El sistema de salud pública de Tandil atraviesa un momento de extrema tensión financiera y encendió una señal de alerta por el impacto que la falta de pago de las obras sociales y otras prestadoras tiene sobre su funcionamiento. Desde el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) advirtieron que la situación “compromete seriamente la capacidad operativa y la calidad de las prestaciones”, poniendo en riesgo la atención en hospitales y centros de salud municipales.

A través de sus redes sociales, el organismo difundió una serie de placas informativas en las que detalló la magnitud de la deuda acumulada. Según precisaron, “es lo que le deben las obras sociales al sistema de salud de Tandil”, cifra que al 15 de abril de 2026 asciende a $3.661.110.324,11.

En el comunicado, además, buscaron dimensionar el impacto concreto de ese monto. “La deuda que distintas obras sociales mantienen hoy con nuestro sistema de salud ya supera los $3.661 millones. Esto equivale a sostener 35.570 días de internación, realizar 7.200 cirugías, garantizar más de 10 años de oxígeno medicinal o cubrir 15 años de consumo eléctrico de nuestros hospitales y centros de salud”, informaron.

Desde el sistema sanitario local remarcaron que detrás de los números hay una realidad cotidiana que afecta directamente a la población. “Detrás de cada cifra hay atención, insumos, profesionales y vecinos que necesitan respuestas”, señalaron.

Asimismo, insistieron en que el incumplimiento de pagos por parte de las prestadoras no es un problema administrativo aislado, sino una amenaza directa al funcionamiento del sistema. “Esta situación pone en riesgo la capacidad operativa del sistema y la calidad de las prestaciones, en un contexto donde el Municipio sigue haciendo un esfuerzo enorme para sostener la salud pública”, declararon.

Finalmente, el mensaje concluye con un llamado a la responsabilidad de los actores involucrados. “Necesitamos que quienes tienen la responsabilidad cumplan. Porque cuando no lo hacen, la deuda no es con el Municipio sino con cada tandilense que necesita atención”, advirtieron.

El planteo se da en un contexto de creciente presión sobre los sistemas de salud públicos en distintos puntos del país, donde el atraso en los pagos por parte de financiadores impacta de manera directa en la provisión de servicios esenciales. En el caso de Tandil, las autoridades buscan visibilizar la problemática y acelerar una respuesta que permita garantizar la continuidad y calidad de la atención sanitaria.

La Superintendencia de Servicios de Salud publicó este jueves en el Boletín Oficial la Resolución 492/2026, que crea una sección especial en el Registro de Agentes de Salud destinada a entidades dispuestas a recibir afiliados monotributistas provenientes de obras sociales o prepagas dadas de baja por el organismo.

La inscripción en esta sección implica el compromiso expreso de incorporar a estos afiliados, garantizando la continuidad de su cobertura. Podrán inscribirse los Agentes del Seguro de Salud que se encuentren activos en el sistema, registrados conforme al artículo 69 bis del Decreto N° 1/2010 y que no estén sujetos a procedimientos de crisis.

La medida se enmarca en los criterios establecidos por el Decreto 1400/2001, que regula la distribución de beneficiarios cuando una entidad es dada de baja, y fija los parámetros para su reasignación entre los agentes que acepten incorporarlos.

Es importante destacar que esta disposición aplica exclusivamente a monotributistas. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, se mantiene el derecho a ejercer la opción de cambio a través de la web de la Superintendencia, pudiendo elegir libremente entre las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS).

El objetivo central es garantizar que los afiliados no pierdan en ningún momento su cobertura de salud. En este sentido, la Superintendencia continúa avanzando en el ordenamiento del sistema, promoviendo la competencia, la transparencia y la libertad de elección.

La medida incorpora controles operativos e informáticos para que la reasignación de afiliados se realice de manera automática y segura, evitando interrupciones en la cobertura. El nuevo esquema de gestión, impulsado por la Superintendencia de Servicios de Salud y el Ministerio de Salud, exige el cumplimiento estricto de los requisitos legales antes de admitir nuevos afiliados y promueve herramientas de auditoría para monitorear el sistema.

La resolución destaca que, hasta ahora, el esquema vigente dificultaba la reasignación de afiliados monotributistas frente a situaciones de incumplimiento, liquidación o crisis en las entidades. Con este reordenamiento, el objetivo es que ningún monotributista quede sin servicios médicos en caso de baja de su agente de salud.

El establecimiento de este registro busca fortalecer la competencia entre las obras sociales, que deberán mejorar la calidad de sus prestaciones para mantener y atraer afiliados. Los usuarios, en tanto, contarán con mayor información y alternativas, lo que incrementa su seguridad ante eventuales cambios en la estructura de la cobertura médica en Argentina.

La medida representa un avance en la transparencia y el ordenamiento del sistema, garantizando que los monotributistas no pierdan en ningún momento su derecho a la atención sanitaria, según lo señalado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la normativa publicada.

El Gobierno nacional oficializó este viernes una reforma estructural en la sanidad de los uniformados. Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, el presidente Javier Milei dispuso la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de dos obras sociales separadas para atender las necesidades específicas de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad.

La medida busca subsanar el "desequilibrio financiero persistente" del IOSFA, provocado por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón.

A continuación, la guía para entender los cambios:

La Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Su cobertura deberá garantizar, como mínimo, el Programa Médico Obligatorio (PMO).

Le corresponde a:

La Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) será un ente autárquico que dependerá del Ministerio de Seguridad Nacional. Al igual que la OSFA, su piso prestacional será el PMO.

Le corresponde a:

El decreto establece un período de transición de hasta 365 días para completar la liquidación del IOSFA y el traspaso a las nuevas entidades.

El Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) de la ciudad avanza en un extenso proceso administrativo y judicial para recuperar una deuda que asciende a $2.924 millones, correspondiente a prestaciones ya brindadas y aún no abonadas por diversas obras sociales.

De acuerdo con un relevamiento actualizado realizado por el propio Sistema, la suma surge de compromisos impagos de más de 34 obras sociales, cada una con deudas superiores a los $50 millones. En este listado no se incluye al PAMI ya que, si bien mantiene obligaciones pendientes, sostiene un ritmo regular de pago.

El informe destaca además que las primeras 13 obras sociales deudoras concentran casi $2.000 millones, lo que revela que el problema se encuentra focalizado en un número reducido de entidades.

Entre las principales acreencias identificadas figuran OSPRERA ($373.694.044), Obra Social del Personal Civil de la Nación (UPCN/Nación) ($373.293.354), IOMA ($304.364.736) y OSUTHGRA ($206.013.758). Estas cuatro obras sociales explican más de $1.250 millones, es decir, un tercio del total de lo adeudado.

Desde la desarticulación del sistema de débitos automáticos por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud, el SISP desarrolló un mecanismo propio de gestión y recuperación de créditos que incluye envíos periódicos de cartas documento.

Principales acciones de cobro

- Desde abril de 2024: Envío regular de intimaciones para reclamar los montos adeudados.

- Agosto 2025 – Primer envío:

Monto reclamado: más de $600 millones.

Pago obtenido: $151 millones.

- Agosto 2025 – Segundo envío:

Monto reclamado: $364 millones.

Pago obtenido: $9 millones.

- Total de 22 cartas documento enviadas en ese período:

Reclamo acumulado: casi $1.000 millones (incluida la intimación a IOMA).

Cobrado: aproximadamente 10%.

El SISP es uno de los pocos efectores públicos del país que utiliza de manera sistemática la vía judicial para el cobro de sus acreencias, un proceso complejo y lento debido a la falta de jurisprudencia consolidada y a la sobrecarga de la Justicia Federal con asiento en Azul.

Desde el organismo remarcaron que el deterioro económico nacional y la suspensión de prestaciones en el sector privado local han derivado en una demanda creciente hacia el sistema municipal, lo que agrava la necesidad de recuperar los fondos adeudados para sostener la capacidad operativa de los hospitales y los centros de salud del Municipio.

La concejal de Unión por la Patria, Nélida Sereno, presentó este lunes un proyecto de resolución en el Honorable Concejo Deliberante de Tandil solicitando la inmediata restitución de las prestaciones médicas de la obra social IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad), que lleva más de tres meses sin brindar cobertura a más de 3000 afiliados en la ciudad.

La iniciativa exige al Gobierno Nacional y a las autoridades de IOSFA que garanticen de forma urgente el restablecimiento del servicio, en medio de una crisis sanitaria que afecta a personal retirado y activo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, adultos mayores y familias completas que hoy no pueden acceder a medicamentos, tratamientos, consultas ni estudios médicos.

“IOSFA está colapsada y el gobierno de Milei mira para otro lado. Estamos hablando de más de tres mil tandilenses completamente desamparados”, advirtió Sereno. Y agregó: “La salud no puede esperar”.

El proyecto detalla que IOSFA, con más de 550.000 afiliados en todo el país, atraviesa una situación financiera terminal: un déficit mensual de 15.000 millones de pesos y una deuda acumulada que supera los 160.000 millones. Según el bloque de Unión por la Patria, este colapso no es heredado sino consecuencia directa del actual modelo de desfinanciamiento del Estado. “En diciembre de 2023, el propio Ministerio de Defensa informaba que IOSFA tenía más de 25.000 millones en reservas. Hoy no puede garantizar ni una receta”, aseguró Sereno.

Desde el bloque remarcan que no se han dado respuestas concretas ni plazos definidos por parte de las autoridades nacionales ni de la obra social. “El presidente de IOSFA dijo que necesitan tiempo y dinero. Pero del otro lado hay personas que no pueden esperar: hay tratamientos interrumpidos, operaciones postergadas y medicamentos que no llegan. Esto ya es abandono de persona”, señaló Sereno.

En el mismo sentido, el proyecto expresa su preocupación por las consecuencias sociales y sanitarias del desmantelamiento del sistema de salud estatal. “Lo que está pasando con IOSFA es una muestra más del desastre que genera una política de ajuste sin límites ni sensibilidad. Este gobierno está dejando a la gente a la intemperie”, concluyó la concejal.

El texto solicita enviar la resolución no solo a las autoridades nacionales, sino también al Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Ejecutivo Municipal y los legisladores provinciales y nacionales.

El Gobierno nacional declaró este martes en situación de crisis a cuatro obras sociales que, ante este marco, deberán presentar un plan de contingencia en un plazo no mayor a 15 días.

A través de distintas resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud publicadas en el Boletín Oficial, que llevan los números 939/2025, 940/2025, 941/2025 y 942/2025, la decisión se tomó ante una serie de irregularidades e incumplimientos detectados en los prestadores de salud allí mencionados.

En específico, se trata de la Obra Social Fedecámaras (Fedecamaras), la Obra Social de Técnicos de Fútbol (Ostecf), la Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos (Osapmer) y la Obra Social Volkswagen Argentina S.A.

En todos los casos, bajo la firma del responsable de aquel organismo, Gabriel Gonzalo Oriolo, justificó la normativa al remarcar que los prestadores se encuentran en situación de crisis por presentar, al 28 de febrero de 2025, un factor de criticidad superior al valor límite previsto en el Anexo del Decreto Nº 1400/01. Ante esa situación, explican los considerandos de la normativa, “resultan de aplicación las medidas previstas en el artículo 20 y el Anexo III” del mismo decreto.

Además, indican que, en consecuencia, los agentes del seguro de salud deberán “presentar un Plan de Contingencia que incluya como pautas mínimas, metas de cumplimiento trimestral, expresadas conforme los indicadores que sirven de sustento a los Criterios Números 1, 2 y 3 del Anexo II del Decreto N° 1400/01 y un conjunto de acciones concretas que se aplicarán al momento de la puesta en marcha del mentado Plan”.

“Las Gerencias integrantes del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud, serán las encargadas de efectuar el seguimiento del trámite en el ámbito de su competencia”, agregan los documentos.

Este martes se dio a conocer la novedad de que, a partir del 1 de febrero, la Asociación Civil de Establecimientos Asistenciales y Prestadores Privados (ACEAPP) sustituirá a la obra social "23 de Diciembre" en Tandil. 

Si bien desde la obra social no hubo un comunicado oficial, este medio pudo confirmar la noticia con algunos de los prestadores, quienes tienen deudas pendientes de saldar con la mutual mencionada, y reina la incertidumbre respecto del modo en que se resolverá esta cuestión con la llegada de ACEAPP, que será responsable de gestionar los contratos y los honorarios.

A su vez, la entidad tiene detrás un largo historial con incontables irregularidades en la atención a los afiliados, que motivaron a una gran cantidad de marchas de autoconvocados, exigiendo la mejora del servicio y una mayor celeridad en las autorizaciones y la llegada de medicamentos, protesis, u otros insumos de primera necesidad.

De acuerdo a lo informado, ACEAPP se encargará de los afiliados a IOMA, tomando el lugar de la obra social anterior y gestionando los nuevos convenios. Esta prestadora, que tiene su sede en La Plata y su gerencia en Mar del Plata, es reconocida por su participación en la creación de centros de atención como el policonsultorio de Belgrano.

Después de anunciar que Swiss Medical inició el proceso para que los aportes de sus afiliados no triangulen con obras sociales y vayan directo a la empresa de salud, el ministro del área, Mario Lugones, se reunió con las principales prepagas del país para informarles el próximo paso del Gobierno.

Según confirmaron fuentes oficiales, “la semana que viene” se publicará una resolución que buscará que todas las prepagas se inscriban en el Registro de Agentes del Seguro de Salud. Ese es el listado en el que las compañías declaran que dejan de tener convenios con obras sociales o sindicatos que funcionan de intermediarios en el pago del servicio del afiliado.

Tal como detallaron, la resolución establecerá que “a partir del 1 de diciembre de 2024 todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados, total o parcialmente, con fondos provenientes de la seguridad social, deberán inscribirse en el Registro de Agentes del Seguro de Salud (con encuadre en el inciso I) del artículo 1 de la Ley N 23.660″.

Según fuentes oficiales, de la reunión participaron representantes de OSDE, Medifé, Galeno, Swiss Medical, Medicus, Hospital Italiano y Hospital Aleman. “Hubo buena predisposición”, describieron.

Según cifras del Gobierno, el proceso de triangulación recauda mensualmente $8600 millones, dado que la intermediación puede costar entre un 3% y 7% según el caso.

¿Qué implica que los afiliados puedan dejar de triangular? Según explicaron fuentes oficiales, los fondos que perciben las prepagas ingresan primero en las obras sociales. En términos prácticos, un trabajador en relación de dependencia deriva parte de los aportes de su empleador a la obra social correspondiente de su rubro y luego ese dinero sigue su curso para pagar la prepaga. Entonces, sin triangulación, las obras sociales dejarían de percibir ese porcentaje. “Peaje de la salud”, en palabras de funcionarios del Gobierno.

Una fuente del sindicalismo relativizó el impacto que esto pueda tener en el universo gremial. “Son obras sociales chicas las que triangulan. Lo que quieren hacer ahora es que se les termine el chorro a esas”, definió. Además, opinó que las cuotas de las prepagas sin intermediación de las obras sociales pueden ser más caras ya que entre ambas partes existen convenios con precios acordados.

Según estimaciones oficiales, el 15% del sistema de salud argentino está compuesto por empresas de medicina privada. Esto significa que cerca de seis millones de personas tienen prepaga. De ellas, cinco millones acceden al servicio a través del pago de sus empleadores. Por lo tanto, dentro de este último grupo podría impactar la inscripción de compañías al listado de agentes de seguro de salud del Gobierno.