El primer lunes de octubre se conmemora el Día Internacional de los Inquilinos (World Tenants Day), una jornada que busca promover los derechos de quienes alquilan una vivienda. Esta efeméride fue establecida en 1986 por iniciativa de la Organización Francesa de Inquilinos, y ratificada por la Unión Internacional de Inquilinos (IUT), coincidiendo con el Día Mundial del Hábitat.

En nuestra ciudad, y ante el creciente número de consultas vinculadas a situaciones de alquileres, en abril de 2019 el Municipio de Tandil creó la Oficina Municipal de Atención al Inquilino (OMAI). Este espacio brinda información y acompañamiento específico a quienes enfrentan problemáticas relacionadas con contratos de locación, derechos y obligaciones de las partes involucradas.

La OMAI fue pionera en la provincia de Buenos Aires en abordar esta temática de forma institucional y especializada, marcando un precedente en políticas públicas locales orientadas al acceso justo y equitativo a la vivienda. Previamente, estos conflictos eran tratados desde el área de Mediación Comunitaria Municipal, pero la creación de una oficina específica permitió ampliar el alcance y la profundidad del abordaje.

La OMAI funciona en Chacabuco 383, de lunes a viernes de 8 a 14 hs., donde se brinda asesoramiento gratuito a inquilinos e inquilinas que requieran orientación o acompañamiento.

En un año candente en materia de contratos de alquileres tras la desregulación impulsada por el Gobierno nacional en los últimos días del 2023, la situación de los inquilinos de todo el país ganó en incertidumbre y sumó conflictos a la hora de lograr concratar un lugar para vivir. Para todas esas situaciones, la ciudad de Tandil decidió apostar hace cinco años a la formación de la Oficina de Atención al Inquilino. 

Emiliano Salazar, el abogado que está al frente de dicha dependencia, pasó por El Eco Multimedios y dialogó sobre las distintas cuestiones por las que los inquilinos se acercan a la oficina ubicada en Chacabuco al 300. La ventanilla nació en 2019, como una decisión del Municipio de Tandil para contener la cantidad de reclamos que había por ese entonces respecto a los contratos de locación. 

En este lustro de existencia, Salazar trabajó con un primer marco legal, luego con la implementación de la Ley de Alquileres, la cual tuvo una reforma en octubre del año pasado, y finalmente con la derogación de la misma y la desregulación en los contratos. “Ahora mayormente ocurren muchas dudas con respecto a lo que tiene que ver con los nuevos contratos”, afirmó el responsable de la oficina.

Luego de la decisión política de liberar la regulación en la elaboración de los contratos de alquileres, la actualidad indica que la forma de negociar es un acuerdo entre partes. En ese sentido, Salazar comentó que “lo que plasmen en el contrato va a ser lo que se va a regir, siempre y cuando se respete el orden público y demás, pero mayormente las condiciones van cambiando en cuanto a la actualización, el plazo del contrato y también los montos que actualmente los definen las partes”.

Vale destacar que en los contratos que se hicieron hace más de ocho meses, cuando la Ley de Alquileres original estaba vigente, se mantiene lo firmado. Al mismo tiempo, el responsable de la Oficina de Atención de Inquilinos comentó que está ocurriendo que atentos a los valores del índice, se juntan las partes y conversan los nuevos precios para que el importe no sea tan abultado. 

Un caso por día

En cinco años de la creación de la dependencia, Salazar informó que en este 2024 llevan registradas casi 250 consultas, algo que da de promedio más de una por día. Con respecto a las demandas, agregó que muchos inquilinos se acercan ante el temor que les despierta ver el número del índice anual, pensando que ese aumento será para el próximo mes pero que en realidad es un valor de aumento en un período de 365 días. 

A partir de la desregulación, ya no existe como condición los tres años de contrato con la actualización anual, tampoco la reforma que indicaba una actualización cada seis meses, hoy en día los valores, el plazo mínimo y el incremento se pacta entre las partes.

A pesar de que el nombre de la oficina habla de inquilinos, también son muchos los propietarios que se acercan a consultar sobre distintos temas vinculados a los contratos de alquileres. “Por ejemplo un contrato que ya esté vigente de hace un año u ocho meses, que estaba la Ley de Alquileres vigente, si se puede renovar o si se puede variar el precio en este momento. Van y se sacan esas dudas”, comentó Salazar.

También explicó que muchas consultas que llegan a su despacho son para pulir algunas situaciones contractuales y realizar pequeñas correcciones que a veces no quedan escritas o en otros casos, fueron escritas con la ley anterior y quedaron cuestiones en las que, tanto el inquilino como el propietario, tienen que tener cuidado con la situación. 

Al mismo tiempo, dejó en claro que desde la oficina siempre se trata de ver cuál sería la mejor resolución a lo que puede ser un conflicto entre inquilino y propietario, mediar para que les convenga a ambas partes. Por estas razones es que afirmó que “se utiliza muchísimo la oficina”. En ese sentido, Salazar también destacó el trabajo que realiza la Oficina de Mediación Comunitaria. 

“Cuando hay un conflicto que no se puede destrabar con solamente una información que se da en la Oficina de Atención al Inquilino, se da la alternativa de intentar una mediación a ver si es posible destrabar el conflicto. En la mayoría de los casos, diría en un 80 por ciento, tratan de resolver, se acercan y si no hay comunicación, tratan de que vuelva la comunicación”, aseguró Salazar.

Por último, el responsable de la dependencia destacó que “lo que es muy importante de estas oficinas es que son gratuitas y abiertas al público”, a su vez también subrayó que este tipo de opciones para el ciudadano no está presente en todas las ciudades. 

A partir del 18 de octubre comenzó a regir La nueva Ley de Alquileres, con lo cual los contratos deberán ser de tres años de duración, y las actualizaciones de los valores se realizarán en un plazo mínimo de seis meses, en base al denominado Coeficiente Casa Propia, utilizados desde hace dos años para los créditos enmarcados en el programa Procrear.

En base a lo dispuesto en la nueva normativa, los contratos de alquiler deberán tener una duración de tres años, su valor será estipulado obligatoriamente en pesos argentinos, y se podrán realizar ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses.

El índice que debe emplearse para la actualización es denominado Casa Propia, y se trata de una fórmula que se utiliza desde 2021 para las cuotas de los diferentes créditos del Programa Federal Casa Propia y Procrear II, y tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

Dichas modificaciones trajeron algo de tranquilidad tanto para inquilinos como para propietarios, ya que los primeros podrán ajustar los precios a la galopante inflación, y los segundos tendrán garantizados contratos más seguros y estadías más prolongadas. 

De todas formas, en los últimos días el presidente electo por La Libertad Avanza, Javier Milei, fue claro en sus intenciones de derogar dicha ley, y pasar a considerar los acuerdos como un "contrato entre partes".

Sostuvo que “lo único que ha hecho la Ley de Alquileres es generar daño”, y resaltó que “terminó perjudicando a aquellos que pretendía proteger”. Además, agregó que se podrían pactar los contratos “en cualquier moneda”.

A partir de esta expresa postura, y como ya es habitual desde la llegada del libertario a la política, se generó un manto de incertidumbre para aquellos que están por firmar un contrato de alquiler, quienes no saben si hacerlo a partir de la reglamentación vigente, o esperar por las posibles modificaciones que realice el mandatario una vez que asuma el próximo 10 diciembre. 

Para conocer la mirada local sobre el tema, El Eco de Tandil dialogó con Emiliano Salazar, titular de Oficina Municipal de Atención al Inquilino, quien explicó las posibilidades reales que existen de una derogación, y pidió por reglas y estables que transmitan tranquilidad a los arrendatarios. 

Primeramente aclaró que para que se dé efectivamente una derogación de una ley, primero tiene que pasar por el congreso, donde los representantes de La Libertad Avanza son minoría, por lo que no son tan claras las posibilidades de que Milei logre su cometido. 

"Por otro lado, la nueva reglamentación introdujo ciertas modificaciones que tienen que ver con actualizaciones semestrales a partir del índice de Casa propia y a su vez ciertas ventajas impositivas tanto para el inquilino que es monotributista como para el propietario que tiene varias propiedades y puede deducir impuestos", señaló.

En esta línea, comentó que su oficina ha recibido consultas de usuarios con contratos vigentes, a quienes les aclaró que dichas normas no son retroactivas, sino que se aplican en una renovación o en la firma de un nuevo contrato. 

Lo que si se genera a partir del cambio constante de las reglas del juego, es incertidumbre en aquellos que están por arrendar una propiedad, situación que se ha repetido también en los llamados de los ciudadanos. 

"Si es claro que si hay una ley que busca que uno tenga permanencia en cada lugar, y pueda estar más años en el mismo sitio, derogar la ley o dar pasos atrás en las modificaciones si sería un retroceso sobre todo con respecto a los plazos", afirmó Salazar.

Explicó que es una tendencia a nivel nacional el hecho de que los inquilinos realicen mudanzas con regularidad, ya que cada vez son mayores las limitaciones para poder alquilar. “Se pregunta si tenés un hijo o más, que edad tienen, son muchas restricciones que generan complicaciones”, indicó. 

Contó que cuando se anunció la última modificación, mucha gente estaba por firmar contrato, y optaron por retrasarlo uno o dos meses para analizar el devenir de la medida. 

“Y por muchas consultas que han llegado a la oficina, varios ya estaban viviendo en el lugar pero aun sin firmar, y es una situación de desamparo, porque te mudaste y no sabes cuales van a ser las condiciones”, expresó el funcionario.

En ese sentido, opinó que es momento de dar certezas, “porque todos los inquilinos nos encontramos en una situación de vulnerabilidad por el simple hecho de estar alquilando, a veces con niños, familias completas, y eso complejiza todo”.

El miércoles, tras una maratónica sesión, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de alquileres con los cambios incluidos por el Senado que había impulsado el oficialismo. 

De este modo, quedó establecido que los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por tres años, se pactarán en pesos, y tendrán una actualización cada seis meses, con un precio basado en el coeficiente de Casa Propia, el mismo que se usa para Procrear. 

No obstante, la legislación no está vigente aún. Para que rija plenamente debe reglamentarse y promulgarse, es decir, debe ser publicada en el Boletín Oficial con una fecha exacta de entrada en vigencia o si no se consideran diez días a partir de la publicación. Asimismo, el proceso de publicación podría tomar alrededor de 40 días. 

Los contratos ya firmados y los que se suscriban ahora se siguen rigiendo por la normativa anterior porque las leyes no son retroactivas. Así, las relaciones contractuales en curso siguen siendo de tres años y se ajustarán anualmente a través del Índice de Contratos de Locación (ICL). 

Los contratos firmados bajo la actual normativa siguen vigentes hasta su conclusión. Quien firmó esta semana un acuerdo a tres años con ajustes interanuales permanecerá así en la vivienda hasta 2026, por ejemplo. 

Las actualizaciones de precios 

Emiliano Salazar es el titular de la Oficina Municipal  de Atención al Inquilino y brindó precisiones sobre el nuevo marco regulatorio, que ha suscitado muchas consultas en la dependencia. 

“La ley dice que los contratos se ajustarán al índice Casa Propia, que es el que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Toma en cuenta un porcentaje de inflación y un promedio de la variación salarial del último año. El índice de Contrato de Locación toma un 50 por ciento fijo de aumento”, explicó. 

En rigor, el parámetro Casa Propia estará conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el Indec, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina.

En paralelo, expuso que todavía hay grises en la normativa que deberán saldarse con la reglamentación  y publicación de la ley, para saber cómo proceder ante determinadas cuestiones. En este caso ejemplificó que si la inflación el año próximo es menor a la de 2023 “hay que ver si se toma una inflación  menor”. 

“Si el año que viene hay menos inflación y se toma la de este año que es mayor, pareciera que hay una contradicción”, ponderó. 

En tanto, destacó que el índice Casa Propia se utiliza para actualizar las cuotas de los créditos Procrear y definió que “está aceitado”, pero el desafío será aplicarlo a los alquileres. 

Desde su rol en la oficina comunal, Salazar señaló que estos movimientos han generado “incertidumbre” en los inquilinos que “desconocen qué ocurre”. En esta línea, el abogado graficó que llegan consultas sobre retrasos en las firmas de los contrato y las renovaciones.

“Se acercan porque tienen que renovar, pero les dicen de esperar a que salga la nueva ley por si resulta  más beneficiosa  para una de las partes. En una simulación, con el índice Casa Propia, si un alquiler estaba a 70 mil pesos se va a 97 mil. Con el índice de  Locación aumenta a 110 mil pesos. La discusión que se ha dado es respecto de que índice utilizar. Martilleros profesionales e inquilinos estaban acostumbrados a la formula actual para consultar y saber cuánto iba a aumentar. Cuando entre en vigencia la nueva ley se aplica el índice de Casa Propia sí o sí”, detalló. 

Incertidumbre y mediaciones 

Si bien el espacio es sólo de consulta e información, la Oficina Municipal de Atención al Inquilino también articula con la Oficina de Mediación para acercar a las partes cuando existe un conflicto. Se trata de un recurso que es absolutamente voluntario  y extrajudicial. De hecho, puede verse como un paso previo a la judicialización de un problema y pueden resolverse diversas cuestiones puntales sin necesidad de acudir al fuero legal. 

En tal sentido, enfatizó que “muchos casos se resuelven en la mediación, por ejemplo los daños estructurales o los contratos prorrogados ‘ilegalmente’. Conversan las partes y se revisan situaciones puntuales que pueden dirimirse sin pasar a mayores”. 

La oficina municipal es una de las cuatro que hay en el territorio provincial para canalizar las dudas de los vecinos y asesorarlos en el tema, y funciona de lunes a viernes de 8 a 14 en Chacabuco 383. Whatsapp 2494 602206. 

Cómo es el índice Casa Propia

Desde la web del ministerio que tiene a la vivienda en su órbita informan que la fórmula es una modalidad superadora de actualización de las cuotas para los créditos de Casa Propia y Procrear II. Este coeficiente tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. Además, al reconocer que el aumento de los salarios puede variar según la rama de actividad, incorpora el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) con un aforo del 0,9. Es decir que en lugar de reflejar el promedio de la variación salarial en su totalidad, solo lo hará en un 90 por ciento. 

Al tener en cuenta el promedio de los últimos doce meses en lo que respecta a la variación salarial (CVS) -y no la variación de un único mes- promueve una mayor estabilidad en la actualización de las cuotas, ya que contribuye a moderar el impacto de eventuales hitos en la evolución de los salarios que respondan a períodos puntuales.

Qué dice el proyecto votado en el Congreso

Los puntos clave del proyecto promovido por el oficialismo incluye:

La ley vigente establece que los inquilinos pueden realizar pagos adelantados de hasta un mes de alquiler. La reforma tal como vino de Senadores y que se reafirmó en Diputados proyecto suma otras modificaciones. Uno que establece que “los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del Monotributo”. Además agrega que “las partes podrán deducir del Impuesto a las Ganancias la suma equivalente al diez por ciento del monto anual del contrato de locación”.

Las multas por rescisión del contrato se pactan de acuerdo al valor del alquiler al momento de entrega del inmueble. Inquilinos y propietarios pueden deducir del Impuesto a las Ganancias el 10 por ciento del monto anual del contrato de alquiler.

Rescisión unilateral anticipada del contrato por parte del propietario, vencimiento del compromiso y actualización de los montos a pagar se encuentran entre los principales motivos por los cuales quienes alquilan una vivienda en forma permanente en la ciudad concurren a la Oficina Municipal de Atención al Inquilino (OMAI). 

“Las principales consultas son cuatro”, dijo a El Eco de Tandil Emiliano Salazar, responsable del organismo creado en abril de 2019, y detalló: “rescisión unilateral por parte del propietario, daños estructurales, actualización del canon locativo y vencimiento del contrato”.

En cuanto al primer punto, Salazar contó que “se acercan muchas personas, en general mujeres o parejas jóvenes, a las que el dueño quiere sacar de la propiedad porque decidió venderla”.

“Ya de por sí, la cláusula de venta es una cláusula que se toma por abusiva”, explicó el abogado encargado de la OMAI, y agregó: “si sos dueño lo podés vender pero, el que compra, tiene que respetar las condiciones de alquiler, del contrato tal cual está”.

Con respecto a los daños estructurales que puede presentar el inmueble -otro de los motivos que suele generar discusión entre las partes- Salazar contó que “me llegan consultas del estilo ‘firmé un contrato el año pasado y ahora hay humedad’ o ‘no hay agua caliente’, todas cuestiones en las que la responsabilidad civil es del dueño”. 

“Uno ahí podría directamente pedir un resarcimiento”, indicó.

Y aseguró que “la Ley habla de reparaciones urgentes y no urgentes. Las urgentes deberían ser respondidas en 24 horas, o al menos respondidas, en ese plazo. Un ejemplo es si se cortó un servicio esencial como el agua o hubo un problema eléctrico y la vivienda se quedó sin luz”.

Sobre la actualización del canon locativo, es decir del valor del alquiler, el responsable de la OMAI dijo que “me llegan muchas consultas del estilo ‘el mes pasado le pagué 60 mil y ahora el dueño me pide 90 mil’. Yo, en ese caso, les digo que se fijen en lo que dice el contrato”. 

Y añadió: “Si el contrato dice que tenés que pagar 70 mil pesos, conforme a la Ley vigente, tenés que pagar esa suma por todo un año porque la actualización es anual".

En ese sentido, remarcó que “es fundamental que se acerquen a la Oficina con el contrato o al menos con una foto del mismo”.

Acerca del cuarto motivo de pregunta, Salazar fue contundente y recordó: “La normativa vigente es la que salió antes de toda esta discusión”, es decir la Ley 27.551, sancionada en junio de 2020, que establece contratos de alquiler de al menos tres años y actualización anual de los valores basados en un índice que se obtiene de la combinación entre el porcentaje de inflación anual con el porcentaje de aumento salarial a los trabajadores estables. 

“Incluso los contratos que se estén por celebrar por estos días están bajo esa Ley”, resaltó.

Caudal de consultas

A la OMAI llegan entre cuatro y cinco consultas por día de parte de inquilinos de la ciudad. La Oficina local recibe también alrededor de tres llamados mensuales de personas de otros municipios que están tras asesoramiento en materia de alquileres y, en la búsqueda de un organismo, se topan con la oficina de Tandil.

La OMAI, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica del Municipio, está ubicada en la calle Chacabuco 383, planta baja. Atiende de manera presencial y por orden de llegada, de lunes a viernes de 8 a 14.

Los interesados pueden consultar asimismo al teléfono 2494 602 206. En este caso se sugiere enviar primero un mensaje por WhatsApp.

Salazar sostuvo que “la ciudadanía entendió el rol de la Oficina; en general la gente sabe que es para obtener información sobre la situación que se está atravesando en ese momento en materia de alquileres”.

En busca de una nueva Ley

El Congreso de la Nación debate por estos días una nueva Ley y miles de inquilinos están a la expectativa de qué pasará con las viviendas que alquilan.

El proyecto del bloque Juntos por el Cambio que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados y que ahora analiza el Senado busca reducir la duración de los contratos de 36 a 24 meses -un esquema igual al de antes de la sanción de la 27.551-, con una actualización cuatrimestral de los precios, de acuerdo a mecanismos de convenidos entre las partes. 

A sólo tres años de la entrada en vigencia de una legislación que no terminó de conformar a ninguna de las partes, el parlamento buscará una nueva norma para, de alguna manera, hacer frente a la crisis habitacional que afecta a miles de inquilinos de todo el país y que en Tandil se combina con el hecho de que cientos de propiedades que estaban destinadas al alquiler permanente pasaron a estar disponibles únicamente para la renta temporaria. 

Cabe recordar en ese sentido que, días atrás, el revisor de cuentas del Centro de Martilleros de Tandil (Cemart), Antonio Comiso, estimó ante este Diario que “en los últimos dos años, 410 propiedades que estaban en alquiler mensual en la ciudad se fueron para el turismo”. 

El referente de los Martilleros sostuvo además que “esas viviendas no vuelven más”.

A partir de la Ley de Alquileres 27.551, los ajustes deben realizarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

Con el criterio seguido por la ley mencionada, los aumentos deberían quedar en un punto medio entre lo que hayan avanzado en un año la inflación general y los salarios de los trabajadores registrados en relación de dependencia.

Dichos aumentos deberán realizarse una vez al año.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es el organismo que se encarga de elaborar y publicar ese índice, al que llamaron Índice para Contratos de Locación (ICL).

Este índice se puede consultar en la página del BCRA: http://www.bcra.gov.ar/ → “Estadísticas” → “Principales variables” → “Índice para Contratos de Locación (ICL-Ley 27.551)”.

Para los contratos en curso, que renueven el monto el 1º de febrero de 2023, el porcentaje de aumento es de 85.88%, no pudiéndose exceder este porcentaje al momento de la actualización, y será el importe a abonar mensualmente durante los siguientes 12 meses del contrato. No están permitidas las actualizaciones trimestrales, semestrales, la actualización se realiza una vez al año, y coincide con la fecha en que se firmó el contrato de locación.

Para consultas o mayor información dirigirse a la Oficina Municipal de Atención al Inquilino de la Dirección de Relaciones con la Comunidad de la Secretaria Legal y Técnica, ubicada en Chacabuco 383, Planta baja, de lunes a viernes de 8 a 14.

La sanción del Código Civil y Comercial en el 2015 trajo aparejada la realidad de las nuevas tecnologías como medios para comunicar distintas situaciones contractuales. La ley de alquileres del 2020 no escapó a esta nueva realidad e introdujo una modalidad de notificación por medios electrónicos. En esta se afirma que se tienen por eficaces las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se efectúen.

Esta última en diferentes supuestos establece que se debe realizar una notificación fehaciente para distintas cuestiones que surjan en el transcurso del contrato, como ser: para el supuesto de rescisión anticipada por parte del inquilino; para renovar el alquiler antes que venza el plazo de vigencia; para dar a conocer daños estructurales, urgentes o no urgentes; y para toda comunicación que tenga que ver con la relación contractual. La notificación fehaciente por excelencia en estas cuestiones es la carta documento. Pero si en el contrato fue declarado un email, se tendrá por notificado igualmente.

Se sugiere que en los nuevos contratos que se celebren, además del domicilio particular, se detalle un correo electrónico (e-mail), donde podrán cursarse todas las notificaciones que sean necesarias, como las descritas anteriormente, sin necesidad de recurrir directamente a una notificación por carta documento, que en situaciones puede resultar poco adecuada o amigable para lo que se intenta comunicar.

Es de resaltar que el correo electrónico debe figurar en el contrato para ser válido como medio de notificación alternativo al domicilio particular.

Por último, es importante contribuir a que durante el transcurso del contrato, pueda haber una conversación fluida y en buenos términos entre locador, locatario e intermediarios si los hubiera (inmobiliaria). Por ello, es adecuado fijar en el contrato el domicilio electrónico (correo electrónico) desde el inicio de la relación locativa.

Desde la Oficina Municipal de Atención al Inquilino se recordó que las personas que alquilan pueden rescindir el contrato de locación a partir de los seis meses de iniciado el mismo.

En ese sentido detallaron que la ley de alquileres 27.551 exige notificar por medio fehaciente tal decisión, abonando una indemnización equivalente al valor de un mes y medio del alquiler, si esto ocurre dentro del primer año y sólo al valor de un mes si la rescisión ocurre dentro del segundo o tercer año.

Si la notificación -preaviso- cuenta con tres (3) meses de anticipación es posible rescindir el contrato sin pagar ninguna indemnización.

Se recomienda que se establezca en el contrato como medio de comunicación el e-mail (correo electrónico) a los fines de las notificaciones que sean de cualquier índole. Asegurándose de esta manera el inquilino que las cuestiones planteadas en el curso del contrato sean notificadas al propietario (pudiendo servir el mismo de medio fehaciente de notificación).

Por consultas o mayor información dirigirse a la Oficina Municipal de Atención al Inquilino (OMAI), en Chacabuco 383, Planta Baja, horario de atención al público de 8 a 14 hs. de lunes a viernes,o comunicarse telefónicamente al 2494602206.

En el mes de julio, la ley 27.551, que realizó modificaciones en el Código Civil y Comercial de la Nación (CCYCN) respecto a los alquileres, cumplirá dos años desde su sanción, y desde la Oficina Municipal de Atención al Inquilino (OMAI) recordaron a inquilinos información a tener en cuenta en su relación contractual bajo la normativa vigente.

El plazo de un contrato de alquiler es de tres años, el mínimo legal que prevé la ley para alquileres, igual para destino vivienda o comercial, este plazo mínimo es de orden público, es decir, obligatorio para las partes, es forzoso y no se puede dejar de lado.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que tres años es el plazo mínimo, con lo cual en el contrato no estaría prohibido si se pacta un plazo mayor (por ejemplo: tres años y seis meses; cuatro años; seis años; etc.)

Ninguna de las partes puede fijar un plazo menor si la relación tiene por fin la vivienda del inquilino o inquilina. Los contratos de este tipo firmados por un plazo menor (ejemplo: tres meses, un año, etc.) se presumen por ley por el mínimo legal de tres años.

Sobre la Oficina Municipal de Atención al Inquilino de Tandil

La oficina fue creada en el año 2019, bajo la órbita de la Dirección de Relaciones con la Comunidad de la Secretaría de Legal y Técnica del Municipio de Tandil, a partir de la demanda creciente y constante de consultas relacionadas con los alquileres en nuestra ciudad. 

La búsqueda se inclinó a dar respuesta a la falta de información y desconocimiento de las regulaciones legales sobre alquileres, en la cual los inquilinos, en la mayoría de los casos, son quienes se encuentran en una situación de desventaja y vulnerabilidad con respecto a la parte locadora, y en las exigencias contractuales por parte de esta última.

Desde esa área se articula con la Oficina de Mediación Comunitaria Municipal, en caso de que sea solicitado, para una resolución pacífica y voluntaria de problemas que se susciten por la relación contractual.

Por consultas o mayor información dirigirse a Chacabuco 383,  Planta baja, horario de atención al público  de 8 a 14 de lunes a viernes.

Ante la acefalía de la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos , y ante la alta demanda, el concejal Juan Arrizabalaga presentó una propuesta para que el Concejo Deliberante elija un nuevo responsable que no esté ligado al negocio inmobiliario

Así lo expresó en el proyecto de comunicación dirigido a las y los concejales y al gobierno municipal: "Los inquilinos de la ciudad están en una situación crítica, y el Estado municipal está ausente. Es un tercio de la población. Y como si fuera poco, la atención para Inquilinos en la OMAI el último tiempo ha sido muy mala. Básicamente a favor de los multipropietarios y las inmobiliarias. Es una vergüenza el desinterés municipal".

El proyecto pide que se designe un responsable, que tendrá que hacerlo el Concejo Deliberante y no el Municipio, y será entre una terna, que tendrá que elegir a una persona finalmente.

Como aspecto destacado, la persona elegida para asumir la responsabilidad de estar al frente de la oficina que asesora a Inquilinos no podrá ser profesional del corretaje inmobiliario, ni tampoco propietario que tenga viviendas en alquiler, para no contradecir su labor con sus intereses.   

También deberán ampliar el equipo de trabajo, incorporando personal que aborde las situaciones con perspectiva de género, ante la diversas situaciones de abusos que suceden.

La nueva ley de alquileres que entró en vigencia el primero de junio del 2020 y que procuraba beneficiar a los inquilinos con una serie de medidas y herramientas está generando algunos conflictos que deben ser resueltos en la Oficina Municipal de Atención al Inquilino.

Cabe señalar que si bien la normativa comenzó a regir hace ya más de un año y tres meses, aún hay contratos que se rigen por el Código Civil y Comercial previo a estas modificaciones, lo cual ha despertado incertidumbres.

“Hoy podemos comprender que la instrumentación de esta nueva ley trajo aparejados muchos cambios que fueron significativos. Hay diferentes miradas y de acuerdo a cada lectura se podrá apreciar una determinada complejización que vino dentro del universo de los alquileres o los aspectos que componen las relaciones locativas”, declaró el titular de la OMAI, Matías Martínez Marini, en comunicación con el programa Informadísimas, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1.

En ese sentido, destacó que la nueva ley todavía tiene muchos grises y eso es lo que hace que se formen problemas en ambos lados de la relación contractual.

Los cambios, como la extensión de los plazos mínimos, las reparaciones y la rescisión anticipada sin penalidad, pretendían favorecer a los locatarios. Empero, la modificación de la actualización del canon locativo ha suscitado muchas encrucijadas, teniendo en cuenta que hay más imprevisibilidad.

El titular de la Oficina Municipal de Asistencia para Inquilinos, Matías Martínez Marini, analizó que la ley de alquileres aún es muy nueva pero destacó, de todas formas, que desde su implementación se debatió y se discutió el índice de actualización de precios, que hoy está mostrando algunas consecuencias. El próximo mes comienzan a aumentar los alquileres que se celebraron con la nueva ley y las consultas en la OMAI crecieron

Reveló que, en promedio, hasta ahora los contratos tenían una vigencia de dos años y un ajuste semestral del 15 o 16 por ciento. Sin embargo, con la nueva normativa el índice expone un valor futuro indeterminado, y eso generó un grado elevado de incertidumbre tanto de la parte locativa como de la locataria.

“Si nos situamos desde el primero de julio hasta hoy, los precios de los alquileres deberían actualizarse en, aproximadamente, 35 o 36 por ciento, de acuerdo al coeficiente que va a anunciar el Banco Central”, detalló y agregó: “Eso está basado en los 11 meses pasados, pero queda todo un mes por delante. Para ser más gráfico, un alquiler que hoy está en 25 mil pesos mensuales, pasaría a los 34 mil pesos”.

Atento a ello, el porcentaje de aumento podría llegar a rozar, incluso, el 40 por ciento ya que aún resta sumar el valor del mes de junio.

“Se da algo muy particular. La inflación viene creciendo por encima de los salarios, entonces los alquileres van a aumentar por debajo de la inflación pero al mismo tiempo por encima de los salarios”, reveló Martínez Marini y alertó: “Se hace una mezcla que puede tornarse muy conflictiva”.

El decreto que congelaba el valor de los alquileres y que prohibía los desalojos, que estuvo vigente durante todo el año en el marco de la pandemia del coronavirus y que registró varias prórrogas, finalmente concluyó el pasado miércoles 31 de marzo, motivo por el que el Gobierno puso en marcha un protocolo para asistir a familias con problemas habitacionales.

El último día de marzo, tras todo un año en el que los valores de arrienda de los inmuebles no registraron variaciones, la normativa que se fijó en el marco de la emergencia económica llegó a su fin.

Desde el primero de abril, todos aquellos inquilinos que acumularon deudas pueden saldarlas con un plan de pago de hasta 12 cuotas, contemplado en la normativa.

En comunicación con El Eco Multimedios, el titular de la Oficina Municipal de Asistencia para el Inquilino (OMAI), Matías Martínez Marini, comentó que ya recibieron muchas consultas por ese tema y que se está apelando a la mediación a través del espacio que ofrece el Municipio.

“Estamos atendiendo muchas consultas. Cabe mencionar que, tras el vencimiento de la última prórroga del decreto, desde el primero de abril los inquilinos ya empezaron a abonar conjuntamente con el alquiler las cuotas que fueron establecidas mediante la norma”, declaró.

En ese sentido, recordó que en un principio se había establecido un mínimo de tres cuotas y un máximo de seis para abonar la diferencia que quedara pendiente, pero con la última extensión del DNU se amplió el máximo a 12, lo cual “es una facilidad más para los inquilinos”.

Para evitar posibles inconvenientes y malentendidos en un futuro, Martínez Marini recomendó tanto a locadores como a locatarios que firmen un reconocimiento de deuda y convenio de pago en el que se dejan asentadas las obligaciones contraídas por los inquilinos y las garantías.

“Es una manera de que no quede en el aire y que se dejen redactados los compromisos asumidos por ambas partes”, aclaró.

El concejal por el Frente de Todos y referente de la Red de Inquilinos de Tandil, Juan Arrizabalga, presentó un proyecto de Ordenanza de Fortalecimiento de las funciones con perspectiva de género de la Oficina Municipal de Atención para Inquilinos (OMAI).

En el mismo, distinguió la existencia de “asimetría en las relaciones contractuales en el acceso a la vivienda por alquiler“, que ha creado múltiples situaciones de incumplimiento de las nuevas disposiciones nacionales durante la pandemia por parte de propietarios e inmobiliarias.

El edil consideró, además, que la finalización de la vigencia del Decreto del PEN, el 31 de marzo del vigente año, traerá nuevas dificultades y conflictos para los hogares inquilinos de la ciudad, acrecentado por los aumentos de los valores de alquiler de vivienda, propuestos por el mercado inmobiliario.

Asimismo, postuló que son las mujeres en general, y el colectivo LGBTTIQ, quienes se encuentran en una relación de mayor asimetría de poder en estas relaciones contractuales, y son quienes más se responsabilizan ante las situaciones de conflictos que se desarrollan entre las partes en el acceso a la vivienda por alquiler, potenciándose en madres solteras.

Luego de varios meses en los que solo trabajaron a través de canales digitales y telefónicos, la Oficina Municipal de Asistencia para Inquilinos retomó la actividad presencial y, según anunció Matías Martínez Marini, quien está a cargo del área, las consultas se multiplicaron.

Durante buena parte del 2020, en el marco de la pandemia del coronavirus y de las medidas adoptadas para prevenir los contagios, la OMAI solo estuvo atendiendo vía email, WhatsApp y telefónicamente.

“Ya desde hace un tiempo hemos retomado la manera presencial de atención, aunque no hemos dejado de utilizar los otros medios. Pero esto ha hecho que se incrementara de manera considerable la cantidad de consultas que se venían recibiendo, más en un año tan particular como el que dejamos atrás”, señaló Martínez Marini en comunicación con el programa Cosas que Pasan, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1.

Asimismo, indicó que en este 2021 también habrá algunas novedades respecto al tema inmobiliario, teniendo en cuenta que ya varios contratos comienzan a firmarse bajo la nueva ley y que se prorrogó hasta el 31 de marzo el DNU que congela los alquileres y suspende los desalojos.

“Fue un año difícil en el que se ha apostado mucho al diálogo, al tema de la mediación; a lo que yo siempre denomino el principio de esfuerzo compartido. El 2020 fue ciertamente difícil para todos, y entre ese segmento de personas afectadas están los inquilinos que se encontraron con complicaciones a la hora de pagar sus alquileres o las obligaciones contraídas”, sostuvo.

Incluso reveló que desde que se presentó la Oficina, a fines de abril de 2019, desde el área comenzaron a llevar una estadística de las denuncias y los reclamos recibidos y que, en este último tiempo, hubo un gran cambio. En ese aspecto, aseveró que últimamente lo que más se registró fue el pedido de asesoramiento y de información sobre el DNU y la nueva ley de alquileres.

“Las consultas más que nada pasan por el contenido del decreto y la nueva ley. Se acercan cuando hay relaciones directas entre locatarios y locadores, porque cuando hay un profesional en el medio, brinda algún asesoramiento respecto a estas normas”, aseguró.

Aclaró que uno de los temas más comunes se relaciona con las deudas que se generan por el diferimiento de pagos y manifestó que si bien los desalojos están prohibidos, en algunos casos se notificó a los inquilinos mediante carta documento por la deuda que se estaba generando.

Respecto a ello, hizo una aclaración: “Si es por diferencia de precio, es decir que justo había un cambio en el valor locativo pero el locatario optó por seguir pagando el canon anterior, porque así se lo permite el decreto, entonces esa diferencia se paga más adelante y no conlleva interés de ninguna índole. En cambio, si hay directamente una falta de pago se puede cobrar un interés compensatorio por el diferimiento del pago que no puede exceder la tasa que fija el Banco de la Nación Argentina para los plazos fijos a 30 días”.

Relación entre locatarios y locadores

Remarcó Martínez Marini que, a diferencia de lo que ocurrió en otras localidades, en Tandil no hubo mayores inconvenientes entre las dos partes implicadas en la relación locativa y repitió que lo que primó fue el principio del esfuerzo compartido, que se basa en que cada uno ceda una parte y “no salgan los dos tan lastimados”.

Explicó, de cualquier forma, que eso dependió mucho también de cómo venía la relación entre ambos y trazó un paralelismo con una pareja: “Arrancan sin conocerse y en el transcurso del tiempo se va desarrollando ese enlace que va a injerir en cómo se llegue a los acuerdos”.

Por otra parte, contó que en nuestra ciudad mayoritariamente se llegó a acuerdos en muy buenos términos y que hubo una muy buena predisposición tanto de los locadores como de los locatarios.

Empero, destacó que ello sucedió en aquellos inmuebles en los que su alquiler no representaba el único ingreso para el arrendador ya que “nos hemos encontrado con que hay muchas personas que arrendan su vivienda y con eso alquilan otra cosa. Entonces dependen, en gran parte, de ese ingreso para pagar su renta. Así se produce una cesación de pagos y terminan afectadas otras partes debido a que ese propietario que alquiló su casa también tiene que conversar o mediar con quien le alquila a él.”.

Nivel de endeudamiento registrado en Tandil

Pese a que el DNU otorga la posibilidad de no pagar los aumentos que se registraran durante la emergencia sanitaria, lo cierto es que ello genera una deuda que será difícil de saldar en un futuro. No obstante, sostuvo el titular de la OMAI que el nivel de endeudamiento en nuestra ciudad no loa ha percibido tan grande.

“Entiendo que lo que ocurrió en Tandil es diferente a lo que pasó en otras ciudades, porque por lo que he leído, se ven niveles de endeudamiento muy fuertes”, comparó.

Aclaró, de todas formas, que igualmente mucha ciudadanos tandilenses han contraído deudas y que recién ahora la situación pareciera comenzar a normalizarse teniendo en cuenta que hay más actividades económicas permitidas y que “hay un poco de oxígeno”.

En ese sentido, compartió lo expuesto por el concejal del Frente de Todos y referente de la Red de Inquilinos Tandil, Juan Arrizabalaga, quien había comunicado en diálogo con este medio que es necesario que el Gobierno nacional comience a pensar en una política de desendeudamiento.

“Habría que buscar medidas y herramientas para aquellas personas que dentro de dos meses, si no se renueva el decreto, se van a encontrar con un estado de situación ciertamente muy difícil, teniendo en cuenta que se va a producir un cuello de botella. Porque van a tener que abonar el canon locativo actual más la deuda contraída”, marcó Martínez Marini y concluyó: “Y eso me parece que no es un tema menor, que habría que ir viendo cómo trabajarlo; habría que buscar alternativas para que esto no desencadene una serie de cartas documento intimando desalojos”.

Luego de varios meses en los que solo trabajaron a través de canales digitales y telefónicos, la Oficina Municipal de Asistencia para Inquilinos retomó la actividad presencial y, según anunció Matías Martínez Marini, quien está a cargo del área, las consultas se multiplicaron.

Durante buena parte del 2020, en el marco de la pandemia del coronavirus y de las medidas adoptadas para prevenir los contagios, la OMAI solo estuvo atendiendo vía email, WhatsApp y telefónicamente.

“Ya desde hace un tiempo hemos retomado la manera presencial de atención, aunque no hemos dejado de utilizar los otros medios. Pero esto ha hecho que se incrementara de manera considerable la cantidad de consultas que se venían recibiendo, más en un año tan particular como el que dejamos atrás”, señaló Martínez Marini en comunicación con el programa Cosas que Pasan, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1.

Asimismo, indicó que en este 2021 también habrá algunas novedades respecto al tema inmobiliario, teniendo en cuenta que ya varios contratos comienzan a firmarse bajo la nueva ley y que se prorrogó hasta el 31 de marzo el DNU que congela el precio de los alquileres y suspende los desalojos.

“Fue un año difícil en el que se ha apostado mucho al diálogo, al tema de la mediación; a lo que yo siempre denomino el principio de esfuerzo compartido. El 2020 fue ciertamente difícil para todos, y entre ese segmento de personas afectadas están los inquilinos que se encontraron con complicaciones a la hora de pagar sus alquileres o las obligaciones contraídas”, sostuvo.

Incluso reveló que desde que se presentó la Oficina, a fines de abril de 2019, desde el área comenzaron a llevar una estadística de las denuncias y los reclamos recibidos y que, en este último tiempo, hubo un gran cambio. En ese aspecto, aseveró que últimamente lo que más se registró fue el pedido de asesoramiento y de información sobre el DNU y la nueva ley de alquileres.

“Las consultas más que nada pasan por el contenido del decreto y la nueva ley. Se acercan cuando hay relaciones directas entre locatarios y locadores, porque cuando hay un profesional en el medio, brinda algún asesoramiento respecto a estas normas”, aseguró.

Aclaró que uno de los temas más comunes se relaciona con las deudas que se generan por el diferimiento de pagos y manifestó que si bien los desalojos están prohibidos, en algunos casos se notificó a los inquilinos mediante carta documento por la deuda que se estaba generando.

Respecto a ello, hizo una aclaración: “Si es por diferencia de precio, es decir que justo había un cambio en el valor locativo pero el locatario optó por seguir pagando el canon anterior, porque así se lo permite el decreto, entonces esa diferencia se paga más adelante y no conlleva interés de ninguna índole. En cambio, si hay directamente una falta de pago se puede cobrar un interés compensatorio por el diferimiento del pago que no puede exceder la tasa que fija el Banco de la Nación Argentina para los plazos fijos a 30 días”.

En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, y luego de extender la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó el decreto que establece la prohibición de los desalojos por falta de pago y el congelamiento de los precios de alquileres, como así también la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 766/2020, el Gobierno estiró hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.

Cabe recordar que esta iniciativa, que se había promovido en marzo y que fijaba el 30 de septiembre como fecha límite, tenía como objetivo que durante seis meses los inquilinos no tuvieran que afrontar los aumentos del canon locativo pactado con anterioridad, teniendo en cuenta que los trabajos de muchos de ellos se vieron afectados por las medidas restrictivas aplicadas a fin de evitar la propagación del Covid-19.

Así, la diferencia de precios entre el monto fijado en el contrato y el que se pagaba mes a mes debía ser abonada a partir de octubre en un mínimo de tres y un máximo de seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Empero, con esta nueva prórroga, se comenzarán a pagar desde febrero.

Al respecto, el titular de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino, Matías Martínez Marini, refirió que esta extensión tiene sus pros y sus contras.

En diálogo con el programa Cosas que Pasan, que se emite por Eco TV y Tandil Fm 104.1, analizó la situación y sostuvo que es una medida de vital importancia para todos aquellos que “no pudieron hacer pie” en medio de este contexto excepcional e imprevisible que estamos atravesando, pero que, por otro lado, también generará un conflicto en el futuro.

“Les sirve a las personas para seguir estando en el lugar que alquilan sin que los puedan desalojar y sin tener que pagar los aumentos previstos con anterioridad. Pero me parece que se puede llegar a generar una deuda mayor que se deberá comenzar a pagar desde febrero”, sostuvo.

Agregó que el año próximo el compromiso del inquilino con el locador será mucho mayor y que, llegado el momento de tener que empezar a cumplir, el monto podría llegar a ser muy elevado y podrían no tener la posibilidad de afrontarlo: “Porque después van a tener que hacer frente al pago del mes en curso más la cuota que indefectiblemente aumenta si ya vienen adheridos al DNU”.

Las cuotas no generan intereses

Debido a que reconoció haber recibido muchas consultas en la oficina al respecto, aclaró que las cuotas que se tienen que pagar por diferencia de precio no conllevan ningún tipo de interés, “de ninguna índole”.

No obstante, si la deuda es por falta de pago sí pueden aplicarse intereses compensatorios que están basados en la tasa del plazo fijo en pesos a 30 días del Banco de la Nación Argentina.

“Hemos tenido algunas consultas en ese sentido acá en la oficina. Entonces es importante saber por qué es la deuda que se genera”, remarcó y aconsejó a todos aquellos que estén alquilando que, si pueden hacer un esfuerzo y pagar el monto fijado por contrato, lo hagan: “Es ideal por el sólo hecho de no generar una deuda en un futuro y no encontrarse en febrero con una suma que no se pude abonar”.

Prohibición de desalojos

Si bien el decreto hace referencia a la prohibición de desalojos, manifestó Martínez Marini que en Tandil, afortunadamente, no se han registrado inconvenientes en ese sentido, aunque sí en algunas situaciones puntuales se han enviado notificaciones.

“Acá no hemos tenido desalojos. Sí hubo algún aviso, pero no de desalojo sino de deuda. Entiendo que es porque ya todos saben que están suspendidos”, expuso.

Informó que, de todas formas, la adhesión al DNU 320 en nuestra ciudad ha sido relativamente baja y que se han realizado grandes esfuerzos tanto de los locadores como de los locatarios. “Ha habido mucha mediación, muchas conversaciones y acuerdos basados en el principio de esfuerzo compartido, en donde cada parte resigna un poco”, contó.

De cualquier forma, indicó que el tema de los desalojos debe ser analizado según las realidades de cada territorio.

La postura de los propietarios

Ante una nueva prórroga del DNU que congela los precios, el referente de la Oficina de Atención al Inquilino de Tandil indicó que la postura de los propietarios es bien diferente según el caso.

“Cada alquiler es un mundo y todas las relaciones locativas son distintas, ya sea porque se conocen, por la realidad económica de cada uno o por otra cuestión”, advirtió.

No obstante, reconoció que a grandes rasgos se ha llegado a buenos entendimientos y que, en aquellos casos en los que los dueños de los inmuebles quisieron avanzar, se encontraron con un DNU que ampara a los locatarios y entonces debieron bajar sus pretensiones.

“Pero se han llevado a cabo muchas mediaciones, mucho diálogo, mucha instancia de palabra con intervención de profesionales. De hecho, los conflictos más grandes han surgido en este tiempo en aquellas locaciones donde no intervino un profesional y la relación se dio directamente entre el locador y el locatario”, comentó y finalizó: “Se ha llegado a situaciones de conflictividad no por mala intención sino por desconocimiento de estas herramientas que hoy está brindado el Estado”.

Arrizabalaga celebró la extensión del DNU

El concejal del Frente de Todos e integrante de la Red de Inquilinos, Juan Arrizabalaga, remarcó que debe atenderse la situación de los inquilinos en Tandil, criticó a las autoridades locales por la ausencia de políticas y celebró la extensión del DNU 320.

“Las políticas nacionales deben acompañarse con políticas públicas también a nivel municipal. Y lamentablemente en Tandil seguimos sin política de vivienda y mucho menos para el sector inquilino. Se cumplieron cuatro meses desde que presentamos tres proyectos de apoyo para el sector en el Concejo Deliberante, y lamentablemente el oficialismo contesta generalmente con frases hechas sobre un tema que venimos trabajando hace años, y sobre el cual saben bastante poco. No tienen dimensión del drama de los inquilinos”, enfatizó.

En tanto, evaluó que la prórroga de la medida que congela el valor de los alquileres y suspende los desalojos “era necesaria”.

“Hay que comprender que la emergencia sanitaria, con sus consecuencias económico sociales, ha dificultado para los locatarios la posibilidad de hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos suscriptos con anterioridad y durante la pandemia de Covid-19”, expresó.

Hizo referencia también a todos los trabajadores, comerciantes, profesionales, industriales y pequeños y medianos empresarios que han visto fuertemente afectados sus ingresos desde el inicio de la pandemia y subrayó que el Decreto 320 y su extensión los tiene en cuenta.

Finalmente, Arrizabalaga señaló que “ahora en adelante a nivel nacional tenemos que ponernos a trabajar en una serie de medidas que permitan el desendeudamiento de los inquilinos y a nivel local, en un fondo de garantías público”.

Matías Martínez, titular de la Oficina Municipal de Asistencia para Inquilinos, participó del espacio del desayuno en el programa Tandil Despierta, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, y comentó cuáles son las consultas más habituales que tienen en el área y brindó algunas recomendaciones, además de contar episodios abusivos que se registraron.

Aseguró que principalmente las personas se acercan para obtener información y asesorarse correctamente y que, en segundo lugar, lo hacen por la rescisión anticipada del contrato, es decir la finalización antes de término, que es cuando “entran en juego algunas variables que después devienen en conflictos”.

Para evitar cualquier tipo de inconvenientes, el propio Martínez recomendó a la sociedad que, al momento de ingresar a un inmueble, realicen un inventario de las cuestiones que pueden llegar a ser objetables cuando se termine el contrato, “porque después se entra en una discusión de palabra, que es la razón de uno o de otro, y generalmente sale perdiendo el inquilino”.

Respecto a las prácticas abusivas aseguró que “es habitual” observarlas y contó  un episodio que vivió semanas atrás: “Una chica había alquilado un departamento; ya había firmado el contrato pero la propietaria, debajo de la firma sobre la hoja del contrato, hizo unos agregados. Uno de ellos, por ejemplo, decía: ’Digo que el inmueble debe ser pintado con pintura de primera calidad y con una mano de obra a elección de la propietaria’. El alquiler era de 10 mil pesos, esa cláusula, según la cuenta que había sacado la chica, era de 42 mil”.

El caso fue trasladado a la Asociación de Abogados para que tomara intervención un profesional, pese a que se le aclaró a la locataria que no tenía validez el texto que estaba debajo de las firmas.

A tres meses de haber comenzado a funcionar, la Oficina Municipal de Atención al Inquilino, ubicada en Chacabuco 383, ofreció respuestas a una importante cantidad de ciudadanos que se acercaron con diversas inquietudes.

Según contó Matías Martínez Marini, titular de la dependencia, en diálogo con El Eco Multimedios, la mayoría de las consultas que recibieron fueron de personas que clamaban por asesoramiento e información.

“La idea de esta oficina es informar y asesorar sobre los contratos de locación, sobre cuestiones que refieran a un acuerdo contractual entre partes. De manera directa o con algunos intermediarios, como inmobiliarias por ejemplo”, explicó.

Más allá del asesoramiento, los reclamos más puntuales tuvieron que ver con el arreglo de los inmuebles: “Muchas veces surge por vicios ocultos que el dueño desconoce. Y se da muchas veces en propiedades que son nuevas, porque se está construyendo mucho en Tandil pero a veces se apuran los plazos por cuestiones netamente económicas”, detalló Martínez Marini.

Consultas en porcentajes

Un 18 por ciento acudió para buscar asesoramiento; un 15 por ciento lo hizo con consultas referidas a arreglos de inmueble, para saber quién debe hacerse cargo y cómo se debe hacer; un 13 por ciento por cuestiones que atañen a la rescisión anticipada del contrato, donde entran en juego temas como la devolución del mes de depósito, las llaves y demás.