En noviembre de 2018 se puso punto final a la actividad de Metalúrgica Tandil en la ciudad, luego de un mes de conflictividad que incluyó la toma de la planta y una multitudinaria marcha por las calles citadinas. 

El cierre se hizo con el acuerdo sellado por integrantes de Renault –firma propietaria de la empresa metalmecánica- y representantes de los trabajadores en la sede local del Ministerio de Trabajo provincial, y marcó el fin de una era. La fábrica se había inaugurado en 1948 y durante décadas fue el epicentro industrial local. 

Más allá del simbolismo de este final y de la suerte que después corrieron el centenar de trabajadores despedidos, el espacio físico de la planta fabril -que supo ser el corazón de Villa Italia- comenzó en ese entonces un proceso de remediación y desmantelamiento que sigue hasta estos días y que podría prolongarse por un año más. 

En esta línea, la compañía multinacional presentó en diciembre de 2018 un plan de saneamiento que fue avalado por el OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible), con el objetivo de garantizar que el terreno esté en condiciones ambientales propicias y conforme a lo que dicta la legislación vigente. 

El desmantelamiento 

En abril de 2019, el Concejo Deliberante declaró al predio delimitado por las calles Figueroa, La Rioja, Lisandro de la Torre y Pizzorno como Zona Especial de Interés Urbanístico. Esto implica que el macizo de tierra ya no cuenta con indicadores urbanísticos y que, por lo tanto, el Estado municipal se reserva la intervención ante cualquier proyecto que se proyecte a futuro. 

Al momento de rubricar el cierre, los referentes de la firma de capitales franceses manfiestaron que Tandil no constituía un punto de interés para la producción y que la intención era, una vez concluidos todos los pasos, vender los terrenos. 

Así, tras el freno a la actividad productiva en la planta, a principios de 2019 se inventariaron los bienes de uso según el protocolo establecido y se colocaron a la venta a la venta en el interior del grupo Renault. Posteriormente se ofrecieron al público y fueron adquiridos por empresas del rubro. En junio de ese mismo año, se inició el esquema de desguace y comenzaron a enviar la chatarra a Mar del Plata.

No obstante esto, lo más costoso en términos económicos y de tiempo es el procedimiento que marca la ley provincial 14.343, que tiene por objeto regular la identificación de los pasivos ambientales, y la obligación de recomponer sitios contaminados o áreas con riesgo para la salud de la población, con el propósito de mitigar los impactos negativos en el ambiente, tratamiento que aún no ha terminado. 

El Municipio reiteró el reclamo para que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cumpla con el pago de una deuda que ya supera los 50 millones de pesos, correspondiente a los fondos establecidos por la Ley de Paisaje Protegido para el pago de la mitad de los salarios a los extrabajadores de la canteras incluidas en esa norma y que fueron incorporados como empleados a la planta comunal.

De acuerdo al convenio en vigencia, el sueldo mensual de estos trabajadores es financiado por partes iguales entre el Municipio y el Estado Provincial. Y si bien la comuna ha abonado en tiempo y forma la totalidad de los salarios, la Provincia no ha remitido los fondos comprometidos desde el 2019. La deuda total acumulada con el Estado municipal asciende ya a los 54 millones de pesos.

A través de un documento enviado al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), el Municipio insistió con el reclamo como la ha venido haciendo mensualmente desde hace casi 3 años. 

La Ley de Paisaje Protegido fue sancionada por el Poder Legislativo Provincial en 2010 para conservar y preservar el paisaje desde el punto de vista geográfico, geomorfológico, turístico y urbanístico del área denominada “Poligonal”, conformada por la intersección de la ruta nacional 226 y las rutas provinciales 74 y 30.

Entre varias acciones, en la norma se estableció el cese de la explotación minera en la zona y que el personal de las canteras incluidas fuera incorporado por los gobiernos municipal y/o provincial, lo que derivó en un convenio entre las dos partes para que los trabajadores ingresarán a la planta comunal, indicando que el Municipio y la Provincia afronten en partes iguales el pago de los haberes.

Desde ese momento el gobierno Provincial debe depositar en una cuenta especifica indicada por el Municipio el monto correspondiente al 50 por ciento de los sueldos de ese grupo de trabajadores, algo que desde hace casi tres años no ocurre.

En la nota enviada al director ejecutivo del OPDS, Juan Brardinelli, y firmada por el intendente Miguel Lunghi y el jefe de Gabinete, Oscar Teruggi, se hace referencia al monto total correspondiente al mes de septiembre de este año (4.602.666,09 pesos) y a la suma que le corresponde afrontar a la Provincia.

Además se detalla el registro de todos los importantes totales y las partes que debe afrontar el Gobierno provincial de todos los meses que se adeudan, lo que alcanza una suma total de 54.466.761,06 pesos.

Oscar Teruggi explicó que “desde que se firmó el convenio con la Provincia a partir de la sanción y promulgación de la Ley, desde el Municipio se envía mensualmente el detalle de los sueldos y la parte que debe afrontar la Provincia. Si bien en todos estos años hemos tenido algunas demoras en el pago, en ningún momento se acumularon tantos meses consecutivos ni una deuda tan importante”.

“Desde 2019 que la Provincia no cumple con esta obligación, lo que incluye algunos meses de la gestión anterior y todo el mandato de la actual gestión provincial. Más allá de eso desde el Municipio estamos haciendo un gran esfuerzo y todos los meses cumplimos con los trabajadores alcanzados por esta Ley y pagamos el total de sus salarios”, agregó.

En el marco del Plan Provincial Nativas Bonaerenses, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) entregó plantines, semillas y cartelería al vivero municipal de Baradero. De esta manera se potenciará la producción de plantas nativas permitiendo la recuperación de ambientes degradados y consolidando una política pública clave para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Participaron del encuentro el Subsecretario de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible del OPDS, Francisco Zannini, junto al Intendente Municipal, Esteban Sanzio. También estuvieron presentes la Subsecretaria de Ambiente y Espacios Públicos, Silvina Cámpora y agentes del vivero municipal.

“Agradecemos la participación que nos dieron con este Plan Nativas Bonaerenses. Son recursos que facilitan el trabajo diario que tenemos en el municipio haciendo control de exóticas, plantando nativas y forestando los espacios públicos”, sostuvo la subsecretaria de Ambiente y Espacios Públicos de Baradero, Silvina Cámpora.

Nativas Bonaerenses es un plan que implementa políticas activas  para la conservación de los bosques nativos, el fomento y enriquecimiento de la biodiversidad en la Provincia de Buenos Aires.

Aumentar la producción de plantas nativas permite a los municipios planificar su política de restauración y recuperación del bosque nativo como así también de ambientes degradados, consolidando una política pública clave para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Cabe recordar que en el mes de agosto del corriente año,  el OPDS firmó con 16 gobiernos municipales la adhesión al Plan Nativas Bonaerenses  con el objetivo de potenciar la producción de nativas en viveros municipales a través del acompañamiento técnico y la entrega anual de 5.000 semillas, 1.000 plantines y 5 bandejas de almácigos, entre otras acciones.

Luego de varios meses de trabajo, se concretó la firma de la carta de intención para avanzar con el delineado del Centro de Acopio Transitorio (CAT) de envases vacíos de fitosanitarios, según marca La ley 27.279  y su Decreto reglamentario 134/18.

La comuna puso a consideración de la Fundación Campo Limpio la cesión en comodato por diez años de una fracción de terreno ubicada en el Área Parque Industrial del partido de Tandil, con una superficie total de 6.176 metros cuadrados. La fundación deberá gestionar ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) la aptitud del terreno y presupuestar la construcción, para finalmente firmar el comodato y levantar la infraestructura, tareas que, se estima, estarán terminadas para el próximo año.

El documento fue firmado por el intendente Miguel Lunghi; el secretario de Desarrollo Económico Local, Raúl Moyano; el  director de Asuntos Agropecuarios de la comuna, Ignacio Diribarne; Ernesto Ambrosetti de la Fundación Campo Limpio, y representantes del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, de la Cámara Empresaria de Tandil (CET), la Mesa de Escuelas Rurales de Tandil, la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Cámara Agroindustrial de Tandil (CAIT), el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (Ciafba Región Sudeste), la Federación Agraria Argentina, el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil (CIAT), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Sociedad Rural de Tandil, la Asociación de Productores Lácteos, la Cuenca Mar y Sierra, la Cámara Provincial de Expendedores de Agroquímicos, la Cooperativa Agrícola y Ganadera Tandil y Vela Ltda. y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Ambrosetti, director ejecutivo de Campo Limpio –entidad integrada por empresas que conforman la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) y la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa)- , especificó que “la idea es trabajar en conjunto en la determinación de un terreno, la construcción del centro de acopio, y en la operatividad que se requiere para la recolección, manipulación de los envases, y la concientización y capacitación de los productores para cumplir con lo que establece la ley, que es el triple lavado a presión, perforarlos y llevarlos al centro de acopio más cercano”.

Trazabilidad de los envases 

Fanny Martens, ingeniera agrónoma del INTA y miembro del Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil, en diálogo con El Eco de Tandil recalcó que lo interesante de la iniciativa es que contempló a todos los actores involucrados en la problemática para arribar a una solución y cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente.

La especialista explicó que debe resolverse aún la trazabilidad de los envases, para que se puedan identificar desde que salen de su fabricación o importación hasta el CAT y seguirlos a través de códigos. Dicho seguimiento está instalado en los productos de banda roja, que son los más tóxicos, y el glifosato, pero resta trazar los demás productos. “Es muy importante para garantizar que se junta lo que se vende. El sistema está siendo elaborado por Senasa y los fabricantes”, destacó.

La situación actual 

Martens detalló que desde 2002 trabaja junto a un grupo en el descarte de los recipientes, pero que un porcentaje muy alto que se va a la informalidad. Por otro lado, se puede acceder a un sistema homologado como el Centro de Acopio localizado en Benito Juárez, el más cercano habilitado para tales fines.

“Trabajamos con distintas empresas porque no los puede llevar cualquiera, tienen que tener  aprobadas una serie de tecnologías para manipular esos envases. En 2008 hicimos un ensayo para avalar esta técnica, no hay muchas compañías en el país que lo hagan. Con las legislaciones anteriores los envases no podían pasar de una provincia a otra, lo que obligaba a resolverlo en la zona, pero la nueva normativa es mejor y el CAT en Tandil es un gran avance”, señaló.

Reciclado del plástico 

Si bien los recipientes de agroquímicos se tienen que fabricar con plástico nuevo, el material descartado puede aprovecharse para fabricar diversos productos que deben estar aprobados por la Anmat y las dependencias ministeriales competentes.

De este modo, se impulsa una economía circular en la recuperación de los envases y su reciclado con la posibilidad de hacer productos con valor agregado, como reductores de velocidad, postes, varillas, cañería de cloacas, cañería para llevar fibra óptica o incluso brindar mayor durabilidad a las rutas. Martens hizo la salvedad de que ese material reciclado no puede usarse para elaborar insumos que ingresen a los hogares o estén cerca de cursos de agua.

Modelos productivos 

La ingeniera, que desarrolla diversas líneas de trabajo en el INTA y el CIAT, expuso que están avanzando de a poco en un proyecto para controlar, monitorear y modificar modelos productivos para la zona periurbana, las escuelas y los bordes de los arroyos.

“Realizaremos una jornada de producción responsable liderada por el Círculo en la que se hablará de este tema, se presentan sistemas, se debate, se escuchan propuestas. Nos permite discutir la aplicación de los sistemas en nuestra zona, en un relieve tan quebrado, con producciones mezcladas dentro de la producción primaria”, aseveró.

A título personal, expresó que en Tandil, por su historia y características, a la larga se va a tender –en el área perirubana- a una agroecología natural, sin el uso de fitosanitarios.

En este sentido, contó que se reformuló el Código Alimentario Argentino y que todas las frutas que se comercialicen a partir de enero de 2020 tienen que acreditar buenas prácticas agrícolas. En 2021 lo mismo comenzará a regir para las hortalizas. Martens y otros cinco colegas suyos se capacitaron en el tema para poder difundir la temática e informar a los productores del distrito.

“Esto tiene una influencia altísima en cómo se manejan los agroquímicos, cuáles se aplican, cómo, dónde. Vamos a empezar con los productores agroecológicos de la agricultura familiar, después los tradicionales y finalmente los paperos”, concluyó.

Tras la inspección realizada por  el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS) en el exbasural clandestino que funcionaba en el predio de la Ruta 30 y Labardén y la orden al Municipio de hacer los estudios de suelo y agua en el predio, el concejal Rogelio Iparraguirre consideró que la situación “desnuda la falta de política ambiental del Municipio”.

Recordó que en 2017 alertados por vecinos de la zona se presentaron en el predio y había un “tremendo basural clandestino” donde el propietario “había hecho un acuerdo con empresas de contenedores, un acuerdo clandestino, ilegal, porque tienen que ir al relleno sanitario”.

“Lo que empezó a pasar con los años es que no sólo los contenedores sino que innumerable cantidad de gente llevaba sus residuos ahí, incluso fundiciones de Tandil con arenas fenólicas. Un desastre”, planteó.

Caso omiso

Lamentó que el Ejecutivo “hizo caso omiso a esto”, lo cual ocurría “en las narices” del Municipio. De hecho, recordó que el director de Medio Ambiente Héctor Creparula había hecho presentaciones internas porque en el expediente que se hizo tras la presentación judicial el magistrado le pidió al Municipio todos los antecedentes y saltó a la luz que “ya adentro del Municipio el director de Medio Ambiente venía advirtiendo del basural y del tipo de residuos que había pero tanto de Obras Públicas como de Inspección básicamente no le dieron bolilla”.

“Y se siguió tirando basura en un lugar donde al lado hay un predio de cabañas, atrás de eso están las huertas de los quinteros bolivianos que consumimos muchísimo los tandilenses, hay una amenaza ahí también para las napas muy seria”, remarcó.

En ese contexto, explicó que “como no nos dieron bolilla por primera y única vez en mi vida he recurrido a la Justicia. Yo soy un hombre de la política y creo firmemente en la posibilidad de agotar instancias en el marco de las instituciones de la democracia. Como esto no fue posible fuimos a la Justicia”.

“Se sentó un precedente importante porque de Tandil lo patearon a Azul, y de Azul a la Suprema Corte de Provincia que finalmente le dijo al Contencioso Administrativo de Azul que era competencia de ellos, con lo cual a partir de esa denuncia sabemos que los delitos ambientales tienen competencia en ese juzgado”, indicó.

Tiempos frustrantes

Consideró que los tiempos de la Justicia son “un poco frustrantes” porque “pasaron dos años y recién ahora el OPDS a instancias del juzgado le ordena al Municipio requerir de la contratación de profesionales. Nosotros pedimos que sea la Unicen , es una presentación nueva que hicimos en el Juzgado. Hay que hacer una catas, es un procedimiento sencillo, unos tubos que se entierran en el terreno hasta 30 metros para tomar muestras aleatorias, de suelo y agua”.

“En aquel entonces nosotros mostramos un video del basural, lo mandaron a tapar con tierra y el Municipio negó la existencia del basural. La primera medida del juez fue citar a las partes, nos pidió agotar la instancia del acuerdo, y nos dio un plazo de 60 días. El Municipio se negó”, recapituló.

Y agregó que “ahí el juzgado le pide al OPDS que obre con el poder de policía que tiene lo cual desnuda la falta de una política ambiental por parte del Municipio de Tandil, que tiene dos empleados que son excelentes personas, pero están todo el día sellando papeles en la oficina”.

“Esto se hubiese evitado por ejemplo si hubiesen aprobado el proyecto que presentamos de la mesa Girsu, del chipeado de los contenedores de las cinco empresas que existen en Tandil para garantizar la trazabilidad, por lo cual contenedor que termina su cometido con un cliente sí o sí tiene que terminar en el relleno sanitario, ese proyecto como todos los nuestros duerme en un cajón”, criticó.

Señaló que “se sabe por testimonios de los vecinos que el basural funcionó durante aproximadamente durante 4 años”.

“Ahora resta conocer el descargo que va a hacer el Municipio, porque a esta altura dudamos que proceda como debería, que ante el requerimiento del OPDS contrate a los profesionales y lo haga”, manifestó.

Y consideró que “probablemente va a encontrar alguna vuelta para dilatarlo o no hacerlo. Es tarea del juez garantizar y obligar al Municipio a hacer estas pruebas que le pide el OPDS, veremos en el transcurso de estos días semanas que novedades tenemos”.

“Esos estudios los debe encarar el titular del predio”, dijo el director de Medio Ambiente

Por su lado, el director de Medio Ambiente Héctor Creparula recordó que la denuncia se hizo hace cuatro o cinco años acerca de una vieja tosquera donde se arrojaban residuos.

“Desde la Dirección de Medio Ambiente nos presentamos en el lugar y pasamos la información a Inspección General que hizo en su momento la clausura. El titular presentó un plan de remediación ambiental, a la par se le informó al OPDS la situación para que vinieran a constatar porque al tratarse de una tosquera también tiene injerencia el organismo provincial”, detalló.

Expuso que “en teoría el propietario realizó una remediación, pero no está el grado de conocimiento acerca de si se hizo o no. A partir de la situación actual es que dentro del mismo expediente OPDS ha solicitado que se hagan estudios de suelo que es algo que le corresponde al titular del predio, quien debe demostrar que eso está saneado es el titular del predio haciendo un estudio de suelo, de agua”.

“Dentro de cualquier plan de remediación hay distintos pasos, uno es demostrar que lo saneaste, si hoy uno va al predio encuentra un lugar alisado con pasto y con uno o dos galpones construyéndose arriba. La manera de demostrar si realmente está saneado es haciendo análisis de suelo y agua, esos estudios los debe encarar el titular del predio”, sostuvo.

“No miramos para otro lado”

Y remarcó que “ya se le pidió al titular del predio, consta en el expediente que está en Legales”. “Lo que se hizo en su momento fueron las actuaciones normales ante una situación de denuncia. Nosotros recibimos el llamado y dimos aviso a Inspección que fue el que clausuró”, afirmó.

En tanto, resaltó que “no es que miramos para otro lado, cada área en lo que le tocaba hizo su actuación dentro de la velocidad normal. No es que nos encontramos con una denuncia, pasaron años y recién se empezó  actuar. La duda radica en si realmente el titular saneo o no el espacio, y no hay otra manera de demostrarlo que no sea con un estudio de agua y suelo”.

El Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS) realizó la inspección al basural clandestino que funcionaba en un predio de la Ruta 30 y Labardén, a pedido del Juzgado de Garantías en lo Contencioso Administrativo de Azul y en el marco de la causa por la denuncia que había realizado el concejal de Unidad Ciudadana Rogelio Iparraguirre, en septiembre de 2017. En la visita, personal del área corroboró que no hay desechos a la vista. Sin embargo, la directora de Residuos Sólidos Urbanos, Sol Pérez Harguindeguy, ordenó al Municipio realizar los estudios de suelo y agua para determinar si existe contaminación.

Luego de la inspección ocular y tras analizar el expediente administrativo del Municipio, el OPDS le ordenó al Ejecutivo presentar un plan que incluya una propuesta de ubicación de pozos de cateo de suelo y de monitoreo de agua que será evaluado por el organismo. La propuesta deberá realizarla en un plazo de 30 días a partir de la notificación. Una vez aprobada, la comuna tendrá que llevar adelante los estudios de suelo y agua, según pautas descriptas en el escrito judicial.

“Con el objetivo de verificar la existencia de residuos en el predio y el posible impacto sobre los recursos suelo y agua, se deberá realizar, a través de una institución o profesional inscripto en el Registro de Profesionales de este OPDS, una serie de estudios que permitan determinar la situación ambiental del predio”, argumentó la autoridad provincial.

Los estudios

Además, sostuvo que el Municipio tendrá a cargo la realización de los estudios de suelo y agua, de acuerdo a las responsabilidades que establece la Ley 13592 y el Decreto 1215/10 sobre los residuos generados en el distrito y a los compromisos que había suscripto el Intendente con el propietario del terreno, que obran en el expediente administrativo que habían iniciado funcionarios comunales en septiembre de 2014 al detectar el basural a cielo abierto.

“Los estudios deberán contener un mínimo de cuatro cateos de suelo dentro del sector impactado hasta una profundidad de 11 metros, identificando el suelo/residuo existente a cada profundidad en intervalo de 30 centímetros”, señaló el documento que lleva la firma de la directora de Residuos Sólidos Urbanos.

Sumado a lo anterior, tendrá que ejecutar “al menos tres pozos de monitoreo de agua, con el objeto de extraer muestras de la napa subterránea, distribuidos de manera tal que permitan establecer la dirección del flujo”. Asimismo, remarcó que se deberán hacer análisis sobre el agua extraída, de acuerdo al protocolo establecido a través de una resolución del organismo.

La inspección

El 1 de agosto pasado, los inspectores Leandro Tactagi y Lucía Franzini visitaron el predio ubicado en la Ruta 30 y Labardén. “Previo a la realización de la misma nos comunicamos con la Dirección de Medioambiente de Tandil para realizar la inspección de manera conjunta”, reseñaron en el acta y agregaron que una funcionaria, tras la consulta al director del área Héctor Creparula, “nos informa que se harán presentes en el sitio denunciado. Luego de una hora de espera sin recibir la presencia de personal municipal, se da inicio a la recorrida por el predio”.

En cuanto a los resultados, los profesionales del OPDS señalaron que la manzana está rodeada por un cerco perimetral y posee una tranquera de acceso, que se encontraba abierta al momento de la visita.

También asentaron que al ingresar, observaron a personas que trabajaban en la construcción de una nave industrial, con un “elevado grado de avance”. Los recibió el encargado de la obra, quien “según refiere el propietario del terreno y de la obra es el señor Daniel Barrera. La nave se encuentra en un sector del predio próximo a la Ruta 30 y “no posee cartel de obra”.

Dentro de la manzana, los inspectores señalaron que el galpón está emplazado sobre la parcela 1 y la 2 y 3, que pertenecen al Municipio, “se encuentran desocupadas y libres de construcciones. Poseen residuos áridos de demolición dispuestos en pilas”.

En tanto, los profesionales afirmaron que “no se puede determinar a simple vista si el terreno ha sido rellenado con residuos” y señalaron que tomaron fotos durante la inspección.

Una contradicción en el expediente municipal

Desde el OPDS analizaron el expediente administrativo que se inició en el Municipio en septiembre de 2014, cuando se detectó una cava que se rellenaba con desechos de distintos tipos en una parcela ubicada a la vera de la ruta provincial. En las actuaciones comunales, la directora de Residuos Sólidos Urbanos, Sol Pérez Harguindeguy, marcó una contradicción en las actas de dos inspecciones consecutivas que realizaron los responsables de Medioambiente e Inspección General sobre la remediación de los posibles daños ambientales sobre el terreno.

Además, según consta en la documentación, una porción de tierra es propiedad de la comuna y según se desprende de la documentación, el denunciado Ramiro Sebastián Rivero ofreció un cuarto de manzana para subsanar la ocupación ilegal que había ejercido sobre ese espacio.

Ante esa situación, se formalizaron dos convenios firmados entre el por entonces propietario del terreno y el intendente Miguel Lunghi, que fueron convalidados por el Concejo Deliberante, donde se acordó un plan de remediación para mitigar el impacto del basural clandestino.

Tras la lectura de las actuaciones municipales, el OPDS concluyó que “en el sitio se han realizado excavaciones para la extracción de suelo que, de acuerdo a lo relevado en inspecciones realizadas por personal municipal, habrían sido rellenadas con residuos” y agregó que según la denuncia de Rogelio Iparraguirre “parte de los mismos serían especiales”, en referencia a las arenas de fundición que habrían salido del Parque Industrial para ese basural clandestino.

Por otra parte, mencionó que “en el expediente obra un convenio de reparación de daños”, firmado en noviembre de 2015, donde el denunciado se compromete “en un plazo no superior a cinco años” a realizar “tareas, trabajos y/o movimientos que resulten necesarios a los fines de rellenar, alisar y parquizar el inmueble dañado” y que “tales tareas y trabajos quedan sujetos a la aprobación, autorización y posterior supervisión por parte de la Secretaría de Obras Públicas”.

Dos visiones con días de diferencia

También mencionó el acta de una inspección municipal, donde describe que “se encuentra un predio donde se ha tirado tierra, formando una cava, la misma es utilizada como basural, se ve gente juntando chatarra”. En tanto, citó que otro documento describió que “puede apreciarse gran cantidad de orgánicos, plásticos, metales, etc.” y que el director de Medioambiente consideró que “deberá reverse el convenio ya que el titular no cumple con lo estipulado en el mismo”.

La funcionaria provincial observó que “un informe con fecha 5 de septiembre de 2019, veinte días después del informe anterior, el director General de Inspección y Habilitaciones en el que refiere que se observan ‘avances en la recuperación ambiental del predio en cuestión’”.

En tanto, advirtió que “en febrero de 2018, ya con el predio rellenado, se dio intervención a este OPDS. En ese momento se dispuso la realización de una inspección al sitio denunciado (realizada el 16 de abril de 2018) con el objeto de revelar la situación ambiental del mismo. Durante la inspección se observó que el predio se encontraba rellenado, sin poder determinar si parte del mismo se rellenó con residuos”.

En el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul se celebró una audiencia en el marco de la denuncia que presentó, el septiembre de 2017, el concejal Rogelio Iparraguirre por un basural clandestino que funcionaba en la Ruta Provincial 30, a metros del cruce con la Ruta 226. En ese marco, se acordó que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) estudiará la causa y recomendará los estudios a realizar en el predio para luego, con los resultados, elaborar un informe sobre su situación ambiental.

Este Diario tuvo acceso a la causa, en la cual la última diligencia se realizó el 24 de junio, al mediodía, en Azul, cuando tuvo lugar la audiencia dispuesta por el juez Pablo Quaranta. Participaron el doctor Alejandro Schwindt, en representación del concejal, el abogado Andrés Curcio por la Municipalidad de Tandil y el letrado Alejandro Yurno, relator de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, acompañado por el ingeniero Leandro Tactagi, controlador ambiental de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos del OPDS.

Como resultado del encuentro, el magistrado constató que “luego de un intercambio de ideas, las partes acuerdan poner a disposición del OPDS, en el plazo de diez (10) días, toda la información judicial y administrativa que se ha producido, pasado lo cual el organismo provincial, en el plazo de veinte (20) días, recomendará cuáles entiende son los estudios a realizar y quiénes serían los organismos competentes para hacerlos. Posteriormente se le concederá al organismo la información producida para que por su intermedio elabore un informe sobre el estado de situación ambiental del predio, el que informará al Juzgado y a las partes”.

Los antecedentes

En septiembre de 2017, Iparraguirre había denunciado la existencia de un inmenso basural clandestino donde se volcaban toneladas de residuos domiciliarios, de obra y hasta arenas de fundición. El basural ilegal estaba situado sobre la Ruta 30, camino a Rauch, a escasos metros de la rotonda que une esa ruta con la Nacional 226. Hoy en el predio se construyó un galpón.

Sin respuestas del Ejecutivo, el concejal interpuso una acción de amparo que recayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial 1 a cargo del doctor José Zárate, quien se declaró incompetente y remitió la denuncia al Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul. En ese ámbito, el magistrado Pablo Quaranta tampoco aceptó la causa y la elevó a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que interviniera en el conflicto. Recién en marzo de 2018, el máximo órgano judicial estableció que debía actuar el fuero en lo Contencioso Administrativo.

De este modo, la Suprema Corte fijó el primer antecedente del Departamento Judicial de Azul sobre la competencia de un delito ambiental, lo que deja sentado a dónde deben recurrir los vecinos y hasta la Defensoría del Pueblo para presentar denuncias sobre esta materia.

“El Municipio vio la película entera y no hizo nada”

Consultado por el avance de la causa, el concejal Rogelio Iparraguirre indicó que se trató de la segunda audiencia de conciliación entre las  partes y recordó que realizaron la denuncia en septiembre de 2017, cuando “estaban tirando basura a troche y moche”. Al mismo tiempo, sostuvo que el director de Medioambiente, Héctor Creparula, en el expediente administrativo “certifica lo que nosotros pudimos ver con nuestros ojos, que había arenas de fundición, residuos tecnológicos, plásticos, ropa, residuos domiciliarios. De hecho había dos familias de recuperadores viviendo directamente de ese basural”.

Recapituló que “desde el momento en que hicimos la denuncia a esta parte, tuvimos el año pasado la primera audiencia con el juez y con Curcio, que nos pidió llegar a un acuerdo para actuar en el estudio de impacto ambiental y en la posible remediación. Nos dio un plazo. A ese acuerdo no llegamos nunca por la negativa del Municipio de encargar los estudios necesarios en el subsuelo para ver el impacto. De ahí hasta hoy están terminando de construir un galpón y abajo hay decenas de miles de toneladas de basura”.

El concejal describió que “hoy parece una cancha de golf, con un pasto hermoso, y están terminando de construir un depósito”, y anticipó que sigue al aguardo de que el juez encargue las medidas de prueba a la Unicen o a algún privado. Se tratan de introspecciones, que son pequeñas pero profundas perforaciones en el suelo que sirven para medir la composición y comprobar que existe un basurero abajo.

Desde su postura, el concejal lamentó “la falta absoluta de una política ambiental en el Municipio, que tiene una Dirección de Medioambiente con dos empleados que son muy buenos funcionarios y muy buena gente, pero no tienen recursos, no tienen presupuesto y además, no logran hacerse eco al interior de la gestión”.

Llegó a esa crítica tras resaltar que presentó la denuncia ante el director de Medioambiente, el exsubsecretario de Obras Públicas Luciano Lafosse y el director de Habilitaciones, advirtiendo sobre el relleno clandestino en la Ruta 30. “El Municipio vio la película entera y no hizo absolutamente nada, que es lo que nos terminó por llevar a la Justicia. Es la primera vez en mi vida que hago una denuncia”, aclaró.

A partir del cese de actividades de la planta de fundición de hierro de Metalúrgica Tandil SA que tuvo lugar el 12 de noviembre pasado, avanzan los trabajos para el desmantelamiento de la industria ubicada sobre el predio delimitado por Figueroa, La Rioja, Lisandro de la Torre y Pizzorno. El Eco de Tandil tuvo acceso al documento donde Renault SA, propietaria de la firma, planificó el cierre para la auditoria interna y la correspondiente gestión ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), a cargo del contralor en materia medioambiental.

Frente a la presentación que realizaron el especialista Claudio Lowy y el letrado Miguel Ibarlucía ante la Defensoría del Pueblo de Tandil por los riesgos de las chapas de fibrocemento que contienen amianto, el documento membretado por Renault establece, como quinto paso del desarme, la tramitación de un permiso de demolición conforme establece el Código de Edificación del Municipio.

En uno de los párrafos, la empresa manifiesta que cumplimentará los requisitos para demoler los galpones, “en caso de que se determine realizar demolición”. Es decir que al momento de la planificación, Renault SA aún no había tomado una decisión en ese sentido. Sin embargo, dispuso como fecha tentativa para el retiro de techos entre julio y noviembre de 2020.

Paso a paso

En diciembre pasado, Renault Argentina definió seis pasos en la planificación de la auditoria de cierre de la planta de hierro Metalúrgica Tandil. El trabajo lleva las firmas del gerente general Gabriel Raffa y de los responsables de seguridad e higiene y medioambiente Franco Magnin y Guillermina Carbonaro.

La primera etapa, que comprende la evacuación de residuos, chatarra y limpieza general, comenzó en diciembre pasado y estimaban que finalizaría a fines de febrero de este año.

En tanto, como segundo paso, preveían que para fines de febrero pasado culminarían la extracción de fluidos de las maquinarias y la evacuación de productos químicos.

En tercer lugar, entre mayo y diciembre de 2019, estaba planificada la anulación de los pozos de extracción de agua, y como cuarto punto, para septiembre próximo deberían culminar el desmantelamiento, con la subasta, retiro de equipos, desarme, limpieza de fosas y limpieza general, entre otras tareas.

La tramitación del permiso de demolición conforme al Código de Edificación municipal aparece como la quinta etapa y determina el “cumplimiento de los requisitos para demoler (en caso de que se determine realizar demolición). Presentación de planos, memoria descriptiva, contratos de ingeniería. También se presentarán ante el Municipio de Tandil las superficies y volúmenes de espacios techados y subsuelos existentes” y agrega que la fecha estimada de finalización es febrero de 2020.

En el sexto tramo, Renault planteó el estudio de suelo y agua y la gestión de cierre. Además, determinó siete puntos con sus plazos, camino a la tramitación de la documentación y del plan de remediación.

En el primer inciso, previsto para la segunda quincena de diciembre del año pasado, figura la presentación del cese de actividad ante el OPDS. En tanto, para la primera quincena de febrero, aguardaba definir el uso del futuro del predio.

En tercer término, reseñó la realización de los estudios Fase 1 y Fase 2, con plazo entre enero y diciembre de 2019. Estos trabajos están vinculados con el desarme y limpieza de la planta, y la purga y el retiro de las cañerías que alimentaban las fuentes de energía.

Luego, para marzo de 2020, esperan que el OPDS apruebe el plan de remediación y entre julio y noviembre del año próximo está previsto el retiro de los techos de chapa de fibrocemento.

En tanto, como último ítem, consignaron la liberación del predio por parte del OPDS, estimado para noviembre de 2020.

El antecedente de Metan

Por otra parte, este Diario accedió a la memoria de las acciones que realizó Renault SA para tramitar el cierre definitivo de Metan, la planta de aluminio de Metalúrgica Tandil.

La empresa de capitales franceses había comprado, en 1973, el predio donde antes funcionó un aserradero para instalar Metan. En septiembre de 2011 le informó al OPDS que dos meses después dejaría de operar.

Entre 2011 y 2018, Renault desarrolló diversas gestiones ante la Provincia para el cierre definitivo de la planta de fundición de aluminio. En paralelo, llevó adelante las tareas de desarme, limpieza y acciones de remediación. Sin embargo, en enero pasado aún no había logrado una respuesta favorable y proyectaba nuevas excavaciones, estudios y nuevas tareas de remediación.

En paralelo al desarrollo de las tareas en el interior de la planta, la preocupación sobre el posible impacto ambiental del desmantelamiento de la enorme estructura movilizaron a los organismos de la ciudad a instancias de una presentación formulada por Claudio Lowy y Miguel Ibarlucía.

En concreto, ayer por la mañana la Defensoría del Pueblo ingresó a la fábrica de Figueroa al 500 -que el año pasado puso fin a su actividad- y observó el desarrollo de las acciones, en un relevamiento para obtener certezas en cuanto al estado actual del desmantelamiento junto a un equipo de especialistas del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible –OPDS-.

La titular del organismo local, Paula Lafourcade, participó de la recorrida acompañada por personal de las distintas áreas del OPDS, de remediaciones, de PCB, de generadores de residuos especiales y no especiales, y delegados locales de la Unidad de Respuesta Rápida (URR), contando con la presencia de Franco Magnin (asesor externo de Metalúrgica Tandil) y personal de ERM Argentina SA, empresa consultora medioambiental.

En el lugar, obtuvieron precisiones sobre el proceso de desguace de la enorme estructura e información sobre la disposición final de los residuos, entre otras medidas a adoptar por parte de Renault Argentina.

En tanto, ratificaron que el retiro de los techos de fibrocemento formará parte de una última etapa de intervención, en un proceso que tendrá lugar sobre finales del año próximo.

La manipulación de las chapas con asbesto generó preocupación por riesgo que el material tiene para la salud. La situación es “muy preocupante”, puesto que “no está claro qué es lo que van a hacer con estos materiales, principalmente al amianto, que tiene la característica de separarse es fibras muy pequeñas y que pueden alcanzar grandes distancias por acción del viento”, advirtió el especialista en temas medioambientales Claudio Lowy.

La recorrida

La primera escala fue la planta de aluminio Metan, ubicada en Lunghi y Pujol. Allí, según informó la Defensoría del Pueblo, la empresa trabajó en la remediación del suelo y en rellenar la fosa con suelo limpio, y agregó que el OPDS solicitará un monitoreo de las aguas subterráneas para el contralor final de la remediación.

El personal del organismo provincial inspeccionó los residuos especiales y no especiales, a la espera de la gestión adecuada para su traslado y destino final.

Sobre los residuos con policlorobifenilos (PCB), la dependencia local indicó en un comunicado que la empresa comunicó que la firma Tredi Argentina SA estará a cargo de la exportación del material que tendrá como destino final Francia, con fecha de llegada para el 6 de septiembre próximo.

En la planta de hierro, Metalúrgica, se relevaron las instalaciones que actualmente se encuentran en el desmantelamiento y estudio de fase uno, que corresponde al relevamiento ambiental de puntos críticos.

“Desde la fábrica nos aseguraron que el levantamiento de los techos de asbesto va a hacerse en la etapa final del desmantelamiento, respetando los protocolos internacionales tanto de seguridad del personal que participe como del retiro de las chapas para evitar contaminación aérea, manifestando que todo esto será llevado acabo con empresas idóneas contratadas para tal fin con el control del OPDS”, precisaron.

Trabajo conjunto

Tras la recorrida por la planta, la Defensoría del Pueblo consideró importante trabajar en conjunto con los operadores del OPDS en el contralor de las distintas etapas del desmantelamiento de la fábrica.

Asimismo se le solicitará a la empresa Renault Argentina el plan de cómo se llevará acabo el desmantelamiento y sus respectivas fases de cumplimiento, los resultados y toda la información que se estime necesaria.

Por último la dependencia a cargo de Lafourcade puso en conocimiento del defensor provincial, Guido Lorenzino, la preocupación ambiental sobre el desmantelamiento de la emblemática empresa de la ciudad, quien puso a disposición su personal técnico para la intervención y un correcto contralor.

Los trámites “en regla”

El OPDS, a través de las redes sociales, indicó que la empresa “ya tramitó todo el proceso” ante el organismo en lo que a cuestiones ambientales se refiere, y ratificó que respecto a los techos “también tramitó el permiso para tratar los residuos especiales”.

“Todo residuos especial deberá ser gestionado por el tratador específico según las normas vigentes”, indicó en la cuenta oficial de Twitter y agregó que “al día de la fecha, Metalúrgica Tandil está en regla con los trámites en este organismo”.

El emblema de la fundición y la industria metalmecánica tandilense se desarma como un mecano. Hierros, estructuras y chapas se cortan, se acopian y salen en camiones, con destino a Mar del Plata. La barriada observa la aturdidora escena, en la que comienzan a sucumbir los vestigios de un gigante de la producción local. El ir y venir de vehículos y obreros es incesante, pero esta vez se trata de la señal inequívoca y fáctica del anunciado final.

Los responsables de Metalúrgica Tandil, que pertenece a la firma Renault, presentaron ante el Municipio un plan de remediación y desmonte de la planta, que ya está en marcha. El objetivo es que para 2020 sólo queden las naves, con muros y techos, para iniciar los trámites del cierre definitivo de la industria autopartista.

Las tareas de desguace comenzaron hace una semana, en la fábrica ubicada sobre Figueroa al 500. Están a cargo de la empresa marplatense Depósito Juncal, dedicada a la compra y venta de chatarra. Además, esa firma subcontrató a Integración Logística SRL, de Olavarría, y a la local Edgardo Vázquez, para procedimientos puntuales que requieran de grúas.

En el interior de la fábrica trabajan unos 15 operarios, entre el grupo olavarriense y el de la chatarrera. Con recaudos extremos, desarman las estructuras por sectores, muelen los hierros con soplete o a máquina y bajan las piezas con un celo quirúrgico. La principal premisa es no tocar el techo de chapas fibrocemento, que están cubiertas por amianto, un material sumamente contaminante para el medioambiente y cancerígeno para las personas.

Desarmar el interior de ese coloso demandará unos cinco meses. Apostado en Tandil, el grupo de Olavarría trabaja de lunes a viernes, en jornadas de 10 horas. El responsable recibió indicaciones precisas sobre las estructuras que van a desguace y las que deben preservar porque se vendieron o aún podrían conservar algún valor.

En esta etapa, el objetivo es dejar las naves absolutamente libres para que, en una segunda etapa, otra empresa se encargue de desarmar los galpones, talleres, oficinas, dependencias, es decir, los sectores construidos de la icónica planta.

Ahora, la labor es absolutamente artesanal. Cortan los fierros y los bajan hasta el piso para luego cargarlos en camiones. En este momento, avanzan en el sector de noyería y en las líneas de hornos, aunque lo que resta por hacer es inconmensurable.

La grúa

Ayer por la mañana, desde las 8.30 y hasta el mediodía, una grúa Grove de la firma Edgardo Vázquez trabajó en Figueroa entre Pizzorno y Dinamarca. Le encomendaron retirar la enorme estructura de una noria. La cuadra permaneció cortada al tránsito para facilitar el operativo.

El brazo ingresó por el frente de la fábrica. Desde el interior, personal de Integración Logística SRL enganchó los enormes fierros que, lentamente, sortearon el muro recortado de la fachada y descendieron hasta la vereda.

Luego, con autógenas, los operarios redujeron la enorme pieza que se utilizaba para transportar la arena en el sector de la noyería, donde se producían los moldes para la fundición de piezas.

Subasta y chatarra

En marzo, se realizó una importante subasta, a través del sitio de internet Global Remates, donde salió a la venta herramental de la fábrica tandilense. En esa ocasión se vendieron hornos del sector fusión, aparejos, balanzas, noyeras, cintas transportadoras, puentes grúas, plumas, grupos electrógenos, tolvas, máquinas de prensado, molinos, zarandas, cabinas de pintado, sistema de transporte de cajas vacías, cuñas hidráulicas, una mesa giratoria y tambor de piezas, granalladoras, sierras, discos, moldeadoras, sistemas de aspiración, entre otra maquinaria de los sectores de fusión, noyería, prerebabado y rebabado.

El desmonte de estas grandes máquinas corría por cuenta del comprador,  “respetando las directivas y normas de seguridad establecidas por la empresa vendedora”, de acuerdo a la aclaración del rematador.

En esa instancia también salieron a la venta herramientas de menor porte, elementos del laboratorio y el equipamiento del comedor, además de palas, retroexcavodoras y clarks.

A partir de esa primera acción, se desocupó el herramental más valioso para dar lugar al desmantelamiento de estructuras de hierro de gran porte que se transformarán en chatarra.

El cierre definitivo

Una vez que libere las instalaciones, Renault deberá tramitar el cierre definitivo ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), con sede central en La Plata.

Cuando inicie el trámite administrativo, la empresa de capitales franceses deberá presentar los resultados de los análisis de suelo, agua y aire. En tanto, el OPDS estudiará los resultados y realizará un relevamiento con miras a que no queden elementos contaminantes en la antigua fábrica.

Desde la sede regional del OPDS, con asiento en Tandil, a fines de mayo concretaron la última inspección en la fábrica. En estas visitas, los ingenieros detectan sustancias tóxicas, como químicos, toman vista, las rotulan e indican la deposición final. Luego, los responsables de la fábrica deben presentar la documentación que acredita que completaron el procedimiento indicado para la eliminación del material contaminante.

El Opds anunció el inicio de la elaboración de un plan estratégico tendiente a reducir el impacto ambiental a partir de una adecuada gestión de los residuos sólidos urbanos que se generan en los 135 municipios bonaerenses El proyecto fue anunciado durante la Mesa Ambiental 2019, un espacio de diálogo permanente con los municipios, que tuvo lugar el jueves 21 y el viernes 22 en la sede de la Universidad de Belgrano (UB).

Se trata del Plan Estratégico Provincial sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PEP-GIRSU), cuyo objetivo inicial es reunir toda la información necesaria para armar una “radiografía” completa del tratamiento que reciben actualmente los desechos urbanos en el territorio bonaerense. Para alcanzar ese diagnóstico, los municipios ya comenzaron a responder una encuesta que indaga acerca de las distintas etapas de la gestión municipal de los residuos: si cuenta con un área específica, cooperativas formales e informales o servicio de recolección administrado o concesionado a una empresa privada, entre otros datos.

Durante la mesa, el director ejecutivo del Opds, Rodrigo Aybar, destacó la participación de más de 80 representantes de los municipios bonaerenses y los convocó a participar activamente en el desarrollo del estudio. “La planificación y el intercambio con todas las comunas permitirán que este proyecto se convierta en un plan realista”, afirmó.

“Hoy en la Provincia se cuenta con información limitada en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Los datos obtenidos van a nutrir un diagnóstico que permitirá identificar los lineamientos y las actividades a proponer para mejorar la gestión de los residuos en la provincia. Este plan tiene un fin práctico que apunta a dotar de mejores instrumentos a los municipios para el diseño de sus planes integrales y eficientes de gestión de residuos”, explicó Javier Argilla, director provincial de Residuos.

“Es muy importante que las administraciones locales y provincial realicen operativos de caracterización de modo periódico porque de ese modo se empieza a contar con series históricas de generación de residuos. Cuando se hace una caracterización se obtiene una foto, pero esa foto se fortalece cuando cada año se pueden conocer las variaciones de la composición y generación”, agregó.

El PEP-Girsu propone una gestión de residuos con vistas al año 2040 y fija una serie de objetivos con metas e indicadores de medio término que incluyen la clausura y erradicación total de basurales, la implementación de sistemas de gestión basados en economía circular, la separación en origen y la adopción de nuevas tecnologías y prácticas para hacer una gestión más eficiente, entre otros.

Paralelamente, y también por primera vez, el OPDS lanza un operativo sistemático de caracterización de residuos en el que participan 16 municipios con distintos perfiles socioeconómicos, productivos (rurales, industriales, agroindustriales, etc) y de gestión político-partidaria. De esta manera, en Pinamar, General Madariaga, Villa Gesell, Almirante Brown, Tres Arroyos, Bahía Blanca, San Nicolás, Chascomús, Laprida, Junín, Trenque Lauquen, Dolores, Tandil, Lobos, Pergamino y Pehuajó analizarán, pesarán y medirán la composición de los residuos que se generan. Este trabajo, que demandará seis meses, brindará información clave para conocer con qué residuos hay que lidiar y cuáles son las prácticas y tecnologías adecuadas a aplicar.

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) presentó el laboratorio móvil que permitirá realizar mediciones ambientales de manera más rápida y eficiente para optimizar las tareas de vigilancia, control  y monitoreo en el territorio bonaerense. El nuevo utilitario, especialmente preparado para atender las contingencias ambientales que se produzcan en el aire y el suelo, se suma al renovado equipamiento que desde el año pasado posee el laboratorio de la autoridad ambiental.

El director ejecutivo del OPDS, Rodrigo Aybar, y el subsecretario de Fiscalización y Evaluación Ambiental, Manuel Frávega, entregaron el flamante vehículo a Silvina Ambrosolio, la jefa de departamento del laboratorio fijo que funciona en el edificio de 13 y 32, en la ciudad de La Plata.

“Hicimos una inversión muy importante para tener, a través del laboratorio móvil, mayor presencia en el territorio. Hoy estamos inaugurando este laboratorio, equipado con la tecnología que necesitamos para medir en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Contar con esta herramienta es un avance enorme e histórico para el organismo y la Provincia; es un salto de calidad”, afirmó Aybar.

Desde ahora, con el nuevo laboratorio móvil –una camioneta Mercedes Benz en la que puede viajar un equipo de hasta cuatro técnicos– se podrán realizar mediciones de gases básicos en calidad de aire, con instrumental de última generación, que luego serán analizadas en el laboratorio del organismo. Cuenta, además, con una estación meteorológica, un drone para registro visual y un generador eléctrico.

“Con este equipo vamos a poder tomar muestras de suelo, evaluar emisiones gaseosas en las chimeneas de las industrias, muestreos de sedimentos en los puertos controlando las obras de dragado, entre otros diagnósticos”, explicó Ambrosolio. “Y también está equipado para controlar agua en el caso de remediaciones de daños ambientales”, agregó.

Hace nueve años que el OPDS no contaba con un vehículo de estas características: en 2010 el laboratorio móvil del organismo tuvo un accidente de tránsito que lo dejó fuera de uso.

Esta adquisición complementa el programa de modernización que en 2018 la autoridad ambiental de la Provincia realizó en su equipamiento para analizar las distintas muestras que se toman en los controles y acciones de monitoreo ambiental que, entre otras cosas, redujo de 30 días a 48 horas la obtención de resultados. En la inundación que la ciudad sufrió en 2013 se había perdido el 70% de las instalaciones y equipos.

Con el objetivo de generar un espacio de formación e intercambio sobre los desafíos que plantea la problemática ambiental, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) organizó la Jornada “Justicia y Ambiente: Hacia un desarrollo sostenible de la Provincia de Buenos Aires”, en la que expusieron jueces, fiscales, legisladores y funcionarios provinciales y nacionales.

En la apertura del encuentro participaron el director Ejecutivo del OPDS, Rodrigo Aybar, el ministro de Justicia de la Provincia, Gustavo Ferrari; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia, Jorge Elustondo; el presidente de la Autoridad del Agua, Pablo Rodrigué; el fiscal de Estado de la Provincia, Hernán Gómez y el canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias, Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo.

“Hoy en este encuentro vamos a presentar el proyecto del primer Código de Procedimiento de Faltas Ambientales de la Provincia de Buenos Aires, que busca unificar y brindar mayor certeza jurídica de un conjunto de unas veinte leyes, que en muchos casos se contradicen. Es un Código que va a dar transparencia tanto a los bonaerenses como al Estado y a los jueces que tienen que aplicar las normas”, afirmó Aybar ante el auditorio del Salón San Agustín de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, CABA.

“En cada acción que emprendemos para cuidar y recuperar el ambiente, siempre sostengo que solo va a ser sustentable si todos tomamos conciencia que somos parte del problema y también de su solución”, subrayó.

Por su parte, el ministro Ferrari enfatizó que “al interactuar el OPDS y la Autoridad del Agua se empieza a mejorar la vida de la gente, y lo que importa es cómo esto impacta en el ciudadano: uno es más ciudadano en cuanto más accede a derechos, y vivir en un ambiente sano, es un derecho”.

En tanto en el panel de Ciencia y Ambiente, en ministro de Ciencia y Tecnología Jorge Elustondo señaló “hemos avanzado en infraestructura social, y en una seria de políticas públicas relacionadas con el ambiente, la justicia, y también incorporado a la ciencia. Eso es por una percepción que tenemos en común desde el gabinete que acompañamos a la gobernadora María Eugenia Vidal para fortalecer las capacidades instaladas y potencialidades de la Provincia”.

Para analizar la temática local a la luz de la experiencia internacional, la especialista en derecho ambiental Catherine Dunn, del Tribunal Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), brindó una conferencia en la que abordó los problemas que plantea la judicialización ambiental.

En tanto, el proyecto del nuevo Código fue abordado en el último panel de la jornada. El subsecretario de Evaluación Ambiental del OPDS, Manuel Frávega -que coordinó el equipo interdisciplinario que diseñó el proyecto- destacó que la norma “permitirá controlar de manera más eficiente, con mayor claridad jurídica y operatividad fiscalizadora” y afirmó que “en adelante las dos autoridades ambientales de la Provincia, el OPDS y la Autoridad del Agua, tendrán un sólo código para proceder y aplicar sanciones. Las sanciones se van a unificar a través de un mismo criterio procesal y cada organismo las va a aplicar dentro de sus competencias”.

En la jornada, que fue declarada de interés legislativo por el Senado bonaerense, también se desarrollaron otros paneles en los que se trataron temas relacionados con la ciencia ambiental, el derecho y la justicia, y la articulación interjurisdiccional.

Participaron los jueces Jorge Rodríguez y Gustavo Spacarotel; el subsecretario de Desarrollo Sostenible de OPDS Martín Boccacci; el presidente de la CEAMSE Gustavo Coria; el director de ACUMAR Martín Renom; los legisladores Alejandro Celillo y Jorge Mancini; y el defensor del Pueblo de la provincia Guido Lorenzino.