Los docentes universitarios realizarán un paro nacional este miércoles 12 de agosto, en el marco del conflicto que mantienen por el financiamiento de las universidades públicas, los salarios y las condiciones de trabajo.

La medida fue definida este lunes durante el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la CONADU, donde se resolvió convocar a una jornada de paro junto a otras federaciones docentes y nodocentes.

En Tandil, ADUNCe confirmó su adhesión a la medida de fuerza, por lo que la actividad docente en el ámbito de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) se verá alcanzada por la jornada de protesta.

Desde el gremio señalaron que la decisión forma parte de la continuidad del reclamo en defensa de la universidad pública, al tiempo que plantearon la necesidad de avanzar en la recuperación de los salarios y en mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector.

En ese sentido, desde ADUNCe remarcaron que "el conflicto continúa y la lucha también", y ratificaron el reclamo por la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada de este miércoles se suma así a las distintas medidas impulsadas por las organizaciones gremiales universitarias frente a la situación presupuestaria y salarial del sistema de educación superior.

La próxima semana, las universidades nacionales volverán a verse afectadas por una nueva jornada de protesta. El miércoles 12 de agosto habrá un paro nacional universitario de 24 horas, convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FEDUN) en reclamo del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida se enmarca en un plan de lucha que también contempla nuevas jornadas de protesta durante el mes.

A través de sus canales oficiales, el sector docente difundió la convocatoria bajo la siguiente consigna: "Este miércoles 12/8, las y los docentes universitarios realizamos un paro de 24 hs en todo el país. Exigimos el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y del acta firmada el 10 de junio. La universidad pública se defiende".

La convocatoria al paro responde a la continuidad del conflicto entre los gremios docentes y no docentes y el Gobierno nacional, que no se ajusta a lo dictaminado por la Justicia. Esta semana, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo.

Con esta resolución, el gobierno de Javier Milei queda obligado a actualizar los salarios docentes y no docentes, además de garantizar los fondos para becas estudiantiles en las universidades públicas, en los términos establecidos por la normativa.

En tanto, la nueva medida de fuerza aún no fue confirmada por otras agrupaciones gremiales mayoritarias como Conadu o Conadu Histórica, que en los próximos días podrían pronunciarse a favor de sumarse al paro.

Mediante un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional, a través de la Prefectura Naval Argentina, intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los puertos del país. La medida responde al conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado.

“En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina aprobado por el Decreto Nº 690/2026, notifica e intima por este medio a los profesionales (...) a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”, indica el texto oficial.

La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías. Según se informó, más de 150 buques se vieron afectados por esta situación.

Ante la profundización del impacto económico que afecta al comercio internacional en la Argentina, la Prefectura Naval Argentina notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio de manera urgente. Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales.

Estas acciones se enmarcan en los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.

La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial.

Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la Prefectura Naval Argentina, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.

El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. Frente a este nuevo marco, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas hasta tanto la administración central deje sin efecto el decreto en cuestión.

Luego de la jornada de paro nacional, los movimientos sociales, las principales centrales sindicales y los gremios docentes anticiparon que preparan nuevas medidas de fuerza para todo agosto. Este escenario pondrá al Gobierno de Javier Milei frente a uno de los mayores desafíos en materia de conflictividad social desde el inicio de su gestión.

Según detalló la comunidad educativa, los sindicatos docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezarán en las próximas semanas clases públicas, volanteadas, actividades y nuevas movilizaciones. El objetivo es reclamar mejoras salariales, la reactivación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Creemos que hay un atentado muy fuerte contra el derecho a la huelga y a la libertad sindical, vamos a llevar adelante acciones legales a nivel nacional e internacional”, anticipó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en relación a los operativos de inspección que llevó adelante el gobierno durante el paro nacional. 

Cabe recordar que, con la reforma laboral, la educación fue declarada como servicio esencial, por lo que los gremios debían cumplir una cobertura del 75 por ciento para asegurar el dictado de clases. Ante esto, el Ministerio de Capital Humano inspeccionó escuelas de todo el país para verificar el cumplimiento de dicha cobertura.

Al respecto, Sonia Alesso denunció que el ejecutivo busca desalentar la adhesión a las medidas de fuerza mediante mecanismos de control sobre la asistencia del personal.

La agenda de protestas continuará este miércoles 5 de agosto, cuando la CGT, las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se movilicen al Congreso para rechazar el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el oficialismo busca tratar en el Senado nacional. La jornada incluirá también los reclamos del sector docente.

En tanto, el jueves 6 de agosto tendrá lugar uno de los actos centrales del calendario. En el marco del día de San Cayetano, las centrales sindicales y diversas organizaciones sociales encabezarán una peregrinación desde la basílica de Liniers hasta Plaza de Mayo bajo la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”, lema impulsado por el Papa Francisco. Los organizadores aseguraron que será “la marcha más grande de la década” y esperan la participación de agrupaciones estudiantiles, organismos de derechos humanos, colectivos feministas, organizaciones territoriales y distintos sectores sindicales. La jornada comenzará con la tradicional bendición de herramientas.

Es preciso destacar que la movilización de San Cayetano cumplirá diez años desde su primera edición, realizada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri, la cual marcó el inicio del reclamo por la Ley de Emergencia Social.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro (Adunce) confirmó su adhesión al paro nacional docente convocado para el próximo lunes 3 de agosto, en el marco de una jornada de protesta en defensa de la educación pública.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el gremio expresó: "¡La educación pública se defiende! Frente al ajuste y el ataque constante, paramos y movilizamos", ratificando su participación en la medida de fuerza impulsada a nivel nacional.

Entre los principales reclamos planteados por la organización se encuentran la aprobación de una Ley de Financiamiento Universitario, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), el restablecimiento de la Paritaria Nacional Docente y Universitaria y el rechazo al proyecto denominado "Ley de Libertad Educativa".

Asimismo, Adunce sostuvo que "sin salarios dignos ni presupuesto, no hay universidad pública posible" y reclamó al presidente Javier Milei el cumplimiento de la normativa vigente en materia de financiamiento educativo.

Cabe destacar que la medida forma parte de un plan de lucha aprobado por el congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para el sistema educativo. A esta medida también se sumó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), con lo que el paro afectará a todos los niveles educativos.

Desde CTERA sostuvieron que la medida busca visibilizar el deterioro del poder adquisitivo de los docentes y reclamar una mayor participación del Estado nacional en el financiamiento del sistema educativo. Bajo la consigna “Basta de ajuste a la educación”, la entidad convocó además a movilizaciones y acciones de protesta en distintos puntos del país.

En la provincia de Buenos Aires, la protesta tendrá un impacto especial por coincidir con el regreso a las aulas tras el receso invernal. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que reúne a SUTEBA, FEB, UDOCBA, AMET y SADOP, acompaña el plan de lucha y anticipa una importante adhesión en las escuelas públicas, mientras que en los establecimientos de gestión privada la actividad dependerá de la decisión que adopte cada docente.

Asimismo, el paro docente coincidirá además con otras medidas de fuerza previstas para el mismo día. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización en reclamo de mejoras salariales para el sector público.

La Confederación General del Trabajo (CGT) volverá a las calles tras el Mundial de Fútbol 2026 y evalúa un nuevo paro general contra las políticas económicas del Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei. Según revelaron desde la mesa chica de la central cegetista, el nuevo plan de lucha combinará movilizaciones, articulación con otras organizaciones sindicales y sociales, así como también la posibilidad de convocar a un paro general contra la administración libertaria.

La primera protesta está programada para el miércoles 22 de julio, jornada en la que la central obrera se sumará a la habitual marcha de los jubilados frente al Congreso. La convocatoria reunirá además a las dos CTA y a la UTEP, en una señal de unidad del movimiento sindical y de las organizaciones sociales frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo nacional.

“LA SEGURIDAD SOCIAL ES UN DERECHO: MARCHAMOS JUNTO A LAS Y LOS JUBILADOS. Movilizamos junto a las y los jubilados en defensa de sus derechos, sus ingresos y una vida digna. Miércoles 22 de julio, 15:00, Av. Rivadavia y Rodríguez Peña”, indicaron en la convocatoria a través de redes sociales.

El cronograma de protestas continuará el 7 de agosto, en el marco del Día de San Cayetano, con una nueva movilización hacia Plaza de Mayo bajo la consigna “Pan, Techo y Trabajo”. Esta fecha se convirtió en los últimos años en una de las principales jornadas de protesta de los movimientos sociales y, en esta oportunidad, contará con el respaldo formal de la CGT.

Además de estas dos convocatorias, la conducción sindical dejó abierta la posibilidad de profundizar el plan de lucha con nuevas acciones durante los próximos meses. Entre las alternativas que analizan figura la convocatoria a un nuevo paro general, aunque por el momento no hay una fecha definida y la decisión dependerá de la evolución del conflicto.

Este esquema fue discutido durante una reunión de la mesa de conducción de la CGT, en la que también se resolvió fortalecer la coordinación con las dos CTA y la UTEP para ampliar la capacidad de movilización. El objetivo central es sostener un frente común en rechazo a las políticas oficiales vinculadas al empleo, los salarios, las jubilaciones y el poder adquisitivo. 

De esta manera, la nueva etapa de protestas marcará el regreso de la central obrera a un escenario de mayor confrontación con el gobierno, buscando recuperar protagonismo con un calendario de acciones escalonadas que podría extenderse durante el segundo semestre si no hay cambios en la política económica.

Un paro de estatales convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) repercutió hoy en el dictado de clases en las escuelas de gestión pública de Tandil y Benito Juárez por la amplia adhesión de los auxiliares de la educación.

La medida de fuerza anunciada ayer tuvo alcance en distintos organismos provinciales de ambos distritos y, de acuerdo con el gremio, registró un alto nivel de acatamiento.

La protesta fue impulsada por la seccional Tandil-Benito Juárez en reclamo de una mejora salarial y para exigir tanto al Gobierno nacional como al provincial respuestas frente a la situación que atraviesan los trabajadores estatales.

El secretario general de ATE Provincia en la seccional Tandil-Benito Juárez, Hernán Gasparini, aseguró que "hubo un acatamiento altísimo al paro en todos los organismos provinciales" de ambas ciudades.

Como ejemplo, indicó que “en el Instituto de Previsión Social el acatamiento fue del 100 por ciento y, en las escuelas, esta tarde estimábamos que la adhesión de los auxiliares era de entre un 68 y un 75 por ciento”. Esto derivó en suspensiones de las clases en varios establecimientos educativos debido a que “no se pueden garantizar las medidas de higiene necesarias”, según informaron directivos docentes.

Dos reclamos centrales

Consultado por El Eco de Tandil, Gasparini explicó que la medida "fue definida en asamblea de trabajadores y trabajadoras provinciales porque, más allá del acuerdo paritario, hay dos cuestiones fundamentales a transmitir con este paro".

En ese sentido, sostuvo que uno de los reclamos apunta al Ejecutivo que conduce Javier Milei. "Una es que el Gobierno nacional pague toda la deuda que mantiene con la provincia de Buenos Aires, porque eso impacta directamente sobre los salarios, y que además los vecinos y vecinas sean conscientes de qué es lo que se reclama cuando planteamos que el ajuste cae sobre los laburantes y no sobre la casta", expresó.

Además, remarcó que el gremio también exige mayores esfuerzos presupuestarios por parte de la administración bonaerense. 

"Por otro lado, también queremos exigirle al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que haga un mayor esfuerzo. Porque la verdad es que los laburantes provinciales están padeciendo situaciones muy complejas en términos salariales", afirmó.

La medida había sido anunciada ayer martes por ATE Tandil-Benito Juárez, luego de una asamblea de trabajadores en la que se resolvió realizar un paro de 24 horas bajo la consigna "Salarios dignos para vivir mejor".

En ese momento, el sindicato advirtió que los ingresos "ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias" y reclamó tanto el envío de fondos nacionales a la Provincia como una recomposición urgente de los salarios.

El paro se concretó pocos días después de que la conducción provincial de ATE aceptara la propuesta salarial formulada por el Gobierno que conduce Axel Kicillof.

El acuerdo contempla un incremento del siete por ciento en dos tramos para los estatales provinciales y, en el caso de los auxiliares de la educación, una suba del cinco por ciento para julio y del cuatro por ciento para agosto, además de la convocatoria a una mesa técnica para revisar la normativa del sector.

Sin embargo, desde la seccional local sostuvieron que ese entendimiento no modifica la situación salarial que motivó la jornada de protesta.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Tandil-Juárez anunció un paro de 24 horas para este miércoles 15 de julio, que alcanzará a las y los trabajadores de los organismos dependientes del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en los distritos de Tandil y Benito Juárez.

Según informó el sindicato a través de un comunicado, la medida fue resuelta durante una asamblea de trabajadores ante la crítica situación salarial que atraviesa el sector. Desde la organización sostuvieron que los ingresos actuales "ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias", motivo por el cual decidieron avanzar con una jornada de protesta.

En ese marco, ATE reclamó al Gobierno nacional que regularice el envío de fondos y de las partidas presupuestarias que, según señalaron, mantiene adeudadas con la Provincia de Buenos Aires. Desde el gremio afirmaron que esa situación repercute en el funcionamiento de los organismos públicos y limita las posibilidades de mejorar los salarios de los trabajadores estatales.

Al mismo tiempo, la organización sindical también dirigió un pedido al Gobierno bonaerense, al que le solicitó que evalúe e impulse alternativas que permitan recomponer de manera urgente los ingresos del sector, con el objetivo de garantizar salarios dignos frente al incremento sostenido del costo de vida.

La convocatoria está dirigida a todas las trabajadoras y trabajadores de las dependencias provinciales de Tandil y Benito Juárez, a quienes el gremio instó a sumarse a la medida de fuerza "en defensa del salario".

Bajo la consigna "Salarios dignos para vivir mejor", ATE remarcó que la protesta busca visibilizar la situación económica que atraviesan los empleados estatales y reclamar respuestas concretas de los distintos niveles del Estado para mejorar las condiciones salariales del sector.

La CGT definió este lunes, junto con las CTA y la UTEP, un plan de lucha escalonado contra el plan económico del presidente Javier Milei, que incluirá una serie de protestas sectoriales durante los próximos meses y que podría desembocar en un paro general.

La decisión fue adoptada durante una reunión realizada en la sede de la central obrera, donde algunos sectores impulsaban la convocatoria inmediata a una huelga nacional. Sin embargo, finalmente se optó por avanzar con un esquema de movilizaciones progresivas inspirado en el modelo implementado por el movimiento sindical francés durante las protestas contra la reforma laboral impulsada por el presidente Emmanuel Macron.

La estrategia contempla paros y protestas escalonadas por sectores, con el objetivo de sostener el conflicto en el tiempo y mantener una presencia permanente de distintos gremios en las calles.

El cronograma comenzará el jueves 22 de julio, con una movilización junto a los jubilados. Luego, el 7 de agosto, las centrales sindicales participarán de la tradicional marcha por el Día de San Cayetano, junto a organizaciones sociales, una convocatoria que también prevén repetir durante la próxima reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Además, durante la tercera semana de agosto está prevista una movilización al Ministerio de Economía para rechazar el programa económico del Gobierno y, especialmente, cuestionar la política de endeudamiento impulsada por la administración nacional y el ministro Luis Caputo.

El plan de acción también contempla la participación de las organizaciones sindicales en la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal para los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba, así como darle continuidad a las protestas en el marco de la visita que realizará el papa León XIV a la Argentina durante noviembre.

En ese contexto, los dirigentes sindicales mantienen abierta la posibilidad de convocar a un paro general, una medida que continuará en discusión mientras avanza el cronograma de movilizaciones.

Los gremios nucleados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) realizarán mañana martes un paro en las escuelas de gestión pública “en rechazo a la situación crítica que atraviesa la educación bonaerense”, anunciaron.

Concretamente, los maestros exigen “una urgente convocatoria a paritarias con aumento salarial que recomponga el poder adquisitivo del sector”.

Además, rechazan “la sobrecarga laboral, el desfinanciamiento de la educación técnica y la reforma previsional, al tiempo que demandan garantizar las prestaciones de IOMA”.

La medida de fuerza –convocada por los gremios -AMET, FEB, Suteba y Udocba, pero no Sadop, que nuclea a los docentes de gestión privada- afectará el dictado de clases en las escuelas y jardines de infantes de gestión pública provincial.

En el transcurso del día, las entidades educativas comunicarán a las familias sobre la adhesión –o no- de cada docente.

Salarios y funcionamiento de IOMA, entre los reclamos

Vale recordar que el pasado 12 de junio, en el marco de la reunión de la Comisión Paritaria Docente, el FUDB ratificó al Estado bonaerense su demanda prioritaria: la urgente recomposición salarial para recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación.

Ante la falta de una propuesta salarial en ese encuentro por parte del gobierno que conduce Axel Kicillof, el FUDB exigió una convocatoria inmediata antes del cierre del sistema, que contemple una mejora real de los ingresos docentes.

Entre los puntos centrales del reclamo, se encuentra, además del pedido de recomposición salaria, la defensa del Instituto de Previsión Social (IPS) y el rechazo a cualquier reforma previsional. También la implementación efectiva del Acuerdo de Resguardo y Reparación ante casos de violencia; el derecho a la desconexión laboral; resolución de problemas en el sistema de licencias y el Decreto 900.

Además se solicitó que se avance en el Convenio Colectivo de Trabajo y actualización de la normativa sobre organización institucional (Resoluciones 3367/05 y 333/09) y se entregó un petitorio formal exigiendo mejoras en las prestaciones y servicios de IOMA.

Los profesionales de la psicología que se desempeñan como prestadores del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) llevarán adelante este viernes un paro de 24 horas en reclamo por el incumplimiento en los pagos. La medida fue confirmada por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires-Distrito XI, entidad que advirtió que "aún se adeudan las prestaciones realizadas durante marzo y abril de 2026".

Desde la organización calificaron la situación como "inadmisible" y señalaron que "la persistencia de estos incumplimientos profundiza el deterioro de las condiciones en las que se realizan las prestaciones de salud mental para miles de afiliados". Asimismo, remarcaron que "la falta de pago en tiempo y forma constituye una vulneración de los derechos laborales de los prestadores", al tiempo que aclararon que los profesionales continúan garantizando la atención pese a la falta de respuestas concretas por parte de la obra social.

En el marco del comunicado, el Colegio expresó su solidaridad con los médicos nucleados en la Agremiación Médica Platense (AMP) ante el conflicto que mantienen con IOMA. La entidad manifestó su preocupación por las declaraciones de las autoridades de la obra social, al considerar que profundizan la confrontación en lugar de propiciar instancias de diálogo.

El conflicto entre el IOMA y la Agremiación Médica Platense sumó un capítulo intenso debido a que el presidente de la obra social, Homero Giles, puso en duda el manejo de fondos de la entidad, a la que calificó de "parasitaria". Esto motivó una intimación formal de la entidad médica contra el funcionario para que "ratifique o rectifique" sus declaraciones, bajo advertencia de avanzar con acciones legales.

La controversia gira en torno a una deuda por prestaciones impagas de entre 500 y 900 millones de pesos. Al respecto, Homero Giles sostuvo en declaraciones a Radio Provincia que "no corresponde hablar de deuda cuando el plazo de fecha de vencimiento no está cumplido. Podría pasar que no lleguemos a pagar en fecha, pero no hay deuda".

Finalmente, el titular de IOMA cuestionó el rol de la AMP al afirmar que "la Agremiación hace un pasamanos de dinero, se queda con un 7% y no les paga a los médicos en tiempo y forma". Por su parte, la entidad médica calificó las afirmaciones como "injurias" y señaló que las mismas "no solo resultan falsas, maliciosas e irresponsables, sino que constituyen una grave agresión institucional contra una entidad que desde hace 85 años representa, defiende y acompaña a miles de médicos de la región".

El conflicto entre los médicos de cabecera y PAMI palpita horas de máxima tensión que podrían derivar en una nueva medida de fuerza. En Tandil, la preocupación es extrema y hay alrededor de seis profesionales que dejarán de atender a partir del 1 de julio.

El doctor Pablo Gorini, delegado gremial de Appamia, confirmó ayer la decisión de renunciar que plantearon algunos de sus colegads de Pami, en disconformidad con la resolución que cambió la liquidación y los llevó a perder el 50 por ciento de los haberes.

“No solamente pone en crisis al sistema, sino también, como ya se dijo públicamente, va a poner al sistema público en una tensión para la que creo que no está preparado, ni está en condiciones de soportar y no tiene por qué tampoco”, advirtió en diálogo con “La mañana de El Eco” (104.1 Tandil FM y El Eco Streaming).

El galeno repasó que el inicio del conflicto se remonta a marzo, cuando el PAMI renovó, de forma unilateral, el contrato de todos los profesionales que atienden por la obra social.

“Esto quiere decir que se renueva automáticamente y el que no quiere renovarlo, que levante la mano. Al revés de como se hace habitualmente que es el que el que quiera seguir que levante la mano. Acá dieron a todos por ingresados, excepto a aquel que no quisiera en ese momento”, resaltó.

En el repaso, sumó que “el problema es que días después modifican el contrato de una manera escandalosa, quitándole al profesional, en algunos casos, el 66 por ciento del ingreso que, redondeando a moneda puesta en la calle”.

Indicó que la medida la tomaron “haciéndose los héroes”, bajo el argumento de que “nos mejoran el valor de la cápita”. Si bien indicó que ese monto más que se duplicó, “como manera unificadora y facilitadora para ellos, nos sacan un 20 por ciento sobre las cuentas que teníamos por perfeccionarnos en todos los cursos que ellos daban de forma obligatoria; nos sacan las consultas, que la anual requiere más tiempo de revisión, de examen, del paciente y la devolución de los datos de la primera consulta que se pagaba en un monto interesante; a parte de todas las consultas que también estaban reglamentadas y reguladas con un máximo de doce por año por afiliado”.

El médico señaló que “todo eso se quitó y se paga una cápita a 2100 pesos por mes, léase menos que un alfajor de mediana calidad, así el afiliado viniese una o 22 veces en el mes”.

En tanto, Pablo Gorini recordó que esta situación derivó en el paro que realizaron en abril, que no tuvo respuestas. Entonces, ahora, ante la primera liquidación con el nuevo régimen, muchos médicos empezaron a evaluar que no pueden cubrir los gastos de secretaria, internet, tinta, papel, teléfono, entre otros.

El médico agremiado a Appamia recordó que después de la notificación de la Resolución 1070, Pami presentó una intimación ante el Ministerio de Trabajo siguiendo los pasos legales y se realizó la medida de fuerza de 72 horas. “El paro tuvo repercusión nacional importante”, dijo y manifestó que “a partir de ese paro hubo más reuniones, hubo promesas que obviamente no cumplieron. Una de las promesas era pasar de 2100 a 2400 en mayo y cuando llega la facturación nos encontramos que siguen a 2100. Entonces, nos toman por tontos, nos mienten, no sé”.

Por otro lado, indicó que este lunes habían citado a los representantes de Appamia a una reunión, que fue postergada porque las autoridades del organismo estaban en la Sigen dando cuenta de los problemas financieros del PAMI.

“Mientras tanto se trabaja a reglamento”, dijo y ratificó que algunos médicos agremiados presentaron la renuncia y otros no agremiados también, aunque se desvincularán a partir del 1 de julio como indica la letra del contrato que prevé 30 días de preaviso.

“El sistema ha desgastado todo, la paciencia, la preparación, al mismo sistema. Seguramente vamos a tener más renuncias, ya tuvimos 2 mil en el país. Así que hay unos 14 mil afiliados al Pami que están sin médico de cabecera o sobrecargando a médicos de cabecera que están siendo forzados a atenderlos de alguna manera, por humanidad, pero no se les va a pagar”, alertó.

Sobre el anuncio de la designación de la titular de la oficina local de Pami, indicó que “para nosotros la noticia era que ya estaba nombrada” y confirmó que María José Terreros espera que IOMA le apruebe una licencia para saltar al organismo nacional. Como antecedente, el médico marcó que “le da una experiencia con pobreza, a manejarse con pocos recursos y muchas quejas”.

En tanto, confirmó que la falta de jefe “le pone un poco más de trabas al sistema porque las quejas o los pedidos de Tandil no se resuelven en Tandil, tienen que ir a Mar del Plata que es la cabecera de la que dependemos nosotros. Eso sobrecarga el sistema de Mar del Plata que ya tiene a sus afiliados para resolverles cosas. Entonces todo pasa a ser más lento, más tarde, más pobre”.

En cuanto a las medidas a tomar, el doctor Gorini anticipó que “los que no están agremiados van a hacer lo que sus conciencias les dictaminen o lo que su contador les sugiera, y los agremiados tendremos que hacer lo que la capitanía del gremio diga”.

En la segunda opción, no descartó una medida de fuerza “más grande” que la de abril, por más tiempo y “dejar toda la atención en manos del sistema público y de los sistemas de emergencia”. En tanto,  adelantó que el paro podría resolverse en las próximas horas.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Adunce) confirmó su adhesión a la nueva medida de fuerza impulsada por la federación Conadu, en el marco del conflicto salarial y presupuestario que atraviesan las universidades nacionales. La protesta impactará en las actividades académicas de la Unicen y se desarrollará durante la semana del 25 de mayo.

Según informó el sindicato docente a través de un comunicado oficial, el plenario de secretarios y secretarias generales resolvió “realizar una semana completa de paro”, acompañada por jornadas de protesta, clases públicas y distintas acciones en las universidades nacionales de todo el país.

Además, Adunce adelantó que se impulsará una articulación con el Frente Sindical universitario para coordinar medidas gremiales conjuntas durante toda la semana de protesta.

Entre los principales reclamos del sector se encuentra la apertura de paritarias salariales y la exigencia de una convocatoria formal por parte de las autoridades nacionales del área educativa. En ese sentido, el comunicado también señala la intención de llevar adelante una acción frente al Palacio Pizzurno para reclamar una audiencia con funcionarios del Gobierno nacional. Asimismo, se organizará una acción digital que permita dar la discusión en el terreno virtual.

Desde el gremio remarcaron que “el conflicto continúa porque el Gobierno nacional no cumple la ley”. En esa misma línea, recordaron la masiva movilización universitaria realizada días atrás, en la que —según expresaron— “un millón y medio de personas defendieron la universidad pública”.

La medida tendrá impacto en las distintas sedes y facultades de la Unicen, entre ellas Tandil, donde se prevé la suspensión de actividades académicas durante la semana de paro. Aun así, cada unidad académica podrá definir modalidades específicas de funcionamiento y acciones locales de visibilización del conflicto.

El reclamo docente se enmarca en una creciente tensión entre las federaciones universitarias y el Gobierno nacional por la actualización salarial y el financiamiento del sistema universitario público.

Bajo la consigna “El ajuste de Milei mata”, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) realizó una conferencia de prensa en la sede del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (Sutepa). Durante el encuentro, se ratificó la convocatoria al Paro Nacional de Salud para el próximo miércoles 20 de mayo, cuya acción central será una marcha federal a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo.

La medida de fuerza contará con actos y movilizaciones en cuatro provincias: Jujuy, Santa Fe, Córdoba y Chaco. Desde la federación señalaron que “la jornada tiene carácter federal” y se manifiesta en repudio a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, denunciando desinversión y recortes en programas como el Remediar, además del desfinanciamiento del PAMI y el ahogo presupuestario a las jurisdicciones locales.

El secretario general de Fesintras y de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), Pablo Maciel, sostuvo que “estas decisiones temerarias responden al avance del Gobierno de Javier Milei en la eliminación del principio de la salud como derecho, en donde ya no existe un sistema solidario o una responsabilidad del Estado, sino que la salud es concebida como un servicio y habrá usuarios que puedan consumir en tanto y en cuanto puedan pagar”.

Maciel precisó que los hospitales públicos bonaerenses registran un incremento de la demanda superior al 23%. Según explicó, la crisis económica y el cierre del programa Remediar empujan a miles de personas al sistema público. “El resultado es un sistema sanitario saturado, con equipos de salud sobrecargados y recursos insuficientes para responder a una demanda creciente”, agregó el dirigente.

Por su parte, Nicolás Fernández, secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy (APUAP), advirtió que “se está viviendo un retroceso de más de 30 años en políticas sanitarias”. El referente remarcó que el vaciamiento del Plan Remediar afecta a 20 millones de personas que recibían medicamentos en 8.000 centros de salud de todo el país.

Hernán Corredoira, secretario general del Sutepa, manifestó que “la situación del PAMI expresa con crudeza el deterioro de las políticas públicas de salud y previsión social”. De acuerdo a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias nacionales al organismo cayeron un 54,4% real durante el primer cuatrimestre de 2026. Corredoira añadió que los trabajadores de la institución llevan dos años sin una actualización salarial adecuada.

En la conferencia también intervinieron Damián Zamorano, secretario general adjunto de APHEC; Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital; y Hugo Yasky, secretario general de la CTA-T Nacional, quien subrayó que “el pueblo en la calle va a poner un límite”. La actividad contó además con el respaldo de Roberto Baradel y Claudio Marín.

Finalmente, desde Fesintras hicieron un llamado a la sociedad para sumarse a la lucha: “El desafío es aunar fuerzas y articular luchas para exigirle al Gobierno que recapacite y detenga las políticas de ajuste en salud, porque lo que está en juego es la vida de millones de personas”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 24 horas para este jueves en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida de fuerza surge como respuesta a la denuncia del gremio sobre la intención del Gobierno nacional de concretar 700 despidos y eliminar 1.000 funciones de las 3.000 que el organismo desempeña actualmente.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su rechazo a la iniciativa oficial: "Intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad. Del INTI depende en buena medida el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad. Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar".

Según trascendió, el organismo cuenta hoy con 2.300 trabajadores. En este escenario, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, presiona para avanzar con el vaciamiento de la institución. Esta postura encuentra cierta resistencia en el presidente del ente, Miguel Romero, funcionario vinculado a Luis Caputo y al secretario de Industria, Pablo Lavigne.

Desde el sindicato detallaron que el recorte afectaría tareas críticas como los ensayos microbiológicos en alimentos para detectar bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria, el control de contaminantes y el análisis de calidad de agua. También se verían comprometidos los servicios de metrología, la calibración de instrumentos y los ensayos de seguridad en materiales de construcción, electricidad y transporte.

"No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población", advirtió Rodolfo Aguiar. El dirigente subrayó que el INTI no representa una carga para las arcas públicas: "El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario".

Finalmente, el gremialista alertó sobre "la militarización del INTI, una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar. Hacemos directamente responsable al Gobierno nacional por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar". 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva a cabo hoy un paro nacional por 24 horas en reclamo de mejoras salariales y como rechazo al ajuste en el sector público impulsado por el Gobierno. En este contexto, el gremio advirtió que uno de los puntos centrales de las protestas serán los aeropuertos, por lo que podría haber demoras en los vuelos, aunque aclararon que no están previstas cancelaciones.

Marcelo Belelli, coordinador de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), explicó la situación operativa para la jornada en declaraciones radiales:

“En los aeropuertos habrá asambleas. Los vuelos van a tener algún tipo de afectación operativa, pero no va a haber cancelaciones. Seguramente pueda haber algunas demoras producto de las asambleas, pero los vuelos van a salir normalmente el día de hoy”.

El dirigente señaló que la medida responde a la falta de respuestas por parte de las autoridades. Según indicó, tras un mes y medio de conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo no convocó a ni una sola audiencia para destrabar el conflicto. Belelli precisó que desde el 18 de marzo al 21 de abril no hubo contactos para dialogar sobre la situación salarial del sector.

La jornada de protesta incluye una movilización central a partir de las 11 en las inmediaciones de Costa Salguero, en la intersección de Avenida Costanera y Jerónimo Salguero, zona próxima al Aeroparque Jorge Newbery. Además, el gremio anunció que las acciones se replicarán en otros organismos estatales mediante asambleas, radios abiertas y ruidazos.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue tajante respecto a la continuidad del plan de lucha:

“Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar”.

El reclamo central de la organización sindical gira en torno a la reapertura inmediata de las paritarias, la recomposición salarial de emergencia y la defensa de los puestos de trabajo en la administración pública nacional. Desde el gremio advirtieron que evaluarán nuevos planes de acción ante cualquier intento de profundizar los recortes o avanzar con despidos en los distintos niveles del Estado.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios ingresa en una etapa de máxima confrontación. En las últimas horas, la gestión que encabeza el presidente Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para apelar el fallo que obliga al Estado a transferir 2.5 billones de pesos a las facultades. En paralelo, la comunidad educativa respondió con el anuncio de una medida de fuerza contundente: un paro total de actividades que se extenderá durante una semana.

La protesta, que comenzará el lunes 27 de abril y finalizará el sábado 2 de mayo, promete paralizar no solo el dictado de clases en las diversas facultades del país, sino también en los colegios secundarios que dependen de las instituciones de educación superior. Se trata de la tercera medida de este tipo en lo que va del año, reflejando el malestar por la situación salarial y presupuestaria que atraviesa el sector.

Además del cese de actividades, los gremios, rectorados y agrupaciones estudiantiles se encuentran en sesión permanente para definir la fecha de una nueva Marcha Federal Universitaria. Según adelantaron, se espera que la convocatoria alcance niveles de masividad similares a las movilizaciones previas. 

Como antesala, este jueves 23 de abril a las 17 se realizará una marcha de antorchas en La Plata, que partirá desde el edificio de Presidencia de la universidad y concluirá con un evento musical en la Escuela Anexa.

Desde el sector educativo calificaron como una “provocación” el hecho de que el Gobierno nacional haya dejado vencer el plazo puesto por la Justicia para abonar las deudas en concepto de salarios y becas a las más de 60 universidades públicas del país. Ante esta situación, el presidente Javier Milei instruyó a la Procuración del Tesoro para que recurra en queja ante el máximo tribunal, negándose a liberar las partidas correspondientes.

La situación de los trabajadores de la educación es uno de los puntos centrales del conflicto. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), una de las organizaciones mayoritarias junto a Conadu Histórica, expresaron la gravedad del cuadro actual:

"La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos"

El impacto de la huelga será federal, alcanzando a instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR). También se sumarán la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la del Nordeste (UNNE), la del Chaco Austral (UNCAUS), la de Salta (UNSa), la de Entre Ríos (UNER) y la de José C. Paz (UNPAZ).

Por último, el sector no docente, nucleado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), también llevará adelante su propia medida de fuerza este jueves. Esta acción es clave, ya que al ser los encargados de la apertura y mantenimiento de los edificios, su ausencia garantiza el cierre total de las facultades y colegios dependientes de las altas casas de estudios.

La dirección del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avanzó con la desvinculación de 140 trabajadores, una medida que generó la reacción inmediata de los gremios. Ante este escenario, se ratificó un paro que afectará todos los servicios no esenciales del organismo, lo que podría derivar en la paralización del tráfico aéreo en el país.

Según informaron diversas fuentes internas, esta sería la primera de dos tandas de despidos que alcanzaría a un total de 240 empleados, sobre una planta de 972 integrantes. El recorte impacta directamente sobre el personal civil, que pasaría de 780 a 540 trabajadores. La medida responde a un plan de modernización analizado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Respecto al proceso de achicamiento, fuentes vinculadas al organismo señalaron que “se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo”. En esa misma línea, indicaron que "el Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación".

La selección de los afectados, que revisten la condición de contratados y no percibirán indemnización, fue realizada por cada director de forma proporcional a la dotación de sus departamentos. Desde hace poco más de un mes, la cifra circulaba como un rumor que anticipaba una baja del 30% de la planta total.

En respuesta, ATE-SMN anunció un paro activo para el viernes 24 de abril. La medida de fuerza se extenderá desde las cinco de la mañana hasta el mediodía, lapso en el cual no despegarían ni aterrizarían aviones en los aeropuertos argentinos, con excepción de los vuelos sanitarios y humanitarios. El organismo es el encargado de proveer la información crítica para los pronósticos aeronáuticos que habilitan la operación aérea.

El conflicto entre los médicos de cabecera y el Pami alcanzó un punto de tensión inédito esta semana. Por primera vez en más de 30 años, la Asociación de Profesionales de la Salud (Appamia) resolvió un cese de actividades en todo el país, una medida que en Tandil se sintió con fuerza y que responde a un drástico cambio en las condiciones de contratación y pago de los profesionales. La controversia se originó con la publicación de la circular 2026-1107, la cual, según denunciaron los gremialistas, fue comunicada de manera “retroactiva e inconsulta”.

El doctor Pablo Gorini, delegado gremial de Appamia, explicó que la mayoría de los médicos que prestan servicio para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados operan bajo contratos por honorarios y prestaciones. Hasta el mes pasado, el esquema combinaba un pago por cada afiliado asignado (cápita) de aproximadamente 953 pesos, al que se sumaban pagos adicionales por consultas específicas, como el control anual exhaustivo para la detección de patologías crónicas como diabetes o hipertensión. Sin embargo, la nueva normativa eliminó estos incentivos adicionales.

De acuerdo a lo manifestado por el profesional en diálogo con “La mañana de El Eco” (El Eco Streaming y 104.1 Tandil FM), el anuncio oficial destaca una suba de la cápita a 2.100 pesos, pero en la práctica esto esconde un ajuste sustancial. “Nos sacan las consultas y el incentivo por perfeccionamiento profesional. De mínima, desaparecieron 1,5 millones de ingresos para cada médico”, detalló Gorini. En términos porcentuales, el impacto en los ingresos de los profesionales de la salud representa un 52,4 por ciento menos de lo que percibían hasta marzo, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los consultorios privados.

El cambio de reglas y un sistema “perverso”

La irritación de los médicos no solo radica en el monto del recorte, sino en el modo en que se ejecutó. Gorini calificó la medida como “intempestiva”, señalando que se enteraron el pasado jueves 9 de que los cambios regirían desde el uno de abril. “Nos dijeron que lo que facturamos, lo facturamos mal. Es un decreto retroactivo que busca reordenar las cuentas de ellos a costa de los médicos de cabecera”, fustigó el referente gremial.

Bajo el nuevo sistema, la denominada “consulta de primera vez” y las consultas de devolución de resultados dejan de abonarse por separado para quedar absorbidas por la cápita general. Además, se impuso un límite estricto a las consultas presenciales espontáneas: el sistema solo permite facturar un máximo de tres por mes por paciente, con un tope de 12 anuales. Según Gorini, este esquema es insuficiente para un afiliado promedio del Pami y establece un “sistema perverso de vigilancia” sobre la labor médica.

“Aunque el médico facture la consulta, se la debitan de forma automática. Además, el sistema informático funciona el 45 por ciento de las veces y a un 30 por ciento de su capacidad, lo que convierte la carga de datos en una tortura crónica”, describió el médico.

Para los profesionales, este escenario se vuelve insostenible considerando que deben afrontar gastos de alquiler, secretaría, insumos de papelería, internet y telefonía con ingresos que se han reducido a la mitad de un día para el otro.

La situación en Tandil presenta agravantes específicos. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 28 mil afiliados de Pami, pero apenas unos 30 médicos de cabecera permanecen en el sistema. “Estamos los que nos quedamos por cabeza dura y los que después de muchos años se van; no creo que médicos recién recibidos estén tan desesperados como para aceptar estas condiciones”, graficó Gorini.

A la reducción de ingresos se suma una problemática de larga data: la falta de especialistas. En Tandil, el sistema carece de neurólogos que atiendan por la obra social, mientras que especialidades como reumatología o endocrinología cuentan con una cobertura nula o mínima. Esto obliga a los jubilados a pagar consultas de forma privada y luego gestionar un reintegro que suele demorar entre tres y cuatro meses.

Por otro lado, la oficina local de Pami se encuentra actualmente sin un jefe designado, una situación que afecta directamente la operatividad de la UGL (Unidad de Gestión Local). Al no haber un director que firme autorizaciones y permisos, los trámites deben derivarse a Mar del Plata, ciudad que se encuentra sobrepasada por la demanda adicional.

“Todo está en veremos hasta que se nombre un nuevo director. Al no tener con quién conversar por estos asuntos, también nos vemos perjudicados nosotros y los afiliados”, señaló el delegado de Appamia.

Un punto de preocupación para el galeno es la situación de aquellos profesionales que no están afiliados a Appamia. Si bien el paro es nacional, Gorini advirtió que “no todos deberían arriesgarse” si no cuentan con respaldo sindical. “Al no tener cobertura gremial, se exponen a medidas violentas por parte del Instituto, como el despido o ser desafectados por no atender. El Pami puede tomar medidas drásticas con quienes no estén protegidos por la asociación”, aclaró.

Pese a la contundencia de la medida de fuerza, los médicos de cabecera aclararon que se mantienen guardias mínimas para atender emergencias y la entrega de recetas urgentes que no pueden ser postergadas. Sin embargo, el resto de la actividad se encuentra paralizada hasta que las autoridades nacionales del Pami convoquen al diálogo y revisen la circular.

En ese sentido, el doctor Pablo Gorini expresó que “entendemos los reclamos y las necesidades de nuestros pacientes, pero ellos tienen que entender que una medicina de baja calidad a un bajo precio no es lo que necesitan ni lo que merecen”.

Para los profesionales, el sistema de Pami se sostiene sobre dos pilares fundamentales: el afiliado y el médico de cabecera. “Si van a matar a los médicos, se van a quedar con los afiliados golpeándoles la puerta”, vaticinó.

Finalmente, el referente local de Appamia vinculó la crisis financiera de la obra social con las prioridades presupuestarias del Gobierno nacional. En un tono crítico, sugirió que los fondos destinados a otras áreas, como la Secretaría de Inteligencia, deberían derivarse a la atención médica para evitar el colapso de un sistema que ya adeuda más de 500 mil millones de pesos a las farmacias y suma mil millones si se tienen en cuenta a diversos prestadores en todo el país.

Por el momento, la resolución del conflicto depende de una marcha atrás por parte de la conducción central del Pami, caso contrario, las medidas de fuerza podrían profundizarse en los próximos días.

“Creo que Pami tiene que estar reviendo desde ayer qué es lo que hizo, creo que van a tener que dar marcha atrás mal que le pese. En algún momento va a tener que salir plata de alguna parte, alguna partida va a tener que reducirse”, insistió el médico de cabecera.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro nacional con movilización el próximo martes 21 de abril. La medida se fundamenta en el reclamo por la reapertura de paritarias y se da en el marco de un profundo conflicto con el Gobierno nacional por la situación salarial y los recortes en organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con las políticas económicas vigentes. "Si no hay plata, no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento", manifestó. El dirigente gremial advirtió que "el poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total".

Desde el sindicato señalaron que la protesta también busca "rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal". Aguiar enfatizó que "las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata" y lanzó una advertencia a las autoridades: “Si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

La jornada de protesta tendrá un impacto directo en la provincia de Buenos Aires, donde se prevé el cese de actividades en diversas oficinas públicas. Asimismo, la medida afectará el normal dictado de clases en escuelas públicas, debido a la adhesión de los auxiliares afiliados al gremio.

Respecto a la pérdida del valor real de los ingresos, Aguiar arremetió contra la gestión de Javier Milei, asegurando que los trabajadores "ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei". En ese sentido, agregó que “se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”.

A fines del mes pasado, el Gobierno nacional oficializó un esquema de aumentos que fue rechazado por ATE, aunque contó con la aprobación de UPCN. Dicho cronograma contempla subas mensuales escalonadas del 2,5 por ciento en enero, 2,2 por ciento en febrero, dos por ciento en marzo, 1,7 por ciento en abril y 1,5 por ciento en mayo.

En este contexto, el titular de ATE se refirió a la controversia por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas por montos de hasta 350.000 dólares. “Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios”, reclamó Aguiar.

Finalmente, se informó que el gremio resolvió acompañar la movilización de los trabajadores de la fábrica FATE hacia la Plaza de Mayo, programada para el martes 14 de abril.