Un grupo de vecinos de Tandil y Rauch pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por la inconstitucionalidad de las ordenanzas que regulan las fumigaciones y la aplicación de agroquímicos. A la espera del fallo del máximo organismo judicial bonaerense, el Procurador General –Julio Conte Grand-, emitió un dictamen de recomendación para la suspensión de dichas normativas.

El Eco de Tandil dialogó con Joaquín Benavídez, integrante y abogado del grupo Defensores Ambientales del Chapaleofú, quien compartió detalles de la solicitud a la Justicia, de los agroquímicos detectados en análisis de agua, y del futuro de la acción judicial en curso. Entre otros aspectos, hizo mención a que análisis de agua realizados junto a universidades nacionales detectaron la presencia de 4D, Glifosato y Atrazina en la cuenca hídrica compartida por las localidades.

“Estamos esperando la declaración por parte de la Corte, y vamos a presentar un escrito para reiterar la urgencia. Entendemos que la situación es realmente muy grave. Porque la temporada estival coincide con las campañas de fumigaciones, señaló el abogado.

El grupo Defensores Ambientales del Chapaleofú está integrado por vecinos tanto de Tandil como de María Ignacia, Gardey y Rauch. Se conformaron recientemente motivados por la preocupación en torno a las fumigaciones que afectan al conjunto de la zona. “Tandil y Rauch están conectados por una cuenca hidrológica, y las fumigaciones en Tandil repercuten en Rauch. Emprendimos este trabajo con el enfoque de la cuenca porque consideramos que la problemática alcanza a todos los habitantes de la cuenca”, expresó. La presentación ante la Suprema Corte fue la primera acción del grupo, pero también llevan a cabo charlas en escuelas y otras propuestas.

“En la Corte presentamos una acción originaria de inconstitucionalidad, que es una vía procesal contemplada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de que de que el máximo Tribunal de Justicia bonaerense revise las ordenanzas tanto de Tandil como de Rauch. Que revise los criterios porque entendemos que a partir de toda la prueba que se ha venido realizando gracias al trabajo de las organizaciones y de la universidad pública, entendemos que esos criterios son ostensiblemente insuficientes para garantizar la salud y el ambiente sano tanto de la comunidad de Vela, como de Gardey, de Tandil y de Rauch”, precisó Benavídez.

El grupo pidió en concreto la inconstitucionalidad de la ordenanza N° 850/12 –de Rauch-, y la de la N° 17.404/21, de Tandil. Cabe recordar, la normativa local fue aprobada en el marco de una importante resistencia ciudadana y la irrupción de vecinos manifestantes al Concejo Deliberante.

El abogado del grupo vecinal Defensores Ambientales del Chapaleofú indicó que previo a la resolución de la Suprema Corte, “el Procurador emite un dictamen cuando están en juego los derechos de las infancias”, en referencia a lo emitido por Conte Grand.

A su vez Benavídez hizo referencia a estudios de la calidad del agua que realizaron en articulación con centros de investigación tanto de la Unicen como de la Universidad Nacional de La Plata, los cuales incorporaron a lo presentado ante la Suprema Corte, para que conste como argumento de la solicitud.

“Los resultados son lapidarios, y por eso me parece que el procurador Conte Grand emite un dictamen de esta naturaleza”, sostuvo el abogado. Consultado por lo que los análisis arrojaron en cuanto a los compuestos detectados en el agua, indicó que hubo “4D, Atrazina y Glifosato, que son los más conocidos. Pero hubo muchos. En una muestra que se tomó en Rauch se llegó a detectar Endosulfán, un contaminante orgánico persistente prohibido por el Convenio de Estocolmo y que es extremadamente peligroso”.

A la espera de lo que dictamine la Suprema Corte, desde el grupo Defensores Ambientales del Chapaleofú abrieron una cuenta en la red social Instagram a partir de la cual difunden sus actividades. “El Chapaleofú no es recurso hídrico de recreación: es sujeto vivo de derechos, es cuerpo y refugio de memorias colectivas. Protegerlo de los agrotóxicos no es solo defender nuestros cuerpos-territorios: también es un acto de justicia ambiental y social para las generaciones presentes y futuras”, marcaron en su primera publicación.

Con fecha del último 20 de noviembre, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense emitió una recomendación al máximo organismo judicial de la Provincia con respecto a la solicitud elevada por el grupo vecinal.

“Lo expuesto lleva a la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia disponga la suspensión de las ordenanzas cuestionadas, dejando expresamente aclarado que ello no aparejará un vacío legal, ya que se encuentran plenamente vigentes en el orden provincial tanto la Ley N° 10699, como así el decreto 499/91. No obstante, es dable señalar en esta oportunidad procesal la necesidad de que las normas antes citadas sean actualizadas”, marca la recomendación.

El texto presenta el pedido de los Defensores Ambientales del Chapaleofú, y en particular aquel por la determinación cautelar de “distancias terrestres de seguridad ambiental requeridas respecto a todos los centros poblados, centros de salud, escuelas rurales, y pozos de extracción de agua dentro del ámbito de aplicación de las respectivas ordenanzas”. 

Ante la solicitud –y la prueba presentada por los vecinos-, el Procurador advirtió “que ambas ordenanzas aquí cuestionadas prima facie no se corresponden con los estándares de protección ambiental que emanan de las normas de origen nacional y provincial, interfiriendo a las mismas. En el sentido expuesto, esta Procuración General reitera que toda norma que reglamente un derecho de carácter ambiental, puede brindar mayor grado de protección, más no empeorar la mencionada protección, tal como parece presentarse en el caso de autos”. Además, insta al Ejecutivo Provincial a que lleve adelante el control estricto del cumplimiento de los parámetros indicados en cada una de las normativas vigentes.

“Tal como se adelantara, esta Procuración General solicita que la Suprema Corte de Justicia inste a los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la urgente necesidad de la elaboración y sanción de normas a través de las cuales se actualice el uso y manipulación racional y sostenible de los plaguicidas, con los debidos registros, clasificadores y sistemas de controles, audiencias e información ante la situación planteada que exige contar con una legislación inmediata de base que preserve y garantice los indiscutibles derechos que se ponen en juego”, expone el texto de la Procuración.

Agrega además que “alcance de los derechos y garantías cuestionados excede a la responsabilidad de los municipios demandados, por lo que entiendo que sería aconsejable se cite a la Provincia de Buenos Aires a los fines de ejercer los derechos que hacen a la competencia antes señalada y con especial relevancia en la cuestión de fondo puesta en consideración por vecinos de los municipios bonaerenses de Rauch y Tandil. Por lo expuesto, considero que, con las pautas expuestas, podría hacerse lugar a la medida cautelar solicitada”.

Días pasados se reunieron en la Peña El Cielito productores y profesionales para debatir sobre Producción Responsable, en el marco de las sextas jornadas organizadas por el INTA y el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Tandil. 

La ingeniera Fanny Martens, técnica del INTA Tandil, conversó con El Eco de Tandil y sintetizó los principales lineamientos que se abordaron en el encuentro. De este modo, la primera parte estuvo dedicada a intercambiar puntos de vista y acciones en torno a dos normativas: la ordenanza de Aplicación de Fitosanitarios y la ordenanza de Fomento a la Agroecología.

Para ello se hicieron presentes el director de Medioambiente del Municipio, Héctor Creparula, y el titular de Asuntos Agrarios, Cristian Trevolazavala. Al respecto, Martens relató que se efectuó un punteo a grandes rasgos de las diferencias con la normativa anterior y hubo un intercambio preguntas. Asimismo, el funcionario comunal explicó los detalles de la aplicación del marco regulatorio, que entró en plena vigencia el 31 de agosto, y expuso las responsabilidades de los agrónomos en todo el proceso. 

Desde su lugar, Martens destacó el armado de la Comisión de Seguimiento, establecido en la ordenanza. “Tener una comisión integrada por actores de diferentes instituciones, que puedan dar cuenta de las  transformaciones en el territorio y de la transformación tecnológica, hace que sea más sencillo adaptarse. Claro que todo es perfectible y con respecto a otros partidos, creo que esta ordenanza es más completa, hay por lo menos una regulación que en muchos lugares no hay, y es el mejor acuerdo que se pudo establecer”, explicó.

Agroecología 

En tanto, señaló que el otro encuadre legal vigente, la ordenanza para fomentar la agroecología en el territorio (hay 470 mil hectáreas productivas, de las cuales menos del 3 por ciento se destina a agroecología), más acotada en los objetivos, resultó interesante porque fue posible “tener la visión del Municipio sobre otras producciones, porque hay baches de información, hay lugares en los que se necesitan profesionales. Es necesario conocer las leyes y poder interpretarlas”. 

Asimismo, este marco normativo crea el Consejo Asesor Municipal Agroecológico, abarca  a la producción frutihortícola, a los granos, el tambo, la apicultura y la ganadería, e impulsó los trabajos en la materia en la chacra El Arraigo. 

En este sentido, la profesional refirió que desde el Círculo también comentaron el resultado de algunos trabajos en torno a las legislaciones vigentes, fundamentalmente de capacitación de actores, y desglosaron un documento con información acerca de los principios activos de los productos agroquímicos que se usan en Tandil, que sirve como material de consulta. 

Malezas y suelos 

Por otro lado, Martens reparó que la jornada sirvió como un espacio de intercambio y reflexión para retomar temáticas surgidas en otros encuentros, como el uso de implementos agrícolas en el control de malezas, que son para los cultivos extensivos el mayor problema. 

“Hablamos sobre qué pasa con estas herramientas que se utilizan para arrancar la maleza en lugar de usar productos. Presentaron ensayos sobre máquinas y otros complementos, contaron diferentes experiencias al respecto. Se trató de analizar qué es lo que se hace y cómo, porque es un tema troncal”, indicó. 

En sintonía, el ingeniero Guillermo Alberto Studdert, del INTA Balcarce y la Universidad Nacional de Mar del Plata, junto a sus colegas, compartió diversos resultados de estudios y análisis de suelo de larga duración, que relevan  valores nutricionales y erosión de los suelos, entre otros aspectos. 

“Se hizo un repaso conceptual para poder interpretar al suelo como un recurso natural que nos da muchas cosas, más allá de permitir los cultivos es proveedor de servicios, y esa es una mirada interesante”, ponderó.  

En otra línea, en el espacio de construcción colectiva se abordó el tema de las producciones no tradicionales, en este caso con el ejemplo de la horticultura, para debatir el rol del ingeniero agrónomo en este sector, que es muy dependiente de la mano de obra y en el cual se manejan 8 o 10 cultivos al mismo tiempo, a diferencia de uno extensivo.

“También se mencionó a los invernáculos, que posibilitan que cualquier proceso sea más rápido y abundante”, agregó. Por último, la profesional del INTA local compartió que deberán sentarse a confeccionar un documento con las conclusiones de la jornada, pero enfatizó que “la incorporación en producciones que no son tradicionales y el rol en la conservación del suelo son cuestiones que salieron claritas. Hay que seguir trabajando en eso”. 

Luego de las enormes controversias que se generaron en torno a la aprobación de la ordenanza que regula la aplicación de agroquímicos en el partido de Tandil, la mentada normativa quedó en una situación extraña.

De acuerdo al artículo 33 del texto sancionado, corre el plazo de 90 días para su reglamentación, que corresponde al Departamento Ejecutivo. Asimismo, se dispuso que la puesta en vigencia se produjera 90 días después de firmado el decreto reglamentario, lo que redundaba en un período total de 180 días para su plena vigencia. 

En ese lapso, los aplicadores debían readecuar sus equipos para que estuvieran acorde a lo establecido en la regulación, sobre todo los que se encargan de fumigar en el área periurbana. 

La ordenanza se aprobó el 6 de diciembre de 2021 y el próximo 4 de junio se cumplirá el plazo de seis meses para completar los pasos administrativos pertinentes. 

De este modo, según le confirmaron a El Eco de Tandil fuentes municipales, la comuna oficializará esta semana la reglamentación y promulgará finalmente la norma. La mayoría de los artículos -son 36 en total- fue abordada por la Dirección de Medioambiente, dependencia encargada del contralor de la ordenanza, aunque también intervinieron áreas como Asuntos Agrarios y el Sistema Integrado de Salud Pública. 

Equipos caros 

No obstante, este proceso provocó incertidumbre entre los productores agropecuarios que, ante la cercanía de una nueva siembra, no tienen aún todas las certezas sobre los parámetros que regirán efectivamente y cómo se harán cumplir. Las sanciones por el incumplimiento de algunos de los lineamientos estipulados son de índole meramente económica. 

Pero antes del tratamiento del proyecto sobre tablas, se había aventurado que la normativa no dejaba conforme por completo a ninguno de los sectores en pugna, ni a las organizaciones ambientalistas y tampoco a los productores agropecuarios. 

A los primeros, porque siguen considerando aún hoy que la ordenanza avala las fumigaciones indiscriminadas -incluso acorta distancias- y no propone una nueva mirada direccionada hacia el cuidado de la salud y la tierra. Vale recordar que el marco legal en cuestión delimita una zona de exclusión de apenas 60 metros para la planta urbana, urbanizaciones especiales y localidades rurales, y de 150 metros para escuelas, centros de salud y fábricas de alimentos.

En la vereda de enfrente, el sector del agro, en algunos casos, manifestó en su momento cierta reserva ante la costosa nueva tecnología que debía incorporar gradualmente para desarrollar las tareas de fumigación y otros requerimientos que consideraron muy exhaustivos. 

El encuadre normativo, tal como fue reglamentado, establece la obligatoriedad de instalar en las maquinarias tecnología de aplicación selectiva y de georreferenciación de la trayectoria del equipo. 

Incertidumbre

En tanto, fuentes oficiales consultadas expusieron que, en rigor, no hay muchos productores en el partido que puedan adaptarse a los requerimientos tecnológicos por los altos costos que implican.

Asimismo, en los últimos meses, el Círculo de Ingenieros Agrónomos recibió diversas consultas al respecto y, si bien algunos productores se preguntan cómo resolver la siembra de manera agroecológica, lo cierto es que el paradigma de cultivo está lejos de cambiar a gran escala. 

Frente a este escollo, hay quienes creen que se producirán, en la práctica, “agujeros negros” y que hay cuestiones que se pasarán por alto a la hora de fiscalizar y controlar el apego a la norma, lo que podría redundar en mayores riesgos a la hora de aplicar estos productos biocidas. 

Encima, un artículo que generó suspicacias entre las entidades ambientalistas establece que quedan fuera del alcance de la ordenanza las actividades relacionadas con el control de plagas, cuando la aplicación sea efectuada por un organismo municipal, provincial o nacional, autorizado a tal efecto o agentes privados que cuenten con previa autorización municipal. De esta forma, creen que se va a poder seguir utilizando agrotóxicos en la planta urbana blandiendo la carta del control de plagas. 

Los grupos vecinales que se oponen a la nueva normativa sobre uso de agroquímicos perseveran con su lucha pese a que la ordenanza entrará en vigencia. De esta manera, anticiparon que utilizarán todas las herramientas legales y administrativas que estén a su alcance, entre ellas, denuncias penales de diferente tenor, que les permitan poner un límite a lo que entienden como un avasallamiento a la salud de la población.

En una conferencia de prensa, integrantes de diferentes organizaciones; Silvia Sciancaglini, Virginia López Toledo, Pablo Orcajo y Claudio Lowy, expusieron que este martes  se cumplieron los 10 días hábiles desde que el Concejo Deliberante aprobó el proyecto en cuestión y se venció el plazo para que el intendente Miguel Lunghi lo vetara. Así, el mismo se convirtió legalmente en ordenanza.

“Este hecho será recordado históricamente por la población de Tandil, sentenciada por sus funcionarios de gobierno a una ordenanza que destruye el ambiente, empobrece y, por sobre todo, causará daños irreversibles en la salud”, expresaron. 

Según detallaron, la legislación, que se sancionó en medio de una fuerte polémica y con custodia policial en el Municipio, es “ilegítima” e “inconstitucional”, porque no se dio lugar a la participación ciudadana y porque no plantea planes de reducción del uso de los agrotóxicos. 

Asimismo, señalaron que es inviable que un organismo de control, compuesto por una sola persona, monitoree las 483.653 hectáreas del Partido para verificar que se resguarden las zonas de exclusión y demás, establecidas dentro de los 60 metros de lugares habitados y de 150 metros en los casos de escuelas rurales, centros de salud y establecimientos alimenticios. 

Inclusive recordaron que la ordenanza avala el uso de las llamadas “líneas de jardín”  en toda la planta urbana y en cualquier sitio, como si fuera un producto de menor impacto. 

“La línea jardín tiene principios activos como el glifosato  y otros insecticidas peligrosos. La ordenanza dice que se puede aplicar en cualquier lugar, es la foto que veíamos en la pileta de Gardey hace un par de años. Tiene un altísimo riesgo a la salud”, explicó el ingeniero Lowy. 

Denuncia en la Justicia Federal 

En tanto, el profesional, miembro de la ONG Bios Nodo Tandil, que presentó en 2019 un proyecto de regulación a través de la Banca 21, informó que hace un año y medio desde la entidad motorizaron una denuncia en la Justicia Federal por la contaminación de los pozos de agua de 15 escuelas rurales, investigación realizada por la docente e investigadora de la Unicen Graciela Canziani. 

La Fiscalía Federal dio curso a la denuncia y ordenó la recolección de pruebas. Además de escuchar los testimonios, hace dos días agentes de la Policía Federal tomaron muestras biológicas, y de suelo y agua para analizar, en el marco de una causa instruida en base a la Ley Nacional 24.051 de tratamiento y saneamiento de residuos peligrosos.

Las muestras fueron tomadas en escuelas, espacios públicos y también hubo un allanamiento en un establecimiento  agropecuario privado, la estancia “Don Juan” de Gardey.

Al respecto, Lowy indicó que “los tiempos de la justicia no los manejamos nosotros pero tenemos mucha expectativa en esto, porque no tiene que haber plaguicidas en el agua. También tenemos expectativas en poner en vigencia la cautelar del juez Blanc, que impide hacer aplicaciones a menos de 500 metros. Claramente la ordenanza transgrede el principio de no regresión, y ahora tenemos que un juez dice una cosa y la normativa dice otra”.

La Asamblea por un Tandil sin Trigo Transgénico ni Agrotóxicos presentó ayer una nota dirigida al Intendente Miguel Ángel Lunghi solicitando que haga uso de su poder de veto consignado en la Ley Orgánica de Municipalidades 6769/58 (art. 108), donde se expresa que esta acción debe darse dentro de los 10 días.  

La intención es que el jefe comunal imposibilite la regulación de la ordenanza de "Regulación de aplicaciones de agroquímicos en el Partido de Tandil" aprobada el pasado 6 de diciembre por el Honorable Concejo Deliberante.

El pedido se basa en que dicha legislación “resulta antijurídica, inconstitucional y  regresiva”. Asimismo, los firmantes argumentaron que no respeta los presupuestos mínimos en materia ambiental y, fundamentalmente, “atenta contra la salud pública de los pueblos del Partido de Tandil”.

Veto y Audiencia Pública

Ante la imposibilidad de ser recibidos personalmente por el Intendente, debido al cese de actividades presenciales en el palacio municipal y, por indicación del personal a cargo, dicho pedido se formalizó en la presentación de un escrito que fue enviado vía mail a Mesa de Entradas del Municipio, con copia a secretaría privada del ejecutivo. 

Tal como develaron, dicho escrito lleva la firma de quince organizaciones sociales, culturales, ambientales, productivas, feministas, de Derechos Humanos y personal de salud, que preocupados por la inminente implementación de la ordenanza, exigen la reconsideración “urgente de la misma” y reiteran el pedido de Audiencia Pública como instancia de ampliación democrática reglamentada por la ley para el tratamiento de este tipo de cuestiones.

El cuerpo Deliberativo sancionó ayer por mayoría el nuevo marco regulatorio para la aplicación de agroquímicos en el partido de Tandil. En medio de un agitado ánimo social, que incluyó un gran despliegue policial y la presencia del GAD en la sede del Municipio ante la movilización de los grupos ciudadanos ambientalistas, en el recinto los ediles de los tres bloques votaron a favor de la normativa en general, excepto el concejal del Frente de Todos, Juan Arrizabalaga, que se abstuvo de hacerlo ante la “excesiva” intervención policial.

Cabe aclarar que tras la votación general del dictamen de mayoría, su pusieron a consideración de manera particular los artículos 5 y 6 del proyecto, que establecen la cantidad de metros de las zonas de exclusión y de amortiguamiento para aplicar los herbicidas, el tema más controvertido del asunto. El encuadre propuesto fijó 60 metros para la planta urbana y localidades rurales, y 150 metros para escuelas, establecimientos alimenticios y centros de salud. El amortiguamiento, en tanto, se delimitó entre los 300 y 500 metros, dependiendo el sector. 

En este caso, levantaron la mano por la afirmativa los ediles de Juntos por el Cambio e Integrar, sin los votos del Frente de Todos, resultando de igual forma  sancionado por mayoría.

El descontento popular 

La sesión fue convocada especialmente para este lunes, luego de que el jueves 25 de noviembre las organizaciones irrumpieran en el Concejo con los legisladores sesionando para expresar su rechazo al tratamiento del proyecto y pedir una audiencia pública. Frente a este panorama, el lunes de la semana pasada hubo una reunión abierta en el Teatro del Fuerte donde se expresaron diversas voces a favor y en contra, pero no se dio lugar a la audiencia a partir de un dictamen de mayoría avalado por Juntos por el Cambio e Integrar, y se denegó la posibilidad de diferir el tratamiento del proyecto. 

Así se llegó a la jornada de ayer. Desde temprano el Municipio apareció vallado y bloqueado en todos sus accesos para impedir el ingreso de los manifestantes, nucleados en diferentes juntas y asamblea vecinales contra el uso de agrotóxicos. 

De este modo, permanecieron pacíficamente  afuera del edificio, en el sector al que dan los ventanales del Concejo, sobre la calle Fuerte Independencia, solicitando el acceso a la sesión mientras la transmitían por streaming y altoparlantes. 

Con cánticos y carteles protestaron tanto por la calidad de la ordenanza –que permite fumigar a 60 metros de lugares habitados-, como por la imposibilidad de participar del debate en el recinto. 

Ante la inminente aprobación de la ordenanza por la Aplicación de Agroquímicos en el Partido de Tandil, sin lugar a la solicitud de Participación Ciudadana obligatoria en forma de Audiencia Pública, los ciudadanos agrupados en la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable presentaron un Dictamen de Constitucionalidad, Convencionalidad y Legalidad para fijar los límites claros del Estado de Derecho y la función pública de los representantes de los soberanos. 

El documento fue dirigido el 26 de noviembre al titular del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, con copia al Intendente Miguel Lunghi, los Bloques partidarios, el Ministerio Público Fiscal Departamental, la Asesoría de Menores e Incapaces, la Procuración de la Suprema Corte de Justicia y la Defensoría del Pueblo provincial. 

Allí, a grandes rasgos, con evidencias sin conflicto de intereses y propios reconocimientos del Estado Argentino, es patrocinado legalmente por la Asociación Civil Generaciones Futuras, y exponen el Bloque de Constitucionalidad, orden público ambiental, denuncian sobre el potencial daño genético de niños y personas por nacer por por exposición “a venenos agrícolas” a menos de 1095 metros, efectúan expresa reserva de los derechos humanos fundamentales e intiman a acciones legales, civiles y penales en caso del voto positivo a la ordenanza que se impulsa.

“Lo más importante en todo este proceso emprendido por los ciudadanos, que son los soberanos manifestándose ante la omisión de los representantes del deber de cuidado amplio, es que arbitrariamente se está violando el Estado de Derecho, el orden público”, expresó Lucas Landívar, abogado representante de la Junta Vecinal, integrante de Generaciones Futuras y Consumidores Argentinos, docente de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El derecho a audiencia pública

El letrado explicó que si las leyes que ordenan la vida en sociedad establecen que debe haber audiencias públicas para garantizar la participación ciudadana, así debe ser para que sea juridicamente válida la norma sancionada.

Asimismo, en los puntos detallados informan y advierten a los funcionarios, acreditando la potencial violación de normas constitucionales y legales reglamentarias de derechos humanos fundamentales de jerarquía superior, por parte del Proyecto de Ordenanza a tratarse. “Hay potenciales delitos funcionales que se van a ver configurados si la ordenanza es aprobada, conforme han sido notificados fehacientemente de los riesgos de daños graves, y los daños ya existentes, incluso en el Partido de Tandil” aseveró.

Con respecto al pedido de audiencia pública que viene sosteniendo un sector de la población, más allá de la Junta Vecinal, y que en respuesta recibieron la convocatoria a una reunión de Comisión ampliada que se realizó el pasado lunes en el Teatro del Fuerte, Landívar señaló que “se trató de una instancia sin fuente legal, no existe como tal, al menos no suple la instancia debida de Participación Ciudadana”.

Entendió que dicha propuesta intermedia justamente fue delineada a raíz de la solicitud de la sociedad, por lo tanto aseguró que de otra manera ni hubiera existido. “Legalmente no existe la denominación de reunión ampliada, sí existe la audiencia pública para garantizar la participación ciudadana”, precisó.

Marco preventivo

El letrado recordó que este procedimiento de sanción en contra de las evidencias científicas, la jurisprudencia aplicable y fallos judiciales que acontece en Tandil, tiene antecedentes similares en Ayacucho, Mar Chiquita, Gral. Pueyrredón, Viamonte, Coronel Suárez por mencionar sólo algunos.

Conforme el orden público aplicable, notificado fehacientemente por el Dictamen jurídico, afirmó que los concejales y miembros del poder ejecutivo han sido designados temporalmente representantes del poder soberano que radica en los ciudadanos, “hasta aquí omitiendo sus obligaciones funcionales y el deber de cuidado” porque hay información científica que hace operativo el marco preventivo en sentido amplio, y no restrictivo a una distancia irrisoria y arbitraria como en el caso”.

“Deberían ellos estar aplicando el marco preventivo y precautorio en lugar de, forzosamente por medio del Concejo Deliberante, crear una ordenanza en incumplimiento del orden publico vigente, la jurisprudencia aplicable y la medida cautelar que los obliga dictada por el Juzgado Civil 2 de Tandil”, afirmó.

Se refirió así a los incumplimientos sobre las normas nacionales, provinciales e incluso municipales que no se estarían cumpliendo y recalcó que los representantes del pueblo no tienen un poder ilimitado, sino que deben adecuar su conducta al Estado de Derecho. 

Ahora, si no lo hacen, Landívar advirtió que quedan inmersas dichas conductas u omisiones en el delito de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y cómplices en la potencial contaminación y daños a la salud de la población a la que deberían cuidar. 

En este aspecto, recordó los estudios que acreditan que el agua al menos de las escuelas rurales de Tandil está contaminada, que hay daños genéticos en niños expuestos a pulverizaciones a menos de 1095 metros y que hay un fallo judicial que confirma una medida restrictiva, como la cautelar dictada el año pasado por el Juez Augusto Blanc.

“Si entonces, igualmente insisten en sancionar una ordenanza de 60 metros, estarán desconociendo la vasta información cientifica notificada, recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, jurisprudencia del Poder Judical incluso del Máximo Tribunal de Justicia Provincial, y la orden judicial que pesa sobre ellos, se verán configurados diversos tipos penales normados en el Código Penal y Leyes especiales”, insistió.

Evidencias

En lo extenso del documento presentado se detallan evidencias científicas y casos fehacientes del significado de las pulverizaciones con agroquímicos tanto para la salud de las personas como para el ambiente todo.

En uno de los apartados, considerando las pruebas, advierten como “inocultable, actual e inminente” la peligrosidad y el deber de cuidado que se hace operativo. De hecho, anticiparon graves efectos en el ambiente y la salud de los habitantes del partido de Tandil. Se pregunta ¿Quien será responsable si existen daños a la niñez? Se responde, quienes debieron adoptar medidas de cuidado adecuadas, y no lo hicieron.

En tanto que se induciría a conflictos sociales, en caso de que por legítima defensa los vecinos que sufran la amenaza sobre sus familias al ser fumigados a escasos metros de sus hogares quieran reaccionar ante la desprotección contra derecho de la ordenanza que se pretende sancionar, y del escaso control por parte del ejecutivo local del riesgo existente.

“La Organización de las Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud y el Centro Internacional de Investigaciones del Cáncer declaran que el Glifosato Banda IV, o el 2,4D son probablemente cancerígenos para seres humanos (baja peligrosidad según Resolución inconstitucional de Senasa”, precisaron.

La Defensoría del Pueblo provincial solicitó que se difiera el tratamiento de la ordenanza

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires también se dirigieron al Cuerpo Deliberativo local a fin de recordar que el año pasado el organismo puso en conocimiento del Concejo Deliberante consideraciones y recomendaciones en materia de agroquímicos.

Eso, vale recordar, fue luego de que varios vecinos de la localidad de Gardey denunciaran las pulverizaciones en un campo cercano a la zona urbana sin ningún tipo de precaución, con viento a favor de las casas e incumpliendo la normativa local vigente. 

En aquella oportunidad, la Defensoría del Pueblo bonaerense se dirigió al intendente Miguel Lunghi para solicitarle que  arbitre “las medidas pertinentes para resolver el problema planteado por los vecinos”. 

A tal efecto, sugirieron que el Municipio, ejerciendo las facultades que le son propias, fiscalice la aplicación de agroquímicos en el área de conflicto particularmente en la franja de 300 metros paralela a los límites de las zona urbana de Gardey, a los efectos de que no se apliquen en la misma productos banda Ia, Ib, II y glifosato.

Diferir el tratamiento

En mayo de este año fue extendida la medida cautelar del Juez Blanc, donde, además de limitar la distancia de las aplicaciones a dos mil metros en forma aérea y 500 en terrestre, instó a la conformación de una mesa de diálogo. 

La Defensoría fue integrada a las actuaciones, y en esa condición, en octubre de este año peticionó al Juzgado coordinar la Mesa de Diálogo Intersectorial “que por proveído 19/10/2020, apartado 4, el mismo Juzgado indicara conformar a los efectos de elaborar un documento con pautas de actualización de la Ordenanza 12.316 (que regula la utilización de productos químicos de uso agropecuario)  o de nueva normativa en la materia”.

Tal como advirtieron, el pedido no fue tratado; y estimaron que “seguramente lo será cuando las actuaciones sean devueltas por la Cámara”. 

Al respecto, en la nota al Deliberativo evidenciaron que entre los antecedentes reseñados en los Considerandos del proyecto no es citado el expediente Judicial antes aludido. “Tampoco hay conclusiones provenientes de la Mesa de Diálogo Intersectorial, la cual siquiera es mencionada”, aseveraron y solicitaron que se difiera el tratamiento del mencionado proyecto de Regulación de aplicaciones de agroquímicos en el Partido de Tandil “hasta tanto la Mesa de Diálogo Intersectorial culmine su función”.

Ayer por la mañana, vecinos que sostienen el pedido de acceder al derecho de Audiencia Pública para debatir el proyecto de ordenanza de regulación de aplicaciones de agroquímicos en el partido de Tandil se reunieron en asamblea en la Plaza Independencia. 

Con incertidumbre todavía por la fecha en que los concejales darían vía a la normativa, a las 9.30 se nuclearon frente al Municipio para debatir acciones a seguir. Allí, entre otras cosas, reafirmaron que la reunión ampliada del pasado lunes en el Teatro del Fuerte no satisfizo su reclamo. 

Con la impronta de poder informarse de la fecha en que se sesionaría la legislación se dirigieron a la Intendencia y en la vía pública se encontraron con el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, quien defendió la instancia celebrada el lunes como acto donde todos se pudieron “expresar libremente”. 

Allí, el funcionario les develó que el lunes a las 10 el cuerpo deliberativo daría una sesión especial para dar tratamiento a la ordenanza de aplicaciones. Tal como se había anticipado en el Eco de Tandil, la intención era poder definirlo antes del 10 de este mes, día en que se celebrará la asunción de los nuevos concejales elegidos, marcando el inicio de una nueva composición que se mantendrá hasta 2023. 

El lunes a las 10

En la oportunidad, a la reunión donde convergen distintos vecinos de Tandil se sumaron algunos nuevos actores en apoyo al rechazo de la ordenanza, como el caso de una docente que representa a la red nacional de escuelas rurales fumigadas. 

Ella expresó su gran preocupación por lo que ocurre a lo largo de la provincia y el país, admitiendo que las pulverizaciones llegan hasta la puerta de los establecimientos, provocando daños irreparables en los chicos.

Ya frente al titular del HCD insistieron que no todas las voces han sido escuchadas, ya que el proyecto no se consideró con la Comisión de Salud, por ejemplo, ni siquiera contaron con en el tiempo que pudiera comprender la preparatoria para una Audiencia Pública, porque el llamado a la reunión ampliada fue con poca anticipación. 

"El lunes que viene se van a tratar dos dictámenes y en todo caso, ustedes pueden seguir trabajando por una modificación de la ordenanza", determinó Frolik, sin dar lugar al intercambio de posturas.

Declaraciones formales, no mediáticas

Por otro lado, luego de que el jueves pasado tras interrumpirse la sesión ordinaria del Concejo Deliberante por la manifestación social y ante las declaraciones del presidente del Bloque del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, de apoyar el pedido de Audiencia Pública, los vecinos apelaron a que se haga de manera formal. 

En este sentido, desde ese Bloque habían comunicado que “siendo que la naturaleza del tema en cuestión es claramente de interés social”, aceptaban y acompañaban toda instancia “que tiende a ampliar la participación social en el marco de las instituciones de la democracia es asumido por nuestro espacio político como saludable y necesaria”.

Así, posteriormente al intercambio con Frolik, mantuvieron una reunión que dijeron “larguísima” con el concejal por el Frente de Todos, Juan Arrizabalaga, quien se comprometió con el grupo a viabilizar el pedido de Audiencia Pública, aunque les adelantó que “no tienen fuerza real”.

En la conversación el edil también consideró que la discusión de fondo en torno a la ordenanza no está planteada y que tiene que ver con la cuestión productiva en sí misma, pero recordó que el Bloque ya se expidió al respecto de la ordenanza, aunque la insistencia de los vecinos es que lo hagan de manera oficial y formal, no mediática.

Ayer por la mañana se reunió la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante con miras a definir el tratamiento que tendrá el proyecto de ordenanza de regulación de aplicaciones de agroquímicos en el partido de Tandil, un tema amplio como complejo y que llevó más de dos años de estudio y trabajo.

Contrarreloj, los presidentes de los bloques políticos deberán reunirse en Labor Parlamentaria para definir la convocatoria a una sesión especial antes del 10 de diciembre, día en que se celebrará la asunción de los nuevos concejales elegidos en octubre pasado y marcará el inicio de una nueva composición que se mantendrá hasta 2023. 

El encuentro legislativo, que podría incluir otros temas en el orden del día, deberá llamarse con 48 horas de anticipación, tal cual lo establece el reglamento interno, por lo que esta semana está descartada.

Por eso, las perspectivas apuntan a lo que pueda desencadenarse en los próximos días. Con acuerdo en la mayoría de los artículos, los integrantes del espacio apuestan a llevar el expediente a la sesión antes del recambio porque consideran que alcanzó un nivel de avance que lo justifica.

En ese sentido, ayer los concejales volvieron a reunirse para ajustar detalles en la redacción final al considerar algunas de las recomendaciones expuestas durante la reunión abierta del lunes en el Teatro del Fuerte, y definió la figura de la comisión de seguimiento y la autoridad de aplicación.

En cuanto al primer punto, el espacio estará conformado por las instituciones y organismos vinculados a la temática de orden nacional, provincial y municipal. Una vez que la ordenanza entre en vigencia, este ámbito será el encargado de consensuar modificaciones en el texto para actualizar los aspectos que se consideren, además de llevar adelante campañas de concientización, de difusión, de información y capacitación.

“Esa comisión tendrá un rol importante para revisar si hemos hecho las cosas tan mal; creo que hemos las cosas bastante bien”, defendió la concejal María Haydeé Condino.

“Antes del 10”

La presidenta del ámbito legislativo indicó a El Eco de Tandil que durante el intercambio que se celebró ayer incorporaron algunos detalles al texto del proyecto de ordenanza y le dieron una revisión final con miras a que pueda avanzar a la siguiente instancia. 

“Mi idea es tratarlo antes del 10 de diciembre, ojalá podamos”, deseó la concejal, que subrayó que el apartado más resistido, el dedicado a las zonas de exclusión y de amortiguamiento, del texto legislativo se mantuvo sin cambios.

Y justificó que las opiniones vertidas durante la reunión abierta no diferían a las que se expusieron a lo largo de los últimos dos años en las distintas instancias que se celebraron para la redacción de la propuesta. 

La audiencia del lunes pasado, resaltó, “no iba a traer nada nuevo a los concejales; la convocamos porque sabíamos que era importante que todas las personas que quisieras ser escuchadas fueran escuchadas. Y nosotros estamos conformes de haber escuchado a todas las partes”.

Sin embargo, “ello no implica que se tomen las modificaciones que se sugieren”, aclaró, y agregó que “los concejales tomamos decisiones después de escuchar”.

Sobre el tratamiento que se le dará, dijo que ayer “revisamos el proyecto y hay acuerdo. Si se convocara a una sesión especial, la idea es tratar este tema”.

Condino insistió que será incluido en el orden del día en el caso que Labor Parlamentaria decida convocar a una sesión especial. “Hoy no tenemos certezas”, dijo, y descartó un eventual encuentro legislativo para hoy o mañana, por lo que apuntó para la semana próxima.

“Los presidentes de los bloques decidirán cuándo se vota”, remarcó.

Cambios hasta el último momento

El vicepresidente de la Comisión de Producción, Ariel Risso (Frente de Todos), destacó que el expediente consiguió ayer un “cierre definitivo” en el ámbito de trabajo, en la previa a su ingreso al recinto.

Ahora, quedará por resolver la convocatoria para su votación y qué se resuelve en cuanto a la audiencia pública solicitada por un grupo de vecinos la semana pasada. “Tienen que acordar los presidentes de los bloques con el del Concejo”, resaltó y adelantó que, en caso de celebrarse la sesión especial la bancada votará con la diferenciación de un dictamen de minoría con respecto a los metros de la zona de exclusión.

Por otro lado, destacó que ayer se incorporaron detalles para precisar la autoridad de aplicación, que la fijará el Ejecutivo, para lo cual deberá contratar un profesional con incumbencia en la materia, mientras que la comisión de seguimiento entrará en vigencia en simultáneo con la ordenanza.

“Las ordenanza son imperfectas”, dijo, pero valoró que este espacio le dará un marco de “evolución constante” sobre lo que sea necesario corregir. Para Risso entonces es un aspecto “clave” en cuanto al cumplimiento de la futura ordenanza.

La reunión abierta que se celebró este lunes en el Teatro del Fuerte abrió un escenario que encamina el proyecto de ordenanza de regulación de aplicaciones de agroquímicos en el partido de Tandil hacia su debate y tratamiento.

La Comisión de Producción del Concejo Deliberante convocó a un encuentro que reunió a mas de 300 personas y permitió, por primera vez en el abordaje de la iniciativa -que busca reemplazar el marco regulatorio vigente- que las distintas opiniones en torno al tema puedan coincidir en un mismo ámbito, en un marco de respeto.

Ahora, el espacio legislativo que preside la concejal del oficialismo María Haydeé Condino volverá reunirse hoy para resolver el avance que tendrá el expediente, en la previa a un esquema de renovación de la mitad de las bancas, que se concretará el próximo 10 de diciembre.

En ese sentido, deberá establecer si convoca a una sesión especial para habilitar su tratamiento en el recinto o aguarda a la nueva conformación, aunque todo hace indicar que los acuerdos habilitarían la primera opción.

“Todo se plantea, discute y estudia”

En diálogo con El Eco Multimedios, la presidenta de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente, María Haydeé Condino (Juntos), se respaldó en el avance que presentó el expediente, los meses de trabajo, las consultas realizadas y las perspectivas de avance.

Sin adelantar definiciones, deslizó que “todo se plantea, todo se discute y todo se estudia” en ese ámbito, y que “estamos evaluando la posibilidad de tratarla y de no tratarla”, aunque resaltó el consenso entre los bloques en torno a la mayoría de los artículos.

El expediente lleva más de dos años de trabajo. “Asumimos el 10 de diciembre de 2019, pero el tema ya estaba en tratamiento” durante la anterior conformación y bajo la presidencia del concejal mandato cumplido Gustavo Ballent.

Con el recambio, la concejal encaminó la tarea con miras a modificar el marco regulatorio vigente, con “constantes” encuentros y consultas a especialistas y referentes de la activad.

En ese proceso, los integrantes de la comisión definieron que el método para enfrentar el tema sería con diálogo con todas las partes involucras en diferentes encuentros.

“Fuimos a empresas, a jornadas, muchas reuniones por Zoom por la pandemia, vimos experiencias de otras ciudades. Se trabajó durante todo este tiempo con encuentros presenciales y virtuales con todas las partes”, repasó Condino sobre una modalidad de trabajo que el lunes tuvo el reconocimiento de varios de los oradores en el Teatro del Fuerte.

Una decisión, muchos aspectos

Finalizado el ámbito de escucha, y mientras resuelve la discusión, Condino aseguró que, “como concejales, tenemos que tomar una decisión que tiene que considerar muchos aspectos, la salud y la producción también” y justificó que “hemos escuchado y tenido en cuenta a todas las personas con las que hemos hablado en los últimos años”.

En ese marco, adelantó que la Comisión de Producción se reunirá hoy para evaluar cómo continuar, “si vamos a modifica el dictamen en algún caso, si se va a votar en una próxima sesión o se va a dejar para más adelante”.

“Todavía no lo hemos decidido”, sentenció y respondió ante la consulta de este medio que será un aspecto que “vamos a resolver el miércoles”, a la vez que observó que el debate forma parte de la agenda pública a partir de la interrupción de la sesión del Concejo Deliberante el jueves pasado, “pero no es nuevo; se trabaja desde hace mucho, con seriedad y sin discriminar a quién escuchamos, qué tema abordamos y cuál no”.

Consenso

En otro pasaje de la entrevista, la concejal del oficialismo señaló que redactaron un proyecto de ordenanza con más de 30 artículos, de los cuales la mayoría tiene acuerdo, y que eso continúa sin cambios. “Los puntos que habíamos consensuados con el Frente de Todos están consensuados, excepto que resuelvan lo contrario en las próximas horas”, remarcó.

“Hay un montón de temas que incorpora el proyecto y que tienen que ver con controles sanitarios, tecnología, entre otros, que son necesarios. Hay cosas que se van a aprobar en esta o en próximas versiones, pero además es importante decir que los productos que se aplican en Tandil los aprueba Senasa, que es un organismo nacional”, defendió y contextualizó que de los 135 municipios bonaerenses 60 tienen ordenanzas sancionadas y dos incorporaron los dos mil metros de zona de exclusión.

“Nosotros vamos a prohibir la aplicación de fitosanitarios en el ejido urbano, pero la ordenanza que está vigente no. Entonces cuando decimos que tenemos que aprobarla es porque es superadora de la anterior”, enfatizó. 

Un proyecto “totalmente trabajado”

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión de Producción, Ariel Risso (Frente de Todos) resaltó la posibilidad de generar un espacio de encuentro para escuchar las distintas posturas y opiniones, la amplia participación en un marco de respeto.

Desde su perspectiva, observó que dilatar el tratamiento en el recinto permite que siga vigente la actual ordenanza, que es “muy vetusta y quedó obsoleta porque no regula nada y permite hacer cualquier tipo de aplicación muy cerca del ejido urbano”.

En cuanto a las perspectivas para su tratamiento, puso en consideración la postura que tomará el oficialismo ante el pedido de audiencia pública requerido por un grupo de vecinos. En caso de rechazar la posibilidad, “tomaremos la decisión de votar el proyecto, está totalmente trabajado”.

Defendió que el proyecto en estudio “está muy trabajado a conciencia”, por eso alcanzó “este grado de avance y maduración, en el que todo lo que se escuchó ya se tenía en cuenta”.

Además desde los aspectos teóricos y técnicos, “también se considera la realidad del partido”, ya que “el 50 por ciento de la actividad económica corresponde al sector agropecuario”, por lo que señaló que “hay que entender qué se desarrolla ahí, las condiciones, las zonas de exclusión”.

“Los agroquímicos están permitidos por las leyes nacionales y provinciales, el Senasa los permite, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de regular la práctica, que haya responsabilidad para el que aplica, para el productor, capacitación”, resumió el concejal de la bancada opositora.

El inminente tratamiento del proyecto de ordenanza para dotar a Tandil de una nueva legislación en materia de aplicación de agroquímicos, generó momentos de zozobra y tensión durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante.  

Tras la interrupción de la sesión por parte de un grupo de vecinos vinculados a organizaciones ambientalistas que reclamaban una audiencia pública para abordar el tema, la concejal oficialista Maridé Condino, presidenta de la Comisión de Producción que delineó el texto en cuestión, explicó que el cuerpo Deliberativo había recibido 48 horas antes este pedido. Frente a ello, en la comisión de labor parlamentaria se acordó no tratar el proyecto sobre tablas y generar un espacio de diálogo abierto, que se desarrollará el lunes (ver nota en Hábitat y Conciencia).

Por su parte, la legisladora enfatizó que la ordenanza que se promueve es superadora de la anterior, que quedó desactualizada, y que contempla una multiplicidad de aristas que contribuyen a mejorar los controles sobre las aplicaciones de productos biocidas. 

En este sentido esgrimió que, de los 34 artículos del texto normativo, hay 32 que van a salir por unanimidad, pero que no hay consenso pleno en el tema de la distancia de aplicación  con el bloque del Frente de Todos. En este caso, precisó que se va a presentar un dictamen de minoría para que dichos artículos se voten aparte. De todos modos, saldría por mayoría. 

“Los metros de distancia es el punto de conflicto. Tal vez podamos modificar algunos artículos, estamos dispuestos a hacerlo, pero me da la sensación de que si no ponemos los metros que los vecinos solicitan va a ser difícil llegar  a un punto de encuentro”, indicó. 

Un arduo trabajo 

Por otro lado, revalorizó que el proyecto no fue redactado a la ligera, sino que forma parte de un trabajo de muchos meses, en los que se reunió  información a conciencia y se debatió en la comisión entre ambas fuerzas políticas (el bloque Integrar no forma parte de la comisión pero estuvo siempre al tanto de los avances en el tema).

Asimismo, Condino detalló que cuando asumió hace dos años su rol empezaron a trabajar al respecto en Producción y destacó que el concejal Ariel Risso, del Frente de Todos, vicepresidente de la comisión, estaba abocado al tema desde antes, en sus primeros años de mandato. 

También  recordó que hay un proyecto presentado por Banca 21  en 2019 por la ONG Bios Argentina Nodo Tandil, en la figura de la docente e investigadora Graciela Canziani, que hizo uso de la banca del pueblo en ese momento.  

“En esta composición desde el día uno trabajamos escuchando a todos los que se presentaron para ser escuchados y no dejamos de recibir a nadie, es importante aclarar eso. Por  la pandemia tuvimos reuniones virtuales, también presenciales y hasta fuimos al campo a conocer experiencias agroecológicas, de siembra directa y demás”, explicitó. 

“Quizás pueda haber algún dictamen especial pero no más meses de tratamiento, porque los concejales tenemos  derecho a llevar un proyecto al recinto y votarlo”, argumentó.

“Esta ordenanza o nada” 

En tanto, la concejal sostuvo  que los encuadres normativos con los que se rige la actividad en la actualidad son más laxos y que solamente avalan zonas de exclusión en las escuelas rurales, pero tienen grises y vacíos en torno a otros espacios, que la presente ordenanza viene a regularizar. 

Además, aseveró que el sector agropecuario envió notas solicitando la no innovación del marco legal y aludió que si se atiende el proyecto de Banca 21, que establece radios de exclusión de 2000 metros, quedarían 290 mil hectáreas productivas por fuera del sistema de agricultura tradicional.

En torno a ello, Condino compartió que la adopción de este criterio implicaría pensar en un paso hacia la agroecología y el cambio de paradigma productivo, un pasaje que lleva no solamente tiempo sino la voluntad de hacerlo como parte de un proceso. 

Y agregó que, a su juicio, si no se prohíben las fumigaciones a menos de 2000 metros, los vecinos no van acompañar la propuesta.  Por este motivo, reparó en que están a la expectativa de lo que pueda suceder el lunes en la reunión abierta, pero lamentó que se perciba que, en definitiva, "la idea son 2 mil metros o nada, y nada es lo que va a quedar. Si no se vota esta ordenanza queda la nada, y la nada es que se pueda fumigar en la plaza”.  

Los artículos de la discordia 

El apartado en conflicto, tanto con la oposición como con las organizaciones ambientalistas, es el dedicado a las zonas de exclusión y de amortiguamiento, en los artículos 5to. y 6to. del texto legislativo.

Estos ítems define que  dichas zonas  son las superficies delimitadas que, por su ubicación, requieren de un tratamiento especial para garantizar la protección de la salud de la población y el cuidado del medioambiente. Bajo esta lógica, se determina que la zona de exclusión es aquella en donde no se autoriza la aplicación de ningún tipo de productos agroquímico a partir de la línea municipal del lote productivo. 

Asimismo, se delimita como zona de amortiguamiento a aquella donde sólo se podrán aplicar productos agroquímicos banda verde o azul (Clase III y Clase IV), excluyendo productos de mayor volatilidad y únicamente con equipos terrestres, bajo las pautas ambientales y tecnológicas adecuadas. Se inicia a partir de la línea final de la zona de exclusión.

La normativa que se busca aprobar establece que las aplicaciones en esta zona deberán ser informadas por los responsables a la Autoridad de Aplicación, con 24 horas de anticipación, mediante la presentación de plano escrito con la ubicación del lote a tratar y la copia de la correspondiente receta agronómica.

Como zonas de exclusión quedan fijadas la planta urbana de acuerdo a la clasificación del plano 4 del PDT; las zonas A y B de los Centros de Servicios Rurales de 1ra. Categoría; María Ignacia  y Gardey; y las zonas de servicios rurales de 2da. categoría: Azucena, Fulton, De la Canal, Iraola, La Pastora y Desvío Aguirre. El radio excluido abarca 60 metros de las zonas especificadas anteriormente, y la zona de amortiguamiento va hasta los 300 y 500 metros, dependiendo el área específica. 

Además, se prohíbe la aplicación terrestre de productos agroquímicos en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud y establecimientos elaboradores de productos alimenticios; una distancia con la que ya se venía trabajando. Por otro lado, la zona de amortiguamiento de los servicios educativos rurales se establece desde el límite de los 150 metros de exclusión hasta los 500 metros. 

Ayer por la mañana, tal como habían anunciado, un numeroso grupo de vecinos se manifestó en el Municipio contra la regulación del uso de los agroquímicos y su posible aprobación. 

Si bien el tratamiento del proyecto en el Concejo Deliberante se suspendió tras haber recibido el pedido de Audiencia Pública, esa instancia no fue conseguida y desde el deliberativo ofrecieron una propuesta intermedia. 

El presidente del HCD, Juan Pablo Frolik, en consentimiento con los distintos bloques, invitó a la comunidad a participar en la reunión de la Subcomisión de Trabajo, Producción y Medioambiente el lunes a las 17 en el Teatro del Fuerte, como espacio ampliado para debatir.

Para eso, los que quieran ser oradores tienen tiempo de anotarse hasta ese mismo día entre las 8 y las 13 en el Teatro, mientras que los oyentes no requieren de inscripción. 

Formalmente, desde el Concejo indicaron que la convocatoria “es abierta y pública a las personas que deseen manifestar su opinión sobre el tema de referencia, ya sea de forma particular o en representación de alguna organización”.

Posteriormente a este dictamen, los ediles pasaron a un cuarto intermedio para retomar la sesión con el orden del día, hasta que la situación se calme en el recinto. Mientras, en los mismos pasillos, los manifestantes se reunieron en asamblea, disconformes con la respuesta de los concejales. 

Acercándose nuevamente a Frolik, solicitaron hacer valer las legislaciones vigentes que avalan el derecho a Audiencia Pública, además volvieron a presentar un manifiesto de la comunidad médica local, presentado en agosto del año pasado y no considerado en el proyecto de ordenanza.

En el recinto del HCD

Alrededor de las 9.30 las personas comenzaron a nuclearse primero en la explanada municipal, donde expusieron una intervención de cómo las fumigaciones afectan a las personas, y luego ingresaron al edificio, hasta el recinto del Concejo Deliberante. 

Varios de ellos lograron acomodarse en la sala con sus carteles y voces en alto, colocando en varias de las bancas botellas con agua que sale de las canillas de las escuelas rurales y plantines de huerta afectados por un herbicida hormonal. 

Además, repitieron la representación artística en la que “la Parca”, un aplicador y un ángel, recorrieron los pasillos entre los ediles, donde yacían víctimas de la contaminación del aire, el agua y la tierra. 

Entre las voces, aseguraron que la mayoría de los afectados son los niños, y recordaron el informe que emitió la Sociedad Argentina de Pediatría confirmando las consecuencias en su desarrollo, malformaciones y diferentes tipos de cánceres.

Asimismo, lamentaron que no se haya tenido en cuenta el informe realizado por una institución pública y de reconocimiento como la Unicen, donde la investigación confirmó la presencia de 16 agroquímicos en las aguas y tierra de las escuelas rurales del partido, entre otra gran cantidad de evidencia científica.

Aval al debate público y de participación social

Al momento en que se interrumpió la sesión, el primero en salir fue el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, que enseguida expuso la postura de sus colegas partidarios en relación a la Regulación del uso de Agroquímicos. 

En primer término, garantizó su respaldo y apoyo para que se cumpla con la ley de acceso a una Audiencia Pública, ya que aseveró que es un derecho y cualquiera tema que tenga amplio alcance social y comunitario lo vale.

Por otro lado, desde el bloque plantearon que hace más de dos años se trabaja en la confección de una nueva Ordenanza que regulase “con más eficacia” las aplicaciones de productos agroquímicos en el distrito de Tandil, mencionando finalmente la elaboración de un proyecto “que contempla, ante todo, el cuidado y resguardo de la salud humana”.

Sin embargo, admitieron que aún restan cuestiones por resolver y que fueron solicitadas desde el Frente de Todos, como por ejemplo la especificación de la Autoridad de aplicación por parte del Municipio de Tandil.

Asimismo, destacaron que fueron ellos quienes fijaron una zona de exclusión (no se puede aplicar ningún agroquímico) de 150 metros y una zona de amortiguamiento (sólo se aplica productos banda verde) de 850 metros. 

“El oficialismo representado en Juntos por el Cambio, que cuenta con la mayoría en el Concejo Deliberante, proponen una zona de exclusión de 60 metros y un amortiguamiento de 440 metros (con productos banda Verde y azul). Nuestro Bloque ve esta decisión como contraria al espíritu regulatorio de la Ordenanza”, advirtieron.

En relación al pedido de Audiencia Pública cursada por las organizaciones y vecinos manifestantes, reiteraron de manera oficial que desde el Bloque del Frente de Todos aceptan y acompañan el pedido “porque toda instancia que tiende a ampliar la participación social en el marco de las instituciones de la democracia es asumido como saludable y necesaria”.

Juzgar la comunidad por la salud de sus niños

Un sector de la comunidad médica local consideró importante insistir con un manifiesto que presentaron el año pasado, porque al conocer los 36 artículos que comprende la regulación que pretendían aprobar entendieron que sus advertencias sobre la salud no habían sido tenidas en cuenta.

Allí apuntaron sobre esos estudios realizados por docentes, investigadores y alumnos de la Universidad del Centro que han demostrado la presencia de al menos 16 ingredientes activos agroquímicos plaguicidas en suelo y agua de distintas instituciones educativas rurales del partido de Tandil.

“Dichas sustancias tienen comprobado potencial de desencadenar efectos nocivos para la salud, luego de la exposición a las mismas ya sea por exposición ambiental (a través de agua, suelo o aire contaminados), hogareña (plásticos y productos de higiene o limpieza), alimentaria o laboral”, afirmaron. 

Desde su perspectiva y conocimiento, indicaron que en los últimos años se ha incrementado la incidencia de alteraciones en el sistema reproductor, cánceres hormonodependientes, enfermedades neurológicas y metabólicas. 

Asimismo, avalaron el aumento del número de nacimientos prematuros y retardo de crecimiento intrauterino, sobre todo en lugares expuestos a altos niveles de contaminación ambiental.

Entre otras especificidades, pronunciaron que como profesionales de la salud especialistas en Pediatría y Endocrinología Infantil, asisten a un número creciente de pacientes de edades comprendidas entre O y 18 años, provenientes de distintas zonas del partido de Tandil y ciudades vecinas, con diversas patologías similares a las arriba mencionadas que dijeron, muestran relación con factores ambientales. 

De hecho, aseguraron que hace décadas se ha comprobado el efecto estrógenomimético de pesticidas, BPA, parabenos y fitoestrógenos, así como su potencial carcinogénico (tumores horrnonodependientes). 

“Este incremento nos obliga a manifestar nuestra preocupación y encender la alarma sobre los potenciales daños a los cuales está expuesta nuestra comunidad, sobre todo en etapas de la vida altamente vulnerables, como el período intrauterino y la infancia, los cuales podrían manifestarse en los mencionados períodos o en etapas posteriores, incluso en próximas generaciones”, exclamaron.

Para finalizar, compartieron una reflexión que dice que “la salud de una buena sociedad puede ser juzgada por la salud de sus niños”, lo que consideraron que supone la identificación precoz de riesgos prevenibles y la traducción “inmediata” de estos conocimientos en intervenciones eficaces como políticas de protección comunitaria.

Luego de un año y medio de trabajo, el Concejo Deliberante debatirá el nuevo proyecto de ordenanza sobre aplicación de fitosanitarios en el Partido de Tandil, un tema que ha desatado varias controversias a lo largo del tiempo.

Según trascendió, los ediles lo tratarían en la sesión de este jueves o en la del 9 de diciembre a más tardar, previa emisión del dictamen y los pasos correspondientes dentro de la labor parlamentaria. Esto se debe a que el 10 de diciembre se producirá el recambio de autoridades y algunos de los concejales implicados de cerca en la confección del texto legislativo, como Ariel Risso, del Frente de Todos, dejarán sus bancas y la idea es que el proyecto pueda ser tratado sobre tablas, discutido y votado con la conformación actual del cuerpo Deliberativo. 

Si bien los ediles no quisieron aún exponer públicamente el borrador del texto, que fue confeccionado por la Comisión de Trabajo, Producción y Medioambiente, presidida por la legisladora de Juntos por el Cambio Maridé Condino, lo cierto es que parece que la normativa no dejará conforme por completo a ninguno de los sectores en pugna; a las organizaciones ambientalistas y a los productores agropecuarios. 

A los primeros, porque consideran que el texto normativo sigue avalando las fumigaciones indiscriminadas -incluso acorta distancias- y no propone una nueva mirada direccionada hacia el cuidado de la salud y la tierra. 

En la vereda de enfrente, el sector del agro, en algunos casos, manifestó cierta reserva ante la costosa nueva tecnología que deberán incorporar gradualmente para desarrollar las tareas de fumigación y otros requerimientos que consideraron muy exhaustivos. 

Un largo recorrido

Luego de varios meses de trabajo, los bloques políticos lograron un consenso y acordaron un articulado de 36 puntos denominado "Regulación de aplicaciones de agroquímicos en el Partido de Tandil" para reemplazar a la Ordenanza Municipal 12.316 que quedó desactualizada y perimida. 

La iniciativa -a la que accedió este Diario- remarca que se llevaron a cabo una serie de encuentros que comenzaron el 22 de junio de 2020 con distintos actores involucrados en la temática para reunir información al respecto.

Así, pasaron por la mesa de diálogo científicos, vecinos de localidades rurales, la Mesa Agropecuaria: representantes del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del Círculo de Ingenieros Agrónomos, Aapresid y Aeroaplicadores; integrantes de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable Tandil, Fitoaplicadores del Partido de Tandil, endocrinólogos, dirigentes ruralistas, exconcejales y la Cámara Empresaria, además de participaciones en jornadas técnicas sobre aplicaciones. 

No obstante esto, desde la junta vecinal expusieron que solamente algunos referentes como Claudio Lowy y Garciela Canziani, que además son profesionales del tema, fueron convocados para hablar sobre la problemática y que no se abrió el juego a la construcción colectiva con el resto de los ciudadanos del espacio. En tanto, asentaron su preocupación ante la eventual sanción de la ordenanza y se declararon en alerta.  

Generalidades del proyecto 

La propuesta justifica que "es necesario definir límites claros de aplicación de agroquímicos y arbitrar los medios necesarios para que el control sea efectivo, no sólo por parte de las autoridades sino también de la comunidad".

"La nueva normativa establece un objeto y un ámbito de aplicación claro, para regular las acciones relativas al manejo responsable de los productos fitosanitarios; se modifica y amplía la zona de exclusión y la zona de amortiguamiento de la aplicación de los productos fitosanitarios; y en ese sentido se modifican sobre distintos espacios que comprenden las urbanizaciones especiales, las banquinas de rutas, los cursos de aguas, los campos deportivos, la circunscripción 1, las zonas A y B de los Centro de servicios rurales de 1ra categoría y los de 2da categoría (establecimientos educativos rurales, centros de salud y los establecimientos elaboradores de productos alimenticios)", puntualiza el proyecto.

Con respecto a los establecimientos educativos rurales se establece que al momento de la aplicación debe haber 150 metros de exclusión y hasta 500 metros de amortiguamiento, se fija la obligación de tener una barrera forestal, de acordar con las instituciones el horario de aplicación y como premisa fundamental que la escuela esté vacía. 

Además, se realizó una aclaración en lo que respecta a las escuelas agropecuarias con producción agrícola, porque utilizan la aplicación de productos fitosanitarios con fines educativos y de experimentación. Por otra parte, se prohíbe la siembra en banquinas de todas las rutas nacionales y provinciales del Partido; y se agregó la necesidad de trasladar los envases de fitosanitarios vacíos al Centro de Acopio Transitorio según Ley 27.279.

Se agregó también a la ordenanza una reglamentación sobre urbanizaciones especiales o nuevas zonas urbanas, banquinas y campos deportivos; la carga de agua del mosquito; apiarios con su determinado registro y cuidados específicos; la obligación de tener VTV de la maquinaria; la responsabilidad del ingeniero agrónomo; la responsabilidad compartida de la aplicación entre quien o quienes que hayan ordenado la aplicación en lote y el titular de la empresa que haya realizado la aplicación; la obligatoriedad de tener un certificado de aptitud física; el registro de operarios; la obligatoriedad de instalar en las maquinarias tecnología de aplicación selectiva y de georreferenciación de la trayectoria del equipo; la creación de una comisión de seguimiento; un artículo específico para realizar denuncias a quien esté incumpliendo la presente ordenanza y la aplicación de onerosas multas económicas. 

Un artículo que generó suspicacias entre las entidades ambientalistas establece que quedan fuera del alcance de la ordenanza las actividades relacionadas con el control de plagas, cuando la aplicación sea efectuada por un organismo municipal, provincial o nacional, autorizado a tal efecto o agentes privados que cuenten con previa autorización municipal. De esta forma, creen que se va a poder seguir utilizando biocidas en la planta urbana blandiendo la carta del control de plagas. 

Zonas de exclusión y amortiguamiento 

El apartado dedicado a las zonas de exclusión y de amortiguamiento define que son las superficies delimitadas que, por su ubicación, requieren de un tratamiento especial para garantizar la protección de la salud de la población y el cuidado del medioambiente. Bajo esta lógica, se determina que la zona de exclusión es aquella en donde no se autoriza la aplicación de ningún tipo de productos agroquímico a partir de la línea municipal del lote productivo. Sólo se permiten aquellos de tipo biológicos, línea jardín perihogareña o domisanitarios.

Asimismo, se delimita como zona de amortiguamiento a aquella donde sólo se podrán aplicar productos agroquímicos banda verde o azul (Clase III y Clase IV), excluyendo productos de mayor volatilidad y únicamente con equipos terrestres, bajo las pautas ambientales y tecnológicas adecuadas, respetando las Buenas Prácticas Agropecuarias  indicadas por el Senasa, el INTA y el Ministerio de Producción de la Provincia. Se inicia a partir de la línea final de la zona de exclusión.

Las aplicaciones en esta zona deberán ser informadas por los responsables a la Autoridad de Aplicación, con 24 horas de anticipación, mediante la presentación de plano escrito con la ubicación del lote a tratar y la copia de la correspondiente receta agronómica.

Como zonas de exclusión quedan fijadas la planta urbana de acuerdo a la clasificación del plano 4 del PDT; las zonas A y B de los Centros de Servicios Rurales de 1ra. Categoría; María Ignacia  y Gardey; y las zonas de servicios rurales de 2da. categoría: Azucena, Fulton, De la Canal, Iraola, La Pastora y Desvío Aguirre. El radio excluido abarca 60 metros de las zonas especificadas anteriormente, menor al que se usa en la actualidad que, según la ley provincial, es de 150 metros. La zona de amortiguamiento va hasta los 500 metros. 

Además, se prohíbe la aplicación terrestre de productos agroquímicos en lotes que se encuentren a menos de 150 metros de establecimientos escolares, centros de salud y establecimientos elaboradores de productos alimenticios; una distancia con la que ya se venía trabajando. Por otro lado, la zona de amortiguamiento de los servicios educativos rurales se establece desde el límite de los 150 metros de exclusión hasta los 500 metros. 

Para delinear una comparativa, la cautelar del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil, a cargo del juez Julio Blanc, prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos a menos de 2000 metros de lugares habitados y a 500 metros de forma terrestre. La medida fue prorrogada  sin plazo en mayo de este año, pero no se ejerce ningún control por parte del Estado local. 

Fumigaciones aéreas y cursos de agua 

Por otro lado, el texto dictamina que se podrán realizar aplicaciones aéreas a partir de los 2000 metros desde el límite urbano o de edificaciones habitadas urbanas o rurales, establecimientos escolares, centros de salud y establecimientos elaboradores de productos alimenticios.

Las aplicaciones de agroquímicos con equipos terrestres autopropulsados o de arrastre y equipos aéreos deberán dejar una distancia libre de aplicación (zona de exclusión) de 50 metros desde el margen de los cursos de agua principales, entiéndase lagunas, ríos, arroyos y estaciones de bombeo. En todos los casos se tomará en cuenta desde la vera de cualquiera de estos cursos de agua.

Aplicadores y sanciones 

Siguiendo el articulado, la novedad del texto legislativo es que se exigirán controles médicos anuales a los aplicadores para monitorear su estado de salud y elaborar estadísticas al respecto. Esta iniciativa parte de un convenio que se va a firmar entre el Sistema Integrado de Salud Pública y la Asociación de Aplicadores  de Fitosanitarios, pero el proyecto establecerá la obligatoriedad de los controles más allá del acuerdo de colaboración mutua entre ambos actores. 

También será preciso que quienes desempeñan estas tareas y las empresas vinculadas al agro realicen todos los años capacitaciones sobre el tema para mantenerse actualizados, y seguirá siendo condición excluyente el uso de la receta agronómica que rige por ley provincial desde 1998, a cargo de un ingeniero agrónomo que certifique la práctica y el producto que se utilizará en la misma. 

Otra de las novedades que obtuvo el consenso unánime  fue la creación de un Comité de Seguimiento conformado por Ejecutivo, el Legislativo, el INTA, la Dirección de Fiscalización Vegetal de la Provincia, el Senasa, la Defensoría del Pueblo y la Jefatura Distrital de Educación, para controlar el funcionamiento de la ordenanza y plantear los cambios que se consideren necesarios a medida que pasa el tiempo. 

La autoridad de aplicación encargada de hacer cumplir la ley será designada por decreto municipal  y seguramente abarcará más de un área comunal.  La unidad de aplicación para las sanciones será el sueldo municipal de treinta (30) horas, categoría 4, escalafón administrativo. 

Cualquier infracción, según su gravedad, podrá ser penada con una multa que va de los 5 a los 30 sueldos. En el caso de primera reincidencia se duplicarán los montos de las sanciones. 

Un grupo de vecinos de la ciudad de Tandil firmó un petitorio que acercaron ayer al mediodía al Municipio, dirigido al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, a fin de solicitar convocatoria a una Audiencia Pública como instancia de participación ciudadana, a efectos de emitir públicamente su opinión respecto de la regulación del uso de los agroquímicos, que se trataría este jueves en el recinto para su aprobación. 

La intención de los 30 ciudadanos que rubricaron el documento, es que todas las voces afectadas por esta resolución tenga la oportunidad de ser escuchadas. 

Se sabe que la elaboración de la normativa lleva más de dos años y el proyecto final se ha mantenido a resguardo, con develaciones de pequeños avances, hasta último momento. 

Al conocer el detalle de cada uno de sus 36 artículos, advirtieron que fueron ignorados tanto el anteproyecto presentado por Banca 21, como los aportes realizados en los escasos encuentros individuales convocados por la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente a estas personas.

“No convocar a una audiencia pública para tratar el proyecto de ordenanza en cuestión contradice el Principio de Congruencia establecido en el Artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25.675”, aseveró la investigadora y especialista en estudios sociales agrarios, Virginia Toledo López, en voz de los convocados.

Dicha ley plantea que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

“Afectará de manera negativa”

El trabajo de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable, y otros actores que se han ido sumando, viene siendo sostenido en la ciudad, incluso se intensificó con el pasar del tiempo y ante la falta de respuestas. 

Así fue que ante la inminente aprobación de una ordenanza que aseveraron afectará de manera negativa y altamente significativa al ambiente y las personas, decidieron con urgencia apelar a la Audiencia Pública, instancia que desde un primer momento plantearon como necesaria.

Vale decir que en el documento entregado ayer no solamente indicaron que el plexo normativo internacional, nacional, provincial y local es abundante y consistente con respecto a esta petición, sino que detallaron cada una. 

Así, por ejemplo y entre otras tantas, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información la Participación Pública y el Acceso la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado Acuerdo de Escazú, recientemente aprobado.

En la nota dirigida a Frolik recordaron que múltiples trabajos, publicados en la literatura científica, señalan que la aplicación terrestre y aérea de agroquímicos plaguicidas es una actividad que genera fuertes impactos ambientales, así como riesgos y daños a la salud. 

Entre muchos otros documentos, esto fue confirmado y referenciado en el Anteproyecto de Ordenanza presentado en 2019 en Banca 21 por la Dra. Graciela Canziani para la “Regulación de la Aplicación de los Agroquímicos Plaguicidas en el Partido de Tandil”, en el “Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil”, de la Unicen, y en el Informe de la Sociedad Argentina de Pediatría “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”, publicado en junio del corriente.

Consulta parcial

A lo largo de estos dos años de trabajo,la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, realizó una secuencia de entrevistas y consultas con distintos sectores involucrados, directa o indirectamente, con las aplicaciones, sin embargo los vecinos advirtieron que esto se realizó de manera parcial y fundamentalmente no fueron públicas, quebrantando nuevamente las normas”. 

 “No fueron consultadas todas las personas afectadas”, aseguró Toledo López, refiriéndose particularmente a los inquietas por los efectos de las derivas en aire, agua, suelo y alimentos, ni el personal de salud, que puede dar cuenta de los riesgos y daños que genera la aplicación de los agroquímicos plaguicidas, ni a autores del informe de la Sociedad Argentina de Pediatría o bien a integrantes de la comunidad científica que investiga la contaminación ambiental. 

“No hubo convocatoria a consultas abiertas a las que pudiera presentarse toda persona que se considere afectada en su salud y/o en sus actividades productivas”, lamentó.

Por otro lado, tampoco tuvieron acceso al texto del anteproyecto hasta hace pocos días atrás, cuando fue dado a conocer oficiosamente a través de medios de comunicación local. 

Advirtieron, entonces, que en su contenido fueron ignorados tanto el anteproyecto presentado por Banca 21, como los aportes realizados en los escasos encuentros individuales convocados por la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente a estas personas.

“Si no es ahora, ¿cuándo?”

“No convocar a una audiencia pública para tratar el proyecto de ordenanza en cuestión contradice el Principio de Congruencia establecido en el Artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25.675”, insistieron los firmantes de la nota entregada al HCD.

En este sentido, explicaron que la elaboración, aprobación y reglamentación de esta ordenanza que regulará la aplicación de agroquímicos plaguicidas en el Partido de Tandil es una actividad y un proceso que “afectará de manera negativa y altamente significativa al ambiente”. 

Por este motivo, respaldaron que toda la normativa referenciada es consistente con la necesidad del llamado a audiencia pública para legitimar el proceso de su elaboración.

“Si la elaboración de una ordenanza de tamaña significación para el cuidado de la salud humana y ambiental no es motivo de una Audiencia Pública, ¿cuáles temas lo serían?”, cuestionaron, esperando que la respuesta a la petición sea favorable, y antes del tratamiento en recinto.

Luego de varios meses de trabajo, finalmente la Comisión de Producción y Medioambiente del Legislativo logró arribar a un consenso en torno a la nueva ordenanza sobre aplicación de fitosanitarios. 

Tras  numerosos encuentros con diferentes actores, los ediles acordaron el articulado para confeccionar la nueva normativa en la materia, considerando que la Ordenanza Municipal 12.316 quedó  desactualizada. Huelga recordar que el magistrado a cargo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil, Julio Blanc, hace un año dictó una medida cautelar que prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos a menos de dos mil metros de lugares habitados, y a 500 metros de forma terrestre. La medida regía, en principio, por 6 meses y en mayo fue prorrogada sin plazo.

Si bien desde los bloques prefirieron no adelantar el borrador del proyecto porque todavía les falta ponerse de acuerdo en la cantidad de metros de las zonas de exclusión y amortiguación, y además explicaron que pueden surgir eventuales modificaciones, la presidenta de la comisión, la concejal de Juntos por el Cambio Maridé Condino, adelantó algunos puntos convenidos para avanzar en la redacción del proyecto final. 

Como se mencionó, el trabajo en cuestión es producto de los múltiples intercambios con quienes forman parte de esta discusión; vecinos, médicos y especialistas, el INTA, entidades del agro, autoridades provinciales, el Senasa y los aplicadores. 

Zonas de exclusión 

Según detalló Condino, el nuevo texto busca ofrecer mayor resguardo a las escuelas rurales, y establece zonas de exclusión –donde está prohibido pulverizar- y zonas de amortiguamiento –donde se puede fumigar bajo diversos requisitos- para establecer un perímetro seguro. Por el momento, existe una zona de exclusión inmediata que contempla los 150 metros alrededor de los establecimientos educativos  y los cursos de agua.

Asimismo, destacó que no podrá llevarse a cabo ninguna tarea de esta índole mientras la institución esté funcionado. Esto requerirá aceitar engranajes de comunicación  entre el sector educativo, el Estado municipal, los dueños de los campos y los fumigadores, para acordar los días y horarios que correspondan. En este sentido, indicó que se deberá dar aviso de la actividad de fumigación 48 horas antes. 

Además, se establecerá la obligatoriedad de hacer una cortina forestal para brindar mayor protección y las maquinarias deberán contar con tecnologías que permitan la geolocalización y la aplicación selectiva, entre otros detalles que servirán para ejercer más controles. Como estos insumos son onerosos, la ordenanza no aludirá a ninguno en especial, pero si exigirá que la información esté disponible para poder rastrear el recorrido de los “mosquitos”, por ejemplo. 

En tanto, la legisladora señaló que todo el ejido urbano de Tandil y de localidades del área rural funcionarán como una zona de exclusión y no se podrá aplicar ningún producto agroquímico en la planta poblacional.

“Son sugerencias que tomamos que tenían que ver con mejorar el control y la aplicación para que se use la menor cantidad de producto y se resguarde la salud de las personas”, refirió.

Controles 

Por otra parte, la novedad del texto legislativo es que se exigirán controles médicos anuales a los aplicadores para monitorear su estado de salud y elaborar estadísticas al respecto. Esta iniciativa parte de un convenio que se va a firmar entre el Sistema Integrado de Salud Pública y la Asociación de Aplicadores  de Fitosanitarios, pero el proyecto establecerá la obligatoriedad de los controles más allá del acuerdo de colaboración mutua entre ambos actores. 

También será preciso que quienes desempeñan estas tareas y las empresas vinculadas al agro realicen todos los años capacitaciones sobre el tema para mantenerse actualizados, y seguirá siendo condición excluyente el uso de la receta agronómica que rige por ley provincial desde 1998, a cargo de un ingeniero agrónomo que certifique la práctica y el producto que se utilizará en la misma. 

Otra de las novedades que obtuvo el consenso unánime  fue la creación de un Comité de Seguimiento conformado por Ejecutivo, el Legislativo, el INTA, la Dirección de Fiscalización Vegetal de la Provincia, el Senasa, la Defensoría del Pueblo y la Jefatura Distrital de Educación, para controlar el funcionamiento de la ordenanza y plantear los cambios que se consideren necesarios a medida que pasa el tiempo. 

No obstante, Condino aclaró que el proyecto que se está puliendo tiene un carácter punitivo importante,  con la adición de multas muy elevadas y acumulativas  para penalizar cualquier trasgresión a los artículos normativos. La autoridad de aplicación encargada de hacer cumplir la ley será designada por decreto municipal  y seguramente abarcará más de un área comunal.  

Lo que falta 

Aunque aún no está el texto definitivo, desde el Concejo apuestan a seguir avanzado en las próximas semanas para tener un proyecto que pueda tratarse en el recinto antes de fin de año y aggionar el encuadre jurídico para las fumigaciones en el Partido. 

En esta línea, la cantidad de metros mínimos para aplicar los productos son todavía un tema de debate en la comisión que no encuentra un anclaje único en las normativas similares existentes.

“Las provincias tiene sus leyes para trabajar la problemática, y hay partidos que sólo se rigen por esta legislación pero hay otros que tienen una legislación propia que acompaña a la norma mayor, que es lo que pasa en Tandil. Al haber ordenanzas diferentes también varían los metros de distancia exigidos para pulverizar. En algunos distritos  la distancia es de 100 metros, en otro es de mil, cada uno decidió una distancia diferente en base al momento en el que se sancionó la ordenanza y por eso es preciso que la Provincia elabore una ley que equipare este punto, porque hasta que no lo hagan va a pasar esto”, sostuvo. 

Con un borrador de proyecto de ordenanza sobre el cual trabaja la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante, anticiparon que podrían estar ante la etapa final para lograr una nueva reglamentación de aplicación de agroquímicos en el partido de Tandil.

Más allá de calificar como “valioso” al trabajo de elaboración del bosquejo realizado por el concejal Ariel Risso, el coordinador de la ONG Bios Argentina Nodo Tandil y uno de los que presentó el anteproyecto para modificar dicha ordenanza en 2019, Claudio Lowy, consideró necesario realizar algunas reflexiones acerca de la próxima legislación.

Vale recordar que el edil del Frente de Todos explicó que la nueva norma se enfocaría principalmente en un control eficiente del cumplimiento de la misma, apoyándose básicamente sobre lo resuelto desde Provincia en cuanto a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y priorizar el uso de productos catalogados como “Banda verde”, sin precisar los metros de restricción para las fumigaciones.

“Está claro que no vamos a cambiar el sistema productivo que actualmente tenemos en el país, la provincia y en nuestro distrito, porque hay una legislación que lo permite y porque hay organismos de control que así lo avalan, caso Senasa o de INTA”, había señalado Risso en conversación con El Eco de Tandil.

Relación glisfosato-cáncer

A raíz de la nota publicada en este Diario, el ingeniero forestal y máster en Desarrollo Humano Sostenible, recordó que la ordenanza vigente no impide emplear agroquímicos plaguicidas en el área urbana, sino que según su artículo 2, avala el uso de aquellos clasificados como Clase III Banda Azul y Clase IV Banda Verde.

“Por ejemplo, permite la aplicación en espacios verdes públicos y privados de formulados de glifosato, comprobadamente cancerígeno según el Instituto de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, y también reconocido así por Instituto Nacional del Cáncer dependiente del Ministerio de Salud de la Nación; sin dejar de mencionar las múltiples condenas multimillonarias a Bayer-Monsanto en los EE.UU.”, expresó.

Cabe destacar que, como informó El Eco de Tandil, en un hecho histórico recientemente el Estado argentino reconoció la relación entre el glisfosato y el cáncer.

“El uso de agroquímicos puede provocar cáncer en seres humanos” admitió en abril del año pasado el Instituto Nacional del Cáncer (INC), reafirmando el concepto establecido por la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta información llegó justamente a manos de Claudio Lowy y Marcos Filardi, quien como abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria, integrante de la Cátedra libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) Nutrición en la UBA y del Museo del Hambre, entre otros destacados, fue quien accedió al documento en abril del 2019 luego de realizar una solicitud de acceso a la información pública ante la que fuera secretaria de Gobierno de Salud.

No es cambiar el sistema productivo

Por otro lado, Lowy aclaró que el anteproyecto de ordenanza presentado por Banca 21 en agosto de 2019 junto a Graciela Canziani tampoco propone cambiar el sistema productivo en el partido de Tandil, sino “apenas” alejar las aplicaciones terrestres de agroquímicos a dos mil metros de los lugares donde la gente desarrolla su vida, y prohibir las aplicaciones aéreas como ocurre, por ejemplo, en el partido de Cañuelas desde el año 2010.

“El argumento de las BPA es echarle la culpa de los daños que están generando los agroquímicos biocidas a quien aplica el producto en el campo, preferentemente al trabajador rural”, manifestó.

Consideró que así, “invisibiliza” las responsabilidades de las corporaciones empresarias que se benefician con la venta de los plaguicidas, de los ingenieros agrónomos que los recetan, de los Colegios de Ingenieros Agrónomos que los legitiman, del Senasa que registra los productos para su uso a pesar de sus toxicidades y derivas incontrolables, y de las autoridades de aplicación a nivel nacional, provincial y municipal.

Sin política pública no hay control

Finalmente, el referente de Bios destacó que la normativa provincial sólo establece dos mil metros libres de fumigaciones aéreas, sin especificar distancias libres del uso terrestre. A pesar de ello, indicó que muchos partidos de la provincia de Buenos Aires regularon las aplicaciones de plaguicidas con medidas “protectivas” tanto para los usos terrestres como aéreos. “Es claramente una competencia de los gobiernos locales”, enfatizó.

En otro sentido, negó que sea cierto que los agroquímicos clasificados toxicológicamente como Banda Verde no sean prácticamente nocivos para la vida en general. “Si fuera así no se aplicarían”, refutó y agregó que “son biocidas por definición”.

Por otro lado, informó que esa clasificación sólo evalúa la toxicidad letal aguda, es decir, si mata en el corto plazo pero no si enferma. “Por ejemplo, la Atrazina, con formulados Clase IV Banda Verde, es un reconocido disruptor endócrino de máximo nivel, que genera daños al sistema inmunológico, que tanto necesitamos todos cuidar mucho, sobre todo en estas épocas de pandemia virósica”, comparó.

Por último, referenció que la Sociedad Rural de Tandil reconoció que se realizan 30 mil aplicaciones de plaguicidas por año en el partido, lo cual a su parecer resulta “imposible” para que los registros y controles que propone la nueva ordenanza puedan ser realizados sólo por un ingeniero agrónomo, “por más buena voluntad que tenga”.

“Como bien dice el Concejal Risso, no hay políticas públicas si no hay control adecuado”, determinó al concluir.

A raíz de la nota que se publicó en El Eco Multimedios, sobre el trabajo que se lleva adelante desde el Concejo Deliberante para arribar a una nueva ordenanza que regule la aplicación de fitosanitarios en el partido y el borrador sobre regulación con eje en los controles que presentó el concejal del Frente de Todos, Ariel Risso, el ingeniero Claudio Lowy, coordinador de la ONG ambientalista Bios nodo Tandil, realizó algunas “salvedades”.

En primer lugar, destacó la preocupación manifiesta del concejal Risso sobre las cuestiones ambientales y del desarrollo de la agroecología, sin embargo, luego advirtió que algunas cuestiones recientemente declaradas “no son así”.

En sus declaraciones, el concejal habló de “zonas grises” de competencia para la regulación de las aplicaciones de plaguicidas, a lo que Lowy indicó que las normas municipales son muy claras al respecto, tanto en lo que hacen al ordenamiento territorial como a la protección ambiental, y más allá de lo que indican las de nivel nacional y provincial.

Recordó que la Ley Orgánica de las Municipalidades es muy vieja, del año 58, pero a pesar de eso consideró que el concepto se entiende y repasó algunos incisos donde se prioriza el cuidado y la conservación de la población y los recursos naturales.

Además, referenció la legislación provincial de ordenamiento territorial, donde se asienta el objetivo de asegurar la preservación y mejoramiento del medioambiente, advirtiendo proscripción de acciones degradantes del ambiente. A su vez, allí también se indica que la responsabilidad primaria del ordenamiento territorial recae en el Municipio.

En Tandil hay 30 mil aplicaciones por año

En el planteo que realizó el concejal Risso en conversación con el programa “Cosas que pasan” y replicado en el diario El Eco de Tandil, hizo hincapié en que si los controles fallan, falla todo.

En consonancia, Lowy aseguró que no se trata solamente de quién interviene, sino de qué es lo que hay que controlar. Explicó que desde la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) hablan de las recetas fitosanitarias y el chequeo de eso es “una cosa muy compleja”.

“En Tandil se hacen en promedio 30 mil aplicaciones al año, eso si se toman los 10 meses fuertes, se traduce en cien por día, con fines de semana inclusive”, detalló. “¿Cómo hacen para controlar?”, cuestionó.

Según su propuesta, lo que debería hacerse para lograr la eficacia, es que un inspector verifique que se tenga la receta fitosanitaria, sacar una muestra del tanque, del avión o del mosquito, para protocolizarla y mandarla a laboratorio para ver si ese contenido coincide con lo formulado en el papel. “Sino no tiene sentido”, dijo. “Todas las propuestas de control que están haciendo, no se cumplen”, acusó.

Si bien identificó que aquí hay un dilema importante, para el ambientalista también hay otras cuestiones determinantes a evaluar y tienen que ver con que no se difunden suficientemente los daños que generan esos productos fumigados. “La gente todavía piensa que el glifosato es como agua con sal y eso es responsabilidad del discurso público”, exclamó, advirtiendo que se refiere a los funcionarios y no a los productores.

Fuerte mensaje a autoridades por fumigaciones

Por otro lado, el jueves los concejales y otras autoridades comunales recibieron un fuerte comunicado, en el que se los acusaba de “ecocidas”.

“Quienes nos fumigan con agroquímicos son ecocidas. Quienes lo avalan, también. Hagan cumplir la cautelar vigente”, rezaba el cartel que les llegó a los ediles, que tenía la foto de cada uno de ellos y una mancha de sangre.

Lowy, si bien manifestó coincidencia con el contenido del mensaje, consideró que fue un acto “extremista”. En este sentido, explicó que “ecocidio” hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado.

“Si no controlan, no lo regulan y apelan la medida cautelar del juez Augusto Blanc (que restringió por seis meses en el partido 2000 metros para las aplicaciones aéreas y 500 para las terrestres), no hay otra conclusión posible”, razonó.

Los vecinos nucleados en la Junta por un Ambiente Saludable se apostaron ayer en la esquina de 9 de Julio y San Martín desde las 18.30 con la intención de que sumar adeptos a una petición que harán al Municipio sobre la confección de la nueva ordenanza de aplicaciones.

“Basta de Fumigarnos” es el lema que asignaron a la bandera que los identificó y llamó la atención de muchos ciudadanos, que se acercaron a ver de qué se trataba, a informarse y profundizar sobre las aristas que rodean a la temática. La mayoría de ellos dejó su estampa en apoyo a la petición y los organizadores mostraron conformidad con tanto respaldo.

La intención, en un principio, había sido realizar la junta de firmas a través de una página de internet, sin embargo revelaron que la concejal Maridée Condino, titular de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente, les advirtió que no sería tenido en cuenta porque podría rubricar gente de otras ciudades.

Con ese motivo, sin quedarse de brazos cruzados, coordinaron la posta en la peatonal del centro de la ciudad y recolectaron voluntades de puño y letra.

Un límite de dos mil metros

Pablo Orcajo, uno de los voceros de la Junta Vecinal, quien vive en Gardey y ha padecido en varias oportunidades las pulverizaciones a escasos metros de su casa, donde vive también su hijo, destacó que la idea es que el trabajo que están realizando desde el HCD se aproxime más al proyecto de ordenanza que presentaron ante Banca XXI Graciela Canziani y Claudio Lowy.

En dicho documento, los científicos plantearon la necesidad de que las fumigaciones se apliquen a dos mil metros de caseríos, pozos de agua, escuelas, arroyos y otros. “Aunque con que se respeten los 1095 metros que evidencian necesarios todos los expertos y estudios al respecto de cómo influyen los agrotóxicos en la salud, estaría bien”, aseveró.

Sin embargo, los vecinos lamentaron que ni siquiera se esté haciendo cumplir la cautelar que prohíbe las pulverizaciones a menos de 500 metros de forma terrestre y mil metros con aviones.

Quienes firmaron las planillas ratifican la solicitud de que la ordenanza que regule el uso de agroquimicos de Tandil se funde en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el Artículo 75 de la Constitución Nacional (Inc. 22), el principio precautorio y el de prevención establecido por Ley General del Ambiente Nro. 25.675, la Ley Nacional de protección integral de niños y niñas Nro. 26.061.

Además, pide que se fije el límite de 2.000 metros de distancia para la aplicación con equipos terrestres respecto de los establecimientos educativos, zonas pobladas, cursos de agua y zonas de protección ambiental, y la prohibición del uso de equipos aéreos, conforme la evidencia científica existente y asimismo según el Anteproyecto de ordenanza presentado el 15 de agosto de 2019 al Honorable Concejo Deliberante. “Solicitamos además un Plan de Registro y Reducción del uso de agroquímicos para todo el Partido e instrumentos de fomento y promoción de la producción agrícola sin agrotóxicos”, finaliza el documento.

De un tiempo a esta parte las fumigaciones con agroquímicos han tomado relevancia en la ciudad, con denuncias por el indiscriminado uso y la amenaza que estos representan para el ambiente y la salud, además del tratamiento y revisión de la ordenanza de aplicación vigente.

En estos devenires, se han advertido conceptos que difunden una visión del agro “como negocio” y ante esto, como punto de partida, la especialista en Estudios Sociales Agrarios (Flacso), licenciada en Relaciones Internacionales (Unicen) e investigadora del Conicet, Virginia Toledo López, consideró necesario remarcar la importancia de ver también al agro como un espacio productor de alimentos sanos.

“En nuestro país se contabiliza que existen 2.544 explotaciones agropecuarias que realizan agricultura orgánica, diferenciando que 2.324 son agroecológicas y 409 de la agricultura biodinámica, según el Censo Nacional Agropecuario de 2018, en el que por primera vez se distinguen las formas de agricultura ‘ecológica’”, precisó.

Además, puso en consideración la experiencia desde hace 30 años de “La Aurora” en Benito Juárez, reconocida por la FAO, o la de Monte Callado en El Gallo, aquí en Tandil, sin dejar de lado las huertas comunitarias urbanas y periurbanas.

“Respecto del conflicto por el uso de agroquímicos, el derecho y la política ambiental, considerando el rol del Estado en Tandil especialmente, creo que es importante, en primer lugar, tener en cuenta la pirámide jurídica”, planteó, anteponiendo el resguardo a los derechos de los más vulnerables y a un ambiente sano.

En este aspecto, destacó que el Municipio tiene la responsabilidad “histórica” de dar una respuesta al conflicto por el uso de agroquímicos para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Monocultivo, transgénesis y fumigaciones

Recordó que, desde que se aprobó el primer evento transgénico, en 1996, de soja resistente al herbicida glifosato, el modelo de agricultura industrial se expandió sobre vastos territorios, llegando a ocupar el 60 por ciento de la superficie sembrada. “Por eso se habla de monocultivo”, explicó.

También reveló que hoy son más de 60 los transgénicos aprobados para la comercialización de soja, “con la inminente aprobación del transgénico en el trigo, primero en el mundo, que presenta las características de resistencia a la sequía y tolerancia al herbicida glufosinato de amonio, cuyas características sin dudas hablan de un avance de la frontera simbólica y física, del agronegocio”.

A su parecer, esto resulta especialmente importante aquí en Tandil, puesto que la empresa que lo desarrolló acaba de anunciar la instalación de un proyecto que utilizará el rastrojo de trigo para elaborar bloques de construcción, “emprendimiento que a sí mismo se pinta de sustentable”, dijo, advirtiendo que la aprobación de este trigo sería una amenaza a la alimentación de los pueblos, la salud del ambiente y las personas.

Toledo López determinó que el aumento de las superficies implantadas con la agricultura industrial se relaciona íntimamente con “el aumento alarmante del uso de agrotóxicos, biocidas, también llamados fitosanitarios o agroquímicos en el proceso productivo”.

“Sopa química”

La experta estimó que en Argentina se utilizan más de 525 millones de litros de agroquímicos, aunque indicó que la cifra sólo es reconstruida a partir de datos brindados por la cámara de empresas que vende agroquímicos (Casafe).

Asimismo, puntualizó que la información respecto de la situación sanitaria de las poblaciones expuestas ha sido construida gracias a un incansable esfuerzo de las poblaciones afectadas y de profesionales de la ciencia digna a través de investigaciones de epidemiología critica. “Gracias a este esfuerzo conocemos impactos del creciente uso agroquímicos en la salud, como disruptores endócrinos, como causantes de daño del material genético, de desórdenes reproductivos tales como abortos espontáneos y malformaciones congénitas, trastornos respiratorios y epidérmicos, alergias, déficits neurológicos y neurocognitivos, estando también asociados a altos índices de cáncer”, advirtió.

También afirmó que en el país, recuperando un informe de la Auditoria General de la Nación realizado en 2012 ante el pedido de varias organizaciones sociales, la mayoría de la población continúa siendo víctima de “intoxicaciones silenciosas”, ante la escasez de registros sanitarios y la ausencia de controles respecto del uso de los agrotóxicos en el contexto de expansión del agronegocio.

Por esto es que reconoció imperante que haya más investigaciones públicas que permitan dar cuenta del daño a la salud y el ambiente. Recordó, en este marco, que Tandil cuenta con el informe de la Unicen que muestra la presencia de más de 16 agroquímicos en 15 escuelas rurales del partido. Además, mencionó a las poblaciones rurales de Iraola, María Ignacia (Vela) y Gardey que denuncian fumigaciones sistemáticas en sus espacios de vida; mientras que en La Porteña se probó la fumigación en el límite de la escuela, la que justamente dio lugar a la actual cautelar del juez Francisco Augusto Blanc.

“Los niños crecen en un entorno en el que persiste una sopa química, como bien se le dice a este experimento a cielo abierto en el que nos encontramos”, consignó y remarcó que hoy los estudios para aprobar estos agroquímicos consideran para calificar su efecto tóxico sólo a las dosis letales y no su proceso acumulativo y a lo largo del tiempo, derivada de la exposición crónica.

Sostuvo que es en este punto que se reconoce la incertidumbre, que también “es propia de muchos problemas ambientales contemporáneos”.

La política ambiental del país

Frente a esto, en nuestra legislación hay pistas que delinean, mediante una serie de principios, la política ambiental argentina, y que habilitan a pensar procesos como los de hoy en Tandil, que además se repiten en otros lugares de nuestro país.

Respecto del conflicto por el uso de agroquímicos, el derecho y la política ambiental, considerando el rol del Estado en Tandil especialmente subrayó importante, en primer lugar, tener en cuenta que la pirámide jurídica pone en su fundamento a los derechos y obligaciones reconocidos en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

En este sentido, rescató el especial resguardo a los derechos de los más vulnerables, en especial niñas, niños, trabajadores y mujeres, el derecho a un ambiente sano y la distribución de competencias que reserva al Estado nacional la capacidad de definir “contenidos mínimos” en materia de política ambiental.

Mientras tanto, manifestó que existen algunas regulaciones y cierta institucionalidad destinada al control y monitoreo del uso de agroquímicos, dentro de las cuales las autoridades sanitarias y ambientales poseen un lugar secundario, predominando un enfoque productivista “y mercantil” en las regulaciones en el tema. “Al no existir normas que regulen distancias de uso a nivel federal, estas facultades recaen en ámbito provincial y/o municipal. Al respecto, en nuestra ciudad existe la Ordenanza 12.316, y estamos ante un conflicto judicial por su violación”, aseveró.

Profundizando, se refirió a que el principio de congruencia, que afirma que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá corresponderse con la ley general 25.675, que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible en Argentina.

Hizo hincapié luego en el debate que se encendió en Tandil a raíz de la medida cautelar que fijó por seis meses una distancia de exclusión para las pulverizaciones terrestres a 500 metros y de 2000 metros para las aéreas de escuelas, poblados, cursos y pozos de agua.

La responsabilidad de generar bienestar

“La medida cautelar también recuerda la competencia local en materia de protección de derechos fundamentales como el ambiente sano y convierte a la causa por las fumigaciones en las escuelas rurales en lo que es una causa de incidencia colectiva”, estimó Toledo López.

Asimismo, señaló que la medida se suma a los más de 70 fallos favorables, “algunos ya emblemáticos” como el de los barrios Ituzaingó Anexo en Córdoba y el de San Jorge en Santa Fe, y otros recientes como el de Pergamino, que han limitado las fumigaciones en escuelas y movilizado el derecho humano al agua y la protección integral de derechos de los niños.

“No obstante, desde las principales cámaras y grupos que nuclean al sector productivo, desde las empresas proveedoras de agroquímicos y semillas, así como -y alarmantemente- desde ciertas voces  del gobierno, se ha sustentado una posición que defiende intereses y ganancias sectoriales, ninguneando la evidencia sobre los impactos negativos sobre la salud humana y el ambiente, así como los principios de precaución y prevención en la política ambiental”, lamentó.

A su entender, el Municipio de Tandil, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Legislativo, tiene la oportunidad y la responsabilidad histórica de dar una respuesta al conflicto por el uso de agroquímicos para el bienestar de las generaciones actuales y futuras, y el ambiente sano.

Para esto propuso valorar los aportes que han sido alcanzados desde distintos medios por parte de las comunidades afectadas y la comunidad científica local, puntualmente, los estudios de la Universidad del Centro y el proyecto de ordenanza presentada el año pasado por Banca 21, “y así atender las demandas en el campo de la salud y la protección a biodiversidad y las poblaciones vulnerables, así como también escuchar las voces de las experiencias productivas, económicas y educativas locales vinculadas a la agroecología”.

“Creo que es momento para la construcción de un Tandil más saludable y se necesita que el Municipio ejerza una política ambiental para el bienestar y el ambiente sano, para beneficio de las mayorías, con especial resguardo de las fumigaciones y fundada en los Derechos Humanos y la agroecología”, concluyó.