Los profesionales de la psicología que se desempeñan como prestadores del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) llevarán adelante este viernes un paro de 24 horas en reclamo por el incumplimiento en los pagos. La medida fue confirmada por el Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la provincia de Buenos Aires-Distrito XI, entidad que advirtió que "aún se adeudan las prestaciones realizadas durante marzo y abril de 2026".

Desde la organización calificaron la situación como "inadmisible" y señalaron que "la persistencia de estos incumplimientos profundiza el deterioro de las condiciones en las que se realizan las prestaciones de salud mental para miles de afiliados". Asimismo, remarcaron que "la falta de pago en tiempo y forma constituye una vulneración de los derechos laborales de los prestadores", al tiempo que aclararon que los profesionales continúan garantizando la atención pese a la falta de respuestas concretas por parte de la obra social.

En el marco del comunicado, el Colegio expresó su solidaridad con los médicos nucleados en la Agremiación Médica Platense (AMP) ante el conflicto que mantienen con IOMA. La entidad manifestó su preocupación por las declaraciones de las autoridades de la obra social, al considerar que profundizan la confrontación en lugar de propiciar instancias de diálogo.

El conflicto entre el IOMA y la Agremiación Médica Platense sumó un capítulo intenso debido a que el presidente de la obra social, Homero Giles, puso en duda el manejo de fondos de la entidad, a la que calificó de "parasitaria". Esto motivó una intimación formal de la entidad médica contra el funcionario para que "ratifique o rectifique" sus declaraciones, bajo advertencia de avanzar con acciones legales.

La controversia gira en torno a una deuda por prestaciones impagas de entre 500 y 900 millones de pesos. Al respecto, Homero Giles sostuvo en declaraciones a Radio Provincia que "no corresponde hablar de deuda cuando el plazo de fecha de vencimiento no está cumplido. Podría pasar que no lleguemos a pagar en fecha, pero no hay deuda".

Finalmente, el titular de IOMA cuestionó el rol de la AMP al afirmar que "la Agremiación hace un pasamanos de dinero, se queda con un 7% y no les paga a los médicos en tiempo y forma". Por su parte, la entidad médica calificó las afirmaciones como "injurias" y señaló que las mismas "no solo resultan falsas, maliciosas e irresponsables, sino que constituyen una grave agresión institucional contra una entidad que desde hace 85 años representa, defiende y acompaña a miles de médicos de la región".

El conflicto entre los médicos de cabecera y PAMI palpita horas de máxima tensión que podrían derivar en una nueva medida de fuerza. En Tandil, la preocupación es extrema y hay alrededor de seis profesionales que dejarán de atender a partir del 1 de julio.

El doctor Pablo Gorini, delegado gremial de Appamia, confirmó ayer la decisión de renunciar que plantearon algunos de sus colegads de Pami, en disconformidad con la resolución que cambió la liquidación y los llevó a perder el 50 por ciento de los haberes.

“No solamente pone en crisis al sistema, sino también, como ya se dijo públicamente, va a poner al sistema público en una tensión para la que creo que no está preparado, ni está en condiciones de soportar y no tiene por qué tampoco”, advirtió en diálogo con “La mañana de El Eco” (104.1 Tandil FM y El Eco Streaming).

El galeno repasó que el inicio del conflicto se remonta a marzo, cuando el PAMI renovó, de forma unilateral, el contrato de todos los profesionales que atienden por la obra social.

“Esto quiere decir que se renueva automáticamente y el que no quiere renovarlo, que levante la mano. Al revés de como se hace habitualmente que es el que el que quiera seguir que levante la mano. Acá dieron a todos por ingresados, excepto a aquel que no quisiera en ese momento”, resaltó.

En el repaso, sumó que “el problema es que días después modifican el contrato de una manera escandalosa, quitándole al profesional, en algunos casos, el 66 por ciento del ingreso que, redondeando a moneda puesta en la calle”.

Indicó que la medida la tomaron “haciéndose los héroes”, bajo el argumento de que “nos mejoran el valor de la cápita”. Si bien indicó que ese monto más que se duplicó, “como manera unificadora y facilitadora para ellos, nos sacan un 20 por ciento sobre las cuentas que teníamos por perfeccionarnos en todos los cursos que ellos daban de forma obligatoria; nos sacan las consultas, que la anual requiere más tiempo de revisión, de examen, del paciente y la devolución de los datos de la primera consulta que se pagaba en un monto interesante; a parte de todas las consultas que también estaban reglamentadas y reguladas con un máximo de doce por año por afiliado”.

El médico señaló que “todo eso se quitó y se paga una cápita a 2100 pesos por mes, léase menos que un alfajor de mediana calidad, así el afiliado viniese una o 22 veces en el mes”.

En tanto, Pablo Gorini recordó que esta situación derivó en el paro que realizaron en abril, que no tuvo respuestas. Entonces, ahora, ante la primera liquidación con el nuevo régimen, muchos médicos empezaron a evaluar que no pueden cubrir los gastos de secretaria, internet, tinta, papel, teléfono, entre otros.

El médico agremiado a Appamia recordó que después de la notificación de la Resolución 1070, Pami presentó una intimación ante el Ministerio de Trabajo siguiendo los pasos legales y se realizó la medida de fuerza de 72 horas. “El paro tuvo repercusión nacional importante”, dijo y manifestó que “a partir de ese paro hubo más reuniones, hubo promesas que obviamente no cumplieron. Una de las promesas era pasar de 2100 a 2400 en mayo y cuando llega la facturación nos encontramos que siguen a 2100. Entonces, nos toman por tontos, nos mienten, no sé”.

Por otro lado, indicó que este lunes habían citado a los representantes de Appamia a una reunión, que fue postergada porque las autoridades del organismo estaban en la Sigen dando cuenta de los problemas financieros del PAMI.

“Mientras tanto se trabaja a reglamento”, dijo y ratificó que algunos médicos agremiados presentaron la renuncia y otros no agremiados también, aunque se desvincularán a partir del 1 de julio como indica la letra del contrato que prevé 30 días de preaviso.

“El sistema ha desgastado todo, la paciencia, la preparación, al mismo sistema. Seguramente vamos a tener más renuncias, ya tuvimos 2 mil en el país. Así que hay unos 14 mil afiliados al Pami que están sin médico de cabecera o sobrecargando a médicos de cabecera que están siendo forzados a atenderlos de alguna manera, por humanidad, pero no se les va a pagar”, alertó.

Sobre el anuncio de la designación de la titular de la oficina local de Pami, indicó que “para nosotros la noticia era que ya estaba nombrada” y confirmó que María José Terreros espera que IOMA le apruebe una licencia para saltar al organismo nacional. Como antecedente, el médico marcó que “le da una experiencia con pobreza, a manejarse con pocos recursos y muchas quejas”.

En tanto, confirmó que la falta de jefe “le pone un poco más de trabas al sistema porque las quejas o los pedidos de Tandil no se resuelven en Tandil, tienen que ir a Mar del Plata que es la cabecera de la que dependemos nosotros. Eso sobrecarga el sistema de Mar del Plata que ya tiene a sus afiliados para resolverles cosas. Entonces todo pasa a ser más lento, más tarde, más pobre”.

En cuanto a las medidas a tomar, el doctor Gorini anticipó que “los que no están agremiados van a hacer lo que sus conciencias les dictaminen o lo que su contador les sugiera, y los agremiados tendremos que hacer lo que la capitanía del gremio diga”.

En la segunda opción, no descartó una medida de fuerza “más grande” que la de abril, por más tiempo y “dejar toda la atención en manos del sistema público y de los sistemas de emergencia”. En tanto,  adelantó que el paro podría resolverse en las próximas horas.

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Adunce) confirmó su adhesión a la nueva medida de fuerza impulsada por la federación Conadu, en el marco del conflicto salarial y presupuestario que atraviesan las universidades nacionales. La protesta impactará en las actividades académicas de la Unicen y se desarrollará durante la semana del 25 de mayo.

Según informó el sindicato docente a través de un comunicado oficial, el plenario de secretarios y secretarias generales resolvió “realizar una semana completa de paro”, acompañada por jornadas de protesta, clases públicas y distintas acciones en las universidades nacionales de todo el país.

Además, Adunce adelantó que se impulsará una articulación con el Frente Sindical universitario para coordinar medidas gremiales conjuntas durante toda la semana de protesta.

Entre los principales reclamos del sector se encuentra la apertura de paritarias salariales y la exigencia de una convocatoria formal por parte de las autoridades nacionales del área educativa. En ese sentido, el comunicado también señala la intención de llevar adelante una acción frente al Palacio Pizzurno para reclamar una audiencia con funcionarios del Gobierno nacional. Asimismo, se organizará una acción digital que permita dar la discusión en el terreno virtual.

Desde el gremio remarcaron que “el conflicto continúa porque el Gobierno nacional no cumple la ley”. En esa misma línea, recordaron la masiva movilización universitaria realizada días atrás, en la que —según expresaron— “un millón y medio de personas defendieron la universidad pública”.

La medida tendrá impacto en las distintas sedes y facultades de la Unicen, entre ellas Tandil, donde se prevé la suspensión de actividades académicas durante la semana de paro. Aun así, cada unidad académica podrá definir modalidades específicas de funcionamiento y acciones locales de visibilización del conflicto.

El reclamo docente se enmarca en una creciente tensión entre las federaciones universitarias y el Gobierno nacional por la actualización salarial y el financiamiento del sistema universitario público.

Bajo la consigna “El ajuste de Milei mata”, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras) realizó una conferencia de prensa en la sede del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (Sutepa). Durante el encuentro, se ratificó la convocatoria al Paro Nacional de Salud para el próximo miércoles 20 de mayo, cuya acción central será una marcha federal a las 13 horas desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo.

La medida de fuerza contará con actos y movilizaciones en cuatro provincias: Jujuy, Santa Fe, Córdoba y Chaco. Desde la federación señalaron que “la jornada tiene carácter federal” y se manifiesta en repudio a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional, denunciando desinversión y recortes en programas como el Remediar, además del desfinanciamiento del PAMI y el ahogo presupuestario a las jurisdicciones locales.

El secretario general de Fesintras y de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop), Pablo Maciel, sostuvo que “estas decisiones temerarias responden al avance del Gobierno de Javier Milei en la eliminación del principio de la salud como derecho, en donde ya no existe un sistema solidario o una responsabilidad del Estado, sino que la salud es concebida como un servicio y habrá usuarios que puedan consumir en tanto y en cuanto puedan pagar”.

Maciel precisó que los hospitales públicos bonaerenses registran un incremento de la demanda superior al 23%. Según explicó, la crisis económica y el cierre del programa Remediar empujan a miles de personas al sistema público. “El resultado es un sistema sanitario saturado, con equipos de salud sobrecargados y recursos insuficientes para responder a una demanda creciente”, agregó el dirigente.

Por su parte, Nicolás Fernández, secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy (APUAP), advirtió que “se está viviendo un retroceso de más de 30 años en políticas sanitarias”. El referente remarcó que el vaciamiento del Plan Remediar afecta a 20 millones de personas que recibían medicamentos en 8.000 centros de salud de todo el país.

Hernán Corredoira, secretario general del Sutepa, manifestó que “la situación del PAMI expresa con crudeza el deterioro de las políticas públicas de salud y previsión social”. De acuerdo a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias nacionales al organismo cayeron un 54,4% real durante el primer cuatrimestre de 2026. Corredoira añadió que los trabajadores de la institución llevan dos años sin una actualización salarial adecuada.

En la conferencia también intervinieron Damián Zamorano, secretario general adjunto de APHEC; Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital; y Hugo Yasky, secretario general de la CTA-T Nacional, quien subrayó que “el pueblo en la calle va a poner un límite”. La actividad contó además con el respaldo de Roberto Baradel y Claudio Marín.

Finalmente, desde Fesintras hicieron un llamado a la sociedad para sumarse a la lucha: “El desafío es aunar fuerzas y articular luchas para exigirle al Gobierno que recapacite y detenga las políticas de ajuste en salud, porque lo que está en juego es la vida de millones de personas”.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 24 horas para este jueves en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida de fuerza surge como respuesta a la denuncia del gremio sobre la intención del Gobierno nacional de concretar 700 despidos y eliminar 1.000 funciones de las 3.000 que el organismo desempeña actualmente.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su rechazo a la iniciativa oficial: "Intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad. Del INTI depende en buena medida el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad. Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar".

Según trascendió, el organismo cuenta hoy con 2.300 trabajadores. En este escenario, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, presiona para avanzar con el vaciamiento de la institución. Esta postura encuentra cierta resistencia en el presidente del ente, Miguel Romero, funcionario vinculado a Luis Caputo y al secretario de Industria, Pablo Lavigne.

Desde el sindicato detallaron que el recorte afectaría tareas críticas como los ensayos microbiológicos en alimentos para detectar bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria, el control de contaminantes y el análisis de calidad de agua. También se verían comprometidos los servicios de metrología, la calibración de instrumentos y los ensayos de seguridad en materiales de construcción, electricidad y transporte.

"No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población", advirtió Rodolfo Aguiar. El dirigente subrayó que el INTI no representa una carga para las arcas públicas: "El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario".

Finalmente, el gremialista alertó sobre "la militarización del INTI, una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar. Hacemos directamente responsable al Gobierno nacional por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar". 

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva a cabo hoy un paro nacional por 24 horas en reclamo de mejoras salariales y como rechazo al ajuste en el sector público impulsado por el Gobierno. En este contexto, el gremio advirtió que uno de los puntos centrales de las protestas serán los aeropuertos, por lo que podría haber demoras en los vuelos, aunque aclararon que no están previstas cancelaciones.

Marcelo Belelli, coordinador de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), explicó la situación operativa para la jornada en declaraciones radiales:

“En los aeropuertos habrá asambleas. Los vuelos van a tener algún tipo de afectación operativa, pero no va a haber cancelaciones. Seguramente pueda haber algunas demoras producto de las asambleas, pero los vuelos van a salir normalmente el día de hoy”.

El dirigente señaló que la medida responde a la falta de respuestas por parte de las autoridades. Según indicó, tras un mes y medio de conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo no convocó a ni una sola audiencia para destrabar el conflicto. Belelli precisó que desde el 18 de marzo al 21 de abril no hubo contactos para dialogar sobre la situación salarial del sector.

La jornada de protesta incluye una movilización central a partir de las 11 en las inmediaciones de Costa Salguero, en la intersección de Avenida Costanera y Jerónimo Salguero, zona próxima al Aeroparque Jorge Newbery. Además, el gremio anunció que las acciones se replicarán en otros organismos estatales mediante asambleas, radios abiertas y ruidazos.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue tajante respecto a la continuidad del plan de lucha:

“Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar”.

El reclamo central de la organización sindical gira en torno a la reapertura inmediata de las paritarias, la recomposición salarial de emergencia y la defensa de los puestos de trabajo en la administración pública nacional. Desde el gremio advirtieron que evaluarán nuevos planes de acción ante cualquier intento de profundizar los recortes o avanzar con despidos en los distintos niveles del Estado.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios ingresa en una etapa de máxima confrontación. En las últimas horas, la gestión que encabeza el presidente Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para apelar el fallo que obliga al Estado a transferir 2.5 billones de pesos a las facultades. En paralelo, la comunidad educativa respondió con el anuncio de una medida de fuerza contundente: un paro total de actividades que se extenderá durante una semana.

La protesta, que comenzará el lunes 27 de abril y finalizará el sábado 2 de mayo, promete paralizar no solo el dictado de clases en las diversas facultades del país, sino también en los colegios secundarios que dependen de las instituciones de educación superior. Se trata de la tercera medida de este tipo en lo que va del año, reflejando el malestar por la situación salarial y presupuestaria que atraviesa el sector.

Además del cese de actividades, los gremios, rectorados y agrupaciones estudiantiles se encuentran en sesión permanente para definir la fecha de una nueva Marcha Federal Universitaria. Según adelantaron, se espera que la convocatoria alcance niveles de masividad similares a las movilizaciones previas. 

Como antesala, este jueves 23 de abril a las 17 se realizará una marcha de antorchas en La Plata, que partirá desde el edificio de Presidencia de la universidad y concluirá con un evento musical en la Escuela Anexa.

Desde el sector educativo calificaron como una “provocación” el hecho de que el Gobierno nacional haya dejado vencer el plazo puesto por la Justicia para abonar las deudas en concepto de salarios y becas a las más de 60 universidades públicas del país. Ante esta situación, el presidente Javier Milei instruyó a la Procuración del Tesoro para que recurra en queja ante el máximo tribunal, negándose a liberar las partidas correspondientes.

La situación de los trabajadores de la educación es uno de los puntos centrales del conflicto. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), una de las organizaciones mayoritarias junto a Conadu Histórica, expresaron la gravedad del cuadro actual:

"La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos"

El impacto de la huelga será federal, alcanzando a instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR). También se sumarán la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la del Nordeste (UNNE), la del Chaco Austral (UNCAUS), la de Salta (UNSa), la de Entre Ríos (UNER) y la de José C. Paz (UNPAZ).

Por último, el sector no docente, nucleado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), también llevará adelante su propia medida de fuerza este jueves. Esta acción es clave, ya que al ser los encargados de la apertura y mantenimiento de los edificios, su ausencia garantiza el cierre total de las facultades y colegios dependientes de las altas casas de estudios.

La dirección del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avanzó con la desvinculación de 140 trabajadores, una medida que generó la reacción inmediata de los gremios. Ante este escenario, se ratificó un paro que afectará todos los servicios no esenciales del organismo, lo que podría derivar en la paralización del tráfico aéreo en el país.

Según informaron diversas fuentes internas, esta sería la primera de dos tandas de despidos que alcanzaría a un total de 240 empleados, sobre una planta de 972 integrantes. El recorte impacta directamente sobre el personal civil, que pasaría de 780 a 540 trabajadores. La medida responde a un plan de modernización analizado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Respecto al proceso de achicamiento, fuentes vinculadas al organismo señalaron que “se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo”. En esa misma línea, indicaron que "el Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación".

La selección de los afectados, que revisten la condición de contratados y no percibirán indemnización, fue realizada por cada director de forma proporcional a la dotación de sus departamentos. Desde hace poco más de un mes, la cifra circulaba como un rumor que anticipaba una baja del 30% de la planta total.

En respuesta, ATE-SMN anunció un paro activo para el viernes 24 de abril. La medida de fuerza se extenderá desde las cinco de la mañana hasta el mediodía, lapso en el cual no despegarían ni aterrizarían aviones en los aeropuertos argentinos, con excepción de los vuelos sanitarios y humanitarios. El organismo es el encargado de proveer la información crítica para los pronósticos aeronáuticos que habilitan la operación aérea.

El conflicto entre los médicos de cabecera y el Pami alcanzó un punto de tensión inédito esta semana. Por primera vez en más de 30 años, la Asociación de Profesionales de la Salud (Appamia) resolvió un cese de actividades en todo el país, una medida que en Tandil se sintió con fuerza y que responde a un drástico cambio en las condiciones de contratación y pago de los profesionales. La controversia se originó con la publicación de la circular 2026-1107, la cual, según denunciaron los gremialistas, fue comunicada de manera “retroactiva e inconsulta”.

El doctor Pablo Gorini, delegado gremial de Appamia, explicó que la mayoría de los médicos que prestan servicio para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados operan bajo contratos por honorarios y prestaciones. Hasta el mes pasado, el esquema combinaba un pago por cada afiliado asignado (cápita) de aproximadamente 953 pesos, al que se sumaban pagos adicionales por consultas específicas, como el control anual exhaustivo para la detección de patologías crónicas como diabetes o hipertensión. Sin embargo, la nueva normativa eliminó estos incentivos adicionales.

De acuerdo a lo manifestado por el profesional en diálogo con “La mañana de El Eco” (El Eco Streaming y 104.1 Tandil FM), el anuncio oficial destaca una suba de la cápita a 2.100 pesos, pero en la práctica esto esconde un ajuste sustancial. “Nos sacan las consultas y el incentivo por perfeccionamiento profesional. De mínima, desaparecieron 1,5 millones de ingresos para cada médico”, detalló Gorini. En términos porcentuales, el impacto en los ingresos de los profesionales de la salud representa un 52,4 por ciento menos de lo que percibían hasta marzo, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los consultorios privados.

El cambio de reglas y un sistema “perverso”

La irritación de los médicos no solo radica en el monto del recorte, sino en el modo en que se ejecutó. Gorini calificó la medida como “intempestiva”, señalando que se enteraron el pasado jueves 9 de que los cambios regirían desde el uno de abril. “Nos dijeron que lo que facturamos, lo facturamos mal. Es un decreto retroactivo que busca reordenar las cuentas de ellos a costa de los médicos de cabecera”, fustigó el referente gremial.

Bajo el nuevo sistema, la denominada “consulta de primera vez” y las consultas de devolución de resultados dejan de abonarse por separado para quedar absorbidas por la cápita general. Además, se impuso un límite estricto a las consultas presenciales espontáneas: el sistema solo permite facturar un máximo de tres por mes por paciente, con un tope de 12 anuales. Según Gorini, este esquema es insuficiente para un afiliado promedio del Pami y establece un “sistema perverso de vigilancia” sobre la labor médica.

“Aunque el médico facture la consulta, se la debitan de forma automática. Además, el sistema informático funciona el 45 por ciento de las veces y a un 30 por ciento de su capacidad, lo que convierte la carga de datos en una tortura crónica”, describió el médico.

Para los profesionales, este escenario se vuelve insostenible considerando que deben afrontar gastos de alquiler, secretaría, insumos de papelería, internet y telefonía con ingresos que se han reducido a la mitad de un día para el otro.

La situación en Tandil presenta agravantes específicos. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 28 mil afiliados de Pami, pero apenas unos 30 médicos de cabecera permanecen en el sistema. “Estamos los que nos quedamos por cabeza dura y los que después de muchos años se van; no creo que médicos recién recibidos estén tan desesperados como para aceptar estas condiciones”, graficó Gorini.

A la reducción de ingresos se suma una problemática de larga data: la falta de especialistas. En Tandil, el sistema carece de neurólogos que atiendan por la obra social, mientras que especialidades como reumatología o endocrinología cuentan con una cobertura nula o mínima. Esto obliga a los jubilados a pagar consultas de forma privada y luego gestionar un reintegro que suele demorar entre tres y cuatro meses.

Por otro lado, la oficina local de Pami se encuentra actualmente sin un jefe designado, una situación que afecta directamente la operatividad de la UGL (Unidad de Gestión Local). Al no haber un director que firme autorizaciones y permisos, los trámites deben derivarse a Mar del Plata, ciudad que se encuentra sobrepasada por la demanda adicional.

“Todo está en veremos hasta que se nombre un nuevo director. Al no tener con quién conversar por estos asuntos, también nos vemos perjudicados nosotros y los afiliados”, señaló el delegado de Appamia.

Un punto de preocupación para el galeno es la situación de aquellos profesionales que no están afiliados a Appamia. Si bien el paro es nacional, Gorini advirtió que “no todos deberían arriesgarse” si no cuentan con respaldo sindical. “Al no tener cobertura gremial, se exponen a medidas violentas por parte del Instituto, como el despido o ser desafectados por no atender. El Pami puede tomar medidas drásticas con quienes no estén protegidos por la asociación”, aclaró.

Pese a la contundencia de la medida de fuerza, los médicos de cabecera aclararon que se mantienen guardias mínimas para atender emergencias y la entrega de recetas urgentes que no pueden ser postergadas. Sin embargo, el resto de la actividad se encuentra paralizada hasta que las autoridades nacionales del Pami convoquen al diálogo y revisen la circular.

En ese sentido, el doctor Pablo Gorini expresó que “entendemos los reclamos y las necesidades de nuestros pacientes, pero ellos tienen que entender que una medicina de baja calidad a un bajo precio no es lo que necesitan ni lo que merecen”.

Para los profesionales, el sistema de Pami se sostiene sobre dos pilares fundamentales: el afiliado y el médico de cabecera. “Si van a matar a los médicos, se van a quedar con los afiliados golpeándoles la puerta”, vaticinó.

Finalmente, el referente local de Appamia vinculó la crisis financiera de la obra social con las prioridades presupuestarias del Gobierno nacional. En un tono crítico, sugirió que los fondos destinados a otras áreas, como la Secretaría de Inteligencia, deberían derivarse a la atención médica para evitar el colapso de un sistema que ya adeuda más de 500 mil millones de pesos a las farmacias y suma mil millones si se tienen en cuenta a diversos prestadores en todo el país.

Por el momento, la resolución del conflicto depende de una marcha atrás por parte de la conducción central del Pami, caso contrario, las medidas de fuerza podrían profundizarse en los próximos días.

“Creo que Pami tiene que estar reviendo desde ayer qué es lo que hizo, creo que van a tener que dar marcha atrás mal que le pese. En algún momento va a tener que salir plata de alguna parte, alguna partida va a tener que reducirse”, insistió el médico de cabecera.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro nacional con movilización el próximo martes 21 de abril. La medida se fundamenta en el reclamo por la reapertura de paritarias y se da en el marco de un profundo conflicto con el Gobierno nacional por la situación salarial y los recortes en organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con las políticas económicas vigentes. "Si no hay plata, no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento", manifestó. El dirigente gremial advirtió que "el poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total".

Desde el sindicato señalaron que la protesta también busca "rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal". Aguiar enfatizó que "las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata" y lanzó una advertencia a las autoridades: “Si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

La jornada de protesta tendrá un impacto directo en la provincia de Buenos Aires, donde se prevé el cese de actividades en diversas oficinas públicas. Asimismo, la medida afectará el normal dictado de clases en escuelas públicas, debido a la adhesión de los auxiliares afiliados al gremio.

Respecto a la pérdida del valor real de los ingresos, Aguiar arremetió contra la gestión de Javier Milei, asegurando que los trabajadores "ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei". En ese sentido, agregó que “se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”.

A fines del mes pasado, el Gobierno nacional oficializó un esquema de aumentos que fue rechazado por ATE, aunque contó con la aprobación de UPCN. Dicho cronograma contempla subas mensuales escalonadas del 2,5 por ciento en enero, 2,2 por ciento en febrero, dos por ciento en marzo, 1,7 por ciento en abril y 1,5 por ciento en mayo.

En este contexto, el titular de ATE se refirió a la controversia por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas por montos de hasta 350.000 dólares. “Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios”, reclamó Aguiar.

Finalmente, se informó que el gremio resolvió acompañar la movilización de los trabajadores de la fábrica FATE hacia la Plaza de Mayo, programada para el martes 14 de abril.

La Secretaría de Trabajo de la Nación anunció la conciliación obligatoria en el conflicto laboral que mantenían la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). A raíz de esta determinación, durante el próximo fin de semana largo los vuelos operarán con normalidad en todo el territorio nacional.

La medida tendrá vigencia por el plazo de 15 días a partir de las nueve de la mañana de este miércoles 18 de marzo. Según se informó oficialmente, el objetivo de la disposición fue “buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios”.

Al mismo tiempo, la cartera que se desempeña bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano intimó a la organización sindical y a los trabajadores representados “a dejar sin efecto durante el período de conciliación toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”.

En paralelo, la dependencia encabezada por Julio Cordero dispuso que la ANAC deberá abstenerse de “adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas” en las terminales aéreas.

El paro de actividades, que se iba a desarrollar entre este miércoles 18 y el martes 24 de marzo, amenazaba con afectar el servicio en 20 aeropuertos del país. La medida de fuerza se justificaba, según explicaron desde ATE, en que el Gobierno nacional no cumplió con el pago de los aumentos salariales que habían sido acordados previamente con la administración pública.

La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, denunció incumplimientos salariales por parte de las autoridades de la ANAC y advirtió que la medida afectará vuelos comerciales en todo el país durante franjas horarias específicas.

El paro será llevado adelante por los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) e impactará en todos los vuelos aerocomerciales del país entre el 18 y el 24 de marzo inclusive, justo en ocasión del fin de semana largo, en reclamo por aumentos salariales que, según denunciaron, fueron acordados pero aún no se efectivizaron, según informaron desde el gremio.

“El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible”, afirmó Cabezas.

Desde ATE ANAC informaron que la medida de fuerza se desarrollará en todos los aeropuertos del país y afectará las operaciones en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 16 a 20. Durante esos horarios solo se garantizarán vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales.

Según explicaron desde el gremio, la decisión fue tomada de manera colectiva en asambleas realizadas por los trabajadores del sector.

“La medida de fuerza fue definida en asambleas y de manera conjunta. Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros. Pero la situación ya es insostenible”, concluyó Cabezas.

Docentes de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) comenzaron un paro total de actividades que se extenderá del 16 al 22 de marzo, en el marco del plan de lucha impulsado a nivel nacional por la federación docente CONADU en reclamo por el financiamiento del sistema universitario y la recomposición salarial.

La medida afecta las actividades académicas en las distintas sedes de la casa de estudios y forma parte de una serie de acciones que el sector evalúa profundizar si no hay respuestas por parte del Gobierno nacional.

En diálogo con este medio, Marcelo Stipcich, secretario adjunto de ADUNCe, cuestionó la situación salarial que atraviesan los docentes universitarios y criticó las propuestas que se pusieron en discusión en torno al presupuesto del sector.

“Si uno lo mirara desde afuera diría que es gracioso tratar de modificar algo que nunca usaste, pero estando adentro del conflicto uno lo ve como una especie de burla”, sostuvo al referirse a la intención de modificar la Ley de Financiamiento Universitario.

Stipcich señaló que uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta oficial es que no contempla la deuda salarial acumulada desde 2024. “La modificación propone, entre otras cosas, y creo que es lo más aberrante para la situación que estamos atravesando hoy, desconocer la deuda que tiene este gobierno desde el 2024”, afirmó.

Según explicó, la propuesta salarial incluye tres incrementos muy reducidos durante este año, lo que no permitiría recuperar lo perdido frente a la inflación. “Hay una propuesta de actualización para el 2025 que consiste en tres pagos muy menores, de alrededor del 3,1 por ciento entre este mes y diciembre. Con lo cual estaríamos cobrando parte de lo que nos adeudan recién a fin de año, lo que parece una tomada de pelo”, agregó.

El dirigente gremial indicó que la medida de fuerza actual es el primer paso dentro de un plan de acción más amplio, que será discutido en el congreso de CONADU durante los próximos días. “Esta es la primera medida de fuerza. Durante estos días nos vamos a reunir en el congreso para empezar a diagramar las que siguen”, explicó.

Stipcich detalló que las decisiones fueron tomadas luego de consultas y asambleas en los gremios de base de la federación. “Las medidas ya fueron consultadas con las bases de cada organización. Se hicieron asambleas con docentes universitarios y preuniversitarios, y con esas propuestas vamos a discutir el plan de lucha más general”, señaló.

Entre las acciones que se evalúan aparece la posibilidad de convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria, en defensa del sistema público de educación superior. “No estaría muy lejos la posibilidad de una nueva marcha federal. Creo que hay un acuerdo bastante amplio entre las organizaciones para avanzar en ese sentido”, aseguró.

El secretario adjunto de ADUNCe también advirtió que el deterioro salarial no es exclusivo del sector universitario y forma parte de una situación más amplia que atraviesa a distintos trabajadores.

“Docentes y no docentes estamos en una situación complicada, pero incluso saliendo de la universidad hay muchos trabajadores y trabajadoras en igual o peor situación. La precarización laboral es cada vez más evidente”, expresó.

En ese sentido, consideró que las protestas que se registran en distintas provincias reflejan el creciente malestar social. “Estamos viendo marchas y repudios a la situación económica en diferentes partes del país. La lucha colectiva es el camino para hacernos notar”, sostuvo.

Por último, anticipó que el paro podría tener un alto nivel de adhesión, en línea con las medidas anteriores del sector. “El último paro que hicimos tuvo un acatamiento muy alto. Vimos imágenes en el campus que nos pusieron muy contentos. Es lamentable tener que llegar a esto, pero entendemos que esta semana la adhesión va a ser similar”, concluyó.

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales representados en la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) anunciaron un paro que afectará la apertura de las casas de altos estudios, en los próximos dos meses. El cronograma plantea cese total de tareas los días 16 de marzo, 31 de marzo, 8 de abril, 17 de abril y 23 de abril.

La decisión se tomó en el marco de un nuevo encuentro del Consejo Directivo de la Federación, que contó con la participación de 55 representantes de todas las asociaciones adheridas a la organización y en el que se "se trató la delicada situación social, económica y política de las trabajadoras y trabajadores nodocentes y el contexto de las universidades nacionales".

En el encuentro, según precisaron, se realizó "un exhaustivo análisis de las acciones políticas, judiciales y gremiales en relación a la defensa de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, rechazando cualquier tipo de modificación a la misma".

En esa línea, se definió el paro de cinco días, el estado de emergencia permanente y se resolvió continuar las acciones judiciales para lograr la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y "r ealizar las gestiones pertinentes con los legisladores nacionales con el fin de lograr la no sanción del proyecto de modificación de la citada Ley 27.795".

La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Adunce) confirmó la realización de un paro total de actividades entre el 16 y el 22 de marzo, en reclamo de que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La medida implicará la suspensión de tareas sin asistencia a los lugares de trabajo y tendrá impacto en todas las sedes de la Unicen, entre ellas Tandil.

La decisión fue adoptada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió llevar adelante una semana completa de paro como primer paso de un plan de acción que podría profundizarse si no hay respuestas por parte del Ejecutivo nacional respecto del financiamiento del sistema universitario.

Desde el gremio docente explicaron que la medida se enmarca en un contexto de fuerte deterioro salarial. Según indicaron, el sector acumula una pérdida estimada del 55% del poder adquisitivo, frente a la propuesta oficial que plantea reconocer apenas un 12% de incremento.

A esa situación se suma la preocupación por lo que calificaron como un "intento del gobierno nacional de modificar la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso tras una amplia movilización social".

En paralelo, los sindicatos que integran el Frente Sindical Universitario avanzan en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria en defensa del sistema público de educación superior.

Desde el gremio también advirtieron que el desarrollo del ciclo lectivo podría verse seriamente afectado si el conflicto no encuentra una pronta solución. Según señalaron, el mandato de las bases es profundizar el plan de lucha en caso de no obtener respuestas del Gobierno nacional, lo que podría derivar en la intensificación de las medidas de fuerza e incluso en paros por tiempo indeterminado que pondrían en riesgo el normal desarrollo del cuatrimestre.

En este contexto, rectores y rectoras de universidades nacionales de todo el país reiteraron que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada y ratificada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación.

Representantes de distintas casas de estudio mantuvieron un encuentro en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), donde dialogaron con el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Durante la reunión se analizó la crítica situación que atraviesan las universidades nacionales y se ratificó el pedido al Poder Ejecutivo para que garantice la aplicación de la ley, que contempla la recomposición de los salarios docentes y nodocentes, la actualización de los fondos para el funcionamiento de las instituciones y la revisión de los montos de las becas Progresar y Manuel Belgrano.

Asimismo, las autoridades universitarias plantearon que resulta “urgente e imprescindible” que el Gobierno convoque a paritarias docentes y nodocentes.

Por su parte, Martínez manifestó su respaldo al planteo de las universidades y recordó que la Ley de Financiamiento, que fue aprobada con el respaldo de los dos tercios del Congreso,“tiene que cumplirse y ejecutarse porque son los fondos que requiere el sistema universitario argentino para garantizar su funcionamiento”.

La Liga Tandilense de Fútbol confirmó que este fin de semana no habrá actividad en ninguna categoría de la Unión Regional Deportiva, luego de que desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ratificara el paro nacional que regirá los días 5, 6, 7 y 8 de marzo.

La decisión fue comunicada en las primeras horas de este martes por la sede central de la AFA y alcanza a todas las categorías del fútbol argentino, lo que impacta directamente en las competencias locales.

De esta manera, la programación prevista para el fin de semana quedó suspendida en su totalidad, abarcando tanto divisiones mayores como formativas.

Desde la dirigencia de la Liga informaron que ya se trabaja en la reprogramación de la continuidad del torneo, y que el nuevo cronograma será dado a conocer oportunamente a clubes, jugadores y público en general.

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó esta tarde la realización de un paro en la fecha 9 del campeonato de primera división -pero que se extenderá al resto de las categorías-, en rechazo a la causa judicial contra Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes por presunta apropiación indebida de tributos, a la que consideran un caso de persecución judicial.

La fecha se jugará en el mes de mayo. La decisón se tomó luego de que el juez Diego Amarante rechazara suspender un llamado a indagatoria contra Tapia y Toviggino.

EN DESAROLLO…

El Frente de Unidad Docentes bonaerense, con la unanimidad de todos los gremios que lo integran, inició este lunes un paro de 24 horas en reclamo de mejores salarios. Si bien el impacto es alto, hay muchas escuelas privadas que sí comenzaron el ciclo lectivo y otras, públicas, se vieron afectadas además por una huelga de estatales de ATE.

Entre los motivos del paro que aduce el FUDB hay mayoría de reclamos para el Gobierno nacional, como la “devolución” del pago del Incentivo Docentes, un fondo eliminado al inicio del gobierno de Javier Milei, el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional.

Pero también se incluyó un reclamo de aumento salarial, medida que corresponde a la jurisdicción provincial. Y para intentar destrabar una próxima medida de fuerza, el Gobierno de Axel Kicillof llamó el miércoles a una reunión paritaria salarial. A las 11 será con los docentes y a las 13 otra con las centrales que nuclean a los estatales de la administración central.

La convocatoria marca la continuidad de una paritaria que el gobierno evitó cerrar por decreto pese a que los gremios lanzaron el paro luego de rechazar la oferta del 3% para febrero, en un intento por no agravar el conflicto.

Con la medida de este lunes, Kicillof enfrenta por primera vez un paro de todos los sectores de la administración pública. Y a eso se suma que es el primer año en que las clases no comiencen en tiempo y forma en las escuelas del territorio, más allá de algunas excepciones en el interior bonaerense.

A la medida de docentes, se sumaron los trabajadores enrolados ATE de la provincia de Buenos Aires y los judiciales de AJB, por lo que la actividad se ve claramente afectada en el inicio de esta semana que tendrá al gobernador inaugurando el período legislativo.

El gremio que conduce Claudio Arévalo definió en la reunión de Consejo Directivo Provincial acciones frente a la pérdida del poder adquisitivo de los estatales bonaerenses, quienes vienen de rechazar el último aumento del Gobierno de Axel Kicillof en paritaria. Sin embargo, desde ATE se encargaron de aclarar que el presidente de la Nación, Javier Milei es el “responsable de la depreciación del salario en el sector público bonaerense”.

En el marco de una nueva medida de fuerza llevada adelante por el sector de los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales, Juan Loidi, secretario general de la Asociación de los Trabajadores Nodocentes de la Unicen (Atuncpba), trazó un balance junto a El Eco sobre el presente del sector que motivó a realizar un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo en la jornada de ayer.

Loidi, quien también ocupa el cargo de secretario de Hacienda y Finanzas de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), contó que, de acuerdo al recorrido que pudo realizar ayer por la mañana por el Rectorado y el Centro Cultural, el acatamiento a la medida de fuerza fue cercano al 90 por ciento, en sintonía con los últimos paros.

Respecto a las opiniones en contra a esta clase de acciones que pueda llegar a tener algún sector de la sociedad, el secretario explicó que “no estamos luchando por querer estar más cómodos, estamos luchando porque verdaderamente se nos está haciendo muy difícil a toda la clase trabajadora, no solamente a los universitarios. Hoy cuesta llegar a fin de mes, la sociedad tiene que tomar conocimiento de que esto no es bueno para los trabajadores”.

La medida de fuerza que tuvo lugar ayer se resolvió por unanimidad en un encuentro de la Fatun ante el inminente tratamiento en el Senado del proyecto de ley de reforma laboral. La medida se cumplió sin asistencia a los lugares de trabajo y en Tandil no hubo movilización. En el comunicado, los trabajadores expresaron que la decisión fue motivada por el rechazo a la reforma “regresiva del Gobierno nacional”.

Una de las luchas que lleva a cabo el sector universitario desde hace un par de años se centra en la Ley de Financiamiento Universitario. El proyecto fue aprobado tras varias medidas de fuerza que contaron con el apoyo masivo de la sociedad a pesar del veto del Gobierno nacional.

“En el 2024 nosotros perdimos una suma de casi el 60 por ciento de nuestro salario, en el 2025 lo mismo y en el 2026 hemos tenido solamente un dos por ciento de aumento unilateral que nos ha dado el Gobierno”, detalló Loidi sobre el presente salarial de los trabajadores nodocentes. Agregó que “ahora ofrecen un 12,3 por ciento de recomposición salarial del 2025, pero no toman el 2024 que fue el año que más perdimos”.

La pérdida salarial no afecta solamente a los nodocentes, los docentes también atraviesan una situación crítica similar y a su vez la falta de actualización de presupuesto impacta con crudeza en las becas para los alumnos. Explicó que “el 90 por ciento del presupuesto de la universidad es casi salarios y becas, con el resto tiene que funcionar la universidad” y que con el aumento que han tenido los servicios “es muy difícil sostener una universidad pública y de calidad”.

Para describir en profundidad el desfasaje de los salarios de los trabajadores universitarios, Loidi contó que hay personas en categoría 7, 6 y 5 que “no llegan al salario mínimo y a partir del día 15 del mes empiezan a priorizar cosas”. Agregó que se nota en los concursos abiertos, donde antes se anotaban 300 personas para un cargo en categoría 7 y hoy se anotan alrededor de diez.

“Lo primero que se pregunta la gente cuando va a presentarse en un concurso es cuánto va a ganar y hoy se sabe que el salario de un ingresante es de 600 mil pesos el básico, donde con el título secundario puede llegar a 800 mil pesos. No es atractivo hoy entrar a trabajar en la Universidad, más allá de la estabilidad laboral o una obra social”, describió con crudeza el secretario gremial.

En este contexto, Loidi comunicó que desde el sindicato decidieron “hacer un esfuerzo” y pagar una suma de dinero a cada afiliado por hijo, desde los tres años hasta los 23, en concepto de “ayuda en este comienzo de clases”.

Para Loidi, se trata de un momento “muy crítico” para todo el sector porque a este contexto descrito anteriormente se le suma la aprobación de reforma laboral. Señaló que todo esto llevó a tomar la medida de fuerza a pesar de que no hubo movilización por falta de tiempo para organizar la actividad. Además, alertó que estarán atentos al lunes para ver cómo se va a presentar el proyecto de modificación de la ley de financiamiento.

Esta sería la tercera vez que el Congreso trata un proyecto de financiamiento universitario durante la gestión de Javier Milei. La primera vez fue en 2024, con una aprobación y posterior veto, la segunda se sancionó en 2025. En esa ocasión, el presidente la vetó y después el Congreso lo revirtió. Esa ley está vigente, pero no se está cumpliendo.

En diciembre, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el respaldo de más de 40 universidades públicas, presentó una acción de amparo por ese incumplimiento. El juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió el decreto del Ejecutivo que promulgaba la ley pero suspendía su aplicación hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento. Semanas atrás el Gobierno apeló esa medida y presentó el nuevo proyecto.

“Hoy tenemos sinceramente una incertidumbre en qué va a pasar con esa ley. Tenemos una incertidumbre terrible porque no sabemos cómo van a actuar nuestros diputados y senadores que los pusimos para que defendieran el pueblo y hoy no lo están haciendo. Es un momento en donde es muy difícil poder llevarle la tranquilidad a los compañeros porque es verdaderamente triste lo que le está pasando a la clase trabajadora”, concluyó.

Los trabajadores afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia de Buenos Aires confirmaron un paro de actividades para el lunes 2 de marzo. Esta medida se sumará a la protesta que habían anunciado previamente los gremios docentes y judiciales, lo que afectará la actividad en distintos sectores de la administración pública.

El gremio, liderado por Claudio Arévalo, decidió la medida en la reunión del Consejo Directivo Provincial como respuesta a la pérdida del poder adquisitivo de los estatales bonaerenses, que previamente habían rechazado la última propuesta de aumento salarial en paritarias. Además, desde ATE solicitaron recategorizaciones, pase a planta permanente de los trabajadores temporarios ingresados hasta diciembre de 2025 y la derogación inmediata de la resolución 293 y una nueva normativa para el sector de educación, entre otros puntos.

El paro afectará a todos los sectores de la administración pública y se prevé que también interrumpa el inicio normal de clases en las escuelas de la Provincia. En un comunicado, ATE destacó el impacto que han tenido los incrementos de tarifas y la reducción de fondos provinciales, así como los altos niveles de inflación en los últimos años.

“El Gobierno nacional viene aplicando tarifazos que impactan sobre el salario y también asfixia a los bonaerenses al quitarle 22 billones de pesos de fondos que debe girarle a la Provincia. En estos dos años de ajuste, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó el 593% y el nivel general de precios el 200%”, indicaron en el texto oficial.

El Frente de Unidad Docentes Bonaerense fue el primer sector en anunciar una huelga, que contará con la adhesión de todos los gremios integrantes, por lo que las clases no comenzarán el 2 de marzo. Entre sus reclamos se incluyen mejoras salariales, aumento del presupuesto educativo y la reactivación de fondos eliminados previamente, todos orientados a garantizar mejores condiciones de trabajo y educación.

Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) también confirmó que no habrá actividad presencial ni teletrabajo el lunes, reclamando una propuesta salarial que permita compensar la inflación proyectada para 2026 y recuperar la pérdida registrada en 2025.