La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva a cabo hoy un paro nacional por 24 horas en reclamo de mejoras salariales y como rechazo al ajuste en el sector público impulsado por el Gobierno. En este contexto, el gremio advirtió que uno de los puntos centrales de las protestas serán los aeropuertos, por lo que podría haber demoras en los vuelos, aunque aclararon que no están previstas cancelaciones.

Marcelo Belelli, coordinador de ATE en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), explicó la situación operativa para la jornada en declaraciones radiales:

“En los aeropuertos habrá asambleas. Los vuelos van a tener algún tipo de afectación operativa, pero no va a haber cancelaciones. Seguramente pueda haber algunas demoras producto de las asambleas, pero los vuelos van a salir normalmente el día de hoy”.

El dirigente señaló que la medida responde a la falta de respuestas por parte de las autoridades. Según indicó, tras un mes y medio de conciliación obligatoria, la Secretaría de Trabajo no convocó a ni una sola audiencia para destrabar el conflicto. Belelli precisó que desde el 18 de marzo al 21 de abril no hubo contactos para dialogar sobre la situación salarial del sector.

La jornada de protesta incluye una movilización central a partir de las 11 en las inmediaciones de Costa Salguero, en la intersección de Avenida Costanera y Jerónimo Salguero, zona próxima al Aeroparque Jorge Newbery. Además, el gremio anunció que las acciones se replicarán en otros organismos estatales mediante asambleas, radios abiertas y ruidazos.

Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, fue tajante respecto a la continuidad del plan de lucha:

“Hemos agotado todas las instancias. No nos dejan otra alternativa que profundizar todas las medidas de fuerza. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos. La conflictividad va a escalar”.

El reclamo central de la organización sindical gira en torno a la reapertura inmediata de las paritarias, la recomposición salarial de emergencia y la defensa de los puestos de trabajo en la administración pública nacional. Desde el gremio advirtieron que evaluarán nuevos planes de acción ante cualquier intento de profundizar los recortes o avanzar con despidos en los distintos niveles del Estado.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las casas de altos estudios ingresa en una etapa de máxima confrontación. En las últimas horas, la gestión que encabeza el presidente Javier Milei presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para apelar el fallo que obliga al Estado a transferir 2.5 billones de pesos a las facultades. En paralelo, la comunidad educativa respondió con el anuncio de una medida de fuerza contundente: un paro total de actividades que se extenderá durante una semana.

La protesta, que comenzará el lunes 27 de abril y finalizará el sábado 2 de mayo, promete paralizar no solo el dictado de clases en las diversas facultades del país, sino también en los colegios secundarios que dependen de las instituciones de educación superior. Se trata de la tercera medida de este tipo en lo que va del año, reflejando el malestar por la situación salarial y presupuestaria que atraviesa el sector.

Además del cese de actividades, los gremios, rectorados y agrupaciones estudiantiles se encuentran en sesión permanente para definir la fecha de una nueva Marcha Federal Universitaria. Según adelantaron, se espera que la convocatoria alcance niveles de masividad similares a las movilizaciones previas. 

Como antesala, este jueves 23 de abril a las 17 se realizará una marcha de antorchas en La Plata, que partirá desde el edificio de Presidencia de la universidad y concluirá con un evento musical en la Escuela Anexa.

Desde el sector educativo calificaron como una “provocación” el hecho de que el Gobierno nacional haya dejado vencer el plazo puesto por la Justicia para abonar las deudas en concepto de salarios y becas a las más de 60 universidades públicas del país. Ante esta situación, el presidente Javier Milei instruyó a la Procuración del Tesoro para que recurra en queja ante el máximo tribunal, negándose a liberar las partidas correspondientes.

La situación de los trabajadores de la educación es uno de los puntos centrales del conflicto. Desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), una de las organizaciones mayoritarias junto a Conadu Histórica, expresaron la gravedad del cuadro actual:

"La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos"

El impacto de la huelga será federal, alcanzando a instituciones como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR). También se sumarán la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la del Nordeste (UNNE), la del Chaco Austral (UNCAUS), la de Salta (UNSa), la de Entre Ríos (UNER) y la de José C. Paz (UNPAZ).

Por último, el sector no docente, nucleado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), también llevará adelante su propia medida de fuerza este jueves. Esta acción es clave, ya que al ser los encargados de la apertura y mantenimiento de los edificios, su ausencia garantiza el cierre total de las facultades y colegios dependientes de las altas casas de estudios.

La dirección del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) avanzó con la desvinculación de 140 trabajadores, una medida que generó la reacción inmediata de los gremios. Ante este escenario, se ratificó un paro que afectará todos los servicios no esenciales del organismo, lo que podría derivar en la paralización del tráfico aéreo en el país.

Según informaron diversas fuentes internas, esta sería la primera de dos tandas de despidos que alcanzaría a un total de 240 empleados, sobre una planta de 972 integrantes. El recorte impacta directamente sobre el personal civil, que pasaría de 780 a 540 trabajadores. La medida responde a un plan de modernización analizado entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Respecto al proceso de achicamiento, fuentes vinculadas al organismo señalaron que “se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo”. En esa misma línea, indicaron que "el Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación".

La selección de los afectados, que revisten la condición de contratados y no percibirán indemnización, fue realizada por cada director de forma proporcional a la dotación de sus departamentos. Desde hace poco más de un mes, la cifra circulaba como un rumor que anticipaba una baja del 30% de la planta total.

En respuesta, ATE-SMN anunció un paro activo para el viernes 24 de abril. La medida de fuerza se extenderá desde las cinco de la mañana hasta el mediodía, lapso en el cual no despegarían ni aterrizarían aviones en los aeropuertos argentinos, con excepción de los vuelos sanitarios y humanitarios. El organismo es el encargado de proveer la información crítica para los pronósticos aeronáuticos que habilitan la operación aérea.

El conflicto entre los médicos de cabecera y el Pami alcanzó un punto de tensión inédito esta semana. Por primera vez en más de 30 años, la Asociación de Profesionales de la Salud (Appamia) resolvió un cese de actividades en todo el país, una medida que en Tandil se sintió con fuerza y que responde a un drástico cambio en las condiciones de contratación y pago de los profesionales. La controversia se originó con la publicación de la circular 2026-1107, la cual, según denunciaron los gremialistas, fue comunicada de manera “retroactiva e inconsulta”.

El doctor Pablo Gorini, delegado gremial de Appamia, explicó que la mayoría de los médicos que prestan servicio para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados operan bajo contratos por honorarios y prestaciones. Hasta el mes pasado, el esquema combinaba un pago por cada afiliado asignado (cápita) de aproximadamente 953 pesos, al que se sumaban pagos adicionales por consultas específicas, como el control anual exhaustivo para la detección de patologías crónicas como diabetes o hipertensión. Sin embargo, la nueva normativa eliminó estos incentivos adicionales.

De acuerdo a lo manifestado por el profesional en diálogo con “La mañana de El Eco” (El Eco Streaming y 104.1 Tandil FM), el anuncio oficial destaca una suba de la cápita a 2.100 pesos, pero en la práctica esto esconde un ajuste sustancial. “Nos sacan las consultas y el incentivo por perfeccionamiento profesional. De mínima, desaparecieron 1,5 millones de ingresos para cada médico”, detalló Gorini. En términos porcentuales, el impacto en los ingresos de los profesionales de la salud representa un 52,4 por ciento menos de lo que percibían hasta marzo, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los consultorios privados.

El cambio de reglas y un sistema “perverso”

La irritación de los médicos no solo radica en el monto del recorte, sino en el modo en que se ejecutó. Gorini calificó la medida como “intempestiva”, señalando que se enteraron el pasado jueves 9 de que los cambios regirían desde el uno de abril. “Nos dijeron que lo que facturamos, lo facturamos mal. Es un decreto retroactivo que busca reordenar las cuentas de ellos a costa de los médicos de cabecera”, fustigó el referente gremial.

Bajo el nuevo sistema, la denominada “consulta de primera vez” y las consultas de devolución de resultados dejan de abonarse por separado para quedar absorbidas por la cápita general. Además, se impuso un límite estricto a las consultas presenciales espontáneas: el sistema solo permite facturar un máximo de tres por mes por paciente, con un tope de 12 anuales. Según Gorini, este esquema es insuficiente para un afiliado promedio del Pami y establece un “sistema perverso de vigilancia” sobre la labor médica.

“Aunque el médico facture la consulta, se la debitan de forma automática. Además, el sistema informático funciona el 45 por ciento de las veces y a un 30 por ciento de su capacidad, lo que convierte la carga de datos en una tortura crónica”, describió el médico.

Para los profesionales, este escenario se vuelve insostenible considerando que deben afrontar gastos de alquiler, secretaría, insumos de papelería, internet y telefonía con ingresos que se han reducido a la mitad de un día para el otro.

La situación en Tandil presenta agravantes específicos. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 28 mil afiliados de Pami, pero apenas unos 30 médicos de cabecera permanecen en el sistema. “Estamos los que nos quedamos por cabeza dura y los que después de muchos años se van; no creo que médicos recién recibidos estén tan desesperados como para aceptar estas condiciones”, graficó Gorini.

A la reducción de ingresos se suma una problemática de larga data: la falta de especialistas. En Tandil, el sistema carece de neurólogos que atiendan por la obra social, mientras que especialidades como reumatología o endocrinología cuentan con una cobertura nula o mínima. Esto obliga a los jubilados a pagar consultas de forma privada y luego gestionar un reintegro que suele demorar entre tres y cuatro meses.

Por otro lado, la oficina local de Pami se encuentra actualmente sin un jefe designado, una situación que afecta directamente la operatividad de la UGL (Unidad de Gestión Local). Al no haber un director que firme autorizaciones y permisos, los trámites deben derivarse a Mar del Plata, ciudad que se encuentra sobrepasada por la demanda adicional.

“Todo está en veremos hasta que se nombre un nuevo director. Al no tener con quién conversar por estos asuntos, también nos vemos perjudicados nosotros y los afiliados”, señaló el delegado de Appamia.

Un punto de preocupación para el galeno es la situación de aquellos profesionales que no están afiliados a Appamia. Si bien el paro es nacional, Gorini advirtió que “no todos deberían arriesgarse” si no cuentan con respaldo sindical. “Al no tener cobertura gremial, se exponen a medidas violentas por parte del Instituto, como el despido o ser desafectados por no atender. El Pami puede tomar medidas drásticas con quienes no estén protegidos por la asociación”, aclaró.

Pese a la contundencia de la medida de fuerza, los médicos de cabecera aclararon que se mantienen guardias mínimas para atender emergencias y la entrega de recetas urgentes que no pueden ser postergadas. Sin embargo, el resto de la actividad se encuentra paralizada hasta que las autoridades nacionales del Pami convoquen al diálogo y revisen la circular.

En ese sentido, el doctor Pablo Gorini expresó que “entendemos los reclamos y las necesidades de nuestros pacientes, pero ellos tienen que entender que una medicina de baja calidad a un bajo precio no es lo que necesitan ni lo que merecen”.

Para los profesionales, el sistema de Pami se sostiene sobre dos pilares fundamentales: el afiliado y el médico de cabecera. “Si van a matar a los médicos, se van a quedar con los afiliados golpeándoles la puerta”, vaticinó.

Finalmente, el referente local de Appamia vinculó la crisis financiera de la obra social con las prioridades presupuestarias del Gobierno nacional. En un tono crítico, sugirió que los fondos destinados a otras áreas, como la Secretaría de Inteligencia, deberían derivarse a la atención médica para evitar el colapso de un sistema que ya adeuda más de 500 mil millones de pesos a las farmacias y suma mil millones si se tienen en cuenta a diversos prestadores en todo el país.

Por el momento, la resolución del conflicto depende de una marcha atrás por parte de la conducción central del Pami, caso contrario, las medidas de fuerza podrían profundizarse en los próximos días.

“Creo que Pami tiene que estar reviendo desde ayer qué es lo que hizo, creo que van a tener que dar marcha atrás mal que le pese. En algún momento va a tener que salir plata de alguna parte, alguna partida va a tener que reducirse”, insistió el médico de cabecera.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante un paro nacional con movilización el próximo martes 21 de abril. La medida se fundamenta en el reclamo por la reapertura de paritarias y se da en el marco de un profundo conflicto con el Gobierno nacional por la situación salarial y los recortes en organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su descontento con las políticas económicas vigentes. "Si no hay plata, no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento", manifestó. El dirigente gremial advirtió que "el poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total".

Desde el sindicato señalaron que la protesta también busca "rechazar cualquier recorte sobre la estructura estatal". Aguiar enfatizó que "las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata" y lanzó una advertencia a las autoridades: “Si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.

La jornada de protesta tendrá un impacto directo en la provincia de Buenos Aires, donde se prevé el cese de actividades en diversas oficinas públicas. Asimismo, la medida afectará el normal dictado de clases en escuelas públicas, debido a la adhesión de los auxiliares afiliados al gremio.

Respecto a la pérdida del valor real de los ingresos, Aguiar arremetió contra la gestión de Javier Milei, asegurando que los trabajadores "ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei". En ese sentido, agregó que “se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales. La situación no da para más”.

A fines del mes pasado, el Gobierno nacional oficializó un esquema de aumentos que fue rechazado por ATE, aunque contó con la aprobación de UPCN. Dicho cronograma contempla subas mensuales escalonadas del 2,5 por ciento en enero, 2,2 por ciento en febrero, dos por ciento en marzo, 1,7 por ciento en abril y 1,5 por ciento en mayo.

En este contexto, el titular de ATE se refirió a la controversia por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas por montos de hasta 350.000 dólares. “Los estatales queremos tener los mismos salarios que a los funcionarios libertarios les permitieron calificar para obtener créditos multimillonarios”, reclamó Aguiar.

Finalmente, se informó que el gremio resolvió acompañar la movilización de los trabajadores de la fábrica FATE hacia la Plaza de Mayo, programada para el martes 14 de abril.

La Secretaría de Trabajo de la Nación anunció la conciliación obligatoria en el conflicto laboral que mantenían la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). A raíz de esta determinación, durante el próximo fin de semana largo los vuelos operarán con normalidad en todo el territorio nacional.

La medida tendrá vigencia por el plazo de 15 días a partir de las nueve de la mañana de este miércoles 18 de marzo. Según se informó oficialmente, el objetivo de la disposición fue “buscar una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios”.

Al mismo tiempo, la cartera que se desempeña bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano intimó a la organización sindical y a los trabajadores representados “a dejar sin efecto durante el período de conciliación toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual”.

En paralelo, la dependencia encabezada por Julio Cordero dispuso que la ANAC deberá abstenerse de “adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas” en las terminales aéreas.

El paro de actividades, que se iba a desarrollar entre este miércoles 18 y el martes 24 de marzo, amenazaba con afectar el servicio en 20 aeropuertos del país. La medida de fuerza se justificaba, según explicaron desde ATE, en que el Gobierno nacional no cumplió con el pago de los aumentos salariales que habían sido acordados previamente con la administración pública.

La secretaria general adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, denunció incumplimientos salariales por parte de las autoridades de la ANAC y advirtió que la medida afectará vuelos comerciales en todo el país durante franjas horarias específicas.

El paro será llevado adelante por los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) e impactará en todos los vuelos aerocomerciales del país entre el 18 y el 24 de marzo inclusive, justo en ocasión del fin de semana largo, en reclamo por aumentos salariales que, según denunciaron, fueron acordados pero aún no se efectivizaron, según informaron desde el gremio.

“El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible”, afirmó Cabezas.

Desde ATE ANAC informaron que la medida de fuerza se desarrollará en todos los aeropuertos del país y afectará las operaciones en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 16 a 20. Durante esos horarios solo se garantizarán vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales.

Según explicaron desde el gremio, la decisión fue tomada de manera colectiva en asambleas realizadas por los trabajadores del sector.

“La medida de fuerza fue definida en asambleas y de manera conjunta. Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros. Pero la situación ya es insostenible”, concluyó Cabezas.

Docentes de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) comenzaron un paro total de actividades que se extenderá del 16 al 22 de marzo, en el marco del plan de lucha impulsado a nivel nacional por la federación docente CONADU en reclamo por el financiamiento del sistema universitario y la recomposición salarial.

La medida afecta las actividades académicas en las distintas sedes de la casa de estudios y forma parte de una serie de acciones que el sector evalúa profundizar si no hay respuestas por parte del Gobierno nacional.

En diálogo con este medio, Marcelo Stipcich, secretario adjunto de ADUNCe, cuestionó la situación salarial que atraviesan los docentes universitarios y criticó las propuestas que se pusieron en discusión en torno al presupuesto del sector.

“Si uno lo mirara desde afuera diría que es gracioso tratar de modificar algo que nunca usaste, pero estando adentro del conflicto uno lo ve como una especie de burla”, sostuvo al referirse a la intención de modificar la Ley de Financiamiento Universitario.

Stipcich señaló que uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta oficial es que no contempla la deuda salarial acumulada desde 2024. “La modificación propone, entre otras cosas, y creo que es lo más aberrante para la situación que estamos atravesando hoy, desconocer la deuda que tiene este gobierno desde el 2024”, afirmó.

Según explicó, la propuesta salarial incluye tres incrementos muy reducidos durante este año, lo que no permitiría recuperar lo perdido frente a la inflación. “Hay una propuesta de actualización para el 2025 que consiste en tres pagos muy menores, de alrededor del 3,1 por ciento entre este mes y diciembre. Con lo cual estaríamos cobrando parte de lo que nos adeudan recién a fin de año, lo que parece una tomada de pelo”, agregó.

El dirigente gremial indicó que la medida de fuerza actual es el primer paso dentro de un plan de acción más amplio, que será discutido en el congreso de CONADU durante los próximos días. “Esta es la primera medida de fuerza. Durante estos días nos vamos a reunir en el congreso para empezar a diagramar las que siguen”, explicó.

Stipcich detalló que las decisiones fueron tomadas luego de consultas y asambleas en los gremios de base de la federación. “Las medidas ya fueron consultadas con las bases de cada organización. Se hicieron asambleas con docentes universitarios y preuniversitarios, y con esas propuestas vamos a discutir el plan de lucha más general”, señaló.

Entre las acciones que se evalúan aparece la posibilidad de convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria, en defensa del sistema público de educación superior. “No estaría muy lejos la posibilidad de una nueva marcha federal. Creo que hay un acuerdo bastante amplio entre las organizaciones para avanzar en ese sentido”, aseguró.

El secretario adjunto de ADUNCe también advirtió que el deterioro salarial no es exclusivo del sector universitario y forma parte de una situación más amplia que atraviesa a distintos trabajadores.

“Docentes y no docentes estamos en una situación complicada, pero incluso saliendo de la universidad hay muchos trabajadores y trabajadoras en igual o peor situación. La precarización laboral es cada vez más evidente”, expresó.

En ese sentido, consideró que las protestas que se registran en distintas provincias reflejan el creciente malestar social. “Estamos viendo marchas y repudios a la situación económica en diferentes partes del país. La lucha colectiva es el camino para hacernos notar”, sostuvo.

Por último, anticipó que el paro podría tener un alto nivel de adhesión, en línea con las medidas anteriores del sector. “El último paro que hicimos tuvo un acatamiento muy alto. Vimos imágenes en el campus que nos pusieron muy contentos. Es lamentable tener que llegar a esto, pero entendemos que esta semana la adhesión va a ser similar”, concluyó.

Los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales representados en la Federación Argentina de los Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) anunciaron un paro que afectará la apertura de las casas de altos estudios, en los próximos dos meses. El cronograma plantea cese total de tareas los días 16 de marzo, 31 de marzo, 8 de abril, 17 de abril y 23 de abril.

La decisión se tomó en el marco de un nuevo encuentro del Consejo Directivo de la Federación, que contó con la participación de 55 representantes de todas las asociaciones adheridas a la organización y en el que se "se trató la delicada situación social, económica y política de las trabajadoras y trabajadores nodocentes y el contexto de las universidades nacionales".

En el encuentro, según precisaron, se realizó "un exhaustivo análisis de las acciones políticas, judiciales y gremiales en relación a la defensa de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, rechazando cualquier tipo de modificación a la misma".

En esa línea, se definió el paro de cinco días, el estado de emergencia permanente y se resolvió continuar las acciones judiciales para lograr la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y "r ealizar las gestiones pertinentes con los legisladores nacionales con el fin de lograr la no sanción del proyecto de modificación de la citada Ley 27.795".

La Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Adunce) confirmó la realización de un paro total de actividades entre el 16 y el 22 de marzo, en reclamo de que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La medida implicará la suspensión de tareas sin asistencia a los lugares de trabajo y tendrá impacto en todas las sedes de la Unicen, entre ellas Tandil.

La decisión fue adoptada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió llevar adelante una semana completa de paro como primer paso de un plan de acción que podría profundizarse si no hay respuestas por parte del Ejecutivo nacional respecto del financiamiento del sistema universitario.

Desde el gremio docente explicaron que la medida se enmarca en un contexto de fuerte deterioro salarial. Según indicaron, el sector acumula una pérdida estimada del 55% del poder adquisitivo, frente a la propuesta oficial que plantea reconocer apenas un 12% de incremento.

A esa situación se suma la preocupación por lo que calificaron como un "intento del gobierno nacional de modificar la Ley de Financiamiento Universitario, una norma aprobada por el Congreso tras una amplia movilización social".

En paralelo, los sindicatos que integran el Frente Sindical Universitario avanzan en la organización de una nueva Marcha Federal Universitaria en defensa del sistema público de educación superior.

Desde el gremio también advirtieron que el desarrollo del ciclo lectivo podría verse seriamente afectado si el conflicto no encuentra una pronta solución. Según señalaron, el mandato de las bases es profundizar el plan de lucha en caso de no obtener respuestas del Gobierno nacional, lo que podría derivar en la intensificación de las medidas de fuerza e incluso en paros por tiempo indeterminado que pondrían en riesgo el normal desarrollo del cuatrimestre.

En este contexto, rectores y rectoras de universidades nacionales de todo el país reiteraron que el Gobierno nacional debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada y ratificada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación.

Representantes de distintas casas de estudio mantuvieron un encuentro en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), donde dialogaron con el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Durante la reunión se analizó la crítica situación que atraviesan las universidades nacionales y se ratificó el pedido al Poder Ejecutivo para que garantice la aplicación de la ley, que contempla la recomposición de los salarios docentes y nodocentes, la actualización de los fondos para el funcionamiento de las instituciones y la revisión de los montos de las becas Progresar y Manuel Belgrano.

Asimismo, las autoridades universitarias plantearon que resulta “urgente e imprescindible” que el Gobierno convoque a paritarias docentes y nodocentes.

Por su parte, Martínez manifestó su respaldo al planteo de las universidades y recordó que la Ley de Financiamiento, que fue aprobada con el respaldo de los dos tercios del Congreso,“tiene que cumplirse y ejecutarse porque son los fondos que requiere el sistema universitario argentino para garantizar su funcionamiento”.

La Liga Tandilense de Fútbol confirmó que este fin de semana no habrá actividad en ninguna categoría de la Unión Regional Deportiva, luego de que desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se ratificara el paro nacional que regirá los días 5, 6, 7 y 8 de marzo.

La decisión fue comunicada en las primeras horas de este martes por la sede central de la AFA y alcanza a todas las categorías del fútbol argentino, lo que impacta directamente en las competencias locales.

De esta manera, la programación prevista para el fin de semana quedó suspendida en su totalidad, abarcando tanto divisiones mayores como formativas.

Desde la dirigencia de la Liga informaron que ya se trabaja en la reprogramación de la continuidad del torneo, y que el nuevo cronograma será dado a conocer oportunamente a clubes, jugadores y público en general.

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó esta tarde la realización de un paro en la fecha 9 del campeonato de primera división -pero que se extenderá al resto de las categorías-, en rechazo a la causa judicial contra Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y otros dirigentes por presunta apropiación indebida de tributos, a la que consideran un caso de persecución judicial.

La fecha se jugará en el mes de mayo. La decisón se tomó luego de que el juez Diego Amarante rechazara suspender un llamado a indagatoria contra Tapia y Toviggino.

EN DESAROLLO…

El Frente de Unidad Docentes bonaerense, con la unanimidad de todos los gremios que lo integran, inició este lunes un paro de 24 horas en reclamo de mejores salarios. Si bien el impacto es alto, hay muchas escuelas privadas que sí comenzaron el ciclo lectivo y otras, públicas, se vieron afectadas además por una huelga de estatales de ATE.

Entre los motivos del paro que aduce el FUDB hay mayoría de reclamos para el Gobierno nacional, como la “devolución” del pago del Incentivo Docentes, un fondo eliminado al inicio del gobierno de Javier Milei, el aumento del presupuesto educativo y la convocatoria a la paritaria nacional.

Pero también se incluyó un reclamo de aumento salarial, medida que corresponde a la jurisdicción provincial. Y para intentar destrabar una próxima medida de fuerza, el Gobierno de Axel Kicillof llamó el miércoles a una reunión paritaria salarial. A las 11 será con los docentes y a las 13 otra con las centrales que nuclean a los estatales de la administración central.

La convocatoria marca la continuidad de una paritaria que el gobierno evitó cerrar por decreto pese a que los gremios lanzaron el paro luego de rechazar la oferta del 3% para febrero, en un intento por no agravar el conflicto.

Con la medida de este lunes, Kicillof enfrenta por primera vez un paro de todos los sectores de la administración pública. Y a eso se suma que es el primer año en que las clases no comiencen en tiempo y forma en las escuelas del territorio, más allá de algunas excepciones en el interior bonaerense.

A la medida de docentes, se sumaron los trabajadores enrolados ATE de la provincia de Buenos Aires y los judiciales de AJB, por lo que la actividad se ve claramente afectada en el inicio de esta semana que tendrá al gobernador inaugurando el período legislativo.

El gremio que conduce Claudio Arévalo definió en la reunión de Consejo Directivo Provincial acciones frente a la pérdida del poder adquisitivo de los estatales bonaerenses, quienes vienen de rechazar el último aumento del Gobierno de Axel Kicillof en paritaria. Sin embargo, desde ATE se encargaron de aclarar que el presidente de la Nación, Javier Milei es el “responsable de la depreciación del salario en el sector público bonaerense”.

En el marco de una nueva medida de fuerza llevada adelante por el sector de los trabajadores nodocentes de las universidades nacionales, Juan Loidi, secretario general de la Asociación de los Trabajadores Nodocentes de la Unicen (Atuncpba), trazó un balance junto a El Eco sobre el presente del sector que motivó a realizar un paro de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo en la jornada de ayer.

Loidi, quien también ocupa el cargo de secretario de Hacienda y Finanzas de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), contó que, de acuerdo al recorrido que pudo realizar ayer por la mañana por el Rectorado y el Centro Cultural, el acatamiento a la medida de fuerza fue cercano al 90 por ciento, en sintonía con los últimos paros.

Respecto a las opiniones en contra a esta clase de acciones que pueda llegar a tener algún sector de la sociedad, el secretario explicó que “no estamos luchando por querer estar más cómodos, estamos luchando porque verdaderamente se nos está haciendo muy difícil a toda la clase trabajadora, no solamente a los universitarios. Hoy cuesta llegar a fin de mes, la sociedad tiene que tomar conocimiento de que esto no es bueno para los trabajadores”.

La medida de fuerza que tuvo lugar ayer se resolvió por unanimidad en un encuentro de la Fatun ante el inminente tratamiento en el Senado del proyecto de ley de reforma laboral. La medida se cumplió sin asistencia a los lugares de trabajo y en Tandil no hubo movilización. En el comunicado, los trabajadores expresaron que la decisión fue motivada por el rechazo a la reforma “regresiva del Gobierno nacional”.

Una de las luchas que lleva a cabo el sector universitario desde hace un par de años se centra en la Ley de Financiamiento Universitario. El proyecto fue aprobado tras varias medidas de fuerza que contaron con el apoyo masivo de la sociedad a pesar del veto del Gobierno nacional.

“En el 2024 nosotros perdimos una suma de casi el 60 por ciento de nuestro salario, en el 2025 lo mismo y en el 2026 hemos tenido solamente un dos por ciento de aumento unilateral que nos ha dado el Gobierno”, detalló Loidi sobre el presente salarial de los trabajadores nodocentes. Agregó que “ahora ofrecen un 12,3 por ciento de recomposición salarial del 2025, pero no toman el 2024 que fue el año que más perdimos”.

La pérdida salarial no afecta solamente a los nodocentes, los docentes también atraviesan una situación crítica similar y a su vez la falta de actualización de presupuesto impacta con crudeza en las becas para los alumnos. Explicó que “el 90 por ciento del presupuesto de la universidad es casi salarios y becas, con el resto tiene que funcionar la universidad” y que con el aumento que han tenido los servicios “es muy difícil sostener una universidad pública y de calidad”.

Para describir en profundidad el desfasaje de los salarios de los trabajadores universitarios, Loidi contó que hay personas en categoría 7, 6 y 5 que “no llegan al salario mínimo y a partir del día 15 del mes empiezan a priorizar cosas”. Agregó que se nota en los concursos abiertos, donde antes se anotaban 300 personas para un cargo en categoría 7 y hoy se anotan alrededor de diez.

“Lo primero que se pregunta la gente cuando va a presentarse en un concurso es cuánto va a ganar y hoy se sabe que el salario de un ingresante es de 600 mil pesos el básico, donde con el título secundario puede llegar a 800 mil pesos. No es atractivo hoy entrar a trabajar en la Universidad, más allá de la estabilidad laboral o una obra social”, describió con crudeza el secretario gremial.

En este contexto, Loidi comunicó que desde el sindicato decidieron “hacer un esfuerzo” y pagar una suma de dinero a cada afiliado por hijo, desde los tres años hasta los 23, en concepto de “ayuda en este comienzo de clases”.

Para Loidi, se trata de un momento “muy crítico” para todo el sector porque a este contexto descrito anteriormente se le suma la aprobación de reforma laboral. Señaló que todo esto llevó a tomar la medida de fuerza a pesar de que no hubo movilización por falta de tiempo para organizar la actividad. Además, alertó que estarán atentos al lunes para ver cómo se va a presentar el proyecto de modificación de la ley de financiamiento.

Esta sería la tercera vez que el Congreso trata un proyecto de financiamiento universitario durante la gestión de Javier Milei. La primera vez fue en 2024, con una aprobación y posterior veto, la segunda se sancionó en 2025. En esa ocasión, el presidente la vetó y después el Congreso lo revirtió. Esa ley está vigente, pero no se está cumpliendo.

En diciembre, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con el respaldo de más de 40 universidades públicas, presentó una acción de amparo por ese incumplimiento. El juez federal Enrique Cormick dictó una medida cautelar mediante la cual suspendió el decreto del Ejecutivo que promulgaba la ley pero suspendía su aplicación hasta que el Congreso indicara las fuentes de financiamiento. Semanas atrás el Gobierno apeló esa medida y presentó el nuevo proyecto.

“Hoy tenemos sinceramente una incertidumbre en qué va a pasar con esa ley. Tenemos una incertidumbre terrible porque no sabemos cómo van a actuar nuestros diputados y senadores que los pusimos para que defendieran el pueblo y hoy no lo están haciendo. Es un momento en donde es muy difícil poder llevarle la tranquilidad a los compañeros porque es verdaderamente triste lo que le está pasando a la clase trabajadora”, concluyó.

Los trabajadores afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia de Buenos Aires confirmaron un paro de actividades para el lunes 2 de marzo. Esta medida se sumará a la protesta que habían anunciado previamente los gremios docentes y judiciales, lo que afectará la actividad en distintos sectores de la administración pública.

El gremio, liderado por Claudio Arévalo, decidió la medida en la reunión del Consejo Directivo Provincial como respuesta a la pérdida del poder adquisitivo de los estatales bonaerenses, que previamente habían rechazado la última propuesta de aumento salarial en paritarias. Además, desde ATE solicitaron recategorizaciones, pase a planta permanente de los trabajadores temporarios ingresados hasta diciembre de 2025 y la derogación inmediata de la resolución 293 y una nueva normativa para el sector de educación, entre otros puntos.

El paro afectará a todos los sectores de la administración pública y se prevé que también interrumpa el inicio normal de clases en las escuelas de la Provincia. En un comunicado, ATE destacó el impacto que han tenido los incrementos de tarifas y la reducción de fondos provinciales, así como los altos niveles de inflación en los últimos años.

“El Gobierno nacional viene aplicando tarifazos que impactan sobre el salario y también asfixia a los bonaerenses al quitarle 22 billones de pesos de fondos que debe girarle a la Provincia. En estos dos años de ajuste, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó el 593% y el nivel general de precios el 200%”, indicaron en el texto oficial.

El Frente de Unidad Docentes Bonaerense fue el primer sector en anunciar una huelga, que contará con la adhesión de todos los gremios integrantes, por lo que las clases no comenzarán el 2 de marzo. Entre sus reclamos se incluyen mejoras salariales, aumento del presupuesto educativo y la reactivación de fondos eliminados previamente, todos orientados a garantizar mejores condiciones de trabajo y educación.

Por su parte, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) también confirmó que no habrá actividad presencial ni teletrabajo el lunes, reclamando una propuesta salarial que permita compensar la inflación proyectada para 2026 y recuperar la pérdida registrada en 2025.

El cierre de febrero traerá complicaciones para quienes aún están de vacaciones. La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció un nuevo cronograma de paros que comenzará a partir de hoy y afectará los despegues en todos los aeropuertos del país durante casi toda la semana.

La medida, definida por el gremio como una “legítima acción sindical”, responde a la falta de acuerdo en la negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria.

La protesta se desarrollará en franjas horarias escalonadas y restringirá exclusivamente la autorización para el despegue de aeronaves, sin afectar operaciones ya en curso. Se prevén demoras y reprogramaciones, aunque quedarán exceptuadas las aeronaves en emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado o de búsqueda y salvamento.

El cronograma anunciado es el siguiente:

En los días indicados como “toda la aviación”, la restricción alcanza a despegues en todos los aeropuertos y categorías. Cuando se especifica “aviación general y no regular”, se incluyen vuelos privados, taxis aéreos y no comerciales. En tanto, la limitación a la “aviación comercial regular con destino nacional” impacta exclusivamente en vuelos regulares dentro del país.

Durante los horarios de paro tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo y se suspenderán actividades administrativas no críticas. No se interrumpirán tareas que puedan afectar operaciones ya iniciadas, como el mantenimiento de equipos en uso y la mensajería de NOTAM y comunicaciones.

La disputa entre Atepsa y EANA se extiende desde hace varios meses e incluye reclamos salariales y denuncias por incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. En agosto del año pasado se acordó un aumento del 15% en cuatro tramos, lo que permitió suspender temporalmente las medidas.

Sin embargo, la reanudación de asambleas y paros en noviembre y diciembre derivó en la intervención de la Secretaría de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria.

EANA recordó que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales por ley, lo que limita el alcance de las medidas sindicales. El gremio debe anunciar los paros con al menos cinco días de antelación y no puede afectar más del 45% de las operaciones.

Al tratarse de una empresa pública, la negociación salarial se enmarca en los parámetros fijados por la Oficina Nacional de Empleo Público, que establece la referencia que el Gobierno ofrece a los gremios. El conflicto también involucra investigaciones judiciales y denuncias penales por presuntas maniobras irregulares que alcanzan a ex y actuales autoridades.

Las nuevas medidas se suman a una semana ya compleja para los viajeros, luego del paro general convocado por la CGT, al que adhirieron los gremios aeronáuticos en rechazo a la reforma laboral. Esa medida generó modificaciones de itinerarios, cancelaciones y reprogramaciones, con más de 65.000 pasajeros afectados.

Entre los sindicatos que participaron de esa protesta se encuentran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

El próximo lunes 2 de marzo, los trabajadores estatales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) llevarán adelante una jornada “sin presencialidad y sin teletrabajo”, según decidió el gremio a partir del reclamo de “una propuesta salarial superadora” que permita “equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”. La propuesta del paro se aprobó el lunes pasado, tras el rechazo de la oferta salarial del Gobierno provincial, por lo que se definió la fecha que está en línea con la que también definieron los docentes.

En un comunicado, la AJB señaló que “en base a los mandatos definidos por las asambleas departamentales realizadas el lunes 23 de febrero, la Comisión Directiva Provincial de la AJB resolvió convocar a un PARO total de actividades el lunes 2 de marzo sin presencialidad y sin teletrabajo en los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires”.

“Las y los judiciales bonaerenses estamos atravesando, producto de la profunda crisis económica que se vive en el país, un momento de extrema complejidad, con una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo de los salarios”, comunicaron. Bajo ese contexto, indicaron que "la medida se adopta en reclamo de una propuesta salarial superadora que permita equiparar los salarios a la inflación de 2026 y recuperar la pérdida registrada durante 2025”.

La oferta del Gobierno de la Provincia consistió en un 3% de incremento para febrero, calculado sobre los salarios de enero de 2026.

La AJB señaló también que “el paro se enmarca en la agenda integral de reivindicaciones que impulsa el gremio, entre ellas aumento salarial, subcategorías E para cargos de menor antigüedad, subcategorías para jubilados y pensionados, Mesa Técnica de Carrera Judicial, ley de Paritarias para las y los judiciales, defensa del IPS y mejoras en el servicio del IOMA”.

Además del reclamo salarial, los judiciales también se sumaron a “las acciones y a las voces de otros gremios estatales de la provincia, con quienes sostenemos en unidad el reclamo al Gobierno Nacional por la restitución inmediata de los fondos retenidos a la provincia”.

Afirmaron que “esta retención ilegal daña principalmente al pueblo bonaerense, recortando y afectando el normal funcionamiento de múltiples áreas del Estado provincial, entre ellas el Instituto de Previsión Social, del cual millones de trabajadoras y trabajadores estatales -incluidos las y los judiciales- pueden verse afectados en sus derechos jubilatorios”.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio que representa a los controladores aéreos, comunicó la implementación de un nuevo calendario de medidas de fuerza que se extenderá desde el jueves 26 de febrero hasta el lunes 2 de marzo. Esta acción se enmarca en el conflicto salarial y laboral que el sindicato mantiene con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La organización sindical detalló que las protestas se desarrollarán durante tres horas diarias, con horarios rotativos, y afectarán a todos los aeropuertos del país. La decisión se adoptó tras la finalización, sin acuerdo, del período de conciliación obligatoria dispuesto por la Secretaría de Trabajo, instancia destinada a mediar entre las partes.

Según el esquema difundido, el jueves 26 la medida impactará en toda la aviación entre las 15 y las 18. El viernes 27, el cese se trasladará al horario de 19 a 22. El sábado 28, en tanto, la protesta afectará exclusivamente a la aviación general y no regular —incluyendo vuelos privados, ejecutivos y no comerciales— entre las 13 y las 16.

El domingo 1 de marzo, el paro impactará en la aviación comercial regular con vuelos de alcance nacional, de 9 a 12. Finalmente, el lunes 2 la medida volverá a cubrir la totalidad de la actividad aérea entre las 5 y las 8.

Atepsa enfatizó que se trata de una “medida legítima de acción sindical” y aclaró que la modalidad no implicará el cierre total del espacio aéreo ni la suspensión absoluta de las operaciones. Durante las franjas de paro, se limitarán las autorizaciones de despegue y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo, una situación que probablemente generará demoras y reprogramaciones.

Quedarán exceptuadas de la medida las aeronaves en situación de emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento. También se mantendrán las maniobras ya iniciadas y aquellas tareas consideradas críticas para la seguridad operacional.

El enfrentamiento entre el sindicato y la empresa estatal no es reciente. Las tensiones se prolongan desde hace varios meses, con reclamos que combinan cuestiones salariales, condiciones laborales y denuncias sobre supuestos incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo. En agosto del año pasado, ambas partes alcanzaron un acuerdo que otorgó un incremento del 15% en tramos, lo que permitió suspender momentáneamente las protestas.

No obstante, la reactivación de asambleas y medidas de fuerza hacia fines de 2025 volvió a generar fricciones. EANA recordó en diversas oportunidades que los servicios de navegación aérea están catalogados como esenciales, lo que impone límites legales a los paros y obliga a garantizar un nivel mínimo de actividad.

En este contexto, las aerolíneas siguen atentamente la evolución del conflicto y evalúan ajustes operativos para mitigar el impacto en los pasajeros. Asimismo, recomiendan a los viajeros consultar el estado de sus vuelos y posibles cambios en los horarios de salida.

Miles de argentinos permanecen varados en Florianópolis, Brasil, luego de que Aerolíneas Argentinas cancelara este jueves los vuelos hacia Buenos Aires a raíz del paro general de la CGT. Turistas afectados dialogaron con un reconocido medio nacional y manifestaron su enojo ante la falta de respuestas por parte de la empresa.

La jornada del jueves estuvo casi paralizada en materia de transporte debido a la medida de fuerza contra la reforma laboral que se debatió en el Congreso. Si bien las afectaciones se registraron a nivel nacional, muchos argentinos que se encontraban de vacaciones en el exterior también se vieron perjudicados por las cancelaciones.

Uno de los casos se da en Florianópolis, donde turistas llevan más de 24 horas varados tras la cancelación de varios vuelos de Aerolíneas Argentinas, entre ellos el AR1209.

“La empresa no da ningún tipo de respuesta en relación a reprogramación del vuelo, lo único que nos dieron hasta el momento es un váucher por un café”, expresó María, una argentina que dialogó con dicho medio.

Según relató, en el aeropuerto se encuentran más de 40 familias, entre niños y jubilados, sin asistencia directa de la aerolínea. “Solo hay gente de una empresa tercerizada que no nos pueden dar ninguna respuesta”, sostuvo.

María contó que el jueves a las 08.00 tenían previsto tomar un vuelo hacia Buenos Aires y luego una conexión hacia Neuquén, provincia de la que son oriundos. “Nos cancelaron los dos y cuando al mediodía volvimos al aeropuerto nos anotaron a una lista y nos pasaron los números de contacto de atención, pero no atienden”, detalló.

La situación continúa sin resolverse. “Hoy volvimos porque el contacto de WhatsApp nos dice que tenemos que venir al aeropuerto para hacer el reclamo, pero acá no hay ningún representante. Estamos esperando la llegada de un supuesto supervisor, pero hasta ahora no pasa nada”, agregó.

La mujer también advirtió que el cuadro se agrava porque a uno de los jubilados que integra el grupo se le está por terminar la medicación. “Estamos desamparados”, afirmó.

Además, cuestionó la falta de presencia de la compañía: “Hablamos de Aerolíneas Argentinas, no de una low cost, no entendemos cómo no mandan un representante o simplemente nos dan una respuesta concreta”.

Mientras tanto, los gastos continúan acumulándose. “No nos dan nada, todo sale de nuestro bolsillo, desde la comida hasta el hospedaje”, concluyó María.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, calificó este jueves de “extorsivo” al paro de 24 horas que lleva adelante la CGT, dijo que el acatamiento es “perverso” porque sin transporte la gente no puede llegar a sus puestos de trabajo y apuntó contra el dueño de Fate por cerrar la planta en pleno debate sobre la reforma laboral.

Según dijo Adorni, "no hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo los sindicalistas”. Y al cargar contra los gremialistas, dijo que “la gente los odia” y por eso “tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador".

El funcionario también se refirió al fuerte acatamiento que tiene la medida de fuerza, sobre todo en las grandes ciudades donde muchos trabajadores se movilizan con transporte público. "Acá el problema es cómo le explican a un trabajador por qué no lo dejan llegar a su lugar de trabajo. El acatamiento al paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte por más ganas que tengas de ir a trabajar no podés hacerlo", dijo.

El ministro coordinador hizo una comparación con el anterior gobierno y, en declaracionesa La Casa Streaming, enfatizó que "con Alberto Fernández tenías 200% de inflación, 60% de pobres, un país devastado y no había paros. Evidentemente las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles".

Además, Adorni apuntó contra la CGT: "Hay gente que representa a los trabajadores y que hoy no los deja ir a laburar". En cuanto a las conversaciones cruzadas con este sector, aseguró que hay momentos en los que "el diálogo se corta" y que "esta gente lo único que quiere es hacerle daño a la Argentina".

Con respecto a las pérdidas económicas que produce este paro general, el jefe de Gabinete habló de una cifra aproximada a los 600 millones de dólares. "Es una pena que haya gente que tenga la potestad de decidir sobre la vida del otro", remarcó.

La jornada arrancó con algunos focos de tensión por sectores de izquierda y manifestantes que se desmarcaron de la CGT -que llamó a un paro sin movilización- y decidieron salir a la calle. Algunos de los trabajadores despedidos de la planta de Fate cortaron por unos minutos la Panamericana, mientras que otros grupos interrumpieron los accesos a la ciudad de Buenos Aires con bloqueos en el Puente Pueyrredón y en Puente La Noria. En todos los casos intervinieron fuerzas federales.

Por otro lado, Adorni también dio su opinión sobre el cierre de Fate, la fábrica de neumáticos de Javier Madanes Quintanilla que dejó en la calle a 920 trabajadores. "Al argentino no podés obligarlo a pagar las cosas tres veces más de lo que valen para que una empresa sobreviva; esa era la lógica de una vieja Argentina que hoy ya no existe más", sostuvo.

Sin embargo, apunto contra el empresario al asegurar que le resultó llamativo que la decisión se haya tomado un día antes del debate en Diputados por la reforma laboral. "No se entiende que cierra la empresa un día antes del tratamiento de la reforma laboral", sostuvo y dejó entrever que tiene vinculaciones políticas con el anterior gobierno.

"El caos de Fate tiene origen que vieja Argentina que no existe más, los empresarios prebendarios que cazaban en el zoológico. Cuando ganaste, no decías nada; pero tampoco invertías ni te modernizabas", dijo Adorni y agregó: "Al que no le interesan los empleados es a los empresarios prebendarios".

"La única manera que tenían de sobrevivir era cazar en el zoológico. De hecho, a este empresario lo tenés defendiendo el cepo cambiario, no quiere tener competencia. Nos condena a los argentinos a pagar 2 o 3 veces más de lo que valen las cosas". Y apuntó que lo que plantea el Gobierno es "un cambio de modelo".

"Entendemos que incluso empresarios no lleguen a comprender lo que está pasando. Se terminó la remarcación de precios, esto de aumentar el margen 300% para cubrirte. Hoy vas a tener que vender con 3 % de margen", señaló.

Adorni, en tanto, negó tener el dato sobre la pérdida de más de 65.000 puestos de trabajo en la industria a raíz de la recesión y la apertura de importaciones. De todas maneras, insistió con que, de ser cierto, "esa mano de obra no va a quedar en la calle. Vas a tener un montón de rubros, industrias, comercios que se van a tener que reconvertir porque no van a poder seguir vendiendo televisores blanco y negro cuando afuera venden a color".