El bloque de concejales de la UCR de Tandil expresó su rechazo al cierre de la oficina local del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) y le pidió al Gobierno nacional que revierta la medida. Los ediles reclamaron que se regularice el funcionamiento de la delegación, se garantice la atención presencial y se preserven los puestos de trabajo. Además, respaldaron las gestiones que lleva adelante el intendente Miguel Lunghi ante las autoridades nacionales.

Tal como informó El Eco, el cierre está previsto para el 30 de noviembre y siete trabajadores de la sede ya recibieron la notificación de despido. ATE Tandil–Benito Juárez acompaña el reclamo de los empleados. El cierre dejaría sin un punto de atención presencial en la ciudad a más de 6.200 afiliados de Tandil y la zona, entre ellos militares en actividad, retirados y sus familias.

El bloque, integrado por Juan Pablo Frolik, Juan Salceda, Maridé Condino, Matías Tringler y Andrea Pezzi, planteó que la medida pone en riesgo la asistencia administrativa que reciben los afiliados y afecta de manera directa a los trabajadores de planta de la oficina. Los concejales también cuestionaron que Nación avance con el cierre mientras presenta a Tandil como un punto estratégico para las Fuerzas Armadas por la llegada de nuevos aviones y equipamiento a la VI Brigada Aérea.

“Es una contradicción inadmisible que por un lado se realicen para la foto anuncios de aviones y equipamiento para las fuerzas armadas, mientras por el otro se vacía y se cierra la oficina de IOSFA, dejando a la deriva a más de 6.200 afiliados y a familias tandilenses sin sustento”, sostuvo la concejal Maridé Condino.

En el mismo pronunciamiento, los concejales analizaron el impacto de la situación económica en la ciudad. Vincularon la caída de los ingresos, la menor actividad y las dificultades para conseguir empleo con el aumento de los pedidos de asistencia al Municipio. Según plantearon, parte de las necesidades que quedan sin respuesta a nivel nacional o exceden la capacidad de intervención de la Provincia termina en manos del Estado local.

El bloque ubicó al sistema sanitario entre las áreas que más acusan ese incremento. De acuerdo con los ediles, la demanda de atención en la salud municipal creció alrededor de un 30%. A esa situación sumaron las deudas de distintas coberturas sociales y los cambios que el bloque señaló en el programa nacional Remediar, destinado a la provisión de medicamentos.

Los concejales advirtieron que el Municipio debe destinar más fondos y recursos operativos a sostener la atención sanitaria y la asistencia social. Según explicaron, a medida que crecen esos gastos, se reduce el margen para ejecutar obras de infraestructura y mejorar los servicios urbanos. Por eso reclamaron que cada nivel de gobierno cumpla con las prestaciones a su cargo y regularice el envío de los recursos pendientes.

“La crisis económica nacional golpea el bolsillo y la realidad diaria de los tandilenses. Ante la falta de respuestas, la ausencia del Gobierno Nacional y el repliegue del gobierno provincial, el Municipio tiene que redoblar sus esfuerzos para sostener la salud, la asistencia social y acompañar a los vecinos”, manifestó Matías Tringler.

El concejal agregó que atender las urgencias de los vecinos debe ir acompañado de un reclamo a los otros niveles de gobierno. “Administrar con seriedad significa dar la cara y atender las emergencias, pero también exigir firmemente que Nación y Provincia se hagan cargo de sus deudas y responsabilidades”, señaló.

El tercer eje del pronunciamiento fue la modernización de la administración municipal. Los ediles destacaron el trabajo conjunto con el Ejecutivo para digitalizar trámites, acortar los tiempos de respuesta y facilitar el acceso a los servicios municipales. Entre las iniciativas mencionaron Mi Tandil, la plataforma desde la que los vecinos pueden realizar trámites con el celular, y Centinela, la aplicación municipal orientada a la prevención ciudadana y las emergencias.

El concejal Juan Salceda invitó a los vecinos a utilizar ambas herramientas y sostuvo que la incorporación de tecnología debe traducirse en gestiones más sencillas. “Un Estado moderno es el que usa la tecnología para simplificarle la vida al vecino y no para burocratizar los trámites”, expresó.

Salceda también se refirió al proyecto para incorporar un sistema digital de control de tránsito con cámaras en calles y avenidas. Según explicó, el bloque todavía trabaja para reunir los consensos necesarios para avanzar con la propuesta, que apunta a ordenar la circulación, prevenir los excesos de velocidad y reducir los siniestros viales.

Epígrafe. Los concejales de la UCR respaldaron las gestiones de Miguel Lunghi para sostener la atención presencial de Iosfa en Tandil.

La situación de los trabajadores de la delegación de la obra social de las Fuerzas Armadas, anteriormente conocida como IOFA y actualmente en proceso de transformación hacia OSFA, atraviesa un momento crítico. La incertidumbre por la continuidad laboral de los empleados y el futuro de la atención médica para los afiliados de Tandil y la zona fueron los ejes de una entrevista en La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1.

Rubén Chia, trabajador de la institución, explicó que la oficina local cuenta con 15 empleados de planta permanente, de los cuales ocho recibieron recientemente dos notificaciones oficiales. En ellas, las autoridades sostienen que los trabajadores afectados no pertenecen a esa categoría, sino que mantienen vínculos contractuales que finalizarían el próximo 30 de noviembre, fecha prevista para el cierre de la delegación.

El trabajador cuestionó esa interpretación y señaló que las compañeras alcanzadas por las comunicaciones tienen entre 10 y 20 años de antigüedad. Además, indicó que habían cumplido en 2023 con los requisitos para acceder a la planta permanente, aunque durante los últimos tres años no recibieron notificaciones sobre modificaciones en su situación laboral.

La falta de información formal y la incertidumbre sobre la situación de revista generaron preocupación entre los empleados. Ocho de los 15 trabajadores ya recibieron las notificaciones, mientras que el resto aguarda definiciones. Según Chia, tampoco se comunicaron alternativas como retiros voluntarios, pases a disponibilidad o traslados a otras dependencias.

El conflicto forma parte de un proceso de reorganización nacional. De las 33 delegaciones que funcionaban originalmente, solo 13 fueron designadas como cabeceras, mientras que las restantes quedaron expuestas a una situación similar a la de Tandil.

Chia precisó que 1.272 trabajadores en todo el país se encuentran en condiciones contractuales similares a las de sus compañeras. En el caso local, el eventual cierre afectaría la atención presencial de unos 6.200 afiliados, que deberían realizar sus gestiones mediante un sistema online.

El trabajador advirtió que la plataforma todavía no cuenta con la infraestructura necesaria para responder a todas las demandas. La centralización de los servicios en Mar del Plata y Buenos Aires también obligaría a los afiliados a trasladarse a otras ciudades para resolver determinados trámites.

La incertidumbre laboral se suma a los problemas que atraviesa la cobertura de salud. La transformación de IOFA en OSFA se desarrolla en un contexto de deuda histórica y prestaciones médicas interrumpidas, según describió Chia.

El trabajador sostuvo que la creación de una nueva estructura no resolvió las dificultades de atención y alertó sobre el perjuicio que representa para los beneficiarios la imposibilidad de realizar gestiones de manera presencial.

En ese sentido, remarcó la importancia de mantener una delegación en Tandil, especialmente para quienes necesitan respuestas cercanas y asistencia personalizada para acceder a sus prestaciones.

Ante el escenario planteado, el intendente solicitó a las autoridades nacionales que revean la decisión de cerrar la oficina. Además, los trabajadores mantuvieron reuniones con representantes de todos los bloques del Concejo Deliberante.

El 12 de noviembre está previsto el tratamiento de una ordenanza vinculada al conflicto, con la intención de sumar respaldo institucional al pedido de continuidad de la delegación.

Rubén también señaló que la atención local será importante ante el posible incremento de afiliados hacia fines de 2027, en el marco de la llegada de los aviones F-16.

En paralelo a las gestiones políticas, los trabajadores iniciaron medidas para defender sus puestos laborales. A través de ATE, presentaron una nota de descargo en la que cuestionan la situación contractual planteada por la obra social.

Además, se encuentra en preparación un amparo colectivo para solicitar una medida cautelar que permita frenar los despidos. Según explicó Chia, si la presentación prospera, podría lograrse que la situación vuelva al estado anterior a las notificaciones. También se evalúan reclamos individuales, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

El trabajador describió el impacto emocional que atraviesa el personal, que lleva años desempeñándose en la institución y considera a la delegación como un espacio propio. La posibilidad de perder sus puestos y el cierre de la oficina generan angustia entre quienes construyeron allí su trayectoria laboral.

Mientras se aguardan definiciones políticas y judiciales, los empleados aseguran que continuarán reclamando para preservar sus fuentes de trabajo y la atención presencial de los afiliados.

El 30 de noviembre aparece como una fecha decisiva para el futuro de la delegación de Tandil, en un conflicto que excede la situación laboral de sus trabajadores y pone en discusión el acceso a las prestaciones médicas de miles de beneficiarios de la ciudad y la región.

La situación de la delegación local del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) sumó este lunes una nueva definición. Según informó ATE Tandil–Benito Juárez, se comunicó formalmente el cierre de la sede para el próximo 30 de noviembre, una decisión que el sindicato reclamó revertir por sus consecuencias laborales y por el impacto sobre la atención de los afiliados.

La organización gremial acompañó a las trabajadoras y los trabajadores del organismo luego de las siete notificaciones de despido conocidas durante el fin de semana y promovió gestiones ante representantes políticos locales para sostener el funcionamiento de la oficina.

Tal como informó El Eco, las desvinculaciones notificadas alcanzan a siete de los catorce empleados civiles de la delegación y tienen como fecha el 30 de noviembre. Los representantes del personal habían cuestionado que se los considerara contratados, pese a que habían formalizado su pase a planta en 2023. En aquella instancia, el cierre todavía no contaba con confirmación oficial.

Ahora, de acuerdo con el comunicado difundido por ATE, la finalización de la atención presencial ya fue comunicada al personal. El gremio advirtió que más de 6.200 afiliados de Tandil y la región se verán afectados por la desaparición de una oficina en la que se gestionan autorizaciones, medicamentos, prestaciones y tratamientos médicos.

El secretario general de la seccional, Hernán Gasparini, planteó que el alcance de la medida excede la situación de los trabajadores.

“No estamos hablando solamente de siete puestos de trabajo, que por supuesto vamos a defender. Estamos hablando de una decisión política que deja a miles de personas sin una referencia cercana para resolver cuestiones vinculadas con su salud. Cuando el Estado se retira de una ciudad, las consecuencias las pagan los trabajadores y toda la comunidad. Por eso exigimos que se revierta esta decisión”, expresó.

Desde el sindicato señalaron que la pérdida de ese espacio de atención podría profundizar las dificultades que atraviesan los beneficiarios para acceder a las prestaciones.

Por su parte, Rubén Chia, delegado de ATE en la oficina local, describió el trabajo cotidiano que realiza el personal y la preocupación por la continuidad de esa tarea.

“Los trabajadores conocemos de primera mano las necesidades de nuestros afiliados. Todos los días atendemos situaciones que requieren respuestas, muchas veces urgentes, vinculadas con medicamentos, autorizaciones y tratamientos. Cerrar esta sede significa trasladar esas dificultades a miles de familias. Queremos seguir trabajando y garantizando la atención que nuestra comunidad necesita”, sostuvo.

Gestiones ante concejales y el Ejecutivo

Durante la jornada, representantes de ATE y del personal afectado fueron recibidos por el bloque de concejales de La Libertad Avanza. En ese encuentro solicitaron que, como integrantes del espacio político que gobierna a nivel nacional, impulsen las gestiones necesarias para revertir el cierre y evitar nuevos despidos.

Asimismo, según informó la organización sindical, Guillermina Cadona, en representación del Ejecutivo municipal, comprometió la intervención directa del intendente Miguel Lunghi ante las autoridades nacionales para reclamar respuestas.

El planteo busca preservar tanto las fuentes laborales como la continuidad de una referencia presencial para quienes necesitan resolver trámites relacionados con su cobertura de salud.

Desde ATE ratificaron que continuarán acompañando al personal y reclamando que la delegación permanezca abierta. “Defender los puestos de trabajo también es defender el derecho a la salud y la presencia del Estado en nuestra comunidad”, remarcaron.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), seccional Tandil-Benito Juárez, presentó una nota ante el Concejo Deliberante para solicitar un pronunciamiento sobre la situación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y las consecuencias que podría tener el cierre del Centro de Atención al Afiliado de Tandil.

El escrito, fechado el 27 de octubre y dirigido al presidente del cuerpo legislativo, Juan Pablo Frolik, advierte sobre el impacto que tendría la medida tanto para los trabajadores de la oficina como para los afiliados que asisten al lugar para realizar trámites y consultas vinculados con la obra social.

Según detallaron los representantes gremiales, en la dependencia local se brinda atención a 6.248 afiliados de Tandil y la zona comprendida en su jurisdicción.

Además, cuenta con una planta de 14 agentes técnico-administrativos capacitados en el funcionamiento del organismo.

En ese contexto, señalaron que la reestructuración de Iosfa contemplaría el cierre de algunas delegaciones territoriales y advirtieron que la continuidad laboral del personal de la oficina local podría verse comprometida.

“Dichos cambios suponen el cierre de algunas delegaciones territoriales, situación que afecta directamente al Centro de Atención al Afiliado de Tandil, tanto a sus trabajadores, ya que peligra la continuidad de sus fuentes de trabajo, como al universo de afiliados de la obra social”, expresaron en la presentación.

En la nota, ATE también cuestionó el funcionamiento de la obra social y sostuvo que las dificultades en la prestación de los servicios se profundizaron durante la actual gestión nacional.

“El funcionamiento de la obra social es deficiente y ha ido empeorando desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Los afiliados de la obra social padecen la interrupción o corte definitivo de prestaciones y servicios”, afirmaron los firmantes.

Para el sindicato, el eventual cierre de la oficina local agravaría esa situación y dificultaría el acceso de los afiliados a la atención administrativa.

En ese sentido, consideraron que avanzar con la medida dejaría a los usuarios “en una situación de abandono y profundo desamparo”.

Otro de los argumentos planteados por ATE se relaciona con la presencia de distintas unidades militares en Tandil.

Los representantes gremiales cuestionaron lo que consideran una contradicción entre la decisión nacional de avanzar con la adquisición de aeronaves F-16 para la VI Brigada Aérea y la posibilidad de cerrar la oficina de atención de la obra social.

En el documento, señalaron que la situación no afectaría únicamente al personal de la Base Aérea, sino también a quienes prestan servicios en la I Brigada Blindada “Brigadier General Martín Rodríguez”, el Escuadrón de Comunicaciones Blindado I, la Base de Apoyo Logístico Tandil y el Haras General Lavalle.

“Por un lado se dispone la adquisición por parte del Ministerio de Defensa de las aeronaves F-16 para la VI Brigada Aérea, consolidando a Tandil como un punto estratégico militar, a la vez que se decide dejar sin oficina de atención a afiliados de la Obra Social de las Fuerzas Armadas”, plantearon.

A partir de estos argumentos, ATE solicitó que el Concejo Deliberante trate un pronunciamiento para expresar su preocupación por las consecuencias que podría tener el cierre del Centro de Atención al Afiliado.

“Solicitamos tengan a bien disponer el tratamiento de un pronunciamiento que refleje la preocupación por las consecuencias que el inminente cierre del Centro de Atención a Afiliados Tandil va a tener sobre nuestra comunidad”, concluyeron en la nota, firmada por representantes de la conducción de la seccional.

La situación de la delegación local del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), actualmente en proceso de reestructuración bajo la denominación OSA, genera preocupación entre sus trabajadores y afiliados. La reorganización anunciada a nivel nacional abrió interrogantes sobre la continuidad de la atención presencial en Tandil y el futuro laboral del personal.

En el programa La Mañana, que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, las empleadas Mariela José y Luján Ugarte describieron las dificultades que atraviesa la sede y advirtieron que, aunque todavía no recibieron una comunicación formal por escrito, temen que la delegación pierda autonomía y quede supeditada a Mar del Plata.

Según explicaron, la nueva estructura no contemplaría a Tandil como una delegación con funciones propias. A esto se suman restricciones en los sistemas internos que dificultan el acceso a información sobre convenios y la gestión de reintegros, lo que limita la posibilidad de orientar a los afiliados.

Las trabajadoras expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la atención presencial sea reemplazada por un sistema de autogestión digital. Advirtieron que una modalidad exclusivamente virtual podría dejar sin respuestas a personas que necesitan asistencia para resolver trámites complejos vinculados con su salud.

Las dificultades en la cobertura, señalaron, se profundizaron desde mediados del año pasado, en un contexto de deudas con clínicas, laboratorios y profesionales de la salud. De acuerdo con lo expuesto durante la entrevista, la oferta prestacional disponible en Tandil se habría reducido al Hospital Santa Marina, el Colegio Farmacéutico y el Centro de Ojos.

Ante la falta de atención en determinados prestadores privados, muchos afiliados deben recurrir al sistema público, según indicó Luján Ugarte.

Otro de los problemas planteados es la demora en el pago de reintegros por consultas, tratamientos y cirugías. Las trabajadoras afirmaron que, salvo algunos casos de discapacidad que cuentan con amparo judicial, numerosas solicitudes continúan pendientes.

También remarcaron que los afiliados no pueden elegir libremente otra cobertura, pese a que se les mantienen los descuentos mensuales obligatorios.

La sede de Tandil brinda atención a la ciudad y a localidades de su zona de influencia, con un universo aproximado de 6.200 afiliados, según precisaron las entrevistadas.

Ugarte sostuvo que esa cantidad podría crecer con la llegada de los aviones F-16 a la base aérea local, lo que incrementaría la relevancia de Tandil para la Fuerza Aérea. En ese sentido, consideró que la presencia de una oficina física resulta importante para que los beneficiarios puedan realizar consultas y resolver gestiones.

La delegación cuenta con 11 agentes civiles, todos con más de 20 años de trayectoria. Ante la incertidumbre sobre la continuidad de la sede y sus puestos de trabajo, el personal presentó notas al directorio de OSA y al Ministerio de Defensa con propuestas para mantener su funcionamiento.

Las trabajadoras también señalaron que el inmueble donde funciona la oficina pertenece a la propia obra social.

Uno de los puntos que más inquietud genera es la situación de alrededor de 100 afiliados con discapacidad. Según explicaron, las coberturas anuales vencen el 31 de diciembre y, ante la falta de información y las dificultades operativas, no cuentan con precisiones para orientar a las familias sobre las renovaciones.

“La salud, cuando hay una urgencia, tiene tiempos biológicos que no se pueden sistematizar”, sostuvo Ugarte, al cuestionar que la atención dependa exclusivamente de plataformas digitales.

El reclamo por la continuidad de la delegación ya llegó al Concejo Deliberante, mientras las trabajadoras convocaron a la comunidad a acompañar el pedido para preservar la atención presencial.

Mariela José y Luján Ugarte insistieron en la necesidad de obtener definiciones de las autoridades nacionales sobre el futuro de la sede y las prestaciones disponibles para los afiliados.

“Queremos tener certezas porque no es justo para el afiliado que sea atendido de esta forma”, expresó José al cierre de la entrevista.

Mientras avanza la reestructuración, los trabajadores reclaman una respuesta que permita conocer el futuro de la delegación y garantizar la continuidad de la atención para los afiliados de Tandil y la región.

“No al cierre de la delegación Tandil”. Con ese pedido, un video compartido por la sede local de Iosfa puso nuevamente en primer plano la incertidumbre por la continuidad de la oficina en Tandil y las consecuencias que tendría para quienes necesitan gestionar autorizaciones, medicamentos y tratamientos. El mensaje busca sumar respaldo para sostener un espacio de atención presencial en un contexto de dificultades para acceder a las prestaciones.

“No se trata de mantener una oficina abierta, sino de facilitar el acceso a la cobertura de salud y a los trámites administrativos del afiliado”, expresaron en la grabación. La definición concentra el sentido del reclamo: la delegación funciona como un lugar de orientación para personas que llegan con una necesidad médica y requieren ayuda para resolver los pasos administrativos.

Según señalaron en el video, la oficina atiende un promedio de 80 personas por día. Entre las gestiones que acompañan mencionaron las autorizaciones, la provisión de medicamentos, las derivaciones y los tratamientos oncológicos.

El planteo también advierte sobre las dificultades que supondría reemplazar ese contacto por canales exclusivamente digitales o telefónicos. “No todos los afiliados tienen las mismas posibilidades de utilizar aplicaciones, páginas web o sistemas de atención telefónica”, remarcaron.

En ese sentido, defendieron la atención presencial como una herramienta para evitar que las dificultades tecnológicas se conviertan en una barrera para acceder a la cobertura. El acompañamiento resulta especialmente sensible cuando se trata de dar continuidad a un tratamiento o de conseguir una autorización.

La preocupación por la sede tandilense se inscribe en la reorganización de la obra social y su transición hacia OSFA. Tal como informó El Eco a comienzos de octubre, el delegado de ATE Rubén Chía había advertido que Tandil quedaría afuera de una propuesta para reducir las delegaciones y concentrar la atención en oficinas cabeceras.

La dependencia cuenta con 27 trabajadores entre civiles y militares, y su área de atención también comprende a Azul y Olavarría. Por eso, la incertidumbre involucra tanto a los empleados como a los beneficiarios de la región que recurren a ella para gestionar su cobertura.

El reclamo por mantener la oficina abierta se suma a problemas prestacionales que los afiliados vienen denunciando. Entre los casos que este medio dio a conocer durante el mes se encuentra el de una vecina que lleva dos años esperando una prótesis de rodilla. También se expusieron dificultades para acceder a prácticas complejas en Tandil y la necesidad de viajar a otras ciudades para recibir atención.

En ese escenario, quienes impulsan el pedido destacan el papel de la delegación como nexo para canalizar consultas y reclamos. La posibilidad de contar con una persona que explique cómo continuar un expediente o qué documentación presentar forma parte del servicio que buscan preservar.

El conflicto también llegó al Concejo Deliberante. En la última sesión, el concejal Federico Martínez reclamó gestiones ante el Gobierno nacional para defender la sede y convocó a acompañar la recolección de firmas por su continuidad. Su intervención puso el foco en las dificultades de cobertura y en el impacto que un eventual cierre tendría sobre las familias que dependen de la obra social.

Con ese panorama, el video renueva el pedido de apoyo a la comunidad y pone el acento en la atención cotidiana. “Te pedimos que nos ayudes a mantener la delegación abierta”, expresaron, con el objetivo de seguir ofreciendo un lugar al que los afiliados puedan acudir para recibir orientación y tramitar sus necesidades de salud.

Al igual que sucede en otras ciudades del país, en Tandil también hay incertidumbre por el futuro de la delegación local de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA): desde la entidad plantearon que la oficina –que cuenta con un personal de 27 trabajadores entre militares y civiles- podría ser una sobre las que se proyecta su cierre. El número de trabajadores llega a 31 contando a los de Azul y Olavarría.

“Hay incertidumbre por la continuidad de la oficina. Ya hay una propuesta de que de casi 30 delegaciones van a quedar 13 que serían cabeceras, y Tandil está afuera. Quedaríamos  27 empleados entre civiles y militares sin trabajo”, expresó Rubén Chía, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la obra social.

La crisis en la obra social no es nueva, y los reclamos de trabajadores y afiliados se remontan por lo menos a dos años atrás e incluso más. El gobierno nacional anunció la disolución de Iosfa y su conversión en OSFA, un proceso que se formalizó a partir del pasado 1 de octubre. Sin embargo, todavía está pendiente el pago de la deuda de la obra social, estimada en unos 200 mil millones de pesos.

Las problemáticas más preocupantes son aquellas vinculadas al corte en las prestaciones, pero en el último tiempo se sumaron reclamos vinculados a la continuidad laboral de los trabajadores de la entidad.

La delegación Tandil cuenta con una cápita de alrededor de 3500 afiliados de la ciudad, entre miembros de Fuerzas Armadas y sus familias. Además, la oficina tiene jurisdicción sobre los 1500 afiliados de Azul y los 970 de Olavarría.

Recientemente, una vecina afiliada dialogó con El Eco y dio cuenta en primera persona del reclamo: hace dos años que espera por una prótesis de rodilla. Además, días atrás se confirmó el corte de la obra social en farmacias locales, aunque fue repuesto.

La vecina dio cuenta también de otros casos: afiliados que deben trasladarse a Mar del Plata u otras delegaciones para someterse a intervenciones complejas de salud.

“Estamos esperando que se reactive porque la realidad es que tenemos los reclamos de los afiliados. Cuando vienen acá es porque ya tienen el problema de salud. Nosotros le damos las indicaciones, le decimos lo que tienen que hacer para ser atendidos. Y no pueden ser atendidos porque no hay atención, está todo cortado”, sostuvo Chía. El delegado precisó que el corte de las prestaciones se remonta a un año y medio atrás.

Frente a la falta de respuesta de la obra social ante casos extremos, planteó el delegado, los afiliados deben iniciar amparos para acceder a prioridades de pago. Contó que si bien dichos amparos solían pagarse en tiempo y forma, a la fecha se realiza con demoras de hasta dos meses.

“La realidad es que en Tandil al estar todo cortado, los afiliados para hacerse una práctica compleja tienen que ir a Buenos Aires o a Mar de Plata. Acá en Tandil lo único que tiene para atenderse es el Hospital. No tenemos otra”, señaló.

“Esto es una incertidumbre. La realidad es que  no tenemos noticias  que nos bajen para saber qué es lo que va a pasar”, agregó.

El delegado dio cuenta también de otra situación que motivó movilizaciones de ATE a la casa central de OSFA a nivel nacional: el anuncio del cierre de establecimientos hoteleros y farmacias pertenecientes a la obra social.

Tras la medida de fuerza, los contratos de los trabajadores hoteleros se extendieron hasta el próximo 1 de diciembre. Sin embargo la incertidumbre se extiende también a los más de 500 trabajadores afectados. “No sabemos qué va a pasar”, concluyó.

La Justicia ordenó un allanamiento en las oficinas de la obra social Unión Personal, situadas en la Ciudad de Buenos Aires, tras el fallecimiento de dos afiliados y el agravamiento del estado de salud de un tercero en Mar del Plata. La medida fue dispuesta en el marco de una investigación que busca determinar las responsabilidades por el incumplimiento de órdenes judiciales que obligaban a la entidad a garantizar prestaciones médicas esenciales.

La causa se encuentra a cargo del fiscal Carlos Martínez, con la intervención de los auxiliares fiscales Agustín Roldán y María Victoria Piro. El procedimiento, solicitado por el Ministerio Público Fiscal y autorizado por el juez de Garantías Santiago Inchausti, consistió en una orden de presentación con allanamiento en subsidio. El objetivo principal es obtener documentación y expedientes administrativos que permitan reconstruir el circuito interno de decisiones de la obra social.

El origen de la pesquisa se remonta a tres amparos de salud tramitados originalmente de forma independiente ante el Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata. Los expedientes compartían un punto en común: la responsabilidad de Unión Personal en la prestación de servicios médicos y la existencia de mandatos judiciales incumplidos o ejecutados fuera de los plazos establecidos. Entre las prestaciones omitidas se encontraban dos intervenciones quirúrgicas, además de diversos tratamientos médicos.

El 11 de noviembre de 2025, los tres casos fueron acumulados en un único legajo fiscal. Esta decisión permitió a la Fiscalía analizar la existencia de un patrón común en la respuesta de la entidad frente a las exigencias de la Justicia.

Durante la audiencia del 3 de septiembre, el Ministerio Público Fiscal advirtió que, si bien la documentación judicial previa permitía conocer las intimaciones efectuadas, resultaba insuficiente para determinar qué ocurrió puertas adentro de la obra social. La investigación busca establecer quiénes intervinieron en cada decisión y las razones por las cuales no se concretaron las coberturas ordenadas.

Actualmente, la causa está encuadrada bajo la hipótesis de desobediencia a una orden judicial, delito previsto en el artículo 239 del Código Penal. No obstante, la Fiscalía evalúa si estos incumplimientos guardan una relación causal directa con el fallecimiento de los dos afiliados y el deterioro en la salud del tercer paciente involucrado.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la prórroga hasta el 31 de octubre del plazo para que las obras sociales nacionales adhieran al régimen especial destinado a regularizar las deudas que mantienen por prestaciones realizadas en hospitales y otros efectores públicos bonaerenses. 

La medida, establecida por una resolución del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), fue publicada este lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial y extiende la fecha límite que originalmente vencía el 26 de septiembre.

Este régimen había sido puesto en marcha mediante la Resolución 103, publicada el 12 de agosto, con una vigencia inicial de 45 días corridos. En aquel momento, la intención de la administración provincial era recuperar unos 150 mil millones de pesos. Según explicaron desde la Provincia, esta extensión busca facilitar la presentación de las notas de adhesión y la documentación necesaria, además de permitir completar las tareas de verificación y conciliación de las deudas pendientes.

El objetivo central de la medida es ampliar la participación de las obras sociales alcanzadas por la Ley 23.660 y acelerar el recupero de fondos correspondientes a las prestaciones sanitarias brindadas por el sistema público. Cabe destacar que la prórroga no modifica las condiciones establecidas originalmente en la normativa.

El régimen contempla las facturas impagas por prestaciones realizadas en hospitales y demás efectores públicos que cumplan con los requisitos previstos. Las entidades pueden optar por cancelar la deuda en un solo pago, acceder a un plan de hasta 18 cuotas mensuales sin interés de financiación o elegir un esquema de hasta 24 cuotas, con una tasa de financiación del 4% anual sobre saldos.

En el caso del plan de 24 cuotas, al menos el 70% de la deuda debe quedar cancelada durante los primeros 12 meses. Mientras el plan se encuentre vigente y sea cumplido, se suspende el cómputo y devengamiento de intereses moratorios, recargos y otros accesorios financieros sobre las obligaciones incluidas.

La decisión se produce en un contexto de creciente presión sobre los hospitales públicos bonaerenses por la atención de pacientes que cuentan con cobertura de obra social o prepaga, lo que vuelve fundamental la regularización de estos fondos para el sostenimiento del sistema sanitario.

En el marco de un proceso de auditoría y depuración del sistema de salud privado, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) excluyó a 18 entidades de medicina prepaga y mutuales del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (Rnemp). Esta medida se enmarca en la política de control y reordenamiento impulsada por el Gobierno nacional desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El objetivo de la medida es garantizar que el registro incluya únicamente a aquellas organizaciones que cumplen con la normativa y ofrecen prestaciones efectivas. Con esta última tanda, ya son más de 180 las entidades dadas de baja. Según informó el organismo, las auditorías detectaron que varias firmas no desarrollaban actividades comprendidas por la Ley N° 26.682, no contaban con afiliados activos o no presentaban la documentación exigida.

La Superintendencia de Servicios de Salud subrayó que estas bajas no afectan a los usuarios, ya que las entidades excluidas carecían de beneficiarios activos y no ofrecían servicios efectivos al momento de la inspección. El organismo enfatizó que la depuración busca

“garantizar reglas claras para los agentes y mayor seguridad para los usuarios”.

En paralelo, la entidad declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3) debido a incumplimientos en aspectos prestacionales, contables y financieros. La institución deberá presentar un plan de contingencia para regularizar su situación bajo el monitoreo del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un régimen especial para que las obras sociales nacionales puedan regularizar las deudas que mantienen con los hospitales y efectores públicos bonaerenses por prestaciones de salud brindadas a sus afiliados. El esquema contempla planes de pago de hasta 24 cuotas y busca acelerar el recupero de fondos del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), destinados al sostenimiento del sistema sanitario provincial.

La medida tendrá una vigencia de 45 días corridos desde su publicación este miércoles en el Boletín Oficial. El alcance de la resolución incluye a las facturas impagas por prestaciones realizadas en hospitales y demás efectores públicos de la Provincia hasta 60 días corridos antes de la publicación, siempre que las deudas no se encuentren judicializadas ni hayan sido remitidas para su ejecución a la Dirección Provincial de Gestión y Recupero de Créditos Fiscales del Ministerio de Economía.

El régimen está dirigido específicamente a las obras sociales nacionales comprendidas en la Ley 23.660.

La adhesión y firma del convenio implicará el reconocimiento expreso, irrevocable e incondicional de las deudas que cada entidad mantenga con el SAMO y, además, interrumpirá el plazo de prescripción de las obligaciones incluidas. La resolución establece tres alternativas para cancelar las obligaciones: un pago único; hasta 18 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin interés de financiación; o hasta 24 cuotas, con una tasa de financiación del 4% anual sobre saldos. En este último caso, el cronograma deberá garantizar que al menos el 70% de la deuda regularizada sea cancelada durante los primeros 12 meses.

Mientras el plan se encuentre vigente y sea cumplido, se suspenderá el cómputo y devengamiento de intereses moratorios, recargos y otros accesorios financieros. En tanto, la caducidad se producirá si se dejan impagas tres cuotas, consecutivas o alternadas, una vez transcurridos 45 días corridos desde el vencimiento de la última de ellas. En caso de caducidad, se perderán los beneficios otorgados y la Provincia podrá iniciar el correspondiente juicio de apremio.

En el marco de este anuncio, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió sobre el crecimiento en el uso de camas hospitalarias por parte de pacientes con cobertura privada. Al respecto, el funcionario señaló: “Hoy el 53 % de la cama de los hospitales públicos provinciales está ocupado por gente con obra social o prepaga”.

Kreplak explicó que antes de la actual gestión nacional ese porcentaje no superaba el 40 % y atribuyó el salto al incremento de pacientes que, ante los recortes en la seguridad social y el encarecimiento de las prepagas, migraron al sector público. Sobre esta situación, el ministro concluyó: “La crisis del sistema de salud pública es que nos estamos haciendo cargo de todas las cosas que el resto del sistema ha abandonado”.

La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 934 a 938/2026, expone según el oficialismo un escenario de severas irregularidades administrativas, contables y de cobertura médica que pone en jaque la continuidad operativa de estas entidades.

Con esta disposición, el organismo regulador otorgó un plazo perentorio de 15 días hábiles para que las conducciones de estas obras sociales presenten un “Plan de Contingencia y Saneamiento”. De no cumplir con las metas trimestrales exigidas, las entidades se exponen a procesos de intervención directa o a la pérdida definitiva de su personería operativa, una política que el Ejecutivo viene aplicando de forma sistemática con los agentes del seguro médico que muestran insolvencia.

Las obras sociales afectadas en esta instancia pertenecen a sectores diversos de la actividad gremial: Obra Social de Obreros de Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén; Obra Social de Serenos de Buques; Obra Social Modelos Argentinos; Obra Social del Personal de Dirección de la Empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

Las resoluciones ministeriales detallaron que las auditorías integrales detectaron que los prestadores superaron el “factor de criticidad” económica y de atención al afiliado establecido por el Decreto 1400/2001.

Es más: los informes técnicos reflejaron una combinación crítica: vulnerabilidad económico-financiera, debilidad en la capacidad de repago de deudas y un deterioro marcado en el acceso efectivo a las prestaciones básicas de sus afiliados.

Fuentes libertarias señalaron que esta medida forma parte del objetivo que es auditar entidades prestadoras de salud y que cada afiliado pueda contar con un servicio acorde a lo que abona.  NA

El sistema de salud pública de Tandil atraviesa un momento de extrema tensión financiera y encendió una señal de alerta por el impacto que la falta de pago de las obras sociales y otras prestadoras tiene sobre su funcionamiento. Desde el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) advirtieron que la situación “compromete seriamente la capacidad operativa y la calidad de las prestaciones”, poniendo en riesgo la atención en hospitales y centros de salud municipales.

A través de sus redes sociales, el organismo difundió una serie de placas informativas en las que detalló la magnitud de la deuda acumulada. Según precisaron, “es lo que le deben las obras sociales al sistema de salud de Tandil”, cifra que al 15 de abril de 2026 asciende a $3.661.110.324,11.

En el comunicado, además, buscaron dimensionar el impacto concreto de ese monto. “La deuda que distintas obras sociales mantienen hoy con nuestro sistema de salud ya supera los $3.661 millones. Esto equivale a sostener 35.570 días de internación, realizar 7.200 cirugías, garantizar más de 10 años de oxígeno medicinal o cubrir 15 años de consumo eléctrico de nuestros hospitales y centros de salud”, informaron.

Desde el sistema sanitario local remarcaron que detrás de los números hay una realidad cotidiana que afecta directamente a la población. “Detrás de cada cifra hay atención, insumos, profesionales y vecinos que necesitan respuestas”, señalaron.

Asimismo, insistieron en que el incumplimiento de pagos por parte de las prestadoras no es un problema administrativo aislado, sino una amenaza directa al funcionamiento del sistema. “Esta situación pone en riesgo la capacidad operativa del sistema y la calidad de las prestaciones, en un contexto donde el Municipio sigue haciendo un esfuerzo enorme para sostener la salud pública”, declararon.

Finalmente, el mensaje concluye con un llamado a la responsabilidad de los actores involucrados. “Necesitamos que quienes tienen la responsabilidad cumplan. Porque cuando no lo hacen, la deuda no es con el Municipio sino con cada tandilense que necesita atención”, advirtieron.

El planteo se da en un contexto de creciente presión sobre los sistemas de salud públicos en distintos puntos del país, donde el atraso en los pagos por parte de financiadores impacta de manera directa en la provisión de servicios esenciales. En el caso de Tandil, las autoridades buscan visibilizar la problemática y acelerar una respuesta que permita garantizar la continuidad y calidad de la atención sanitaria.

La Superintendencia de Servicios de Salud publicó este jueves en el Boletín Oficial la Resolución 492/2026, que crea una sección especial en el Registro de Agentes de Salud destinada a entidades dispuestas a recibir afiliados monotributistas provenientes de obras sociales o prepagas dadas de baja por el organismo.

La inscripción en esta sección implica el compromiso expreso de incorporar a estos afiliados, garantizando la continuidad de su cobertura. Podrán inscribirse los Agentes del Seguro de Salud que se encuentren activos en el sistema, registrados conforme al artículo 69 bis del Decreto N° 1/2010 y que no estén sujetos a procedimientos de crisis.

La medida se enmarca en los criterios establecidos por el Decreto 1400/2001, que regula la distribución de beneficiarios cuando una entidad es dada de baja, y fija los parámetros para su reasignación entre los agentes que acepten incorporarlos.

Es importante destacar que esta disposición aplica exclusivamente a monotributistas. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, se mantiene el derecho a ejercer la opción de cambio a través de la web de la Superintendencia, pudiendo elegir libremente entre las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS).

El objetivo central es garantizar que los afiliados no pierdan en ningún momento su cobertura de salud. En este sentido, la Superintendencia continúa avanzando en el ordenamiento del sistema, promoviendo la competencia, la transparencia y la libertad de elección.

La medida incorpora controles operativos e informáticos para que la reasignación de afiliados se realice de manera automática y segura, evitando interrupciones en la cobertura. El nuevo esquema de gestión, impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud, exige el cumplimiento estricto de los requisitos legales antes de admitir nuevos afiliados y promueve herramientas de auditoría para monitorear el sistema.

La resolución destaca que, hasta ahora, el esquema vigente dificultaba la reasignación de afiliados monotributistas frente a situaciones de incumplimiento, liquidación o crisis en las entidades. Con este reordenamiento, el objetivo es que ningún monotributista quede sin servicios médicos en caso de baja de su agente de salud.

El establecimiento de este registro busca fortalecer la competencia entre las obras sociales, que deberán mejorar la calidad de sus prestaciones para mantener y atraer afiliados. Los usuarios, en tanto, contarán con mayor información y alternativas, lo que incrementa su seguridad ante eventuales cambios en la estructura de la cobertura médica en Argentina.

La medida representa un avance en la transparencia y el ordenamiento del sistema, garantizando que los monotributistas no pierdan en ningún momento su derecho a la atención sanitaria, según lo señalado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la normativa publicada.

El Gobierno nacional oficializó este viernes una reforma estructural en la sanidad de los uniformados. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, el presidente Javier Milei dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de dos obras sociales separadas para atender las necesidades específicas de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad.

La medida busca subsanar el "desequilibrio financiero persistente" del IOSFA, provocado por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón.

A continuación, la guía para entender los cambios:

La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Su cobertura deberá garantizar, como mínimo, el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Le corresponde a:

La Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) será un ente autárquico que dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional. Al igual que la OSFA, su piso prestacional será el PMO.

Le corresponde a:

El decreto establece un período de transición de hasta 365 días para completar la liquidación del IOSFA y el traspaso a las nuevas entidades.

El Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) de la ciudad avanza en un extenso proceso administrativo y judicial para recuperar una deuda que asciende a $2.924 millones, correspondiente a prestaciones ya brindadas y aún no abonadas por diversas obras sociales.

De acuerdo con un relevamiento actualizado realizado por el propio Sistema, la suma surge de compromisos impagos de más de 34 obras sociales, cada una con deudas superiores a los $50 millones. En este listado no se incluye al PAMI ya que, si bien mantiene obligaciones pendientes, sostiene un ritmo regular de pago.

El informe destaca además que las primeras 13 obras sociales deudoras concentran casi $2.000 millones, lo que revela que el problema se encuentra focalizado en un número reducido de entidades.

Entre las principales acreencias identificadas figuran OSPRERA ($373.694.044), Obra Social del Personal Civil de la Nación (UPCN/Nación) ($373.293.354), IOMA ($304.364.736) y OSUTHGRA ($206.013.758). Estas cuatro obras sociales explican más de $1.250 millones, es decir, un tercio del total de lo adeudado.

Desde la desarticulación del sistema de débitos automáticos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, el SISP desarrolló un mecanismo propio de gestión y recuperación de créditos que incluye envíos periódicos de cartas documento.

Principales acciones de cobro

- Desde abril de 2024: Envío regular de intimaciones para reclamar los montos adeudados.

- Agosto 2025 – Primer envío:

Monto reclamado: más de $600 millones.

Pago obtenido: $151 millones.

- Agosto 2025 – Segundo envío:

Monto reclamado: $364 millones.

Pago obtenido: $9 millones.

- Total de 22 cartas documento enviadas en ese período:

Reclamo acumulado: casi $1.000 millones (incluida la intimación a IOMA).

Cobrado: aproximadamente 10%.

El SISP es uno de los pocos efectores públicos del país que utiliza de manera sistemática la vía judicial para el cobro de sus acreencias, un proceso complejo y lento debido a la falta de jurisprudencia consolidada y a la sobrecarga de la Justicia Federal con asiento en Azul.

Desde el organismo remarcaron que el deterioro económico nacional y la suspensión de prestaciones en el sector privado local han derivado en una demanda creciente hacia el sistema municipal, lo que agrava la necesidad de recuperar los fondos adeudados para sostener la capacidad operativa de los hospitales y los centros de salud del Municipio.

La concejal de Unión por la Patria, Nélida Sereno, presentó este lunes un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante de Tandil solicitando la inmediata restitución de las prestaciones médicas de la obra social IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), que lleva más de tres meses sin brindar cobertura a más de 3000 afiliados en la ciudad.

La iniciativa exige al Gobierno Nacional y a las autoridades de IOSFA que garanticen de forma urgente el restablecimiento del servicio, en medio de una crisis sanitaria que afecta a personal retirado y activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, adultos mayores y familias completas que hoy no pueden acceder a medicamentos, tratamientos, consultas ni estudios médicos.

“IOSFA está colapsada y el gobierno de Milei mira para otro lado. Estamos hablando de más de tres mil tandilenses completamente desamparados”, advirtió Sereno. Y agregó: “La salud no puede esperar”.

El proyecto detalla que IOSFA, con más de 550.000 afiliados en todo el país, atraviesa una situación financiera terminal: un déficit mensual de 15.000 millones de pesos y una deuda acumulada que supera los 160.000 millones. Según el bloque de Unión por la Patria, este colapso no es heredado sino consecuencia directa del actual modelo de desfinanciamiento del Estado. “En diciembre de 2023, el propio Ministerio de Defensa informaba que IOSFA tenía más de 25.000 millones en reservas. Hoy no puede garantizar ni una receta”, aseguró Sereno.

Desde el bloque remarcan que no se han dado respuestas concretas ni plazos definidos por parte de las autoridades nacionales ni de la obra social. “El presidente de IOSFA dijo que necesitan tiempo y dinero. Pero del otro lado hay personas que no pueden esperar: hay tratamientos interrumpidos, operaciones postergadas y medicamentos que no llegan. Esto ya es abandono de persona”, señaló Sereno.

En el mismo sentido, el proyecto expresa su preocupación por las consecuencias sociales y sanitarias del desmantelamiento del sistema de salud estatal. “Lo que está pasando con IOSFA es una muestra más del desastre que genera una política de ajuste sin límites ni sensibilidad. Este gobierno está dejando a la gente a la intemperie”, concluyó la concejal.

El texto solicita enviar la resolución no solo a las autoridades nacionales, sino también al Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ejecutivo Municipal y los legisladores provinciales y nacionales.