Tras la presentación del proyecto de ordenanza para restituir la protección patrimonial al granitullo en diversas arterias de la ciudad, en medio de la controversia por las obras en la calle Sarmiento, el concejal Marcos Nicolini marcó postura frente a la necesidad de culminar la obra en la arteria de la discordia y avanzar en un marco normativo que contemple la preservación del resto de las calles con granitillo, sin dejar de advertir que hay un vacío legal al respecto.

En diálogo con el programa Ultimo Bondi de la radio de El Eco, el edil propuso la creación de una cuadrilla municipal especializada para el mantenimiento de las calles de piedra y subrayó, además,  la necesidad de revisar el Plan de Desarrollo Territorial para planificar el crecimiento de Tandil sin sacrificar su identidad histórica.

El debate por la preservación del patrimonio urbano de Tandil sumó un nuevo capítulo en el Concejo Deliberante, donde la comisión de Obras Públicas se reunió al son de los debates en la vecindad.

Sobre el proyecto impulsado, indicó que buscó restablecer la tutela legal sobre el denominado "granitullo" —el adoquín pequeño de factura artesanal— que reviste gran parte del casco céntrico y que, según detalló el legislador, perdió su protección normativa hace más de 15 años. La propuesta llegó en un momento de alta sensibilidad social, marcado por el conflicto en la calle Sarmiento, donde una medida cautelar frenó recientemente la pavimentación sobre el empedrado original.

Nicolini explicó que, tras realizar un estudio pormenorizado de la legislación local, se detectó un vacío legal que facilitó la intervención sobre estas superficies. Según el edil, el granitullo estuvo protegido por la Ordenanza 9821 del año 2005, que catalogaba como bienes patrimoniales a todas las arterias con estas características. Sin embargo, dicha protección fue derogada en el 2009 con la sanción de la Ordenanza 11400, que dio origen al Anexo cinco del Plan de Desarrollo Territorial (PDT). A partir de ese momento, el resguardo quedó limitado exclusivamente a las cuadras que rodean la Plaza Independencia, dejando al resto de las calles a merced de los planes de pavimentación.

El proyecto de ordenanza presentado por el bloque de Nicolini pretendió no solo restituir la protección a las cuadras de granitullo en avenidas como Colón y Santamarina, sino también incorporar sectores específicos que conservan el adoquinado original. "El granitullo es una característica de identidad en Tandil; nuestras piezas fueron hechas a mano por picapedreros y se exportaron incluso a Buenos Aires y Europa", destacó el concejal. Entre las novedades, la iniciativa propuso proteger la única cuadra de la Plaza de las Carretas que mantiene su estado inicial: la calle cuatro de Abril, entre Mitre y Sarmiento.

Para el legislador, la preservación no debe entenderse como inacción. Uno de los ejes centrales de su propuesta fue la creación de una cuadrilla permanente de mantenimiento dedicada exclusivamente al granitullo. Nicolini argumentó que muchas veces se opta por el asfalto debido al mal estado del empedrado, pero sostuvo que "es difícil transitar el adoquín cuando no se mantiene, al igual que sucede con el asfalto roto". La intención es que la Municipalidad cuente con personal capacitado para realizar refacciones artesanales que garanticen la transitabilidad sin alterar la estética histórica.

Respecto a la obra de la calle Sarmiento, que disparó la reacción de diversas asambleas vecinales, Nicolini mantuvo una postura de equilibrio entre el respeto al patrimonio y la continuidad de la obra pública. Aunque reconoció el valor del reclamo ciudadano, señaló que su bloque se manifestó a favor de terminar la obra en los tramos donde ya se iniciaron los trabajos y existe una licitación adjudicada. "No pretendemos paralizar una obra que ya arrancó, pero sí proteger lo que queda", aclaró el concejal en referencia a los tramos de Sarmiento entre Santamarina y Alsina.

La intervención judicial, que paralizó las tareas tras una presentación de vecinos frentistas, obligó al Ejecutivo a esperar una resolución del fuero contencioso administrativo. Nicolini observó que esta situación es consecuencia de no haber zanjado previamente la discusión sobre qué se considera patrimonio en Tandil. Para el edil, el litigio actual demuestra la urgencia de dotar a la ciudad de una herramienta jurídica clara que evite futuras judicializaciones cada vez que se planifique una mejora en la infraestructura vial del centro.

Más allá de la cuestión del adoquinado, el concejal Nicolini planteó que Tandil se encuentra en un punto de inflexión que requiere rediscutir el Plan de Desarrollo Territorial, vigente desde hace dos décadas. El legislador subrayó que la ciudad creció de forma exponencial y que las excepciones otorgadas para diversos proyectos inmobiliarios demuestran que la norma quedó desactualizada. En este sentido, hizo hincapié en que la planificación debe contemplar tanto el desarrollo económico como la seguridad vial y el resguardo de los espacios compartidos.

Como ejemplo de las tensiones entre desarrollo y urbanismo, Nicolini mencionó el proyecto para la construcción de un colegio en la avenida Fleming. El edil expresó su preocupación por el impacto que tendría la creación de una dársena de ascenso y descenso de alumnos en una arteria que ya presenta complicaciones de tránsito. Según detalló, la propuesta de dejar un solo carril de circulación hacia el centro en horarios pico generaría un "cuello de botella" innecesario. "Queremos que los proyectos avancen, pero debemos asegurar que no generen un caos vehicular que luego sea imposible de revertir", concluyó.

El Municipio de Tandil dispuso la apertura del Registro de Oposición para la obra de pavimentación de la calle Fulton, en el tramo comprendido entre avenida Brasil y Quequén, según quedó establecido en el Decreto Nº 440/2026 con fecha del 5 de febrero.

Se trata de una zona de transformación acelerada en Tandil. En la citada arteria, hay un reconocido establecimiento educativo. A una cuadra, un club que convoca a cientos de personas. La mayoría de las cuadras de la barriada, están sin asfaltar. 

La medida respondió a la necesidad de avanzar con el procedimiento administrativo previo a la ejecución de la obra pública. De acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza 1772/73, la apertura de este registro permite conocer el grado de adhesión o rechazo de los vecinos frentistas directamente alcanzados por el proyecto, paso indispensable antes de gestionar la eventual sanción de la ordenanza de Declaración de Utilidad Pública y Pago Obligatorio.

El decreto estableció que el Registro de Oposición permanecería abierto durante diez días hábiles a partir del 5 de febrero. En ese marco, los vecinos que quisieran manifestar su oposición deben presentarse en la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas hasta el 20 de febrero de 2026 inclusive.

La iniciativa forma parte de los mecanismos habituales que utiliza el Municipio antes de ejecutar obras de infraestructura urbana que implican contribución por mejoras. Estos procedimientos buscan garantizar la participación de los frentistas y cumplir con las instancias legales vigentes antes de avanzar con proyectos de pavimentación.

El documento oficial fue refrendado por el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano María Lafosse, y llevó la firma del intendente interino Juan Pablo Frolik. Asimismo, se dispuso su publicación en el Boletín Municipal.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos informó que avanza con puesta en valor y renovación integral de la Rambla de la ciudad de Mar del Plata, una obra que tiene el objetivo de recuperar y preservar un patrimonio histórico nacional y que cuenta una inversión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires actualizada de 12.747 millones de pesos.

Al respecto, el ministro Gabriel Katopodis afirmó que “queremos que marplatenses y turistas de todo el país disfruten de una rambla más segura, moderna y preparada para los próximos años. Por eso, la obra, este verano, no se detiene”.

El funcionario provincial agregó que “seguimos avanzando en esta intervención que recupera un patrimonio de todas y todos los argentinos, sin afectar el funcionamiento de la ciudad y garantizando cada etapa del proyecto”.

Durante el verano, temporada alta en Mar del Plata, el ministerio continuará con los trabajos de puesta en valor. En las veredas de la playa Bristol se prevé continuar con la renovación del sistema de iluminación de la playa y la rambla, a partir de la segunda quincena de enero para finalizar durante febrero.

En cuanto a la plazoleta Almirante Brown, en enero y durante la primera quincena de febrero, se trabajará en el retiro de baldosas graníticas, lajas de piedra originales y contrapisos del espacio público; y en la reparación exterior e impermeabilización superficial de los ductos de ventilación.

Además, para las últimas dos semanas de febrero, se espera avanzar con el trabajo de refuerzos estructurales en la cochera, la renovación integral del sistema de desagües pluviales, la limpieza exhaustiva de toda la superficie, la ejecución del pulido del contrapiso existente, el sellado de juntas y fisuras, y la impermeabilización de la losa.

Asimismo, se dispondrá de una cuadrilla de trabajadores reducida para tareas de mantenimiento de cercos, limpieza de obra y eventuales reparaciones o emergencias que puedan surgir.

“Es una intervención de 38.300 metros cuadrados en total para restaurar los solados, el equipamiento urbano y todo su esplendor. También, estamos renovando las baldosas sin cambiar su diseño original y en las veredas de la playa vamos a continuar con la puesta en valor del sistema de iluminación y el entorno”, aseguró Katopodis.

Y concluyó que “Mar del Plata es un motor turístico y productivo, y tenemos la decisión de seguir invirtiendo en infraestructura que mejore la vida de nuestra gente”.

Actualmente, ya se avanzó en el Casino y Hotel Provincial con la colocación de solados, sellando juntas, mobiliario urbano, rampas de accesibilidad, cestos de basura, bolardos, bicicleteros y bancos; en la plazoleta Almirante Brown se realizó la puesta en valor de los pisos y se avanza con la rehabilitación del sistema de ventilación de cocheras, que incluyen tareas de reparación de ductos, sellado de grietas y fisuras, y la impermeabilización de conductos y su refuerzo superficial; y en el Bajo Rambla se trabaja en la renovación integral del sistema de desagües pluviales y se prevé iniciar la ejecución del parquizado; la puesta en valor de los espacios verdes y del sistema de iluminación de la playa y la rambla; y las tareas de limpieza general, remoción de pintura y restauración de acabados.

Cabe destacar que en la plazoleta Almirante Brown se debió abordar de manera inmediata el cateo y la impermeabilización de las cocheras que se encuentran por debajo, lo que generó intervenciones adicionales no planificadas en el plan de trabajo inicial pero que fueron ejecutadas en pos de sostener la calidad y la ejecución óptima de la obra.

Las obras, en su totalidad, consisten en la intervención de 38.300 metros cuadrados divididos en dos etapas que incluyen la recuperación de solados y del equipamiento urbano; la restauración y reposición de baldosas en la rambla, recovas y el boulevard del sector del Hotel Provincial y el Casino; la desobstrucción y reparación de los desagües pluviales; la colocación de nuevas luminarias led en la línea de costa; y la puesta en valor de las estructuras de piedra, escaleras y rampas.

Además, se prevé reconstruir los sectores verdes originales, rediseñando el paisajismo con vegetación, cestos para residuos y bancos, y restituyendo el cerco de madera para separar este sector de la playa. Asimismo, se realizará la restauración de las esculturas emblemáticas de los lobos marinos y los monolitos extremos, y del revestimiento de piedra en los muros que separan un sector del otro.

Con la puesta en valor de la Rambla del Mar del Plata, se recuperará y preservará un patrimonio histórico nacional, devolviéndole su identidad y condiciones originales, y mejorando su entorno con espacios de calidad que fomenten la integración urbana y social, disminuyan la contaminación visual en el frente costero y optimicen la seguridad peatonal.

Actualmente, el sitio cuenta con baldosas originales y con otras que se fueron cambiando a lo largo de los años. Por ello, se priorizará la conservación de aquellas que provienen del proyecto original y que, una vez que estén rehabilitadas, servirán de referencia para la fabricación de otras nuevas para reposición.

Esta es una obra que forma parte del eje de Infraestructura para el Sistema de Ciudades que lleva adelante el ministerio, a partir del cual se ejecutan obras y proyectos de Infraestructura Cultural, Patrimonial e Identidad para la restauración, refuncionalización, preservación y puesta en valor de bienes patrimoniales, edificios y monumentos históricos que hacen a la cultura e identidad bonaerense.

El Gobierno busca financiamiento para realizar las obras eléctricas necesarias para evitar que el aumento de la demanda siga presionando sobre el sistema y sean inevitables los cortes de luz, planeando trasladar el costo a las tarifas de los usuarios.

La administración de Javier Milei calcula que requiere de, por lo menos, US$6.500 millones para afrontar los proyectos que apuntan a ampliar las redes de alta tensión y oxigenar al segmento mayorista de transporte energético con el objetivo de que soporte los picos de demanda en los períodos de calor o frío más duros.

En sintonía con lo evaluado por gestiones anteriores, la Secretaría de Energía, a cargo de María Tettamanti, definió un esquema de obras imperiosas para dar respuesta al actual escenario estableciendo tres prioritarias:

Línea de 500 kw Río Diamante-Charlone-O Higgins en Cuyo; Ampliación de línea Puerto Madryn-Choele Choel y Bahía Blanca en la Patagonia; Nueva estación transformadora en Plomer y más de 500 kilómetros de líneas de alta tensión Ezeiza-Vivoratá- Atucha como parte del Área Metropolitana I.

La imposibilidad de concretarlas hasta ahora pasó por la falta de financiamiento. En una estrategia similar a la utilizada en la gestión de Mauricio Macri con el programa de Participación Público Privado (PPP), el Gobierno apunta a que las obras se lleven a cabo con inversiones privadas a recuperar con un futuro cargo sobre la tarifa o canon cuotificado, según reveló Clarín.

De esta manera, los usuarios verán incrementos en las facturas para solventar el costo que permita fortalecer el sistema energético y librarse de los reiterados apagones en los picos de temperatura.

El panorama revelado por el Ejecutivo en distintos documentos públicos exhibe la precariedad actual puntualizando que “las deficiencias estructurales en redes de alta tensión y media tensión, cuyas ampliaciones y o extensiones no han acompañado el crecimiento de la demanda”.

En la misma línea, hacen énfasis en “la ausencia de inversiones o inversiones inferiores a las mínimas requeridas para el mantenimiento de la capacidad operativa” asegurando que “las condiciones son incompatibles con la operación confiable del sistema, con el consecuente riesgo de restricciones del suministro y energía no suministrada”.

Este escenario se profundiza a medida que pasan los calendarios y las obras en el sector decrecen en lugar de acrecentarse, cuando los usuarios consumen más ante el avance de la tecnología y las edificaciones eléctricas.

El pico de la demanda eléctrica aumentó un 26% en los últimos diez años mientras que las líneas de alta tensión incorporadas al sistema en el mismo periodo fueron algo más de 1.200 kilómetros, solo un cuarto de las sumadas en la década previa. (NA).

El gobernador Axel Kicillof anunció en conferencia de prensa el envío de un proyecto de Ley a la Legislatura para dar una respuesta al freno que afecta la obra pública en la provincia de Buenos Aires, por el recorte de partidas del Gobierno nacional. Estuvo acompañado por los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y de Economía, Pablo López.

“El estado actual de la obra pública detenida está tomando una dimensión crítica”, aseguró el mandatario bonaerense. Y especificó: “Vamos a enviar un proyecto de ley a la Legislatura para declarar la emergencia de la obra pública nacional en la provincia de Buenos Aires: el estado de abandono por su paralización está generando accidentes en las rutas, pérdidas para el erario público y deterioro en el bienestar de los bonaerenses”.

En ese sentido, el Gobernador señaló que “se va a solicitar a la Legislatura poder garantizar la seguridad en los casos en los que haya riesgos para la vida de las personas: vamos a pedir herramientas para continuar las obras, rescindirlas o recuperarlas desde la provincia”. Asimismo, agregó: “También se requerirá que nos faculte para profundizar los reclamos jurídicos por los perjuicios y fondos adeudados”.

“Nunca en la historia argentina, más allá de que hubo muchos programas de ajuste, ocurrió que por dos años esté absolutamente paralizada toda la obra pública de orden nacional”, explicó Kicillof, preocupado por la situación. Y sumó: “Ya hemos hecho cinco reclamos ante la Corte Suprema de Justicia para la devolución de las deudas que el Gobierno de Milei tiene con la Provincia: ascienden a más de $12 billones, lo que representa casi 10 meses de recaudación. Con la apropiación de recursos que son de asignación específica, Milei está en un plan del desvío de fondos y de ilegalidad”.

Por su parte, Katopodis remarcó: “Estamos frente al primer Gobierno de la historia del país que decidió frenar absolutamente toda la obra pública, con las consecuencias sociales y humanas que eso implica: llevamos más de 600 días y Javier Milei no hizo un solo kilómetro de ruta”. “Esto lo denunciamos en reiteradas oportunidades: no solo no activa las obras, sino que tampoco nos transfiere la jurisdicción para que podamos finalizarlas desde la Provincia. Paralizar la obra pública es postergar el desarrollo de los y las bonaerenses”, agregó.

Entre otras, el Gobernador destacó las obras paralizadas en la Autopista Presidente Perón, el dragado del Río Salado y los trabajos necesarios para recuperar y mejorar la infraestructura de la ciudad de Bahía Blanca. “Vuelvo a reclamar formalmente una reunión con el presidente Javier Milei para hablar del estado en el que están las obras en la provincia y los percances que esta situación les está generando a los bonaerenses”, afirmó.

“El Gobierno de la provincia de Buenos Aires va a hacer todos los esfuerzos para que Milei cumpla con sus obligaciones y, en caso de que insista en no hacerlo, no impida que nosotros podamos hacernos cargo de las obras”, concluyó Kicillof.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Tras la denuncia que realizaron integrantes de la barriada a través de El Eco de Tandil, ayer el Municipio informó que procedió a mejorar el cerco perimetral de la obra del Centro de Desarrollo Infantil del barrio Palermo. La construcción, paralizada desde que el Gobierno nacional decidió cortar toda la obra pública, se encuentra ubicada en un terreno comunal de Las Malvinas entre Casacuberta y Muñiz.

Frente a la paralización y el abandono del predio, el cerramiento provisorio había sido derribado. El fácil acceso hizo que el edificio inconcluso se volviera blanco de daños y roturas por parte de jóvenes que suelen congregarse en el espacio verde ubicado en la manzana de enfrente, playón deportivo y parque que rodean al centro cívico y a la Casa de la Cultura y el Bicentenario.

Los actos de vandalismo, sumados al deterioro propio por el abandono de la obra, motivaron a los vecinos a alzar la voz en defensa de la inversión realizada y al patrimonio de todos. Además, advirtieron ante la posibilidad de intrusión del espacio que originalmente se proyectó para contener a la primera infancia con tareas educativas y de estimulación.

Diez días después de la publicación en este medio, la comuna confirmó que volvió a levantar el alambre del perímetro para mejorar la situación de seguridad del predio, como así también del barrio.

En tanto, desde la comuna también confirmaron que el próximo jueves 24 de julio se lanzará la convocatoria a licitación para la finalización de las obras en el Centro de Desarrollo Infantil, que llevan detenidas más de un año y que se estimó se encuentran en un 70 por ciento de ejecución.

El proyecto original contempla más de 200 metros cuadrados sobre un terreno que fue aportado por la Municipalidad, ubicado a metros del centro de salud del barrio Palermo, reforzando un polo de servicios que se completa con el centro cívico, el Registro Civil y la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, más el playón polideportivo y la plaza.

De acuerdo al diseño original, el centro contará con diferentes aulas y espacios de recreación al aire libre y podrán asistir niños y niñas de 45 días a 4 años de edad, para recibir atención integral para su desarrollo, que incluirá asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad.

Con un avance cercano al 70 por ciento en la ejecución del edificio, la comuna decidió hacerse cargo de su finalización y dispondrá para ello recursos del Fondo de Financiamiento Educativo.

En el acceso al edificio inconcluso, el cartel de obra informa que el financiamiento del Centro de Desarrollo Infantil del barrio Palermo provenía del Programa Nacional de Infraestructura del Cuidado, dado de baja tras la asunción del presidente Javier Milei.

La ejecución se inició el primero de octubre de 2021 y contemplaba un plazo de 240 días, creando seis puestos de trabajo. La licitación, a cargo del Municipio, se había adjudicado a Delta Constructora SA por un monto de poco más de 34 millones de pesos.

La obra abandonada del Centro de Desarrollo Infantil, ubicada en Las Malvinas entre Casacuberta y Muñiz, movilizó a vecinos del barrio Palermo que alertaron por destrozos en la estructura. Sin cerramiento, el edificio inconcluso se convirtió en blanco de la ira de grupos de jóvenes que se suelen congregar en el espacio verde público ubicado enfrente.

Frentistas interesados por defender el patrimonio público manifestaron que los daños intencionales sobre la mampostería del futuro Centro de Desarrollo Infantil comenzaron hace algunas semanas y se multiplicaron en los últimos días, ante la inacción de las autoridades.

Con gran cautela por temor a represalias por parte de los autores, describieron que cada vez son más los destrozos que aparecen en los muros del edificio, cuya ejecución lleva un año y medio paralizada.

Cabe señalar que, con un avance del 70 por ciento, la estructura quedó abandonada en diciembre de 2023, cuando el presidente Javier Milei decidió paralizar todas las obras públicas que eran financiadas por el Estado nacional. Así, al deterioro lógico por la desprotección ante los efectos climáticos, se sumó en el último tiempo el accionar repudiable de los vándalos que se juntan en las inmediaciones y que se entretienen atacando el patrimonio público.

Los vecinos reseñaron que el espacio, ubicado muy cerca del centro de salud del barrio Palermo, sufrió la caída del vallado perimetral, quedando expuesto al ingreso de personas que deambulan en horarios nocturnos.

Hace diez días, la Dirección de Prensa anunció que el Municipio se hará cargo de la finalización del Centro de Desarrollo Infantil del barrio Palermo, con recursos del Fondo de Financiamiento Educativo.

Tras la espera prudencial sobre alguna definición de Nación, el Gobierno municipal consideró la importancia del proyecto y el impacto positivo del espacio para los vecinos que habitan al norte de la Ruta 226, y decidió finalizar la construcción del edificio destinado a la primera infancia.  

El proyecto contempla más de 200 metros cuadrados y se ejecuta sobre un terreno que fue aportado por la Municipalidad, ubicado a metros del centro de salud del barrio Palermo, conformando un polo de servicios que se completa con el centro cívico, el Registro Civil y la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, más el playón polideportivo y la plaza.

De acuerdo al diseño original, el centro contará con diferentes aulas y espacios de recreación al aire libre y podrán asistir niños y niñas de 45 días a 4 años de edad, para recibir atención integral para su desarrollo, que incluirá asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad. Además, servirá como apoyo para la inserción laboral de las madres que podrán contar con un espacio de cuidado.

Desde la comuna informaron que la construcción presenta un 70 por ciento de avance, por lo que destinará recursos provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo a completar el edificio. “Los profesionales técnicos ya realizaron el relevamiento y el detalle de los trabajos necesarios para su finalización, y en los próximos días se anunciará el llamado a licitación”, ratificaron.

En el acceso al edificio inconcluso, el cartel derribado recuerda que el financiamiento del Centro de Desarrollo Infantil del barrio Palermo se contempló en el marco del Programa Nacional de Infraestructura del Cuidado.

La ejecución se inició el primero de octubre de 2021 y contemplaba un plazo de 240 días, creando seis puestos de trabajo. La licitación, a cargo del Municipio, fue adjudicada a Delta Constructora SA por un monto cercano a 34,5 millones de pesos.

Teniendo en cuenta la importancia del proyecto y el impacto que tendrá el espacio para los vecinos que viven en la zona al norte de la Ruta 226, el Municipio de Tandil decidió completar las obras de construcción del Centro de Desarrollo Infantil del barrio Palermo, una iniciativa que se financiaba con recursos de la Nación y que había quedado inconclusa.

El nuevo edificio tendrá más de 200 metros cuadrados, y su construcción se realiza en un predio aportado por el gobierno local a pocos metros del Centro de Salud, lo que permitirá consolidar la generación de un polo de servicios para esa zona, que ya cuenta con el Centro Cívico, el Registro Civil y la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.

De acuerdo al diseño original, el centro contará con diferentes aulas y espacios de recreación al aire libre y podrán asistir niños y niñas de 45 días a 4 años de edad, para recibir atención integral para su desarrollo, que incluirá asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad.

La obra tiene un avance de un 70 por ciento y el Municipio la culminará con recursos provenientes del Fondo Educativo. Los profesionales técnicos ya realizaron el relevamiento y el detalle de los trabajos necesarios para su finalización, y en los próximos días se anunciará el llamado a licitación.

Tras el acuerdo entre el intendente Miguel Lunghi y el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, para completar la refacción y remodelación en el edificio de la Escuela Primaria Nº 7, la Secretaría Legal y Técnica de la comuna y la Dirección General de Escuelas bonaerense trabajan en la redacción del convenio marco que formalizará la decisión de las autoridades y permitirá avanzar con la licitación pública.

La obra se paralizó hace tiempo debido al incumplimiento de la empresa constructora que fue adjudicada en la licitación convocada por la Provincia.

El acuerdo alcanzado a partir de las gestiones impulsadas por el Municipio de Tandil, establece que la obra se completará en conjunto, del mismo modo que se hizo con el proyecto de construcción del edificio para el Conservatorio y el IPAT.

En este caso el compromiso es de un financiamiento en partes iguales, 50 por ciento el Municipio y 50 por ciento la Provincia.

Mientras se avanza en la formalización del acuerdo, el gobierno provincial terminará con el procedimiento administrativo para la resición con la empresa adjudicada y se podrá convocar a una nueva licitación con una inversión estimada en 450 millones de pesos.

A su vez, el gobierno local continúa con el plan de obras previstas para este año con recursos del Fondo Educativo.

En los próximos días se adjudicarán las obras de reforma y refacción en las escuelas primarias 21 (Villa Italia) y 25 (El Molino), iniciativas que demandarán una inversión total aproximada de 350 millones de pesos.

En el caso de la Escuela Primaria 21 y el Anexo 3021, el presupuesto oficial es de $245.420.168,49, con un plazo de obra de 180 días. El proyecto incluye cambio del techo en los sectores que cuentan con cubiertas de fibrocemento antiguas y chapa metálica que ya cumplieron su vida útil. Además, se renovarán canaletas y se instalarán nuevas bajadas pluviales.

También se renovarán los baños de la planta alta, con nuevas instalaciones, sanitarios, colocación de nuevo revestimiento y mesadas de granito, y arreglo o reemplazo de puertas.

Las intervenciones, a su vez, incluyen arreglos de cielorrasos, reemplazo de aberturas, cambio de luminarias a tecnología Led y pintura en general.

En la Escuela Primaria 25 el presupuesto oficial es de $102.776.960,42, tiene un plazo de ejecución de 120 días, y la obra consiste en el reemplazo completo de la cubierta de techos, la renovación integral de los cielorrasos en aulas y Salón de Usos Múltiples (SUM), y la actualización del sistema de iluminación en dichos sectores.

Además, el 11 de julio se conocerán las ofertas de la licitación convocada para realizar obras de recambio de techos, impermeabilización de losa y nueva instalación eléctrica en planta alta en la Escuela Primaria 1. Una iniciativa con un presupuesto oficial de $301.607.868,88.

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, advirtió sobre las consecuencias concretas que ya se sienten en el sector productivo a raíz del freno total a la obra pública por parte del Gobierno nacional. “La falta de mantenimiento en rutas no se nota el primer día, pero con el correr de los meses aparecen los baches, el pasto crecido, la intransitabilidad”, señaló el funcionario bonaerense.

Rodríguez destacó, en declaraciones a Radio Splendid, que “nosotros, como Gobierno de la Provincia, venimos planteando el problema de la falta de obras prácticamente desde el primer día”. Y remarcó que “la falta de mantenimiento, por ejemplo, en una ruta, la verdad que no se sufre el primer día, tal vez, porque todavía no se visibiliza. Pero cuando empiezan a pasar los meses, ya se empieza a ver que esa falta de mantenimiento se transmite en definitiva en baches, en pastos que no están cortados, en un montón de cuestiones”.

El funcionario bonaerense dio otro ejemplo: “En estos días se han sumado distintos planteos acerca de la paralización de la obra en la cuenca del Salado, una obra de dragado de unos 700 kilómetros que se viene haciendo desde hace unos 20 años. Pasaron gobiernos de distintos signos y todos han ido avanzando. Nosotros en el periodo del 19 al 23 hemos avanzado de una manera inédita, pero a partir del 10 de diciembre de 2023 el gobierno de (Javier) Milei dejó de pagar esas obras, con lo cual a los pocos tiempos los contratistas empezaron a irse y hoy nos encontramos con que esa obra está paralizada”.

El ministro lamentó: “Lo que implica esa obra es cambiar las condiciones en cuanto a posibilidad de inundaciones de unos 17 millones de hectáreas. Es más de la mitad de la superficie de la provincia de Buenos Aires. Y esa obra está parada, ya cuando hubo lluvias fuertes, que no ha sido una gran inundación hace un mes, un mes y medio, se han visto las consecuencias de esa parálisis. Porque bueno, donde la obra estaba avanzada el agua escurrió bien y donde está frenada se sufrieron anegamientos y otras situaciones”.

Otra situación sensible en la provincia de Buenos Aires es la de la pesca: “Viene muy complicada. Recién en estos días ha empezado a salir parcialmente la pesca del langostino, pero todavía hay una parálisis en buena parte de la flota porque el sector empresario está planteando que la ecuación económica no le resulta. Lo que está actuando acá, el dólar atrasado, el alto precio del combustible, son elementos que están afectando mucho”.

Rodríguez insistió: “Es un sector que está en una situación crítica con la particularidad de que significa muchísimos puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente en Mar del Plata, pero también distribuidos en otras partes de la región costera”.

El ministro se explayó además sobre el diálogo complicado de su área con el Gobierno nacional: “El área de Agricultura no tiene capacidades de decisión, en definitiva todo queda en manos del ministro de Economía [Luis Caputo], que es inaccesible para el diálogo tanto con los distintos representantes de los sectores productivos, con los empresarios, con los trabajadores, e incluso también con los gobiernos provinciales”.

“Yo podría hablar con el secretario de Agricultura [Sergio Iraeta] pero la verdad que nunca tenés una respuesta concreta en ningún sentido, porque no pasa por ahí la definición. El problema que presenta este gobierno es que en materia de los distintos aspectos productivos, sin ninguna duda, no le presta ningún tipo de atención”, resaltó Rodríguez.

Agregó que “hay condiciones que son fundamentales. La verdad que para que funcione la macroeconomía tiene que haber producción, tiene que haber trabajo. Ese es el verdadero pilar del funcionamiento macroeconómico y no los aspectos financieros. Yo veo un Gobierno muy volcado a mirar todo el tiempo qué pasa con los mercados financieros, con el tipo de cambio, y no está atento a las necesidades y lo que ocurre con los sectores productivos”.  

A partir de este análisis, Javier Rodríguez reflexionó sobre la situación actual del desarrollo agrario: “Hay distintos tipos de impacto. Porque obviamente hay una caída del consumo, el dólar atrasado que mencionaba antes impacta, y en aquellos casos de productores más chicos están muy complicados, algunos con salida de la producción. El otro día se mostró el dato de que salieron de producción unos mil tambos en el país. Es decir, que aquellos que tal vez tienen un poco más de espalda tratan de mantener esta situación pero evidentemente las pymes, de las pequeñas y medianas productores agropecuarios, sin ninguna duda, están en una situación muy complicada”.

El Municipio de Tandil completó los trabajos de reparación del granitullo en varias cuadras de la calle Paz, y desde el primer servicio de este viernes 6 de junio la línea 502 del transporte público de pasajeros retomará su recorrido habitual.

La obra, que se realizó durante las últimas semanas forma parte de los programas de mantenimiento y mejora de la infraestructura vial de la ciudad que lleva adelante el gobierno local e incluyó trabajos en Paz entre España y Uriburu.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección de Vialidad y comprendieron el retiro de los granitullos existentes y reparación de la base para colocar nuevamente el material que se había retirado.

Gobernadores de todos los colores políticos le pedirán una reunión al presidente Javier Milei y sus ministros para avanzar hacia un nuevo pacto fiscal. La decisión se tomó este martes, tras el cónclave en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en medio de la preocupación generalizada por la caída en los recursos de la coparticipación federal y la eliminación de la obra pública.

La decisión del Gobierno nacional de eliminar toda obra pública, sumado a los recortes a las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias, son algunos de los dolores de cabeza con los que deben lidiar los mandatarios provinciales, que se reunieron desde las 11 en Azopardo 750, las oficinas provisorias del CFI.

El Consejo Federal de Inversiones destaca por su rol a la hora de ofrecer un lugar de debate que permite acercar las posiciones entre figuras que en otros escenarios serían antagónicas para tratar temas comunes, como puede ser el deterioro de la vialidad nacional, la caída en la recaudación de las provincias, entre otras.

“El motivo central de esta reunión de gobernadores fue evaluar la situación fiscal actual de nuestras provincias, considerando los profundos cambios que está implementando el Gobierno nacional“, explicó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a la prensa, para luego asegurar que “estos cambios han tenido un fuerte impacto tanto en la recaudación propia como en los marcos normativos que venían funcionando hasta ahora”.

De acuerdo a fuentes al tanto del contenido de la cumbre, “fue una muy buena reunión” donde primó la postura que planteaba sentarse a discutir con el Gobierno nacional una forma de avanzar en un pacto fiscal que respete el equilibrio fiscal, consigna sagrada para Javier Milei, pero que también ordene tanto lo impositivo, lo fiscal y las obligaciones de orden federal y provincial.

La solicitud llega en un contexto donde la mayor preocupación de los dirigentes provinciales gira en torno a la caída de recaudación y su impacto negativo en la coparticipación y cuentas publicas provinciales. Eso es lo que quieren poner sobre la mesa las provincias para acordar un nuevo sistema para distribuir los recursos del Estado nacional.

“Nadie está en contra de sostener el equilibrio fiscal, que es algo que tiene que quedar grabado a fuego en nuestro país, pero sí sentarnos y trabajar de una vez por todas en una reforma que es necesaria para la Argentina”, planteó el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, en diálogo con la prensa tras finalizar la reunión.

Por parte de los alineados al peronismo kirchnerista acudieron al evento los gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); mientras que del peronismo no kirchnerista participaron Martín Llaryora (Córdoba); Gustavo Sáenz (Salta); Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), estos últimos dos de forma virtual.

También acudieron los PRO “puros” como Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y sus aliados Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), mientras que del radicalismo dijeron presente Leandro Zdero (Chaco); Carlos Sadir (Jujuy); Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y un virtual Alfredo Cornejo (Mendoza).

Cerraron la lista los líderes de los partidos provinciales como Rolando “Rolo” Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Róo Negro) y, a la distancia, Hugo Passalacqua (Misiones). Así, los únicos ausentes fueron Claudio Vidal, de Santa Cruz, y el radical Gustavo Valdés, de Corrientes.

Si bien los mandatarios con mejor diálogo con el Gobierno aclararon que la reunión no se trata de “una cumbre anti-Milei”, no se descartaba la posibilidad de una foto conjunta para mostrar unidad frente a los reclamos.

Luego del evento en la sede provisional de Azopardo, 8 gobernadores de los presentes se acercarán a la Casa Rosada a las 14.30 para firmar la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias, además de garantizar su apoyo al próximo proyecto que enviará el Gobierno para reformar la Ley Penal Tributaria. Ambas medidas forman parte de la batería de medidas anunciadas por el Gobierno para sacar los “dólares del colchón” de los ahorristas.

Los firmantes serán Weretilneck, Figueroa, Orrego, Sáenz, Zdero y Poggi, además del ministro de Hacienda de Passalacqua, Adolfo Safrán. Horas antes, había hecho lo propio el jujeño Sadir. Así, las 8 provincias que representan se sumaron a Entre Ríos, Chubut, Tucumán y Catamarca, que habían adherido en los días previos.

El Gobierno Nacional modificó los mecanismos para la contratación de obra pública, simplificando así los sistemas para buscar mayor competencia entre las empresas. La medida fue oficializada a través de la publicación en el Boletín Oficial de la Disposición 24/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones, que reglamentó la forma en que se adjudicará la Obra Pública.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, señaló que “durante 70 años imperó un sistema de cartelización establecido por ley. Este dislate la ley lo protegía a través de un perverso sistema que limitaba la capacidad constructiva de cada oferente asegurando un reparto entre los actores al tiempo que limitaba la entrada al club”.

Además, el funcionario remarcó que “ambas cosas terminan de caer hoy. Por un lado se derrumban las barreras de entrada a nuevos jugadores. Previamente, a los que hacían obra privada o en el exterior no se los dejaba competir. Ahora estarán en paridad con la patria contratista e incluso si no tuvieran obras previas también podrán competir reemplazando obras por patrimonio o garantías". Por otro lado, manifestó que “lo más importante” es que "se termina el sistema de la capacidad constructiva que era el corazón del sistema anterior”.

La reglamentación que se publicó se enmarca en los cambios normativos recientes, que incluyen la eliminación de antiguos registros y la creación de un nuevo Sistema de Información de Cocontratantes (SICO). Este nuevo sistema exigirá la inscripción de todas las personas interesadas en participar en procedimientos de contratación de la Administración Nacional, abarcando categorías como Proveedores, Contratistas de Obra Pública y Concesionarios. 

Si bien la implementación plena del SICO implica un cambio estructural y aún está en proceso, la ONC, como Órgano Rector del sistema de contrataciones de obra pública, está realizando ajustes progresivos en la calificación de los Contratistas de Obra Pública.

Bajo el reglamento anterior (Disposición N° 16/19), los constructores debían presentar antecedentes y documentación de hasta 10 años para ser evaluados en su Capacidad Económico Financiera de Contratación Referencial y su Capacidad Económico Financiera de Ejecución Referencial. La ejecución se basaba en balances y certificaciones de obra, priorizando obras públicas y considerando el capital social para empresas sin antecedentes locales.

Por su parte, la nueva normativa flexibiliza los parámetros y simplifica el trámite de inscripción y calificación de las constructoras de obra pública. El Decreto Nº 206/25, y ahora la Disposición 24/2025 que lo complementa, buscan fomentar la competencia y el ingreso de nuevos participantes tanto locales como extranjeros.

De esta forma, los nuevos criterios de calificación contemplarán por igual a empresas nacionales y extranjeras. Por otro lado, considerarán antecedentes de obra pública o privada para determinar la capacidad de ejecución. Uno de los cambios fundamentales es que no se ponderarán los compromisos de obras asumidos y se eliminará la capacidad de contratación.

Este jueves por la mañana, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, y con el apoyo de los vecinos de diferentes barrios de la ciudad, desde la representación local de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) hicieron uso de la Banca 21, con el objetivo de lograr el apoyo de los ediles para repudiar el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y exigir la reactivación de las obras al gobierno nacional.

Paula Alonso y Héctor Condori, representantes de UTEP Tandil, dialogaron con El Eco Multimedios luego de que la iniciativa fuera tratada y posteriormente aprobada en el recinto sin que pase por comisiones.

Primeramente, explicaron que la problemática que los convocó se manifiesta de manera concreta en Tandil con dos obras paralizadas: una en Movediza 2 que afecta el acceso al agua de más de 50 vecinos, y otra en el barrio La Unión, que contempla una obra de agua y un proyecto de cloacas. Además, existían dos anteproyectos preaprobados que nunca iniciaron su curso: uno para garantizar servicios básicos en Villa Cordobita y otro para mejorar el barrio de Las Tunitas, incluyendo agua, veredas y otros aspectos.

"No solamente son dos obras paralizadas", afirmaron los participantes, “sino también había proyectos presentados que directamente quedaron archivados”. Esta situación no solo perjudica a las familias residentes, sino que también impacta directamente en la fuente laboral, ya que hay trabajadores que pierden su puesto de trabajo por la paralización de estas obras. “Las obras paralizadas y los proyectos archivados significaban trabajo para las cooperativas de la ciudad y el mejoramiento en la calidad de vida para muchas familias”. A nivel nacional, señalaron que el impacto es aún mayor, con la pérdida de 25.000 puestos de trabajo vinculados a esta situación.

Ante este escenario, la propuesta presentada en la Banca 21 busca que “el gobierno municipal interceda por los y las vecinas de Tandil”, elevando una nota al Estado Nacional para pedir que se ejecuten los fondos que ya fueron recaudados en el mencionado fideicomiso, a través del Impuesto País, que ya había sido reducido drásticamente, impactando en el desarrollo de las obras.

Alonso y Condorí expresaron que, a pesar de la angustia de la situación, se llevaron "una pequeña alegría" al recibir el apoyo del estado local. Sin embargo, manifestaron la esperanza de que el municipio “nos acompañe hasta el final para poder conseguir estos fondos que ya están recaudados y que lleguen a la ciudad, los vecinos y los trabajadores”.

Según explicaron, el impacto de la medida nacional se extiende a “5 millones de familias que sufren este ajuste”. Calificaron la situación de "brutal" e “inhumana”, y recordaron que la ley que creó el fondo se aprobó en 2018 con “un consenso muy grande de toda la sociedad argentina”, y actualmente el ajuste afecta a 6.500 barrios a lo largo del país.

Asimismo, mencionaron que al igual que ocurrió ayer con manifestaciones y un "estado de alerta y de visibilización de la situación en todo el país", este tipo de reclamos continuarán su curso. “Aunque puedan sacar un decreto, los barrios populares no se borran, las necesidades no se borran”. La intención es seguir luchando para garantizar “los derechos a cada familia y el trabajo de un montón de compañeras y compañeros”.

“Esto significa un montón. Porque no es una mejora solamente para nosotros, sino para todos  los vecinos. No hay una separación entre Tarraubella y el resto, somos todos Villa Aguirre y va a haber un espacio verde para todos, para los niños, para la gente que quiera compartir desde un mate a una charla”, contaron un grupo de vecinas del complejo Tarraubella. El Eco de Tandil recorrió el lugar donde la Cooperativa de Construcción del MTE comenzó con la segunda etapa de obras de mejoras para el barrio.

En un plazo estimado de 8 meses y con financiamiento de la Provincia, el proyecto prevé completar el mejoramiento de los espacios comunes del edificio, el recambio de aberturas y la colocación de pisos de cerámico en las escaleras y el interior de los departamentos. Pero también construirán un espacio recreativo público para el esparcimiento de los vecinos de toda la barriada.

Durante la mañana del viernes, un grupo de vecinas y trabajadoras de la mencionada cooperativa se convocaron a las puertas del complejo para recibir a El Eco de Tandil. Las familias destacaron cómo cambió su día a día a partir de las mejoras que comenzaron a realizarse en el barrio hace casi 2 años.

Además hicieron mención a la importancia que supuso para el lugar la organización barrial. En concreto se refirieron a las reuniones y asambleas que llevan a cabo cada 15 días, en las cuales establecieron reglas de convivencia e hicieron un mapeo de las principales problemáticas y necesidades para definir cuáles serían las mejoras prioritarias a realizar.

“Para todos los vecinos que se quieran acercar, acá estamos. Si quieren compartir, si quieren charlar, preguntar o consultar, cada 15 días tenemos reuniones. Están las puertas abiertas para todo aquel que tenga dudas. Que no tengan miedo, porque también somos gente. Este barrio se está construyendo ahora, pero a futuro va a ser un barrio para los vecinos de enfrente, para que los nenes puedan jugar, para usar las parrillas. Vamos a tener una calle, veredas, va a ser diferente todo esto. Y lo que queremos es que se involucren, y cuando esté terminado que puedan venir”, aseguraron.

La historia del complejo Tarraubella se remonta a comienzos de la década del 90’. La firma Tarraubella Emprendimientos Urbanos SA inició un proyecto inmobiliario para el cual alrededor de 200 familias comenzaron a abonar una cuota para acceder a la vivienda propia. Sin embargo los adjudicatarios resultaron estafados. La obra se frenó, y entró en un largo litigio judicial que resultó a favor de las familias. Se ordenó un resarcimiento económico pero ninguno de los condenados declaró bienes a su nombre y los damnificados no obtuvieron a la fecha una devolución de su inversión.

Décadas atrás el complejo fue ocupado. Actualmente viven en el lugar 12 familias, y junto con las que se asentaron en el predio circundante suman unos 30 grupos familiares. El predio forma parte del Registro de Villas y Asentamientos, y de acuerdo a un censo realizado, 40 niños habitan en los departamentos y viviendas particulares.

Desde hace un tiempo a esta parte se conformó una mesa integrada por vecinos y otras entidades como el Centro Comunitario de Villa Aguirre, organizaciones sociales, el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En el marco de la Ley de Hábitat el barrio recibió financiamiento provincial para llevar a cabo mejoras. La Cooperativa de Construcción del MTE gestionó, coordinó y puso a disposición unos 20 trabajadores para concretar las obras.

“Por acá, antes se llovía todo”, contó una vecina sobre lo que el lugar logró a partir de la primera etapa de mejoras, en la cual se dio acceso a servicios básicos al edificio, se habilitaron las cloacas, se cambió la cubierta del techo, los baños y las cocinas completas e cada departamento.

Para la segunda etapa ya comenzaron con las tareas preliminares, por lo que dispusieron un obrador con dos contenedores en los cuales se instalarán las familias mientras se lleven a cabo las obras en sus viviendas.

“Hay una organización de por medio para esto, que es lo que siempre quisimos para que nuestros hijos vivan de una manera mejor. Con que el agua salga bien y se bañen con agua caliente, ya es muchísimo, así que estamos muy contentas de que ahora sale la segunda etapa”, celebraron.

De parte de la Cooperativa destacaron la inversión provincial en obra pública, y señalaron que todos los insumos necesarios fueron adquiridos a empresas de Tandil. El conjunto de los gastos, sumaron, se rinden y certifican periódicamente para habilitar nuevos desembolsos que permiten continuar con las obras previstas.

“Acá en Tandil el movimiento de la construcción se mantiene. No solo se mantiene, sino creo que con respecto del último año ha mejorado, hay movimiento real”, expuso Gustavo Dacovich, constructor y ex presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa  (Apymet).

El empresario dialogó con El Eco de Tandil y brindó un panorama del sector de la construcción en la ciudad. Dio cuenta de que más allá de que la obra pública está paralizada a nivel nacional, se continúa avanzando con contrataciones de años anteriores, expuso que a nivel local existe una diversidad de sectores –desde el agro al desarrollo de software- que promueven el movimiento económico, y señaló además que en el último tiempo crecieron los proyectos para construir galpones a modo de inversión.

"En Tandil, tenemos la suerte de la diversidad económica en la que se pueden generar movimientos, desde lo que es la parte del campo, lo que es la industria, lo que es el turismo, o las empresas tecnológicas. Hay una parte que favorece el movimiento de lo que es la construcción. Desconozco si somos una isla en la cual acá se está trabajando y en otros lugares no. Pero por lo que se lee, a nivel país el movimiento no es como es acá en Tandil”, manifestó el empresario.

Con respecto al presente de la obra pública, Dacovich mencionó que “hay tres alternativas”. Al respecto, precisó, la principal es la Municipal, seguida por la Universidad y la Provincia de Buenos Aires con lo referido al Consejo Escolar y similares. “Eso por ahí está parado, está tranquilo, hay pocas obras. Se están finalizando obras de contratos vigentes del 2022 o antes”, expuso.

Dacovich hizo mención además que pese al freno a la obra pública, en la ciudad creció el movimiento en torno al sector privado. “Tanto en lo que es habitacional, lo que son edificios, que solo dando una vuelta por el centro de Tandil se ven la cantidad de estructuras de hormigón o ya edificios adelantados, ya sean fideicomisos o consorcios constructivos”, planteó.

Pero también hizo referencia a una nueva modalidad de inversión. “En el Parque Industrial se los ve, galpones que se hacen no solo para industrias ya activas, sino para logística o para depósitos”, indicó.

“Han encontrado un nicho fecundo, un nicho que va bien, que tiene actividad, por lo cual para los inversores tienen sentido seguir haciéndolo. Eso es algo que es relativamente reciente, de uno o dos años a esta parte”, precisó.

En el mismo sentido agregó que “había empresas que por ahí no tenían la capacidad o no tienen la capacidad económica o financiera de generar su propia industria, su propio galpón. Y hay inversores privados en el cual generan espacios físicos importantes con una inversión más liviana a lo que es habitacional. Por una cuestión de que es más industrial, es más dinámica la construcción, es más dinámica que los alquileres”. Sumó además que el sector del agro persiste en la inversión inmobiliaria. Hoy hay muchos fideicomisos al costo que están trabajando edificios”.

En sintonía con otros reclamos empresariales, el constructor transmitió la necesidad de contar con “reglas claras”, en particular de parte de las administraciones gubernamentales. “Lo que hemos notado muchas veces es que la toma de decisiones, tanto sea de los deliberantes o de los ejecutivos, es que no se condicen con el común vivir diario del empresario. Acá nadie pide regalos ni nada por el estilo. Lo que pedís, es una regla de juego clara, proyectada en el tiempo y que eso permita saber hacia dónde va tu empresa. Por lo menos en lo que es impositivo, lo que es habilitaciones y documentación”, concluyó.

El Gobierno bonaerense anunció que proyecta triplicar el presupuesto en materia de infraestructura para finalizar obras que abandonó Nación con eje en centros infantiles, infraestructura universitaria y saneamiento de agua y cloacas.

Según se informó en el marco de una conferencia de prensa, se dispuso de una ampliación del presupuesto en obra pública desde los $248.000 millones en enero a $516.000 millones en septiembre, que a su vez serán ampliados a $695.000 millones.

El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Gabriel Katopodis, precisó en ese marco que en el distrito solo hay en ejecución 97 obras del gobierno nacional, contra 2.308 que había el año pasado.

Además, de las más de 1.000 obras iniciadas en lo que va del año, ahora el gobierno de Kicillof dará comienzo a “una primera etapa de obras nacionales de la que se va a hacer cargo la Provincia”, anunció Katopodis. Se trata de 86 centros de desarrollo infantil, 38 obras del programa de infraestructura universitaria y unas 200 obras sanitarias y cloacales.

“Hay 104 mil familias sin trabajo como consecuencia del parate de la obra pública. La paradoja es que el Gobierno tiene los recursos, tienen fondos afectados que deben ser para infraestructura, no pueden tener otro destino por ley. Tienen un presupuesto entero sin ejecutar. Es mezquindad e inoperancia del Gobierno de Javier Milei”, dijo Katopodis.

“Hoy toda la obra pública de la provincia de Buenos Aires está en ejecución. Y no solo eso, sino también que estamos haciéndonos cargo de reactivar la obra pública nacional”, agregó el ministro.

La obra de la Escuela Secundaria 13 de De la Canal –un proyecto que involucra también a la Escuela Primaria 15 y al Jardín 921-, se encuentra “neutralizada” desde mayo. A la espera de que la redeterminación presupuestaria avance en Provincia, la comunidad educativa pidió que se retomen los trabajos de un edificio que es “el lugar de encuentro” de la localidad, según expresaron.

“El eje de De la Canal es la escuela, el club, la iglesia. Siempre en los pueblos tienen mucha influencia en la escuela, todo gira alrededor de la escuela, los encuentros, el picnic, es muy importante. Es un lugar de encuentro. No nos olvidemos que hay muchos chicos acá que no tienen luz en sus casas, y muchas veces también vienen a a encontrar conocimiento, pero también vienen a un lugar de encuentro, y muchas veces la escuela hoy en día, la escuela pública, es un lugar de encuentro”, compartió Andrés Moris, director de la Escuela Secundaria 13.

La obra en De la Canal es un reclamo histórico de la comunidad. A comienzos de 2023 se dio dictamen favorable a la iniciativa que comenzó unos meses después. El proyecto avanzó visiblemente y la empresa adjudicataria logró completar más de la mitad de lo planificado. Sin embargo en mayo pasado los trabajos se detuvieron.

De parte de la dirección de la Escuela y de la comunidad canalense en general alertaron por la situación, por lo que se pusieron en contacto con las autoridades educativas y municipales en vistas de que la esperada obra continúe.

“Este año en la Escuela incrementamos a 23 matrículas nuevas y ahora tenemos un total de 72 alumnos. Es un montón. Porque tenemos 16 chicos de Primero, pero fueron sumándose de segundo, tercero, cuarto y quinto”, precisó Moris.

“No nos olvidemos que acá nuestros alumnos son alumnos golondrinas, los padres se mueven con las cosechas, van trasladándose de campo en campo. Por lo que tenemos muchos alumnos que tal vez vienen una temporada y después se van a sus provincias, a sus ciudades. Pero también tenemos muchas familias conocidas y que vienen desde jardín juntos, así que sí, es una comunidad muy importante y que está en crecimiento. Lo que se ha visto estos últimos años es que la matrícula viene en crecimiento”,  sumó el director.

En diálogo con El Eco de Tandil, la consejera escolar Diana Balbín brindó detalles de la situación en la obra de la Escuela de la localidad rural. Sostuvo que a la fecha se encuentra “neutralizada”, lo que significa que continúa el contrato con la empresa adjudicataria pero que desde Provincia se analiza una redeterminación presupuestaria. El monto inicial fue de poco más de 230 millones de pesos, y se estima que se eleve a alrededor de 700 millones.

“El formato es neutralizada para que no corran días. Porque sigue la misma empresa dentro de la contratación. Lo que se está haciendo ahora es un proceso de renegociación del contrato, que es algo que la normativa, en este caso, permite. Es actualizar más allá de lo que ya estaba previsto. Son redeterminaciones que se hacen con regularidad, sin necesitar hacer una pausa en la obra, por la situación que se vivió durante fines del año pasado y principios de este, en el tema de valores y falta de entrega de materiales y demás. Se neutralizó a partir de mayo”, precisó Balbín.

“La empresa preparó una actualización del valor, como nueva oferta, para que la Provincia pueda analizar. La provincia lo analiza, y eso figura en un expediente que se puede ir siguiendo. Lleva mucho tiempo porque pasa por todas las instancias de los organismos estatales, por la parte de Educación, pero también pasa por Economía. Hay como un montón de organismos que intervienen en el análisis y la aprobación de esos nuevos valores para una contratación que sigue vigente”, sumó la consejera, quien indicó que ya hay “una afectación presupuestaria actualizada” y que se espera que se cierre el circuito burocrático para la firma de una nueva resolución.