En las últimas horas, este Diario confirmó la sentencia condenatoria que ventiló el Juzgado de Faltas por la denuncia municipal en torno al condominio irregular que disparó un fuerte debate político y una exposición en la opinión pública.

Tal se informó oportunamente, el Municipio tomó intervención por el avance en la construcción en un área prohibida e incluso construyendo sobre una calle pública, y presentó la denuncia ante el juzgado de Faltas, desde donde recientemente se conocieron las principales decisiones en torno al litigio.

A más precisiones, el Juzgado de Faltas 2 condenó a Corica Gutiérrez Bienes Raíces S.R.L. por haber ejecutado obras sin autorización municipal y por incumplir una orden de paralización vigente.

Sobre las principales medidas a implementar, al decir del fallo, se destacaron la imposición de una multa ambiental de aproximadamente 21.512.507 pesos.  También una segunda multa por infracción al Código de Edificación de aproximadamente 2.886.886 pesos. El monto total de la sanción impuesta por el juez alcanza los 24.399.393 pesos.

Asimismo, el magistrado municipal ordenó demoler o relocalizar cuatro construcciones ubicadas dentro de la franja de restricción hídrica, dentro de un plazo de 60 días desde que la sentencia quede firme.

Las otras dos construcciones, que se encuentran fuera de la franja de restricción hídrica, no quedan regularizadas. Solo podrán permanecer si obtienen la aprobación administrativa correspondiente y cumplen íntegramente con el Plan de Desarrollo Territorial, el Código de Edificación y toda la normativa aplicable.

En otro de los puntos del fallo, el juez señaló que si la empresa no cumple la sentencia, se dispone la intervención de la Secretaría Legal y Técnica para promover las acciones judiciales pertinentes.

A la vez, se mantiene la prohibición de innovar, por lo que no podrán continuar obras, ampliaciones o modificaciones en el predio.

En ese contexto, se ordena a Ingresos Públicos y Obras Privadas mantener bloqueado cualquier trámite relacionado con el inmueble hasta el cumplimiento de la sentencia.

Asimismo, se oficia a las áreas de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial, Ambiente, Vialidad y Protección Ciudadana para que realicen el seguimiento y control del cumplimiento.

Además de sancionar a la empresa citada por la construcción clandestina, el juez en su sentencia dirige recomendaciones y exhortaciones al propio Municipio y a la Usina para fortalecer los controles preventivos y mejorar la coordinación entre las distintas áreas involucradas.

 Obras clandestinas en Zona Protegida: los vecinos amenazaron a funcionarios que fueron a inspeccionar

En otro orden de asuntos dentro del mismo escenario delicado que hacen a la construcción denunciada en la Zona Protegida, tal como se anticipó en estas páginas, se formalizó la denuncia penal contra responsables del desarrollo señalado.

A más datos, la secretaria Alejandra Marcieri denunció a Juan Ignacio Córica Gutiérrez.

Se pidió a la justicia al respecto que se investigue la posible comisión de “Amenazas agravadas”, “Atentado y resistencia contra la autoridad” y cualquier otro delito que pudiera surgir durante la Investigación Penal Preparatoria.

Asimismo, la funcionaria solicitó el dictado urgente de medidas de protección.

La denuncia se enmarca en las actuaciones administrativas que el Municipio viene desarrollando respecto de un emprendimiento inmobiliario ubicado en la Chacra 142, Parcela 3, donde desde 2022 existen distintos expedientes relacionados con solicitudes de subdivisión; proyectos urbanísticos; construcciones presuntamente irregulares;  actuaciones del Tribunal de Faltas e intervenciones de la Comisión Municipal de Gestión Territorial.

Como se informó en ediciones pasadas, durante una inspección realizada por funcionarios municipales, el denunciado habría mantenido una conducta hostil destinada a impedir el normal ejercicio de las funciones de control.

Según la denuncia,  increpó reiteradamente a los inspectores; sostuvo que los funcionarios estaban ingresando a un lote privado; intentó impedir el desarrollo de la inspección; profirió expresiones consideradas intimidatorias y en un momento se arrojó sobre el vehículo oficial manifestando que intentaban atropellarlo.

Según la denuncia, todo ello quedó registrado mediante filmaciones.

Sobre las amenazas, el escrito destaca especialmente una frase atribuida al denunciado y dirigida directamente a Alejandra Marcieri: “Usted por ingresar a un lote privado, usted señora va a ver cómo va a quedar."

La denunciante afirma que dicha expresión le generó temor por su integridad física y considera que constituye una amenaza agravada.

A la vez, se alude en la presentación el delito de Violencia de género. Al decir de la denuncia, el además del contenido intimidatorio, la presentación sostiene que la conducta debe analizarse también desde una perspectiva de violencia de género, por tratarse de una amenaza dirigida contra una mujer que ejercía funciones públicas de fiscalización.

Como pruebas, la funcionaria presentó en su informe, registros fílmicos del episodio; imágenes; los antecedentes administrativos municipales, más documentación obrante en expedientes públicos vinculados al inmueble.

Vale consignar que el caso volvió a la agenda pública cuando el concejal Rogelio Iparraguirre pidió informes por el loteo irregular en una Zona Protegida, por arriba de la cota permitida para desarrollos inmobiliarios múltiples.

El mismo caso había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras. La entidad ciudadana publicó, en noviembre de 2024, una imagen de un portón ubicado sobre calle Israel, poniendo en cuestión la ocupación de la arteria pública.

A partir de la solicitud de informes, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas de la comuna, Luciano Lafosse, confirmó dos de las sospechas que pesaban sobre el lugar: que parte había sido comercializado como condominio -pese a que esa figura está prohibida para Zona Protegida-, y que las construcciones en marcha eran obras clandestinas. En concreto, las viviendas no contaban con la presentación reglamentaria de planos ante los organismos municipales correspondientes.

El funcionario sostuvo además que habían inspeccionado el loteo -dijo, incluso antes de la denuncia de la Asamblea-, y que tras detectar la irregularidad radicaron una denuncia en el Juzgado de Faltas 2, a cargo del juez Oliveto. En el mismo sentido, hicieron una presentación a Hidráulica de Provincia, ya que por el lote pasa un arroyo semipermanente.

Otro dato que se supo en los últimos días fue que la construcción de las viviendas estuvo a cargo del mismo desarrollador que tiempo atrás se vio envuelto en un escándalo: en un loteo de La Elena, un trabajador que se desempeñaba en el movimiento de suelo agredió brutalmente a un vecino que se acercó a preguntar por las tareas en el lugar.

Ese caso motivó un debate en torno a la proliferación de ventas -estafas-, mediante la figura de condominio en Tandil. Cabe recordar, en particular en Zona Protegida, la del condominio no es una modalidad permitida para la subdivisión de lotes. Vecinos que han adquirido terrenos de esa manera resultaron estafados: no deberían poder luego escriturar más de una vivienda en el conjunto del lote.

Este lunes, el secretario de Obras Públicas del Municipio, Luciano Lafosse, consideró que “sería deseable” que la Justicia de Faltas ordene la demolición de las seis viviendas y el complejo de cabañas con distintos grados de avance de construcción, a través de la figura de condominio, en Israel y Lanza de Basto, en la Zona Protegida Sierras de Tandil, entre las cotas 250 y 280 metros sobre el nivel del mar. “Es lo que debería suceder en función de nuestra normativa”, ratificó.

En tanto, señaló que están a la espera de la respuesta a la carta documento enviada por el área de Legales de la comuna, con la que le exigieron a los desarrolladores “la remoción de un portón que está obstruyendo la vía, que está en el cruce de las calles Lanza de Basto e Israel, dando un plazo perentorio de 48 horas”. Cumplido ese tiempo, el Municipio retirará la estructura trasladando el cargo económico a los infractores.

“Estamos en los plazos para ver si se remueve o no se remueve, si no lo removeremos nosotros como Municipio. Tienen 48 horas a partir de la notificación”, precisó en diálogo con La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM y El Eco Streaming).

Lafosse sostuvo que “hace un tiempo ya, el Municipio actuó con dos distintas instancias” en el predio denunciado y mencionó en primer lugar, “a Vialidad Municipal, que tiene a su cargo el área de Hidráulica, en la que hubo una denuncia porque a ese predio lo atraviesa un curso de agua semipermanente”.

Agregó que “también se actuó con la Dirección de Obras Privadas, se labraron las actas de infracción que pasaron a la Justicia de Faltas Municipal para las actuaciones”.

Precisó que el Juzgado de Faltas interviniente requirió más información y concedió una prórroga a pedido de los propietarios para ampliar datos. “Eso está actualmente en la Justicia local”, precisó.

En cuanto a las razones que llevaron al avance de este loteo y construcciones irregulares, el funcionario expuso que “se ha detectado una práctica que es legal que tiene que ver con los condominios urbanísticos que, amparados en una figura legal que tiene reconocimiento constitucional, después se termina comercializando de alguna manera vulnerando la confianza de los vecinos que compran, porque les terminan vendiendo una fracción indivisa de un determinado predio”.

A más datos, señaló que “en este caso el predio no involucra lo que los vecinos compraron como lote sino que los que ellos compran es un porcentaje de una manzana, en el que como dice la escritura a la que acceden, es una fracción que no se puede dividir, con lo cual la responsabilidad de cada uno de los condóminos es hacia todo el predio. No refiere la responsabilidad a un lote o a lo que ellos ven como su propiedad, sino que todos son dueños de todo como si fuera una superficie común”.

Indicó que muchas veces el condominio se acompaña con un plano “en el que cada uno cree que es propietario de una determinada parcela, pero ese lote no existe realmente”.

Por lo tanto, aclaró que en el predio de Israel y Lanza de Basto “solamente se puede construir una única vivienda” y confirmó que la comuna desconoce cuántos lotes se generaron en ese condominio. “Lo que nosotros pudimos relevar son seis viviendas en construcción y unas cabañas”, dijo.

En cuanto al futuro de esas construcciones, evaluó que “si uno tuviera que tomar la decisión, si dependiera de lo que nosotros podemos hacer, podría haber una única vivienda, por lo que debería demolerse, sería deseable que pasara”.

Por otro lado, Lafosse recordó que la semana pasada, funcionarios de Obras Privadas y de Protección Ciudadana realizaron una inspección en el predio, situación en la que se produjo un “diálogo difícil, conflictivo, bastante tensionante” con los compradores, “porque ellos alegan que al tener una propiedad privada pretenden desconocer que esa es una calle pública, en la cual solicitaban a los funcionarios municipales si tenían una orden de allanamiento para poder entrar en ese predio “.

Descartó que hayan radicado denuncias por amenazas, aunque resaltó que “sí hubo actuaciones que nutren la causa que está en la Justicia local, en las que se da cuenta de que las obras que se habían paralizado en su momento no se respetó esa paralización, con lo cual agrava la situación”.

El secretario de Obras Públicas describió que “esto es una dinámica que se ha dado en distintos sectores de la ciudad. Hemos ido logrando frenar algunas situaciones de estas características por actuaciones que se han podido ir teniendo”. Sin embargo, manifestó que “el territorio es bastante extenso como para tener presente cada una de las parcelas, pero en la medida en que vamos teniendo algún conocimiento, a veces actuamos de oficio como la otra vez en algunos loteos de La Elena”.

Por otra parte, sobre la conexión de luz en ese parcelamiento irregular, Lafosse explicó que “estamos trabajando en coordinación con la Usina Municipal para evitar que se baje la energía eléctrica en determinados sectores en los que no hay una subdivisión aprobada por el Municipio”.

Apuntó que en este caso, el condominio accedió a la luz porque “esto fue anteriormente a estas acciones que nosotros hemos ido coordinando con la Usina para evitar que se sigan generando estas subdivisiones del territorio sin las autorizaciones” y añadió que “en la medida en que empiezan a tener disponibilidad de servicios, sobre todo la luz, tienen acceso a determinada calidad de vida que sin tener luz o teniendo una sola bajada para una cantidad de lotes resulta más conflictiva”.

En cuanto a la gestión del servicio, sostuvo que en caso de estas superficies ubicadas en zona de sierras, la Usina habilita una única bajada de luz una vez que realizó consultas ante el Municipio y el Oceba.

Por último, Lafosse recomendó que “cualquier potencial comprador que pretenda adquirir una fracción de tierra debería asesorarse muy precisamente, porque sabemos que existen todas estas prácticas”.

Y expresó que “fundamentalmente se plantea a cualquier persona que pretenda, o tenga la expectativa, o tenga algún ahorro disponible para poder comprar algún lote o predio, que se acerque a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro, que está en Chacabuco y Maipú, para hacer las consultas” con el objetivo de chequear la situación parcelaria del inmueble que le ofrecen.

A través de la Secretaría Legal y Técnica, el Ejecutivo emplazó a los responsables de un desarrollo inmobiliario clandestino para que en un plazo de 48 horas retiren un portón y un muro que obstruyen el paso hacia la calle Lanza del Vasto. El organismo advirtió que, de no cumplirse la manda, la comuna procederá a la demolición de la estructura con cargo a los infractores.

Tras la exposición pública de los preservacionistas y el pedido de informes en el Concejo, la Municipalidad dio un paso en la regularización del uso del espacio público y la preservación de las normativas urbanas en áreas sensibles de la ciudad. Tras una inspección técnica, el Gobierno local notificó formalmente a los desarrolladores de un condominio que se construye sin autorización en la denominada Zona Protegida, exigiéndoles la liberación inmediata de una vía de circulación que había sido cercada de manera ilegítima.

La intervención administrativa se originó a partir de las actuaciones realizadas por el Área de Catastro, donde los técnicos verificaron una transgresión flagrante a las leyes de ordenamiento territorial. Según pudo confirmar este Diario, los inspectores detectaron la construcción de un muro de mampostería revocado, complementado con un portón corredizo, que interrumpe la libre circulación de la calle Israel. Esta estructura impedía no solo el acceso vehicular, sino también el tránsito peatonal hacia la calle Lanza del Vasto, transformando un bien de dominio público en un acceso restringido para beneficio de un privado.

La medida adoptada por la Secretaría Legal y Técnica se enmarcó en un contexto de creciente demanda de control sobre los emprendimientos que se asientan en las zonas de sierras, donde la normativa es particularmente estricta. El avance de este tipo de cerramientos sin permiso municipal generó preocupación en las autoridades locales, ya que afecta de forma directa la conectividad de los barrios y sienta un precedente peligroso para la planificación urbana de Tandil.

El informe elevado por las áreas competentes fue determinante para que el Ejecutivo emitiera la orden de retiro inmediato.

En la notificación enviada a los responsables, se dejó constancia de que la existencia de dicho portón constituye una afectación directa al dominio público municipal. El documento oficial al que tuvo acceso este Diario,  subrayó que la situación se encuentra en evidente contravención con normativas de jerarquía nacional y local, lo que motivó el establecimiento de un plazo perentorio de 48 horas para que la calzada vuelva a su estado original, bajo el apercibimiento de utilizar la fuerza pública para restituir la legalidad del sector.

El loteo en Zona Protegida no presentó planos y tiene una causa judicial: "Son obras clandestinas"

El dictamen elaborado por el cuerpo legal del Municipio se fundamentó en tres pilares normativos que garantizan la integridad de las calles como bienes comunes. En primer lugar, se invocó el Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece con claridad que las calles son bienes de dominio público del Estado. Por tal carácter, su uso debe estar garantizado de manera irrestricta para toda la comunidad, resultando jurídicamente imposible que un particular se apropie de una traza vial o limite su acceso mediante estructuras físicas.

Asimismo, la construcción obstruccionista vulneró los preceptos del Plan de Ordenamiento Territorial (PDT), bajo la Ordenanza 9865. Este marco normativo, que rige el crecimiento de Tandil, prohíbe terminantemente realizar cualquier tipo de obra, construcción o instalación que cierre, obstruya o desvíe de forma directa o indirecta un camino público.

El Artículo VII.26 de dicha norma es taxativo al respecto, señalando que la preservación de la red vial es una prioridad para el interés general y no puede quedar supeditada a intereses privados o desarrollos inmobiliarios no autorizados.

Por otra parte, se citó el Código de Edificación vigente, sancionado bajo la Ordenanza 5580. En este punto, el Ejecutivo recordó que toda obra realizada sin el correspondiente permiso municipal y que afecte el interés general comunitario es considerada automáticamente en contravención. Según lo previsto en el Artículo 1.3.3.6 de dicho cuerpo legal, ante órdenes de corrección o demolición no cumplidas por los particulares, el intendente y su gabinete tienen la facultad de ordenar el retiro de los elementos en falta mediante el uso de los equipos operativos de la propia Municipalidad.

La situación del condominio en cuestión se agravó debido a su carácter de "clandestino". Al desarrollarse en una Zona Protegida y no contar con las habilitaciones correspondientes, la elevación de muros y portones sobre la vía pública fue interpretada como un desafío a la autoridad de aplicación. Fuentes consultadas por El Eco de Tandil indicaron que no es la primera vez que se detectan intentos de cerrar accesos en zonas de alta valorización inmobiliaria, lo que ha llevado a un endurecimiento de las sanciones y controles.

La intimación cursada por la Secretaría Legal y Técnica no se limitó a la orden de retiro, sino que incluyó una advertencia económica y administrativa para los propietarios. En el caso de que el portón y el muro no sean removidos en el tiempo estipulado, la Municipalidad procederá a efectuar el retiro y la demolición de la estructura de forma directa. Sin embargo, esta tarea no será gratuita para el infractor, ya que todos los gastos que la operatividad irrogue serán trasladados y reclamados legalmente a los responsables.

Esta modalidad de ejecución directa, contemplada en el Artículo VII.26.2 del Plan de Ordenamiento Territorial, busca evitar que el erario público deba costear los errores o las faltas cometidas por desarrolladores privados. Los costos de maquinaria, personal y logística para liberar la calle Israel serán liquidados y enviados al contraventor bajo la forma de cargos especiales, los cuales, de no ser abonados, podrían derivar en ejecuciones fiscales y embargos sobre las parcelas involucradas en el desarrollo.

Además del recupero de los gastos de demolición, los infractores deberán afrontar las multas y sanciones adicionales que determine el Juzgado de Faltas. La normativa edilicia vigente establece escalas punitivas elevadas para quienes construyen en contravención, especialmente cuando se trata de afectaciones al dominio público. La Secretaría de Legales enfatizó que la apertura de la calzada no exime al privado de las responsabilidades legales previas por haber levantado una estructura clandestina en un área de protección ambiental.

Finalmente, el documento recordó que la libre circulación por la calle Israel es un derecho de todos los ciudadanos y que la conectividad hacia la calle Lanza del Vasto es estratégica para la zona. La determinación del Ejecutivo municipal de actuar con celeridad en este caso responde a una política de "tolerancia cero" frente a las tomas o bloqueos de calles, una problemática que ha ido en aumento ante el crecimiento de la ciudad hacia las laderas serranas, donde la línea entre lo privado y lo público suele verse desdibujada por emprendimientos sin planos aprobados.

El Municipio de Tandil llamó a Licitación Privada Nº 18-02-26 para concretar una serie de obras de mantenimiento y refacción en el Jardín de Infantes Nº 904, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nº 1693/2026.

La intervención contemplará la provisión de mano de obra y materiales para el recambio del techo, tareas de pintura exterior y distintas reparaciones edilicias. Para ello, la administración comunal fijó un presupuesto oficial de 89.987.740,17 pesos.

Según se desprende del decreto firmado por Miguel Lunghi y el secretario de Economía y Administración, Raúl Moyano, el expediente contó con la intervención previa de la Dirección de Compras y Suministros.

La apertura de las ofertas se llevará a cabo el miércoles 10 de junio, a las 11, en la sede de la Dirección de Compras y Suministros.

La iniciativa se enmarca en las tareas de mantenimiento y mejora de la infraestructura educativa que el Municipio viene desarrollando en distintos establecimientos del partido.

La inminente licitación de Intercargo, la empresa estatal que históricamente dominó los servicios de rampa en los aeropuertos del país, no representa solo un movimiento financiero, sino un cambio de paradigma en la eficiencia operativa de la infraestructura aeroportuaria.

El Gobierno Nacional lanzará este viernes la licitación nacional e internacional por el 100% de las acciones de la compañía. El proceso se formaliza al límite del plazo establecido por la Resolución 1067/2025.

La valuación, encargada a la consultora Deloitte, abrió un intenso debate técnico en los despachos oficiales. A través del método de Flujo de Fondos Descontado (DCF), que proyecta la capacidad de generar caja a futuro, el valor de la empresa fue fijado en 30,1 millones de dólares. Este es el criterio que el Ministerio de Economía considera más realista para atraer inversores en un mercado en proceso de desregulación.

Sin embargo, bajo enfoques Patrimonial y de Mercado, otras tasaciones ubicaron el valor entre los 55 y 61 millones de dólares. Estas cifras, no obstante, no contemplan el impacto de la pérdida de exclusividad que enfrentará la firma.

El valor final está directamente condicionado por la rescisión del contrato de exclusividad que Intercargo mantenía desde 1990. Con la apertura a nuevos operadores, el “negocio asegurado” desaparece y la empresa deberá competir por primera vez en igualdad de condiciones.

La historia de Intercargo ha estado marcada por cambios de gestión y controversias políticas. Fue creada en 1990 bajo la órbita de la Fuerza Aérea Argentina mediante la Resolución 7417. Durante la década de los 90 fue privatizada y quedó vinculada al grupo económico de Alfredo Yabrán.

Tras crisis financieras y disputas legales, la compañía volvió al control estatal. En 2012, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la agrupación política La Cámpora asumió el control operativo total, consolidando un esquema de cuasi monopolio que solo permitía la “autoprestación” a aerolíneas con infraestructura propia, como Aerolíneas Argentinas o American Airlines.

Con la Resolución 49/2024, el actual Gobierno puso fin a esa exclusividad y habilitó que terceras empresas soliciten permisos para prestar servicios de rampa, sentando las bases para el proceso de venta que culmina esta semana.

El mercado sigue de cerca a los potenciales interesados en operar la rampa en los nodos de Aeropuertos Argentina.

Entre ellos aparece Paolini Grúas (División Escalum), firma nacional especializada en logística pesada que ya cuenta con habilitaciones y experiencia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

También figura Alyzia, grupo francés con trayectoria en el mercado europeo de handling y hospitalidad, cuya eventual participación implicaría la llegada de estándares internacionales en seguridad y eficiencia operativa.

La hoja de ruta de la privatización establece:

La licitación se inscribe como una pieza clave en la desregulación del sector aerocomercial. La incógnita central para el mercado es si los potenciales compradores estarán dispuestos a pagar el valor fijado por Deloitte en un escenario donde la competencia será abierta y ya no existirá un contrato de exclusividad que garantice el retorno de la inversión.

La destrucción de parte de la estructura protegida por normativa patrimonial generó repercusiones en la ciudad. El inmueble, ubicado en Alem 925, se encuentra inscripto como Bien Patrimonial en el Anexo 5 del Plan de Desarrollo Territorial y su fachada está alcanzada por un régimen de preservación.

El caso tomó estado público a partir de la decisión del Municipio de paralizar los trabajos de demolición de la obra donde se construirá una casa de comidas rápidas. Y, en consecuencia, labró las actas correspondientes, que fueron elevadas al Juzgado de Faltas para que determine la forma en que deberá repararse el daño ocasionado.

El secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, explicó a El Eco de Tandil los detalles del proceso que terminó con la pérdida de una parte del frente de la propiedad protegida por su singular arquitectura y consideró que se trató de una “negligencia” por parte de los responsables del proyecto. 

El hecho fue detectado ayer, cuando un funcionario advirtió que la maquinaria estaba operando sobre una estructura que, según lo dictaminado previamente, debía ser preservada. 

La propiedad había estado bajo la lupa de la dependencia comunal debido a una solicitud de demolición que contaba con el respaldo de un informe técnico privado. A más datos, el secretario indicó a este Diario que un ingeniero había planteado que la fachada se encontraba en mal estado, “sin capacidad de sostenerse”, y que recomendaba la demolición.

Fue entonces que, tras una inspección ocular realizada por técnicos del área municipal, se determinó que la situación difería a la planteada. “Previamente al tratamiento por la Comisión de Patrimonio, se evaluó que la fachada no revestía condiciones de inestabilidad, pero que sí había que hacer trabajos de apuntalamiento y de refuerzos en la estructura con el objetivo de preservar el patrimonio”, detalló Lafosse.

Si bien la parte trasera de la vivienda presentaba un “estado de deterioro muy grande” que hacía “altamente costosa” su recuperación, el valor simbólico y arquitectónico residía en su frente. “Estaba definido como bien patrimonial, pero no el nivel de protección que tenía que tener”, reconoció.

El  proceso administrativo

Después de esa evaluación, el expediente llegó a la Comisión de Patrimonio Histórico que determinó que la fachada debía mantenerse.

El predio involucrado consta de tres parcelas. Dos de ellas, las más cercanas a la intersección con la avenida España, contaban con los “expedientes aprobados” y los trabajos allí no presentaban irregularidades. El conflicto surgió en la tercera parcela, donde se ubicaba el bien catalogado.

En cuanto a los incumplimientos, Lafosse señaló que la empresa avanzó sobre una parcela para la cual no existía una autorización final de demolición. “Había un expediente que se estaba tratando, pero no estaba aprobada la demolición de todo el sector trasero”, precisó. Por eso, “cuando estaban haciendo los trabajos de demolición, la fachada se cayó”.

Al momento de la llegada del personal de Obras Privadas, la fachada ya se encontraba parcialmente derribada, lo que derivó en la intervención mediante la paralización de las tareas en ese sector y la confección de actas de infracción.

“En esa parcela no había permiso, pero si un expediente iniciado que tenía un dictamen de la comisión de patrimonio que pedía preservar la fachada, pero no había terminado de aprobarse", insistió.

Tras la paralización de la obra, el expediente fue elevado al Juzgado de Faltas, que será el responsable de  resolver las eventuales sanciones que corresponden al caso.

Entre las alternativas, Lafosse repasó que podría llegar a exigir “la remediación de toda la fachada”, además del “mantenimiento de lo que quedó en pie y su apuntalamiento”, y la posibilidad de una sanción económica.

La singularidad de la fachada

La propiedad destruida se encontraba incluida en el catálogo de bienes patrimoniales. A más precisiones, cabe indicar que la sanción del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) en 2005 incluyó el Anexo 5, donde se especifican todos los inmuebles públicos y privados protegidos.

Los criterios de salvaguarda son diversos, entre los que se encuentran las características de fachadas, el oficio que se utilizó en la construcción -como la Casa de Piedra de Rodríguez entre España y Mitre-, e incluso porque en dichos espacios sucedió algún acontecimiento histórico significativo o porque pertenecieron a vecinos que realizaron aportes a la ciudad.

Algunas de estas propiedades cuentan con protección total y otras con resguardo parcial. En estos últimos casos se permiten modificaciones respetando su fachada, como sucedió en el exBanco Comercial o como pasó con un edificio ubicado sobre calle Paz.

En el caso del inmueble de Alem 925, la Comisión de Patrimonio Histórico había sido específica al definir que el valor residía en la singularidad de su frente.

En ese sentido, Lafosse ratificó que “existen distintas jerarquías” para incluir un bien a preservar y aclaró que “la Comisión de Patrimonio dictaminó que, como toda la parte posterior estaba deteriorada, lo que había que preservar era la fachada”.

La vivienda poseía un interés arquitectónico. “Tenía unos arcos de medio punto con detalles que parecían mosaicos, aunque en realidad eran ladrillos pintados de distintos colores”, describió el funcionario para considerar que “se intentó preservar fue la singularidad de la fachada”.

“Era un bien patrimonial”

“En este caso era un bien patrimonial”, opinó sobre lo ocurrido con la propiedad de Alem al 900 en comparación con otros casos, como la demolición de la iglesia Luterana ubicada en Santamarina al 800, que no se encontraba catalogada. Por eso, consideró que “es más una negligencia que se da”.

“Cuanto menos es negligencia”, insistió Lafosse, dejando en claro que la empresa no tomó los recaudos necesarios para respetar las restricciones vigentes. “Se habían hecho los tramites y advertido sobre la necesidad de preservar esa fachada, que no fue respetada por la empresa encargada de la demolición”, remató.

El Gobierno Nacional oficializó el avance del proceso de privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra para aeronaves en los aeropuertos del país. La medida fue confirmada este lunes con la publicación de la Resolución 1067/2025 en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, el 100% del paquete accionario de Intercargo será vendido mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, sin incorporar un Programa de Propiedad Participada ni dar prioridad a ningún oferente.

La iniciativa forma parte de la ejecución de la Ley de Bases, que incluye a Intercargo entre las compañías sujetas a privatización, en el marco de la política impulsada por el presidente Javier Milei para reducir la participación del Estado en actividades empresariales.

El proceso, que se inició el pasado 17 de marzo, será coordinado por varios organismos bajo la órbita del Ministerio de Economía. Entre las acciones previstas, se instruyó a la Secretaría de Transporte a:

Además, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas tendrá a su cargo el seguimiento del cronograma, que estipula un plazo de 8 meses para completar la privatización.

La tasación del paquete accionario será realizada por una entidad bancaria pública, mientras que la Subsecretaría de Transporte Aéreo deberá asegurar la continuidad del servicio sin afectar la conectividad aérea del país.

Todo el proceso se llevará adelante a través de las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR.

En paralelo a la privatización, el Gobierno avanzó en la desregulación del mercado de servicios de rampa, hasta ahora dominado exclusivamente por Intercargo. Como resultado, ya fueron habilitadas seis nuevas empresas para competir en el sector: MNZS S.A., Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A. y Escalum Investment S.A.

Según la Secretaría de Transporte, estas medidas “buscan mejorar la competitividad, atraer inversiones y elevar la calidad del servicio ofrecido a aerolíneas y pasajeros”.

El Intendente Miguel Lunghi firmó el decreto que establece las condiciones de la venta del predio municipal de Santamarina al 400. La misma será a través de una subasta que se llevará a cabo el jueves 5 de junio en la sede del Centro de Martilleros de Tandil. El precio de base será el que dicha entidad tasó como valor del inmueble, poco más de 4 millones de dólares, y se hará en moneda dólar estadounidense. Los interesados en integrar la puja por adquirir el lote tendrán que cumplir determinadas condiciones, y podrán inscribirse hasta el próximo 30 de abril.

“Creemos fundamentalmente que esa zona o ese predio se tiene que revalorizar ediliciamente, mejorar, ya que es una avenida tremenda de Tandil, y que por supuesto esperamos que el privado que llegue a comprar ese predio, haga un proyecto importante para el futuro de la ciudad”, planteó Miguel Lunghi durante la conferencia de prensa realizada a los fines de presentar los detalles de la iniciativa.

La subasta tendrá como base un valor de 4.130.271,72 dólares. Desde el Ejecutivo destacaron que luego de que el Concejo Deliberante haya dejado abierta la posibilidad de optar la moneda en la que se concretará la venta, tomaron la decisión de avanzar con la misma en dólares con el fin de valorizar los bienes municipales. También subrayaron el hecho de que el precio de base será el de la tasación del lote, y no una reducción del mismo como suele hacerse en este tipo de operaciones.

Cabe recordar, lo que la Comuna adquiera por la venta estará afectado de antemano a montar una Planta de Pavimentación Municipal y a generar suelo urbano e infraestructura para los predios de Sans Souci y Carrasco, tal como señaló el Intendente Lunghi.

En concreto, los interesados en ser parte de la subasta deberán abonar un costo de inscripción de un 3 por ciento del valor de la tasación, presentar una declaración jurada sobre el origen lícito de los fondos, así como también una declaración jurada de si se trata de una persona políticamente expuesta, como explicó el secretario de Legal y Técnica, Javier López. 

Por otro lado, los interesados en inscribirse deberán manifestar si se encuentran alcanzados por incompatibilidades o inhabilitaciones para desarrollar contratos con el Municipio, y acompañar toda la documentación con la inscripción correspondiente en AFIP y ARBA.

A partir del cierre de las inscripciones, una comisión municipal evaluará cada presentación y determinará quienes cumplen o no las condiciones. Aquellos que finalmente hayan ingresado a la subasta contarán con un determinado período de tiempo para visitar el predio y evaluar su estado. De parte de la Comuna estimaron que para el día en el que se realice la venta tendrán el lugar en condiciones y despejado de todo lo que allí se encuentra.

De parte del Centro de Martilleros agradecieron la oportunidad de ser parte del proyecto. A través de un sorteo se establecerá el profesional que finalmente desarrolle la subasta que será en la sede de la entidad. La misma, precisaron, cuenta con video cámaras y sistema de grabación para asegurar la transparencia de la operación.

El pasado 12 de diciembre el Concejo Deliberante local aprobó por mayoría la enajenación del predio de Santamarina al 400. Tras meses de debate en cuanto al destino de los fondos, hubo acuerdo entre los bloques mayoritarios –UCR y Unión por la Patria-, y la propuesta recibió el aval del Legislativo.

Mediante un comunicado, la Asamblea por la Preservación de las Sierras había cuestionado al Municipio por su actuación ante el caso de una construcción irregular realizada sobre una zona protegida serrana en el área de Don Bosco, y por el vínculo entre la jueza a cargo de la causa y un funcionario de Obras Públicas. En comunicación con El Eco de Tandil, autoridades municipales manifestaron que el funcionario en cuestión no participó en el expediente denunciado, y brindaron detalles del tema. En concreto la construcción no cuenta con carpeta de obra, y existe un expediente -al momento sin aprobación-, para subdividir la manzana.

“En relación al cuestionamiento hacia el vínculo entre un empleado de la Dirección de Obras Privadas y la Jueza que entiende en la causa en cuestión, Luciano Torres es maestro mayor de obras y es un empleado del área de Obras  Privadas encargado del visado de planos. Particularmente Torres no tuvo ninguna participación en el expediente al que se refiere la denuncia”, detallaron fuentes municipales.

Cabe recordar, fue en agosto pasado cuando la Asamblea por la Preservación de las Sierras denunció una obra irregular en zona protegida del faldeo serrano. Se trata de la manzana 187Q, del área de Don Bosco y Sierra del Tigre. Por la altura del terreno, la normativa vigente no permite la construcción de más de una vivienda. Sin embargo el propietario avanzó con por lo menos 4 obras en el lugar.

El Municipio paralizó la construcción y la causa quedó a cargo del Juzgado de Faltas N°1 –de órbita comunal-, cuya titular es la Dra. María Gabriela Vila. Posteriormente, Obras Públicas anunció que el particular propietario solicitó un estudio de altimetría, y que se le permitiría construir contemplando dos alturas diferentes en el terreno en cuestión. En la más alta se aplicaría el criterio de Zona Especial Protegida, y en la más baja se habilitaría un loteo. Sin embargo, a la fecha no hay fallo firme y se labraron nuevos oficios desde el Juzgado.

Al conocerse los mencionados avances en la causa, desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras publicaron otro comunicado con una serie de señalamientos al Municipio. “¿Por qué actuaron con una de las construcciones y no con las restantes? ¿Por qué aceptaron una medición privada de la cota contraria a la oficial del municipio, que consta en los mapas que publica en la web municipal? ¿Por qué se arregla con una multa un tema que no es meramente administrativo sino ambiental?  Y más preguntas: ¿el marido de la jueza que intervino es funcionario de la oficina municipal que aprueba los planos?”, cuestionaron.

Con la última pregunta hicieron mención al vínculo matrimonial entre la jueza María Gabriela Vila y un funcionario municipal de Obras Públicas. El Eco de Tandil consultó a las autoridades del Municipio quienes aseguraron que dicho funcionario –Luciano Torres, de la Dirección de Obras Privadas-, y la jueza Vila. 

De parte de la administración comunal aseguraron que Torres no tuvo participación en el expediente al que se refiere la denuncia, y plantearon que “es importante aclarar que el área de Obras Privadas del Municipio fue la dependencia que paralizó las obras que se estaban realizando en la manzana en cuestión. Es decir el área en la que Torres trabaja fue la encargada de paralizar esta y otras obras que han presentado algún tipo de irregularidad, por lo que la acusación no tiene fundamentación alguna”.

Además, desde Obras Públicas precisaron que a la fecha existe un expediente correspondiente a la paralización de la obra. Sin embargo, no existe un expediente de la construcción de la manzana 187Q, ya que la misma se paralizó justamente por la falta de carpeta de obra. Por otro lado, existe un expediente presentado para subdividir la manzana, al momento sin aprobación.

Consultados sobre si corresponde que sea el privado infractor el que lleve a cabo el estudio para definir la cota del terreno, desde el Municipio plantearon que podrían las autoridades solicitar una nivelación pero que el mencionado estudio no debería generar dudas.

“Hay que esperar al fallo y luego se ve los caminos a seguir”, informaron desde Obras Públicas, y agregaron que el Juzgado solicitó nuevos oficios a los fines de nutrir la sentencia. Por otra parte, en sintonía con lo que habían transmitido a fines de enero pasado, adelantaron que la lógica sería la de habilitar la construcción con las dos altimetrías establecidas por el estudio del particular infractor.

La Asamblea por la Preservación de las Sierras emitió un comunicado con un duro cuestionamiento al gobierno municipal, en referencia a una obra irregular detectada en la zona de Don Bosco a cuyos propietarios finalmente se les dio el aval para construir. “¿El marido de la jueza que intervino es funcionario de la oficina municipal que aprueba los planos?”, lanzaron desde la entidad ciudadana. Por el tema, convocaron a una marcha para el próximo viernes 28 de marzo  a las 18 frente al Municipio.

La pregunta en cuestión apunta a la jueza María Gabriela Vila -del Juzgado de Faltas N°1, perteneciente al Municipio-, y a un funcionario de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas. 

La magistrada tiene a su cargo la causa por la construcción irregular en la manzana 187Q de la zona de Don Bosco, denunciada en agosto pasado por la Asamblea. En un área en la que no se podría haber avanzado con más de una vivienda por ubicarse por encima de la cota permitida, se habían realizado 4 obras.

El Municipio clausuró la construcción y la causa fue tomada por el Juzgado de Faltas, a cargo de la mencionada Vila. El Eco de Tandil pudo acceder a información de la resolución judicial a partir de la cual volvió a habilitarse la obra en cuestión. Tras un nuevo estudio de altimetría aportado por el particular propietario, la Justicia permitió construir a través de dos subdivisiones diferentes, de acuerdo a la altura de cada zona del terreno.

La Asamblea cuestionó esa decisión, y mediante un comunicado lanzó una serie de preguntas en las que se plantea la mencionada vinculación entre la jueza Vila y un funcionario.

“En el caso de la manzana 187q, hubo una respuesta inquietante que deja nuevas preguntas ¿Por qué actuaron con una de las construcciones y no con las restantes? ¿Por qué aceptaron una medición privada de la cota contraria a la oficial del municipio, que consta en los mapas que publica en la web municipal? ¿Por qué se arregla con una multa un tema que no es meramente administrativo sino ambiental?  Y más preguntas: ¿el marido de la jueza que intervino es funcionario de la oficina municipal que aprueba los planos?”, cuestionaron.

En rechazo al avance de las construcciones, desde la Asamblea llamaron a una movilización al Municipio. “Convocamos a la ciudadanía y a todas las organizaciones  a reclamar. No más loteos ni construcciones sobre las Sierras. Auditoría de todos los loteos y construcciones en la Zona Natural Protegida Sierras de Tandil. No alcanza con la Asamblea, haces falta vos. Llamamos a quienes quieren Sierras Protegidas a ser parte de una acción masiva frente al Palacio Municipal el 28 de marzo a las 18hs”, transmitieron.

“Cada día hay más construcciones sobre las Sierras y más preguntas sin respuesta. Las autoridades tienen que asumir la responsabilidad que les compete. Los legisladores tienen mucho para decir, porque es hora de una ordenanza que ponga limite a la construcción sobre las Sierras definitivamente, en defensa no solo de las Sierras sino de la salud del agua que tomamos, como medida imprescindible para minimizar el riesgo de inundaciones y como decisión crucial para el erario público, porque la dispersión de construcciones sobre las Sierras genera problemas de difícil resolución y el encarecimiento de los servicios públicos”, señalaron desde la Asamblea, convocando a una “acción masiva frente al Palacio Municipal” el próximo viernes 28 de marzo a las 18.

“Se multiplican construcciones indebidas, grandes caminos en altura, portones en calles públicas, propaganda de loteos en zonas serranas rurales y urbanizaciones especiales prohibidas por el POT en la Zona Natural Protegidas Sierras de Tandil”, sumaron en referencia a los avances inmobiliarios sobre las áreas resguardadas por la legislación vigente.

“El ´buscarle la vuelta´ y ‘la vista gorda’, el ‘dejar hacer’ a algunos privilegiados, hasta que alguien se entera y reclama y entonces se toma alguna medida cosmética, es lo que está destruyendo lo mejor de Tandil, no sólo su paisaje, sino su naturaleza extraordinaria y su identidad. La urbanización elitista está hipotecando la salud ambiental de las generaciones actuales y futuras”, remarcaron desde la entidad ciudadana.

En concreto, la convocatoria llama a frenar los loteos y construcciones sobre las zonas protegidas, pero también a realizar una auditoría de todas las obras en desarrollo sobre las áreas preservadas. 

Cabe recordar, desde el bloque Alternativa Tandil presentaron un pedido de informes para conocer el conjunto de las obras privadas en proceso en la ciudad, pero al momento el Ejecutivo no brindó respuesta. En el mismo sentido, el bloque de concejales de Unión por la Patria solicitó dos pedidos de informes sobre las obras irregulares en el faldeo serrano, y pese a que se venció el plazo para hacerlo, el gobierno local tampoco respondió.

En 2025 se cumplirán 20 años de la aprobación del Plan de Desarrollo Territorial, la normativa que entre otros puntos delimitó las áreas preservadas de las sierras de Tandil. Sin embargo, el Municipio no elaboró hasta ahora –tal como marca la Ley-, el Plan Especial de Manejo de las Zonas Protegidas. Tampoco respondió por lo menos dos pedidos de informes sobre el tema presentados por el peronismo de la ciudad. Los integrantes de la Asamblea Ciudadana realizaron un mapa interactivo de construcciones irregulares en el faldeo serrano, y volvieron otra vez a formular una pregunta que desde el gobierno local no responden. ¿Quiénes firman el avance de la urbanización sobre las sierras? ¿Cuántos son los inspectores destinados a las inspecciones y cómo se llevan a cabo esos controles?

“El avance de la mancha urbana sobre las Sierras es fruto de una gestión que tiene responsables, a veces de bajo perfil, pero de gran poder en la definición de negocios privados. Cuando se da permiso explícitamente con una excepción, convenio urbanístico, o aprobación de planos fraudulentos, o cuando se deja hacer con la promesa implícita de regularizar en el futuro, se multiplica el patrimonio de algunos particulares y se definen arbitrariamente grandes negocios con alto impacto ambiental”, plantearon –otra vez-, desde la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras de Tandil.

La organización vecinal presentó a lo largo del 2024 una serie de denuncias sobre obras irregulares y construcciones que muestran el avance de la urbanización en el faldeo serrano. A modo de cierre del año elaboraron un mapa interactivo –disponible gratis y online-, donde puede observarse la ubicación de cada uno de los proyectos denunciados.

“Portón en calle pública y loteo indebido”, “Subdivisión indebida y construcción” –ambas en Don Bosco-, “Camino privado y loteo indebido a gran altura” –donde se ofrecen terrenos en una zona prohibida para urbanizar-, “Un complejo hotelero sobre las sierras” –Posta Natural, al cual se le dio una excepción cuando estaba vigente el PDT y hasta se le otorgó un beneficio de fomento turístico-, “Urbanización indebida Entre Sierras” –en Villa Cordobita-, “Intento de urbanización en Zona Natural Protegida”- en El Centinela-, son solo algunos de los ejemplos que figuran en el mapa de la Asamblea.

“Este mapa muestra que no se trata de hechos aislados, sino que la construcción en las sierras es una problemática urgente debido al carácter constante y al efecto dominó que el mercado inmobiliario y sectores económicos, muy bien asesorados, están teniendo en sus acciones hacia las sierras”, señalaron desde la organización ciudadana.

“Los graves problemas que ya se empiezan a ver no son productos del Plan de Ordenamiento sino de los privilegios, la codicia y el accionar de los funcionarios que avalan su incumplimiento. Por eso pedimos que se pare la construcción sobre las Sierras, que se revise cada loteo y construcción, que todo lo que está hecho clandestinamente se detenga. A los concejales les pedimos que, expresamente, se establezca una norma que impida la convalidación futura de lo que se ha hecho contrariando el Plan de Ordenamiento y las normas vigentes”, agregaron.

El peronismo local se hizo eco de las denuncias de la Asamblea y en el último tiempo presentó dos pedidos de informes vinculados a las construcciones irregulares y al manejo de la urbanización en las sierras. A la fecha, ninguna de estas solicitudes tuvo respuesta. De la primera incluso, se venció el plazo establecido con que el Municipio cuenta para contestar.

Fue el concejal Federico Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria quien en octubre pasado elevó una comunicación dirigida al Ejecutivo en referencia al estado público de una obra en la zona de Don Bosco. El proyecto fue declarado en infracción por el Municipio -que paralizó la iniciativa- y hasta el momento el Juzgado de Faltas, donde radica la causa iniciada, no se definió al respecto.

El pedido, explicó entonces Martínez, “es aclarar cuál es papel del Municipio, quiénes son los responsables, quiénes son los que cuidan nuestro patrimonio natural, único, insustituible e irrecuperable, que está regulado por normativa local y provincial, buscando a su vez que la ciudadanía conozca cuáles son los límites y qué sanciones hay”.

A mediados de diciembre, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría otro proyecto de comunicación de Martínez, quien solicitó al Ejecutivo la elaboración del postergado Plan Especial de Manejo.

“El Plan de Desarrollo Territorial, votado en 2005, estableció un plazo para elaborar este Plan de Manejo para las Sierras de Tandil, por lo que es nuestra intención que esto se concrete, 20 años es mucho tiempo para no tener una propuesta, porque es estratégico para el desarrollo de nuestra ciudad”, expresó al respecto el concejal.

De parte de la bancada de Alternativa Tandil –integrada por Rosana Florit, Oscar García Allende y Matías Meli-, presentaron otro pedido de informe vinculado a los controles en las obras privadas. Si bien la solicitud no menciona las obras en el faldeo serrano, lo requerido al Ejecutivo implicaría también respuesta al respecto.

“Consideramos necesario realizar un pedido formal al Ejecutivo para que desde Obras Privadas nos informen cuántas obras se han iniciado en los últimos 10 años, en qué zonas se han desarrollado en mayor cantidad, cuántas llegan al final de obra, con cuántos funcionarios e inspectores se cuenta para ir controlando lo que va sucediendo, ya sea in situ o también el análisis de los planos que se presentan, entre otros puntos”, expresó Florit al momento de la presentación. El Municipio, cabe señalar, aun cuenta con plazo para brindar una respuesta.

El Plan de Ordenamiento Territorial estableció una seri de zonas diferenciadas del Partido de Tandil. De acuerdo a su ubicación y características, aquellas áreas definidas como Protegidas -se encuentran por encima de determinada altura por sobre el nivel del mar- incorporaron limitaciones en términos de urbanización. Por ejemplo, en ciertos lugares del faldeo serrano solo puede construirse una vivienda por parcela.

Más allá del resguardo del paisaje y de la flora y la fauna natural, existieron otros motivos por los cuales se establecieron las protecciones durante la elaboración y posterior aprobación del PDT en el 2005. Al respecto también se expidió la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras en el texto con el que acompañaron la presentación del Mapa Interactivo.

“Las Sierras no son construibles porque son las nacientes de la cuenca hídrica, porque son la principal área de recarga del acuífero del que se abastece la ciudad, porque modificar las laderas aumenta el riego de inundaciones en otras áreas de la ciudad, porque dispersar la mancha urbana sobre las Sierras implica encarecer los servicios que sostenemos todos con los impuestos. Los que construyen sobre las Sierras destruyen la naturaleza y el paisaje, y al mismo tiempo se apropian del paisaje que todavía conservan quienes no construyen sobre las Sierras. Y por encima de todo, el avance de la urbanización sobre las Sierras degrada el ecosistema y destruye el hábitat de numerosas especies. Cada loteo es un funeral”, remarcaron desde la organización vecinal.

Fue a principios de diciembre cuando el bloque Alternativa Tandil presentó un pedido de informe dirigido al Departamento Ejecutivo para "obtener un panorama claro sobre el estado de las obras privadas en Tandil durante la última década".

Motivó la solicitud el derrumbe de un hotel en la localidad de Villa Gesell, por lo que los concejales que responden a Marcos Nicolini orientaron su consulta a los detalles en torno al avance de la construcción a nivel local y la planificación urbana requerida.

“Los concejales solicitan información sobre la cantidad de construcciones que aún no cuentan con certificado final de obra, así como aquellas que están actualmente en curso. También se busca conocer los metros cuadrados construidos cada año desde 2014 hasta la fecha y la cantidad total en construcción en la actualidad”, expresaron.

“Otro aspecto relevante del pedido está relacionado con los recursos disponibles para supervisar este crecimiento. Se requiere un detalle sobre la cantidad de inspectores municipales dedicados al control de las obras, desde la verificación en campo hasta la emisión de los certificados finales, además de aquellas inspecciones dirigidas a obras realizadas sin los permisos correspondientes. Los concejales también cuestionan si existe un método establecido para realizar un seguimiento continuo de las construcciones con permisos vigentes, asegurando que cumplan con las normativas hasta obtener el certificado final”, agregaron en sintonía con los pedidos referidos a conocer la cantidad de funcionarios destinados a las inspecciones.

Entre otros aspectos solicitaron “conocer el tiempo promedio que tarda la emisión de los certificados finales y un análisis de las zonas de Tandil donde se concentra la mayor cantidad de solicitudes de permisos de obra”, así como saber si “la infraestructura de servicios existente es suficiente para cubrir las necesidades que generarán estas nuevas construcciones una vez finalizadas”.

En síntesis, definieron desde Alternativa Tandil, “el objetivo de este pedido es evaluar si el Municipio cuenta con las herramientas, recursos humanos y metodologías adecuadas para garantizar un acompañamiento efectivo del crecimiento urbano, velando por la seguridad y el bienestar de los tandilenses”.

El caso de una construcción irregular en el faldeo serrano que fue denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras ya se encuentra en la Justicia. Luego de que el Municipio haya paralizado la obra y accionado legalmente por la situación, la causa quedó a cargo de la Dra. María Gabriela Vila, del Juzgado de Faltas N°1, y ya se fijaron las fechas de las primeras audiencias.

Bajo el título “Camino al 2 de octubre, Día de la Preservación de las Sierras”, la Asamblea Ciudadana comenzó a hacer públicas una serie de denuncias sobre hechos de intervenciones irregulares sobre áreas que de acuerdo al Plan de Desarrollo Territorial (PDT) se encuentran denominadas como Zonas Especial de Interés Ambiental, por lo que son limitadas las posibilidades de construir o modificar el entorno.

Así dio a conocer el caso de la manzana 187 Q, delimitada por las calles Pueblos Originarios, Israel, Cereseto y Francia, y ubicada entre la zona de Don Bosco y Sierra del Tigre. Pese a que la normativa vigente no permite construir más de una propiedad en el terreno -por encontrarse a una altura mayor de la cota delimitada-, los particulares solicitaron no solo subdividir en 7 lotes el lugar, sino que avanzaron con por lo menos 4 obras.

Tras la publicación de la denuncia, desde el Municipio tomaron cartas en el asunto y frenaron la construcción. “Obra paralizada. Municipalidad de Tandil, Dirección de Desarrollo Urbano”, dice la faja colocada por las autoridades al frente de una de las casas en marcha, con visible grado de avance.

“Por los medios nos enteramos que el Municipio, con la facultad que siempre decimos que tiene, paralizó correctamente las obras que denunciamos, las cuales son ilegales por la cota y por ser Zona Protegida según el PDT vigente. Es un avance, un pequeño logro de la ciudadanía que difundió y se hizo eco”, consideraron en una publicación posterior desde la Asamblea por las Sierras. “Aún quedan preguntas por responder. ¿Alguien del Municipio lo habilitó? ¿Se procederá a la demolición o con una simple multa lo avalarán?”, agregaron.

Al momento de publicar la mencionada denuncia, desde la Asamblea hicieron además mención a otro caso de posible construcción irregular en la zona del Club Uncas. “También necesitamos respuestas sobre el caso de la zona Uncas (calle Israel), donde se están llevando a cabo grandes construcciones ilegales que incluyen un portón que bloquea una calle pública”, mencionaron al respecto.

Desde el año 2011 que la ciudad fijó mediante ordenanza municipal al 2 de octubre como el Día de la Preservación de las Sierras de Tandil. A poco más de un mes de una nueva conmemoración de la fecha en la que se visibiliza la necesidad de proteger y resguardar el patrimonio natural local–las sierras más antiguas del mundo-, desde la Asamblea Ciudadana comenzaron a publicar una serie de posibles casos de avances irregulares sobre el faldeo serrano.

“Nueva destrucción: Incendios, topadoras, senderos, y luego… ¿construcciones? ¿Te hace ruido? Senderos para caminar más grandes que la avenida de acceso. En la “Zona Natural Protegida Sierras de Tandil” (PDT - subsección 4-VIII.16) están PROHIBIDAS las actividades que representes alguna perturbación o alteración de los ambientes. ¿Estos caminos qué son acaso? Se trata de una zona serrana con grandes y altas pendientes. Exigimos saber quién autorizó dichos movimientos de tierras y qué estudios de impacto ambiental hay al respecto”, publicaron sobre un sendero con fines deportivos llevado a cabo al interior de un barrio cerrado ubicado en la zona de Don Bosco.

Luego de que la Asamblea por la Preservación de las Sierras haya denunciado un caso de posible construcción irregular sobre el faldeo serrano, el Municipio paralizó las obras en marcha y accionará ante el Juzgado de Faltas por el hecho.

“Obra paralizada, Municipalidad de Tandil, Dirección de Desarrollo Urbano”, luce la faja que la Comuna colocó al frente de una de las 4 obras que fueron clausuradas en la zona de Don Bosco. “Ese lote es indiviso”, aseguraron desde la Dirección de Planeamiento y Obras Públicas ante la consulta de este Diario. “La primera de las casas construidas es la única que podría llegar a contar con título de propiedad”, agregaron.

Fue el pasado 29 de agosto cuando la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil hizo pública una denuncia sobre “dos casos de construcciones irregulares”.  La primera, la instalación de edificaciones sobre calles públicas y hasta el ofrecimiento de venta de lotes en “barrios cerrados” en zonas en las que el Plan de Desarrollo no lo permite.

La segunda, la subdivisión de la manzana 187 Q, ubicada entre las calles Pueblos Originarios, Israel, Cereseto y Francia. Se trata de un terreno emplazado a una cota de más de 220 metros sobre el nivel del mar, por lo que forma parte de la Zona Natural Protegida. 

De acuerdo a la normativa vigente –el Plan de Ordenamiento Territorial- en lotes de esas características no puede construirse más de una propiedad. 

Las razones, explícitas en la reglamentación, son muchas. No sólo la protección del paisaje serrano, sino también, como marcaron desde la Asamblea, “el aumento del riesgo de inundaciones por la impermeabilización del suelo en zonas de acceso limitado al agua, la afectación de la cabecera de cuenca hídrica, y los riesgos de contaminación de las corrientes subterráneas en la principal área de recarga del acuífero del que se abastece a la ciudad”. Cabe destacar, la manzana denunciada contiene un curso de agua.

“Cada loteo es un funeral. Tandil pierde Sierras, naturaleza y salud ambiental, y transfiere recursos públicos desde las áreas donde sí se debe urbanizar, para mitigar los problemas que se generen por urbanizar en las sierras”, concluía la comunicación de la Asamblea. Tras la publicación de la denuncia, el Municipio accionó y clausuró las obras en marcha.

La manzana que fue denunciada está ubicada entre las calles Pueblos Originarios, Israel, Cereseto y Francia. A metros de la avenida Don Bosco a la altura de un tradicional almacén turístico, y también cerca de la zona de Sierra del Tigre. El particular a cargo solicitó al Municipio subdividir la parcela en 7 terrenos, cuando la normativa no lo permite.

De acuerdo a lo que transmitieron y subrayaron desde la Comuna, dicho particular no fue habilitado para avanzar con la subdivisión, y tampoco con las obras. Sin embargo a la fecha existen en el lote 2 propiedades que ya se encuentran habitadas, y otras dos construcciones en proceso con distintos grados de avance.

“Se paralizan las 4 obras en marcha”, dieron a conocer desde Planeamiento y Obras Públicas. La Comuna, agregaron, realizó el acta correspondiente y accionará ante el Juzgado de Faltas. Por su parte el propietario podrá acercarse al Municipio a llevar a cabo un reclamo, pero las autoridades no descartaron que “eventualmente podrían llegar a demolerse” las obras irregulares.

“El lote es indiviso”, remarcaron haciendo mención al Plan de Ordenamiento Territorial. “Solo la primera vivienda que fue construida es la única que podría llegar a contar con un título de propiedad”, sumaron.

A la fecha, dos de las propiedades lucen finalizadas y habitadas. El resto, dispuestas en las diferentes calles que rodean la manzana, presentan diferentes niveles de avance en su construcción. Incluso algunas son de más de una planta, y ya cuentan con el pilar de conexión eléctrica y parecen contar con acceso al servicio a través de bajada habilitada.

El intendente Miguel Ángel Lunghi aseguró ayer “este momento está difícil”, consideró que “había que hacer un cambio” a nivel nacional pero interpretó que “no de esta forma”. 

“Hay que buscar la forma de que no haya tanta gente en el Estado pero, para mí, tenés que tener un país en producción y en desarrollo para que la gente no quede en la calle, hay que dar créditos a las pymes”, comentó el jefe comunal en una entrevista con “La Mañana de El Eco”, por ECO TV y la 104.1 FM. 

En cambio –sostuvo- “en este momento las pymes están cerrando o están suspendiendo”.

Para mencionar un ejemplo de la ciudad, se refirió al transporte público de pasajeros, donde “se cortaron directamente los aportes que hacía la Nación y el pasaje (del colectivo) se fue a 800 pesos”.

Ante los recortes en partidas económicas significativas por parte del Estado nacional a partir de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, cada comuna ha tenido que idear sus estrategias para, o bien aumentar su propia recaudación, o bien achicar considerablemente los gastos. 

En el contexto de ese plan de ahorro, Lunghi explicó que en Tandil no han sumado personal, no se han reemplazado los puestos de trabajadores que renunciaron, se jubilaron o fallecieron y que se han restringido eventos que significaban una importante erogación de dinero, como el Tandil Brilla que se realizaba a fin de año y el tradicional desfile del 25 de Mayo.

“El Estado nacional se ha achicado y el Estado provincial también; lo único que se ha agrandado es el Estado municipal”, dijo el intendente y agregó que “nosotros tenemos cinco hospitales que es muy difícil mantener”, ya que –por poner solo un ejemplo- “el costo de los medicamentos ha subido 1.000 por ciento”.

Mayor demanda de alimentos

En diálogo con El Eco Multimedios, Lunghi contó además que la demanda de alimentos al Municipio se quintuplicó en los últimos meses, que la Comuna costea la totalidad del combustible que utiliza la Policía –lo que equivale a 42 millones de pesos mensuales-, y que lo mismo sucede con el alumbrado público, que se lleva 95 millones de pesos por mes. 

Asimismo indicó que “estamos terminando las obras que teníamos empezadas, con dificultad y un poco más lento” y se refirió, en ese marco, a los esfuerzos para finalizar la Secretaría de Protección Ciudadana y la pista de atletismo en el Polideportivo del Lago del Fuerte. 

En la misma sintonía, enumeró qué áreas prevalecen a la hora de asignar las partidas de dinero: salud, limpieza y el pago de los salarios a los trabajadores son –según dijo- una prioridad para su gestión en el día de hoy.

“Mantener la ciudad totalmente limpia, tratar de tener los sueldos y poder pagarlos el día 30, como siempre”, ratificó el jefe comunal y completó que “estamos tratando de cuidar y juntar para poder pagar el aguinaldo”.

“Hay 4.680 cuadras de tierra”

Semanas atrás, el secretario de Economía del Municipio, Claudio Biset, aseguró que en los primeros dos meses del año la recaudación de los impuestos municipales presentó una caída de 4 puntos en comparación con el mismo período del año pasado.

El funcionario observó entre las razones de esta merma que “lo que se evidencia son las consecuencias del contexto que estamos atravesando”.

La Comuna ha debido limitarse en determinadas inversiones y gastos para poder cuidar el dinero que ingresa y que, por ende, las cuentas cierren bien. 

“No hemos tomado personal, hemos disminuido la cantidad de horas extras significativamente; aparte hemos suspendido Tandil Brilla”, dijo Lunghi. También señaló que “no hemos reemplazado gente que se ha jubilado, fallecido o renunciado. Hay unos cuantos que han renunciado porque cobran mucho mejor en privado y hemos dejado la vacante, por ahora”.

Por otra parte, contó que pese a los recortes presupuestarios implementados desde los más altos mandos nacionales, “he viajado nuevamente para pedir que me dieran dinero para hacer las cloacas en Vela; he pedido un monto de dinero en etapas para recuperar el asfalto, que está vencido; he pedido un crédito al Banco Provincia -que me ha dicho que sí- para comprar caterpillar”.

En ese marco, amplió que “tengo 5 máquinas pero necesito alrededor de 8 ó 9 para mantener más los caminos de tierra”. 

“Hoy tenemos 4.680 caminos de tierra y, con las máquinas que tengo, paso una vez al año”, comunicó. 

El crédito del Banco Provincia por 1.000 millones de pesos ya fue autorizado pero se estima que, con todo el recorrido burocrático que debe realizar el expediente, la compra de las 2 máquinas tardaría alrededor de un año en poder concretarse.

“Hay 4.680 cuadras de tierra que hay que asfaltar para que la gente viva con mejor dignidad”, reiteró y especificó que “cada cuadra de asfalto sale 80 millones de pesos”. 

“En este momento, no tengo posibilidad”, se sinceró el intendente y se preguntó: “¿qué más querría yo que hacer un plan de 50 ó 60 cuadras?”. 

Sin interlocutores en Nación

Sobre la cuestión de los representantes del Estado a nivel nacional, Lunghi dijo que no se vislumbran todavía interlocutores en el gobierno de Milei y que, en muchas ocasiones, prima la incertidumbre a la hora de gestionar temáticas centrales para el desarrollo de la Comuna. 

“Tenemos problemas hoy en día. En Salud, por ejemplo, yo quiero ir y explicar que tengo (edificado) el 50% de los Consultorios Externos (del hospital municipal “Ramón Santamarina”) y no sé con quién hablar”, señaló. 

“Porque la segunda y la tercera línea no tienen firma, -amplió- no están totalmente todavía nombrados, o no sé qué pasa, para poder hablar después con el ministro” (Mario Antonio Russo). 

Los Consultorios Externos del hospital han recibido una importante inversión por parte del Estado nacional pero su ejecución se encuentra actualmente paralizada. 

“Yo, ciertamente, creo que ahí tiene que estar presente el Estado; no creo que lo haga el privado, y más cuando tenés el 50% ya levantado”, dijo el intendente.

“Tandil está bien”

De todas maneras, y pese a todo lo mencionado, el jefe comunal consideró que “Tandil está bien”. “Dentro de todo lo que se está viviendo, Tandil está bien”, sostuvo.

“Por ejemplo, vienen a hablar conmigo porque quieren hacer un Hospital Austral, vienen empresas que se quieren radicar”, enumeró Lunghi. 

Y vaticinó, en alusión al constante crecimiento en diversos aspectos que evidencia la ciudad: “dentro de 10 años, no vas a conocer más a Tandil”.

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Faltando todavía más de 3 años para las próximas Elecciones Generales, el jefe comunal local adelantó ayer que éste será su último período al frente del Municipio de Tandil.

“Ésta es mi última experiencia” como intendente, dijo ayer Miguel Ángel Lunghi en la entrevista con “La Mañana de El Eco”, y agregó que es “mi último período”. 

“Vendría a ser una experiencia última mía totalmente distinta”, expresó en referencia a la situación de recorte de diversos subsidios y otras partidas por parte del Estado nacional desde que Javier Milei asumió a la Presidencia de la Nación.

Lunghi, que gobierna la ciudad desde 2003 y transita su sexto mandato, podría estar en carrera nuevamente en 2027 si se modificara la Ley que puso un límite a las reelecciones de los intendentes bonaerenses, algo que se conversa por estos días en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. 

Ayer, por lo pronto, él mismo desestimó las especulaciones.

Luego de analizar y evaluar toda la documentación presentada por la empresa oferente, ayer se realizó el acto de apertura del sobre 2 de la licitación pública nacional convocada por el Municipio  para la construcción y explotación por parte del sector privado de un centro de convenciones, comercial, de entretenimiento y demás servicios en el predio situado sobre la avenida Fleming, donde se encontraba la Dirección de Vialidad Urbana.

La iniciativa, autorizada a través de una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante, establece la venta de ese predio y la inversión por parte del sector privado para la concreción de un proyecto con ciertas características mínimas establecidas en el pliego.

A su vez, en la normativa se determina que los recursos que la comuna obtenga por esa tierra serán destinados a los programas de generación de suelo urbano, a la puesta en funcionamiento de una planta de fabricación de asfalto o al desarrollo del futuro centro de recepción, transferencia y logística de cargas.

La semana pasada se abrió el primer sobre con la documentación de Aurea Icsa UTE, conformada por las empresas Aurea Inversiones SA e Infinia Construcciones SA, y este jueves se conoció  la oferta de 4.217.476,50 de dólares presentada para la adquisición del lote y los detalles del proyecto que desarrollarán en el lugar -con una inversión en cuatro años de 80 millones de dólares-, que incluye un hotel 4 estrellas, centro de convenciones, locales comerciales y gastronómicos, SUM, cine, espacios verdes y estacionamiento.   

Ahora la comisión de preadjudicación deberá revisar y evaluar toda la documentación presentada en el sobre dos y determinar el resultado de la licitación.  

El proyecto 

El acto de apertura fue encabezado por el intendente Miguel Lunghi y participaron el jefe de Gabinete, Oscar Teruggi; el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse; la titular de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, Marcela Petrantonio; y el concejal Mario Civalleri y el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, quienes en su momento y por las funciones que desempeñaban, desarrollaron el pliego y el proceso administrativo. El sector oferente estuvo representado por Gimena Binaghi, Miguel Ángel Álvarez y Gustavo Martínez.

Luego de la apertura de la oferta se presentó el anteproyecto  donde se mencionó que el terreno se desarrolla en una planta irregular sobre avenida Fleming con un entorno eclíptico, donde se relaciona con Golf club Tandil con un lateral hacia el este de 101,41 ml, con frente hacia el sector norte con el cementerio de un frente total de 258,30 metros, otro frente orientado hacia sector oeste, acceso al cementerio de 149.09 metrosy un frente urbano hacia avenida Fleming de 315,14 metros.  

De este modo, la propuesta se implanta apoyado sobre la zona noroeste de la parcela sobre el eje medianero lindero a la parcela del cementerio, liberando gran parte de la superficie del terreno sobre avenida Fleming, con la intención de generar un espacio de encuentro social que sirva de transición entre el espacio público y el espacio más controlado del complejo.

También se adelantó que el complejo contará con 10.500 m2 de área comercial con locales comerciales y gastronómicos; 2.600 M2 para oficinas y coworking; un área convenciones de 3.310 m2 con un cine para 400 personas, sala de conferencias para 350 personas, sala S.U.M para 60 personas y auditorio para 820 personas.

A su vez se prevé construir un hotel de 4 estrellas con suites y habitaciones dobles y triples. En cuanto al espacio de estacionamiento que se estipulaba en el pliego, explicaron  que tendrá una capacidad estimada de 450 autos y será subterráneo, lo que permitirá optimizar el uso de unos 19.000 m2 como área verde y plaza seca.

Desarrollo local

El intendente Miguel Lunghi afirmó que "luego de completar los pasos que estaban establecidos en la licitación, hoy pudimos conocer la oferta y más detalles de este importante proyecto, que sin dudas marcará un hito y un paso fundamental en el desarrollo de nuestra ciudad y que permitirá generar nuevos empleos, movimiento económico y progreso".

En tanto, aseguró que “día a día vemos los resultados del trabajo conjunto, de la articulación pública privada, de la consolidación de un esquema de gestión asociada que nos permite continuar con el desarrollo de Tandil. Vamos a seguir apoyando y promoviendo la inversión privada para crear cada vez más empleos de calidad”.

“Además de concretar una inversión muy importante para el desarrollo de este proyecto, al municipio le ingresarán fondos que nos permitirán financiar otros proyectos importantes para los tandilenses, como la generación de suelo urbano, la puesta en funcionamiento de una planta de fabricación de asfalto o el desarrollo del futuro centro de recepción, transferencia y logística de cargas”, completó.

Detalles de la obra

Gustavo Martínez, uno de los arquitectos responsables del proyecto, precisó que “lo entendemos como un edificio para la ciudad, para los vecinos de Tandil y para su uso cotidiano, por eso se intenta darle al barrio y a los vecinos de la zona un lugar de encuentro, un lugar donde estar, donde juntarse, donde ir a charlar, a tomar mate, a lo que tengan ganas de hacer. Tratamos de generar una gran plaza que se vincula con el barrio en frente al edificio y ese espacio que le estamos dando, es un espacio intermedio entre la ciudadanía, la plaza y el edificio”

Y también agregó que después, dentro del edificio van a tener lugar las actividades formales que se están planteando en el pliego como necesidad: un área de hospedaje con el hotel, un área de convenciones y en el medio se empiezan a fundir distintas actividades comerciales y algunas áreas un poco más restringidas como el área coworking. 

"Básicamente es un edificio con multifunciones para que pueda ser utilizado con muchos objetivos a la vez, y que todos lo puedan utilizar. Es decir, no es para un sector en particular sino para todos”, indicó. 

Por su parte, brindó algunas precisiones en torno a las cuestiones vinculadas con la sustentabilidad y explicó que “tratamos de que el edificio genere la menor cantidad de impacto sobre el ambiente, todos los edificios tiene impacto de mayor o menor medida. En este en particular lo que intentamos fue generar una orientación de modo que no requiera insumir energía para mantenerlo en temperaturas agradables, entonces lo orientamos de forma que los rayos solares que generan mayor radiación, que son los que provienen del oeste, aparezcan contra la zona de influencia de menor superficie, creamos una cubierta con aislación térmica que también va evitar que esa radiación o que la temperatura ingrese al edificio y después la utilización de paneles solares para el suministro de energía eléctrica y la utilización de lámparas LED para ahorrar consumo de energía”.

Además refirió que “se prevé la reutilización de aguas servidas a través de un tratamiento que se vuelve a utilizar en los sistemas sanitarios. Son dos circuitos de agua de descarga uno primario y uno secundario y cuando el circuito primario ya no puede ser reinsertado en una recirculación, se le hace un tratamiento y se utiliza para riego o para reserva en caso de incendio”.

Finalmente, en cuanto al estacionamiento detalló que "el edificio requería de un espacio que nosotros no se lo queríamos dar al auto, se lo queríamos dar al vecino, se lo queríamos dar a los chicos cuando salen de la escuela o al deportista que sale a correr. Entonces decidimos que los autos se ubiquen en cocheras subterráneas, tenemos que verificar cuánto es la profundidad que vamos a poder llegar, pero la idea es que los autos estén bajo tierra y que circulen por lejos del edificio y por detrás cosa que tampoco entorpezca las actividades de que se puedan desarrollar”.