El Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil (STMT) formalizó ante el Ejecutivo local un nuevo pedido de recomposición salarial que contempla una bonificación de 600.000 pesos por el Día del Trabajador Municipal, actualizaciones de los haberes de acuerdo con la inflación y un incremento adicional del 10% para enero de 2027. La presentación se realizó en el marco de la reapertura de la negociación paritaria prevista para noviembre, luego del acuerdo alcanzado entre las partes a mediados de año.

La propuesta fue elevada el pasado 15 de octubre mediante una nota dirigida al intendente Miguel Lunghi y firmada por el secretario general del gremio, Roberto Martínez Lastra, envuelto en los ultimos días en polémicas relacionada con denuncias judiciales y administrativas por acoso sexual, maltrato verbal y exhibiciones obscenas.

En el documento, la organización sindical expuso las dificultades económicas que atraviesan los empleados municipales y planteó la necesidad de avanzar con nuevas mejoras salariales para evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo.

El reclamo llega luego de varios meses de aplicación del esquema salarial acordado en junio, cuando el sindicato y el Departamento Ejecutivo establecieron un aumento del 10% sobre los salarios básicos a partir de julio y actualizaciones posteriores vinculadas con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Aquel entendimiento, alcanzado durante la tercera reunión de la Comisión Negociadora Paritaria, contempló incrementos acumulativos para septiembre y octubre, tomando como referencia la inflación de los meses anteriores.

En esa oportunidad, las partes también habían acordado volver a reunirse en noviembre para evaluar la evolución de los salarios y retomar la discusión sobre dos conceptos que habían quedado pendientes: la bonificación por presentismo y el reconocimiento económico por el Día del Trabajador Municipal.

De esta manera, la nueva presentación sindical busca darle continuidad al esquema de recomposición vigente y establecer las condiciones salariales para el cierre de 2026 y el primer trimestre de 2027.

Uno de los principales puntos de la propuesta es el pago de una bonificación de 600.000 pesos por el Día del Trabajador Municipal, que el sindicato pretende distribuir en dos cuotas de 300.000 pesos.

La primera debería abonarse con motivo de la celebración del Día del Trabajador Municipal, mientras que la segunda quedaría prevista para la primera quincena de enero de 2027.

En materia salarial, el gremio solicitó que los haberes de noviembre se incrementen de acuerdo con el IPC de octubre y que en diciembre se aplique una actualización equivalente a la inflación registrada durante noviembre.

El planteo mantiene así el mecanismo de actualización por inflación que había sido incorporado en el acuerdo anterior, aunque ahora busca extenderlo hasta el cierre del año.

Para enero de 2027, en tanto, el sindicato reclamó un incremento del 10%, con el objetivo de cubrir los últimos tres meses del período paritario, que comprende enero, febrero y marzo.

La propuesta también contempla elevar la bonificación por presentismo a 100.000 pesos a partir del 1 de enero de 2027, otro de los puntos que habían quedado abiertos en las negociaciones de mitad de año.

Finalmente, el gremio pidió que la siguiente etapa de discusión salarial comience en abril de 2027, para dar inicio a un nuevo período de negociación.

En la nota presentada ante el Ejecutivo, el sindicato fundamentó sus pedidos en el impacto que tiene el incremento del costo de vida sobre los ingresos de los trabajadores municipales.

Desde la organización señalaron que los indicadores económicos publicados por el Indec, las consultoras privadas, las entidades bancarias y las universidades muestran aumentos constantes en bienes y servicios que, según consideran, no siempre quedan reflejados en su totalidad en los índices oficiales.

En ese sentido, advirtieron que las dificultades para afrontar los servicios, renovar contratos de alquiler o incluso cubrir los gastos cotidianos de alimentación forman parte de la realidad que atraviesan numerosos empleados municipales.

El planteo retoma una preocupación que ya había estado presente durante las negociaciones de junio, cuando el sindicato puso el foco en la necesidad de fortalecer los salarios básicos para que los incrementos alcanzaran a las distintas categorías del escalafón y también tuvieran impacto sobre los haberes jubilatorios.

Ahora, con el cierre del año cada vez más cerca, la organización busca garantizar una nueva actualización de los ingresos y obtener una respuesta favorable respecto de las bonificaciones reclamadas.

Luego de formalizar la presentación, el sindicato mantuvo contactos con las autoridades municipales para avanzar en el tratamiento de la propuesta.

Según informó la organización, inicialmente el Ejecutivo se había comprometido a comenzar las conversaciones durante esta semana. Sin embargo, posteriormente comunicó que necesitaba realizar los cálculos correspondientes para determinar el impacto económico de los pedidos y evaluar las posibilidades de la administración comunal.

Por ese motivo, la primera respuesta del Municipio quedó prevista para el lunes 2 de noviembre, cuando se reúna la Comisión Negociadora Paritaria.

Desde el sindicato señalaron que aguardan con expectativa el ofrecimiento que pueda realizar el Gobierno local y reconocieron las dificultades que presenta el actual contexto económico, aunque insistieron en la necesidad de priorizar la recuperación de los ingresos de los empleados.

"Esperamos con expectativa lo que proponga el Municipio, entendiendo la situación económica, pero mucho más la real necesidad de nuestros compañeros municipales", expresaron desde la entidad gremial.

La próxima reunión marcará así el inicio de una nueva etapa de negociación entre el sindicato y el Ejecutivo, que deberán discutir no solamente los incrementos para los últimos meses del año, sino también las condiciones salariales que regirán durante el primer trimestre de 2027.

Por el momento, los montos y porcentajes planteados corresponden exclusivamente a la propuesta sindical y deberán ser analizados por las autoridades municipales antes de avanzar hacia un eventual acuerdo.

Luego de concretar los acuerdos salariales con los sectores docentes y estatales, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) informó que aceptó la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El gremio comunicó que la oferta, que consiste en un incremento del 6% a pagar en dos cuotas, fue aprobada “por amplísima mayoría” en todas las asambleas realizadas.

El esquema de aumento contempla una suba del 3% con los sueldos de octubre y un 3% adicional con los haberes de noviembre, los cuales serán percibidos en diciembre. Asimismo, la administración provincial se comprometió a reabrir las instancias de negociación durante el último mes del año.

Con la implementación de este incremento, el aumento salarial acumulado a noviembre alcanzará el 26% para la subcategoría F. Este porcentaje presenta una progresión ascendente en las restantes categorías, llegando hasta un 38,9% en la A1, nivel que corresponde a las y los trabajadores con mayor antigüedad.

En relación con los empleados pasivos, la situación presenta una particularidad debido a los plazos administrativos. El Instituto de Previsión Social (IPS) finalizó el calendario de liquidación de jubilaciones y pensiones antes de que se alcanzara el entendimiento paritario. Por este motivo, la Provincia abonará ambos tramos del aumento de manera conjunta con los haberes de noviembre, a cobrarse en diciembre.

Esta resolución se enmarca en un contexto de demoras en las negociaciones, las cuales se cerraron a mediados de mes para otros sectores estatales. El acuerdo con la AJB requirió una semana adicional de tratativas, lo que impidió que el impacto del incremento se viera reflejado en la próxima liquidación de jubilados y pensionados.

El gobierno de Axel Kicillof acordó este domingo un incremento salarial del 6 por ciento con la mayoría de las organizaciones gremiales docentes. La propuesta, que consiste en un 3 por ciento con los haberes de octubre y otro 3 por ciento con los de noviembre, fue aceptada por Suteba, Sadop y AMET.

De esta manera, el Ejecutivo cerró por mayoría la paritaria docente, replicando el esquema aplicado previamente con los trabajadores estatales de la administración central. Según se informó oficialmente, el acuerdo incluye la posibilidad de reabrir las negociaciones en diciembre.

En cuanto a la FEB, la organización con mayor cantidad de afiliados después de Suteba, se indicó que la respuesta definitiva se conocerá el martes, tras la realización de una asamblea para votar sobre el proceso de consulta con las bases. Al respecto, fuentes del gremio señalaron: “El resultado es incierto”.

Más allá de la postura de la FEB, todos los docentes percibirán el aumento del 6 por ciento debido a que la paritaria se cerró por mayoría. El esquema busca replicar el modelo del año anterior, que contempló incrementos en octubre y noviembre, evitando ajustes en diciembre para no comprometer los recursos del Tesoro destinados al pago del SAC.

Además de lo salarial, el entendimiento abarcó puntos vinculados a la simplificación de procedimientos administrativos, avances en la implementación del Boletín Digital, el Régimen Académico de Nivel Secundario y la incorporación de licencias parentales. El gobierno provincial prevé convocar próximamente a los sectores de médicos y judiciales para continuar con las negociaciones salariales del sector público.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, ofreció un aumento salarial del 6% en dos tramos a los trabajadores estatales y docentes bonaerenses. La propuesta fue aceptada por la mayoría de los gremios de la administración central, mientras que las organizaciones sindicales que representan a los docentes decidieron ponerla a consideración de sus afiliados.

El ofrecimiento se realizó este viernes en el marco de las negociaciones paritarias y contempla una suba del 3% correspondiente a octubre, que se cobrará en noviembre, y otro 3% para noviembre, que se percibirá en diciembre. Ambos incrementos se calcularán sobre los salarios de septiembre.

Además, el Ejecutivo provincial asumió el compromiso de reabrir las negociaciones salariales en diciembre de 2026, con el objetivo de evaluar la evolución de los ingresos frente al contexto económico.

En el caso de los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, la propuesta recibió el respaldo mayoritario de las organizaciones sindicales, entre ellas UPCN, ATE y FEGGEPBA. El entendimiento llegó después de varias semanas de negociaciones y en medio de un creciente malestar por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

Desde uno de los sectores gremiales que acompañaron el acuerdo calificaron la propuesta como razonable frente a las dificultades financieras que atraviesa la Provincia, aunque reconocieron que persisten los reclamos por una recomposición salarial que permita recuperar ingresos frente a la inflación.

Por su parte, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), integrado por Suteba, FEB, Udocba, Amet y Sadop, recibió una propuesta idéntica a la presentada a los estatales.

Las organizaciones sindicales resolvieron analizar el ofrecimiento antes de comunicar una decisión definitiva. Si bien la apertura de una instancia de evaluación representa una señal favorable para el Gobierno provincial, hasta el momento no se confirmó la aceptación del incremento por parte de los gremios docentes.

La negociación se produce en un escenario de reclamos salariales y medidas de fuerza que tuvieron lugar durante las últimas semanas, tanto por cuestiones vinculadas con la política educativa nacional como por el deterioro de los ingresos de los trabajadores de la educación.

En tanto, el Gobierno bonaerense prevé convocar próximamente a los representantes de los trabajadores judiciales y profesionales de la salud, sectores que mantienen sus propias negociaciones salariales. Para el personal policial, los incrementos se establecen mediante decretos del Ejecutivo, debido a que no cuenta con un sistema de negociación gremial.

El último acuerdo paritario entre la Provincia y los sindicatos estatales se había alcanzado en julio, cuando se estableció un incremento del 7% distribuido en dos tramos, con una suba del 5% para ese mes y otra del 2% para agosto, ambas calculadas sobre los salarios de junio.

La nueva propuesta busca dar continuidad a las actualizaciones salariales durante el último trimestre del año, aunque sin establecer por el momento un incremento específico para diciembre.

El esquema presenta similitudes con el aplicado durante 2025, cuando se otorgaron aumentos en octubre y noviembre y posteriormente se retomaron las negociaciones en enero, con una recomposición retroactiva destinada a compensar el período sin actualización.

La decisión de postergar una nueva discusión hasta diciembre también se vincula con las exigencias financieras que enfrenta la administración provincial durante el cierre del año, especialmente por el pago del medio aguinaldo a los empleados públicos.

Luego de las reuniones paritarias, el Gobierno bonaerense difundió un comunicado en el que explicó las limitaciones presupuestarias que condicionan las negociaciones.

Según señalaron desde la administración de Kicillof, la Provincia atraviesa una compleja situación económica y financiera, marcada por la caída de la recaudación y la reducción de los recursos provenientes del Gobierno nacional.

En particular, las autoridades mencionaron el impacto de la menor actividad económica y la disminución de las transferencias no automáticas de Nación, factores que restringen las posibilidades de otorgar incrementos salariales más elevados.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que, pese a estas dificultades, se realiza un esfuerzo para sostener las fuentes laborales y preservar el empleo público provincial.

En ese sentido, confirmaron que la propuesta del 6% fue aceptada por la mayoría de los gremios comprendidos en la Ley 10.430 y ratificaron el compromiso de retomar las conversaciones en diciembre.

Finalmente, el Gobierno provincial reafirmó su voluntad de mantener el diálogo con las organizaciones sindicales y continuar trabajando para alcanzar acuerdos que permitan mejorar las condiciones salariales de los trabajadores públicos.

De esta manera, la atención queda puesta ahora en la definición de los gremios docentes, cuya respuesta será determinante para conocer si la Provincia logra cerrar una nueva etapa de negociaciones paritarias antes de fin de año.

Los gremios estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires retomarán las negociaciones paritarias con el gobierno de Axel Kicillof, aunque las expectativas de alcanzar un acuerdo son bajas. Las reuniones se llevarán a cabo de manera virtual, tras las convocatorias realizadas el pasado miércoles por el Ejecutivo bonaerense.

El cronograma de encuentros prevé que el Gobierno bonaerense reciba primero a los representantes de los trabajadores estatales comprendidos en la Ley 10.430 para, posteriormente, reunirse con los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). 

Cabe destacar que la última instancia de diálogo entre las partes había tenido lugar el 24 de septiembre.

A pesar de la necesidad de los trabajadores de lograr un acuerdo rápido que pueda aplicarse en el corto plazo, el clima general no es de optimismo. Cabe recordar que, en junio, la administración de Axel Kicillof no dispuso aumentos y, semanas más tarde, anunció una suba del 7% escalonado, compuesta por un 5% para julio y un 2% para agosto, porcentaje que se vio reflejado en el sueldo de septiembre.

En las últimas horas, comenzaron a circular versiones sobre una posible propuesta oficial que contemplaría dos incrementos del 1,5%, uno para octubre y otro para noviembre. Esta cifra ha sido considerada insuficiente por los sectores gremiales, especialmente al encontrarse por debajo del último índice de inflación, que se ubicó en el 1,9%.

Si durante la jornada de este viernes no se espera lograr alcanzar un entendimiento, se tratará del segundo mes consecutivo sin actualizaciones salariales para los trabajadores. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte del gobierno provincial sobre los porcentajes que se pondrán sobre la mesa de negociación.

Los trabajadores de la construcción nucleados en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) mantienen durante septiembre los salarios básicos correspondientes a agosto. Esta situación se debe a que el gremio y las cámaras empresarias aún no han definido una nueva actualización paritaria tras el vencimiento del último acuerdo el 31 de agosto.

El esquema salarial previo fue pactado entre la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC). Este plan contempló una serie de aumentos mensuales que iniciaron en mayo. En junio, los trabajadores recibieron una suba del 2,1 por ciento sobre los haberes de mayo, mientras que en julio se aplicó un incremento del 2 por ciento. Finalmente, en agosto se ejecutó una recomposición del 1,9 por ciento sobre los básicos de julio, siendo esta la última actualización contemplada en la paritaria vigente.

Hasta que las partes definan una nueva pauta de aumentos, los montos que perciben los trabajadores, que varían según la categoría laboral y la zona geográfica, se mantienen sin modificaciones. El convenio vigente incluía la conformación de una Comisión Especial de seguimiento para analizar la evolución de las variables económicas y del sector.

Según los datos del Indec correspondientes a julio, la actividad mostró una baja del 4,6 por ciento en la variación mensual desestacionalizada y una retracción del 4,5 por ciento interanual. Sin embargo, el sector registra una mejora del 1,7 por ciento en el acumulado entre enero y julio de 2026 en comparación con el mismo período de 2025.

En cuanto al consumo de insumos, el rubro que incluye grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano presentó un incremento del 22,8 por ciento. Por el contrario, el asfalto registró una caída del 23,1 por ciento y el yeso disminuyó 21,2 por ciento, marcando un comportamiento dispar en la industria.

Pese al reclamo de estatales, docentes y judiciales para que el gobierno de Axel Kicillof llame a negociar salarios, los haberes de los trabajadores de la administración pública no llegarán con suba. La situación se debe a que, aunque se logre un acuerdo en el corto plazo, ya no hay tiempo para que el ajuste impacte en los salarios de septiembre, que se cobrarán en octubre.

Tras conocerse que la inflación de agosto fue del 1,7%, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) presentó una nota ante la Provincia para solicitar la convocatoria a paritarias. Esta misma medida ya había sido adoptada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los judiciales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).

Sin embargo, este pedido aún no tuvo eco en la Provincia, que mes a mes asegura sufrir en sus cuentas en medio de “una asfixia”, según denuncia, de parte del Gobierno nacional. Como el proceso de liquidación de los salarios de este mes ya está en marcha, los gremios deberán esperar a recuperar lo que no se otorgue ahora en el próximo periodo. Es decir, recién en el cobro de noviembre podría llegar el aumento.

Cabe recordar que en junio la administración de Axel Kicillof no dispuso un aumento y anunció semanas después una suba del 7% escalonado. En aquel momento, se justificó la decisión señalando que se estaban haciendo todos los esfuerzos posibles para pagar en tiempo y forma el medio aguinaldo. Aquel entendimiento contempló una suba acumulada del 7%, con un 5% para julio y otro 2% para agosto, a cobrar en el sueldo de septiembre.

Dicho acuerdo también contempló una revisión para este mes que, aunque no terminó, no será liquidada en octubre independientemente de si se llega a un entendimiento. Con los números de agosto, que acumulan un 21,3% en los primeros ocho meses del año, la Provincia y los gremios cuentan con una referencia para pensar en un inicio de acuerdo que, de todas maneras, deberá esperar para reflejarse en los haberes de los trabajadores.

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) formalizó este lunes ante el Ministerio de Trabajo bonaerense su pedido para que el gobierno de Axel Kicillof reabra las paritarias del sector y convoque a una nueva discusión salarial. La medida se da en medio de una renovada presión gremial por obtener mejoras en los ingresos de los trabajadores.

La organización, que dirige el sindicalista Hugo Russo, recordó que la reanudación de las negociaciones había quedado acordada durante la última reunión paritaria de julio. Por ello, buscan que el Ejecutivo provincial convoque nuevamente a las partes para revisar la evolución de los salarios, en línea con otros reclamos gremiales que durante septiembre volvieron a poner en agenda la necesidad de una nueva recomposición.

Desde la AJB anticiparon que uno de los principales planteos será alcanzar una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo frente a la persistencia de la inflación y al aumento sostenido del costo de vida. Este reclamo tiene como antecedente el último acuerdo alcanzado por la provincia con los gremios estatales, que otorgó una suba acumulada del 7 por ciento, con un 5 por ciento para julio y otro 2 por ciento para agosto.

Además de la cuestión salarial, la AJB confirmó que buscará avanzar con los distintos puntos que integran la agenda laboral del sector, ante la falta de respuestas a planteos previos. Entre los reclamos principales se destacan la cobertura de vacantes, la creación de una mesa técnica de carrera judicial y una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones de trabajo.

En ese marco, los representantes sindicales advirtieron que la falta de personal en distintas dependencias judiciales deriva en una sobrecarga laboral sostenida, al tiempo que volvieron a señalar problemas de infraestructura y situaciones de inseguridad en varias sedes.

La presentación de la AJB se suma al pedido que ya había impulsado la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Según detallaron, el objetivo es evitar que la revisión prevista en el acuerdo quede demorada y retomar la discusión para sostener el poder adquisitivo.

El sindicato estatal cuestionó el esquema fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei y sostuvo que el recorte de transferencias hacia las provincias repercute sobre las finanzas bonaerenses. En la carta enviada a la cartera que comanda Walter Correa, el gremio enfatizó: “La defensa del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores debe constituir una prioridad”.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le solicitó formalmente al gobernador bonaerense Axel Kicillof la reapertura de las negociaciones salariales para el último tramo del año. El pedido se formalizó tras la percepción del último incremento acordado, que fue del 5% y correspondió al mes de agosto.

El sindicato presentó una nota dirigida al Director de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo, Juan Pablo Lorenzo. En el documento, se reclama la reapertura de la paritaria de manera urgente con el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo salarial para el último cuatrimestre.

Cabe recordar que el entendimiento previo entre el Gobierno provincial y los estatales contempló una actualización acumulada del 7%, compuesta por un aumento del 5% para los salarios de julio y un 2% adicional en agosto. Dicho acuerdo incluyó una cláusula de revisión que es la que el gremio busca activar en la actualidad.

En la presentación, ATE argumentó que el contexto económico nacional y las restricciones sobre las cuentas provinciales repercuten directamente en los trabajadores. El gremio cuestionó el esquema fiscal impulsado por el presidente Javier Milei, señalando que el recorte de transferencias hacia las provincias impacta sobre las finanzas bonaerenses y, en consecuencia, sobre las condiciones de vida de los empleados públicos.

A este escenario, el sindicato sumó los incrementos registrados en tarifas y servicios esenciales, tales como transporte, electricidad, gas y agua. Según la organización, estos aumentos profundizaron el deterioro del poder adquisitivo. “La defensa del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores debe constituir una prioridad”, sostuvo el gremio en la carta enviada al gobierno provincial.

Asimismo, ATE advirtió sobre el “gravísimo nivel de endeudamiento” en las familias, señalando que el crédito ha dejado de utilizarse para capitalizarse o proyectar mejoras, convirtiéndose en una herramienta para afrontar gastos básicos como el alquiler, los servicios o la alimentación. Ante esta situación, el sindicato instó a realizar los mayores esfuerzos posibles para recuperar el poder adquisitivo y solicitó que la mesa paritaria sea convocada durante septiembre para evitar dilaciones.

El Consejo del Salario no logró alcanzar un consenso para establecer el nuevo piso en las remuneraciones, por lo que el Gobierno nacional definirá el monto por su cuenta. Durante el encuentro, los gremios solicitaron un mínimo de 911.000 pesos, mientras que los representantes del sector empresario ofrecieron 400.000 pesos.

A la fecha, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se ubica en 376.600 pesos, cifra resultante del cronograma de ajustes fijado en noviembre de 2025. Este valor funciona como una referencia clave para la determinación de programas sociales, prestaciones y subsidios.

La reunión se desarrolló de manera virtual, a pesar de que la CGT había solicitado formalmente regresar a la presencialidad. De la sesión participaron por el sector empleador Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, por la UIA; junto a Ricardo Diab y Juan Massi, por la CAC. Por el sector trabajador estuvieron presentes Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar, por la CGT; además de Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro, por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.

Tras finalizar el encuentro, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente la propuesta empresarial de un aumento del 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril. Al respecto, el dirigente estatal señaló:

“El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación”.

Aguiar calificó al organismo como una puesta en escena y concluyó que el Consejo ha sido copado por los grandes empresarios, reuniéndose solo para convalidar resoluciones previamente acordadas con el Gobierno.

Los empleados de las estaciones de servicio de marcas como YPF, Shell y Axion ya cobran en agosto los salarios actualizados tras el último tramo del acuerdo paritario del sector. Para un operario de playa, el salario básico mensual quedó fijado en 1.545.472,32 pesos, mientras que el valor de la hora de trabajo asciende a 7.727,36 pesos, antes de sumar los adicionales previstos por el convenio colectivo.

Esta actualización es el resultado del acuerdo alcanzado entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGYPE), la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (FOESGRA) y las cámaras empresarias del sector. La escala vigente incluye la incorporación al salario básico de una suma de 30.000 pesos que hasta junio se abonaba como concepto no remunerativo.

De acuerdo con la escala salarial vigente para los haberes que se abonan durante agosto de 2026, estos valores representan el piso salarial para la categoría. No obstante, la remuneración final puede ser superior dependiendo de los adicionales que perciba cada trabajador, conforme a lo establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 317/99. En el caso de los trabajadores franqueros, la remuneración se calcula según la categoría del empleado al que reemplazan durante su jornada.

El esquema de incrementos se desarrolló durante cuatro meses. En abril se otorgó una suma no remunerativa de 70.700 pesos, que pasó a integrar el salario básico en mayo, junto con un aumento del 2,3 por ciento. Posteriormente, en mayo se aplicó una suba del 2,2 por ciento, mientras que en junio se acordó un incremento del 2 por ciento y una asignación no remunerativa de 30.000 pesos. Finalmente, en julio esa suma fija quedó incorporada definitivamente al salario básico de todas las categorías.

Tras concluir este esquema, las partes retomaron las negociaciones paritarias a fines de agosto para definir los aumentos del próximo período, en un contexto donde también se discute la modernización del convenio colectivo, el avance del autodespacho de combustibles y la incorporación de nuevas tareas en las estaciones de servicio.

Entre junio de 2025 y junio de 2026, los salarios pactados en los principales convenios colectivos de trabajo del sector privado presentaron resultados diversos frente a la inflación. Así lo detalla el informe Panorama mensual del trabajo registrado, correspondiente a agosto de 2026 y elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

El documento destaca que, en junio de 2026, el salario medio del empleo registrado privado cayó 0,9% en términos reales, tras una contracción del 2,9% en mayo. Esta situación dejó al salario real por debajo del nivel de noviembre de 2023 por primera vez en 20 meses.

El análisis clasifica los convenios en tres categorías. Siete sectores lograron incrementos en su poder de compra, encabezados por Encargados de edificio, con una mejora del 5,9%. Le siguieron Camioneros (3,1%), Construcción y Farmacia (2,5% cada uno), Entidades deportivas y civiles (1,7%), además de Aceiteros y Seguros (1,6% cada uno).

En el extremo opuesto, el informe identifica a un grupo severamente afectado con caídas superiores a las diez unidades porcentuales. Entre ellos se encuentran Calzado (10,5%), Comercio (11,0%), Metalúrgicos (12,4%) y Textiles, que registró la mayor contracción con un 12,6%.

Más allá de la variación interanual, el relevamiento analizó la mediana salarial a marzo de 2026 mediante datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El sector de Bancos lidera el ranking con una mediana de 4.390.369 pesos. En contraste, Construcción registró 1.001.342 pesos y Gastronomía se ubicó al final de la tabla con 803.991 pesos.

El informe subraya que el nivel salarial no siempre guarda relación con el desempeño frente a la inflación, ya que sectores con salarios elevados tuvieron trayectorias dispares, mientras que otros con remuneraciones menores lograron recomponer su capacidad de compra durante el último año.

Tras una audiencia virtual convocada por la Secretaría de Trabajo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) logró sellar un acuerdo salarial con las cámaras del sector metalmecánico. El entendimiento contempla una mejora del 23,5 por ciento que tendrá vigencia entre agosto y marzo de 2027, con el objetivo de revertir el atraso salarial acumulado tras el último convenio firmado en noviembre de 2025.

El esquema de recomposición se alcanzará mediante una combinación de porcentajes y bonos no remunerativos que se integrarán a los salarios básicos en abril de 2027. Asimismo, se pactó un bono adicional en concepto de retroactividad por el periodo que abarca de mayo a julio. Según fuentes sindicales, la urgencia del acuerdo radicaba en que cerca del 60 por ciento de los trabajadores de la actividad percibe un salario básico de 1.036.390 pesos, cifra que se sitúa por debajo de la línea de pobreza.

De la negociación participaron los delegados paritarios de la UOM Roberto Bonetti, Daniel Martínez, Adrián Pérez, Enrique Salinas y Edgardo Holstein, junto a representantes de las cámaras ADIMRA, CAMIMA, AFARTE, AFAC y FEDEHOGAR. Un actor clave en el proceso fue el interventor Alberto Biglieri, quien actuó como nexo entre las partes tras el aval de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

En paralelo, la rama siderúrgica cerró un acuerdo distinto que fue rechazado por la seccional Villa Constitución. Al respecto, el dirigente Pablo González manifestó su disconformidad con la oferta:

“Nosotros salimos de la negociación porque no estamos de acuerdo con el ofrecimiento ni mucho menos con este cierre. Si no llegamos a un aumento que vaya en línea con los porcentajes cercanos al IPC no vamos a aceptarlo y terminaremos en medidas de fuerza”.

La situación institucional del gremio permanece bajo intervención judicial por 180 días, luego de que el 22 de mayo los camaristas Víctor Pesino y María Dora González anularan las elecciones nacionales y de la seccional Zárate-Campana, desplazando de su cargo al titular Abel Furlán.

Los empleados de comercio percibirán en julio de 2026 el ingreso mensual bajo un nuevo esquema salarial que consolida los últimos tramos de aumento acordados en la paritaria trimestral del sector. Con este ajuste, los sueldos básicos del sindicato de comercio mantendrán un piso superior al 1.200.000 pesos para las categorías iniciales, a las que luego se deben sumar los adicionales de convenio.

La liquidación de este mes cuenta con una particularidad técnica clave para liquidadores y Pymes: a partir de julio de 2026, los incrementos y las sumas fijas extraordinarias que se venían pagando de forma no remunerativa, específicamente los 100.000 pesos del acuerdo previo más el adicional de 20.000 pesos, quedan completamente absorbidos dentro del salario básico de cada trabajador.

Para aquellos trabajadores con jornada reducida, tiempo parcial, tareas discontinuas o ausencias injustificadas, los montos se liquidan en forma proporcional a la jornada laboral. El acuerdo, firmado entre la FAECYS y las cámaras empresarias, establece una vigencia desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2031.

Respecto a la revisión, se pactó una reunión en junio de 2026, a pedido de cualquiera de las partes, para analizar las escalas y sumas frente a las variaciones económicas. Asimismo, se estableció el compromiso de que cualquier aumento futuro será no remunerativo y no acumulativo.

La contribución adicional solidaria con destino a OSECAC, que era de 8.500 pesos, pasa desde abril a 28.000 pesos mensuales por cada trabajador comprendido en el CCT 130/75. Este monto debe abonarse mientras el trabajador mantenga el contrato vigente y declararse dentro de los 10 días posteriores al vencimiento de cada mes.

Finalmente, el acuerdo ratifica la plena vigencia de todas las cláusulas del CCT 130/75 y aquellas incorporadas por acuerdos posteriores hasta el 31 de marzo de 2031. Se recomienda a las empresas que pagan suplementos fijos por encima del convenio que negocien su adecuación tomando como referencia los incrementos del presente acuerdo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a reclamar la reapertura urgente de la discusión salarial y advirtió que existe un fuerte malestar entre los empleados públicos ante la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos años.

Desde el sindicato señalaron que la situación económica de los trabajadores estatales se ha deteriorado de manera sostenida y sostuvieron que resulta indispensable convocar nuevamente a negociaciones paritarias para alcanzar una recomposición que permita recuperar parte de los ingresos perdidos. Según planteó la conducción gremial, los salarios actuales no alcanzan para cubrir necesidades básicas y cada vez son más los empleados que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, insistió en la necesidad de otorgar aumentos por encima de la inflación y una suma fija destinada a recomponer los salarios más bajos del sector público. El dirigente aseguró que la pérdida del poder adquisitivo supera el 40 por ciento y advirtió que, si no existen respuestas concretas, podría incrementarse la conflictividad dentro de la administración pública.

Entre los principales reclamos del gremio figuran la implementación de una cláusula de actualización automática por inflación, la reapertura de todos los convenios colectivos del sector público, la reactivación de programas de capacitación laboral y el cese de los despidos en organismos estatales.

El pedido se produce en un contexto de tensión luego de que ATE rechazara la última propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional. La oferta contempló incrementos escalonados para el período junio-agosto y un bono extraordinario, pero fue considerada insuficiente por el sindicato, que sostuvo que consolida la pérdida salarial acumulada en los últimos años.

Desde la organización sindical remarcaron que el descontento entre los trabajadores es cada vez mayor y reclamaron una negociación integral que contemple tanto la recuperación del salario como las condiciones laborales dentro del Estado. Mientras tanto, esperan una nueva convocatoria oficial que permita retomar el diálogo y acercar posiciones en una discusión que continúa abierta.

El Gobierno cerró este jueves una nueva paritaria para los trabajadores de la administración pública nacional con una mejora acumulada del 6,64% para el período junio-agosto y un bono remunerativo de 50.000 pesos el mes próximo. Sin embargo, el incremento otorgado volvió a dividir a los sindicatos: la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) lo aceptó, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó al considerar que consolida la pérdida salarial en el sector público.

Según datos difundidos por ATE, en el período paritario anterior los aumentos salariales sumaron 21%, mientras que la inflación acumulada fue del 33,2%. Para el gremio, esa brecha de 12,2 puntos explica su negativa a una oferta que no incluye mecanismos de recuperación ni actualización automática frente a los precios.

El entendimiento corresponde a la apertura del período paritario junio de 2026-mayo de 2027 del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06. La propuesta oficial fija incrementos del 2,4% desde el 1° de junio, del 2,2% a partir del 1° de julio y del 1,9% desde el 1° de agosto, además del pago por única vez de 50.000 pesos durante ese último mes.

Con la firma de UPCN, el aumento quedó formalmente homologado para el próximo trimestre. Desde el oficialismo sostienen que el esquema busca acompañar la evolución de los precios en un escenario de desaceleración inflacionaria.

Por su parte, ATE cuestionó tanto los porcentajes como la falta de una recomposición por la pérdida acumulada del poder adquisitivo. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó al finalizar la reunión:

No estamos dispuestos a negociar ningún ajuste. La oferta es insuficiente, perjudica a los trabajadores y quita derechos a todo el pueblo.

Aguiar afirmó que el Gobierno viola la buena fe en las negociaciones y señaló que, según estimaciones del sindicato, la pérdida de poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei supera el 40%. El dirigente advirtió que la decisión oficial acelera la conflictividad en el Estado al no dar respuesta a reclamos como la reapertura de convenios y el cese de los despidos.

La reunión paritaria entre autoridades del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes finalizó este viernes sin una oferta de aumento salarial, lo que motivó un fuerte pronunciamiento del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que reclamó una “urgente recomposición salarial” para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo.

A través de un comunicado, el frente integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA manifestó su preocupación por la falta de una propuesta concreta y exigió que se presente una mejora salarial antes de que cierre el sistema de liquidación de haberes.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense y contó con la participación de representantes de las áreas de Trabajo, Empleo Público, Hacienda, la Dirección General de Cultura y Educación, el Banco Provincia y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Durante la reunión, los sindicatos expusieron una amplia agenda de reclamos. Entre los principales puntos, destacaron la necesidad de una recomposición salarial urgente frente a los niveles inflacionarios, la aplicación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación para actuar ante situaciones de violencia contra docentes y mejoras en aspectos vinculados al Régimen Académico y la inclusión educativa.

Además, el FUDB expresó su inquietud por la reforma previsional impulsada por el Gobierno nacional en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reclamó mantener la defensa del sistema previsional bonaerense y del IPS.

Pedido de desconexión laboral

Otro de los planteos realizados fue la implementación de la desconexión total fuera de la jornada laboral, una demanda que busca limitar las exigencias laborales y las comunicaciones institucionales fuera del horario de trabajo.

Los gremios también solicitaron soluciones a los inconvenientes registrados en el sistema de licencias y en la aplicación del Decreto 900, además de reclamar la finalización del proceso de titularización en Educación Técnica.

Asimismo, pidieron avanzar en la culminación del Convenio Colectivo de Trabajo y revisar las resoluciones vinculadas a la organización de las instituciones educativas, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema.

Reclamos por prestaciones de IOMA

En representación del Consejo Consultivo Gremial del IOMA, los sindicatos entregaron al ministro de Trabajo un documento con distintas demandas relacionadas con las prestaciones y servicios de la obra social provincial.

Al cierre del comunicado, el FUDB reiteró su reclamo por una “urgente propuesta de recomposición salarial” que garantice una mejora efectiva de los ingresos docentes y responda a las necesidades del sector.

Por su parte, desde el Gobierno bonaerense tomaron nota de los planteos realizados y acordaron continuar las negociaciones en los próximos días.

Mientras tanto, las autoridades provinciales confirmaron que el medio aguinaldo será abonado en tiempo y forma y presentaron los lineamientos de un plan de refinanciación de deudas destinado a trabajadores que atraviesan situaciones de morosidad consideradas graves.

Funcionarios del gobierno de Axel Kicillof recibirán este viernes a los gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) en una reunión paritaria salarial. El encuentro, que había sido suspendido 24 horas por cuestiones de agenda, se llevará a cabo en medio de expectativas moderadas, especialmente tras lo sucedido en la jornada del jueves con los gremios de la Ley 10.430.

La cartera laboral informó que recibirá a los dirigentes sindicales a las 15 en su sede de avenida 7, entre 39 y 40. Según lo observado en la reunión con los trabajadores estatales, se espera que en esta instancia no haya una oferta de aumento salarial concreta, aunque sí se realizará un análisis de los números con el último dato de inflación disponible.

Como se informó previamente, el gobierno bonaerense optó frente a los estatales por ofertar únicamente la suba de las asignaciones familiares del 30 por ciento y confirmar que el medio aguinaldo se pagará sin inconvenientes. No obstante, la administración provincial intentará cerrar un acuerdo que tenga validez por varios meses para brindar previsibilidad al manejo del Tesoro.

Una de las novedades centrales fue el anuncio del plan de desendeudamiento realizado por el titular del Banco Provincia (BAPRO), Juan Quattromo. Es la primera vez que un responsable de la entidad participa de este tipo de reuniones, lo que refleja la importancia que el gobierno le otorga a la cuestión de la deuda, en un contexto donde la mora crece a niveles históricos tanto en el sector bancario como en las billeteras virtuales.

Bajo este escenario, todo indicaRÍA que la administración bonaerense liquidará los salarios sin aplicar una suba en junio. Debido a que la negociación permanece abierta, se aguarda que la Provincia presente una oferta en las próximas semanas con el objetivo de firmar un acuerdo por tres o cuatro meses, cuya mejora comenzaría a impactar recién a partir de julio, una vez finalizado el pago del medio aguinaldo.

En el marco de la reciente reunión paritaria con los gremios que nuclean a los estatales bonaerenses, los funcionarios del gobernador Axel Kicillof confirmaron que el medio aguinaldo será depositado “en tiempo y forma”. Sin embargo, el Ejecutivo provincial no presentó una oferta de aumento para los haberes de junio, tal como habían solicitado los representantes sindicales.

El encuentro, desarrollado en el Ministerio de Trabajo, contó con la participación del presidente del Banco Provincia (BAPRO), Juan Cuattromo. Su presencia marcó un hecho inédito, ya que es la primera vez que un titular de la entidad bancaria participa de estas negociaciones, reflejando la importancia que el Gobierno bonaerense le otorga a la problemática del endeudamiento en un contexto de aumento de la mora.

Como parte de las propuestas, el Ejecutivo planteó una suba del 30 por ciento en las asignaciones familiares, a aplicarse en tres tramos desde el 1° de julio. Asimismo, se ofreció una mejora en la financiación con tarjeta de crédito y un plan de refinanciación para deudas con el Banco Provincia. Según precisaron, el plan contempla una baja de tasas con plazos de hasta 72 meses.

“En los casos de mora de hasta 90 días de atraso, la tasa será de 39% anual para personas con un ingreso de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000). Para los casos de mora mayor a 90 días, se ofrece una tasa especial de 31% anual, exclusiva para personas en una situación de sobrendeudamiento”, puntualizaron desde el Ejecutivo.

Por su parte, el secretario gremial de UPCN BA, Juan Pablo Oyarzábal, insistió en la “necesidad de contar con un aumento salarial al sueldo básico” para el presente mes. Respecto a la falta de una oferta concreta, el dirigente señaló: “Entendemos que va a haber una convocatoria la semana próxima, pero nos manifestaron que no ven viable confirmar un aumento salarial que contemple junio”.

Desde el Gobierno bonaerense analizan extender la duración de los próximos acuerdos salariales entre tres y cuatro meses. Cabe recordar que el último entendimiento, alcanzado en marzo, incluyó una recomposición del 9 por ciento en tres tramos, cifra que los gremios consideran insuficiente frente a la inflación acumulada del 14,7 por ciento en lo que va del 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

Las negociaciones continuarán la próxima semana, mientras que este viernes se llevará a cabo la reunión con los gremios docentes, tras la suspensión del encuentro previo por cuestiones de agenda.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires retomará la próxima semana las negociaciones paritarias con los trabajadores estatales, en un contexto marcado por la cercanía del pago del medio aguinaldo y el reclamo de los gremios por una actualización salarial que permita recuperar ingresos frente a la inflación.

La convocatoria oficial fue realizada para el jueves 11 de junio y alcanzará a los principales sindicatos que representan a los empleados públicos bonaerenses, entre ellos la Asociación Trabajadores del Estado, la Unión del Personal Civil de la Nación y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires.

Las conversaciones llegan luego de una reunión exploratoria realizada a fines de mayo, en la que las autoridades provinciales expusieron las dificultades financieras que atraviesa la administración bonaerense y no presentaron una propuesta concreta de incremento salarial. Sin embargo, los gremios confían en que esta vez exista una oferta formal sobre la mesa.

Uno de los puntos centrales de la discusión será el impacto que un eventual aumento pueda tener sobre el Sueldo Anual Complementario (SAC). El calendario juega un papel clave: los salarios de junio comenzarán a liquidarse pocos días después del encuentro paritario, por lo que cualquier acuerdo deberá alcanzarse rápidamente para que pueda reflejarse en los haberes de este mes.

Hasta el momento, los trabajadores estatales bonaerenses recibieron incrementos que acumulan un 9,1% en lo que va del año, mientras que la inflación acumulada en el mismo período ronda el 12%, una diferencia que alimenta el malestar en las bases sindicales. Además, los gremios sostienen que durante 2025 los salarios quedaron rezagados frente al aumento del costo de vida.

Desde la administración del gobernador Axel Kicillof analizan la posibilidad de avanzar en un acuerdo de varios meses de duración, una alternativa que permitiría otorgar previsibilidad a las cuentas provinciales y evitar negociaciones permanentes.

Por su parte, los representantes sindicales adelantaron que además de la cuestión salarial insistirán con reclamos vinculados a los pases a planta permanente y la mejora de las condiciones laborales dentro de la administración pública provincial.

La negociación se desarrollará además el mismo día en que el Instituto Nacional de Estadística y Censos difundirá el índice de inflación de mayo, un dato que podría resultar determinante para las pretensiones de los gremios y la propuesta que finalmente presente la Provincia.