años con Síndrome de Down, que hizo frente a una situación similar y que hoy se encuentra estudiando Ingeniería en Recursos Naturales y Medioambiente en la universidad.

“Nos inspiró esa noticia. Ellos advirtieron el mismo problema, pero no esperaron cuatro años, esperaron dos. Seguramente también tuvieron un sinnúmero de respuestas, pero como allá no tienen Defensoría, decidieron acudir directamente al Inadi y acusaron una discriminación”, refirió Patricia.

Mabel Pacheco, la secretaria Académica de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, dialogó con El Eco Multimedios respecto al caso de Nicolás Brown, el chico de 25 años con síndrome de down que decidió iniciar una colecta de firmas para que el establecimiento le adaptara los contenidos y él pudiera continuar estudiando, y reconoció que están trabajando en al respecto.

“Estamos trabajando con este caso, como con tantos otros. Porque tenemos una política de inclusión, de ingreso y permanencia de nuestros estudiantes”, aseguró la Secretaria Académica y agregó que tienen una protección de los alumnos para no exponerlos. Tiene Síndrome de Down y clama que la universidad le adapte los contenidos para continuar estudiando

Tal como había manifestado Patricia, la madre de Nicolás, en diálogo con El Eco de Tandil, Pacheco confirmó que Nicolás presentó un título de secundaria, razón por la cual se pudo inscribir a la universidad, puesto que es la condición necesaria para ser un alumno de nivel superior. “Algunos títulos en ese momento tenían alguna leyenda que no los hacía aptos para estudios de nivel superior, pero no era el caso de Nicolás”, completó.

“Por lo tanto, la Universidad se hizo cargo y se trabajó desde las estrategias de ingreso. Hemos tenido reuniones de trabajo interdisciplinario con la Secretaría Académica del Rectorado, la Secretaría de Bienestar Estudiantil, la Secretaría Legal y Técnica, y la Secretaría de Extensión, donde también hay una comisión de discapacidad”, cercioró Pacheco.

Por otra parte, contó que si bien no ha tenido la oportunidad de conocer personalmente a Patricia, sí la ha visto asistir al programa especial de charlas sobre discapacidad que coordina la Secretaría de Políticas Universitarias: “No he tenido la oportunidad de conocerla, pero sí sé que se les facilitó una computadora portátil, porque la mamá planteó su dificultad económica y era un ajuste razonable acceder a ese tipo de elemento. Además, se le ha ofrecido atención de los servicios psicopedagógicos y psicológicos de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Hay trabajo interdisciplinario, pero es con todos los estudiantes”.

“El caso de Nicolás Brown lo derivamos a Defensoría de la Nación”, indicó Paula Lafourcade No se pueden modificar los planes de estudio

Si bien Patricia planteó en la nota que brindó a este medio que lo que querían eran algunos ajustes razonables y no que quitaran contenidos, igualmente la secretaria Académica aclaró que, como entidad de nivel superior, no pueden realizar modificaciones en los planes de estudio.

“Un plan de estudio es un documento público aprobado por resolución ministerial que tiene unas incumbencias y contenidos mínimos que no se pueden modificar”, refirió y añadió que al momento de entregar el diploma “debemos garantizar la calidad de los aprendizajes”.

Lo que sí se puede hacer, y se debe llevar a cabo, es lo que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Convención de los Derechos Humanos del 2006, definió como ajustes razonables.

Explicó Pacheco que se trata de una adaptación procedimental que no prevé cambios en los contenidos mínimos, en el plan de estudio ni en los programas. En todo caso, las modificaciones se hacen en el modo de enseñar a través de diferentes estrategias, y en el modo de evaluar. “Y eso es lo que se ha hecho. Extender validez de alguna cursada, por ejemplo, lo hemos realizado”, aseveró.

La defensora del Pueblo, Paula Lafourcade, dialogó con El Eco de Tandil respecto al caso de Nicolás Brown, el joven con síndrome de down que pide que la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires le adapte los contenidos para poder continuar estudiando, y declaró que el asunto fue elevado a la Defensoría de la Nación.

Patricia, la mamá de Nicolás, había comentado a este medio que ante la falta de respuestas por parte de la Universidad decidieron acercarse a la Defensoría del Pueblo de Tandil para ver qué se podía hacer.

Agregó que días más tarde los llamaron desde la Defensoría y les entregaron el expediente de Nicolás, “un expediente de 64 folios que literalmente es el de la universidad. ¡Y las cosas que dice! Pone en tela de juicio si está homologado, o no, el título de secundaria, si es real o no. ¿Por qué? Porque lo estigmatizan”.

Al respecto, Lafourcade reconoció que efectivamente Patricia se había presentado para realizar el reclamo y que ellos pidieron un informe en su momento en la Universidad, “pese a que no somos competentes porque tenemos un ámbito local”.

“Pero desde la Facultad igualmente nos contestaron y por tal razón nos comunicamos con la mamá de Nicolás para notificarle del hecho”, manifestó la defensora del Pueblo y completó que, tras la situación, le dieron intervención a la Defensoría del Pueblo de la Nación.

“Por competencia, le corresponde a la Defensoría de la Nación, y por tal motivo es que nosotros decidimos hacer la derivación. No obstante, seguimos la gestión y articulamos todas las presentaciones que no van pidiendo”, indicó Lafourcade.

Informó que, según pudo averiguar, desde el ente nacional le pidieron un nuevo informe a la Universidad Nacional del Centro, el cual ya fue contestado. Por el último contacto telefónico que mantuvieron, “estaban analizando la respuesta de la Unicen. Hasta ahora, esa es toda nuestra intervención ya que, repito, no es de nuestra competencia”, concluyó.

La Facultad de Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires se vio envuelta en una nueva polémica, luego de que su vicerrectora fuera denunciada por plagio: en esta oportunidad, Nicolás Browne, un joven de 24 años con Síndrome de Down, debió iniciar una colecta de firmas para que adapten los programas y le permitan continuar estudiando.

Nicolás nació en Capital Federal pero desde hace algunos años vive en Tandil. En 2016 comenzó a estudiar la Licenciatura en Turismo en la Unicen y, tras “dos primeros años académicamente buenos, ya que no necesitó acompañante terapéutico”, hoy se encuentra envuelto en una polémica que no le permite continuar con su carrera.

“La universidad no le garantiza los ajustes razonables a la adecuación. Se jacta de que no puede quitar contenido, pero nosotros lo que pedimos no es eso, es que adecuen. Es increíble que tengamos que padecer esto en Humanas”, clamó con indignación Patricia, su madre.

A raíz de este problema, fue que decidieron iniciar una campaña de colecta de firmas para visibilizar lo que estaba aconteciendo y ejercer presión sobre las autoridades.

Explicando de manera sintetizada la situación, pero remarcando qué es la discriminación y qué debería hacer el Estado y la Unicen, madre e hijo hicieron circular una hoja para que estudiantes y profesores se adhirieran a la causa.

“Discriminación se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades… entre ellas la denegación de ajustes razonables. Es decir, cuando se omitan realizar modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas”, informaron en la carta y agregaron que “el Estado debe asegurar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles y garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a la educación superior y a la formación profesional”.

Bajo esas premisas fue que solicitaron a las autoridades “hacer efectivas las normas constitucionales de protección a la educación y las referidas a los derechos de las personas con discapacidad”.

Cómo surgió la idea de juntar firmas

Contó Patricia que la proclama de Nicolás la iniciaron a mediados de agosto pero que, en realidad, el problema surgió hace bastante tiempo, prácticamente desde que ingresó a la universidad.

“En todo el proceso académico de Nico éramos nosotros los que pedíamos las reuniones. Porque si teníamos que esperar a la facultad, nunca nos citaban. Entonces, a través del acompañante terapéutico, lo hacíamos. Cada vez que nos acercábamos para pedir una cita, pasaban meses y perdía cuatrimestres. Y si bien es cierto que ellos venían a las reuniones, después no hacían nada”, relató.

Ante la falta de respuestas, decidieron acercarse a la Defensoría del Pueblo de Tandil para ver qué se podía hacer. Allí los recibieron y les comentaron que el caso llevaría su curso y que les notificarían cuando tuvieran novedades.

“A los días, la misma Defensoría nos llamó para que nos acercáramos, y nosotros pensamos que iban a tener alguna novedad. Pero no, nos entregaron el expediente de Nico. Un expediente de 64 folios que literalmente es el de la universidad. ¡Y las cosas que dice! Pone en tela de juicio si está homologado, o no, el título de secundaria, si es real o no. ¿Por qué? Porque lo estigmatizan”, exclamó.

De cualquier manera el detonante de esta situación para Patricia fue cuando se enteró que el Consejo Académico aprobó el lenguaje inclusivo: “¿Hacen adecuaciones para que sean todes y no pueden adecuar esto? Estamos hablando de Humanas. Es increíble, donde se debería dar el ejemplo”.

Una noticia que los inspiró

Más allá del expediente que los exaltó y la aprobación del lenguaje inclusivo que les colmó la paciencia, una noticia nacional los inspiró: Eva Godoy, una chica salteña de 20 años con Síndrome de Down, hizo frente a una situación similar y hoy se encuentra estudiando Ingeniería en Recursos Naturales y Medioambiente en la universidad.

“Nos inspiró esa noticia. Ellos advirtieron el mismo problema, pero no esperaron cuatro años, esperaron dos. Seguramente también tuvieron un sinnúmero de respuestas, pero como allá no tienen Defensoría, decidieron acudir directamente al Inadi y acusaron una discriminación”, refirió.

Ante tal hecho, la madre de Nicolás pensó en realizar una movida similar. Llamó a la línea telefónica del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo pero las líneas estaban siempre ocupadas.

“A lo mejor no me han podido atender, pero estamos en tema. Esto recién comienza”, sentenció.

El objetivo de la propuesta

Indicó Patricia que con esta juntada de firmas que organizaron lo que buscaron fue sensibilizar y concientizar a los chicos de la universidad en sus últimos días de cursada.

“Esto es un derecho de él; están vulnerando su derecho”, expuso y manifestó que con esta iniciativa lograron hacer visible la situación de otros alumnos con diferentes discapacidades.

“Los propios chicos cuando se acercan a firmar cuentan que se están visibilizando otras problemáticas, como chicos hipoacúsicos o con dislexia que atraviesan por la misma situación”, narró.

Las alternativas en Tandil

Cuando Nicolás finalizó la secundaria se preguntaron cuál era el camino a seguir: “¿Va a El Andamio? ¿Al Taller Protegido? Todo para que le asignen cosas que ya están preestablecidas. Yo di la vida por él, le luche hasta el título. Pero ahí el chico vuelve para atrás, toda la ficha y toda la ayuda de la familia le brindó es para nada”.

Fue entonces cuando se fijaron en las ofertas que había en la ciudad y le presentaron las diferentes actividades que Nicolás podía realizar. “Obviamente no nació de él estudiar Turismo, pero cuando me hablan de techo, para mí él no tiene”, aseveró”.

La vida universitaria le permitió insertarse en el mundo estudiantil, dejar de viajar hasta Nuestra Tierra y comenzar a hacerlo hasta el Campus, cargar con su peso para poder comer y hacer nuevos amigos.

“Está viviendo lo que vive cualquier chico  de su edad. Cuando lo agote esto, iremos por algún cupo laboral. Veremos si en algún lugar público, ya sea nacional, provincial o municipal, o privado”, concluyó Patricia.