El Municipio dio este jueves un nuevo paso en el proceso administrativo y judicial que mantiene abierto por el desarrollo de un loteo irregular sobre calle Israel. Tal como había anticipado días atrás el secretario Legal y Técnico, Juan Macía Cantarelli, en diálogo con El Eco, el Ejecutivo concretó la remoción del portón corredizo y parte del muro que impedían la continuidad de una calle de dominio público, una medida que se ejecutó luego de que los responsables no cumplieran con la intimación para retirar voluntariamente la estructura.

El operativo se desarrolló en la intersección de Israel y Lanza del Vasto y contó con la participación de personal de las Secretarías de Obras Públicas, Servicios Urbanos, Legal y Técnica y Protección Ciudadana, además del acompañamiento de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Durante las tareas, también se detectó una presunta conexión clandestina a la red de agua, situación que será incorporada a las actuaciones administrativas que lleva adelante el Municipio.

La intervención se concretó en cumplimiento del decreto firmado por el intendente Miguel Lunghi, luego de que venciera el plazo de 48 horas otorgado a los responsables para remover por sus propios medios el portón instalado sobre la vía pública.

La decisión tiene como antecedente una serie de inspecciones municipales que constataron que un muro y un portón corredizo impedían la continuidad de la calle Israel hacia Lanza del Vasto. Posteriormente, informes elaborados por el área de Catastro confirmaron que ese sector forma parte íntegramente del dominio público municipal, de acuerdo con el plano de mensura vigente.

En ese marco, el Municipio intimó formalmente a los responsables para que retiraran la estructura, advirtiendo que, en caso de incumplimiento, la remoción sería realizada por la propia administración y los costos quedarían a cargo de los responsables.

Días atrás, en diálogo con La Mañana, por El Eco Streaming, Juan Macía Cantarelli había adelantado que el retiro del portón era inminente si los propietarios no cumplían con la intimación. El funcionario sostuvo entonces que la estructura contravenía el Plan de Desarrollo Territorial, el Código Civil y otras normas urbanísticas, al encontrarse emplazada sobre una calle pública.

En dicha entrevista, el secretario explicó que el Municipio analizaba las medidas a adoptar luego del fallo dictado por el Juzgado de Faltas N.º 2 y remarcó que el caso presentaba una complejidad adicional debido a que el predio cuenta con seis cotitulares, por lo que era necesario determinar las responsabilidades de cada uno. También había advertido que el Ejecutivo revisaba junto con la Usina las condiciones en las que fueron solicitadas las conexiones de servicios para el emprendimiento.

Cantarelli había señalado además que el objetivo del Municipio era hacer cumplir la normativa urbanística vigente, diferenciando la propiedad privada de las restricciones que establece el ordenamiento territorial para ese sector de la ciudad. También cuestionó la actuación de los profesionales que participaron del desarrollo, al considerar que debían conocer las limitaciones que impone la normativa local antes de avanzar con un proyecto de esas características.

Durante el procedimiento de este jueves estuvo presente un escribano, quien labró el acta notarial correspondiente para dejar constancia de todas las actuaciones desarrolladas.

Una vez finalizados los trabajos, las áreas técnicas municipales elaborarán un informe detallando los recursos humanos, la maquinaria y los materiales utilizados para concretar la remoción. Ese relevamiento permitirá determinar el costo total del operativo, que será imputado a la firma responsable de la colocación de la estructura, de acuerdo con lo establecido en el decreto del Departamento Ejecutivo.

El operativo no agota las actuaciones sobre el emprendimiento. En paralelo, el Juzgado de Faltas N.º 2 continúa con un expediente independiente relacionado con otras irregularidades detectadas en el mismo loteo.

Entre las medidas ya dispuestas figura la demolición y reubicación de cuatro viviendas construidas en infracción a la normativa vigente, además de otras actuaciones administrativas que continúan su curso.

Desde el Municipio reiteraron que las calles integran el dominio público y deben permanecer libres para el uso de toda la comunidad, al tiempo que aseguraron que continuarán interviniendo cada vez que se detecten ocupaciones, cierres o cualquier otra acción que impida el normal uso del espacio público o vulnere la normativa urbanística vigente.

El Municipio de Tandil oficializó el llamado a la Licitación Pública 12-01-26 para la ejecución de la obra de construcción de cordón cuneta y desagües pluviales en el Predio Carrasco, una intervención que contará con un presupuesto oficial de 1.308.805.178 pesos.

La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 2121/2026, firmado por el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Economía y Administración, Raúl Moyano.

De acuerdo con la normativa, la licitación contempla la ejecución de obras de infraestructura destinadas a mejorar el escurrimiento de aguas pluviales y el ordenamiento vial en el sector del Predio Carrasco.

El presupuesto oficial fue fijado en 1.308.805.178 pesos, mientras que la apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas se realizará el miércoles 6 de agosto, a las 11, en la Dirección de Compras y Suministros del Municipio.

El decreto indica que el expediente contó con la intervención de la Dirección de Compras y Suministros y dispone la continuidad de las actuaciones administrativas correspondientes para avanzar con el proceso licitatorio.

Esta licitación se suma a otras obras de infraestructura impulsadas por la comuna durante el año, en el marco del plan de mejoras urbanas y de servicios públicos.

Tras solicitar informes al gobierno municipal sobre construcciones en zona protegida, Rogelio Iparraguirre retomó su reclamo para que el Ejecutivo responda sobre el proyecto que presentó hace cuatro meses para profundizar los controles sobre las estafas mediante ventas inmobiliarias bajo la modalidad de condominios. “A esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado”, marcó.

"Nosotros presentamos un proyecto ordenanza el 4 de marzo, que entre otras cosas establece la obligatoriedad de la generación del Certificado de Aptitud Urbanística, que es lo que le va a permitir a cualquier comprador pedírselo al desarrollador. Es como el DNI habilitante del lote, para saber que hasta que no le muestren eso, no tiene que comprar. Es para cuidar y darle seguridad jurídica a los compradores y a su vez es una herramienta de control frente al acto ilegal de quien quiere este cometer estas estafas", señaló Iparraguirre.

El concejal del bloque Fuerza Patria, elevó recientemente un pedido de informe al Ejecutivo municipal con el objetivo de conocer en detalle las actuaciones administrativas frente a construcciones irregulares detectadas en la zona de la calle Israel. Según precisó el edil, se trata de una situación que involucra nueve lotes y seis viviendas ya edificadas por encima de la cota 250, un área donde la normativa del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) establece una subdivisión mínima de 10 hectáreas para vivienda unifamiliar.

Iparraguirre enfatizó que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática recurrente que afecta la seguridad jurídica de los vecinos.  “Desmontaron una manzana entera”, planteó el concejal para marcar que  la obra no pudo haber pasado inadvertido para las autoridades. En el pedido de informe solicitó esclarecer qué medidas se han tomado para frenar las irregularidades que, a su entender, carecen de preexistencia legal respecto a la normativa vigente.

El proyecto para los condominios

El pedido de informe se vincula directamente con la mencionada iniciativa legislativa presentada por su bloque durante marzo. La misma busca dotar al Municipio de Tandil de nuevas herramientas para regular el uso de figuras como el condominio, el fideicomiso o la propiedad horizontal en zonas protegidas. 

El concejal advirtió que, semanalmente, se conocen nuevos casos de desarrolladores que adquieren macizos en áreas restringidas y, mediante la figura del condominio, comercializan lotes a precios tentadores que luego resultan imposibles de escriturar por tratarse de una propiedad indivisible.

“Lo presentamos el 4 de marzo, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Salceda, nos dijo de elevarlo al Ejecutivo, y por supuesto que nos interesa su opinión. Uno siempre está abierto y dispuesto a que la ordenanza sea mejorada si tuviera en que ser mejorada”, contó Iparraguirre. 

"Pero bajó el 6 de marzo, hoy es 26 de junio y duerme en un escritorio. No tuvimos más noticias. Mientras tanto, las estafas continuaron. Entonces a esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado", agregó el concejal.

El concejal insistió con que el problema es ampliamente conocido y que no existe una negación sobre la existencia de las mencionadas maniobras fraudulentas. Por ello, instó a las autoridades a dejar de dilatar la solución, argumentando que cada jornada de inacción legislativa termina beneficiando a los sectores que operan al margen de la ley.

"Cualquier vecino informado sabe que este problema es recurrente, y que hay una avanzada de determinados sectores escrupulosos que están usando esto. Si el problema es conocido y nadie lo niega, ¿por qué frenan la solución? Porque cada día que pasa sin tratar la ordenanza se favorece a los vivos de siempre", concluyó el referente de Fuerza Patria.

El Ejecutivo elevó a la comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante un informe sobre la viabilidad de la extensión de agua y cloacas del proyecto de construcción de un colegio sobre avenida Fleming. Para que la iniciativa se avale definitivamente, resta que el Legislativo local otorgue la excepción por FOS, FOT y un retiro lateral.

Lo presentado fue en respuesta a las inquietudes planteadas por los concejales en marzo pasado y en concreto marca los siguiente: la solución para garantizar la capacidad hidráulica del sector requiere una obra de 175 millones de pesos. Como el colegio “podría afectar hasta un 35 por ciento” de uso de la misma, “se considera que debería participar de su costeo en un idéntico porcentaje de afectación”,  marca el texto firmado por el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse. Dicho monto rondaría los 61 millones de pesos que deberán afrontar los desarrolladores.

“El resto de la obra la deberá financiar inicialmente el municipio pero terminará siendo solventada por los futuros beneficiarios de la misma, bajo la metodología de la Contribución por Mejoras”,  agrega el informe. 

“Para su financiamiento, se incorporará el aporte de la plusvalía que la propia institución educativa realiza por el convenio urbanístico, por resultar una obra que beneficia a un amplio sector urbano con un importante crecimiento y consolidación”, indica lo presentado por el Ejecutivo. La plusvalía del emprendimiento inmobiliario y pedagógico se estima en 49 millones de pesos.

De acuerdo al informe del gobierno local, la obra garantizaría la capacidad hidráulica del sistema receptor. Consistiría en un recambio de cañerías en el cruce de la RN 226 y calle Hudson, para solucionar “la existencia de un punto crítico en el paso del efluente cloacal que se encuentra comprometido en la actualidad”. Desde Obras Públicas agregaron que la iniciativa “es una necesidad de ampliar el paso del efluente para poder darle factibilidad a más viviendas del sector”.

“Este cruce representará una sustancial mejora en la infraestructura sanitaria del sector con impacto positivo para el desarrollo urbano de la ciudad y de la capacidad de absorción de futuros emprendimientos y viviendas de un extenso sector que se extiende desde calle Hölmberg hasta barrios Golf y Golf 2 hasta la calle J. M. de Rosas”, señala el informe.

Los plazos de la obra se estiman en 90 días, aunque depende de un aval mayor: la autorización de Vialidad Nacional. “Por lo que puede demorar hasta 12 meses o más”, indica lo presentado por el Ejecutivo.

El gobierno local no consideró necesaria la modificación del convenio de obra del expediente del proyecto, pero que tanto la obra hidráulica como las ya planteadas para el ordenamiento vial deberán ser expresadas en un acuerdo de compromiso. A dicho documento “quedará sujeta la aprobación de los planos en cuanto a la firma del compromiso y las obras deberán estar finalizadas para la habilitación de la institución educativa”.

Desde el Ejecutivo recordaron que la actividad educativa en la zona –una condición sobre la que pasó el debate público en torno al proyecto- constituye un uso autorizable en el sector donde se prevé construir el colegio: “En consecuencia, corresponde al Departamento Ejecutivo otorgar la autorización definitiva, y se ha expresado en este sentido dado que su concreción representa una inversión estratégica en el futuro de la comunidad”.

El informe del gobierno local ya fue elevado a la comisión de Obras Públicas, y el tema está en manos del Concejo Deliberante, que deberá expedirse con respecto al pedido de excepción de los indicadores del Factor de Ocupación del Suelo (FOS), el Factor de Ocupación Territorial (FOT) y un retiro lateral. Sobre el tema ya dio el visto bueno la Comisión de Gestión Territorial.

El proyecto para emplazar sobre la avenida Fleming un colegio privado con tres niveles educativos y capacidad para 500 alumnos activó el reclamo de vecinos del lugar: juntaron firmas y plantearon ante los diferentes bloques sus reparos con respecto a una iniciativa que tendrá impacto en el barrio. No es la única: también tuvo el visto bueno la carpeta para emplazar un supermercado en la zona.

El Municipio de Tandil oficializó una adecuación de precios para la obra de “Repavimentación en hormigón simple – 9 cuadras”, adjudicada a la firma Galizio Construcciones S.R.L., mediante el Decreto Nº 1607/2026 firmado por Miguel Lunghi y el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse.

La medida se tramitó a través del expediente EX-2025-00276515 y contempló la actualización del anticipo financiero y de los certificados de obra Nº 1 al 6, en el marco de la Licitación Pública Nº 06-01-25.

De acuerdo al decreto, el nuevo valor del contrato quedó fijado en 991.669.115,67 pesos, mientras que el monto correspondiente al ajuste ascendió a 48.644.726,66 pesos.

La normativa detalló además cómo se distribuyó la actualización económica entre los distintos certificados y el anticipo financiero:

En los considerandos del decreto se indicó que la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas certificó el cumplimiento en término de los plazos de obra y que también intervinieron las áreas técnicas y administrativas vinculadas a la ejecución presupuestaria y contable.

Finalmente, se dispuso que la erogación será imputada a la partida presupuestaria informada por la Dirección de Presupuesto.

El futuro inmediato del desarrollo urbanístico Sans Souci depende en gran parte del avance de las obras de infraestructura para el barrio. Desde el Municipio confirmaron que cuentan con la aprobación completa de los proyectos para el desarrollo de los tendidos de gas y electricidad, pero que esperan que Provincia actualice los montos correspondientes para la red de agua y cloacas. Con esos pasos concretados, será posible la firma de los convenios que permitan llamar a las licitaciones correspondientes. En paralelo, la construcción de las viviendas continúa paralizada por la neutralización solicitada con el gobierno provincial.

“A la fecha tenemos aprobados por el equipo técnico del Ministerio de Infraestructura el proyecto de gas, que son 190 millones de pesos, y el proyecto del tendido de alumbrado público que son 700 millones de pesos.  El proyecto de agua y cloacas es lo que no está aprobado aún porque desde Provincia deben terminar el último índice y actualizarlo para que nosotros podamos presentar la carpeta. Eso nos está faltando. En realidad técnicamente está aprobado. Lo que resta es la actualización presupuestaria por parte de Provincia”, precisaron el ingeniero Santiago Romero, director de Obras Públicas, y el contador Juan Sánchez, director de Presupuesto y Rendición de Obras, en diálogo con El Eco de Tandil.

Los funcionarios brindaron datos de la modalidad con la que evalúan controlar los trabajos que doten de servicios al barrio, que sería de una forma similar a la que implementan con el predio Carrasco. Además manifestaron que gestionan en pos de que se lleve a cabo el cordón cuneta y los desagües pluviales, claves en cuanto a la organización de la infraestructura pero también para la instalación de los futuros vecinos.

De parte del Municipio aseguraron que existe un compromiso del gobierno provincial para con las obras, y destacaron el buen diálogo con Infraestructura bonaerense. De los proyectos aprobados en su totalidad, sumaron, ya fueron enviados para la firma del Intendente, aunque no precisaron plazos específicos para que se concreten los convenios.

A la fecha, las obras de construcción de las 156 viviendas de Sans Souci –que llevan un 80 por ciento de avance-, sigue paralizada debido a la neutralización solicitada por la Provincia. Si bien el gobierno bonaerense abonó casi la totalidad de la deuda que había contraído con la Cooperativa Falucho en concepto de certificados atrasados, todavía no se definió cómo será la continuidad de los trabajos en el lugar.

Pero el próximo paso clave para que el proyecto retome su marcha será la firma de los convenios para las obras de infraestructura. Cabe recordar, Provincia había solicitado la neutralización debido a que no se había avanzado con la dotación de servicios básicos para el barrio.

Si bien cuando fue anunciado el proyecto el Municipio iba a asumir un rol externo en el desarrollo, Infraestructura provincial determinó que las obras de gas, cloacas y alumbrado públicos las llevaría a cabo en vínculo con la Comuna. Por lo tanto las autoridades locales realizaron y presentaron los proyectos ejecutivos correspondientes, pero en el marco de un año complejo a nivel económico –entre otros aspectos, Nación mantiene una deuda billonaria con la Provincia-, las gestiones se demoraron.

En ese contexto, las autoridades de Infraestructura bonaerense solicitaron nuevas observaciones en los proyectos de servicios para Sans Souci, y desde la Comuna remitieron las correcciones. Sánchez y Romero precisaron que una vez aprobados de manera completa las tres iniciativas –agua, gas y alumbrado público-, se procederá a la firma de un convenio marco a partir del cual se llamará a licitación. Más allá de los tiempos administrativos comunales, ese proceso incluirá también el paso por la administración provincial.

Desde el Municipio explicaron que con las licitaciones adjudicadas, el esquema de trabajo coordinado se asemejará a la estructura implementada en el proyecto de urbanización de Carrasco. Bajo la órbita de la Dirección de Obras Públicas, intervendrán inspectores de la Usina Popular y Municipal de Tandil, la empresa Camuzzi, Obras Sanitarias y la Dirección de Vialidad en el control del cumplimiento de todos los aspectos de las obras.

Pero además, los funcionarios comunales dieron cuenta de la necesidad de avanzar también con los trabajos de cordón cuneta y desagües pluviales. “El cordón cuneta y los pluviales son muy necesarios.  Como cualquier infraestructura de barrio, es una infraestructura necesaria, principalmente porque marcan los niveles del resto de las infraestructuras. Los cuatro son necesarios, y las casas fueron diseñadas para contar con esos servicios”, indicaron al respecto.

Además hicieron hincapié en que el factor determinante será el flujo efectivo de fondos, dada la delicada situación económica que atraviesan las arcas de los municipios bonaerenses. Subrayaron que la Comuna no cuenta con la capacidad financiera para absorber el costo total de las obras mencionadas, por lo que los desembolsos provinciales resultan clave para que el proyecto no sufra nuevas interrupciones tras la futura adjudicación de las empresas.

El Municipio de Tandil dispuso la paralización inmediata de trabajos no autorizados en un predio del barrio La Elena, tras constatar la apertura de calles y movimientos de suelo que no cuentan con habilitación ni proyectos presentados ante la comuna. La medida se adoptó luego de detectar tareas de apertura de trazas viales en la esquina de Pavón y Chimango, una zona que ha generado inquietud entre los vecinos debido a la actividad irregular observada y a hechos de violencia registrados recientemente en el sector. 

El secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, afirmó que no se trata de un loteo habilitado y que la intervención municipal busca frenar cualquier avance que incumpla la normativa vigente. De acuerdo con las precisiones brindadas por el funcionario, las calles abiertas de manera clandestina no están registradas como obra autorizada ni habilitadas al tránsito, a pesar de que físicamente figuran como cedidas al dominio público. 

Lafosse remarcó que la manzana en cuestión no admite subdivisiones, ya que el uso de suelo permitido en ese sector solo habilita la construcción de una única vivienda por parcela, sin posibilidad de realizar fraccionamientos adicionales. Por este motivo, el municipio advirtió a los posibles interesados en la compra de estos terrenos que cualquier intento de comercialización carece de respaldo legal y no contará con factibilidad para subdividirse.

Uno de los puntos más críticos señalados por las autoridades y los residentes de la zona es el riesgo hídrico que implican estas modificaciones del terreno sin supervisión técnica. El predio se encuentra en un sector sensible que forma parte del sistema de escurrimiento natural del barrio, por lo que alterar el perfil del suelo sin los estudios correspondientes podría agravar problemas de inundaciones y generar consecuencias negativas aguas abajo. 

Tras la notificación formal enviada al propietario del predio para el cese de las tareas, las inspecciones municipales confirmaron que no se registra actividad de maquinaria ni personal en el lugar, aunque se mantendrán controles permanentes para evitar nuevas intervenciones irregulares.

Luego de que vecinos de Tarraubella –junto a organizaciones que forman parte de la Mesa Barrial de Villa Aguirre-, hayan solicitado al Municipio la factibilidad para extender la red de agua de calle Lavalle hacia calle Rosales, desde la Comuna plantearon que existe la posibilidad de que las conexiones se realicen a la red ya existente –tanto de agua como de cloacas-, bajo la modalidad multifamiliar. Además, plantearon su mirada sobre el estudio que arrojó que el agua en el lugar está contaminada, y sobre las obras para los barrios populares.

“Lo que se debería hacer es como cualquier multifamiliar, una extensión interna dentro de la parcela para poder conectarse a la red”, sostuvo Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento y Obras Públicas, en diálogo con El Eco de Tandil. “Lo que nosotros estamos planteando es que ya se tiene la red que pasa por el edificio de Tarraubella, entonces lo que hay que hacer es extender esas redes internas hacia el interior de lo que se denomina el llano”, agregó el funcionario.

Cabe recordar, el reclamo por el acceso al agua en Tarraubella es de larga data. En verano la problemática se acrecienta, y los vecinos deben recurrir a llenar botellas y bidones por la noche para poder contar con suministro durante el día.

A través de fondos provinciales, el barrio sumó obras de infraestructura en el último período. Entre otras, se formalizaron las conexiones intradomiciliarias para los vecinos de la torre del lugar. Sin embargo, las familias del llano continúan con conexiones precarias.

Dentro del financiamiento provincial existe la posibilidad de que el gobierno bonaerense no solo costee las conexiones intradomiciliarias, sino la extensión de la red desde Lavalle hacia calle Rosales y Patagonia. Por eso los vecinos elevaron una nueva solicitud formal para obtener el aval municipal para avanzar con la iniciativa. Sin embargo desde la Comuna consideraron que las conexiones pueden realizarse mediante la red ya existente.

“Sin la necesidad de hacer una extensión de la red”

-Hubo un pedido de vecinos del llano de Tarraubella, junto a organizaciones que trabajan en el barrio, para solicitar la factibilidad para la extensión de red, y que Provincia pueda financiar esa obra. ¿Cómo es la situación respecto a eso?

-Luciano Lafosse: En realidad, hay una parcela que involucra tres calles, Lavalle, Rosales y Patagonia. Y para esa parcela lo que nosotros planteamos es que las factibilidades se dan en función de la estructura parcelaria.

El 2 de octubre fue contestada esa nota en la que se nos solicitaba la factibilidad, en el que se les planteaba que esa parcela ya tiene la factibilidad tanto para cloacas como para agua, existiendo ya conexiones realizadas a la red municipal, a la red pública en ambas redes de infraestructura.

-Redes que pasan por Lavalle…

-Exactamente. La red nuestra, las dos redes van por Lavalle hasta Rosales.

-¿La gente que vive en el llano de Tarraubella podría conectarse tanto a esa red de agua como a la red cloacal sin necesidad de una extensión de red?

-Sin la necesidad de hacer una extensión de red por vía pública porque esa parcela ya tiene una las conexiones por una calle. Lo que se debería hacer es como cualquier multifamiliar, una extensión interna dentro de la parcela para poder conectarse a la red.

-Lo regular suele ser que los caños pasen por los frentes de las viviendas…

-Ahí hay un hay una cuestión que tiene que ver con que eso es una urbanización informal en el que ni siquiera por red pública se podría llegar a todas las viviendas. Entonces, siempre va a tener que existir una red multifamiliar interna.

Lo que nosotros estamos planteando es que ya se tiene la red que pasa por el edificio de Tarraubella, entonces lo que hay que hacer es extender esas redes internas hacia el interior de lo que se denomina el llano.

-¿La gente que tiene frente sobre Patagonia también podría llegar hasta la red pública por red interna?

-Sí, la otra parcela que da sobre Patagonia también tiene factibilidad. Es un galpón que tiene la conexión por calle Darragueira.

-Hay un proyecto provincial que financia obras para villas y asentamientos. ¿Estas conexiones intradomiciliarias se podrían hacer a través de la red de calle Lavalle?

-Se podrían hacer, sí. Se podrían hacer como un proyecto de cualquier proyecto multifamiliar en el que lo que se debería prever algún tipo de tanque de reserva para poder contar con el servicio.

-Recibieron un informe que daba cuenta de contaminación en el agua por conexiones precarias. ¿Qué lectura hacen desde el Municipio?

-Planteamos la necesidad de regularizar esa situación. Porque por lo que se ven en las imágenes  de la nota del otro día, y por cosas que nosotros teníamos presentes, lo que uno infiere de lo que está sucediendo si es que están tomando agua de la red nuestra, o que pueda llegar a haber algún tipo de contaminación que generen las propias conexiones.

Lo que tendríamos que tener son mayor cantidad de detalles respecto del estudio que hizo la Facultad de Veterinarias. Nosotros tuvimos conocimiento de eso a partir del expediente que empezó la semana pasada.

Obras para barrios populares

-Tarraubella es un barrio popular, ¿Cuál es la postura del Municipio con respecto a las obras de infraestructura?

-Tomamos la decisión de que en este tipo de urbanizaciones, no hacemos obras. De la misma manera que el Intendente, la semana pasada, lo planteó en relación a la toma, que es también un proyecto de Renabap. El Municipio no hace obras de infraestructura para este tipo de urbanizaciones, porque los recursos con los que realizamos obras son recursos de las tasas que se pagan por los distintos servicios que se brindan.

Nosotros hemos hecho obras en barrios Renabap de Tandil con recursos que aportaba Nación. Lo que no hacemos nosotros son obras en estos barrios porque entendemos que hay otros barrios en los que el Municipio tiene déficit en el servicio. Priorizamos algunas otras obras.

El Municipio de Tandil iniciará este lunes los trabajos de repavimentación en la calle Pinto, entre San Lorenzo y 14 de Julio. Debido a las tareas, el tránsito vehicular permanecerá restringido en esa cuadra y se modificarán los recorridos de las líneas 501 y 502 del transporte público de pasajeros.

Esta intervención corresponde a la primera de las seis cuadras que el gobierno local incorporó a la etapa de repavimentación recientemente finalizada en distintos sectores de la ciudad. En esta ampliación se incluyen las siguientes arterias: Sarmiento, entre avenida Santamarina y Alsina; Alsina, entre Sarmiento y Mitre; San Lorenzo, entre avenida España y Mitre; Pinto, entre San Lorenzo y 14 de Julio; y el pasaje Blandengues, entre O’Higgins y Almirante Brown.

El lunes, la empresa adjudicataria procederá al corte del tránsito en la cuadra afectada y dará inicio a las tareas, que comprenden el retiro del pavimento existente, la preparación de la base y la posterior colocación del nuevo hormigón.

Esta etapa, ampliada a seis nuevas cuadras, ya incluyó trabajos en 17 tramos de la ciudad: Ameghino, entre Mosconi y Beiró; Nigro, entre pasaje San Luis y Dufau; Alsina, entre Mitre y Marconi; Mitre, entre 4 de Abril y Alsina; Fugl Sandino y José Martí; Basilico, entre Quintana y Dufau; Brandsen, entre Pueyrredón y Suipacha; Colombia, entre Espora y Malvinas; y Del Valle, entre Quintana y Moreno.

Cambios en los recorridos del transporte público

Como consecuencia de los trabajos en la calle Pinto, se modificarán los recorridos de las líneas 501 (roja) y 502 (blanca):

Línea 501, sentido Tunitas – Centro: recorrido habitual, Rivadavia, Maipú, 14 de Julio, Pinto, y luego recorrido habitual.

Línea 502, sentido La Elena – Centro: recorrido habitual, San Lorenzo, Sarmiento, Chacabuco, Pinto, y luego recorrido habitual.

Continuando con el Plan de inversión en Infraestructura Vial, el Municipio de Tandil determinó sumar 6 nuevas cuadras a la etapa de repavimentación que recientemente se completó en diferentes zonas de la ciudad.

Los trabajos se realizarán en las siguientes cuadras: Sarmiento entre av. Santamarina y Alsina, Alsina entre Sarmiento y Mitre, San Lorenzo entre av. España y Mitre, Pinto entre San Lorenzo y 14 de julio y Pasajes Blandengues entre O'Higgins y Almirante Brown.

De acuerdo a lo establecido en el plan de trabajo para estas nuevas cuadras, las tareas comenzarán el lunes 5 de enero en la calle Pinto, entre San Lorenzo y 14 de julio, que permanecerá cerrada al tránsito vehicular.

Esta etapa de repavimentación incluyó 17 cuadras: Ameghino entre Mosconi y Beiró, Nigro entre Pje. San Luis y Dufau, Alsina entre Mitre y Marconi, Mitre entre 4 de abril y Alsina, Fugl Sandino y José Marti, Basilico entre Quintana y Dufau, Brandsen entre Pueyrredon y Suipacha, Colombia entre Espora y Malvinas y Del Valle entre Quintana y Moreno.

Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa Galizio Construcciones SRL y demandó una inversión cercana a los 1.800 millones de pesos, financiados con recursos municipales del Fondo de Inversión Vial, la herramienta creada por el Ejecutivo local y sancionada como ordenanza por el Concejo Deliberante hace varios años, con el objetivo de consolidar este tipo de intervenciones.

Autoridades comunales detallaron que “en los últimos días terminamos los trabajos previstos en esta etapa, y determinamos incluir seis más en esta etapa para realizar en las próximas semanas”.

“Durante el próximo año continuaremos con intervenciones de pavimentación, repavimentación, construcción de cordón cuneta y arreglos de calles, con nuevas etapas que iremos anunciando próximamente”, completaron.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanzó firmemente en su plan de modernización administrativa con la creación del Sistema de Gestión Electrónica para las contrataciones de Obra Pública, denominado “PBA Contrataciones”, junto con el portal web que centralizará toda la operatoria del sector.

La medida quedó establecida en el Decreto 2847/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, a través del que la Provincia busca fortalecer el desarrollo tecnológico y simplificar trámites para “agilizar la interacción entre el Estado Provincial y los administrados”. 

Esta medida irá en línea con la Ley N° 14.828, que impulsó el Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública. En ese marco, se destaca que la utilización de documentos electrónicos y firmas digitales tiene idéntico valor jurídico que su equivalente en papel.

El texto recuerda que Buenos Aires ya cuenta con herramientas como el sistema GDEBA, utilizado para expedientes electrónicos, y el sistema de compras electrónicas implementado en 2017. En aquel momento la obra pública quedó afuera de la modernización y todas las licitaciones, las aperturas de sobres, las firmas de los contratos se tramitaban con papeles y firmas de puño y letra.

El nuevo sistema “PBA Contrataciones” se propone asegurar mayor eficiencia, transparencia, neutralidad e imparcialidad en los procedimientos de selección, así como también reducir costos y tiempos administrativos. Además, utilizará estándares tecnológicos interoperables que garanticen confidencialidad, identidad de usuarios y registro seguro de operaciones, y contribuirá al desarrollo sostenible eliminando el uso de documentos físicos.

El decreto también subraya que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia será la autoridad competente para implementar y administrar la plataforma. La cartera diseñará las normas operativas y capacitará a las unidades de compras, además de fijar el cronograma obligatorio para que todas las jurisdicciones provinciales adopten el nuevo sistema.

El portal oficial creado para su funcionamiento será https://pbacontrataciones.minfra.gba.gob.ar, de acceso público y gratuito. Allí se publicarán los llamados, se presentarán ofertas, se enviarán consultas y se realizará todo el seguimiento contractual. El nuevo esquema abarcará desde la solicitud inicial hasta la adjudicación, el perfeccionamiento del contrato y la recepción de las garantías.

Luego de que vecinos de Los Charitos, Smata y Cabildo hayan hecho pública la compleja situación que atraviesan por no contar con cloacas en el barrio –entre otras cosas, viven con aguas servidas que corren por las calles-, desde el Municipio actualizaron los costos de un proyecto que estaba listo desde el año 2023 y harán gestiones con Nación y Provincia para que la iniciativa se concrete.

El Eco de Tandil dialogó con los vecinos quienes se mostraron “entusiasmados” por la primera respuesta a su reclamo. También con el secretario de Planeamiento y Obras Públicas –Luciano Lafosse-, quien se refirió al impacto de los recortes de parte del gobierno nacional en cuanto a obras públicas, y señaló que la Secretaría de Integración Sociourbana –a cargo del referente de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja-, cuenta con fondos asignados para tal fin, pero que al momento no ejecutó.

El funcionario explicó que el proyecto de cloacas para Los Charitos, Smata y Cabildo supone un predio de aproximadamente 30 manzanas. La actualización de costos dio un valor de 643.453.814, 44 de pesos que buscarán que Nación o Provincia financien. En el caso de hacerlo con recursos municipales –estimó-, supondría unos cinco años de asignación completa del Fondo de Obras Sanitarias destinado solamente a esa obra.

-A partir del reclamo vecinal, lo que realizaron desde el Municipio fue actualizar los costos de un proyecto que estaba casi completamente listo a octubre de 2023, ¿Fue así?

-Luciano Lafosse: Nosotros a partir de fines del año 2023 pudimos empezar a contar con un proyecto para todo este sector. Este sector ya estaba destinado como barrio Renabp, con lo cual la Secretaría de Integración Sociourbana financió para la realización de ese proyecto ejecutivo.

En septiembre pasado nos juntamos con vecinos del barrio y les contamos que sí, que teníamos efectivamente ese proyecto. No lo teníamos actualizado al valor, así nos comprometimos en ese momento a dos cosas. Una, a actualizar el presupuesto de ese proyecto de la realización de las cloacas para todo ese polígono que involucra casi 30 manzanas. Cosa que efectivamente hicimos a partir de los primeros días de octubre, y es un presupuesto de 645 millones de pesos casi.

Y también en ese momento nos comprometimos a que, como Municipio no podemos contar con una cifra de esas características, es a que cuando ya tuviéramos el proyecto con el valor actualizado, se iban a hacer las solicitudes pertinentes a Nación, que es quien tiene el compromiso de realizar las obras de infraestructura en barrios, y para ello hasta inclusive cuenta con fondos afectados, que son fondos que vienen de organismos multilaterales de crédito, como es el caso del BID.

Lo que vamos a hacer son las presentaciones en Nación. Lo estuve hablando con el Intendente y está con la voluntad de ponerse a la cabeza del reclamo de la financiación de este proyecto para poder materializarlo.

-¿Por qué si el proyecto estaba listo y hay fondos afectados, Nación no otorgó el dinero para hacer esto antes?

-Cuando nosotros estábamos terminando el proyecto este, fue el último coletazo del gobierno de Alberto Fernández, hubo dificultades económicas y que entiendo se tradujeron en complicaciones políticas, en que no se podía dar demasiada respuesta a estos pedidos.

Mientras tanto, las comunicaciones que nosotros hemos tenido con Nación no han sido muy fructíferas, solamente hemos recibido comunicaciones por parte de Nación en lo que hace a la caída de los distintos convenios que nosotros tenemos firmados. Por ejemplo el caso del Centro de Desarrollo Infantil al cual hoy está el Municipio tratando de terminarlo. O también la baja del convenio de los consultorios externos que tenían ya iniciado y que estamos en un 50 por ciento del avance de obra y que no lo podemos terminar con recursos municipales.

Con lo cual, las intervenciones que nosotros hemos tenido con Nación no tenemos forma de generar un vínculo, además todos sabemos lo que piensa la Nación de las obras públicas que no tienen que hacerlas, que las tienen que hacer otros organismos. Lo cual es una contradicción porque inclusive el día de hoy en la página del PISU -el Programa de Integración Sociourbana- menciona que sigue existiendo el financiamiento por parte del BID.

-Este reclamo de parte del Municipio a Nación, ¿podría haberse hecho antes?

-De hecho, nosotros hemos hecho algunos reclamos. Recién en estos momentos estamos encontrando algunos canales que son canales exclusivamente electrónicos para la presentación de proyectos y lo vamos a hacer ahora.

También entendemos que como es un proyecto en el que tiene algún tipo de vínculo organizaciones sociales que tienen vínculos con Provincia, también vamos a ir a reclamar a la Provincia a ver si tiene los recursos suficientes. Lo que entendemos es que teniendo el proyecto se puede pedir los recursos en distintas puertas.

-¿Pudieron recorrer el barrio? Los vecinos mostraron aguas servidas en la calle, un caño de tres cuartos que lleva agua a toda la zona, una situación compleja...

-Por eso la voluntad de realizar estas obras y por eso también la necesidad de un programa de las características del Renabap que hace que vayan de la mano la regularización dominial con la posibilidad de tener la tenencia definitiva de esos predios para los vecinos y también simultáneamente la realización de estas obras para poder tener la seguridad de que vas a seguir viviendo ahí y a su vez ir construyendo para mejorar el hábitat.

-El reclamo recae ahora sobre el Municipio, pero la plata que está asignada para las obras es Nación quien no la ejecuta…

-Sí, es parte de lo que estamos viviendo. Hay un ajuste que lo vemos en cosas de estas características que son muy grandes o que son altamente costosas pero también lo vemos hasta en cosas muy elementales como es el corte de pasto de una ruta.

Son cuestiones que Nación en función de generar un equilibrio de las cuentas macroeconómicas a nivel nacional se dedica a recortar los servicios, entonces afecta a los servicios entonces el municipio tiene que terminar haciéndose cargo de muchas de las cosas.

En el caso de una obra de estas características obviamente que excede lo que el Municipio puede llegar a tener. Nosotros haciendo una cuenta, y tendríamos que disponer del fondo de obras sanitarias a lo largo de cinco años para poder financiar esta obra y no haríamos ninguna obra de extensión ni de agua ni de cloacas en ningún lado de la ciudad.

En diálogo con El Eco de Tandil, Fátima y José, dos de los vecinos referentes del grupo Los Charitos, Cabildo y Smata, contaron que desde el barrio están “entusiasmados” con los recientes avances tras su reclamo. “Los vecinos están entusiasmados, pero como que siempre se nos ha postergado”, plantearon.

Luego de que desde Obras Públicas les hayan informado de la actualización del costo de la obra de cloacas, elevaron una carta al Intendente Miguel Lunghi para solicitar que interceda ante autoridades provinciales y nacionales para la concreción de la obra, pero también para ponerlo en conocimiento de la compleja situación del barrio.

“Desde el año 1996 que se fueron haciendo reclamos, nunca fueron atendidos y van a estar junto a lo que se presentará a Provincia. La nota fue al Intendente Miguel Lunghi para que acompañe este proyecto, porque está aprobado y no lo queremos perder”, destacaron.

Sumaron también que “es un proyecto totalmente barrial, que no tiene ningún armado político. Es bien del barrio, es el esfuerzo del barrio y por lo que estamos luchando. Ya que se aprobó en el en el 2023, que esto no se pierda, que esto que esto sigue y que se ejecute”.

¿Cómo sigue el pedido de obras en la Ruta Nacional 226 después de que el gobierno de Javier Milei haya disuelto Vialidad Nacional? En diálogo con El Eco de Tandil, la defensora del pueblo Paula Lafourcade brindó detalles de la continuidad del reclamo, al que en los últimos días comenzaron a sumarse mesas de vecinos de diferentes barrios de la ciudad, algunos de los cuales iniciarán campañas para juntar firmas en adhesión.

“El reclamo hay que llevarlo ahora a las nuevas autoridades. En el caso de Vialidad  Nacional, todo lo que es infracciones pasó a Gendarmería Nacional. Y todo lo que son los pliegos y concesiones a una agencia que va a depender del Ministerio de Economía. A ellos les llevaremos el reclamo en forma directa, porque el Estado Nacional sigue siendo competente para hacerse cargo de las rutas. Las rutas nacionales son del Estado Nacional. No importa si cambia el nombre o si pasa a ser totalmente público o privatizado. Hay un responsable que es el Estado Nacional, y allá tenemos que llevar el reclamo”, aseguró Lafourcade.

Cabe recordar, fue a raíz de la denuncia de la defensora que la Fiscalía Federal ordenó un operativo comandado por Gendarmería, a partir del cual se procedió a retirar los puestos de venta ambulante ubicados en la banquina de la Ruta. Del mismo modo, los agentes registraron a los fines de labrar infracciones a camiones y acoplados estacionados.

Lafourcade dio precisiones de la continuidad de la denuncia y explicó que el pedido del organismo que dirige fue el de “la desocupación de todos los espacios, no únicamente de la banquina, sino también de los espacios verdes que están ocupados”. Lo hizo en referencia al boulevard que existe entre la traza de la Ruta y las colectoras, donde suelen registrarse desde automóviles en venta a maquinarias agrícolas y otros elementos.

La defensora del pueblo de Tandil también había sido parte de la comitiva que –junto al propio Intendente Miguel Lunghi-, viajó a la ciudad de Monte para solicitar obras para la 226. Fue en la audiencia pública que se convocó tras anunciarse el llamado a licitación para una nueva concesión de la ruta. Aunque el gobierno disolvió Vialidad Nacional –aseguró Lafourcade-, el reclamo continúa.

Una novedad reciente es que la Defensoría del Pueblo fue parte de una reunión con vecinos de Villa Gaucho –nucleados en la Mesa Barrial-, a partir de la cual las personas le transmitieron la preocupación por los accidentes y la dificultad para cruzar que viven a diario. Estos encuentros continuarán con la Mesa Barrial de Villa Aguirre.

-Después del operativo de “despeje” que pidió Fiscalía y llevó a cabo Gendarmería ¿En qué está esa causa?

-Nosotros hicimos la denuncia. Estamos como denunciantes pero no somos parte de la causa, eso sigue su carril y ellos están investigando.

Había personas que no estaban en el momento con los camiones y acoplados, para poder después labrar las infracciones o investigar por la comisión de un delito como podía ser la ocupación de banquinas o la ocupación de la ruta o alguna apropiación indebida. Eso ya es materia investigativa de la Fiscalía que yo respeto y la voy a dejar trabajar.

En el mientras tanto, sé que el operativo también contó con distintas áreas municipales. Y la idea de ellos era hacer un abordaje integral para poder solucionar el tema. Que no solo el operativo es hoy, sino que permanezca el control para que no se vuelvan a ocupar.

-¿Va a haber algún tipo de acción preventiva?

-La prevención iba a estar dada, creo, por la DDI y creo que el Municipio también va a intervenir en eso. Nosotros pedimos la desocupación de todos los espacios, no únicamente de la banquina, sino también de los espacios verdes que están también ocupados.

Todo el boulevard verde, de 17 kilómetros y medio, tiene que estar despejado porque la ruta es todo el camino que va desde la calzada hasta las colectoras.

Entonces todos esos espacios verdes tienen que estar desocupados y nosotros ahí veíamos presencia de muchísimos vehículos. Había caballos atados, acoplados abandonados, una situación de desidia, máquinas agrícolas,  porque el problema es en todo el trayecto.

Quizás lo más visible y lo más preocupante es la banquina porque había una fila de camiones uno tras otro desenganchados, más los vendedores ambulantes. Fue una situación muy grave pero no quita también la problemática de los espacios verdes.

-De su parte hicieron la denuncia ¿Y cómo continúan?

-Nosotros seguimos la denuncia, vamos a seguir recibiendo si hubiera algún reclamo de los vecinos y vamos a oficiar al Municipio para que tome intervención con respecto a las áreas verdes que estén ocupadas, quizás por algún establecimiento comercial, que no pueden estar en lo que a ellos les compete.

Aparte de esto se suma el reclamo de los vecinos de Villa Gaucho y el acompañamiento que nos ofrecieron realmente por la preocupación que tienen por la necesidad de hacer obras en la rotonda.

-Hubo una reunión por eso...

-Sí, hubo una reunión el jueves pasado en el barrio, en la mesa barrial con participación de muchísimos vecinos. Para esto, para visibilizar, sumarse al reclamo. Obviamente nosotros decíamos que no era solo un reclamo de Villa Gaucho, era de todos los tandilenses, pero que también atraviesa Villa Aguirre, Arroyo Seco, Barrio de Graduados y toda la zona del norte de nuestra ciudad que está gravemente afectada.

Y la cantidad de accidentes que ellos me relataron, que ven a diario y que quizás no terminan saliendo en los medios, que son choques, pero en forma permanente. Y la peligrosidad, contaban la peligrosidad que es cruzar por el puente peatonal.

Porque además del puente peatonal hay también vehículos depositados en la vera de la ruta en el espacio verde. Entonces me decían que, tras que hay un solo puente, cruzar por ahí con vehículos que están ahí abandonados o depositados, no es lo más seguro para las familias.

-¿Van a seguir con reuniones con las mesas barriales?

-Vamos a seguir con reuniones en las mesas barriales, y van a juntar firmas. Nos decían los vecinos que ellos se quieren movilizar, que es su intención movilizarse, porque realmente ven que hay que hacer algo y hay que hacer algo ya para las rotondas.

Nosotros lo que les decíamos era que justamente que el reclamo nace de la ciudadanía y que ese acompañamiento de los vecinos hace que el reclamo no decaiga y llegue a quien tenga que llegar. En este caso ya no es Vialidad Nacional, será la Agencia de Concesiones y Licitaciones.

-En su momento hicieron una presentación en una audiencia pública ante un organismo que el Gobierno Nacional disolvió. ¿Cómo sigue ese trámite ante las autoridades nacionales?

-Ahora justamente hay que llevarlo a las nuevas autoridades. O sea, los organismos se disolvieron, algunos se unificaron, como fue el caso de la Enargas y el ENRE. En otros casos pasaron a ser direcciones u organismos desconcentrados, como el caso del INTA.

Pero en el caso de Vialidad Nacional, todo lo que es infracciones pasó a Gendarmería Nacional, y todo lo que son los pliegos y concesiones a una agencia que va a depender del Ministerio de Economía.

Y a ellos les llevaremos el reclamo en forma directa, porque el Estado Nacional sigue siendo el que es competente para hacerse cargo de las rutas. Las rutas nacionales son del Estado Nacional en lo que es mantenimiento y obras.

No importa si cambia el nombre o si pasa a ser totalmente público o privatizado, no importa. Hay un responsable que es el Estado Nacional, y allá tenemos que llevar el reclamo.

En medio del proceso que definirá la nueva concesión de las rutas nacionales, el Municipio retomó un dato clave para dimensionar la necesidad de implementar obras en el tramo urbano de la Ruta Nacional 226. Durante la audiencia pública que se celebró días atrás, expuso que por la rotonda de Espora - Actis, el punto más conflictivo del trazado, circulan a diario alrededor de 41 mil vehículos, de los cuales gran parte responde al movimiento interno de la ciudad.

Ese volumen de tránsito, sumado al crecimiento poblacional hacia la zona norte, fueron algunos de los argumentos presentados para solicitar la inclusión de mejoras para el tramo local en los pliegos de licitación para obras nuevas obligatorias.

En diálogo con El Eco Multimedios, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas Luciano Lafosse amplió detalles del encuentro que se celebró el miércoles pasado en San Miguel del Monte, donde se debatió sobre la concesión de rutas nacionales, incluyendo la Ruta 226.

El funcionario repasó algunos de los motivos expuestos para sustentar el reclamo de Tandil para que sea considerado un plan de obras. En ese sentido, indicó que, a diferencia de otras localidades, la traza nacional “atraviesa” la ciudad, generando una problemática urbana significativa hacia ambos lados.

También se respaldó en el estudio de flujo vehicular realizado hace un tiempo, que reflejó que por la rotonda de Actis, la de mayor complejidad, circulan 41 mil vehículos a diario.

Como tercer aspecto, hizo alusión al crecimiento demográfico de la ciudad, que duplicó la cantidad de vecinos que se instalaron hacia la zona norte de la ciudad en los últimos 20 años.

Los datos y las distintas alternativas, junto con las distintas voces que expusieron ante las autoridades de Vialidad nacional, dieron contundencia al reclamo colectivo que busca asegurar inversiones futuras para Tandil.

De acuerdo a lo previsto, el organismo nacional deberá analizar el planteo y brindar una respuesta. La expectativa estará puesta entonces en lograr la incorporación de obras que garanticen la seguridad de quienes transitan por la Ruta.

La expectativa es que “alguna de las obras que nosotros estamos mencionando se realicen o sean contempladas en el pliego”, reconoció Lafosse y remarcó que “no mencionaron plazos”, pero que “seguramente están interesados en tratar de sacar lo antes posible el pliego", por lo que especuló que "la respuesta va a ser en poco tiempo”.

Invitado al ciclo televisivo Plataforma Magazine (EcoTV y 104.1 Tandil FM), el secretario de Planeamiento de Obras Públicas dijo que la decisión del Gobierno de privatizar la empresa Corredores Viales viene a “reeditar lo que sucedió en la década del ‘90 en el momento en el que se concesionaron las rutas”.

En ese proceso quedó incluido el tramo Atlántico, que contempla la Ruta Nacional 226 desde Mar del Plata hasta Bolívar. De acuerdo a lo publicado hasta el momento, el pliego de licitación para las obras nuevas obligatorias incluyó únicamente la intervención de la traza nacional desde el empalme con la Ruta Provincial 55 en Balcarce hasta la Ruta Provincial 227 en el acceso a Napaleofú. Son alrededor de 55 kilómetros donde está prevista la realización de mejoras.

Por ende, desde ese punto hasta Bolívar “no hay todavía ningún plan de obras”, alertó. Con ese antecedente, la comitiva local preparó su exposición con datos que sostienen el reclamo.

Entre los principales puntos expuestos durante la audiencia pública, Lafosse retomó que el tramo Atlántico contempla las ciudades de Barcarce, Tandil, Azul, Olavarría y Bolívar (N.de la R.: la Ruta se extiende hasta General Villegas).

De todas esas ciudades, la “más importante es Tandil”, que además presenta una “mancha urbana” a ambos lados. En el sector norte “hay 20 mil personas”, pero apuntó que hay vecinos que se trasladan desde “el área central hacia esa zona por la enorme cantidad de actividades”, como clubes, el Campus, instituciones educativas, industrias, entre otras.

Asimismo, Lafosse describió que es la única ciudad a la que la ruta “atraviesa”, ya que en Balcarce “está a tres mil metros, en Azul a cinco mil metros y en Olavarría la bordea”, y es la que “peores condiciones de infraestructura tiene”, ya que hasta Balcarce tiene autovía y doble vía en ambos sentidos de Azul a Olavarría.

En otro tramo de la entrevista televisiva, Lafosse mencionó dos datos adicionales que surgieron de relevamientos realizados recientemente.

Por un lado, un estudio de flujo reveló la cantidad de vehículos que “ingresan en algún momento a lo largo de un día en la rotonda de Actis”. Entonces, “planteamos que hay 41 mil vehículos que acceden a la rotonda de Actis a diario”, una cifra que calificó que “exorbitante” y que permite dimensionar la conflictividad del tramo urbano.

“Cuando nosotros esbozamos esas cosas a los técnicos de vialidad, dijeron que no hay forma de resolver una situación de estas características al mismo nivel”, adelantó el secretario en relación a alternativas que contemplen la elevación o el soterramiento de “alguno de los tramos”.

Al analizar el impacto de ese abordaje en términos de financiamiento, respondió que “la propuesta de concesiones es a 20 años”, por lo que valoró que “si nosotros no estábamos en ese momento pidiendo las obras para la ruta se perdía la oportunidad”.

En el segundo de los datos, indicó que la Dirección de Estadística del Municipio realizó un estudio que mostró “en los últimos 20 años casi se duplicó la población” al norte de la 226.

“A comienzos de 2001 había alrededor de 11 mil personas y hoy hay más de 20 mil”, detalló.

En cuanto a la dinámica de la audiencia pública, Lafosse apuntó que para la Ruta Nacional 226 “no había otros representantes”, aunque aclaró que se presentaron representantes de Azul, pero su reclamo “más enfático” estuvo puesto en las condiciones de la Ruta Nacional 3.

A la hora de abordar detalles de su exposición, dijo que sumó datos técnicos y un repaso por las distintas propuestas, desde el corrimiento de la ruta hacia Circunvalación, hasta el proyecto para la elevación de la travesía urbana elaborado para la audiencia pública de 2018 en Azul en el marco de la propuesta de participación público privada (PPP).

Una vez desestimadas esas opciones, “fuimos más modestos en los pedidos” en alusión a la alternativa de hace pasos a nivel por los cruces y a la semaforización.

Finalizado el encuentro en Monte, el secretario de Obras Públicas sostuvo que “en función de alguna charla que tuvimos después con representantes de área de Vialidad, lo que planteaban era que se entendió que no era el reclamo ni de un Intendente ni un secretario, sino que había datos, proyectos y que era el reclamo de toda una comunidad”.

“Entendieron que no era un pedido antojadizo y que además había toda una comunidad detrás de ese pedido”, enfatizó el secretario, que señaló que Vialidad “tiene que hacer una devolución respecto de todo esto que nosotros presentamos”.

Este miércoles el Municipio de Tandil comenzará con los trabajos de repavimentación de la calle Belgrano entre San Lorenzo y Alberdi, que permanecerá cerrada al tránsito vehicular. Las tareas se iniciarán luego de que, este martes, se completará la construcción de la nueva calzada en Belgrano entre 14 de julio y San Lorenzo.

Las autoridades comunales adelantaron que el tránsito vehicular estará restringido en ambas cuadras y que se podrá circular normalmente por 14 de julio, San Lorenzo y Alberdi. También se adelantó que para fines de esta semana se habilitará el tránsito en 25 de mayo entre Alem y Paz, ya que se cumplirá el tiempo de fraguado del hormigón.

Estas obras forman parte de una etapa del Plan permanente de pavimentación y repavimentación, que demanda una inversión de más de 650 millones de pesos y está a cargo de la empresa Galizio Construcciones SRL, ganadora de la licitación pública.

Anteriormente se completaron obras en 25 de mayo entre Alem y Paz, pasaje 1º de Mayo entre 11 de septiembre y Roca, Rosales entre Salceda y Perdersen, Labarden entre Salceda y Pedersen y Paso de los Andes entre Estrada y Callao.

Este jueves por la mañana, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, y con el apoyo de los vecinos de diferentes barrios de la ciudad, desde la representación local de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) hicieron uso de la Banca 21, con el objetivo de lograr el apoyo de los ediles para repudiar el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y exigir la reactivación de las obras al gobierno nacional.

Paula Alonso y Héctor Condori, representantes de UTEP Tandil, dialogaron con El Eco Multimedios luego de que la iniciativa fuera tratada y posteriormente aprobada en el recinto sin que pase por comisiones.

Primeramente, explicaron que la problemática que los convocó se manifiesta de manera concreta en Tandil con dos obras paralizadas: una en Movediza 2 que afecta el acceso al agua de más de 50 vecinos, y otra en el barrio La Unión, que contempla una obra de agua y un proyecto de cloacas. Además, existían dos anteproyectos preaprobados que nunca iniciaron su curso: uno para garantizar servicios básicos en Villa Cordobita y otro para mejorar el barrio de Las Tunitas, incluyendo agua, veredas y otros aspectos.

"No solamente son dos obras paralizadas", afirmaron los participantes, “sino también había proyectos presentados que directamente quedaron archivados”. Esta situación no solo perjudica a las familias residentes, sino que también impacta directamente en la fuente laboral, ya que hay trabajadores que pierden su puesto de trabajo por la paralización de estas obras. “Las obras paralizadas y los proyectos archivados significaban trabajo para las cooperativas de la ciudad y el mejoramiento en la calidad de vida para muchas familias”. A nivel nacional, señalaron que el impacto es aún mayor, con la pérdida de 25.000 puestos de trabajo vinculados a esta situación.

Ante este escenario, la propuesta presentada en la Banca 21 busca que “el gobierno municipal interceda por los y las vecinas de Tandil”, elevando una nota al Estado Nacional para pedir que se ejecuten los fondos que ya fueron recaudados en el mencionado fideicomiso, a través del Impuesto País, que ya había sido reducido drásticamente, impactando en el desarrollo de las obras.

Alonso y Condorí expresaron que, a pesar de la angustia de la situación, se llevaron "una pequeña alegría" al recibir el apoyo del estado local. Sin embargo, manifestaron la esperanza de que el municipio “nos acompañe hasta el final para poder conseguir estos fondos que ya están recaudados y que lleguen a la ciudad, los vecinos y los trabajadores”.

Según explicaron, el impacto de la medida nacional se extiende a “5 millones de familias que sufren este ajuste”. Calificaron la situación de "brutal" e “inhumana”, y recordaron que la ley que creó el fondo se aprobó en 2018 con “un consenso muy grande de toda la sociedad argentina”, y actualmente el ajuste afecta a 6.500 barrios a lo largo del país.

Asimismo, mencionaron que al igual que ocurrió ayer con manifestaciones y un "estado de alerta y de visibilización de la situación en todo el país", este tipo de reclamos continuarán su curso. “Aunque puedan sacar un decreto, los barrios populares no se borran, las necesidades no se borran”. La intención es seguir luchando para garantizar “los derechos a cada familia y el trabajo de un montón de compañeras y compañeros”.

Organizaciones sociales se movilizaron a las puertas del Municipio para exigir que se reactiven las obras públicas para los barrios populares de la ciudad. El Gobierno Nacional eliminó el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana), a partir del cual se financiaron diversas iniciativas como conexiones intradomiciliarias, veredas, y mejoras en diversas zonas de Tandil. Los convocados a la Comuna llevaron a cabo una asamblea, y definieron elevar el pedido de reactivación en la Banca XXI del Concejo Deliberante.

“Hoy estamos acá, como en el resto de los puntos del país, en defensa de una política pública que supimos construir desde abajo, con mucha lucha, desde los barrios, con un consenso muy grande de toda la ciudadanía. Estamos acá en defensa de la integración socio urbana que vino a transformar la vida de miles de familias a nivel nacional y también un montón de familias de nuestra ciudad. La decisión que está tomando hoy el Estado Nacional, el gobierno de Milei, de eliminar los fondos de integración socio urbana, afecta a miles de familias, afecta a que familias no puedan acceder al agua, acceder a las cloacas, a la electricidad segura, que no puedan salir de sus casas cuando llueve, es una decisión realmente de abandono, de crueldad, de odio, que pone en riesgo la vida de un montón de familias”, manifestaron durante el inicio de la asamblea.

“Solicitamos se eleve un pedido a las autoridades nacionales responsables de esta decisión, así como las referentes de la Secretaría de Integración Socio Urbana para solicitar la continuidad y reactivación de las obras en ejecución y frenadas, así como el comienzo de las obras firmadas y comprometidas para nuestra ciudad con el Fondo recientemente eliminado”, versa la nota presentada en el día de hoy para solicitar la banca legislativa popular.

“No hay Tandil soñado sin integración sociourbana”, manifestaron los convocados en una bandera que dispusieron al frente de la Comuna. “Vamos pedir que el municipio interceda y haga una nota a favor de los barrios populares de la ciudad y las obras que están frenadas”, agregaron los participantes al tomar la palabra. Cabe recordar, el gobierno local también gestionó obras con financiamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana.

A raíz de la denuncia de la Asamblea por la Preservación de las Sierras de una posible construcción irregular sobre el faldeo serrano en el country El Valle de Tandil, desde el gobierno local informaron que la parcela señalada cuenta desde el año 2002 con la habilitación correspondiente.

“La aprobación se le da a la parcela 492x y de esa parcela posteriormente se desmiembra en varias parcelas entre ellas las parcelas 492ay y la 492as, que son en las que están las etapas del barrio cerrado. Esto está aprobado en el 2002”, transmitieron desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, en comunicación con El Eco de Tandil.

“Está aprobado desde antes que exista la restricción de la altura. Si eso lo presentan hoy, nosotros no lo aprobamos. Pero está con aprobación de antes de la restricción”, aseguraron en el Municipio. La Secretaría aportó además una imagen en la que se precisan los detalles catastrales del lote denunciado.

Fue días atrás cuando la Asamblea por la Preservación de las Sierras hicieron una publicación en la que señalaron que la fracción 492ay del lote del country El Valle de Tandil “no estaba aprobada como barrio cerrado” antes de que se reglamentara la normativa que limitó las construcciones e intervenciones en el faldeo serrano.

La entidad vecinal presentó una captura de una imagen satelital, en la que se observa que –de acuerdo a las mediciones generadas a partir de Google Earth-, la totalidad de la fracción señalada se encuentra por arriba de la cota de construcción permitida. Si bien el proyecto de country contaba con la habilitación antes de que se apruebe el PDT –en el año 2005-, “la fracción 492ay no estaba aprobada como barrio cerrado antes del Plan de Desarrollo”, indicaron.

Sin embargo desde la Comuna plantearon que la aprobación de urbanizaciones cerradas, como son los casos de country o clubes de campo, “son bastante complejas”, por la intervención conjunta de autoridades no solo municipales sino también provinciales. La fracción 492ay, dieron a conocer, se encuentra habilitada desde el año 2002.

 “La aprobación de las urbanizaciones cerradas como clubes de campo o barrios cerrados  son bastante complejas e intervienen los municipios y la Provincia”, precisaron desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas.

“La normativa fundamentalmente apunta a que la autoridad de aplicación para la aprobación de estas urbanizaciones es la Provincia, y lo que plantea es que el Estado Municipal (el Ejecutivo junto al Legislativo) sí tiene que intervenir en la instancia municipal para aprobar la ´Localización´ de esos emprendimientos. Una vez autorizada esa Localización pasa a Provincia para que el Ejecutivo Provincial vaya aprobando las instancias técnicas en Dirección Ordenamiento Territorial, Autoridad del agua, Vialidad, Tierras, Ambiente, y varios otros”, detallaron.

“En lo de Valle Escondido la autorización se dio en el año 2002 a toda una gran parcela que dio origen a la urbanización. Posteriormente lo que el desarrollador hace es estabilizar el emprendimiento, cosa que es ya parte de los procesos administrativos y burocráticos de Provincia, ya contando con la aprobación de esa localización con esa data”, sumaron.

“En otros momentos el Concejo lo que tuvo que aprobar fueron los códigos de edificación de cada una de esas etapas. En la actualidad a los desarrollos de esas características para permitir esa localización, se le pide una gran cantidad de información que en esos momentos no se hacía”, concluyeron.

Mediante el Decreto Nº 1076/2025, la Municipalidad de Tandil oficializó una ampliación de obra y plazo para los trabajos de reconstrucción de veredas sobre avenida Del Valle, entre las calles Dufau y Beiró, originalmente adjudicados a la empresa Transporte Malvinas S.R.L.

La obra, que comenzó el 20 de enero pasado con un plazo inicial de 30 días, ya había sido objeto de una primera prórroga hasta el 4 de abril de 2025, debido a condiciones climáticas adversas, anegamientos y demoras en la entrega de materiales. Ahora, se estableció una nueva ampliación de 75 días corridos, con lo cual la fecha de finalización se extiende hasta el 18 de junio del corriente año.

Según detalló el mencionado decreto, durante la ejecución surgió la necesidad de incorporar tareas adicionales no previstas inicialmente, entre ellas nivelaciones, rampas y adecuación de pendientes, fundamentales para garantizar la accesibilidad, seguridad y durabilidad de las veredas. Estas tareas incluyen además un tramo complementario de 245 metros entre las calles Beiró y Moreno, hasta las vías del tren.

Como resultado, se aprobó una Demasía de Obra por un valor de $34.281.773,38, que se suma al presupuesto original de $83.049.000, llevando el total del gasto a más de 117 millones de pesos. La ampliación y el monto adicional fueron avalados por la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas, la Dirección de Presupuesto y la Subsecretaría de Economía y Administración del municipio.