La caída de menor de 4 años de uno de los juegos infantiles ubicado en el Parque Soñado de los Niños, en el circuito del Lago, volvió a encender las alarmas frente a un episodio que ya tuvo otros antecedentes en la misma estructura.

Haciéndose eco de esta circunstancia, el bloque de concejales de Integrar presentó un pedido de informes por medio del cual solicita el retiro de la estructura que imita a un robot.

En el mismo proyecto de resolución, y con miras a obtener un diagnóstico de situación, pide al Ejecutivo que brinde precisiones sobre la cantidad de juegos instalados en los distintos espacios públicos de la ciudad, sus características y las normas que cumplen.

La bancada integrada por los concejales Nilda Fernández y Mauricio D’Alessandro presentará la propuesta el lunes para que se inicie su tratamiento legislativo.

El proyecto de resolución

El texto del proyecto de resolución, en el artículo primero, establece que el Concejo Deliberante “vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, arbitre los medios pertinentes para proceder al retiro del juego infantil denominado ‘robot’, ubicado en el Paseo de los Niños en la zona del Lago del Fuerte”.

En el artículo segundo, solicita información sobre “la cantidad de juegos infantiles existentes en los parques y paseos públicos de la ciudad; sus características, precisando la edad de los niños a los cuales están destinados; y las medidas de seguridad que poseen dichos elementos y si cumplen con las normas de seguridad apropiadas (Normas Iram, Iso o la que corresponda)”.

Los argumentos

Entre los argumentos, el texto de la resolución tiene como punto de partida el accidente ocurrido el jueves por la tarde, en el que un niño sufrió graves heridas que determinaron su traslado al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata, donde fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de cráneo.

Y agrega que esta situación “ya se produjo anteriormente, lo cual denota el riesgo que presenta este juego infantil denominado ‘robot’” y cita que en el Parque Soñado de los Niños se lleva adelante un proceso de reforma, por lo que considera “oportuno” el retiro del elemento “para prevenir futuros accidentes (incluso con un desenlace fatal)”.

En tanto, justificó que el planteo que realiza la bancada “no resulta descabellado ni oportunista, ya que el propio director de Espacios Verdes Públicos manifestó que el retiro del juego está ‘siendo evaluado’”, y cita una nota periodística.

Además, “el mantenimiento de este estado de situación redundaría en una responsabilidad del Estado municipal en caso de ocurrencia de otro suceso dañoso, el cual debiera evitarse por la seguridad de la población”.

Por último, considera que “resulta pertinente conocer el estado actual del resto de los juegos infantiles existentes en los parques y paseos públicos de la ciudad, en cuanto a su seguridad”.

Al igual que ocurrió meses atrás, cuando los bloques opositores reclamaron en reiteradas oportunidades la presencia del secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, en el Concejo Deliberante, desde Integrar exigen que vuelva a subir al recinto para rendir informe de la gestión.

Por la ordenanza 13.843, Della Maggiora debe presentarse en la planta alta del Municipio cada tres meses. Sin embargo, en el marco de la pandemia por el coronavirus, los concejales acordaron que ese tiempo podría extenderse a cuatro o cinco meses.

No obstante, la última vez que el titular de área se apersonó fue a mediados de agosto, de modo que ya pasaron, aproximadamente, seis meses.

Por tal motivo, y ante los reiterados hechos de inseguridad que se registraron en el último tiempo en la ciudad, la presidenta del bloque Integrar, Nilda Fernández, refirió que ha tenido varios problemas con él y que los seguirá teniendo porque “no sube a hablar con los concejales”.

“Estamos muy preocupados desde Integrar por este problema. Se lo hemos manifestado de diferentes maneras, no necesitamos que nos venga a dar clases con un PowerPoint ni mucho menos. Solo necesitamos que venga, le queremos hacer preguntas”, manifestó en comunicación con el programa Tandil Despierta, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1.

Asimismo, contó que con el resto de los secretarios suelen tener un diálogo más fluido y, de hecho, aseveró que cuando los requieren, suben y se interiorizan en las problemáticas.

Señaló que los pedidos de informes directamente no se los contestan y que, en estos casos, lo que pueden hacer es interpelarlo en el Concejo. El problema que afrontan es que su bloque solo suma dos votos y para lograr el cometido deben tener la mayoría.

“Por eso Della Maggiora está tan tranquilo, porque sabe que no vamos a tener los votos para hacerle una interpelación”, lamentó Fernández y aclaró, de todas formas, que lo están esperando en el Concejo para charlar, no para “acribillarlo”.

“Es un secretario al que no entiendo”

Expuso la presidenta del bloque Integrar que cuando no quedan satisfechos con alguna respuesta, lo que hacen es aportar ideas y puntos de vistas diferentes, “pero sinceramente Della Maggiora es un secretario al que no entiendo absolutamente para nada”.

En ese sentido, expresó que cuando los concejales del oficialismo reciben algún planteo o una inquietud de sus pares, lo que hacen es consultar enseguida a los titulares de cada área, que luego se presentan para despejar todo tipo de dudas. “Pero este es el único que ni siquiera tiene respuesta para sus propios concejales, porque cuando lo llaman evidentemente no da ninguna respuesta”.

Reconoció Fernández que le preocupa “que tengamos funcionarios de ese calibre” y que no entiende el mecanismo que utiliza ya que no comprende por qué no quiere subir al Concejo y por qué no le da respuestas a la gente.

Recordó que el año pasado, también para esta fecha, le exigieron que subiera y señaló que no lo había hecho durante enero y febrero porque los concejales estaban de vacaciones. No obstante, Nilda aseveró que eso no es cierto y que “yo creo que el que se toma vacaciones es él”.

Visitas al Centro de Monitoreo y controles luego del verano

Enfatizó que cuando los invitan a visitar el Centro de Monitoreo siempre les muestran lo nuevo y lo mejor que tienen, pero aseveró que no sabe si todas las cámaras efectivamente están funcionando o si hay dispositivos de seguridad en todos los lugares donde debe haber.

“Sabemos que donde necesitamos, no hay. Entonces por favor que el secretario y su gente se pongan las pilas y empiecen a trabajar por los ciudadanos de Tandil”, solicitó y completó: “Me pone muy mal porque son quienes tienen que cuidarnos, conjuntamente con la Policía, y no lo están haciendo”.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que durante la época estival la ciudad recibe refuerzos en el marco del Operativo de Sol a Sol, señaló que cuando termine el verano los operativos no deberían dejarse de hacer.

“Y además, tienen que hacerse también otro tipo de controles. Porque no tienen que vigilar solo dentro de las cuatro avenidas, donde más se necesita es afuera. Entonces esas son las cuestiones que tenemos que atender y reforzar”, puntualizó.

Al igual que ocurrió meses atrás, cuando los bloques opositores reclamaron en reiteradas oportunidades la presencia del secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, en el Honorable Concejo Deliberante, desde Integrar exigen que vuelva a subir al recinto para rendir informe de la gestión.

Por la Ordenanza 13.843, Della Maggiora debe presentarse en la planta alta del Municipio cada tres meses. Sin embargo, en el marco de la pandemia por el coronavirus, los concejales acordaron que ese tiempo podría extenderse a cuatro o cinco meses.

No obstante, la última vez que el titular de área se apersonó fue a mediados de agosto, de modo que ya pasaron, aproximadamente, seis meses.

Por tal motivo, y ante los reiterados hechos de inseguridad que se registraron en el último tiempo en la ciudad, la presidenta del bloque Integrar, Nilda Fernández, refirió que ha tenido varios problemas con él y que los seguirá teniendo porque “no sube a hablar con los concejales”.

“Estamos muy preocupados desde Integrar por este problema. Se lo hemos manifestado de diferentes maneras, no necesitamos que nos venga a dar clases con un PowerPoint ni mucho menos. Solo necesitamos que venga, le queremos hacer preguntas”, manifestó.

Asimismo, contó que con el resto de los secretarios suelen tener un diálogo más fluido y, de hecho, aseveró que cuando los requieren, suben y se interiorizan en las problemáticas.

Señaló que los pedidos de informes directamente no se los contestan y que, en estos casos, lo que pueden hacer es interpelarlo en el Concejo. El problema que afrontan es que su bloque solo suma dos votos y para lograr el cometido deben tener la mayoría.

“Por eso Della Maggiora está tan tranquilo, porque sabe que no vamos a tener los votos para hacerle una interpelación”, lamentó Fernández y aclaró, de todas formas, que lo están esperando en el Concejo para charlar, no para “acribillarlo”.

A menos de diez días de que se cumplan diez meses del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional, el Ejecutivo elevará hoy el proyecto de ordenanza que busca generar sanciones por el incumplimiento de las disposiciones vigentes, en medio de un escenario de aumento de contagios.

Mientras se espera por la redacción final para iniciar el tratamiento legislativo, la propuesta anticipa un debate. En principio, el bloque oficialista se mostró en sintonía con los conceptos y con una medida “positiva y necesaria” con la que el Gobierno pretende avanzar pronto y que además sumó la adhesión de Integrar.

En tanto, en el Frente de Todos analizarán los alcances de los artículos incluidos para adoptar una postura, acompañada por la lectura política que pondría el eje en la reacción de la administración comunal. En principio estarían de acuerdo con la propuesta, pero buscarán generar aportes para avanzar con el tratamiento en el recinto.

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Oscar Teruggi, reunió al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y a los titulares de los bloques Juntos por el Cambio, Mario Civalleri; Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre; e Integrar, Nilda Fernández, con la intención de presentar la idea y plantear la posibilidad de avanzar con un tratamiento legislativo rápido mediante la convocatoria de una sesión extraordinaria.

Ayer por la tarde, entregó un borrador con los principales puntos que contendrá el documento que prevé un régimen que habilita a la aplicación de sanciones mediante el Juzgado de Faltas, en paralelo a un proceso que se tramita en la Justicia federal en función de las infracciones al artículo 205 del Código Penal labradas por la policía.

La reacción del Ejecutivo

En diálogo telefónico con El Eco de Tandil, el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Mario Civalleri, trazó los principales aspectos que busca establecer un esquema de sanciones frente a las actividades que no se encuentran habilitadas y que, “lamentablemente, ponen en riesgo un sistema global”, tras una lectura del borrador que recibió ayer por la tarde.

En tanto, destacó que, con la convocatoria a los jefes de bloque, el Gobierno se anticipó y “ganó tiempo”, con miras a habilitar el debate interno que permita el mayor consenso posible en medio del actual contexto. Por eso, consideró que debe darse un “rápido intercambio” para aprobar el proyecto.

Si bien estimó que podría haberse considerado antes una acción de esta naturaleza, destacó que “lo importante es que se tome ahora que hace falta” y analizó que, una vez que se superó el primer brote, la disminución de los contagios generó cierto relajo en los ciudadanos. “Llegó el verano, las Fiestas y la creencia que la pandemia terminó. Pero no es así”, dijo e hizo foco en la premura con la que la Secretaría de Legal y Técnica redactó el proyecto de ordenanza y deseó una rápida resolución en el Legislativo.

La propuesta

“La norma debería tener un aspecto punitivo pero también disuasivo”, valoró. Citó lo que sucede con las fiestas clandestinas, que quedan fuera del alcance del control del Estado “y me parece bien establecer un marco sancionatorio” que apunte contra el propietario o el organizador de estos eventos.

Otro de los detalles que contempla alude a la utilización de una aplicación desarrollada en el marco de un acuerdo con la Unicen para reforzar el control de las personas con diagnóstico positivo a coronavirus o que deben cumplir aislamiento por contacto estrecho.

“Tenemos que entender que el mal uso de las libertades individuales pueden afectar a otros miembros de la sociedad”, enfatizó el concejal.

“Positiva y necesaria”

En su lectura política, el presidente del bloque oficialista aseguró que la propuesta resulta “positiva y necesaria”, más aún si se observa el proceso de crecimiento de la curva de contagios, que demanda acciones concretas para evitar un rebrote en medio de un escenario que se replica a nivel nacional y provincial.

“Tenemos que tomar medidas preventivas”, ratificó y agregó que, a su criterio, no deberían enfocarse en restringir la actividad económica. El sector “ya no soporta más este tipo de cuestiones”, con lo cual “el secreto es que tenga una gestión lo más parecida a lo normal posible” y que “cada uno de nosotros apliquemos todo el rigor posible para evitar que se desborde”.

“Lo estaba pidiendo”

Por su parte, la titular del bloque Integrar, Nilda Fernández, celebró los alcances de la propuesta del Ejecutivo para atender una demanda concreta que debía ser atendida.

“Lo estaba pidiendo”, confesó, en relación a la implementación de una alternativa posible para “frenar este tipo de situaciones” vinculadas a los eventos masivos que no cuentan con habilitación.

Asimismo, hizo especial hincapié en las herramientas disponibles para poder multar a los que infraccionan la ley y consideró necesario avanzar sobre alguna cuestión que establezca el uso del barbijo, aunque puso sus reparos en torno a un mecanismo de sanción.

Para finalizar, y luego de un llamado a tomar conciencia del contexto actual y el riesgo de colapso del sistema sanitario, estimó que, una vez que se eleve la propuesta al Concejo, se abrirá el debate y la búsqueda de acuerdos para luego avanzar con su tratamiento en una sesión especial.

La presidenta del bloque Integrar, Nilda Fernández, presentó un proyecto de comunicación dirigido al Departamento Ejecutivo que busca echar luz sobre el manejo de los fondos y la presunta contratación de empleados de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales para cumplir tareas en el Centro IDEB Tandil. En el final de la sesión, la expresidenta del Legislativo ventiló una sugestiva comunicación que mantuvo con Marcela Petrantonio, quien encabeza la secretaría y también la asociación civil.

Los cuestionamientos de la oposición devinieron tras reclamar durante largos meses la ejecución de los 4,5 millones de pesos que el Departamento Ejecutivo destinó a un programa que fue anunciado como una herramienta para asistir a las pymes que no accedieron a subsidios provinciales y nacionales durante la pandemia de Covid-19.

Mientras el Frente de Todos presentó un pedido de información a través de la ordenanza de transparencia, Integrar optó por avanzar por otra vía institucional, a través del Concejo Deliberante, y consiguió el apoyo de la primera mimoría legislativa.

“Quiero agradecer al bloque del Frente de Todos, porque en realidad cuando se lo comenté al presidente Rogelio Iparraguirre, me dijo que me acompañaban en este pedido de informes, porque va en consonancia justamente con un pedido que presentaron al Departamento Ejecutivo hace muy pocas horas”, expresó Nilda Fernández.

Sin embargo, la concejal se mostró molesta con sus pares de Juntos por el Cambio y se los hizo saber en el recinto. “Me llama poderosamente la atención que el bloque oficialista no nos acompañe con el tratamiento sobre tablas de este proyecto, por eso no voy a pedir tablas y lo voy a pasar directamente para que tome estado legislativo, pero quiero decir algunas cuestiones que a mí me hacen mucho ruido”, anticipó.

Marcó que el tema tuvo “mucha trascendencia” y ventiló que “hace poquitas horas, la señora secretaria de Desarrollo Productivo, Marcela Petrantonio, me llamó por teléfono para ofrecerme ser revisora de cuentas del IDEB. Por supuesto, le respondí que no me parecía que era momento para esto y le manifesté también que iba a hacer este pedido de informes; a lo que ella me responde que no tiene ningún inconveniente en contestarlo porque todo lo que está a la vista en el IDEB es muy transparente. Por eso vuelvo a reiterar, me llama poderosamente la atención la decisión el bloque oficialista, sinceramente”.

Además, le pidió al presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik que el proyecto “sea tratado cuanto antes. Sabemos perfectamente que (los funcionarios del Ejecutivo) tienen la obligación de venir a darnos explicaciones, pero a mí también me gustan las devoluciones por escrito. Por eso hago este pedido y cuando pase a comisión, estará abierto para que todos los bloques puedan hacer alguna intervención en esto”.

Para cerrar, expresó que “me suena muy raro todo esto y vuelvo a tener muchas más dudas que certezas, a pesar de las explicaciones que dio en su momento la secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales de este Municipio”.

Las dudas

El proyecto de comunicación le reclama al Departamento Ejecutivo que, a través del área que encabeza Marcela Petrantonio, informe sobre la “orden de pago a empleados municipales pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, detallando motivos, cantidad abonada y contratos respaldatorios con misiones, funciones y tareas específicas de los mismos”.

En segundo lugar, solicita el “acta aprobatoria de la reunión de comisión directiva del Centro IDEB Tandil, tomando conocimiento y prestando conformidad para efectuar dichas contrataciones”.

Por último, solicita que “en su carácter de Unidad de Vinculación Tecnológica con el Mincyt (Ministerio de Ciencia y Tecnología), explicitar si recibió fondos destinados a la municipalidad de Las Flores, enumerando monto dinerario, con fecha de ingreso y fecha de egreso de dichos peculios”.

Los fundamentos

En los considerandos, Integrar destacó que “el Centro IDEB Tandil, creado a mediados del año 1997 bajo la forma de asociación civil sin fines de lucro, con amplia y notoria participación en la comunidad tandilense, se halla conformado por la Municipalidad de Tandil, la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen), la Sociedad Rural de Tandil, la Cámara Empresaria de Tandil, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tandil (Apymet), la Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica 2 Ingeniero Felipe Senillosa y la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Agraria 1 Dr. Ramón Santamarina”.

Agregó que la entidad “posee su propio estatuto, siendo además su comisión directiva presidida por quien se encuentre circunstancialmente ejerciendo la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Institucionales del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Tandil”.

Integrar repasó que el IDEB tiene como función principal asistir y acompañar las demandas de aquellas empresas locales que requieran su servicio de apoyo, para el desarrollo de sus proyectos, con el propósito de mejorar sus actividades productivas y/o comerciales.

También consignó que “recibe fondos, entre otros, asignados por partida presupuestaria del Presupuesto de Gastos vigente, a través de un porcentaje de lo recaudado en las arcas municipales, por medio de la Tasa Unificada a la Actividad Económica (TUAE)”.

En esa línea,             señaló que “el Centro IDEB Tandil ha sido reconocido y por ende alcanzó el estatus de Unidad de Vinculación Tecnológica con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación”.

Por último, fundamentó el pedido de informes del Concejo en la necesidad de “transparentar su funcionamiento, el manejo de los fondos y demás”, al tiempo que reclamó que las respuestas se remitan por escrito y también de manera presencial.

El IDEB aseguró que ya ejecutó los

4,5 millones asignados en pandemia

A través de un comunicado, la Agencia de Desarrollo Territorial –nombre de fantasía del IDEB- informó que el 8 de julio recibió del Municipio un subsidio de 2 millones de pesos que “se distribuyó en un total de micropréstamos (8 empresas) a tres y seis meses de gracia, a tasa cero, para empresas que no hayan tenido ningún tipo de ayuda nacional o provincial y en carácter de aportes no reembolsables a diversos emprendimientos de la ciudad”.

También explicó que “durante el mes de septiembre se recibió otro aporte del Municipio por 2,5 millones de pesos, continuando con el acompañamiento desde la inserción laboral, el microcrédito o aportes no reembolsables a numerosos emprendimientos y empresas”.

Tras aclarar cuestiones vinculadas al funcionamiento y al espíritu de la asociación civil sin fines de lucro pública-privada, anunciaron que “está en proceso de aprobación el apoyo del Foncap (fondos de Nación). En este caso serían 2 millones de pesos en un primer desembolso que como micropréstamos llegarían a proyectos de la ciudad de Tandil, a una tasa de interés del 24 por ciento” y señalaron que también aguardan una respuesta de la Conami (Comisión Nacional de Micropréstamos) para obtener otra fuente de financiamiento.

En el párrafo final, desde el IDEB manifestaron que deben darse a conocer los proyectos en los que trabajan “para quitar cualquier halo de dudas en el manejo de los fondos de nuestra querida institución –sobre todo en lo que tiene que ver con fondos públicos- y colocarnos a disposición de las autoridades para lo que requieran, en concordancia con el rol de la asociación desde hace más de veinte años”.

La nota, que tiene firmas responsables por la Unicen, Cámara Empresaria, Sociedad Rural, Apymet, las cooperadoras de las escuelas Técnica 2 y Granja, el Concejo Deliberante y el Municipio, también refleja que en noviembre la universidad comenzará un proceso de seguimiento a las empresas que se vincularon con el IDEB para identificar dimensiones de colaboración que mejoren la calidad de sus productos y servicios, aspectos de mercado o de gestión interna.

Como otra de sus acciones, anticiparon que presentaron un proyecto tendiente a lograr la empleabilidad de estudiantes de la Escuela Técnica en alianza con la Unicen, para responder a las demandas del Cluster Quesero y con la colaboración del Municipio.

La concejal Nilda Fernández, una de las voces que más reclamó que el secretario de Protección Ciudadana brindara informes ante el Legislativo, compartió sus impresiones sobre el encuentro que se extendió por unas tres horas. Como balance, resaltó que mantuvieron una conversación madura, donde los legisladores pudieron obtener información de primera mano sobre las políticas del área. Además, consideró que Atilio Della Maggiora “entendió perfectamente” que la ordenanza establece que debe subir cada tres meses y que quedó “saldada” la discusión, por lo cual confía en que respetará el canal de diálogo que se restableció el último miércoles.

La referente de Integrar contó que en el principio del encuentro le preguntaron los motivos por los cuales demoró un año para dar informes al Concejo y se escudó en el trabajo que generó la pandemia. “Lo más importante era que nosotros necesitábamos información y si él como secretario venía a la Comisión de Derechos Humanos y nos planteaba que estaba desbordado de trabajo y no podía hacer el informe pero estaba dispuesto a responder algunas preguntas, nosotros no hubiésemos tenido ningún inconveniente”, sostuvo y recalcó la importancia de mantener el diálogo.

Agregó que “somos conscientes de lo que está pasando, de la situación que estamos viviendo, pero consideramos que no había voluntad de subir al Concejo Deliberante para hablar con nosotros. Nunca le pedimos que nos traiga un Power Point, que esté dos horas explicando, ni mucho menos; le pedíamos que suba, que haga su informe y después le hacíamos preguntas, y así fue la reunión”.

Resumió que “fue una reunión buena” y evaluó que el funcionario entendió que tiene que cumplir con la ordenanza que, incluso, votó otra conformación. “Yo no estaba cuando se creó la Secretaría de Protección Ciudadana”, resaltó y aclaró que “tiene que cumplir como todos los funcionarios y máxime él que está alcanzado por esta ordenanza”.

No aflojar en los controles

Nilda Fernández explicó que “había muchas cosas para charlar porque había habido marchas y contramarchas en los controles, en cuestiones que no se ponían de acuerdo los funcionarios al principio” e indicó que ante las preguntas de los concejales, “nos respondieron absolutamente todo”.

Además, reseñó que en este momento unas cien personas trabajan en los tres puestos sanitarios ubicados en las rutas, a quienes voluntarios de Cruz Roja les preparan las comidas, con una dieta balanceada, en las instalaciones que cedió Apymet.

La legisladora valoró que Protección Ciudadana y la Cooperativa Vial estudiaron los más de treinta caminos de tierra por los que se puede ingresar a Tandil y determinaron cerrar 26 accesos de 36, con la maquinaria de la entidad.

En cuanto a los conflictos que se suscitan, expuso que “sabemos que hay gente que entra a la ciudad con mentiras y que circula con un permiso y que viene a hacer otra cosa. Esto lo tenemos clarísimo y sabemos que dentro de todo, en Tandil está bastante contenido este tema”.

En ese aspecto, pidió que “no nos relajemos en este momento, sigamos siendo estrictos con los controles” y marcó que “ellos nos plantean que hay una realidad, que no se puede controlar absolutamente todo porque a veces saben que están mintiendo cuando entran con un certificado, pero si no lo pueden comprobar, los tienen que dejar pasar. Tiene que ver con lo legal, entonces eso no lo pueden manejar”.

Por otra parte, reconoció que “las cosas se están haciendo bien”, en relación a la cantidad de semanas que la ciudad se mantuvo en Fase 5. En resumen, marcó que “no es un colador, como dicen algunos que entra gente por todos lados, y tampoco es verdad que no dejan pasar a nadie”.

La concejal reiteró que “son cuestiones que necesitamos estar informados porque nos preguntan. Tampoco puede ser que nos tengamos que enterar por los medios de comunicación. Me parece que estos espacios de diálogo los tenemos que mantener, porque son sanos y democráticos”.

Nueva plataforma

Por otra parte, informó que les adelantaron que en 15 días van a tener una nueva plataforma que conecte el Sistema Integrado de Salud con Protección Ciudadana.

“Hay mucha gente que viene al médico a Tandil, mucha gente que tiene turnos y mucha gente que presenta los certificados con los turnos y no viene al médico. Eso también lo han podido comprobar. Si están conectados con los médicos y el Sistema Integrado de Salud, directamente pueden saber si es real o no el certificado”, aclaró.

Contrato “leonino”

En relación al convenio con FiberCorp por la extensión de la fibra óptica e instalación y mantenimiento de las cámaras, informó que lo están renegociando desde el año pasado. “No nos pudieron dar más detalles hasta la semana que viene, que seguramente van a cerrar esto y lo van a elevar al Concejo Deliberante para que tomemos conocimiento. También es verdad que durante todo el 2020 no han pagado las cuotas”, informó.

Desde su óptica, con cuotas que superan los 73 mil dólares mensuales, “es impagable, es leonino ese contrato. No se puede pagar y mucho menos en esta época de pandemia”.

Otra de las consultas de la concejal fue por el estado de la construcción y están esperando que la Secretaría de Economía libere una orden para continuar con la obra, que se encuentra en estado avanzado.

A futuro

Por otra parte, la referente de Integrar contó que “quedamos comprometidos para fijar una fecha para visitar el Centro de Monitoreo porque han incorporado nueva tecnología” y señaló que la presidenta de la comisión se encargará de coordinar.

“También quedamos en que por ahí, mientras dure esta pandemia que sabemos que están trabajando muy fuerte, podemos espaciar y hacer cada 4 ó 5 meses estos informes , y podemos levantar un teléfono también y ponernos de acuerdo”, alentó.

Desde su óptica, el funcionario “tiene que venir al Concejo Deliberante y creo que lo entendió perfectamente porque fue lo primero que le planteé. Esto no es una rivalidad, no es un capricho que tenga que venir a dar explicaciones. Me parece buenísimo que hayamos podido saldar esto, que haya entendido cómo es la situación y la realidad, y que nosotros tenemos que estar informados. Espero que se haya saldado esto y no tengamos que estar dentro de 6 meses otra vez diciendo que suba al Concejo Deliberante”.

Por último, afirmó que es su intención “mantener la vía institucional” y sostuvo que es “fundamental” la participación de los funcionarios del Ejecutivo en las comisiones.

El funcionamiento de los puestos de control sanitarios que se implementaron desde el inicio de la emergencia sanitaria decretada en Tandil, estará en el eje de las consultas del bloque de concejales Integrar, que buscará aclarar inquietudes en torno a este y otros temas durante el informe de gestión que esperan que el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, brinde en los próximos días.

Mientras aguardan por la confirmación de la fecha en la que el funcionario se presente ante el Concejo Deliberante tal cual lo establece la ordenanza 13.843, la edil Nilda Fernández sostuvo que “son varias las cuestiones que tenemos que consultar al secretario cuando suba al Concejo Deliberante y se digne a hablar con los concejales”.

En diálogo con el ciclo radial “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM), aseguró que “tiene que entender que tenemos que saber porque tenemos que darle respuestas a la sociedad que nos eligió”.

“Queremos saber detalles sobre el modo en que entran y salen personas de Tandil porque no todos los casos son iguales”, alertó.

La compañera de bancada de Mauricio D’Alessandro insistió con el proyecto de decreto por medio del cual convoca al funcionario del Ejecutivo a que brinde el informe que trimestralmente está obligado a realizar en los términos de la ordenanza 13.843.

El artículo sexto de la normativa que regula el sistema integrado de Protección Ciudadana establece que “trimestralmente el Departamento Ejecutivo presentará, por escrito de manera personal a través del responsable del área, a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante, un informe del estado del Sistema de Protección Ciudadana y simultáneamente lo publicará en el sitio web oficial del Municipio”.

“Suben todos los secretarios”

“Si en agosto del año pasado vino por última vez, en noviembre debió subir y no lo hizo”, renegó Fernández, que consideró que los concejales del oficialismo “opinan lo mismo pero entiendo su postura de querer hablar primero para que suba”.

“Pero además suben todos los secretarios”, insistió, y se respaldó en la Ley Orgánica de las Municipalidades que, entre los deberes del Ejecutivo, señala “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario, a las sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno o sea llamado por decreto del cuerpo, con una antelación de cinco días para suministrar informes”.

En el caso de Protección Ciudadana se suma la ordenanza que dio creación al sistema y que fija la presentación trimestral del titular del área.

Pandemia, informes y más

En otro pasaje de la entrevista radial respondió a las declaraciones que días atrás realizó Della Maggiora, en la que se excusó de no asistir con el repaso de su gestión. “Son mañanas completas las que se debaten en el Concejo, no se tratan de exponer la información y nada más. Y no me niego a hacerlo, pero en estos momentos no tengo los tiempos para ese encuentro”, expresó.

En respuesta, la concejal de la oposición sostuvo que, independientemente de la pandemia, pasó por alto dos encuentros previos, y achacó que “se debaten mañanas enteras porque sube con una presentación y piensa que está dando clases a los chicos de la  facultad”.

Así, simplificó el mecanismo al remarcar que “necesitamos los informes por escrito, después los analizamos y planteamos preguntas que le podemos hacer”. Sin embargo, Della Maggiora “elige otras formas porque a lo mejor le gusta venir al Concejo Deliberante, mostrar el Power Point y estar toda la mañana”.

Inquietudes que buscan respuesta

Entre los puntos que esperan profundizar, la concejal hizo referencia a “cuestiones internas” de funcionamiento de la secretaría y la ejecución del presupuesto, pero también aspectos relacionados a los operativos de control sanitarios implementados desde el inicio de la emergencia en los accesos a la ciudad.

A modo de ejemplo, citó lo sucedido con el ingreso de los supuestos tenistas que tenían previsto cumplir con una estadía en un hotel y la “controversia” que suscitó el caso entre funcionarios del Ejecutivo.

“Ese tipo de cuestiones que no quedaron claras y que actualmente ocurren”, advirtió y expuso el caso de un matrimonio que llegó a Tandil por un control médico “y estuvo retenido desde las 10.30 hasta las 12.30 porque el turno era a las 13”, situación que describió como “descabellada” y que “no tiene asidero cuando son personas mayores”.

Asimismo, compartió la experiencia de vecinos que venían de Mar del Plata de “reprogramar una cirugía cardiovascular” y el día del temporal que se registró hace dos semanas en la ciudad “estuvieron tres horas varados en la ruta porque no había nadie que los acompañara hasta el domicilio”.

En este caso, Fernández ratificó que “sabían perfectamente que tenía que hacer la cuarentena” por provenir de una ciudad con brote epidémico activo, según lo dispuso el Sistema Integrado de Salud Pública. “Después de tres horas los dejaron pasar, llegaron a su casa, cumplieron con los 14 días de aislamiento y nunca nadie levantó un teléfono para certificar esto”, aseguró.

“Queremos saber por qué pasan estas cosas”, reconoció y dijo que respetan la tarea de los voluntarios, “pero la gente que no deja pasar es porque tiene orden de no hacerlo” y cuestionó la diferencia en los criterios.

Otro de los puntos que podría concentrar la discusión con el funcionario podría ser el estado de situación del contrato en dólares con Fibercorp para la extensión de la fibra óptica necesaria para la red de vigilancia del Centro de Monitoreo.

Si bien declaró que desconoce si el Ejecutivo logró avances en este sentido en cuanto a las tratativas para congelar el precio ante la escalada del dólar, será otra de las consultas que incluso podría focalizar la bancada del Frente de Todos.

Este miércoles, el Ejecutivo elevó un expediente a la Comisión de Cultura del Concejo Deliberante para solicitar –a través de un dictamen anticipado- la autorización de la salida en préstamo el 2 de marzo de dos obras propiedad del Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil (Mumbat), con destino al Museo Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires.

El expediente generó una controversia en el cuerpo Legislativo, debido a que la concejal del Bloque Integrar, Nilda Fernández, cuestionó que falta documentación que respalde las condiciones del traslado y el seguro. Luego de la fuerte polémica que se generó el año pasado con el traslado de obras del acervo museístico a un espacio privado del Gran Buenos aires, el Museo Lucy Mattos, cualquier movimiento de elementos de esta índole es celosamente vigilado.

Los cuestionamientos 

Pese a la premura del pedido, Fernández afirmó que desde diciembre firman  dictámenes anticipados para resolver algunas cuestiones y que hay voluntad para hacerlo, pero objetó que el dossier no tenía la póliza del seguro. Tampoco las certificaciones y detalles para  conocer quién y en qué condiciones hará el traslado hacia  Capital Federal de las pinturas, firmadas por las artistas argentinas  Ana Weiss y Lía Correa Morales.

Además, remarcó que no hay una tasación oficial de las obras que permita conocer su verdadero valor sino que “alguien agarró un Excel y le puso 25 mil dólares a cada una, pero no sabemos el valor real”.

“Tenemos la voluntad para que salga, esta invitación prestigia a nuestro museo y a la ciudad, pero somos fieles custodios del patrimonio de Tandil y no podemos aprobar este expediente si no está todo correcto. Estamos a la espera, con la documentación  hubiese salido ayer (por el miércoles) con el acuerdo de todos los bloques”, cerró la legisladora.

“Se cumple con los requisitos” 

Alejo Alguacil, subsecretario de Cultura y Educación del Municipio y responsable de la iniciativa, en diálogo con El Eco Multimedios, detalló que ante la invitación del Museo Nacional para formar parte de una muestra, se le solicitó a la institución que enviara la documentación pertinente sobre la seguridad de las salas, el currículum vitae de la curadora, la cobertura de los seguros y los datos del transportista encargado de efectuar el traslado.

Con esta información  se generó el expediente y se envió al Concejo para que tramitar la autorización correspondiente. Frente al reclamo de Fernández, Alguacil explicó que se encuentra en las fojas el certificado de cobertura de la empresa aseguradora, que designa quién va a ser el transportista y las características del seguro contratado para proteger las obras. No obstante, no figura la póliza en formato físico, que es lo que exige el bloque opositor. De acuerdo a lo señalado por el Municipio, es porque se encuentra en manos del responsable del transporte, que debe contar con esos papeles para poder retirar las obras.

En este punto, el funcionario expuso que hay un número de certificado que hace referencia a la póliza que cubre el traslado, pero que los concejales “no han tenido tiempo de leer el expediente”.

Acerca de la tasación fijada en 50 mil dólares para asegurar el patrimonio total en cuestión, indicó que es “más que suficiente” con respecto a la valuación que tiene el Mumbat.

“Entendemos que la certificación de la compañía aseguradora con el número de póliza y el monto del seguro, que tiene vigencia a partir de que se contrata hasta la fecha en que las obras sean devueltas, cumple con los requisitos. Se indica el modo de cobertura, que corresponde a obras de arte, pero piden la póliza física. Ahora los concejales lo piden por anticipado y no se toma la certificación que expide la compañía, le pedimos a quien hace el traslado que nos mande la póliza física para poder avanzar”, sostuvo.

Las obras de la discordia 

El antecedente del año pasado puso en jaque la modalidad de préstamos y traslado de obras, todas muy valiosas, que pertenecen a la colección permanente del museo local.

En marzo de 2019 un grupo de referentes de las artes plásticas de la ciudad pusieron de manifiesto el peligro que revestía el envío de obras del patrimonio cultural del Museo de Bellas Artes a una sala de exhibición privada, sin que se respeten los cánones de seguridad para su traslado y conservación.

Cabe recordar que en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante en diciembre de 2018, los ediles habían votado de forma unánime el requerimiento por el traslado de las piezas.

La preocupación por parte de miembros de la comunidad artística llegó luego de conocer que el centro cultural no contaba con los estándares de conservación y cuidado que requieren los cuadros. Incluso, el monto por el que fueron aseguradas no alcanzaba a la mitad de la valuación real de las mismas, y aunque la póliza se extendió tras la sentencia del Tribunal Oral en lo de Criminal l de Tandil, seguía siendo insuficiente para cubrir los objetos.

El conflicto fue creciendo, intervinieron concejales de la oposición, la Defensoría del Pueblo e inclusive hubo una audiencia en la justicia local para determinar si debían regresar las obras o no.

Tras más de dos meses en el Museo Lucy Mattos, las obras regresaron  bajo el protocolo que determinó la Justicia, “en perfectas condiciones y todo documentado como se debe”, según refirieron la autoridades municipales en ese entonces.

Desde el arco opositor celebraron la iniciativa de analizar actualizaciones al FAS. La concejal del Frente de Todos, Silvia Nosei, fue precisa en destacar la “herramienta maravillosa” que permitió atender “un montón de circunstancias especialmente cuando personas sin obra social deben hacerse un tratamiento de alta complejidad, cirugías o colocarse prótesis”.

Reconoció que el paso de los años obligó a generar excepciones para la utilización de los fondos remanentes y que resulta necesario “ajustar” el texto a la realidad actual.

Para la discusión, los concejales que integran la bancada pretenden que se garantice el acceso a la ordenanza y que “no haya una sola persona que, por falta de información, no sea atendida cuando es merecedora de la herramienta”.

Además de propiciar reuniones con el equipo de salud del espacio político para definir la propuesta, Nosei adelantó que harán especial hincapié en la importancia de generar espacios de capacitación para los profesionales médicos y administrativos, y de difusión para que se cumpla con esta premisa y así evitar “ese largo peregrinar que muchas veces se da”.

Desde esta perspectiva se insistirá para que “se priorice lo humano” a lo largo del abordaje que se inicia.

Preservar la herramienta

La concejal del bloque Integrar, Nilda Fernández, celebró la convocatoria a discutir la herramienta ante la necesidad de incorporar “algunas modificaciones” dado que “no estábamos respetando” el texto vigente.

La referencia alude a los pedidos de autorización que pasaron por el Concejo para que el Ejecutivo haga uso de los recursos subejecutados con miras a la realización de proyectos en materia sanitaria.

En esa línea, advirtió que la tarea demandará “un tiempo” y deseó que las propuestas que presente la oposición sean tenidas en cuenta, se alcance un consenso y que el texto actualizado se apruebe por unanimidad. “No tiene por qué haber diferencias en estas cuestiones básicas que son para mejorar la calidad de vida de la gente”, sostuvo.

Más allá de los años que tiene la ordenanza, reconoció que el FAS es una herramienta “muy importante” por medio de la cual se permitió brindar respuesta a los vecinos ante necesidades concretas. “Hay que cuidarla mucho”, enfatizó.

En ese sentido, observó el incremento de la recaudación pero también de la demanda, que en los últimos dos años se triplicó, de acuerdo a los números expuestos durante la reunión del jueves por directivos del Sistema de Salud.

“Si bien es cierto que el ingreso es muy importante, también lo es el egreso porque la mayoría de los insumos o prácticas están dolarizadas”, alertó la edil.

En cuanto a la discusión que se viene, aseguró que la postura es mantener este instrumento, que podría incorporar la posibilidad de adquisición de aparatología como alternativa de uso de los fondos.

De todos modos, Fernández ratificó que la premisa es que se mantenga la modalidad establecida ante cada trámite llegue al Concejo Deliberante como órgano de contralor.

La Comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante trató el proyecto impulsado por los bloques de la oposición para ampliar a más beneficiarios el Programa de Accesibilidad, Movilidad y Sustentabilidad del Transporte Público de Pasajeros (Pampam) y crear la categoría de pasajero frecuente, para invertir los 22.287.101,95 pesos del Fondo de Compensación al Transporte Urbano que envió la Nación. Si bien el oficialismo tuvo intenciones de remitir el expediente al Departamento Ejecutivo, primó la postura de los integrantes del Justicialismo e Integrar que reclamaron que funcionarios de la Secretaría de Gobierno brinden información precisa.

Además del presidente de la comisión, el radical José Luis Labaroní, participaron Gabriel Bayerque y Marcela Vairo, y el justicialista Facundo Llano –autor del proyecto- y Nilda Fernández de Integrar.

En ese marco, se generó una discusión debido a que el bloque oficialista buscaba girar el expediente a la Secretaría de Gobierno. Finalmente, se impuso la postura de la oposición, quedó en comisión y encomendaron a Labaroní para que convoque a funcionarios del SUMO a que brinden los datos del Pampam.

La ordenanza que creó el programa para subsidiar el boleto de colectivo a jubilados que cobran la mínima y héroes de Malvinas, que se sancionó el 9 de mayo pasado, estableció que en un plazo de 60 días el Ejecutivo debía elevar un informe con la cantidad de usuarios totales, cantidad de usuarios desagregados por categoría, impacto económico de la categoría creada al efecto y estado presupuestario de ejecución de la partida. El objetivo de poder evaluar la información es analizar si es posible ampliar la población objeto de derecho.

“Que den explicaciones”

Tras el encuentro del miércoles, Nilda Fernández ratificó que tenían el compromiso de su par Labaroní de elevar el informe con los datos del programa, “entonces lo que planteamos fue que vengan y nos den explicaciones”.

Al mismo tiempo, informó que “todo surge porque una persona elevó una nota al Concejo para pedir una excepción para ingresar al sistema, porque cobra la jubilación mínima y una asignación familiar”.

Entonces, los concejales infirieron que con el tratamiento de este caso, iban a surgir muchos más, “porque tiene el mismo derecho que el que cobra una jubilación mínima y una pensión, que fue lo que planteamos desde un primer momento”. Durante el debate legislativo del Pampam, desde la oposición había reclamado incluir a aquellos jubilados que cobran la mínima y una pensión, teniendo en cuenta que también padecen por la situación económica. Desde el oficialismo no accedieron, pero se comprometieron a, en dos meses desde la implementación, evaluar los costos del subsidio para ampliar la población objeto de derecho con los 22 millones de pesos del Fondo de Compensación que envió la Nación.

“No mandaron los datos en 60 días, ni mandaron absolutamente nada”, enfatizó la concejal de Integrar y reiteró que “pedimos que venga el Ejecutivo a la Comisión de Transporte, que traigan los números, porque de otro modo no podemos tratar el proyecto de ordenanza que presentamos”.

En ese sentido, enfatizó que a partir de la implementación del SUMO, el Municipio cuenta con las herramientas tecnológicas para procesar la información sobre el Pampam.

“Expediente que baja al Ejecutivo es expediente que duerme”

La concejal Nilda Fernández expresó que “si el expediente con la ordenanza que nosotros presentamos la mandamos al Ejecutivo, lo duermen y se va a ir esta gestión y no lo vamos a tratar”.

En tanto, adelantó que el presidente de Transporte quedó en dialogar con funcionarios del Ejecutivo para citarlos para la próxima reunión que podría convocarse para el lunes.

“Con los números en la mano, podemos hablar. Labaroní nos dijo que tenía que ir al Ejecutivo porque es el que maneja los números. Fantástico, pero el que maneja los números nos prometió que nos iba a elevar información y nunca lo hizo. Entonces como no la elevaron, que vengan ahora y hablamos con los números en la mano, porque expediente que baja al Departamento Ejecutivo es expediente que duerme. No regresa más”.

Insistió en que Labaroní “manifiesta no tener información fehaciente” en cuanto a la cantidad de inscriptos en el programa y sobre la marcha del gasto del Fondo de Compensación. “Lo único que había eran declaraciones de Luján Britos (directora de Integración y Extensión Comunitaria que depende de la Secretaría de Desarrollo Social), que dijo que era muy poca la gente que estaba incluida o usaba el sistema”, afirmó.

La nueva licitación

Por otra parte, la concejal de Integrar Nilda Fernández señaló que la ampliación del universo de beneficiarios del Pampam no es el único tema importante que tiene la Comisión de Transporte y Tránsito para tratar e hizo referencia al nuevo pliego para la licitación del transporte urbano de pasajeros, ya que se vence la concesión.

“Se va la gente que más sabe de transporte en la comisión, a fin de año, el 10 de diciembre, no quedan concejales. Se va José Luis Labaroní, Gabriel Bayerque, Facundo Llano y Darío Méndez, todos los que realmente estudiaron y lo saben a la perfección”, alertó sobre las dilaciones para avanzar con este tema trascendental para conectar e integrar la ciudad, pero que además repercute en el tránsito.

Y remarcó como “lo más grave” de la demora para comenzar a elaborar el pliego es que “los funcionarios que tienen que estar haciendo análisis, estudios y que ya debieran estar trabajando con este tema, con personas especializadas en movilidad urbana, son del Departamento Ejecutivo”.

La concejal del bloque Integrar Nilda Fernández propuso la creación de las ferias francas en Tandil, para fomentar la agricultura familiar, la producción artesanal y los microemprendimientos. El proyecto de ordenanza, que ya tomó estado legislativo y se tratará en comisiones, regula el funcionamiento de puestos móviles o fijos que serán destinados en forma exclusiva a la venta minorista, pero además establece los requisitos para feriantes y prohíbe la intervención de intermediarios.

La iniciativa está fundada en la necesidad de crear fuentes de trabajo y de brindar un espacio para dar respuestas a los requerimientos comerciales de agricultores familiares y microemprendedores y que puedan vender en forma directa a los consumidores.

Además, Nilda Fernández señaló como “imprescindible apoyar desde el Estado municipal el desarrollo de la economía social, generando un marco inclusivo”.

En relación a las ferias francas, auguró que traerán la oportunidad de nuevas fuentes de ingresos para el productor y su núcleo familiar, y suponen una manera de dignificar a la persona a partir del trabajo. Como ventaja adicional, ofrecerán nuevas oportunidades a los pequeños productores sin recursos para iniciar un circuito de comercialización.

Desde el punto de vista del consumidor, también traerá beneficios con la reducción en el costo final del producto que surge de eliminar la cadena de intermediación. “No es de soslayar, asimismo, que para muchas personas (en especial aquellas de bajos recursos como desocupados, cuentapropistas y jubilados y pensionados) el consumo de alimentos representa un porcentaje relevante de sus gastos en relación a sus ingresos”, reseñó en los considerandos de la normativa que puso a consideración del Legislativo.

Por otra parte, la comercialización directa garantiza el derecho a la información clara, veraz y detallada que posee el consumidor (artículo 4  de la Ley 24240), teniendo en cuenta que el productor puede dar detalles precisos de su producto, cómo usarlo y sus características, entre otros datos.

“Dada la actual situación socioeconómica, consideramos imprescindible la existencia de estos ámbitos de comercialización tanto para los pequeños productores como para el consumidor, por los beneficios ya reseñados”, concluyó la expresidenta del Concejo.

Productores y mercadería

La iniciativa define a las ferias francas como el conjunto de puestos móviles o fijos que funcionan en espacios públicos o privados cedidos por la Provincia, el Municipio o particulares, destinados exclusivamente a la venta minorista de productos alimenticios, frutihortícolas, de granja, panificados, regionales y productos alimenticios elaborados artesanalmente por los pequeños y medianos productores que cuenten con la autorización municipal respectiva, excluyendo aquellos productos alimenticios que por su naturaleza necesiten refrigeración.

Además, establece que los feriantes deben comercializar en forma directa con el consumidor y podrán ser personas físicas, el agricultor y su núcleo familiar –encuadrados en la Ley 27118 de Agricultura Familiar- y las cooperativas de trabajo.

La implementación

La concejal de Integrar consideró que la Secretaría de Desarrollo Local es el área pertinente para la aplicación de la ordenanza, quien debería crear y mantener un registro de feriantes, establecer lugares y fechas de realización de las ferias, sancionar un reglamento de funcionamiento y otros aspectos que posibiliten la realización de la actividad y el acceso de productores y consumidores a este canal de comercialización.

En el articulado establece que Desarrollo Local deberá crear y llevar actualizado un Registro de Feriantes, en donde se asentarán los datos personales y los productos a comercializar.

Además, tendrá que expedir un permiso de feriante, con prioridad a personas que tengan una residencia mínima de dos años en Tandil, y asignará los espacios dentro de la feria.

La secretaría también determinará la ubicación de las ferias francas, priorizando las zonas de mayor densidad demográfica, las más alejadas del centro y considerando las que generen menores molestias a los residentes de la barriada. Sumado a esto, confeccionará un calendario de funcionamiento, con circuitos que abarquen toda la ciudad y para no afectar la actividad comercial de una zona específica.

Por último, tendrá que sancionar un reglamento interno de funcionamiento de las ferias francas.

Los controles

Por otra parte, el proyecto contempla que la Dirección de Bromatología aplique sus facultades de control respecto a las condiciones sanitarias de producción y manipulación de los alimentos que se ofrezcan, conforme a la normativa vigente.

En este aspecto, el área municipal determinará las obligaciones que deberán observar los feriantes en materia sanitaria, de higiene y de manipulación de alimentos, y también se encargará del contralor.

Beneficios impositivos

Los feriantes deberán cumplir con las normas nacionales y provinciales, pero además estarán inscriptos como contribuyentes de la Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE).

En este aspecto, prevé una reducción impositiva para fomentar esta actividad comercial, aunque como compensación los feriantes deberán encargarse de la limpieza de los espacios y la recolección de residuos.

La concejal por el Bloque Integrar Nilda Fernández se mostró muy preocupada por la destinación del capital del FAS, el cual debería emplearse para tratamientos de alta complejidad y para la compra de aparatología, pero que se utilizará para obras edilicias.

El Fondo de Ayuda Solidaria es un dinero que todos los ciudadanos de Tandil pagan en sus boletas de luz para los fines mencionados. No obstante, Fernández declaró que “a la finalización del ejercicio de 2018, había un remanente de 15 millones de pesos, aproximadamente“, el cual, a su parecer, no debería ser destinado a otra cosa que no sea para lo que se recaudó.

La concejal planteó que lo que ellos pedían era “bajar los impuestos, bajar la licuota del FAS. No tuvimos posibilidad de tratarlo y tampoco tuvimos éxito en la discusión del proyecto”. Su idea era que en lugar de ser el tres por ciento lo que se cobra en las boletas, fuera el 1.5, ya que “todos estamos ahogados con el tema de los impuestos” entonces si hay un sobrante de plata, “no hay motivos para seguir hundiendo al contribuyente“. Por otra parte, explicó que el Sistema Integrado de Salud tiene ya un presupuesto donde todo esto debería estar contemplado.

“Yo creo que hace falta mucho dinero para lo que es salud, pero también sé que si está bien manejado y bien controlado, se pueden hacer muchísimas más cosas de las que se hacen“, criticó.

Finalmente remarcó que en este plan de obras no incluyeron la compra de aparatología y “hace muy poco tiempo hubo un problema con una incubadora de transporte” que los propios doctores debieron suplir. En un caso extremo, “un médico le salvó la vida a un niño con una pistola de calor porque no andaba la incubadora“.

La concejal del bloque Integrar, Nilda Fernández, realizó un análisis crítico de la gestión del Sistema Integrado de Salud Pública y aseguró además que no puede dialogar con las autoridades del mismo porque “mienten”.

En diálogo con El Eco Multimedios, Fernández sostuvo que “hay muchas cosas para hacer en Tandil, hay que ver dónde vamos a fijar prioridades. Si nosotros no interpretamos a la crisis que hay no vamos a poder a salir adelante. En crisis tenemos que ver cuáles son las prioridades y para dónde vamos. En este momento unas de las prioridades tiene que ser la salud”.

“Si uno va al Hospital Ramón Santamarina y lo recorre, como yo lo hago, las falencias son impresionantes. Los consultorios externos, por ejemplo, se llueven, hay agujeros en los techos”, dijo la concejal de Integrar y agregó que “me encantaría que vaya la prensa a verlo. Hay mucha pintura en todos lados, pero cuando uno entra se ve que los techos se están cayendo, que las placas están llenas de humedad, que cuando llueven corren los escritorios para que no se mojen. Ustedes vieron que con las lluvias se inundaron todas las salas de máquinas”.

Fernández puntualizó que “cuando yo voy al Hospital, yo hablo con el personal y empleados, porque no se puede hablar ni con los directivos ni con la presidencia del Sistema Integrado de Salud Pública porque viven permanentemente mintiendo, se han acostumbrado a hacer de esto una mentira”.

“Si uno habla con los directivos, se entera de la mitad de las cosas. Si uno habla la gente, se entera de la verdad. Prioridad uno, el Hospital”, sostuvo.

La edil afirmó que “no creo que Miguel Lunghi visite todos los días el Hospital. Y si lo hace todos los días y lo ve en éstas condiciones, lo desconozco realmente de que no diga nada. Realmente es tremendo. Igual yo lo tengo todo documentado. Está todo a la vista. Pasa igual con los Centros de Salud. Hay algunos que no tienen medicamentos, o por ejemplo hicimos un relevamiento en el Centro de Salud de Las Tunitas y no tenían anticonceptivos”.

Finalizando su análisis sobre la gestión de la salud en la ciudad se preguntó: “¿Dónde va a parar el dinero que maneja el Sistema Integrado de Salud? Más teniendo tasas propias y fondos afectados”.

Balance

La concejal además habló sobre el trabajo realizado durante el año pasado y consideró que “el balance del 2018 ha sido positivo. Le ponemos muchas pilas y ganas pero a veces no se ven los resultados que uno espera. Esto no nos hace bajar los brazos, sino que trabajamos con más fuerza”.

“Hemos trabajado mucho y tenido una participación importante sobre el tema del Presupuesto. Hicimos mucho y en poco tiempo. Porque necesitábamos la información antes. Cuando los Secretarios llegaban a hablar con nosotros y explicarnos lo único que hacían era mentirnos. No nos daban la información correcta. Y además nos hicieron algún tipo de trampas relacionados a los artículos dentro del proyecto que brindaba potestades al Ejecutivo local”, aseguró.

Además la edil apuntó que “no logramos que los aumentos sean de menor envergadura. Porque nos parece que este no es un presupuesto de crisis, ni por asomo. Porque los aumentos llegan en algunos casos al 50 por ciento. Creemos que es tremendamente abusivo y en épocas de crisis se debería trabajar de otra forma y poner el ojo en otras cuestiones”.