La aceleración del ritmo de precios que comenzó a mediados del año pasado pronunció la caída del poder de compra del salario. Un informe del Gobierno mostró que solo en febrero los ingresos de los trabajadores bajo convenio perdieron en términos reales contra la inflación un 1,7 por ciento frente a enero, y en el último año el retroceso fue de casi seis por ciento, con algunos gremios con desplomes superiores al diez por ciento.

Los datos corresponden a una medición mensual que hace la Secretaría de Trabajo, a partir de la información que registra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), es decir, los aportes que hacen las remuneraciones al esquema jubilatorio. El último dato disponible es el de febrero, cuando el IPC fue de 2,9 por ciento. Ese mes, reportó la cartera laboral, el poder adquisitivo del promedio de la totalidad de los salarios formales del sector privado disminuyó un 0,2 por ciento.

Hay un desagregado que hace el Gobierno y que contempla solamente los salarios privados que se negocian bajo convenios colectivos de trabajo, es decir, los que se determinan en las negociaciones paritarias entre sindicatos y cámaras empresarias. En ese caso, la caída real fue de 1,7 por ciento, mucho más pronunciada que el promedio.

“En la comparación interanual, el poder adquisitivo del salario promedio de convenio registró una caída de 5,9 por ciento entre febrero de 2025 y febrero de 2026, mientras que el salario medio proveniente del SIPA evidenció una contracción más leve, de 0,2 por ciento”, planteó la cartera que dirige Julio Cordero.

Si se aleja un poco más el zoom, los datos oficiales reflejan que en comparación con noviembre de 2023, es decir, el último mes antes del cambio de Gobierno, se observa que los salarios promedio medidos por Trabajo tuvieron una mejora de tres puntos porcentuales, pero las remuneraciones que surgen de paritarias homologadas se contrajeron en siete puntos.

Para los especialistas, puede haber surgido en el universo de asalariados privados formales una “fractura”. Esto es, sectores bien diferenciados de la misma forma que pueden identificarse rubros de la actividad económica ganadores y perdedores en los últimos dos años. La “grieta”, en este caso se explica en qué tan voluminosas son las sumas fijas que acuerdan gremios y empresas como parte de las negociaciones paritarias.

La consultora C-P lo ejemplificó con el caso de Camioneros, por un lado, y Comercio. “Mientras algunos sectores -como Camioneros- lograron acotar pérdidas mediante sumas fijas proporcionales, la paritaria de Comercio, la más numerosa del país, cerró un acuerdo con una suma fija muy acotada y un sendero por debajo del dos por ciento, consolidando niveles muy bajos de poder adquisitivo y asegurando caídas reales hacia adelante”, indicaron.

El economista de C-P, Federico Pastrana, explicó que la diferencia entre el número promedio que mide el SIPA y los salarios de convenio que aumentan a mucho menor ritmo es que el primer ítem abarca otros elementos como la cantidad de horas trabajadas, adicionales fuera de convenio y cambios en el muestreo.

El informe de la cartera laboral explicó, también, que hay una marcada heterogeneidad sectorial en el último año paritario.

“Un grupo reducido de convenios muestra variaciones reales positivas, entre los que se destacan Aceiteros (12,7%), Encargados de Edificio (5,6%) y Transporte automotor (3,8%)”, que quedaron por encima de la inflación.

En contraste, otros convenios -como Bancarios, Concesionarios de autos, Entidades deportivas y Gráficos- exhiben estancamiento o caídas acotadas, ubicándose en torno a valores cercanos a cero o levemente negativos. Comercio, el convenio más numeroso del país con 1,2 millones de asalariados, también registró una caída en su poder adquisitivo.

La seccional local de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un encuentro abierto destinado a  trabajadores municipales bajo la consigna “DesayunATE en el Debilio”, que tendrá lugar este jueves 16 de abril, entre las 11 y las 13, en el SUM del Hospital Debilio Blanco Villegas.

La propuesta busca generar un espacio de diálogo directo entre compañeros y compañeras, donde se puedan compartir inquietudes, experiencias y problemáticas vinculadas al ámbito laboral. Según expresaron desde ATE, la iniciativa apunta a “mirarse a la cara y charlar sin vueltas” sobre distintos ejes que atraviesan la actualidad del sector.

Durante la jornada se abordarán temas como paritarias, condiciones de trabajo, salarios y la realidad de cada área, en un contexto que consideran clave para fortalecer la organización colectiva de los empleados municipales.

Desde el gremio remarcaron que se trata de un momento para escucharse, intercambiar y construir herramientas conjuntas que permitan defender los derechos laborales.

El encuentro se desarrollará en un formato distendido, compartiendo mates, y está dirigido a todos los trabajadores municipales que deseen participar.

La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) aprobó este viernes la oferta salarial presentada por el gobierno de Axel Kicillof, lo que dejó a la gestión provincial muy cerca de cerrar la negociación paritaria para el próximo bimestre. El congreso de la entidad gremial definió por mayoría aceptar la propuesta, que consistió en un incremento del 7,5 por ciento para los meses de marzo y abril.

El esquema acordado contempló un ajuste del cinco por ciento en marzo y un 2,5 por ciento en abril. Asimismo, se incorporó una bonificación no remunerativa de 28.700 pesos bajo el concepto de Compensación FONID/Conectividad. El acuerdo incluyó además una cláusula de monitoreo para la primera quincena de mayo y el compromiso de reapertura de las negociaciones en junio.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), otro de los gremios de peso en el sector, realizó asambleas en todos los distritos durante la jornada del jueves con resultados positivos. Se espera que el sindicato ratifique su aceptación durante el transcurso de este viernes, consolidando así el acuerdo con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que ya había sido aceptado por los trabajadores estatales.

Con esta actualización, el salario de un maestro de grado alcanzará los 800.084 pesos en marzo y llegará a los 850.053 pesos en abril. Para aquellos con jornada completa, los montos se fijarán en 1.600.168 pesos y 1.700.106 pesos respectivamente. En tanto, un profesor con 20 módulos percibirá 1.032.198 pesos por el primer mes del acuerdo y 1.113.838 pesos por el segundo.

El Gobierno nacional convocó a la reapertura de paritarias de la Administración Pública Nacional para este viernes 6 de marzo a las 14. La reunión se llevará a cabo en la sede que la Secretaría de Trabajo posee en 25 de Mayo 633, en la Ciudad de Buenos Aires.

El Estado nacional convocó a la discusión paritaria a la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), encabezada por Andrés Rodríguez, y a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, los dos sindicatos que nuclean a la mayoría del personal del sector público.

La convocatoria se produce tras el cuarto intermedio que la Secretaría de Trabajo dispuso en diciembre de 2025, cuando los reclamos de los gremios estaban muy lejos de los ofrecimientos del Estado en su carácter de sector patronal.

En este contexto, ATE reclama una recomposición salarial del orden del 45 por ciento para “recomponer lo perdido durante la gestión de Javier Milei”, según señaló el sindicato a través de sus redes sociales. Además, exigió una “suma fija de 4.000.000 de pesos” por única vez para compensar las pérdidas salariales.

“En los últimos dos años se destruyó el poder adquisitivo de los estatales”, afirmó Aguiar, titular de ATE Nacional, quien además sostuvo que “este Gobierno es responsable de haber expulsado a la pobreza a decenas de miles de trabajadores estatales”.

Luego del paro que llevaron adelante los docentes bonaerenses y estatales de ATE, el Gobierno de Axel Kicillof dio este miércoles un paso clave para acordar una suba salarial: ofreció un 9% en tres cuotas y quedó a un paso de cerrar la paritaria.

En una reunión en La Plata, la Provincia ofertó un aumento en tres partes: al 1,5% ya abonado en febrero, le sumará un 5% de marzo a pagarse en abril y otro 2,5% para abril, con fecha de cobro en mayo. De esta manera, los ajustes completan un 9%, muy por encima de la propuesta de días atrás.

En concreto, los maestros recibirán un ajuste de 7,5 % para el bimestre marzo/abril, que incluye una bonificación no remunerativa de $28.700 bajo la denominación “Compensación FONID/Conectividad”, además de cláusula de monitoreo dentro de la primera quincena del mes de mayo 2026 y reapertura en junio.

Si bien ahora las bases de los gremios del Frente de Unidad Docente deberán confirmar si aceptan la oferta, los referentes gremiales le dieron el visto bueno y todo se encamina a cerrar un acuerdo por los próximos meses. Sin embargo, el año pasado sucedió que un gremio como la FEB, rechazó una oferta mientras que el resto aceptó. Este sindicato dará una respuesta el viernes.

Impacto en los salarios para cargos iniciales:

- Maestro de Grado (MG): en marzo $800.084 / abril $850.053;

- MG jornada completa: marzo $1.600.168 / abril $1.700.106;

- MG quinta hora: marzo $1.005.638 / abril: $1.060.424;

- Profesor 20 módulos: marzo $1.032.198 / abril: $1.113.838.

Tras reunirse con los docentes, llegará el turno de los estatales de la administración central, quienes también habían rechazado un aumento de un 3% de ajuste total (que incluye un 1,5% retroactivo a diciembre) ofertado por el Ejecutivo.

Tanto el Gobierno como los jefes sindicales (que reciben fuertes presiones de las bases para profundizar un plan de lucha) buscan llegar a un acuerdo antes de mitad de mes, que es cuando la Provincia suele cargar los haberes que se cobran el siguiente mes.

El gobierno de Axel Kicillof liquidará los sueldos de este mes de docentes y estatales con un incremento de 1,5% a cuenta de futuros aumentos, una medida excepcional para evitar que cobren menos que el mes pasado, tomada en medio del conflicto con los gremios que los representan.

El monto del adelanto es equivalente a los retroactivos que habían cobrado los estatales con los sueldos de enero y que para este mes ya no se perciben, por tratarse de un pago extraordinario que se percibe una sol vez. Por eso, como en el interín no se acordó un nuevo aumento, de no haberse decreto la suba de emergencia, los salarios de febrero, que se cobran a comienzos del mes próximo, habrían sido inferiores a los de enero.

Kicillof cerró primera tanda de negociaciones de este año con un incremento compuesto con 3% de suba para los salarios de enero, que se cobraron junto con dos retroactivos: 1% correspondiente a diciembre de 2025 y 0,5% por el segundo medio aguinaldo de ese año.

Ahora, los gremios están en medio de una tensa negociación en la que todavía no hay ningún acuerdo. El gobierno ofreció primero 2 y luego 3% de aumento para este mes. Pero los gremios lo rechazaron por insuficiente, con el argumento de que está por debajo de la inflación. Señalan que si se tiene en cuenta el retroactivo que se cae, una suba del 3% hubiese equivalido en realidad al 1,5% real.

En ese marco, Federación de Educadores Bonaerense avanzó con el anuncio de un paro de 24 horas para el lunes 2 de marzo, día previsto para el inicio de clases. El SUTEBA, el otro gremio fuerte del sector docente, comandado por Roberto Baradel, también anunció que para ese día. Pero hizo la salvedad que lo hace en rechazo a políticas nacionales, como la quita del Fondo de Incentivo docente, más allá de que consideraron, oficialmente, como “insuficiente” la propuesta que les hizo la Provincia.

De ese modo, Kicillof enfrenta la posibilidad de que por primera vez en sus seis años de mandato en la provincia el comienzo de clases de vea interrumpido por el conflicto docente.

Tras haber acordado a mediados de enero un aumento de 4,5% en dos tramos, los gremios de estatales bonaerenses fueron convocados por el Ejecutivo provincial a una nueva mesa de negociación paritaria para el próximo jueves 5 de febrero.

Según precisaron desde la sección provincial de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y UPCN, la reunión se llevará a cabo el jueves a las 12 del mediodía en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense ubicada en La Plata.

Tal como reclamaban los gremios que nuclean a los estatales bonaerenses, el gobernador Axel Kicillof accedió en la última negociación a otorgar un aumento retroactivo a los salarios de diciembre (1%), con su correspondiente impacto en el medio aguinaldo, y otro incremento de 2% para enero, lo que totalizó un incremento de 4,5%.

Pese a que la oferta fue aceptada por los estatales bonaerenses y gran parte de los gremios docentes - sólo educadores de la FEB la rechazó -, varios sectores remarcaron que el incremento fue insuficiente para paliar la pérdida del poder adquisitivo de 2025 y habían solicitado la pronta convocatoria para los primeros días de febrero.

Desde la gestión provincial advirtieron, en tanto, sobre el “complejo contexto fiscal producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la caída de la recaudación”.No obstante, indicaron: "Mmantenemos el compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores”.

De esta manera, la convocatoria a paritarias para el 5 de febrero permitirá iniciar las negociaciones para un aumento salarial que, de repetirse la dinámica de los últimos encuentros, contemple un aumento bimestral. Asimismo, los funcionarios provinciales buscarán consensuar con los gremios docentes el normal inicio del ciclo lectivo 2026 a partir del 2 de marzo.

De acuerdo a la implicancia en los sueldos de los trabajadores docentes bonaerenses, un maestro de grado con jornada simple pasará a cobrar en febrero $750.692, es decir, percibirá un aumento de $37.400 con relación al último recibo de sueldo. En el caso de contar con entre 12 y 14 años de antigüedad, cobrará $864.295.

En tanto, el maestro de grado con jornada completa cobrará en el segundo mes del año $1.501.384, mientras que el haber de un profesor con 20 módulos pasará a ser de $969.256, es decir, un incremento de bolsillo de $42.000.

En el caso de un preceptor, el sueldo inicial será de $642.321, mientras que un director de 1° categoría que se desempeñe en los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires pasará a percibir $1.115.138.

La Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) anunció un paro total de actividades en las playas públicas del distrito para este domingo 1º de febrero. La medida, según explicaron, obedece a la falta de una respuesta concreta por parte del Ejecutivo a los reclamos que viene denunciando el sector.

Fernando Espinach, secretario de organización de la AGP, explicó al Mensajero de la Costa que “estamos alertando a toda la comunidad, porque el domingo 1º de febrero no habrá servicio de guardavidas en las playas municipales. Esta es una decisión tomada por unanimidad por la asamblea, producto de la falta de diálogo, porque se cortó en el transcurso de las negociaciones por la paritaria del salario”.

El secretario de AGP recalcó que “el salario de los guardavidas municipales se encuentra retrasado, sin recomposición, solamente percibiendo un diez por ciento a cuenta no remunerativo, los meses de noviembre y diciembre, que son los meses que hasta ahora han trabajado y cobrado. Y la paritaria llegó a un punto en el cual el municipio cambió la forma en la que veníamos negociando”.

Los guardavidas, según el dirigente, esperaban “la publicación de la inflación de cada mes para ir haciendo la recomposición del salario. Nos reunimos luego de la publicación del índice de diciembre, que dio 2,8% y todavía era muy alto”.

“Pero hay un problema: la inflación sigue siendo alta, que obliga más todavía a tener una paritaria. Después de esa publicación, nos juntamos como estaba previsto, y el municipio dijo bueno, sí se publicó todo, pero nosotros no vamos a recomponer el salario”, contó Espinach.

“¿Cuál es el cronograma que plantea el municipio de recomposición? No tenemos ninguno. O sea, ni ahora ni nunca, esa fue la posición”, afirmó el guardavidas

“No hemos vuelto a dialogar desde ese momento” afirmó. “La última audiencia con el municipio fue el 14 de enero, y bueno, tuvimos que llegar a la determinación de un paro este domingo”, lamentó.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, haciendo una mejora sustancial respecto de su anterior oferta, acordó con la mayoría de los gremios docentes y con los representantes gremiales de los trabajadores de la Ley 10430 y leyes especiales de la Provincia un nuevo aumento salarial.

La oferta está compuesta por un retroactivo a diciembre; el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. De esta manera, los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un 4,5% más producto del retroactivo. También se incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en febrero.

Según manifestaron en un comunicado “una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. A pesar de eso, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y seguirá trabajando para cumplir con sus obligaciones; en el mismo sentido, desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof se ha priorizado el diálogo con las y los representantes gremiales y así lo seguirá haciendo”.

En las reuniones virtuales participaron, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, el Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.

Funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires volverán a reunirse este viernes con los gremios docentes y estatales para discutir en paritarias una suba salarial, tras el rechazo del 1,5% del martes. Las partes mantendrán un encuentro virtual y sobrevuela la posibilidad de otorgar un ajuste por decreto.

Tras un insistente reclamo gremial, el gobierno de Axel Kicillof ofreció el martes un aumento salarial del 1,5% a cobrar en enero para los empleados del estado provincial -docentes, administración central, médico y judiciales- pero no hizo ninguna oferta respecto a noviembre y diciembre del año pasado, bimestre que no hubo aumento.

Frente a esto, los gremios rechazaron el 1,5% y reclamaron discutir un retroactivo para compensar la inflación de esos dos meses: 2,5% y 2,8%. Sin embargo, la falta de oferta en este sentido hizo que se pasara a un cuarto intermedio hasta este viernes.

La nueva oferta podría incluir una suma para compensar, aunque claramente menor a esos más de 5 puntos de la inflación. Y en caso de que sea rechazada por los gremios, una posibilidad que analiza la administración provincial es dar el incremento por decreto, algo que los trabajadores se oponen.

Con el último aumento que los agentes públicos percibieron con el sueldo de noviembre, se registró una mejora de 25,9% para los primeros diez meses del año pasado, contra una inflación del 24,8% para el mismo período. No obstante, la suba de precios del último bimestre los dejó con saldo negativo, ya que la inflación de 2025 cerró en 31,5%.

Los encuentros serán virtuales y no presenciales en el Ministerio de Trabajo, como sí fue el martes pasado. En primer, las autoridades lugar se reunirán con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) a las 14, mientras que a las 15.30 con los distintos gremios que representan a los trabajadores estatales de la Ley 10.430.

En medio del reiterado pedido de los trabajadores de la administración pública bonaerense, el Gobierno de Axel Kicillof convocó para este martes 13 de enero a los gremios de distintas áreas del Estado para empezar las discusiones salariales de 2026.

Se sentarán a la mesa de negociación los trabajadores comprendidos bajo la Ley 10.430, los docentes y judiciales. Estos tres sectores, con distinta presión, vienen realizando reclamos por la reapertura de la mesa paritaria ya que en noviembre fue el último incremento recibido.

A pesar de la buena sintonía política entre la gestión Kicillof y los gremios, que se tradujo en negociaciones por los lugares en las listas de candidatos de las elecciones, los representantes de los trabajadores llegarán a la reunión con expectativas y ciertas necesidades. Aunque lo cierto es que suele pasar que en el primero de los encuentros no suele aparecer una oferta concreta de aumento.

“Seguimos planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la continuidad de los pases a planta permanente en salud, educación y en todos los sectores dónde hay trabajadores precarizados”, declaró Claudio Arévalo, secretario general de ATE, al conocer el llamado a reunión que será en la sede del Ministerio de Trabajo.

Cabe recordar que pese a las expectativas en diciembre, las autoridades provinciales comunicaron antes de fin de año que las negociaciones se iban a retomar en enero. El último ajuste fue del 5% en dos veces, dándose primero en agosto (percibido en septiembre) y luego en octubre (que se cobró en noviembre). Es decir, en los primeros 10 meses de este año, los estatales recibieron una suba del 25,9% contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

Sin embargo, luego de que la Legislatura aprobará la ley para que Kicillof pueda emitir deuda por 3.680 millones de dólares, los gremios salieron a pedir que haya una reapertura inmediata de las negociaciones paritarias para un nuevo aumento de salarios. Frente a esto, la Provincia priorizó el pago de medio aguinaldo y retrasó para enero un nuevo ajuste que, según los gremios, debería recuperar lo perdido.

La tensión entre los gremios estatales bonaerenses y el Gobierno provincial volvió a escalar, luego de que el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se sumara formalmente al reclamo por la reapertura urgente de las negociaciones paritarias, en línea con los pedidos ya presentados por trabajadores estatales y judiciales.

A través de un comunicado, el FUDB —que nuclea a Suteba, Udocba, FEB, AMET y Sadop— confirmó la presentación de una nota ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para exigir la continuidad de la paritaria salarial.

“El FUDB deja constancia de que no considera cerrada la discusión salarial 2025 y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de las y los docentes”, señalaron desde el frente sindical. En ese marco, reclamaron la continuidad de la negociación en virtud de “la pérdida del poder adquisitivo que atraviesan las y los trabajadores de la educación” y la necesidad de garantizar condiciones laborales y salariales dignas.

Los gremios docentes ratificaron además su voluntad de diálogo y negociación, aunque advirtieron que mantendrán una postura firme para exigir “medidas urgentes que aseguren justicia social y equidad” para el sector. En su diagnóstico, apuntaron principalmente contra las políticas del Gobierno nacional y el recorte de partidas para Educación, al sostener que el desfinanciamiento profundiza la erosión del salario docente.

El pedido del FUDB se sumó a una serie de reclamos que vienen realizando distintos gremios estatales de la provincia. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) fue la primera organización en exigir formalmente la reapertura de las paritarias. El jueves pasado presentó una nota ante el Ministerio de Trabajo bonaerense solicitando el reinicio urgente de la discusión salarial para los trabajadores comprendidos en la Ley N° 10.430.

En el escrito, la UPCN remarcó que no da por cerrada la pauta salarial 2025 y advirtió sobre el fuerte deterioro del poder adquisitivo en un contexto inflacionario que continúa impactando de manera negativa sobre los ingresos del sector público.

A ese reclamo se sumó la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires, que pidió formalmente al ministro de Trabajo, Walter Correa, la reanudación de la audiencia paritaria salarial. La federación recordó que durante una reunión mantenida el 22 de diciembre con el gobernador Axel Kicillof se había asumido el compromiso de convocar a los gremios en la primera semana de enero, algo que aún no ocurrió.

“Nos encontramos promediando el mes de enero sin que se haya concretado el llamado”, advirtieron, al tiempo que reclamaron avanzar con un incremento salarial que permita atenuar el deterioro de los ingresos y brindar previsibilidad a las y los trabajadores.

En la misma línea, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) también solicitó ser convocada de manera urgente a paritarias. Desde el gremio señalaron que la falta de una nueva convocatoria genera “gran preocupación” entre las trabajadoras y los trabajadores judiciales, y remarcaron que la inflación impacta de forma directa y severa sobre los salarios.

Si bien desde el Ejecutivo provincial atribuyen la demora de la convocatoria a paritarias a la “asfixia financiera” derivada del recorte de fondos nacionales, los sindicatos insisten en la necesidad inmediata de retomar la negociación.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) presentó un pedido formal ante el gobierno de Axel Kicillof para que se reabra “en forma urgente” la negociación paritaria por aumento de salarios para los trabajadores estatales de la provincia, quienes recibieron el último incremento el octubre.

En el pedido, UPCN, la central gremial de empleados públicos con más afiliados en la Provincia, le pide al gobierno que se dispongan los medios necesarios para convocar "de manera urgente a la reapertura de la mesa paritaria salarial ”. Y le advierte que no da por cerrada aún la negociación correspondiente al año pasado.

Ese último señalamiento se relaciona con la preocupación por la posibilidad de que el gobierno haga tabula rasa y arranque una negociación nueva, pese a que en una reunión el Ejecutivo había aceptado mantener abierta la conversación. Es que si esa promesa no se cumpliese, eso implicaría que los estatales perderían el acumulado de inflación entre octubre y el momento en que se firme un nuevo acuerdo, si ese eventual entendimiento no contiene una cláusula de retroactividad.

En reuniones con la dirigencia de UPCN y el resto de los gremios estatales, el ministro de Economía de Kicillof, Pablo López, explicó las dificultades financieras que atraviesa la provincia. Las atribuyó a la política económica de Javier Milei, especialmente en lo que tiene que ver con el recorte de fondos al tesoro bonaerense. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó hoy la oferta del Gobierno de 2% de actualización salarial en diciembre y un bono por única vez de $50.000 en la paritaria de la Administración Pública Nacional, que fue aceptada por el gremio mayoritario del sector, UPCN.

Al respecto, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, indicó: “El regalo para estas fiestas de parte del Gobierno, finalmente fue una paritaria miserable y un bono que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”.

“Los estatales nunca nos hubiéramos imaginado un peor fin de año. En el 2025 quedamos 14 puntos por debajo de la inflación y desde que asumió Milei perdimos 4 salarios completos. Es muy difícil aceptar que existan otros sindicatos dispuestos a avalar semejante entrega”, agregó el dirigente estatal en un comunicado.

En referencia a UPCN, Aguiar apuntó: “Tienen que explicar a cambio de qué firman incrementos por debajo de la evolución de los precios, cuál es la contrapartida por permitir la demolición de los ingresos".

"A esta altura, en el sector público UPCN ya es socio de la motosierra. Este aumento vergonzoso se da en medio de una inflación en ascenso y anticipa un inicio de año altamente conflictivo”, agregó.   

De esta forma, ATE convocará a sus instancias orgánicas para definir el plan de acción: “Después de dos años los salarios en el Estado están en caída libre y la única manera de remontar ese escenario es con un aumento de emergencia que permita a todos salir de la pobreza. Vamos a convocar plenarios y asambleas para definir medidas de fuerza”.   

El sindicato sostuvo que los incrementos salariales de los últimos 12 meses “quedaron sistemáticamente ubicados por debajo de la inflación”, teniendo en cuenta que el informe del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central proyecta una evolución de los precios de 2,2% para diciembre.

“Teniendo en cuenta esta proyección, el 2025 finalizaría con una inflación de 30,7% frente a una paritaria de 17,1%, lo que marca una diferencia de 13,6%. Además, desde que asumió Javier Milei la pérdida del poder adquisitivo ya supera el 42,2%”, indio ATE. 

La Asociación de Guardavidas de Pinamar(AGP) advirtió que peligra la seguridad en las playas ante la posición del Ejecutivo Municipal -encabezado por el intendente Juan Ibarguren- de no aumentar los salarios “es decir, cobrar lo mismo que el año pasado”.

“En audiencia de Paritarias ante el Ministerio de Trabajo -informó la AGP a través de un comunicado-, la Municipalidad expresa 0% de recomposición de haberes pretendiendo que trabajemos con los salarios del año pasado. A esta inaceptable pretensión se suma un desmanejo ilegal y absurdo del servicio que debemos brindar, situación que ha ocasionado la INHABILITACIÓN de las playas de Pinamar, instancia que ha sido notificada al Gremio por parte de las autoridades.

El comunicado sigue así: “Ningún tipo de recomposición en el salario, al mismo momento que nos aumentan los impuestos a todos los contribuyentes automáticamente según inflación, mientras vemos con asombro como funcionarios se roban el dinero de la recaudación. Por ello alertamos a toda la comunidad sobre el inicio de un conflicto que, lamentablemente por la irresponsabilidad de las autoridades, pone en riesgo la vida de las personas y la continuidad de la temporada.”

Ante la oferta del 0% de recomposición salarial, los guardavidas no descartan realizar medidas de fuerza, al tiempo que denunciaron que se decretó la inhabilitación de las playas en el municipio a cargo del intendente del PRO Juan Ibarguren.

“Desde la AGP negociamos paritarias con dos sectores a la vez, el privado y el Municipio. Con los privados no tuvimos ningún problema, pero el problema es con el Municipio, que tiene la pretensión de que se trabaje por el mismo sueldo del año pasado, cuando en Pinamar las tasas aumentan por inflación automáticamente”, expresó a los medios Fernando Espinch, secretario de Organización del sindicato que nuclea a 300 guardavidas de Pinamar, 130 de los cuales están ligados directamente al Municipio.

“Si no se modifica la situación, Pinamar no estará habilitada como ciudad balnearia”, advirtió Espinahc. “La responsabilidad de las autoridades pone en riesgo la vida de las personas y la continuidad de la temporada”.

El sector de la construcción en Argentina atraviesa un momento decisivo tras el reciente acuerdo paritario alcanzado entre la Uocra y las cámaras empresarias del rubro. El entendimiento establece incrementos salariales para noviembre y diciembre de 2025, además del pago de sumas no remunerativas, pero aún no cuenta con la homologación de la Secretaría de Trabajo, un paso indispensable para su entrada en vigencia.

El convenio firmado entre la Uocra, la Camarco y la FAEC, aplicable a los convenios colectivos 76/75 y 577/10, abarca a todo el sector formal y genera expectativa entre miles de trabajadores. De oficializarse, los asalariados recibirán aumentos sobre sus básicos y un adicional mensual.

El acuerdo establece un incremento del 1,4% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de octubre para noviembre de 2025, y un 1,3% en diciembre, tomando como base los importes ya actualizados del mes anterior. Ambos aumentos son acumulativos y se aplican sobre todas las categorías del sector.

Además, los valores pactados absorben cualquier aumento voluntario otorgado desde octubre, siempre que no reduzcan el ingreso neto del trabajador, con el objetivo de evitar duplicidades en la liquidación salarial.

El entendimiento incorpora una suma mensual no remunerativa para noviembre y diciembre, pagada en dos cuotas quincenales. Aunque no se integra al salario básico, queda sujeta a los aportes obligatorios a la obra social sindical. Los montos varían según la categoría y la zona de desempeño, con importes más altos en las áreas consideradas “desfavorables” (zonas B, C y C-Austral).

Para la zona A, la de mayor concentración de mano de obra, los valores fueron detallados en el acuerdo, al igual que para las zonas restantes.

Las escalas salariales también fueron informadas, diferenciadas por zona y categoría. En zona A, los sueldos diarios actualizados rigen desde el 1 de noviembre de 2025, mientras que las zonas B, C y C-Austral incorporan adicionales que incrementan el total según la región.

Estas tablas alcanzan a todo el personal comprendido en los convenios mencionados y reflejan la variabilidad salarial de acuerdo al rol y al área geográfica.

El acuerdo tiene alcance hasta el 31 de diciembre de 2025. La Comisión Especial de Seguimiento conformada por Uocra y las cámaras empresarias volverá a reunirse el 22 de diciembre para evaluar el desempeño del sector y definir los aumentos que regirán desde enero de 2026.

Según fuentes consultadas, el convenio aún no fue homologado por la Secretaría de Trabajo, por lo que todo el esquema salarial continúa a la espera de su validación oficial.

El nuevo acuerdo replica el esquema aplicado en septiembre y octubre —con subas acumuladas de 1,3% y 1,2% respectivamente y sumas fijas no remunerativas— aunque con cifras superiores en todas las categorías. También se mantiene el mecanismo de dividir los pagos extraordinarios en dos cuotas quincenales, pensado para sostener la liquidez mensual de los trabajadores.

Hasta que no se emita el acto administrativo correspondiente, la estructura salarial del sector privado de la construcción permanece en suspenso, a la espera de una resolución que ordene el panorama de cara a 2026.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales a una nueva negociación paritaria, que comenzará el martes 18. Las organizaciones estaban luchando desde octubre por conseguir una audiencia para recomponer los salarios. El último acuerdo había sido en agosto.

“Luego del pedido de nuestra organización fuimos convocados a audiencia paritaria salarial”, dijeron desde ATE al confirmar la apertura de una nueva instancia de negociación.

La reunión será en el edificio del Ministerio de Trabajo -en 7 entre 39 y 40, La Plata- este martes próximo a las 17.15.

El Municipio de Tandil y el Sindicato de Trabajadores Municipales cerraron un nuevo acuerdo de recomposición salarial en el marco de la paritaria 2025, que contempla incrementos para los meses de octubre, noviembre y diciembre, un aumento en el concepto de presentismo y una bonificación especial no remunerativa.

El entendimiento, alcanzado en las últimas horas entre el Ejecutivo y la representación gremial, abarca a todos los trabajadores de la Administración Central y del Ente Descentralizado Sistema Integrado de Salud Pública.

Según lo establecido, los incrementos en los sueldos básicos se aplicarán de manera mensual conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. De esta forma, en octubre, noviembre y diciembre los aumentos serán equivalentes a la variación mensual del IPC de cada período, calculada sobre los básicos vigentes del mes anterior.

Asimismo, se acordó un incremento de 20.000 pesos en el concepto de Presentismo, que a partir del 1° de octubre pasará a ser de 50.000 pesos. Además, los trabajadores percibirán dos Bonificaciones Especiales No Remunerativas de 150.000 pesos cada una, que se abonarán el 14 de noviembre de 2025 y el 23 de enero de 2026.

Finalmente, las partes consensuaron retomar las negociaciones paritarias en febrero del próximo año, con el objetivo de seguir evaluando la evolución de los salarios en relación con la situación económica del país.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le exigió al Gobierno Nacional reabrir las paritarias del sector público y acordar un aumento "de emergencia" ante el contexto actual. En la misma línea, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, manifestó que la mesa política que solicitó el presidente Javier Milei "no alcanza para garantizar salarios y jubilaciones dignas".

A través de un comunicado, el titular de ATE aseguró que “es inaceptable” la formación de una mesa política tras el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires del pasado domingo. “Una mesa política no alcanza para garantizar salarios y jubilaciones dignas. Deben aceptar la derrota y tienen que cambiar el rumbo de la economía", indicó Aguiar. "Que los gobernadores convocados sepan que esta vez no estarán garantizando gobernabilidad, sino impunidad a una banda de coimeros y delincuentes”, añadió.

El sindicato se declaró “en estado de alerta” y reclamó “la inmediata reapertura de las paritarias y un aumento de emergencia”, mientras que “evalúa nuevas medidas de fuerza”.

Aguiar expresó que “conformar una mesa política no va a garantizar que los trabajadores y los jubilados con sus ingresos lleguen a fin de mes". Según indicó, el Gobierno "debe aceptar la derrota y tiene que cambiar el rumbo de la economía”.

“En el Estado deben reabrirse las paritarias y otorgarse un aumento de emergencia. Los estatales y los jubilados ya hemos pagado el costo del ajuste y ahora no podemos seguir soportando el accionar negligente de un Gobierno que se niega a escuchar el mensaje de las urnas”, exigió.

ATE recordó que “mientras la inflación en los primeros siete meses del año fue del 17,3%, la paritaria nacional -rechazada por ATE y aceptada por UPCN- en ese mismo período apenas llegó al 9,6%”.

En este marco, Aguiar sentenció que “el último incremento que se otorgó con la complicidad de otra organización se ubicó por debajo de la inflación y empujó a más de la mitad de los estatales por debajo de la línea de la pobreza”.

“Los gobernadores de aquellos distritos donde no se convocaron paritarias o que las negociaciones se encuentren en curso también tienen que priorizar la recuperación del poder adquisitivo de sus trabajadores", agregó el dirigente nacional. "La política de Milei fue derrotada en la provincia de Buenos Aires pero también va a perder en todo el país”, subrayó.

Aguiar concluyó en que “la convocatoria a los gobernadores es un manotazo de ahogado". Recalcó que desde ATE se espera que “esa idea de muchos mandatarios de salir a despegarse del Gobierno nacional no sea sólo una puesta en escena”. 

"Se tiene que traducir en decisiones políticas concretas en cada uno de sus territorios. Sepan que esta vez no estarán garantizando gobernabilidad, sino impunidad a una banda de coimeros y delincuentes”, concluyó.

El sindicato también destacó “la necesidad de reabrir las negociaciones salariales ya que durante el último encuentro se otorgaron aumentos hasta fin de año con porcentajes muy por debajo a la expectativa inflacionaria: 1,2% en septiembre, 1,1% en octubre, y 1,1% en noviembre”.

Tras semanas de tensión entre el gremio y el Gobierno, la Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, finalmente homologó la paritaria de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El acuerdo, firmado a comienzos de junio, había sido objetado por el Ministerio de Economía por superar la pauta oficial de aumentos y por incluir sumas fijas con un componente de cuota solidaria para la obra social del sindicato.

La resolución, firmada este lunes por Cordero, destrabó el conflicto aunque de forma parcial. Si bien se validó el aumento del 7,6% escalonado para el período abril-agosto, las cinco sumas fijas no remunerativas ($30.000 en abril y $25.000 los meses siguientes) quedaron fuera de la homologación, al igual que los aportes del 3% de los empleados y del 6% de las empresas previstos para financiar la obra social del gremio, actualmente en crisis.

El acuerdo había sido firmado por cinco de las seis cámaras del sector: ADIMRA, AFARTE, CAIAMA, FEDEHOGAR y AFAC. Sin embargo, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), que agrupa a numerosas pymes, se negó a suscribirlo. Argumentó que el convenio “pone en riesgo la economía de las pequeñas y medianas empresas en medio de la recesión del sector, y también las fuentes de empleo”.

El Ministerio de Economía, al evaluar el convenio, objetó no solo el porcentaje de incremento salarial (el primer tramo del 3,3% en abril superaba la pauta oficial del 1% mensual), sino también la inclusión de pagos no remunerativos con aportes solidarios al sindicato. “Los aportes y contribuciones no pueden aplicarse a las sumas no remunerativas”, señalaron fuentes oficiales a Infobae.

La homologación se logró con una fórmula similar a la utilizada en la reciente paritaria de Camioneros. El secretario general de la UOM, Abel Furlán, accedió a permitir que las pymes en dificultades económicas paguen en cuotas las sumas fijas acordadas, lo cual destrabó el aval del Gobierno.

El jueves pasado se realizó la reunión clave en la Secretaría de Trabajo, encabezada por la subsecretaria Claudia Testa. Allí participaron Furlán y el presidente de CAMIMA, José Luis Ammaturo. El encuentro, aunque sin la presencia de Cordero, permitió arribar a una salida política al conflicto.

La tensión escaló el 22 de julio, cuando la UOM movilizó a sus afiliados frente a la Secretaría de Trabajo para exigir la homologación del acuerdo. En ese contexto, Furlán acusó públicamente a Cordero de seguir una estrategia impulsada por Techint para frenar el convenio, y anticipó que, de no obtener una solución, se iniciarían medidas de fuerza.

Ese mismo día, el líder sindical no fue recibido por el titular de la cartera laboral, sino por la subsecretaria Testa, a quien trasladó sus reclamos. Cordero, según trascendidos, no tenía intención de recibirlo, pero cambió de postura luego de un llamado de un alto dirigente de la CGT.

Finalmente, el convenio fue homologado parcialmente: se reconoció el aumento del 7,6% en cinco tramos, pero quedaron fuera del aval oficial las sumas fijas no remunerativas que contemplaban aportes a la obra social del gremio. Aunque el conflicto se descomprimió, persisten las diferencias con CAMIMA, que no firmó el acuerdo y mantiene su preocupación por el impacto económico del mismo sobre las pymes.