Los médicos de cabecera de PAMI atraviesan una situación crítica que ha derivado en una medida de fuerza de 96 horas, la cual se extenderá hasta este viernes. El doctor Pablo Gorini, referente del sector, explicó que este conflicto no es un hecho aislado, sino la consecuencia de un proceso de deterioro que se arrastra desde abril. 

En aquel entonces, el Instituto tomó la decisión de eliminar las consultas del listado de pagos, lo que significó una quita del 56 por ciento en los honorarios de los profesionales, dejando a muchos de ellos al límite de la sostenibilidad económica de sus consultorios.

La lucha gremial, que comenzó hace meses, logró inicialmente un incremento que llevó el valor de la consulta de 2100 a 2700 pesos tras dos meses de negociaciones. Sin embargo, tras ese breve avance, el diálogo se interrumpió. Según detalló el profesional a El Eco, el Instituto mantuvo un silencio prolongado, ignorando los pedidos y las necesidades de los profesionales. 

Recientemente, ante la presión ejercida, la respuesta oficial fue una oferta de apenas 300 pesos adicionales, una cifra que los médicos calificaron como irrisoria frente a la inflación y el costo de vida. Ante este escenario, el gremio decidió avanzar con un paro de 96 horas con el objetivo de visibilizar la problemática y forzar una instancia de negociación real.

Sobre el impacto de la medida, el doctor Pablo Gorini señaló: "La difusión ha sido la que esperábamos, pero todavía no tenemos ningún llamado del Instituto". El profesional lamentó que, a pesar de la repercusión nacional que ha tenido el reclamo, las autoridades nacionales mantienen una postura de indiferencia que impide destrabar el conflicto y normalizar la atención de los pacientes.

La falta de canales de comunicación efectivos es una constante denunciada por los médicos. Aunque existen instancias locales, el doctor Pablo Gorini advirtió que las decisiones estratégicas se toman desde niveles superiores, donde se percibe una intención de fondo que trasciende lo salarial. 

Al respecto, el médico fue contundente sobre las motivaciones que intuye detrás de la política actual: "El objetivo es retirar a los médicos de cabecera de la lista, somos un gasto". Esta visión, según el profesional, busca desmantelar la atención primaria para trasladar la demanda a otros centros de salud que no cuentan con la capacidad operativa necesaria.

El impacto de esta política, de concretarse, sería devastador para la comunidad de adultos mayores. El doctor Pablo Gorini advirtió que, si los médicos de cabecera son desplazados, los hospitales y clínicas privadas se verían desbordados por una demanda masiva que no podrían absorber. 

"El sistema de salud está tendiendo a quebrarse por esta situación y por eso el Estado quiere sacárselo de encima", sentenció. Esta situación, según su análisis, no solo afectaría la calidad de la atención, sino que dejaría a pacientes con patologías crónicas, como hipertensión o diabetes, sin un seguimiento médico adecuado y digno.

En el ámbito local, la situación es igualmente preocupante. Gorini confirmó que la crisis ha provocado que muchos profesionales opten por abandonar el sistema de PAMI. "Algunos que han renunciado porque no le dan los números para mantener el consultorio", explicó, detallando que los médicos prefieren volcar su tiempo a otras obras sociales o sistemas de atención que les permitan cubrir sus gastos básicos. 

Respecto a las expectativas económicas, el gremio sostiene que la recomposición debe ser acorde a la pérdida sufrida durante el año. El doctor Pablo Gorini recordó que, tras el recorte del 56 por ciento en abril, se había establecido una hoja de ruta para recuperar los ingresos de manera gradual. 

"Esperábamos terminar diciembre con 5200 pesos por afiliado", precisó el médico. Este número, según el gremio, es el piso mínimo necesario para que la actividad sea viable y para que los consultorios puedan seguir funcionando con los estándares de calidad que requieren los pacientes.

Finalmente, Gorini advirtió que si no hay una respuesta favorable por parte de las autoridades, el gremio ya ha notificado formalmente a las instancias correspondientes que las medidas de fuerza se endurecerán. 

La incertidumbre sobre el futuro de la atención médica de los jubilados se mantiene latente, mientras los profesionales insisten en que la salud pública no puede ser tratada como una variable de ajuste. La expectativa ahora recae en una posible convocatoria al diálogo que permita evitar un colapso mayor en el sistema sanitario nacional.

Los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) comenzaron ayer un nuevo paro de actividades, en este caso por 72 horas, que se extenderá hasta mañana viernes.

La medida fue ratificada por la Asociación de Trabajadores Nodocentes de la Unicen (Atuncpba) en el marco del plan de lucha que el sector viene desarrollando por reclamos salariales y laborales.

Entre los reclamos enumerados por la organización sindical se encuentran los concursos, el adicional por título terciario, el presentismo, el adicional por riesgo y mejores condiciones laborales, entre otras cuestiones.

La nueva medida se suma a una serie de jornadas de protesta desarrolladas durante las últimas semanas.

Entre las más recientes se encuentran el paro del jueves 1ro. de octubre, que coincidió con una medida de fuerza de los docentes universitarios, y el realizado el lunes 5.

En aquella oportunidad, fuentes sindicales señalaron que el acatamiento entre los nodocentes de la Unicen alcanzó al 95 por ciento de los trabajadores.

El nivel de adhesión había sido también destacado por el gremio en anteriores jornadas, en un escenario que viene combinando los reclamos vinculados con los salarios y el financiamiento universitario con demandas propias del sector nodocente.

La medida de 72 horas se desarrolla, además, luego de una novedad judicial que volvió a poner en el centro de la discusión la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El martes pasado, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/25 que había suspendido la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario.

La sentencia ordenó al Poder Ejecutivo dar cumplimiento inmediato a la norma y dictar las disposiciones necesarias para su plena aplicación.

La resolución fue dictada en el marco de los planteos realizados por el sistema universitario y constituye una sentencia de fondo sobre la controversia generada a partir de la decisión del Gobierno nacional de condicionar la aplicación de la ley.

Tras conocerse la decisión, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) difundió un comunicado bajo el título “Sentencia favorable para las Universidades Nacionales”.

La organización sindical expresó que “el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/25 que suspendía la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario” y destacó que la sentencia “ordena al Poder Ejecutivo dar cumplimiento inmediato a la Ley y dictar las normas necesarias para su plena aplicación”.

Desde Fatun señalaron que valoran “esta decisión judicial, que reconoce la voluntad expresada por el Congreso de la Nación y constituye un paso fundamental en defensa de las Universidades Nacionales y de los derechos de sus trabajadoras y trabajadores”.

Finalmente, la Federación exigió al Gobierno nacional “el cumplimiento inmediato y efectivo de la Ley” y cerró el comunicado con dos consignas: “La Universidad Pública se defiende” y “Los derechos de las y los nodocentes se respetan”.

La decisión judicial se conoció mientras los nodocentes de la Unicen ya habían definido profundizar las medidas de fuerza.

A nivel nacional, el plan de lucha universitario tendrá además una nueva instancia el próximo jueves 15 de octubre, con la realización de la 5ta. Marcha Federal Universitaria, mientras los gremios continúan reclamando la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición de los ingresos del sector.

Tandil fue una de las localidades de la Provincia donde se replicó el paro realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en reclamo por recomposición salarial y pase a planta permanente del personal de Provincia. 

Uno de los sectores en los que impactó la medida fue en el de los auxiliares de educación: de acuerdo a lo transmitido desde el propio gremio el acatamiento fue alto (superior al 85 por ciento), y muchas escuelas de la ciudad permanecieron cerradas.

“El principal reclamo  es por la pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario. Ya es insostenible porque los compañeros han empezado a endeudarse y es muy difícil recuperarnos de esta pérdida de salario”, expresó Andrea Lezica, trabajadora auxiliar y parte de la comisión directiva de ATE Tandil y Benito Juárez, donde se desempeña como secretaria de Acción Social y responsable del área de Educación.

La dirigente gremial detalló que la problemática salarial se arrastra desde el año pasado y que la última propuesta presentada por el Ejecutivo provincial resultó insuficiente, al no alcanzar siquiera un punto porcentual de incremento real. Esta situación, sumada al contexto económico nacional, ha generado un escenario de vulnerabilidad extrema para los trabajadores del sector.

Lezica analizó el complejo panorama financiero que atraviesa la administración bonaerense y su impacto directo en los trabajadores: "A la Provincia, al no tener los recursos de Nación le hace muy difícil poder resolver la cuestión salarial de los trabajadores de la Provincia".

La suba de precios y el estancamiento de los ingresos  fueron parte de las argumentos para llevar adelante la medida de fuerza, en particular por el impacto de la realidad económica de los trabajadores estatales provinciales. Los auxiliares de educación a nivel local, señaló Lezica, no escapan a dicha realidad.

Según indicó la trabajadora, el salario promedio de los auxiliares -para una jornada de seis horas oscila- entre los 750 y 800 mil pesos, cifra que resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un hogar. "La realidad de los auxiliares es que no llegan a pagar ni siquiera lo básico, los impuestos o algunos compañeros que tienen que pagar el alquiler", afirmó.

La entrevistada destacó que muchos trabajadores se ven obligados a buscar empleos adicionales, acumulando dos o tres puestos laborales sin lograr, aun así, alcanzar una estabilidad económica mínima. "Es imposible", sentenció sobre la realidad que atraviesan los trabajadores del sector educativo.

Además de la recomposición salarial, ATE mantiene un reclamo histórico por el pase a planta permanente. Esta demanda se discute en mesas técnicas con la Provincia, buscando garantizar la estabilidad laboral de aquellos trabajadores que actualmente se desempeñan bajo modalidades similares a la de los docentes suplentes, dependiendo de listados con puntaje. "Es importante el pase a planta permanente para el trabajo seguro y la estabilidad de cada compañero en su lugar de trabajo", remarcó Lezica.

Sobre el desarrollo de la jornada de protesta, la dirigente enfatizó el respaldo de las bases: "El acatamiento del paro hoy, la verdad que fue muy importante. No tenemos los números definitivos pero fue arriba del 85 por ciento. Hoy los colegios están cerrados".

Finalmente, Lezica reconoció la angustia de los trabajadores, quienes solicitan profundizar las medidas de fuerza. No obstante, desde la conducción gremial buscan mantener un equilibrio para proteger a los empleados ante posibles descuentos salariales. 

"La situación de los compañeros es preocupante. Ellos nos piden que nosotros hagamos más horas o más días de paro, pero tratamos de cuidarlos. Vamos a seguir con medidas de fuerza y seguir en esta lucha hasta que podamos lograr algo", concluyó.

El calendario escolar y el funcionamiento de las dependencias estatales en la provincia de Buenos Aires se verán afectados este miércoles 7 de octubre debido a una jornada de protesta. La medida de fuerza, que se extenderá por 24 horas, es impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y sectores disidentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba).

La conducción de ATE bonaerense confirmó formalmente la medida ante el ministro de Trabajo, Walter Correa. La notificación, que lleva las firmas del secretario general Claudio Arévalo y la adjunta Eliana Aguirre, detalla que el gremio realizará una movilización hacia la Legislatura en La Plata. Esta acción coincide con el tratamiento del Presupuesto 2027, instancia que el sindicato busca aprovechar para instalar su agenda de reclamos.

Desde la organización gremial explicaron que la protesta responde a la falta de una oferta salarial concreta tras la reunión paritaria del pasado 24 de septiembre. Entre los puntos centrales de su pliego exigen la creación de cargos para erradicar la precarización laboral, la continuidad de los pases a planta permanente, la regularización de becarios, la reapertura de la paritaria y la discusión de un convenio colectivo de trabajo.

En paralelo, la lista Multicolor de Suteba anunció un paro docente de 24 horas para la misma jornada en todo el territorio bonaerense. Esta medida forma parte de un plan de lucha que contempla movilizaciones y la participación en la Marcha Federal Educativa prevista para el 15 de octubre.

Los docentes disidentes fundamentan su reclamo en la crisis salarial y las condiciones laborales. Entre sus exigencias, destacan la necesidad de un salario equivalente a la canasta familiar, con un pedido específico de 1.700.000 pesos para el cargo de preceptor. Asimismo, solicitan la actualización de haberes, el cese de la violencia en los establecimientos educativos y una cobertura integral del IOMA, rechazando explícitamente los copagos.

Ante este escenario, se recomienda a las familias consultar en cada establecimiento educativo sobre el nivel de adhesión a la medida, ya que la coincidencia de ambas convocatorias impactará de manera directa en el dictado de clases y en la atención al público en diversas dependencias provinciales.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro de actividades de 24 horas para el miércoles próximo, con el objetivo de exigir la creación de los cargos necesarios para terminar con la precarización laboral en la administración pública bonaerense. 

La medida de fuerza se desarrollará en un contexto de tensión, ya que la paritaria salarial abierta con el Gobierno de Axel Kicillof aún no ha presentado una oferta concreta, lo que implica que los trabajadores no percibirán un aumento de sueldos en octubre.

Con esta protesta, el gremio busca profundizar una reivindicación histórica vinculada a las modalidades laborales vigentes en el estado provincial, donde un número significativo de agentes se desempeña bajo contratos o en planta transitoria, careciendo de estabilidad. El punto central del reclamo es la incorporación a planta permanente de quienes se encuentran bajo modalidades de contratación precarias, incluyendo a becarios y otros vínculos laborales que, según el sindicato, precarizan la tarea.

El sindicato, que lidera Claudio Arévalo, también demanda la incorporación de más personal en áreas críticas del Estado provincial, especialmente en sectores vinculados a la atención de las políticas públicas. La medida fue comunicada tras la reapertura de la paritaria bonaerense y antes de que comience formalmente la discusión del Presupuesto. En este sentido, la organización sostuvo que el Presupuesto bonaerense debe funcionar como “una herramienta para garantizar derechos, fortalecer el Estado y mejorar las condiciones laborales y salariales de los trabajadores”.

Además, ATE enfatizó que el presupuesto debe contemplar recursos para fortalecer la carrera administrativa y avanzar hacia la implementación de un Convenio Colectivo de Trabajo que establezca derechos, estabilidad y condiciones laborales claras. Durante la reunión paritaria realizada este jueves, el gremio reclamó una recomposición para recuperar el poder adquisitivo perdido y planteó que los salarios deben ser una de las prioridades del presupuesto provincial.

La organización sindical vinculó la situación de los trabajadores bonaerenses con el ajuste impulsado por el Gobierno nacional y reclamó que la Provincia destine recursos a sostener el empleo público. Asimismo, insistió en una mayor progresividad tributaria, con mayor presión sobre los sectores de mayor capacidad contributiva para financiar la recuperación salarial. 

El listado de demandas se completa con la conformación del Consejo del Salario Municipal y el pedido de boleto gratuito para trabajadores estatales de las áreas de Educación y Salud.

Los docentes de las universidades nacionales comenzarán este miércoles un paro de 72 horas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%, en una nueva escalada del conflicto que mantienen los gremios del sector con el gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza se extenderá desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre inclusive, y contará con la participación de la CONADU y la CONADU Histórica en conjunto. 

Las organizaciones sindicales exigen que el Ejecutivo aplique el incremento salarial previsto por la legislación vigente y abone el retroactivo correspondiente a los trabajadores universitarios, que mantienen el conflicto con el Gobierno nacional desde el comienzo de la actual gestión.

Vale precisar que la nueva medida de fuerza se resolvió luego de que los representantes gremiales rechazaran la última propuesta presentada por la administración libertaria durante la negociación paritaria, que contemplaba un aumento del 3 por ciento. Los sindicatos consideran que la oferta no alcanza a compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada por los docentes universitarios y que la propuesta profundizó el malestar del sector.

Ante este escenario, el conflicto también se profundizó en distintas casas de estudio del país, donde sectores docentes impulsan medidas de mayor alcance. De hecho, en las universidades nacionales de Rosario, Córdoba, General Sarmiento y del Sur, las bases avanzaron con propuestas de huelgas más extensas e incluso con reclamos para iniciar paros por tiempo indeterminado.

Además, el reclamo salarial se suma a los cuestionamientos por el financiamiento del sistema universitario, un debate que volverá a ocupar un lugar central durante la discusión del Presupuesto 2027. Según el material difundido por los gremios, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) calculó que las universidades necesitan alrededor de 11 billones de pesos, mientras que la proyección oficial contempla cerca de 7,4 billones de pesos.

En paralelo, las federaciones universitarias preparan la 5° Marcha Federal Universitaria, convocada para el próximo 15 de octubre por organizaciones sindicales, estudiantiles y autoridades de las unidades académicas, con el objetivo de reforzar el reclamo por los salarios y el presupuesto universitario en pleno recrudecimiento del conflicto con el Gobierno nacional.

El nuevo paro universitario de 72 horas coincidirá también con el vencimiento de una intimación judicial para que la gestión libertaria cumpla con una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, otorgó al Ejecutivo un plazo de cinco días hábiles para ejecutar la resolución. La cautelar ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de los salarios de docentes y no docentes y de los programas de becas estudiantiles.

Según las organizaciones, la recomposición pendiente ya alcanza el 33,4% sobre los últimos haberes percibidos, a lo que se suman las actualizaciones posteriores correspondientes. 

Finalmente, el expediente atravesó distintas instancias judiciales desde fines de 2025, mientras que las autoridades nacionales sostienen que presentaron documentación para acreditar el cumplimiento de la resolución y anticiparon que apelarán la nueva intimación. El magistrado, por su parte, dejó abierta la posibilidad de aplicar multas ante un eventual incumplimiento, en momentos en que los gremios universitarios profundizan su plan de lucha.

El paro convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales tuvo un acatamiento del 95 por ciento entre los trabajadores nodocentes de la Universidad Nacional del Centro (Unicen), según informó el secretario general de la Asociación de Trabajadores Nodocentes de la Unicen (Atuncpba), Diego Jongewaard de Boer.

Como consecuencia de la medida de fuerza, este viernes prácticamente no hubo atención en las oficinas de la Universidad.

“Últimamente tenemos muy alto acatamiento a todos los paros y otras medidas de fuerza a los que convocamos”, señaló Jongewaard de Boer a El Eco de Tandil.

En ese sentido, precisó que el porcentaje de adhesión rondó el 95 por ciento y explicó que quienes concurren a trabajar lo hacen, en algunos casos, por actividades previamente programadas o compromisos asumidos con las facultades o la Universidad, y no porque estén en desacuerdo con la medida de fuerza y sus motivos.

“Creo que la mayoría de los trabajadores es consciente de que hay que tomar medidas”, sostuvo el dirigente, quien consideró que los paros constituyen una de las herramientas de protesta de mayor impacto.

“Creo que las medidas de paro son las más contundentes, más aún que cuando hacemos visibilizaciones o ‘banderazos’ en la calle”, afirmó.

La jornada forma parte del paro de 48 horas dispuesto el último jueves por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que comenzó este viernes y tendrá continuidad el martes 22 de septiembre.

La medida fue resuelta luego de que fracasara nuevamente la reunión paritaria entre las representaciones gremiales de las universidades y el Gobierno nacional, que mantuvo una propuesta de incremento salarial del tres por ciento.

El reclamo salarial

El conflicto del Ejecutivo que conduce Javier Milei con las casas de altos estudios de todo el país se extiende desde hace meses y tiene como uno de sus principales ejes la pérdida del poder adquisitivo de docentes y nodocentes.

Ayer Jongewaard de Boer describió el escenario como de “cansancio y agotamiento” para los trabajadores. En ese marco, sostuvo que el Gobierno lleva “casi un año de incumplimiento de la Ley de Financiamiento”, además de arrastrar un retraso salarial.

“Hemos perdido alrededor del 50 por ciento del poder adquisitivo”, afirmó el secretario general de Atuncpba. También cuestionó la modalidad de negociación salarial con el Ejecutivo.

“El Gobierno solo nos llama para informar lo que piensa otorgar como aumento; eso no es una paritaria”, planteó.

El dirigente señaló además que el reclamo gremial contempla el cumplimiento de la legislación vigente y de la medida cautelar dictada en relación con el financiamiento universitario.

“Tenemos una Ley y una medida cautelar que no se cumplen”, resumió.

Entre las demandas específicas del sector se encuentra también la modificación de la composición salarial. “Nosotros queremos que se terminen -como dice la Ley- las sumas en negro o no remunerativas y no bonificables”, explicó.

La discusión se da en un contexto en el que los gremios docentes y nodocentes sostienen que el incremento ofrecido por el Gobierno no permite recomponer la pérdida salarial acumulada y reclaman la aplicación de lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario. 

El artículo 5 de esa norma establece la actualización de los salarios desde diciembre de 2023, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor informado por el Indec.

A la cuestión salarial se suman otros reclamos vinculados con el financiamiento de las universidades públicas, entre ellos las becas estudiantiles y los recursos destinados a docencia, investigación y extensión, además del sostenimiento de los hospitales universitarios.

Continuidad del plan de lucha

En la Unicen trabajan alrededor de 650 nodocentes, distribuidos entre las sedes de Tandil, Azul, Olavarría y Quequén.

El sector continuará con el esquema de medidas definido a nivel nacional. Después del paro de este viernes, la protesta tendrá una nueva jornada el martes 22.

A partir de entonces, las universidades de todo el país irán definiendo nuevas acciones hasta el 15 de octubre, cuando se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria.

Jongewaard de Boer señaló que, una vez concretada esa movilización, el Frente Sindical de Universidades Nacionales definirá los pasos a seguir.

Tras el fracaso de la reunión paritaria del jueves, en la que el Gobierno nacional volvió a ofrecer un tres por ciento de aumento a los trabajadores docentes y nodocentes, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro de 48 horas para este viernes y el martes 22 de septiembre.

La medida de fuerza, a la que adhirieron gremios docentes y nodocentes, afectará el dictado de clases en las distintas facultades de la Unicen.

Esta tarde, Verónica Gargiulo, secretaria general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro (Adunce), contó a El Eco de Tandil que, tras la reunión paritaria, “rechazamos nuevamente un ofrecimiento del tres por ciento por parte del Gobierno nacional”.

“Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales decretamos un paro para mañana viernes y otro para el martes 22 de septiembre”, subrayó.

Los representantes sindicales de las casas de altos estudios de todo el país consideraron insuficiente la oferta que les acercó el Ejecutivo que conduce Javier Milei, que no se modificó de la realizada a principios de este mes.

“Esta es la respuesta a un Gobierno que insiste en tomarnos el pelo por segunda vez al convocarnos a paritarias para ofrecernos solo un tres por ciento de aumento”, dijo Gargiulo.

Y agregó: “Cuando en realidad lo que impone la Ley y la medida cautelar es que se haga efectivo el artículo 5 de la Ley de Financiamiento Universitario”.

El mencionado artículo sostiene que “el Poder Ejecutivo nacional deberá actualizar los salarios de los docentes y nodocentes de las universidades públicas” desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de ley “en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec en el mismo período”.

En ese sentido, la dirigente de Adunce apuntó a la pérdida del poder adquisitivo registrada en los últimos años por los trabajadores. 

“Tenemos que calcular un retraso salarial del 33,4 por ciento y una pérdida de cuatro salarios; una deuda que tienen con los trabajadores de las universidades nacionales”, señaló.

Y recordó que, en lo que va del año, ya son 23 las jornadas de protesta llevadas a cabo por las universidades nacionales.

Desde Atuncpba, el gremio que representa al personal nodocente de la Unicen también cuestionaron la propuesta salarial oficial y señalaron que "detrás de cada porcentaje hay trabajadoras y trabajadores que sostienen sus hogares y, todos los días, hacen posible el funcionamiento de la Universidad Pública".

Por el cumplimiento de la Ley

Además de la recomposición de los salarios, los trabajadores universitarios reclaman el sostenimiento de las becas estudiantiles y los recursos destinados a las tareas de docencia, investigación y extensión, además del financiamiento de los hospitales universitarios.

A estos planteos se suma la discusión judicial en torno a la Ley de Financiamiento Universitario.

Vale recordar que días atrás el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó ante la Justicia una nueva respuesta en la causa y sostuvo que la medida cautelar continúa incumplida por el Estado nacional.

Según el organismo que reúne a las universidades nacionales, los aumentos salariales otorgados no alcanzan para cumplir con lo establecido por la Ley y la resolución judicial, mientras que las becas estudiantiles tampoco fueron actualizadas en su totalidad.

En ese marco, el CIN solicitó a la Justicia que intime al Estado nacional a cumplir con la medida cautelar en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de multas y de dar intervención a la Justicia Penal ante una eventual desobediencia.

Nueva marcha el 15 de octubre

El jueves por la tarde, el Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció además la realización de una nueva marcha federal el jueves 15 de octubre.

“Ahora empezaremos a preparar esa gran marcha, por quinta vez, tanto las universidades como el pueblo argentino, que va a movilizarse para decirle al Gobierno que a la universidad hay que financiarla”, concluyó Gargiulo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional y una movilización para este martes 8 de septiembre a las 13 a la sede central del PAMI, ubicada en avenida Corrientes 655, en el centro porteño. La medida, que contará con una paralización de actividades en dependencias del organismo de todo el país, busca denunciar la profunda crisis que atraviesa la obra social de los jubilados.

Desde el sindicato informaron que el PAMI mantiene una deuda con prestadores superior a los 500.000 millones de pesos y enfrenta serias dificultades para garantizar la atención a sus más de 5 millones de afiliados. Asimismo, denunciaron que los salarios de los trabajadores se encuentran por debajo del valor de la canasta básica.

“Más de cinco millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud”, afirmó el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien además es trabajador del organismo. El dirigente sostuvo que el vaciamiento de la obra social no tiene precedentes y advirtió sobre el deterioro constante en la atención a jubilados y pensionados. En este sentido, Aguiar aseguró que “en los últimos dos años murieron 45.000 adultos mayores más de los esperados por la falta de medicamentos y de prestaciones”, basándose en cifras difundidas por el gremio.

El conflicto se desarrolla en un contexto de cambios en la conducción del organismo. Recientemente se confirmó la salida de Juan Cruz Montero de la coordinación ejecutiva del PAMI, quien será reemplazado por Verónica Gabriela Pérez. A su vez, se produjo la salida de Florencia Zicavo de la sindicatura, sin que hasta el momento se haya oficializado su reemplazo.

Por otro lado, ATE vinculó los problemas financieros con la eliminación del Impuesto PAIS, tributo que destinaba una porción de su recaudación al organismo. Según datos del sindicato, de los 2,8 billones de pesos que el PAMI hubiera recibido, el Tesoro Nacional solo compensó 0,9 billones hasta julio de este año. “Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados”, indicaron.

Finalmente, Aguiar anticipó que, de no recibir respuestas por parte de las autoridades, el gremio profundizará las medidas de fuerza. “Después de haber aportado durante toda su vida, a los jubilados no se les puede vulnerar su derecho de acceder al sistema de salud. Por eso hemos decidido parar en todo el país y movilizarnos a la sede central del PAMI”, concluyó el dirigente.

El Ministerio de Capital Humano intimó este miércoles a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a que garantice el 75% de los vuelos durante el paro que la entidad gremial anunció para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre. La medida de fuerza, que incluye la paralización de la actividad, asambleas y protestas, afectaría el funcionamiento de 27 aeropuertos a lo largo del país tras el fracaso en las negociaciones paritarias.

A menos de 24 horas del inicio de la medida, la cartera que encabeza Sandra Pettovello exigió a la agrupación gremial dar estricto cumplimiento al régimen legal vigente y garantizar la prestación de los servicios mínimos en el ámbito de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según el Gobierno, la decisión busca asegurar la continuidad de un servicio esencial para la conectividad, la seguridad y el normal funcionamiento del sistema de navegación aérea nacional.

Las protestas de los trabajadores de la ANAC se desarrollarán tanto el jueves como el viernes, en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21. Desde ATE habían anunciado que, durante esos lapsos, solo se garantizarían vuelos sanitarios, humanitarios, traslado de órganos y oficiales. Entre las áreas afectadas se encuentran el control terrestre, sanidad aeronáutica, bomberos aeronáuticos y la fiscalización del sistema aéreo.

El Gobierno citó las modificaciones de la Ley de Modernización Laboral, que establece que la cobertura de servicios mínimos en actividades esenciales no podrá ser inferior al 75% de la prestación normal. Por su parte, la ANAC advirtió que fiscalizará el cumplimiento de esta normativa para reducir el impacto en los vuelos programados, aunque admitió que podrían registrarse demoras o reprogramaciones.

Tras la intimación oficial, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, solicitó que la resolución quede sin efecto al argumentar que el derecho a huelga está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El dirigente ratificó que las medidas de fuerza se mantienen en pie.

“La reciente intimación de Trabajo persigue el objetivo de obstaculizar la medida de fuerza. Esta resolución debe quedar sin efecto. Tiene que quedar claro que actuamos de buena fe", sostuvo Aguiar.

El dirigente gremial cuestionó al Ejecutivo al señalar que los funcionarios recuerdan la esencialidad del servicio solo ante un paro, pero no al momento de garantizar salarios y condiciones dignas de trabajo.

A casi un año de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y a la espera de que el Gobierno nacional cumpla con el fallo de la Corte Suprema, los gremios de docentes y no docentes llevarán adelante un paro de 48 horas en las principales casas de estudios del país. La medida de fuerza, que se desarrollará este jueves 27 y viernes 28 de agosto, generará complicaciones en el dictado de clases.

Más allá del acuerdo alcanzado entre la administración libertaria y un sector universitario que obtuvo el visto bueno de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la entidad de mayor peso a nivel nacional, el conflicto se mantiene lejos de una resolución definitiva. Por este motivo, la Conadu, junto a la Conadu Histórica —que responde a la CTA Autónoma— y la Feduba, que nuclea a los docentes de la UBA, ratificaron la medida de fuerza.

El reclamo por la falta de financiamiento para las instituciones y la crítica situación salarial del sector contará con el apoyo de los gremios no docentes, encargados de la apertura y el manejo administrativo de las universidades, lo que profundizará el impacto del paro. Desde el sector indican que, pese a la existencia de fallos judiciales que ordenan el cumplimiento de la norma, las transferencias presupuestarias aún no se concretaron.

La problemática afecta tanto a los gastos de funcionamiento de las instituciones como a las partidas destinadas a salarios docentes y becas estudiantiles. Según estimaciones sindicales, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios roza el 30% desde diciembre de 2023, por lo que se requeriría una recomposición superior al 50% para equiparar la inflación acumulada.

Mientras se aguarda por una nueva reunión paritaria el 1 de septiembre, el debate tendrá un nuevo capítulo el 4 de septiembre, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) celebre su 96° Plenario de Rectoras y Rectores en Bariloche, donde el presupuesto universitario 2027 será uno de los ejes centrales.

En el marco del plan de lucha que llevan adelante las universidades nacionales, este jueves 27 y viernes 28 de agosto se realizará un paro para reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En Tandil, la jornada de protesta tendrá como actividad principal una volanteada y semaforazo, que se desarrollará este jueves desde las 10.30 en la esquina de Pinto y Chacabuco.

La convocatoria fue realizada por Adunce, Atuncpba y Ate-Conicet, que advirtieron sobre la situación que atraviesan las universidades públicas y el sistema científico tecnológico a partir de los recortes y el desfinanciamiento.

Desde las organizaciones señalaron que el objetivo de la jornada será visibilizar la realidad del sistema universitario y científico y defender una universidad pública con recursos para enseñar, investigar y transformar.

La protesta en Tandil se realizará en simultáneo con otras actividades previstas en la región. En Olavarría, por ejemplo, se llevará adelante desde las 14 un taller participativo denominado “20 años de ESI: la Universidad enseña, investiga y transforma”, en el Hall de Aulas Comunes del Campus de la Unicen.

Las actividades forman parte del reclamo sostenido por las universidades nacionales en defensa del financiamiento y ante lo que las organizaciones consideran un escenario crítico para la educación pública y el sistema científico tecnológico.

En el marco de la jornada de protesta nacional, el secretario general del gremio no docente de la UNICEN, Diego Deboer, dialogó con el programa La Mañana, que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, para explicar los motivos detrás de la medida de fuerza que afecta a la comunidad universitaria.

Sostuvo que el plan de acción, coordinado a través del Frente Universitario, responde a la falta de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y a la desatención del Gobierno nacional frente a los fallos judiciales que han dado la razón a los trabajadores. Según el dirigente, el conflicto no es meramente salarial, sino que se vincula con la vigencia de normativas que el Ejecutivo se niega a aplicar.

Al ser consultado sobre la situación de los haberes, el secretario general detalló que, tras el acuerdo alcanzado en junio, el sector ha recibido un incremento del 21,33%. Sin embargo, advirtió que existe un desfasaje significativo. "Tenemos alrededor de un 40% que el gobierno está incumpliendo", afirmó Deboer, quien además señaló que la recomposición necesaria para equiparar la pérdida frente a la inflación debería rondar el 60%.

Ante la calificación de "político e ilegítimo" que el Gobierno nacional otorgó a la medida de fuerza, el dirigente gremial fue tajante. "Para el gobierno cualquier voz en disidencia es un acto terrorista", expresó. Asimismo, enfatizó que la defensa de la educación pública es una cuestión transversal que trasciende las ideologías partidarias. "Es un derecho inalienable que no podemos renunciar", añadió.

El conflicto universitario parece estar lejos de una resolución inmediata. Diego confirmó que el gremio ya tiene previstas nuevas acciones para las próximas semanas. El 19 de agosto se llevará a cabo un abrazo simbólico junto a docentes y estudiantes, mientras que para los días 27 y 28 de agosto se ha definido un paro de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo.

El dirigente también hizo referencia a la mesa paritaria convocada para el primero de septiembre. "Veremos porque tampoco expectativas uno siempre las tiene, pero sabemos también cuál ha sido la respuesta desde el gobierno nacional", manifestó con cautela, aclarando que el plan de lucha podría replantearse dependiendo de los resultados de dicho encuentro.

Sobre el alcance de la medida en la región, Deboer aseguró que el acatamiento es muy alto en todas las sedes, incluyendo Tandil, Azul, Olavarría y Quequén. "Hay mucha indignación, mucha bronca y mucha frustración", describió el secretario, al tiempo que destacó que la comunidad universitaria, incluyendo a los estudiantes, comprende la gravedad de la situación.

Finalmente, al ser consultado sobre la libertad de acción de aquellos trabajadores que deciden no adherir al paro,  aclaró que no existe obligatoriedad. "Es una cuestión de conciencia", afirmó, reconociendo que existen intereses contrapuestos, como docentes que necesitan dictar clases ante instancias de exámenes parciales. "La universidad está abierta, nosotros estamos recorriendo el campus, pero lamentablemente nos empujan a tener que hacer este tipo de acciones", concluyó.

Los docentes universitarios realizarán un paro nacional este miércoles 12 de agosto, en el marco del conflicto que mantienen por el financiamiento de las universidades públicas, los salarios y las condiciones de trabajo.

La medida fue definida este lunes durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la CONADU, donde se resolvió convocar a una jornada de paro junto a otras federaciones docentes y nodocentes.

En Tandil, ADUNCe confirmó su adhesión a la medida de fuerza, por lo que la actividad docente en el ámbito de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) se verá alcanzada por la jornada de protesta.

Desde el gremio señalaron que la decisión forma parte de la continuidad del reclamo en defensa de la universidad pública, al tiempo que plantearon la necesidad de avanzar en la recuperación de los salarios y en mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector.

En ese sentido, desde ADUNCe remarcaron que "el conflicto continúa y la lucha también", y ratificaron el reclamo por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada de este miércoles se suma así a las distintas medidas impulsadas por las organizaciones gremiales universitarias frente a la situación presupuestaria y salarial del sistema de educación superior.

La próxima semana, las universidades nacionales volverán a verse afectadas por una nueva jornada de protesta. El miércoles 12 de agosto habrá un paro nacional universitario de 24 horas, convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FEDUN) en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se enmarca en un plan de lucha que también contempla nuevas jornadas de protesta durante el mes.

A través de sus canales oficiales, el sector docente difundió la convocatoria bajo la siguiente consigna: "Este miércoles 12/8, las y los docentes universitarios realizamos un paro de 24 hs en todo el país. Exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y del acta firmada el 10 de junio. La universidad pública se defiende".

La convocatoria al paro responde a la continuidad del conflicto entre los gremios docentes y no docentes y el Gobierno nacional, que no se ajusta a lo dictaminado por la Justicia. Esta semana, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo.

Con esta resolución, el gobierno de Javier Milei queda obligado a actualizar los salarios docentes y no docentes, además de garantizar los fondos para becas estudiantiles en las universidades públicas, en los términos establecidos por la normativa.

En tanto, la nueva medida de fuerza aún no fue confirmada por otras agrupaciones gremiales mayoritarias como Conadu o Conadu Histórica, que en los próximos días podrían pronunciarse a favor de sumarse al paro.

Mediante un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional, a través de la Prefectura Naval Argentina, intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los puertos del país. La medida responde al conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado.

“En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina aprobado por el Decreto Nº 690/2026, notifica e intima por este medio a los profesionales (...) a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”, indica el texto oficial.

La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías. Según se informó, más de 150 buques se vieron afectados por esta situación.

Ante la profundización del impacto económico que afecta al comercio internacional en la Argentina, la Prefectura Naval Argentina notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio de manera urgente. Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales.

Estas acciones se enmarcan en los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.

La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.

Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la Prefectura Naval Argentina, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.

El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. Frente a este nuevo marco, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas hasta tanto la administración central deje sin efecto el decreto en cuestión.

Luego de la jornada de paro nacional, los movimientos sociales, las principales centrales sindicales y los gremios docentes anticiparon que preparan nuevas medidas de fuerza para todo agosto. Este escenario pondrá al Gobierno de Javier Milei frente a uno de los mayores desafíos en materia de conflictividad social desde el inicio de su gestión.

Según detalló la comunidad educativa, los sindicatos docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezarán en las próximas semanas clases públicas, volanteadas, actividades y nuevas movilizaciones. El objetivo es reclamar mejoras salariales, la reactivación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Creemos que hay un atentado muy fuerte contra el derecho a la huelga y a la libertad sindical, vamos a llevar adelante acciones legales a nivel nacional e internacional”, anticipó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en relación a los operativos de inspección que llevó adelante el gobierno durante el paro nacional. 

Cabe recordar que, con la reforma laboral, la educación fue declarada como servicio esencial, por lo que los gremios debían cumplir una cobertura del 75 por ciento para asegurar el dictado de clases. Ante esto, el Ministerio de Capital Humano inspeccionó escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de dicha cobertura.

Al respecto, Sonia Alesso denunció que el ejecutivo busca desalentar la adhesión a las medidas de fuerza mediante mecanismos de control sobre la asistencia del personal.

La agenda de protestas continuará este miércoles 5 de agosto, cuando la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilicen al Congreso para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo busca tratar en el Senado nacional. La jornada incluirá también los reclamos del sector docente.

En tanto, el jueves 6 de agosto tendrá lugar uno de los actos centrales del calendario. En el marco del día de San Cayetano, las centrales sindicales y diversas organizaciones sociales encabezarán una peregrinación desde la basílica de Liniers hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”, lema impulsado por el Papa Francisco. Los organizadores aseguraron que será “la marcha más grande de la década” y esperan la participación de agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos feministas, organizaciones territoriales y distintos sectores sindicales. La jornada comenzará con la tradicional bendición de herramientas.

Es preciso destacar que la movilización de San Cayetano cumplirá diez años desde su primera edición, realizada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, la cual marcó el inicio del reclamo por la Ley de Emergencia Social.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro (Adunce) confirmó su adhesión al paro nacional docente convocado para el próximo lunes 3 de agosto, en el marco de una jornada de protesta en defensa de la educación pública.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el gremio expresó: "¡La educación pública se defiende! Frente al ajuste y el ataque constante, paramos y movilizamos", ratificando su participación en la medida de fuerza impulsada a nivel nacional.

Entre los principales reclamos planteados por la organización se encuentran la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el restablecimiento de la Paritaria Nacional Docente y Universitaria y el rechazo al proyecto denominado "Ley de Libertad Educativa".

Asimismo, Adunce sostuvo que "sin salarios dignos ni presupuesto, no hay universidad pública posible" y reclamó al presidente Javier Milei el cumplimiento de la normativa vigente en materia de financiamiento educativo.

Cabe destacar que la medida forma parte de un plan de lucha aprobado por el congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. A esta medida también se sumó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), con lo que el paro afectará a todos los niveles educativos.

Desde CTERA sostuvieron que la medida busca visibilizar el deterioro del poder adquisitivo de los docentes y reclamar una mayor participación del Estado nacional en el financiamiento del sistema educativo. Bajo la consigna “Basta de ajuste a la educación”, la entidad convocó además a movilizaciones y acciones de protesta en distintos puntos del país.

En la provincia de Buenos Aires, la protesta tendrá un impacto especial por coincidir con el regreso a las aulas tras el receso invernal. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que reúne a SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, acompaña el plan de lucha y anticipa una importante adhesión en las escuelas públicas, mientras que en los establecimientos de gestión privada la actividad dependerá de la decisión que adopte cada docente.

Asimismo, el paro docente coincidirá además con otras medidas de fuerza previstas para el mismo día. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización en reclamo de mejoras salariales para el sector público.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a las calles tras el Mundial de Fútbol 2026 y evalúa un nuevo paro general contra las políticas económicas del Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei. Según revelaron desde la mesa chica de la central cegetista, el nuevo plan de lucha combinará movilizaciones, articulación con otras organizaciones sindicales y sociales, así como también la posibilidad de convocar a un paro general contra la administración libertaria.

La primera protesta está programada para el miércoles 22 de julio, jornada en la que la central obrera se sumará a la habitual marcha de los jubilados frente al Congreso. La convocatoria reunirá además a las dos CTA y a la UTEP, en una señal de unidad del movimiento sindical y de las organizaciones sociales frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo nacional.

“LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN DERECHO: MARCHAMOS JUNTO A LAS Y LOS JUBILADOS. Movilizamos junto a las y los jubilados en defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna. Miércoles 22 de julio, 15:00, Av. Rivadavia y Rodríguez Peña”, indicaron en la convocatoria a través de redes sociales.

El cronograma de protestas continuará el 7 de agosto, en el marco del Día de San Cayetano, con una nueva movilización hacia Plaza de Mayo bajo la consigna “Pan, Techo y Trabajo”. Esta fecha se convirtió en los últimos años en una de las principales jornadas de protesta de los movimientos sociales y, en esta oportunidad, contará con el respaldo formal de la CGT.

Además de estas dos convocatorias, la conducción sindical dejó abierta la posibilidad de profundizar el plan de lucha con nuevas acciones durante los próximos meses. Entre las alternativas que analizan figura la convocatoria a un nuevo paro general, aunque por el momento no hay una fecha definida y la decisión dependerá de la evolución del conflicto.

Este esquema fue discutido durante una reunión de la mesa de conducción de la CGT, en la que también se resolvió fortalecer la coordinación con las dos CTA y la UTEP para ampliar la capacidad de movilización. El objetivo central es sostener un frente común en rechazo a las políticas oficiales vinculadas al empleo, los salarios, las jubilaciones y el poder adquisitivo. 

De esta manera, la nueva etapa de protestas marcará el regreso de la central obrera a un escenario de mayor confrontación con el gobierno, buscando recuperar protagonismo con un calendario de acciones escalonadas que podría extenderse durante el segundo semestre si no hay cambios en la política económica.

Un paro de estatales convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repercutió hoy en el dictado de clases en las escuelas de gestión pública de Tandil y Benito Juárez por la amplia adhesión de los auxiliares de la educación.

La medida de fuerza anunciada ayer tuvo alcance en distintos organismos provinciales de ambos distritos y, de acuerdo con el gremio, registró un alto nivel de acatamiento.

La protesta fue impulsada por la seccional Tandil-Benito Juárez en reclamo de una mejora salarial y para exigir tanto al Gobierno nacional como al provincial respuestas frente a la situación que atraviesan los trabajadores estatales.

El secretario general de ATE Provincia en la seccional Tandil-Benito Juárez, Hernán Gasparini, aseguró que "hubo un acatamiento altísimo al paro en todos los organismos provinciales" de ambas ciudades.

Como ejemplo, indicó que “en el Instituto de Previsión Social el acatamiento fue del 100 por ciento y, en las escuelas, esta tarde estimábamos que la adhesión de los auxiliares era de entre un 68 y un 75 por ciento”. Esto derivó en suspensiones de las clases en varios establecimientos educativos debido a que “no se pueden garantizar las medidas de higiene necesarias”, según informaron directivos docentes.

Dos reclamos centrales

Consultado por El Eco de Tandil, Gasparini explicó que la medida "fue definida en asamblea de trabajadores y trabajadoras provinciales porque, más allá del acuerdo paritario, hay dos cuestiones fundamentales a transmitir con este paro".

En ese sentido, sostuvo que uno de los reclamos apunta al Ejecutivo que conduce Javier Milei. "Una es que el Gobierno nacional pague toda la deuda que mantiene con la provincia de Buenos Aires, porque eso impacta directamente sobre los salarios, y que además los vecinos y vecinas sean conscientes de qué es lo que se reclama cuando planteamos que el ajuste cae sobre los laburantes y no sobre la casta", expresó.

Además, remarcó que el gremio también exige mayores esfuerzos presupuestarios por parte de la administración bonaerense. 

"Por otro lado, también queremos exigirle al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que haga un mayor esfuerzo. Porque la verdad es que los laburantes provinciales están padeciendo situaciones muy complejas en términos salariales", afirmó.

La medida había sido anunciada ayer martes por ATE Tandil-Benito Juárez, luego de una asamblea de trabajadores en la que se resolvió realizar un paro de 24 horas bajo la consigna "Salarios dignos para vivir mejor".

En ese momento, el sindicato advirtió que los ingresos "ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias" y reclamó tanto el envío de fondos nacionales a la Provincia como una recomposición urgente de los salarios.

El paro se concretó pocos días después de que la conducción provincial de ATE aceptara la propuesta salarial formulada por el Gobierno que conduce Axel Kicillof.

El acuerdo contempla un incremento del siete por ciento en dos tramos para los estatales provinciales y, en el caso de los auxiliares de la educación, una suba del cinco por ciento para julio y del cuatro por ciento para agosto, además de la convocatoria a una mesa técnica para revisar la normativa del sector.

Sin embargo, desde la seccional local sostuvieron que ese entendimiento no modifica la situación salarial que motivó la jornada de protesta.